DOI: dx.doi.org/10.15446/rcdg.v26n1.56025

* Doctora en Estudios Regionales de la Universidad Autónoma de Chiapas (México). Actualmente realiza una estancia posdoctoral en la Maestría de Estudios Territoriales, Paisaje y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (México). Sus líneas de investigación son prácticas cotidianas en la vivienda, desarrollo urbano-rural, enfoque territorial y participación de la población programas gubernamentales.
Dirección postal: Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Avenida Universidad 1001 Col. Chamilpa C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos, México. Correo electrónico: cinthia.ruiz@uaem.mx. ORCID: 0000-0002-2852-4338.

RECIBIDO: 16 DE OCTUBRE DEL 2015. ACEPTADO: 28 DE JUNIO DEL 2016.

Artículo de investigación sobre la vida cotidiana, como constructo social e histórico que se materializa en las prácticas y relaciones como formas de comportamiento de la población de Chiapas (México), en respuesta al proyecto Ciudades Rurales Sustentables.

CÓMO CITAR ESTE ARTíCULO: Ruiz López, Cinthia Fabiola. 2017. "Las respuestas de los habitantes al proyecto Ciudades Rurales Sustentables en Chiapas (México)." Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía 26 (1): 119—139. doi: 10.15446/rcdg.v26n1.56025.

Resumen

En el 2007, el Gobierno del estado de Chiapas, México, instaló el proyecto Ciudades Rurales Sustentables que proponía el reacomodo de población de Ostuacán y Santiago El Pinar en centros con infraestructura, servicios básicos y vivienda. No obstante, los habitantes respondieron de manera diferencial al programa. El presente artículo se centra en analizar las formas de actuar de los pobladores y los factores que justifican ese comportamiento. El análisis se basa en la vida cotidiana, entendida como la construcción social de un territorio, para lo cual se retomó información de entrevistas, observaciones de sitio y análisis documental. Se muestra la relación directa entre las respuestas a una propuesta gubernamental y las prácticas cotidianas de los habitantes de un territorio.

Palabras clave: prácticas cotidianas, reasentamiento, relaciones sociales, respuesta de habitantes, vida cotidiana.

Resumo

Em 2007, o governo do estado de Chiapas (México) instalou o Projeto Cidades Rurais Sustentáveis, que propunha a reacomodação da população de Ostuacán e Santiago El Pinar em centros com infraestrutura, serviços básicos e moradia. Contudo, os habitantes responderam de maneira diferencial ao programa. Este artigo se centra em analisar as formas de agir dos habitantes e os fatores que justificam esse comportamento. A análise se baseia na vida cotidiana, entendida como a construção social de um território; para isso, coletaram—se informação de entrevistas, observações de campo e análise documental. As contribuições são o mostrar a relação direta entre as respostas a uma proposta governamental e as práticas cotidianas dos habitantes de um território.

Palavras—chave: práticas cotidianas, reassentamento, relações sociais, resposta de habitantes, vida cotidiana.

Abstract

In 2007, the state government of Chiapas, Mexico installed the Sustainable Rural Cities Project, which proposed the resettlement of the population of Ostuacán and Santiago El Pinar in centers with infrastructure, basic services and housing. However, the inhabitants responded differentially to the program. This article analyzes the ways the inhabitants acted and the factors that justify such behavior. The analysis is based on daily life, understood as the social construction of a territory; information was collected from interviews, on—site observations and document analysis. The results indicate the direct relationship between responses to a government proposal and the daily practices of the inhabitants of a territory.

Keywords: daily practices, resettlement, social relationships, inhabitants' responses, lifestyle.

Introducción

Ciudades Rurales Sustentables —en adelante, CRS— fue una propuesta que hizo el Gobierno estatal de Juan Sabines Guerrero (2006—2012) en Chiapas, México, publicada el 4 noviembre del 2007. Este programa se presentó como una respuesta al derrumbe de un cerro en la localidad de Juan de Grijalva, Ostuacán. La primera información difundida fue que la población se encontraba en una situación de riesgo y vulnerabilidad. Este hecho lamentable fue utilizado por los funcionarios del Gobierno de Chiapas para justificar la pertinencia del proyecto y sumarse a la anhelada idea de desarrollo y concentración de la población; en sus palabras, la CRS tenía como objetivo "incidir en el desarrollo regional y ordenamiento territorial" del estado (Gobierno del estado de Chiapas 2010).

A causa de esta contingencia los funcionarios de Gobierno definieron que la población afectada debía ser reubicada. Así se creó la primera CRS, Nuevo Juan de Grijalva —en adelante, NJG—, inaugurada el 17 de septiembre del 2009. El reacomodo no fue forzado, pero para motivar a los habitantes, los empleados de Gobierno prometieron que en la ciudad habría servicios básicos, educativos, de salud y se implementarían proyectos productivos¹ que les permitieran "mejorar su calidad de vida"

El 29 de marzo del 2012 se inauguró la segunda CRS en Santiago, El Pinar —en adelante, SP—, esta edificación tuvo una gran campaña publicitaria que anunciaba los "beneficios" que llevaría a sus habitantes; la propuesta consistió en reasentar a cuatro localidades, a saber: Chiquinch'en Los Tulipanes, San Antonio Buenavista, Xchuch y Boquem; además, acciones de remodelación en las viviendas de otras seis localidades Pechultón, Pusilhó, Nachón, Nínamo, El Carmen y Boquem.

A menos de dos años de su inauguración, en ambas CRS, se observaban viviendas abandonadas y destruidas, funcionaban algunos "proyectos productivos", pero la vida comunitaria continuaba como si el megaproyecto no se hubiera realizado.

En otras investigaciones sobre reasentamientos se anuncian los costos sociales que tiene el traslado de habitantes (Robinson 1989, 155), tales como pérdida de cultivos, desgarramiento de la organización social, desarticulación del vínculo habitante—tierra, modificación de los ecosistemas y sistemas productivos (Cernea 1988, 1995a, 1995b, 1999). Además, se plantea que el comportamiento de las familias es diverso, algunas acceden a moverse mientras que otras se resisten; aquellos que se mueven realizan modificaciones en su casa, principalmente, replicando sus antiguas comunidades (Briones 2010; Cuevas Muñiz y Seefoó Luján 2005). Esta información muestra que las prácticas cotidianas de las familias son relevantes para comprender el reacomodo de esas localidades.

En este artículo se analizan las diversas respuestas de la población al proyecto Ciudades Rurales Sustentables y se identifican los factores que influyeron en ese comportamiento. Para ello, se usó como categoría de análisis la vida cotidiana entendida como la construcción social e histórica de una población en un territorio, que se expresa en prácticas, acciones, creencias y expectativas.

Elementos conceptuales y metodológicos para analizar el comportamiento de la población en su vida cotidiana

En este estudio se plantea que la forma en que los pobladores respondieron al proyecto está justificada por las prácticas y relaciones que conforman su comportamiento habitual. La vida cotidiana como categoría de análisis se ha usado desde la visión sociológica y economista, entendida como el escenario de las acciones de los hombres en forma de un "conocimiento a mano", una forma de interpretar la realidad. Formada por las acciones, prácticas y relaciones de los pobladores que son guiadas por las experiencias del pasado, presente y futuro (Berger y Luckmann 1968; Heller 1982, 1987; Schütz 1962).

Por otro lado, en la vertiente espacial se define a lo cotidiano como los patrones de comportamiento con que los habitantes establecen límites de la conducta en un espacio y tiempo determinados (Hâgerstand 1991, citado en Giddens 1995, 149). Esta categoría de espacio—tiempo constituye un lenguaje dominado en un territorio, a través de sus prácticas cotidianas el sujeto adquiere información y le otorga significado a los espacios (Lindón 2006).

En esta investigación se entiende la vida cotidiana como una construcción social de las prácticas y relaciones que construyen un territorio, en un tiempo determinado. Es el escenario de la sociedad o de ciertos fenómenos sociales, donde se materializan los componentes subjetivos de una comunidad, tales como expectativas y representaciones. De acuerdo con ello, el comportamiento de los pobladores está justificado por los elementos que conforman su cotidianidad, tales como prácticas, relaciones e interacciones, así como su experiencia pasada y futura.

La atención está centrada en la vivienda, entendida como un espacio de trabajo, constituida por prácticas, costumbres y reglas que dan coherencia a la interacción social (Jiménez y Verduzco 2009; Rapoport 1969). En la casa se reproducen los elementos fundamentales de la vida cotidiana que dan significado al actuar social.

Con base en estos planteamientos teóricos se propone la siguiente estrategia metodológica. Primero, la vida cotidiana como lenguaje y conocimiento dominado se adquiere con experiencias pasadas, por ello la descripción del contexto histórico en las dos CRS fue importante porque permitió entender los cambios que experimentaron los pobladores con la llegada de la estrategia gubernamental.

Segundo, se analiza el actuar de las familias y la población involucradas en el proyecto a través de una tipología que permite estudiar las diversas respuestas de los habitantes: "reasentados"², "resistentes"³, los que de manera "intermitente"⁴ ocupan su terruño y la CRS, "retornados"⁵, y quienes aceptaron "remodelación en su vivienda"⁶. Cada tipo se diferencia por las prácticas cotidianas con que responde a la propuesta gubernamental.

La estrategia de investigación de campo es cualitativa, se basó en tres instrumentos para recolectar información: primero fue importante conocer la visión de las autoridades locales, mediante entrevistas, documentos oficiales y publicaciones de periódicos; segundo, se realizaron entrevistas abiertas con los pobladores y autoridades locales, ello con el propósito de saber cómo se involucraron con la propuesta gubernamental; por último, se cotejó esta información con las observaciones hechas en las CRS, en las antiguas localidades y en las áreas de trabajo, especialmente sobre las prácticas e interacciones que los actores realizan en sus rutinas, es decir, fue importante ver cómo usan y reconfiguran el espacio por el actuar gubernamental.

Esta diversidad de fuentes se plantea con el objetivo de triangular la información, para evitar el sesgo y visualizar el problema desde diferentes ángulos.

La investigación se realizó en las dos CRS y en las comunidades originales. En Nuevo Juan de Grijalva consistió de los meses de abril a junio del 2013, tiempo en que se realizaron observaciones de campo en los asentamientos de Juan de Grijalva y Nuevo Sayula. Para el caso de Santiago El Pinar, un primer acercamiento se efectuó en marzo del 2012 y, de manera continua, se visitaron distintas localidades entre los meses de abril, junio y noviembre del 2013. Las comunidades en las que se centró el estudio fueron Pechultón, Chiquinch'en Los Tulipanes y el Nuevo Barrio.

En este periodo se realizaron entrevistas a una variedad de actores: pobladores, autoridades locales, diseñadores del Plan Maestro de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y funcionarios de la Coordinación Técnica del Instituto de Población y Ciudades Rurales —en adelante, IPCR—. En NJG fueron 16 entrevistas a habitantes, 4 a hombres y 12 a mujeres; además, 8 fueron a pobladores menores de 40 años y 8 para habitantes mayores de 40 años. En SP , se realizaron 12 entrevistas el 50% a hombres y el resto a mujeres; el 75% eran adultos entre 25 y 40 años y el 25% restante población de 45 y 60 años. En estos instrumentos metodológicos se indagó sobre el proceso de construcción y ampliación de las viviendas antes y después de la CRS; asimismo, sobre el uso del espacio habitacional, es decir, las prácticas y actividades de los habitantes en las casas.

Un elemento importante para elegir a los entrevistados fue la edad porque permitía inferir los hechos históricos que han construido su vida cotidiana, por ejemplo, los habitantes de Ostuacán menores de 40 años, en su infancia experimentaron la reubicación por la edificación de la Presa Peñitas, es decir, con NJG fue la segunda experiencia de reacomodo, lo que tiene implicaciones en su aceptación o rechazo. De igual forma, el género fue importante porque permitió conocer cómo se dividen las prácticas productivas del grupo doméstico y qué cambios experimentaron en las CRS.

A continuación se describen los hallazgos encontrados en la revisión documental sobre los argumentos gubernamentales que se usaron para justificar la propuesta de las CRS y las modificaciones que planteo con el traslado de los habitantes a los patrones de comportamiento.

Resultados: el proyecto Ciudades Rurales Sustentables en Chiapas

El estado de Chiapas se ubica al sur de la República mexicana, colinda al norte con el estado de Tabasco, al oeste con Veracruz y Oaxaca, y al sur con el océano Pacífico (Gobierno del estado de Chiapas 2014). En el 2010 tenía 118 municipios, los mismos que continúan hasta la fecha en que se realizó esta investigación (INEGI 2010a).

En la figura 1 se muestra la ubicación de las ciudades rurales. La primera, Nuevo Juan de Grijalva, se localiza al norte del estado en el municipio de Ostuacán, que según datos del INEGI en el 2010 contaba con 1.598 habitantes. La segunda se ubica en Santiago El Pinar, en las montañas de Los Altos de Chiapas, en ese mismo año tenía 3.245 pobladores (INEGI 2010a).

En este apartado se describen los tres argumentos oficiales que sustentaron la propuesta de CRS: a) riesgo vulnerabilidad, b) pobreza—marginación y c) desarrollo sustentable. Después se narra el funcionamiento del proyecto, esto es importante porque permite entender los cambios que tuvo la ciudad en el comportamiento de los pobladores. Las fuentes de información fueron las que daban cuenta de los argumentos oficiales para exponer la estrategia gubernamental, entre ellas destacan: el Plan Maestro (CEDES 2008), la Ley de Ciudades Rurales Sustentables (Honorable Congreso del estado de Chiapas 2008), el Diagnóstico de Santiago El Pinar (Gobierno del estado de Chiapas 2009), Plan de recuperación de la zona afectada por el frente frío 2,4 y el derrumbe de la comunidad de Juan de Grijalva (Secretaría de Hacienda 2009), y el Combate a la dispersión para erradicar la pobreza Villas Rurales (Agenda Chiapasonu 2009). Además se obtuvieron algunos datos en las páginas web oficiales, en los periódicos de circulación local y en los medios de divulgación oficiales.

Las ciudades rurales fueron planeadas como una urbanización que se emplazaría en la cabecera municipal o localidades que ya contaran con agua, drenaje y electrificación; estas se relacionarían con las Villa Rurales, asentamientos de 1.500 habitantes que concentrarían a población dispersa y donde se proponían la dotación de servicio (Agenda Chiapas—ONU 2009).

El planteamiento inicial del proyecto se refería a un sistema de ciudades que reforzaría las dinámicas territoriales existentes en los municipios, el objetivo era promover el desarrollo de esas localidades; sin embargo, esto no ocurrió así, solo se construyeron las ciudades rurales en que se concentró población, se edificaron viviendas y se ofrecieron servicios y proyectos productivos, tales como granjas avícolas, invernaderos, comercio, ensambladora y empacadora.

La primera idea que usó el gobierno estatal para proponer las ciudades fue el riesgo—vulnerabilidad como respuesta al derrumbe de un cerro el 7 de noviembre del 2007 en el municipio de Ostuacán. Bajo esta declaración se reasentó a habitantes afectados de Juan de Grijalva, así como a pobladores de nueve localidades que no sufrieron daños en sus viviendas y parcelas por el fenómeno natural.

Este argumento fue usado por los técnicos de Protección Civil de Chiapas —en adelante, PC Chiapas— al apoyar el reacomodo de la población en los "campamentos solidarios"⁷ mientras era construida la CRS, ello implicaba que los habitantes abandonaran sus bienes y parcelas. Los técnicos de pc habían sugerido que no debían regresar a su comunidad de origen.

Sin importar estas advertencias, los pobladores reasentados afirmaban que incluso con la contingencia del desastre natural continuaban viajando a sus antiguas localidades para realizar actividades productivas y seguir con el cuidado de su patrimonio. Este hecho muestra cómo la situación de riesgo fue usada por los funcionarios de Gobierno como práctica para reacomodar a la población; mientras que ellos tenían una forma diferente de entender el riesgo.

El segundo argumento oficial que dio origen a la propuesta CRS fue la pobreza y marginación en Chiapas. En el 2005, el 58% de la población chiapaneca estaba considerada en situación de alta y muy alta marginación (INEGI 2005). Para combatir esta situación el gobierno federal propuso la estrategia 100 x 100 (E100x100)⁸ para atender la problemática social en las zonas con menor índice de Desarrollo Humano —en adelante, IDH—, esta consistió en un listado de 125 municipios con menor IDH a nivel nacional, de los cuales 20 se localizaban en Chiapas, estos serían la prioridad en la atención de los programas gubernamentales para mejorar los servicios básicos e infraestructura (Gobierno Federal de México 2010).

Dicha clasificación fue utilizada por los funcionarios del Gobierno de Juan Sabines para enfocar sus programas, con el enunciado "28 municipios con menor IDH" (CEIEG 2010). Por su lugar en la lista, los municipios que tenían menor IDH y debían ser prioridad en la atención de programas gubernamentales como la CRS eran Santiago El Pinar, Mitontic, Sitalá y San Juan Chamula. No obstante, el primero no apareció como primacía y la propuesta inicial del gobierno de Chiapas consideró a 5 municipios para instalar las CRS: ángel Albino Corzo, Ixhuatán, Copainalá, Ostuacán y Chenalhó.

Este dato muestra cómo Chiapas estaba en la disyuntiva de superar los índices de marginación y pobreza basados en estándares internacionales como la Organización de Naciones Unidas —en adelante, ONU—; por otro lado, las autoridades gubernamentales materializaban la estrategia bajo otras relaciones que no retomaban el argumento de pobreza y marginación ni consideraban las prácticas cotidianas que construían esos territorios.

En otros estudios se ha descrito la importancia de incluir las prácticas sociales, comportamientos y actitudes propios de cada cultura en su proceso de desarrollo, ya que estas permiten diferenciar las formas en que se expresan las necesidades (Max—Neef y Hopenhayn 1986), es decir, se puntualiza la importancia de considerar cómo la gente ha satisfecho históricamente sus necesidades de acuerdo con su cultura.

Además, este argumento gubernamental resaltó "la pobreza extrema y a la marginación" causadas por la dispersión de la población en el territorio chiapaneco. La dispersión a la que se referían los técnicos del Gobierno de Sabines era la localización de comunidades con menos de 100 habitantes. En ese momento, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) establecía que una persona estaba en pobreza extrema cuando tenía carencia en tres o más de los siguientes aspectos: educación, salud, seguridad social, calidad y espacio de las viviendas, servicios básicos en la vivienda y alimentación (CONAPO 2005). Estos elementos miden la pobreza a partir de la disponibilidad de servicios básicos en la localidad que se habita.

Entonces, el gabinete de Juan Sabines midió la carencia del equipamiento en localidades con menos de 100 habitantes, que de acuerdo con la normativa de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) no podían estar cercanas a estos servicios. Dicho en otras palabras, el gobierno estatal utilizó la estrategia de concentración de la población para generar el número de "beneficiados" necesarios y justificar la inversión millonaria en equipamiento, servicio e infraestructura, bajo el argumento que con estas obras se abatirían la pobreza y la marginación de la entidad.

Otro de los postulados que se promovió con el proyecto fue el desarrollo sustentable, este se consideraba con el propósito de que la población pudiera crear una atmósfera que le permitiera aumentar su capacidad y las oportunidades para las generaciones futuras, el cual se retomó con los principios de equidad y cuidado del ambiente.

Al respecto, los funcionarios de gobierno adjudicaban el deslave al sistema agrícola que la población tradicionalmente había utilizado⁹ (Secretaría de Hacienda 2009). Bajo este argumento, en la CRS se propusieron nuevas actividades productivas, tales como: ensambladora de muebles, invernaderos de tomate saladette y chile habanero, granjas avícolas, comercios, etc.; las cuales no perduraron y, contrario a ello, se fortalecieron prácticas paternalistas y clientelares, lo que provocó que la inversión millonaria no mejorara la calidad de vida de sus habitantes.

Uno de los críticos del "desarrollo sustentable", Serge Latouche, considera que es contradictorio buscar el equilibrio ecológico con un modelo económico que es "consumista" y "destructivo" (2007, 49). El autor propone estudiar los aspectos sociales y políticos en los intercambios económicos y recobrar el objetivo del bien común. Según Max—Neef y Hopenhayn (1986) reconocer la forma en que históricamente la gente satisface sus necesidades promueve una mejor concordancia entre la acción del Estado y su población.

Estos postulados muestran que la propuesta CRS publicitó tres argumentos que dieron origen a las ciudades: pobreza—marginación, riesgo—vulnerabilidad y sustentabilidad; que expresaron la tensión entre el actuar gubernamental y las relaciones que constituyen el territorio, en sus diferentes dimensiones sociales, políticas y económicas. El no reconocer el conocimiento con que los habitantes usan el espacio hace que la propuesta del gobierno no logre los efectos deseados tales como incentivar el desarrollo.

Funcionamiento del proyecto
En la planeación y gestión del proyecto intervino una diversidad de actores: gobierno federal y estatal, así como el sector privado; además de la cooperación del entonces rector de la Universidad Autónoma de Chiapas y la validación por parte del coordinador residente de la ONU (Secretaría de Hacienda 2009). El proceso de gestión de la CRS fue inicialmente dirigido por los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo y Participación Social (SEDEPAS), después les correspondió a los empleados del IPCR.

El funcionamiento del proyecto se dio en diferentes momentos: el primero fue el traslado a los "campamentos solidarios", lo cual solo fue experimentado por la población que vivía a orillas del río Grijalva, en NJG. Los funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente Desarrollo Urbano y Vivienda del estado de Chiapas —en adelante, SEMADUVI— insistían en que era necesario el traslado a los refugios, ante lo cual algunos habitantes accedieron, pero otros, principalmente jefes de familia, que vivían y trabajaban en las comunidades, se negaron: "En los campamentos, hombres y mujeres obtuvieron una remuneración económica por trabajar como cocineras, cosechando chile habanero en la playa del río Grijalva o haciendo blocks para construir lo que sería NJG" (entrevista a Carmen, habitante de Salomón González Blanco, 6 de diciembre del 2013). Esa situación fue usada por los empleados del IPCR para condicionar la entrega de viviendas y proyectos productivos.

La condición en que vivían los pobladores en los "campamentos solidarios" estuvo plagada de problemas de convivencia y hacinamiento¹⁰, esto hizo que en cuanto empezaron a estar acabadas las viviendas en NJG se trasladaron para allá. A todas las familias se les advirtió no regresar a sus predios anteriores (entrevista a funcionarios del IPCR, 26 de junio del 2013) pero pocos acataron esta indicación.

El segundo momento se inicia con las acciones impulsadas por el gobierno estatal para ejecutar la propuesta de CRS. Entre ellas sobresale la publicación de la Ley de Ciudades Rurales Sustentables que establecía que las viviendas pertenecían al régimen de donación, la entrega del título era preferentemente a mujeres y para garantizar la "querencia del lugar" se prohibía la venta en 25 años, entre otras disposiciones (Honorable Congreso del estado de Chiapas 2008). Otra acción fue la creación del IPCR el 10 de febrero de 2009, que coordinaba a las secretarías que participaban en la planeación de las ciudades, tales como la Secretaría de Salud —en adelante, SS—, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría del Campo (SECAM).

Un pilar importante en el funcionamiento de NJG fue el Consejo Consultivo Ciudadano formado por empresas privadas (Telmex, UNEFON, IUSACELL, Fundación BBV—Bancomer, Fundación Banamex, Fundación ADOBE, Fundación Kaluz, Unidos por ello, Instituto Carso de Salud, Sistema crit, Farmacia del Ahorro), organizaciones internacionales (Cepal, PNUD, Unicef), y de profesionales y empresarios.

Cada uno de los participantes cumplió con diferentes funciones. Por ejemplo, a los encargados de los organismos internacionales les correspondió evaluar y validar los proyectos con base en indicadores del IDH y aportar recursos económicos. Las asociaciones de profesionales realizaron diversos estudios; sin embargo, durante el primer semestre del 2013, la iniciativa había dejado de funcionar.

Las empresas privadas otorgaron recursos económicos para la ejecución de la primera CRS Nuevo Juan de Grijalva, como se observa en la tabla 1.

Estas cantidades exorbitantes que donaron dichas instituciones les permitieron obtener otros beneficios. Para ejemplificar, la exclusividad para la prestación de servicios de comunicación de telefonía móvil en NJG fue otorgada a Unefon y Iusacell, propiedad de Televisión Azteca y Fundación Televisa.

En el último momento las constantes en la ejecución de las dos CRS fueron: la falta de planeación y premura de los tiempos que contempló la administración de Juan Sabines Guerrero para concluir las obras. Ello provocó poca supervisión en los trabajos, problemas de humedad y filtraciones en las viviendas. Aunado a la apatía de los habitantes por conservar esos inmuebles.

Un hecho importante en ese intervalo fue la creación de espacios que según la administración estatal tenían como objetivo la participación social. Para ello crearon tres instancias: el Comité de Vivienda, el Comité de Servicios Públicos y la Asamblea de Barrios. Sin embargo, no se consideró la importancia que tenían las asambleas comunitarias como los espacios en que los habitantes ventilaban sus asuntos, por lo que ninguna de ellas funcionó para lo que se creó. Durante su implementación y ejecución los pobladores las tomaron como ajenas y no hubo un involucramiento e interés en asistir a ellas.

Un ejemplo de ello fue que en SP las autoridades municipales y estatales usaron las asambleas comunitarias para informar a la población en qué consistía la propuesta CRS, así como para reforzar las relaciones de poder con prácticas que condicionaban la entrega de servicios e infraestructura a cambio de que los habitantes aceptaran el prototipo de vivienda.

La construcción de las ciudades implicó erogar un recurso compuesto del erario público y la iniciativa privada. En Nuevo Juan de Grijalva este ascendió a $561.140.000 (quinientos sesenta y un millones ciento cuarenta mil pesos 00/100 mn) (Gobierno del estado de Chiapas 2008).

Por su parte, en Santiago El Pinar la inversión fue de $270.000.000.000 (doscientos setenta mil millones de pesos 00/100 MN) (Crónica.com.mx 2010).

En resumen, los discursos oficiales solo evidenciaron las tensiones entre las formas en que los pobladores desarrollaban su vida cotidiana y las expectativas que quería lograr el gobierno estatal, que vanagloriaba la propuesta como una opción pertinente para impulsar el desarrollo económico y social. Sin embargo, se omitió señalar los costos sociales, económicos, políticos y ambientales que el proyecto dejaría a los habitantes.

Respecto al funcionamiento de la propuesta gubernamental, sobresale la forma en que los funcionarios de la administración estatal se relacionaron con los habitantes, ello fortaleció las prácticas paternalistas y clientelares, que no favorecen al desarrollo y vuelven más dependientes a los pobladores. Ejemplo de ello es que para los habitantes aceptar una casa no significa una mejora en la calidad de vida, sino que se convirtió en un beneficio económico monetario e inmediato.

En otras palabras, este apartado evidencia cómo los argumentos oficiales, la elección de las ciudades, la forma en que los pobladores accedieron a las viviendas y proyectos productivos, fueron hechos para sumar a Chiapas a la idea de desarrollo y concentración poblacional. A continuación se describen las prácticas y respuestas de los habitantes a las Ciudades.

La vida cotidiana en Nuevo Juan de Grijalva y la reacción de su población a la Ciudad Rural Sustentable

En esta sección es útil, primero, mostrar las condiciones sociodemográficas en que vivían las comunidades antes de la llegada del proyecto CRS, como preámbulo para identificar los cambios que planteó esa edificación en la vida cotidiana de los habitantes.

En el 2005, Ostuacán contaba con 97 localidades, su carencia en servicios básicos e infraestructura hicieron que a nivel nacional fuera clasificado en zonas de alta y muy alta marginación (CONAPO 2005), a nivel estatal ocupaba el puesto 52 del IDH (PNUD 2009). Antes de la construcción de la CRS, las principales actividades productivas eran en el sector primario, como se muestra en la figura 2.

En las localidades de La Laja y Nuevo Sayula los habitantes tenían ocupación principalmente agrícola con cultivo de maíz, frijol —para autoconsumo— y cacao; así como ganadería, venta de ganado por cabeza y extracción de leche para autoconsumo. Otros pobladores se dedicaban a trabajar como jornaleros en grandes propiedades de Playa Larga Primera Sección, Playa Larga Tercera Sección y Loma Bonita. Otro grupo de habitantes trabajaba en la pesca en la Unión de Producción Pesquera de la localidad de Peñitas El Mico.

En cuanto a los servicios educativos, las localidades de Nuevo Sayula, Juan de Grijalva, Salomón González Blanco, Playa Larga Primera Sección y Peñitas El Mico tenían escuelas para cursar la educación primaria. En la figura 3 se muestran las condiciones del equipamiento de educación en Salomón González Blanco, resaltando que las aulas son de concreto y los sanitarios de madera, hechos por los habitantes.

Si los habitantes querían estudiar la secundaria debían trasladarse a Plan de Ayala, una localidad de mayor tamaño del municipio. El 16,47% de la población era analfabeta, el 60,80% mujeres y el 39,20% hombres (CONAPO 2005). Esto se debe a que los niños en edad escolar asistían a la escuela, pero en temporada de cosecha ayudaban a los padres en las actividades agrícolas, y llegaban a tener un papel preponderante en la economía familiar.

El servicio de salud se brindaba a través de la SS, con dos casas de salud ubicadas en Salomón González Blanco y Nuevo Sayula.

En las localidades la energía eléctrica era suministrada por la Comisión Federal de Electricidad —en adelante, CFE— o por celdas solares. El agua la obtenían de pozos o afluentes naturales y no había instalación de drenaje, los desechos de agua iban a los ríos o baños secos, es decir, letrinas. En ese año, el déficit de servicios básicos era de la siguiente forma: el 93,10% de las familias no contaba con fuente de abastecimiento de agua en la vivienda, en el caso del drenaje este porcentaje correspondía al 40,90% y de energía eléctrica al 66,44% (INEGI 2005).

En las localidades originales las viviendas estaban asentadas en una superficie de 900 m², su construcción oscilaba entre 40 y 60 m². Eran de muros de madera y/o block, techos de lámina y piso de tierra o concreto. En la figura 4 se muestra el tipo de vivienda que existía en esas comunidades, es importante mencionar el contacto que tenían los usuarios con la vegetación, como una forma para producir su alimento.

En el 2009 se dio un cambio sustancial en la forma de vida de la población, pues se construyó la primera CRS que comprendió 10 de las 97 localidades del municipio de Ostuacán, lo que representó el 11%, es decir 2.192 personas (INEGI 2005). Esta CRS se formó de las localidades: Juan de Grijalva, Salomón González Blanco, Playa Larga Tercera Sección, La Laja, Pichucalco, Playa Larga Primera Sección, Peñitas El Mico, Antonio León Anexo, Loma Bonita y Nuevo Sayula. Incluyó 410 viviendas, servicios básicos de energía eléctrica, agua entubada, drenaje y alumbrado púbico; además, proyectos productivos tales como: granjas avícolas, planta procesadora de lácteos, invernaderos para chile habanero, planta fermentadora y secadora de cacao, planta ensambladora de muebles, parque micro industrial, tiendas de Superchiapas y el corredor comercial.

En la figura 5 se muestra la vivienda de la CRS que tenía dos recámaras, baño, comedor, sala y cocina. Estaba hecha de ladrillo y cubierta con teja, materiales no recomendados para el clima húmedo del municipio.

En la edificación de NJG no se consideraron las prácticas cotidianas con que los habitantes satisfacían sus necesidades básicas, contrario a ello se incluyeron acciones que no promovían el desarrollo. Por ejemplo, para la instrucción escolar se construyó el Centro de Educación Básica del estado de Chiapas —en adelante, CEBECH—, donde se podría cursar preescolar, educación básica y secundaria, al mismo tiempo se suspendió este servicio en las localidades originales, lo cual constituyó una clara contradicción de la política pública que, por un lado, ofertó el servicio y, por otro, suspendió a un número importante de población que continúa viviendo en las comunidades.

Una situación similar ocurrió con el servicio de salud. En la CRS se construyó el Centro de Salud con Servicios Ampliados —en adelante, CESSA—, pero en las dos localidades se suspendió la Casa de Salud que brindaba el servicio. Dicho en otros términos, la población que tenía la necesidad de asistir a la escuela o recibir atención médica debía trasladarse a la CRS, situación que además de onerosa les resultaba difícil.

Asimismo, la ubicación de la CRS modificó las rutas de transporte, lo que implicó que la población tuviera que erogar un gasto de traslado superior al 50% del jornal del jefe de familia y cambiar los tiempos en que convivían con sus hijos.

Esta información muestra que la CRS llevó equipamiento e infraestructura a esas poblaciones, pero provocó modificaciones en el territorio donde los pobladores desarrollaban su vida cotidiana; sin embargo, la decisión de moverse fue familiar y estuvo relacionada con las prácticas de subsistencia de los habitantes, que priorizan cubrir sus necesidades básicas, tales como alimentación, antes que la educación o atención a la salud. Dichos cambios se observan en la cotidianidad de los pobladores, situación que se describe en el siguiente apartado.

Tipos de respuestas
La población respondió de diferentes maneras a las acciones de la ciudad. Estas se basaron en acuerdos familiares y en las prácticas cotidianas con que satisfacían sus necesidades básicas. En NJG fueron cuatro las respuestas de sus habitantes: los "reasentados" que recibieron una vivienda y realizaron su vida cotidiana en la CRS. Eran procedentes de las localidades de Juan de Grijalva, Nuevo Sayula y Salomón González Blanco. Otro tipo de respuesta la presentan pobladores "intermitentes", que por un tiempo vivían en la ciudad y viajaban a sus antiguas viviendas en Juan de Grijalva, Nuevo Sayula, Playa Larga Tercera Sección, La Laja y Playa Larga Primera Sección; ellos usaban de manera alterna ambos espacios. También se identificaron familias que aceptaron las viviendas pero se resistieron al traslado a la CRS, ellos son los "resistentes"; vivían en Nuevo Sayula, Pichucalco, Peñitas El Mico, Loma Bonita y Antonio León Anexo. Por último, otros grupos recibieron y habitaron las viviendas en la ciudad, pero después decidieron regresar a sus antiguas localidades Nuevo Sayula y Salomón González Blanco, ellos son conocidos como población "retornada".

En la figura 6 se ubican las localidades que incluyó el proyecto y se distinguen los tipos de respuestas. Es conveniente subrayar que las comunidades más cercanas al terreno de la ciudad, Nuevo Sayula, Salomón González Blanco y Juan de Grijalva, tienen más variedad en las formas de actuar. Mientras que las poblaciones más alejadas, respondieron resistiéndose o usando de manera intermitente los espacios de la ciudad, como es el caso de Loma Bonita, Antonio León Anexo, Playa Larga Primera y Tercera Sección. Es decir, la localización de la ciudad, de su vivienda antigua y la fuente de trabajo, es determinante para la forma de actuar de la familia.

Otro elemento determinante para estas respuestas fue la construcción histórica del territorio. El municipio de Ostuacán ha vivido reasentamientos en su historia, el más reciente fue con la edificación de la Presa Peñitas en 1980 que ocasionó el traslado de las localidades de Sayula y Playa Larga Segunda Sección, que cambiaron su nombre a Nuevo Sayula y Juan de Grijalva. Este fenómeno contribuyó a que la adaptación a la CRS haya sido menos agresiva para esa población, que tenía un "conocimiento acumulado" de cómo actuar en un proceso de reacomodo.

Pobladores reasentados

La decisión de las familias de trasladarse a la CRS estuvo ligada a cuatro factores: 1) la obtención de una vivienda con la que ampliaron su patrimonio familiar; 2) el acceso al CESSA y al CEBECH; 3) la disponibilidad de agua entubada, drenaje, energía eléctrica, la rehabilitación de vías de comunicación de la CRS a otras localidades; y 4) la posibilidad de ocupar cargos de representación popular, directivos en la ciudad o empleo en los "proyectos productivos".

En el caso de la población reasentada, la promesa de recibir una casa en la CRS fue un hecho que condicionó su traslado a esa edificación y su permanencia en los campamentos "solidarios". Además, acentuó las relaciones paternalistas históricamente construidas y aceptadas entre funcionarios y habitantes de las localidades.

Según el diccionario de la Real Academia Española (2014), las relaciones paternalistas son entendidas como "formas de autoridad y protección propias del padre en la familia tradicional". En las políticas públicas se consideran acciones de este tipo a las realizadas por el gobierno que se escudan en atender las necesidades del pueblo, pero que realmente son excluyentes y autoritarias, al mismo tiempo que obstruyen la capacidad de agencia y la toma de decisiones de los habitantes (Bobbio, Matteucci y Pasquino 1991, 161; Nussbaum 2002, 88).

Baste como muestra las prácticas y relaciones que formaron el proceso de asignación de la casa. En este intervino una variedad de actores que sostuvo diversas reuniones con los líderes locales o dirigentes de partidos políticos. Los líderes tenían la encomienda de informar a la población que los requisitos para adquirir un inmueble serían cuatro: ser originario de las localidades que contempló el proyecto, haber vivido en los "campamentos solidarios"; ser casado y tener hijos/as (entrevista con Efraín, habitante de Juan de Grijalva, 6 de junio del 2013). Cuando estuvo terminada la vivienda los diseñadores y funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda —en adelante, SEMADUVI— explicaron que era importante que la población pudiera opinar qué cambios proponía. En esta reunión, los habitantes sugirieron construir un muro entre el corredor y el patio. Cambio que sí fue considerado para la edificación del resto de las viviendas.

Antes de que se realizara la inauguración de la CRS, la población ya se había reasentado y las querellas contra los funcionarios no se hicieron esperar, por ejemplo, los pobladores se quejaban de la gran cantidad de roedores que ocupaban las casas y solicitaron su exterminio; además, alegaban fallas en la construcción, específicamente filtración de agua y mala calidad de los materiales de la casa.

Las quejas eran recurrentes, por lo que los trabajadores de SEMADUVI, accedieron a fumigar para acabar con los roedores y tapar las goteras. Estas acciones dan cuenta de las prácticas con que la población exigía al gobierno la solución de sus peticiones, usando argumentos como el siguiente: "si el gobierno nos trajo a vivir aquí, debe de arreglar los problemas de las casas" (entrevista con Guadalupe, habitante Nuevo Sayula, 7 junio del 2013). Con la CRS se acentuó la actitud peticionaria de la población hacia el gobierno, al asumir que a las autoridades les competía "solucionar" las carencias de infraestructura.

Otro hecho que favoreció las prácticas peticionarias fue el uso de relaciones de amistad y parentesco en la distribución de viviendas. Por ejemplo, el entonces líder de Nuevo Sayula buscó que su hijo, recién casado y sin hijos, recibiera una casa. Así lo narró su nuera "mi suegro nos anotó en la relación de personas que recibirían casa. En Nuevo Sayula no teníamos vivienda, él nos apoyó para que recibiéramos una" (entrevista con Guadalupe, habitante Nuevo Sayula, 7 junio del 2013).

Estos datos muestran cómo en la distribución de las casas existieron prácticas y relaciones de corrupción y favoritismo que contribuyeron a reforzar el paternalismo entre los pobladores, ambos hechos son útiles para exponer cómo la aceptación de la vivienda por los habitantes no se hizo con el propósito de mejorar su forma de vida, sino de obtener un beneficio inmediato.

Esta respuesta está presente en más del 50% de los pobladores de NJG, además, el hecho de aceptar recursos y proyectos sin usarlos es una práctica que ha sido asumida y replicada por la población en su cotidianidad.

Pobladores intermitentes

Algunas familias que aceptaron la casa y se trasladaron a la ciudad no pudieron soportar los gastos que les implicaba vivir ahí. Esto por la falta de trabajo en la CRS, lo que hizo que viajaran de manera constante a las antiguas localidades para emplearse como jornaleros, rancheros o pescadores. Este hecho les permite usar de manera alterna la casa de la CRS y de las comunidades para continuar con su reproducción social. Justifican el moverse entre uno u otro espacio, con el acceso del grupo doméstico a servicios educativos y de salud.

En este comportamiento, la distancia a la que se ubicaba la ciudad respecto a las localidades fue importante porque generó dos periodos de separación de la población "intermitente": el mensual y el semanal. Los hombres afirmaron "en la CRS no hay trabajo para todos, por eso seguimos con nuestras labores en las antiguas localidades" (entrevista con Gabriel, habitante intermitente, 7 de junio del 2013).

En estas familias se encontró una relación entre casa y lugar de trabajo, si el segundo estaba a menos de 11 km, la población podía viajar semanalmente, esto era así debido a que solo usaban un medio de transporte terrestre que les implicaba gastar $20 (veinte pesos 00/100 MXN) por viaje. Pero si la localidad estaba a más de 11 km, ellos tenían que pagar dos medios de transporte, el terrestre y el acuático, que eran $40 (cuarenta pesos 00/100 MXN) por traslado, una cantidad difícil de cubrir.

Las familias en las que el jefe del grupo doméstico debía viajar diariamente a su lugar de trabajo cambiaron sus rutinas y la división de las tareas domésticas. Algunas mujeres anunciaron que con esta práctica, el jefe de familia optaba por abandonar el hogar, los siguientes testimonios lo evidencian,

[...] cuando nos mudamos, mi esposo no quiso venir a la ciudad, dijo que no le gustaba, ahora tiene otra mujer y a mí ni me ayuda. Yo me quedé aquí porque mis hijos están estudiando y en la comunidad no hay escuelas, ni hospital [CESSA]. (Entrevista con Justina, habitante reasentado, 7 de junio del 2013)

Los hombres que iban a sus lugares de trabajo mensualmente lo hacían para continuar con sus actividades productivas, tales como cultivo de maíz, fríjol, yuca, cría y ordeño de ganado, y algunos la pesca. Durante su estancia en las parcelas, les correspondía preparar sus alimentos antes y después del jornal; además de realizar actividades, que antes eran propias de las mujeres, como criar aves de corral y cosechar frutos para su consumo.

En el caso de los varones que semanean¹¹, el sábado regresaban a las viviendas de la ciudad, llevando consigo frutos, aves y pescado, productos que conseguían en las localidades de origen. Pero si ellos viajaban cada mes, no llevaban ningún producto, supliendo esta faltante con el dinero que obtenían de su trabajo como jornalero o pescador.

Por su parte, las mujeres continuaban con el cuidado y educación de sus hijos, haciendo las labores domésticas y actividades de producción de traspatio en la CRS. A estas funciones se agregó el hecho de que algunas de ellas ahora estaban al frente de un negocio, por ejemplo, una tienda de abarrotes, ofreciendo alimentos para su venta o una farmacia.

Como resultado, las familias "intermitentes" disminuyeron las actividades de cría de aves y recolección de los productos del traspatio. Este descenso se debe a que con la CRS se redujo el espacio que tenían destinado para realizar esas actividades.

Esta información muestra que la decisión de usar de manera alterna la casa de la CRS y de la localidad estuvo soportada por las prácticas cotidianas del grupo doméstico para satisfacer su alimentación. Además, el proyecto promovió diversos cambios en las relaciones que estructuran la vida social, tales como la distribución de tareas domésticas entre hombres y mujeres.

Resistentes y retornados

Los pobladores que recibieron una vivienda y decidieron no usarla o regresar a sus antiguas localidades, justificaron este comportamiento porque en la CRS no tuvieron trabajo y habitar este nuevo espacio les significó erogar gastos que, por ser economías de autoconsumo, no pueden sufragar.

Las familias "resistentes" evidencian esta respuesta con las siguientes frases "¿Cómo la voy a habitar? Si no tengo trabajo ahí [CRS]" (entrevista con habitantes resistentes de Nuevo Sayula, 7 de junio del 2013). Esta declaración muestra que regresaron a sus localidades debido a que allí podían continuar con sus prácticas productivas y de preparación de alimento. Es decir, la producción de alimentos en el solar fue un elemento determinante para que los resistentes no abandonaran su vivienda en las localidades. En dichas labores participaba todo el grupo doméstico y si había excedente lo vendían con sus vecinos. El siguiente testimonio expone esa idea,

[...] le doy de comer a los pollos y ahora que está mi nuera, también me ayuda. Porque es para todos, ellos también pueden sembrar y cortar los frutos de los árboles. Si tenemos de más lo vendemos o lo regalamos con los vecinos [...]. (Entrevista con Juana, habitante resistente, 7 de junio del 2013)

Por su parte, la población "retornada" usó la vivienda de la CRS por dos años, después de ese tiempo regresó a su localidad de origen. Este lapso dependió del tiempo que tuvieron empleo remunerado en la CRS, en los denominados "proyectos productivos". Para estos habitantes el uso de la casa les significó tres cambios: la disminución del espacio de la cocina, la introducción del fogón lorena y la reducción de las dos terceras partes del espacio del solar, elementos que afectaron su economía familiar

En resumen, el caso de NJG planteó cambios en la distancia entre el solar y la casa, la forma de brindarles servicios básicos a los habitantes y los espacios de la vivienda. Estos fueron recibidos de diversas maneras por los habitantes que se reasentaron, resistieron, usaron intermitentemente las casas o regresaron a sus localidades. Las diversas respuestas se justificaron por las prácticas que conforman su vida cotidiana, tales como: la obtención de una casa, la producción de su alimento, el acceso a los servicios de salud y educación. Estas formas de comportamiento están justificadas en decisiones familiares por subsistir: obtener su alimentación, la actitud peticionaria de un beneficio económico del gobierno y los acuerdos con que se reparten las actividades diarias entre los miembros del hogar.

La vida cotidiana de los pobladores de Santiago El Pinar y sus respuestas a la CRS

En el 2009 el municipio de Santiago El Pinar estaba formado por once localidades, pero con la construcción de la CRS se creó una sola, denominada Nuevo Barrio.

Antes de la CRS, la población de Santiago se distribuía alrededor de la cabecera municipal, las localidades más cercanas eran Choyo, Nínamo, Pechultón, Boquem, Pusilhó y Nachón que concentraban el 79,5% de la población; el resto de la gente vivía en poblaciones más lejanas, tales como Xchuch, Kálom, Santiago el Relicario, San Antonio Buenavista y Chiquinch'en Los Tulipanes.

En el 2005, las carencias en servicios e infraestructura que presentaba el municipio hicieron que fuera clasificado, a nivel nacional, con zonas de alta y muy alta marginación, y a nivel estatal ocupó el último lugar 118 del IDH (PNUD 2009).

En ese año, el 54% de la población era monolingüe, su lengua es el tsotsil; mientras que el 46% era bilingüe, habla además español. Las mujeres en edad reproductiva representaban el 42,91%, en promedio tenían cuatro hijos, muy superior al promedio estatal de tres hijos (INEGI 2005).

El 98% de la población se dedicaba al sector primario, mientras que el 1% al sector secundario y el resto al terciario. Las principales actividades económicas eran las agrícolas, enfocadas en el cultivo de maíz, fríjol, café, hortalizas y frutos para el autoconsumo; la cría y venta de bovino, ovino, porcino y aves como gallinas, pavos y patos.

Esta información es relevante porque permite identificar que antes de la construcción de la ciudad, las familias tenían ocho actividades con las que producían sus alimentos, además de la cría de diferentes tipos de ganado y la venta de café que les permitía tener un ingreso económico temporal.

El servicio de educación era brindado por escuelas primarias y de preescolar ubicadas en las localidades de Nachón, Chiquinch'en Los Tulipanes, Santiago El Relicario y Pechultón, solo en la cabecera municipal había educación secundaria. Según datos del INEGI el municipio tenía el 54% de los habitantes analfabetas, de ellos el 68% eran mujeres y 32% varones (INEGI 2005). Estas cifras ayudan a entender las prácticas de la familia, que privilegian el trabajo doméstico y agrícola antes que la instrucción escolar de los hijos.

El servicio de salud se brindaba a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con la Unidad Médico Rural localizada en la cabecera municipal que atendía a la población de las once localidades.

La energía eléctrica era suministrada por la CFE, solamente para el 13,4% de la población, un número importante de localidades usaban celdas solares. El 54,34% obtenía el agua de afluentes naturales, como arroyos. Solamente la población de la cabecera tenía drenaje, y en el resto se usaban letrinas, lo que representaba el 86,22% de la población (INEGI 2005). Los pobladores de Chiquinch'en Los Tulipanes, San Antonio Buenavista y Santiago El Relicario padecían los mayores déficit de servicios.

La dimensión de la vivienda era de cuatro por diez metros y junto con el solar completaban un área de 900 m². Los muros de las viviendas eran hechos principalmente de block, no tenían repellos, el piso era de tierra, a veces utilizaban tablas y láminas. En las localidades de Santiago El Relicario y Chiquinch'en Los Tulipanes, las viviendas eran más precarias. En la figura 7 se muestra una vivienda de Chiquinch'en los Tulipanes, la casa que usaban como dormitorio era principalmente de block, pero la cocina era de tablas, ello era así debido a que para cocinar usaban el fogón a cielo abierto y este tipo de edificación permitía sacar el humo del espacio.

En marzo del 2011 se inauguró la CRS de Santiago El Pinar que incluyó la construcción de 115 viviendas en el Nuevo Barrio, servicios básicos de energía eléctrica, agua, drenaje, alumbrado público, una planta potabilizadora de agua y subestación. Además contaba con la edificación del CESSA, un centro educativo de primaria, uno de preescolar y el Colegio de Bachilleres (COBACH) en la cabecera municipal.

La ciudad incluyó proyectos productivos, tales como: la Sociedad Cooperativa Ensambladora Santiago El Pinar (Planta Ensambladora), el Complejo Integral para la Producción, Transformación y Comercialización del Café, un Superchiapas, el Corredor Comercial, granjas avícolas, invernaderos para chile habanero, tomate saladette y flores, y micro túneles para la producción de hortalizas. Estas iniciativas solo funcionaron dos años, después de este tiempo los pobladores regresaron a sus actividades tradicionales en las antiguas parcelas.

El proyecto incluyó 350 viviendas nuevas y 489 acciones de pintura en la cabecera municipal de seis localidades (Pechultón, Pusilhó, Nachón, Nínamo, El Carmen y Boquem). Es decir, fueron 954 obras en viviendas, pero solo 465 de ellas fueron nuevas edificaciones, es decir, el 49%; el resto eran obras minúsculas de ampliación de un sanitario o regalo de pintura vinílica.

Para el 2013, solo 20 casas de las 115 construidas en el Nuevo Barrio eran ocupadas ocasionalmente, esto representaba el 17% de la población que se propuso reasentar con el proyecto.

En SP la población decidió no hacer uso de los equipamientos de educación y salud, esto por el gasto que debían sufragar para acceder a ellos. Por ejemplo, en el caso del CESSA su ubicación en el Nuevo Barrio dificultó que los habitantes de las localidades más alejadas pudieran trasladarse para recibir los cuidados hospitalarios. Aunque la población estaba acostumbrada a caminar, si tenían alguna emergencia médica debían cubrir la cantidad de $50 (cincuenta pesos 00/100 MXN) en un vehículo privado, porque no existía transporte público. Este costo era alto para las familias que tenían economías de autoconsumo.

Los datos exponen cómo el proyecto de CRS modificó las prácticas con que los pobladores satisfacen las necesidades básicas, de educación y salud; además, la lejanía con sus parcelas de trabajo cambió la relación entre la casa y el lugar de trabajo, lo que dificultó la aceptación de los habitantes.

Tipos de respuesta
Los pobladores de Santiago El Pinar respondieron de tres formas: los "resistentes", habitantes que recibieron una vivienda pero no la usaban y continuaban viviendo en las localidades originales, tales como, Chiquinch'en los Tulipanes, Boquem, Xchuch, Choyo, San Antonio Buenavista y Santiago El Relicario.

Otra respuesta fue la de las familias "intermitentes" que recibieron una casa en la CRS pero la usaban solo cuando asistían a realizar trámites y en periodos de cosecha vivían en Chiquinch'en Los Tulipanes y Boquem.

Por último, en Pechultón, Pusilhó, Nachón, El Carmen, Nínamo y Boquem los "habitantes con vivienda remodelada" recibieron una casa nueva en su solar original, que usaban como bodega o tienda.

Estas respuestas se justifican por el proceso de construcción histórica del municipio, como muestra se citan los siguientes ejemplos: en 1980 Choyo y Pechultón buscaron separarse de Santiago El Pinar y unirse a San Andrés Larráinzar, otro municipio de Chiapas; la creación de Santiago El Relicario y San Antonio Buenavista fue por rancheros originarios de San Cristóbal de las Casas, lo que generó un desapego de las tradiciones del municipio. Por último, la creación de Santiago El Pinar fue en 1996 como resultado de un proceso de remunicipalización promovido por el gobernador Albores Guillén, bajo el discurso de división municipal. Esta estrategia usó la entrega de servicios e infraestructura a los territorios levantados como una forma de mermar el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas y al mismo tiempo fortaleció prácticas paternalistas y clientelares¹². Este tipo de relación entre habitantes y funcionarios persiste hasta la fecha, y en el trabajo de campo se constató la actitud peticionaria de hombres y mujeres.

En la figura 8 se ubican las localidades que consideró el proyecto, así como la respuesta predominante entre los habitantes. Es relevante mostrar que la población que se traslada a la ciudad está más cerca, mientras las alejadas se "resisten" y "regresan" a las localidades; es decir, se forma una zona reubicada cercana a la cabecera municipal y otra que se resiste alejada de ella.

Población resistente

Los habitantes "resistentes" se involucraron con el proyecto pero permanecieron en sus localidades por tres razones: 1) la obtención de un casa como parte de su patrimonio familiar; 2) la reducción en la extensión de tierra en la CRS para realizar sus actividades productivas, tales como, cultivo del café, maíz y fríjol, cría de ganado bovino y porcino, y gallinas; además de la comercialización de producto del traspatio en el mercado de San Andrés Larráinzar; y 3) las prácticas peticionarias de estos habitantes hicieron que condicionaran su asentamiento en la ciudad por la obtención de recursos económicos y materiales.

En el proceso de repartición de viviendas intervino una variedad de actores gubernamentales, funcionarios de la SEMADUVI y del IPCR. Ellos mantuvieron reuniones con los agentes municipales, quienes fueron el vínculo entre el gabinete sabinista y la población. Las autoridades locales tuvieron un papel importante en esta negociación debido a que fungían como traductores. Mediante asambleas comunitarias informaron a los pobladores sobre los requisitos para adquirir la vivienda: ser casados, tener hijos y vivir en las localidades que consideró la propuesta, además, se les advirtió que no podían sugerir alguna modificación a la casa, debían aceptarla como había sido diseñada por los profesionistas (entrevista con agente municipal de Chiquinch'en Los Tulipanes, 24 de mayo del 2013).

Desde que se presentó la "casa muestra"¹³ hasta la inauguración, los habitantes tuvieron quejas de la vivienda; sin embargo, no las manifestaron y, contrario a ello, asistieron a los eventos, pues temían que no llegaran los otros servicios, tales como el CESSA y las escuelas (entrevista con Josefina, habitante resistente, 23 de mayo del 2013).

Las quejas de la población estaban relacionadas con la distribución de los espacios y el material de las viviendas. Por ejemplo, a quienes les hicieron remodelación afirmaban "[...] no nos dieron estufa como a los de la cabecera [municipal], si la hubieran entregado la usaríamos, aunque sea más caro [el gas]" (entrevista con Justino, habitante de Pechultón, 23 de mayo del 2013); en los casos que sí recibieron estufa y tanque de gas decían "no tenemos para comprar el gas [LP]" (entrevista con habitante de Chiquinch'en Los Tulipanes, 24 de mayo del 2013).

En resumen, las inconformidades son útiles para ilustrar que el descontento de la población no se justifica por lograr un espacio óptimo para vivir, sino que este disgusto forma parte de prácticas paternalistas, que se han construido históricamente y son aceptadas por los actores como forma de repartir los recursos, sin que tengan una obligación sobre el bien recibido.

Población intermitente

Los habitantes que usan de manera alterna el espacio de la CRS y las localidades justifican este comportamiento por tres razones: 1) tener un empleo remunerado en la Planta Ensambladora; 2) su vida cotidiana giraba en torno al cultivo de maíz, fríjol, hortalizas, frutas, café, cría y engorde de aves de traspatio, ganado bovino y porcino, actividades que se ubicaban en las localidades originales; y 3) la CRS proporcionó a las familias agua entubada, drenaje y energía eléctrica, además, la posibilidad de recibir atención médica e instrucción escolar, desde el preescolar hasta el bachillerato.

Por otro lado, este comportamiento se expresa por las prácticas clientelares que históricamente han estructurado la forma de repartir los recursos gubernamentales en ese municipio. Diversos autores definen las relaciones clientelares como el intercambio asimétrico entre dos actores con diferente grado de poder. El más poderoso cambia bienes, servicios y protección, mediante su función política, por votos, lealtad y obediencia (González 1997, 23; Moreno 1995, 194; Schrôter 2010).

En el plano político SP tenía dos grupos partidistas, la Alianza, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática —en adelante, PRD—, el Partido del Trabajo (PT), el Partido Convergencia (pc) y el Partido Orgullo por Chiapas (POCH); y en contraposición a este grupo estaba la coalición Compromiso por Chiapas integrada por el Partido Revolucionario Institucional —en adelante, PRI— y el Partido Verde Ecologista de México —en adelante, PVEM—.

En diciembre del 2009, el Presidente de Santiago El Pinar fue notificado de la propuesta CRS. En este acto hizo evidente su franco favoritismo por los simpatizantes del PRD, al que pertenecía. En esa reunión el descontento "entre los otros" no se hizo esperar, los adeptos del PRI exigieron que los beneficios también fueran para ellos (entrevista con Humberto, líder del PRD municipal, 30 de mayo del 2013).

Este favoritismo político hacia la Alianza se hizo evidente en la concesión de las viviendas. La población que abiertamente no manifestaba su simpatía política con ella no recibió vivienda. El caso de Chiquinch'en Los Tulipanes es significativo porque el agente municipal benefició a su familia con cuatro viviendas, pero los priístas de esa localidad no recibieron casa y lo mismo sería para todos los afiliados al PRI.

En Boquem, la situación fue distinta porque el Delegado de la CRS es originario de esa localidad. él se adscribía abiertamente al PRI, y por el cargo que ostentaba buscó que catorce familias recibieran vivienda, pero no buscó beneficiar a familias de otras localidades que también eran priístas. Un habitante de Chiquinch'en Los Tulipanes expresó su descontento, preguntándose "por qué los priístas de Boquem sí recibieron casas y nosotros, siendo del mismo partido no recibimos" (entrevista con Gustavo, habitante intermitente de Chiquinch'en Los Tulipanes, 30 de mayo del 2013).

Tanto en Boquem como en Chiquinch'en Los Tulipanes las autoridades locales buscaron beneficiar a sus familias e ignoraron los requisitos que se hicieron explícitos para asignar las viviendas. La misma tónica se presentó con los empleos de la Planta Ensambladora, la intervención de los líderes políticos del PRI—PVEM fue decisiva en la distribución de los cargos y en definir a la población que podía tener un empleo remunerado.

Esta información muestra que el comportamiento de los "intermitentes" estuvo relacionado con prácticas clientelares, es decir, los líderes políticos entregaron un recurso público a cambio de votos y gratitud de la población, la cual acepta y usa de manera alterna estos recursos debido a que los consideran estratégicos para su reproducción social, pero ello no los obligó a trasladarse definitivamente a las viviendas de la ciudad.

Población con vivienda remodelada

Estas familias aceptaron la vivienda que se entregó con la CRS pero ello no modificó sus prácticas cotidianas. En estos habitantes no existe una significativa disminución en la producción de traspatio y del café. Lo que fue evidente es que su decisión por habitar la CRS tenía que ver con las prácticas paternalistas de recibir apoyos económicos o bienes materiales que no contribuían a mejorar su condición de vida.

En las viviendas remodeladas ninguna familia se instaló, los motivos fueron: "[...] es una construcción muy fría y únicamente la uso como dormitorio; los espacios son muy reducidos la utilizo como bodega; la rento para obtener un ingreso [a profesores y médicos] [...]" (entrevistas con habitantes de Pechultón, 30 de mayo del 2013), el arrendamiento mensual es, en promedio, $1.500 (mil quinientos 00/100 MXN).

Las nuevas construcciones no han sido ocupadas, sin embargo, la población sí realizó modificaciones en su cocina anterior con el propósito de continuar con sus prácticas productivas y alimenticias.

En SP, las prácticas paternalistas, clientelares y forma de vivir históricamente son la justificación para que los pobladores no usen las viviendas. Esto debido a que la propuesta gubernamental no atendió a las necesidades básicas de los pobladores que aceptaron la casa más por beneficio económico y no por mejorar su condición de vida.

Conclusiones

Este artículo se centra en analizar las respuestas de los pobladores a la propuesta CRS, donde sobresalen dos aspectos: primero, la forma de responder de la ciudad son acuerdos del grupo familiar que se construyen en su vida cotidiana; y segundo, los comportamientos se justifican con las prácticas históricamente construidas, donde las familias han satisfecho sus necesidades de alimentación, vestimenta, servicios de salud y educación.

La construcción histórica y la especificidad de las prácticas cotidianas fueron relevantes para las diferentes respuestas en las dos CRS. En Nuevo Juan de Grijalva los pobladores habían tenido experiencias de reacomodo, ello hizo que aceptaran con mayor facilidad el traslado. En el caso de Santiago El Pinar, los comportamientos fueron en su mayoría resistirse al traslado, lo cual estuvo reforzado por la falta de transporte público y accesibilidad de algunas localidades.

La tipología del actuar social es útil para identificar cómo las prácticas cotidianas y los hechos históricos condicionan la aceptación o rechazo a la acción gubernamental.

En el caso de ambas ciudades, los elementos que determinaron las respuestas de los habitantes fueron: 1) adquisición o incremento de una propiedad; 2) el emplearse en alguno de los proyectos de la CRS; 3) la disposición de la tierra para continuar con sus actividades económicas de reproducción; 4) la ocupación de cargos de representación popular; y 5) el acceso a servicios educativos y de salud.

En resumen, el proyecto CRS no logró un reasentamiento y concentración de la población en la ciudad, tampoco cambió la forma en que vivían los habitantes en sus comunidades. Contrario a ello, reforzó prácticas clientelares y paternalistas en esos territorios; incrementó el gasto que debe sufragar la población para tener servicios de educación y atención médica; separó los grupos domésticos donde el jefe de familia decide ocuparse como ranchero, jornalero o pescador; y redujo el espacio del solar y con ello la producción de traspatio. Inverso a lo que inicialmente publicitaba el gobierno de Chiapas, los beneficios del proyecto CRS se concentraron en los líderes políticos y locales, así como en los funcionarios de gobierno.

Notas

¹ Este término se usó para referirse a los Corredores Comerciales, Superchiapas, granjas avícolas, procesadora de lácteos, invernaderos de chile habanero, la Sociedad Cooperativa Ensambladora —en adelante, Planta Ensambladora—, entre otros.

² En estudios previos se ha entendido como la población que experimenta un proceso de desplazamiento de su lugar de origen y una rehabilitación de su medio de vida y organización socioeconómica, es un traslado que se ha considerado como involuntario (Barabás y Bartolomé 1992; Cernea 1988; Scudder 1995).

³ En otros estudios se les ha denominado así a quienes no aceptan el traslado promovido por los funcionarios de gobierno y se "resisten". Estos continúan viviendo en sus antiguas moradas para reducir el desajuste económico que causa el traslado a otro territorio (Cuevas Muñiz y Seefoó Luján 2005).

⁴ Es la población que usa de manera alterna los espacios de la CRS y la vivienda antigua.

⁵ Son pobladores que por un tiempo utilizan los espacios de la CRS, pero después, vuelven a las antiguas localidades y ahí realizan sus actividades de reproducción social.

⁶ Es población que permitió acciones de "remodelación" como ampliar un espacio de su casa o instalar un sanitario en su solar.

⁷ Los campamentos solidarios fue el nombre que los funcionarios de Gobierno dieron a los albergues, donde vivieron los pobladores por más de dos años, tiempo en que tuvieron un empleo temporal mientras se construía la CRS. Cumplir con este requisito fue una condición para recibir una nueva vivienda y un proyecto productivo una vez construida la ciudad de NJG.

⁸ Esta fue una iniciativa del Gobierno de Felipe Calderón que tenía como objetivo incentivar el desarrollo de los 125 municipios considerados con mayor problemática social. Para ello, realizaban acciones en seis campos: educación, salud, actividades productivas, infraestructura, vivienda y protección de los recursos naturales (Gobierno Federal de México 2010).

⁹ El sistema agrícola hace referencia al denominado "roza, tumba y quema" que se consideraba como dañino para el medio ambiente por el impacto negativo que tiene en la erosión del suelo. Este se relacionó con el derrumbe ocurrido en Ostuacán en el 2007.

¹⁰ En México, se usa este término para hacer referencia a las carencias de espacio en la vivienda, y la sobre ocupación de personas en esta. Se considera que más de dos ocupantes por cuarto es una condición de hacinamiento (CONAPO 2010).

¹¹ Es una expresión utilizada en las localidades para referirse a la permanencia en que los hombres están en la parcela, se van al lugar de trabajo el lunes por la mañana y regresan a su vivienda el sábado por la tarde.

¹² Para más información de la remunicipalización que promovió Albores Guillén en Chiapas en 1996, revisar a Leyva y Burguete 2007 y a Vargas 2006.

¹³ Se usa este término para referirse a la presentación de la primera casa construida en la ciudad, este era un momento importante para la población debido a que conocían los materiales y espacios de la vivienda, y podían solicitar cambios. Sin embargo, para las autoridades municipales y estatales era una forma de legitimar la edificación.

Referencias

Agenda Chiapas - ONU. 2009. Combate a la dispersión para erradicar la pobreza Villas Rurales. Tuxtla Gutiérrez: Gobierno del estado de Chiapas.         [ Links ]

Barabás, Alicia, y Miguel Bartolomé. 1992. "Antropología y relocalizaciones." Alteridades 4:5-15.         [ Links ]

Berger, Peter, y Thomas Luckmann. 1968. La construcción social de la realidad. Argentina: Amorrortu.         [ Links ]

Bobbio, Norberto, Nicola Matteucci, y Gianfranco Pasquino. 1991. Diccionario de política. México D.F.: Siglo XXI.         [ Links ]

Briones, Fernando. 2010. "Inundados, reubicados y olvidados: traslado del riesgo de desastres en Motozintla, Chiapas." Revista de Ingeniería 31:132-144.         [ Links ]

CEDES (Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas). 2008. Ciudades Rurales Sustentables: referentes para la formulación del Plan Maestro. Tuxtla Gutiérrez : CEDES - UNACH.         [ Links ]

Cernea, Michael. 1988. Involuntary Resettlement in Development Proyect: Policy Guildelines in World Bank - Financed Proyects. Washington: The World Bank. doi: 10.1596/0-8213-1036-4.         [ Links ]

Cernea, Michael. 1995a. "El conocimiento de las ciencias sociales y las políticas y los Proyectos de Desarrollo." En Primero la gente: variables sociológicas en el desarrollo rural, editado por Michael Cernea, 25-77. México: Fondo de Cultura Económica.         [ Links ]

Cernea, Michael. 1995b. "El reasentamiento involuntario: la investigación social, política y la planificación." En Primero la gente. Variables sociológicas en el desarrollo rural, editado por Michael Cernea, 224-253. México: Fondo de Cultura Económica.         [ Links ]

Cernea, Michael. 1999. The Economics of Involuntary Resettlement: Questions and Challenges. Washington: The World Bank.         [ Links ]

CEIEG (Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Chiapas). 2010. "Comportamiento de los 28 municipios con menor IDH del 2005-2010." Consultado el 27 de enero de 2013. http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/wp-content/uploads/downloads/productosdgei/info_estadistica/28MMIDH_2005-2010_ODM.pdf.         [ Links ]

CONAPO (Consejo Nacional de Población). 2005. "Índice de marginación a nivel localidad 2005." Consultado el 25 de junio de 2012. http://www.google.com.mx/#hl=es-419&tbo=d&output=search&sclient=psy-ab&q=conapo+2005 &oq=conapo+2005&gs_l=hp.3..0l2j0i30l2.1140.3090.0.3478.11.10.0.1.1.0.240.1991.0j7j3.10.0...0.0...1c.1.2.hp.kapLtQhCs Ww&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42261806,d.cGE&fp=e141508f52e32d2d&biw=1054&bih=860        [ Links ]

CONAPO. 2010. "Anexo C: Metodología de estimación del índice de marginación urbana." Consultado el 17 de mayo de 2016. http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/862/4/images/06_C_AGEB.pdf.         [ Links ]

Crónica.com.mx. 2010. "Con la nueva Ciudad Rural Sustentable, Santiago El Pinar, en Chiapas cambiará su realidad." 1 de septiembre. Consultado el 22 de abril de 2014. http://www.cronica.com.mx/notas/2010/479806.html.         [ Links ]

Cuevas Muñiz, Alicia, y José Luis Seefoó Luján. 2005. "Reubicación y desarticulación de La Yerbabuena: entre el riesgo volcánico y la vulnerabilidad política." Desacatos 19:41-70.         [ Links ]

Giddens, Anthony. 1995. "Tiempo, espacio y regionalización." En La constitución de la sociedad: bases para la teoría de la estructuración, editado por Anthony Giddens, 143-175. Buenos Aires: Amorrortu.         [ Links ]

Gobierno del estado de Chiapas. 2008. "Eje 2: desarrollo social y combate a la desigualdad." Consultado 26 de noviembre de 2012. http://www.haciendachiapas.gob.mx/planeacion/Informacion/Programacion_Sectorial/Plan_Desarrollo/PDF/PDF_5EJE%202_DESARROLLOSOCIAL.PDF.         [ Links ]

Gobierno de estado de Chiapas. 2009. Diagnóstico de Santiago El Pinar. Tuxtla Gutiérrez : Secretaría de Infraestructura.         [ Links ]

Gobierno del estado de Chiapas. 2010. "Programa de Ciudades Rurales en Chiapas". Consultado el 2 de marzo de 2010. http://www.ciudadesrurales.chiapas.gob.mx.         [ Links ]

Gobierno del estado de Chiapas. 2014. "Ubicación." Consultado el 8 de abril del 2014. http://www.chiapas.gob.mx/ubicacion.         [ Links ]

Gobierno Federal de México. 2010. "Estrategia 100 x 100." Consultado el 6 de agosto de 2014. http://www.estrategia100x100.gob.mx/interna2.php.         [ Links ]

González, José. 1997. El clientelismo político: perspectiva socioantropológica. Barcelona: Anthropos.         [ Links ]

Hâgerstand, Torsten. 1991. "¿Qué hay acerca de las personas en la ciencia regional?" Serie Geográfica 1:93-110.         [ Links ]

Heller, Ágnes. 1982. La revolución de la vida cotidiana. Barcelona: Península.         [ Links ]

Heller, Ágnes. 1987. Sociología de la vida cotidiana. Barcelona: Península.         [ Links ]

Honorable Congreso del estado de Chiapas. 2008. "Ley de Ciudades Rurales Sustentables para el estado de Chiapas." Consultado el 17 de abril del 2012. http://www.consejeriajuridica.chiapas.gob.mx/marcojuridico/ley/LEY%20DE%20CIUDADES%20RURALES%20SUSTENTABLES%20PARA%20EL%20ESTADO%20DE%20CHIAPAS.pdf.         [ Links ]

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geográfia). 2005. "Censo y conteo de población y vivienda." Consultado el 2 de agosto de 2012. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/default.aspx.         [ Links ]        [ Links ]

INEGI. 2010b. "División municipal de Chiapas." Consultado el 19 de marzo de 2014. http://www.cuentame.inegi.org.mx/mapas/pdf/entidades/div_municipal/chismpios.pdf.         [ Links ]

Jiménez, Eric O., y Gema Verduzco Chirino. 2009. "La sintaxis espacial de la vida doméstica: una comparacion urbano-rural." La Palapa 4 (2): 45-52.         [ Links ]

Latouche, Serge. 2007. Sobrevivir al desarrollo: de la descolonización del imaginario económico a la construcción de sociedad alternativa. Barcelona: Icaria.         [ Links ]

Leyva S., Xóchitl, y Araceli Burguete. 2007. La remunicipalización de Chiapas: lo político y la política en tiempos de contrainsurgencia. México: CIESAS, Miguel ángel Porrúa.         [ Links ]

Lindón, Alicia. 2006. "Geografía de la vida cotidiana." En Tratado de geografía humana, editado por Daniel Hiernaux y Alicia Lindón, 356-401. México: Anthropos.         [ Links ]

Max-Neef, Manfred, Antonio Elizalde, y Martin Hopenhayn. 1986. Desarrollo a escala humana una opción para el futuro. Santiago de Chile: Biblioteca CF+S.         [ Links ]

Moreno, Javier. 1995. "Teoría del clientelismo y estudio de la política caciquil." Nueva época 89:191-224.         [ Links ]

Nussbaum, Martha. 2002. "En defensa de los valores universales." En Las mujeres y el desarrollo humano: el enfoque de las capacidades, editado por Martha Nussbaum, 127-128. Barcelona: Herder.         [ Links ]

PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo). 2009. "Indicadores de desarrollo humano y género de México 2000-2005." Consultado el 27 de enero de 2013. http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/Chiapas.pdf.         [ Links ]

RAE (Real Academia Española). 2014. "Relaciones paternalistas." Consultado el 7 de julio de 2016. http://lema.rae.es/drae/?val=paternalismo.         [ Links ]

Rapoport, Amos. 1969. House form and Culture. Estados Unidos: Prentice-Hall.         [ Links ]

Robinson, Scott. 1989. "El reacomodo de población a raíz de obras hidroeléctricas e hidráulicas." Alteridades 139-152.         [ Links ]

Schrôter, Bárbara. 2010. "Clientelismo político: ¿existe el fantasma y cómo se viste?" Revista Mexicana de Sociología 72 (1): 141-175.         [ Links ]

Schütz, Alfred. 1962. El problema de la realidad social. Buenos Aires: Amorrortu.         [ Links ]

Scudder, Thayer. 1995. "Un marco sociológico para el análisis de la colonización de nuevas tierras." En Primero la gente: variables sociológicas en el desarrollo rural, editado por Michael Cernea, 180-123. México D.F.: FCE.         [ Links ]

Secretaría de Hacienda. 2009. "Plan de recuperación: zona afectada por el frente frío 2,4 y del derrumbe en la comunidad Juan de Grijalva, Chiapas, México." Consultado el 23 de junio de 2012. http://www.haciendachiapas.gob.mx/informacion-interes/manejointegral/informacion/Plan-Recup-FF-2,4.pdf.         [ Links ]

Vargas, Perla. 2006. "Capital social rural: experiencias de organizaciones productoras de café orgánico en Chiapas." Tesis de doctorado en Ciencias Sociales, El Colegio de Michoacán, México.         [ Links ]