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Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía

versión impresa ISSN 0121-215Xversión On-line ISSN 2256-5442

Cuad. Geogr. Rev. Colomb. Geogr. vol.26 no.2 Bogotá jul./dic. 2017

https://doi.org/10.15446/rcdg.v26n2.57461 

Artículos

Medio socioambiental y ecoturismo en la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas (Veracruz, México): una posible nueva alternativa al desarrollo*

Meio socioambiental e ecoturismo na Reserva da Biosfera de Los Tuxtlas (Veracruz, México): uma possível nova alternativa para o desenvolvimento

Socioenvironmental Territory and Ecotourism in the Tuxtlas Biosphere Reserve (Veracruz, Mexico): A Possible New Alternative to Development

Jesús Moreno Arriba** 

** Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid - España. Dirección postal: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Edificio de Humanidades, Paseo Senda del Rey, 7, 28040, Madrid, España. Correo electrónico: jmoreno326@alumno.uned.es/jmorenoarriba@hotmail.com. ORCID: 0000-0001-5179-9375.


Resumen

Desde un enfoque de trabajo transdisciplinar que conjuga métodos y técnicas característicos de la investigación geográfica y antropológica (geoantropología), en este artículo se ha constatado, documentado y analizado un proyecto no gubernamental de prácticas socioespaciales alternativas para la gestión de recursos ecoturísticos en la región de Los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta (Veracruz, México). Frente al modelo de desarrollo productivista y paternalista de las políticas públicas mexicanas y veracruzanas -que ha originado un grave deterioro del medio socioambiental-, estas experiencias, emanadas del ambientalismo social mexicano, se presentan como ejemplos de buenas prácticas para construir un nuevo modelo de desarrollo capaz de contribuir al mejoramiento de la precaria situación actual -ecológica, demográfica y socioeconómica- de las comunidades indígenas campesinas.

Palabras clave: alternativas al desarrollo; ecoturismo; México; población indígena; recursos naturales

Resumo

A partir de uma abordagem de trabalho transdisciplinar, que conjuga métodos e técnicas característicos da pesquisa geográfica e antropológica (geoantropologia), neste artigo, foi constatado, documentado e analisado um projeto não governamental de práticas socioespaciais alternativas para a gestão de recursos de ecoturismo na região de Los Tuxtlas e da Serra de Santa Marta (Veracruz, México). Diante do modelo de desenvolvimento produtivista e paternalista das políticas públicas mexicanas e de Veracruz -que tem originado uma grave deterioração do meio socioambiental-, essas experiências, provindas do ambientalismo social mexicano, são apresentadas como exemplos de boas práticas para construir um novo modelo de desenvolvimento capaz de contribuir para melhorar a precária situação atual -ecológica, demográfica e socioeconômica- das comunidades indígenas camponesas.

Palavras-chave: alternativas para o desenvolvimento; ecoturismo; México; população indígena; recursos naturais

Abstract

From a transdisciplinary approach that combines methods and techniques typical of geographic and anthropological research (“Geo-Anthropology”), this article evidences, documents and analyzes a nongovernmental project of alternative socio-spatial practices in the management of ecotourism resources in the region of Los Tuxtlas and the Sierra de Santa Marta (Veracruz, Mexico). Against the productivist and paternalistic development model of the Mexican and Veracruz governments that has led to a serious deterioration of the socio-environmental territory, these experiences, emanating from Mexican Social Environmentalism, are presented as an example of good practices to build a new model of development capable of helping improve the precarious current situation -ecological, demographic and socioeconomic- of peasant indigenous communities.

Keywords: alternatives to development; ecotourism; Mexico; indigenous population; natural resources

Introducción

En la Sierra de Santa Marta -territorio montañoso tropical situado dentro del ámbito geográfico, histórico y cultural de la región de Los Tuxtlas, en el sureste del Estado de Veracruz, en México-, la forma corporativa y clientelar de gestionar los recursos destinados al desarrollo durante décadas de intervenciones de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, operadores políticos y agentes externos diversos, ha tenido efectos específicos sobre el tipo de relación que se establece entre estos, la población local y el manejo y gestión de los recursos naturales. En particular, la actuación de diversas instituciones gubernamentales -estatales y federales-, ha dejado como secuela actitudes de dependencia que son el resultado de un asistencialismo y/o paternalismo exacerbados.

A su vez, este modelo de desarrollo ha producido simultáneamente un grave deterioro de los medios socioambiental, socionatural, socioecológico, ecosocial y ecocultural; teniendo efectos muy profundos en las estructuras del mundo rural, al inducir una evolución dual del sector agropecuario que genera fuertes disparidades territoriales y sociales. En gran parte, todo ello es consecuencia de formas corporativas y clientelares de utilizar los recursos destinados al desarrollo.1

En este sentido, para una somera, pero necesaria aproximación al origen y desarrollo de estas políticas paternalistas y/o asistencialistas en México, en general, y en el Estado de Veracruz en particular, se debe hacer un retroceso muy abreviadamente al momento en que, desde finales de la Revolución Mexicana (1910-1917-1920), emergen las políticas públicas/gubernamentales de los gobiernos federal mexicano, y estatal veracruzano, para el desarrollo del agro en el medio rural.

Así, las distintas intervenciones políticas, económicas y legislativas del gobierno posrevolucionario mexicano en materia agraria han estado intrínsecamente ligadas a la construcción del modelo de estado-nación en México. También han estado vinculadas a la gestión de la diversidad étnica y cultural con el indigenismo integracionista -traducción ideológica y biopolítica del llamado “problema indígena”- en tanto que política de gobierno y principal herramienta estratégica del Estado para construir una “solución”, asimilando e integrando a los pueblos amerindios a la vida, la cultura y los supuestos beneficios de la sociedad-nación mexicana hegemónica y homogeneizante.

En cumplimiento de esta política, las acciones llevadas a cabo por el gobierno se tradujeron en toda una serie de reformas jurídicas e institucionales decimonónicas, que aspiraban a generar una nación unitaria y homogénea en donde la “cuestión agraria” constituyó un vector central. De esta forma, es necesario considerar en qué medida los gobiernos federales y estatales han intervenido en la economía rural agraria, a través de la aplicación de políticas proteccionistas, la construcción de infraestructura productiva y la provisión de subsidios.

El enfoque principal debe estar puesto en las políticas directamente relacionadas con el ámbito rural indígena campesino -incluyendo las que tienen que ver con la reforma agraria, las políticas indígenas y las políticas agrarias para combatir la pobreza rural-, las cuales en mayor o menor medida han tenido una incidencia trascendental en la construcción de la actual realidad ecológica, demográfica, económica y sociopolítica del área de referencia empírica en la que se sustenta este trabajo de investigación, la región de Los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta, en el sureste del Estado de Veracruz.

Conforme a Agüero R. y León Fuentes (2010, 195) , el Plan Sexenal del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) contenía una visión político-social del campo que ponía énfasis en el fraccionamiento de los grandes latifundios en poder de unas cuantas familias, y en la redistribución de la tierra bajo las modalidades de ejidos y de pequeñas propiedades. De esta manera, el reparto agrario durante el cardenismo se convirtió en el principal programa de acción política para resarcir las condiciones de inequidad en el campo y las demandas históricas étnicas y comunitarias, las cuales habían llevado al campesinado a involucrarse en la gesta revolucionaria. Las tierras entregadas, principalmente bajo la forma de dotación o restitución, fueron más de 20 millones de hectáreas en todo México, beneficiando a 771.640 pequeños campesinos.

Sin embargo, a partir de 1940, los gobiernos posteriores al cardenista le dieron un giro sustantivo a la política agraria. Así, ya durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho (1940-1946) se redujo de manera considerable el reparto ejidal y se priorizó la consolidación de la mediana y gran propiedad. Una de sus principales acciones fue impulsar el reparto de tierras con el programa Marcha hacia el Mar, aprovechando las feraces tierras de la costa veracruzana y el sureste mexicano. De este modo, dichas regiones se convirtieron en fuertes receptoras de la colonización masiva producto de este programa: lo cual indica que se privilegió el reparto de terrenos federales y terrenos baldíos, más que la compra o afectación de la gran propiedad territorial.

En general, según los propios Agüero R. y León Fuentes (2010, 194-195) , en los sucesivos periodos poscardenistas, la grande y mediana propiedad fueron escasamente desarticuladas a partir de la reforma agraria. Es más, las mejores tierras de labor, las áreas ganaderas y las grandes zonas de irrigación quedaron amparadas bajo protección legal; entre ellas las regiones agrícolas y pecuarias más adelantadas, localizadas en el norte y noreste del país, así como en la región del Golfo de México. En estos lugares, la revolución verde marcó la modernización del campo a través de una producción agrícola comercial que se sustentó en la aplicación de insumos agrícolas industriales, fertilizantes y pesticidas, mecanización e irrigación, entre otros, con el consecuente aumento de la productividad.

De esta manera se amplió considerablemente la franja agrícola y se respondió a la fuerte presión por tierras de los grupos indígenas desplazados y viejos peticionarios de tierra en el estado y el país. Si bien la colonización resolvía un problema social, no se tomó en cuenta el efecto devastador sobre los ecosistemas y la deforestación, consecuencias del impulso que se le dio a una agricultura de monocultivo y a la ganadería extensiva.

Simultáneamente, como en otros países de América Latina en esa década, comienzan a surgir en México una serie de políticas cuyas características comunes son el abandono del Estado, la desaparición del crédito campesino, el control de precios e insumos, y una política de subsidio preventivo para reconvertir las tierras de autoconsumo en cultivos de alto rendimiento. Los programas públicos que se crean en estos años como el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos -en adelante, PROCEDE-, el Programa Nacional de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (2002-2014) / Prospera (desde el 2014) (OPORTUNIDADES/PROSPERA), entre otros; son acciones programáticas focalizadas en privatizar paulatinamente al productor. El subsidio está condicionado a la reconversión productiva, de una economía campesina a la de mercado; si bien hay un subsidio de subsistencia para los grupos más vulnerables, estos recursos difícilmente permitirán abandonar las condiciones de pobreza extrema en que se encuentran los grupos campesinos e indígenas mexicanos. En estas circunstancias, la incertidumbre sobre la tierra y la crisis agrícola ha intensificado los procesos migratorios, y ha transformado en las últimas décadas al Estado de Veracruz, el cual pasó de ser históricamente una tierra de inmigración y promisión a una región de emigración.

Al mismo tiempo -de acuerdo con los preceptos de la teoría neoclásica, y en conformidad con las reformas estructurales realizadas en otros sectores de la economía mexicana-, en 1992 el gobierno salinista hizo nuevos y definitivos cambios al Artículo 27 de la Constitución y a la Ley Agraria. Las principales implicaciones de estos cambios fueron las siguientes:

  1. Fin del reparto agrario.

  2. Redefinición de la propiedad pequeña para aprovechar las economías de escala.

  3. Libre entrada de las sociedades mercantiles en la producción agropecuaria.

  4. Posibilidad de arrendar, vender y otorgar en garantía de usufructo (temporal o permanente) las tierras en el sector social, tanto de las tierras ejidales de uso común como de las parceladas.

  5. Empoderamiento de la Asamblea Ejidal en cuanto a las modalidades de privatización del ejido.

Además de efectuar estos cambios constitucionales, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) creó tres nuevas instituciones:

  1. El PROCEDE, programa que pretende dar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra, regularizar los derechos agrarios, resolver los conflictos de límites, y otorgar certificados de propiedad individual a los ejidatarios.

  2. La Procuraduría Agraria, que se encarga ostensiblemente de “la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas” (Artículo 135 de la Ley Agraria); pero en la práctica su principal misión ha sido universalizar el PROCEDE.

  3. Los tribunales agrarios, que tienen la responsabilidad de atender los últimos pendientes del reparto agrario y de resolver los conflictos generados por el PROCEDE.

Dadas estas circunstancias, conforme a Tetrault (2009), la mayoría de los agricultores mexicanos simplemente no pudieron adaptarse a las nuevas condiciones. Para muchos de los pequeños productores, ha sido más redituable rentar o vender sus parcelas y migrar a otras ciudades -e incluso a los Estados Unidos- en busca de trabajo. De esta manera, por primera vez desde la Revolución Mexicana, se puede observar una concentración de tierras y de actividades agropecuarias en un número cada vez menor de productores. Además, los productores y empresas que rentan tierras son impulsados por el mercado a aprovecharlas al máximo durante el periodo del contrato; y, por lo tanto, tienden a sobreexplotarlas, contribuyendo así a la degradación de los recursos naturales en el medio rural mexicano en general, y en el veracruzano en particular.

No obstante, convergiendo plenamente con los planteamientos de Korsbaek y Sámano-Rentería (2007, 218-219) , se puede afirmar que el indigenismo ahora, en momentos de neoliberalismo y globalización, está obrando bajo condiciones que son profundamente diferentes a las del nacionalismo mexicano (y otros nacionalismos), y que los indígenas en estas circunstancias tienen toda la libertad para formular su propio indigenismo -lo que en gran medida empezaron a hacer con la Revolución Zapatista en 1994-.

En este sentido, en la actualidad el neoindigenismo es tanto un reflejo del abandono del gobierno de sus obligaciones formuladas bajo el concepto de justicia social, como una polarización con su contrapartida de indigenismo militante por parte de los indígenas mismos. En definitiva, la cuestión no radica en que el gobierno haya cambiado de orientación, sino en que la misma lógica del neoliberalismo excluye la posibilidad de llevar a cabo un indigenismo como fue percibido y planeado bajo las condiciones de un proyecto nacional paternalista y/o asistencialista.

No obstante, en esta etapa del neoindigenismo se continúan desarrollando viejas prácticas indigenistas, como por ejemplo el asistencialismo y el paternalismo, que ahora es denominado “desarrollo de los pueblos indígenas”. Sin embargo, como corroboran los dos autores citados más arriba (Korsbaek y Sámano-Rentería 2007, 195) , a pesar del “gobierno del cambio”, la situación de los pueblos indígenas poco o nada ha cambiado. No obstante, en contraparte ha surgido un indigenismo propio de los actores sociales, los pueblos originarios, quienes hacen una serie de reclamos y demandas propias, como por la autonomía ante la globalización y el neoliberalismo.

Conjuntamente, en las dos últimas centurias las políticas públicas/gubernamentales mexicanas, en general, y veracruzanas en particular, han tratado de intervenir en los procesos de desarrollo del medio rural, incluyendo aquellos que tienen que ver con la reforma agraria, fundamentalmente a través de la implementación de programas desarrollistas, proteccionistas, la construcción de infraestructura productiva y la provisión de subsidios. Estos últimos, básicamente buscaban combatir la pobreza rural en general, y particularmente la indígena campesina, bajo un enfoque claramente asistencialista y/o paternalista.

Pero, sin lugar a dudas -y una vez más se coincide plenamente con las conclusiones a las que también han llegado en su estudio Korsbaek y Sámano-Rentería (2007, 216) -, es un hecho evidente que el legado de la trayectoria de más de cincuenta años de indigenismo institucional, en sus fases integracionista y desarrollista es, en lo económico pobreza, y en lo político marginación, dos procesos evidentes que vienen a constituir el marco dentro del cual se tiene que construir un nuevo indigenismo.

De este modo, es necesario, por un lado, en el ámbito económico, erradicar la pobreza y superar el asistencialismo que ha caracterizado al Estado mexicano, promoviendo el desarrollo propio de los indígenas. En lo político, por otro, es necesario erradicar la marginación y el paternalismo de Estado, permitiéndoles ser a los pueblos indígenas, con su propia identidad y sus formas de gobierno y autonomía.

En este sentido, resulta de gran relevancia y trascendencia darse cuenta de que los indígenas no están solos en esta situación de miseria económica y marginación política,

[…] pues los mismos veinte años fatales, de 1982 a 2003, han dejado a la mayoría del pueblo mexicano en la misma situación de mantenerse al margen del desarrollo, por el contrario, hay pocas esperanzas de que su situación mejore bajo el neoliberalismo. (Korsbaek y Sámano-Rentería 2007, 216)

Es más, como señala López Bárcenas:

Nada de programas de desarrollo en donde los pueblos indígenas tengan una participación efectiva. Kafka sigue presente entre los pueblos indígenas. Mientras estos exigen derechos, desde el poder le ofrecen políticas de subsistencia, para que no se mueran de hambre. (2005)

Además, como apuntan Léonard y Foyer (2011, 20-24) , entre mediados de la década de los años ochenta y principios del siglo XXI, las políticas rurales mexicanas pasaron por una fase de reformulación radical, la cual tuvo que ver al mismo tiempo con su orientación general, su contenido y sus formas de elaboración e instrumentación. De esta forma, como se indicaba con anterioridad, después de un largo periodo de desarrollo autocentrado y de la intervención estatal dominante en los mercados -el cual se extendió durante medio siglo y culminó con la crisis del petróleo de los primeros años de la década de los setenta-, sucedió una fase de repliegue brutal del dispositivo público, de promoción del sector privado y de inserción competitiva en los mercados internacionales, que fue coronada en 1994 por la ratificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Este modelo público de desarrollo ha producido un extraordinario deterioro de los medios ecocultural, ecosocial, socioecológico, socionatural, socioambiental; y de la excelsa biodiversidad original de los territorios tropicales mexicanos. Conjuntamente ha tenido efectos profundos y graves en las estructuras del medio rural, al inducir una evolución dual del sector agropecuario, que ha generado fuertes disparidades territoriales y sociales en gran parte del territorio nacional.

Las brechas de productividad y de desarrollo se profundizaron entre una franja de agricultura integrada a los mercados y -como es el caso predominante en Los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta-, un sector mayoritario de hogares campesinos, en su mayoría indígenas, cuyo porvenir está limitado por la evolución de los mercados de trabajo y de las políticas sociales.

Este sector de pequeña agricultura familiar, marginalmente integrada a las cadenas agroindustriales, aparece como la principal víctima de las políticas públicas de liberalización vigentes desde hace más de dos decenios. Pero las raíces de su marginación, como las de la enorme degradación ambiental, se remontan a las opciones tecnológicas y de asignación de los apoyos públicos que fueron adoptadas hacia mediados del siglo xx. Sin embargo, la ola de ajustes estructurales y cuestionamientos del papel del Estado, que llevó a redefinir las formas de acción pública en el curso de los años ochenta, no afectó de manera alguna a las premisas productivistas del modelo de desarrollo rural preexistente.

Posteriormente, como aseveran Léonard y Foyer (2011, 21) , a contracorriente de esta evolución del modelo de desarrollo fundamentado en el crecimiento económico y el incremento de los niveles de productividad -ya criticado desde los años setenta en los trabajos del Club de Roma, a raíz de la toma de conciencia del carácter limitado de los recursos naturales con los que cuenta la humanidad-, en México el 2001 marcó una nueva pauta en el diseño de las políticas rurales, con la promulgación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS). Esta ley establecía un nuevo marco de organización de la acción pública, asignándole nuevos objetivos y haciendo del desarrollo sustentable una herramienta para la integración y coordinación de las acciones emprendidas por las diferentes dependencias federales y estatales, las administraciones municipales y los actores de la sociedad civil y del sector privado.

En definitiva, pese a que hace aproximadamente tres lustros que el paradigma de la sustentabilidad del desarrollo está incorporado en las políticas públicas rurales mexicanas, las condiciones de vida y de producción de un sector mayoritario del campo -en el cual se inserta la región de Los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta-, no han mostrado una mejoría significativa.

Por el contrario, pareciera que la visión desarrollista y productivista que domina la política agropecuaria desde hace décadas, no ha dejado de favorecer a un segmento de productores, fortaleciendo las desigualdades en materia de ingresos y ampliando las disparidades productivas en las regiones que componen el país, además de prolongar el desastre socioambiental y ecocultural del medio rural.

El desarrollo rural integrado y sustentable en la praxis del ambientalismo social mexicano: la sustentabilidad integral

No obstante, los mismos Léonard y Foyer (2011, 182) advierten que, más allá de las nuevas instituciones ambientales nacionales y de su creación bajo influencia internacional, se ha podido identificar otra fuente del surgimiento y la formulación del desarrollo sustentable en lo que se denomina “ambientalismo social mexicano”. Este se ha manifestado tanto en algunas corrientes de pensamiento propiamente mexicanas, como en la puesta en práctica de experiencias originales y precursoras que contribuirán a diseñar algunas normas de los futuros programas comunitarios de desarrollo rural.

El ambientalismo social mexicano -menos institucional y procedente ante todo de la sociedad civil, en la confluencia de los medios universitarios, de iniciativas militantes y de las comunidades locales-, representa sin duda la contribución más original de México a las diversas praxis del desarrollo sustentable. Por eso mismo se puede hablar de México como un laboratorio de ideas en torno al desarrollo sustentable, pues es donde se han diseñado algunas representaciones y prácticas propias de un desarrollo con alcances integrales, sustentables e interculturales, como es el caso de las que se están produciendo en la región de Los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta a partir de los años noventa del siglo XX., tal y como esta investigación ha constatado.

En este marco, sin aludir explícitamente al desarrollo sustentable, algunos pensadores mexicanos prepararon el terreno para la articulación de las cuestiones productivas, sociales y ambientales en diversos campos. Ello marcó a generaciones de universitarios que posteriormente participarían en el ambientalismo social y que, en muchos sentidos, serían portadores del concepto de sustentabilidad integral.

La noción de sustentabilidad integral adoptada desde el ambientalismo social mexicano, y asumida en este artículo de investigación, debe impulsar nuevos modos de organización social, nuevos tipos vida; debe ser un sustantivo y no un adjetivo que califique al desarrollo o a cualquier otro modelo existente. No se trata de una vuelta al pasado, sino de la construcción de futuros alternativos. Desde esta perspectiva, en este trabajo se entiende por sustentabilidad integral:

Un compromiso efectivo de contribuir a la conformación de una nueva etapa civilizatoria, basada en el conocimiento, que armonice la vida de los seres humanos consigo mismos y entre sí, que promueva el desarrollo socioeconómico con equidad y practique una actitud respetuosa del medio ambiente para conservar en el largo plazo la vitalidad y diversidad de nuestro planeta [...] como un conjunto de relaciones entre sistemas (naturales y sociales), dinámica de procesos (energía, materia e información) y escalas de valores (ideas, ética, etc.) (Jiménez Herrero 2000, 109)

La pertenencia de la mayoría de los científicos de esta escuela a la comunidad científica de las ciencias naturales no les impide adoptar cierta perspectiva política, con aspiraciones de lograr devolverles los conocimientos tradicionales a las comunidades, desde una óptica participativa. Así, sobre la base de una agricultura campesina nutrida por conceptos agroecológicos, se generó toda una serie de experiencias productivas promovidas por centros de investigación y organizaciones no gubernamentales -en adelante, ONG-, realizadas en el ámbito local de las comunidades rurales. En el presente manuscrito, la Sierra de Santa Marta, situada dentro de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas -en adelante, RBLT- aparece como un buen ejemplo de ello.

En este contexto, en la región de Los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta surge un actor que marcará un hito en el terreno del desarrollo rural comunitario. La constitución en 1993 de la asociación civil Proyecto Sierra de Santa Marta, A.C. -en adelante, PSSM- ha marcado, en efecto, el surgimiento en la esfera local de una nueva generación de ONG vinculadas con el movimiento del ambientalismo social mexicano.

Estos actores de un ambientalismo social -que se afirma en la década de los noventa y al que se vinculan el PSSM y los proyectos que de esta organización pionera y nodriza han ido emanando paulatinamente en la región-, reivindican explícitamente el concepto de sustentabilidad y la articulación integral de las actividades ambientales, productivas y sociales. En el enfoque del desarrollo emergente y alternativo por el que propugna esta nueva generación de ONG civiles, la dimensión medioambiental es fundamental y sirve como eje articulador de las tres dimensiones.

Por su parte, las ONG que intervienen en Los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta, surgidas por el impacto del ambientalismo social mexicano a partir de una iniciativa pionera como el PSSM, han replicado una visión del desarrollo coincidente en gran medida con los principales postulados de estos conceptos y modelos emergentes alternativos. Asimismo, estas nociones teóricas han sido llevadas a la praxis por dichas organizaciones civiles, a través de proyectos basados en el fomento de prácticas como el etnodesarrollo, la participación local, el empoderamiento -con énfasis de género- y la sustentabilidad integral.

Considerando el contexto reseñado en los párrafos precedentes, la investigación que se sintetiza en este artículo ha documentado cómo, a partir de la década de los noventa, varias ONG civiles (PSSM A.C.; Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable A.C. - SENDAS; Desarrollo Comunitario de Los Tuxtlas A.C. - DECOTUX; Comité Intercomunitario de Cooperativas Agroforestales de la Cuenca del Arroyo Texizapa-Huazuntlán - CICATH; Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable A.C. - ENDESU; o la Universidad Veracruzana Intercultural sede regional de Selvas -en adelante, UVI-Selvas-, entre otras) vienen desarrollando una serie de proyectos heterogéneos de gestión de recursos naturales, agrosilvopastoriles, pesqueros y ecoturísticos alternativos en las diversas comunidades indígenas campesinas de la región de Los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta.

Ahora bien, es necesario subrayar la heterogeneidad que existe entre todos estos proyectos alternativos emergentes: 1) en cuanto a su origen; 2) procedencia de sus equipos técnicos; 3) formas y fuentes de financiamiento -muy diversas, y en algunos casos, sospechosas e incluso contradictorias con su lógica fundacional-; y 4) tipos de acercamientos metodológicos, etc.

Además, es evidente que estas experiencias tampoco representan modelos de funcionamiento exentos de incoherencias, contradicciones, conflictos y/o costos ambientales, económicos y socioculturales, como resultado, entre otros, de: 1) el vínculo financiero de algunos de estos proyectos con entidades privadas cuyo compromiso con las prácticas contra-hegemónicas, de(s)coloniales y pos(t)desarrollistas asumidas en este trabajo de investigación, resulta a priori como mínimo dudoso; y 2) los conflictos internos que suceden por el riesgo permanente de cooptación política que experimentan estos proyectos por parte de instancias públicas y de otros proyectos más fuertes que reproducen lógicas capitalistas neoliberales/pos(t)neoliberales.

Sin embargo, tal y como se presenta en el análisis de resultados, las ideas, conceptos, teorías y/o modelos sustentados en los postulados de las nociones emergentes anteriormente citadas -defendidas como principios fundacionales del ambientalismo social mexicano y los nuevos proyectos alternativos en la región de Los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta-, pese a todas sus incoherencias, contradicciones, conflictos y costos, constituyen un ejemplo de buenas prácticas socioecológicas.

Estos proyectos, sin ser ninguna panacea, muestran cierta capacidad para avanzar en la construcción de un modelo de desarrollo integral y sustentable, y tratan de contribuir a la lucha por mejorar, en la justa medida de sus posibilidades y limitaciones -y siempre considerando a los actores locales como sujetos con agencia, iniciativas y acciones propias-, la precaria situación de las comunidades indígenas y campesinas mesoamericanas. Dentro de su diversidad, estas corrientes de pensamiento comparten la idea de que es posible construir puentes y repensar el desarrollo sin renunciar a las propias categorías culturales.

El impacto del ambientalismo social mexicano y los proyectos emergentes de desarrollo en la región de Los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta

Como se anticipaba, las ONG derivadas del PSSM han replicado una visión del desarrollo que parte del análisis de procesos ambientales, económicos y sociopolíticos de forma conjunta (sustentabilidad integral) y del fomento de la participación local para garantizar la perdurabilidad de los procesos socioespaciales, asumiendo una responsabilidad colectiva sobre el uso y gestión de los recursos naturales. Así, en el contexto del surgimiento del ambientalismo social mexicano y el desarrollo comunitario en la región de Los Tuxtlas, la constitución del PSSM tendrá diversos significados:

  1. Este proceso, hasta cierto punto novedoso, podría constituirse como un ejemplo de buenas prácticas para sustentar un modelo emergente de desarrollo más integral, sustentable e intercultural, con capacidad de contribuir a la lucha por mejorar la precaria situación actual -ecológica, demográfica y socioeconómica- de los territorios y poblaciones indígenas campesinos del sureste veracruzano.

  2. La amplia representación en su seno del mundo académico. En estos proyectos participan investigadores procedentes de múltiples disciplinas como la geografía, la antropología, la sociología, la biología, la agronomía o la economía, entre otras. Este enfoque inter-, multi-, y/o trandisciplinario combina las ciencias sociales y las ciencias naturales, características sistemáticas en el ambientalismo social mexicano.

  3. El surgimiento a partir del PSSM de otras ONG y actores de la sociedad civil, que tienen entre sus principales finalidades llevar a cabo una intervención directa y sistemática en las comunidades, para impulsar procesos enfocados hacia la sustentabilidad integral en la región de Los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta.

  4. En su conjunto, estas ONG comparten el objetivo principal de buscar, junto con las comunidades, alternativas agroecológicas para el manejo de los recursos naturales locales, con miras a mejorar las condiciones de vida en el corto plazo y a la vez propiciar la conservación ecocultural a mediano y largo plazo.

  5. Asimismo, entre las estrategias metodológicas seguidas por estas nuevas organizaciones se encuentra la implementación de autodiagnósticos socioambientales y de planeación comunitaria participativos a nivel regional y local sobre el uso y manejo de los recursos naturales, agrosilvopastoriles, pesqueros y ecoturísticos.

  6. También la realización de distintos estudios para la zonificación socioecológica de la región, a partir de diferentes actividades productivas y su relación con los recursos naturales endógenos locales.

  7. La colaboración desarrollada a partir del PSSM entre todas estas nuevas organizaciones, para formar y participar en diversas redes y grupos que comparten un mismo enfoque y una misma metodología de trabajo (véase, entre otras, la Red de Experimentación Campesina, la UVI-Selvas, etc.).

  8. Un staff técnico compartido que circula entre las distintas iniciativas. En ocasiones a través de colaboraciones puntuales, pero siempre al amparo de las concepciones ideológicas y metodológicas del PSSM y el ambientalismo social.

Una nueva forma de entender y repensar el desarrollo: la lógica participativa de las poblaciones locales

Hasta la llegada del ambientalismo social mexicano, en la región de Los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta, históricamente se habían llevado a cabo múltiples procesos gubernamentales que dejaban por fuera a las comunidades locales de las decisiones más importantes que afectaban de forma directa y decisiva a su propio futuro. Tal es el caso de la “[…] práctica errónea y reiterativa de declarar reservas naturales sin la participación local, una vez ocasionados los impactos sociales atribuibles a decisiones autoritarias y unilaterales” (Paré 1999, 4-8, citada en Paré y Lazos 2003, 14). El procedimiento seguido por la RBLT en la misma región, sin un trabajo previo de concertación con la población local, las instituciones de gobierno y las organizaciones civiles, ilustra bien esta idea.

Como indica García Campos (2006, 3-5), este procedimiento es prácticamente idéntico al protocolo para el establecimiento de la mayoría de las Áreas Naturales Protegidas en México -en adelante, ANPs-. En efecto, se trata de una secuencia que implica: la realización de los estudios que justifican la creación del área; el acuerdo entre los gobiernos federal y estatal para su instauración y la publicación del decreto; la instalación de una instancia administrativa de la Reserva y, por último, el anuncio de la creación del área. Bajo este procedimiento se obvian o posponen los aspectos relativos a la concertación con municipios y actores locales, la información detallada a estos, la labor de comunicación social y la planeación participativa de las acciones para el desarrollo del ANP, entre otros aspectos de gran trascendencia socioambiental.

Mientras tanto, el grupo de ambientalistas sociales que opera en la región de Los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta desde 1993, vinculados de una forma u otra al PSSM, comenzarán a conseguir apoyos financieros de diversas agencias, embajadas y grupos internacionales no gubernamentales civiles. Puesto que desde el discurso ambientalista se cuestiona la actividad ganadera bovina extensiva, dichos financiamientos han estado destinados a prácticas alternativas relacionadas con el impulso de las actividades productivas integrales y sustentables de gestión y manejo de recursos naturales, agrosilvopastoriles, pesqueros y -como se presenta en el caso de estudio de este trabajo, expuesto en el análisis de resultados- ecoturísticos.

De acuerdo con Léonard y Foyer (2011, 294-295), a diferencia de las políticas públicas de desarrollo rural sustentable, y a pesar de sus incoherencias, contradicciones, conflictos y costos, las iniciativas de desarrollo comunitario no gubernamentales que parten de la sociedad civil no descienden a lo largo de la cadena institucional desde un centro distante (lógica vertical top-down), sino que están profundamente arraigadas en el tejido social, como es el caso de la muestra de estudio de este trabajo.

En este marco de trabajo, una de las principales preocupaciones de las nuevas ONG en Los Tuxtlas ha girado en torno al carácter de la participación de la población local. Desde su perspectiva, la sustentabilidad de muchos proyectos resulta extremadamente endeble, porque no se logra transformar a los actores locales en sujetos sociales con capacidad de agencia para dirigir su propio proceso de desarrollo.

Para estas ONG alternativas, la construcción de un sujeto social capaz de orientar las acciones que pueden proporcionarle mayor bienestar, implica su propia capacidad de encauzar las aportaciones de los agentes externos o de dialogar con sus propuestas. Todo ello con el objetivo de tratar de impulsar un proceso de desarrollo regional desde adentro. De esta forma, establecer una relación democrática que reconozca a los ciudadanos como tales y no como clientela política virtual constituye un reto muy grande, tanto para el Estado como para la sociedad. En esta relación sigue prevaleciendo el clientelismo, el corporativismo y el verticalismo. Con todo, dichas ONG parecen haber logrado construir un espacio con cierto grado de independencia desde el cual la población denuncia, negocia, reclama, protesta y propone.

Marco teórico-conceptual

El desarrollo como un discurso y sus posibles alternativas

Como afirma Unceta (2012, 39), a lo largo de las últimas décadas la economía del desarrollo y en general los estudios sobre desarrollo, entendidos de manera amplia como el análisis de las condiciones capaces de favorecer el progreso y el bienestar humanos, atraviesan por una crisis. Frente al vigor y la relevancia de los debates que tuvieron lugar durante la segunda mitad del siglo XX, pareciera que en la actualidad estos estudios han ido perdiendo importancia en el ámbito de las ciencias sociales, a diferencia de lo que ocurre con enfoques de corto plazo y/o centrados en el análisis coyuntural de realidades particulares desde un reduccionismo teórico-conceptual y metodológico.

No obstante, la crítica del desarrollo ha establecido una clara distinción entre los usos previos de la palabra “desarrollo” y el que adquirió a partir del 20 de enero de 1949, cuando Harry Truman, -el día de su toma de posesión como presidente de los Estados Unidos de América- acuñó políticamente el término “subdesarrollo”. En su discurso inaugural Truman anunció al mundo entero su concepto de “trato justo”. Un componente esencial de dicho concepto quedaba plasmado en su llamamiento a los Estados Unidos y al mundo para resolver los problemas de las “áreas subdesarrolladas”:

Más de la mitad de la población del mundo vive en condiciones cercanas a la miseria. Su alimentación es inadecuada, es víctima de la enfermedad. Su vida económica es primitiva y está estancada. Su pobreza constituye un obstáculo y una amenaza tanto para ellos como para las áreas más prósperas. Por primera vez en la historia, la humanidad posee el conocimiento y la capacidad para aliviar el sufrimiento de estas gentes[...] Creo que deberíamos poner a disposición de los amantes de la paz los beneficios de nuestro acervo de conocimiento técnico para ayudarlos a lograr sus aspiraciones de una vida mejor [...] Lo que tenemos en mente es un programa de desarrollo basado en los conceptos del trato justo y democrático [...] Producir más es la clave para la paz y la prosperidad. Y la clave para producir más es una aplicación mayor y más vigorosa del conocimiento técnico y científico moderno. (Truman [1949] 1964, citado en Escobar 1998, 19)

Desde entonces se modificaron las connotaciones del desarrollo-subdesarrollo, para asociarlo únicamente con el experimento de la posguerra, surgido de un ejercicio asimétrico, neocolonialista y hegemónico norteamericano. Sin embargo, a partir de los años setenta, las expectativas de un progreso acumulativo, ilimitado y universal implícitas en el antidemocrático paradigma y discurso desarrollista comenzaron a resquebrajarse.

El conjunto de estos marcados fracasos vino a poner de manifiesto que el desarrollo, tal como había sido concebido por sus estrategas al finalizar la Segunda Guerra Mundial, derivó en un fenómeno capaz de empobrecer a personas y sociedades, de generarles graves pérdidas -de capacidades, de identidad, de recursos naturales, etc.-, de restringir derechos y libertades y de provocar nuevos desequilibrios y desigualdades. En definitiva, el modelo de desarrollo oficial había fracasado en buena medida. Pero, además, dicho modelo había contribuido a consolidar un sistema mundial basado en profundas asimetrías entre unas y otras zonas del planeta, y en un desbalance de poder claramente favorable para los países llamados “desarrollados”, o del Norte.

Desde la economía del desarrollo son varios los autores (Amín 1990; Slim 1998; Tortosa 2001; citados en Unceta 2012, 50) que han utilizado el término “maldesarrollo” para dar cuenta de algunos o de todos estos fracasos que acabaron por afectar, de distinta manera, tanto a países considerados desarrollados como subdesarrollados, propiciando la configuración general del sistema mundial. En los últimos años, la consideración del maldesarrollo cobraría todo su sentido vinculando su análisis al de algunas de las principales fuerzas que operan en la globalización. El maldesarrollo afectaría al conjunto de la humanidad, aunque sus expresiones no siempre sean iguales en unos y otros lugares.

En este contexto y frente a los devastadores efectos producidos por el maldesarrollo, en las últimas décadas se han ido abriendo paso distintos enfoques que cuestionan ideas y conceptos apenas discutidos con anterioridad. Algunos lo hacen subrayando la necesidad de revisar la relación entre fines y medios para el logro de un objetivo, el bienestar humano, que sigue considerándose una meta universal.

Para ello se plantea la necesidad de que el crecimiento económico ceda su supremacía a la consideración de otros asuntos, como el incremento de capacidades o la sustentabilidad integral. Otras corrientes, como el posdesarrollo, basándose en el análisis del desarrollo como un discurso, defienden la negación del desarrollo como objetivo universal, al tiempo que reclaman la necesidad de analizar la realidad social al margen, o más allá, de las referencias propias de la modernidad. Este debate plantea la conveniencia de un esfuerzo teórico y práctico orientado a la redefinición del concepto de desarrollo, como el realizado en este artículo de investigación.

En esta coyuntura, durante las últimas décadas han venido surgiendo en la literatura conceptos, teorías y modelos que, entre otras cosas, crean una atmósfera de respaldo a los modelos emergentes y alternativos. Entre estas nuevas opciones se encuentran conceptos como etnodesarrollo, participación o empoderamiento. Estas nociones proporcionan un ejemplo de buenas prácticas socioespaciales frente al modelo de desarrollo convencional y oficial hegemónico, colonialista y eurocéntrico.

La construcción de determinados espacios de acción, en torno a la praxis de estos modelos teóricos emergentes, facilita proyectos de intervención a partir de iniciativas autodenominadas “alternativas” (Narotzky 2010, 127). Conjuntamente y en su diversidad, estas propuestas alternativas comparten la idea de que es posible un desarrollo sin renunciar a las propias categorías culturales.

No obstante, como previene Arturo Escobar (1999, 68) , “no existe naturalmente ninguna solución mágica o paradigma alternativo que pueda ofrecer una solución definitiva a los evidentes fracasos del desarrollismo capitalista”. Por lo tanto, es necesaria mucha experimentación; esta, de hecho, se está llevando a cabo en distintos lugares -como en el caso de estudio presentado en el análisis de resultados de este manuscrito-, por lo que se refiere a buscar combinaciones de conocimiento y de poder, de veracidad y de práctica, que incorporen a los grupos locales como productores activos de conocimiento (hacedores de conocimiento). En este sentido, “[…] si el discurso del desarrollo es una práctica con condiciones, reglas y transformaciones históricas y no una mera ‘expresión del pensamiento’, ergo es necesario cambiar el discurso para cambiar la praxis” (Bretón 2010, 13).

Posibles alternativas al desarrollo convencional, asimétrico, eurocéntrico y neocolonialista hegemónico

Siguiendo lo expuesto hasta ahora, y siendo conscientes de las múltiples y diversas dificultades para buscar alternativas al actual orden desarrollista -al admitir firmemente la persistencia del desarrollo convencional y oficial, a pesar de toda la evidencia sobre sus impactos y sus limitaciones, en una demostración más del fuerte apego a viejas ideas y de las dificultades para imaginar alternativas-, es necesario examinar los horizontes conceptuales que sustentan las posibilidades de salida del desarrollismo depredador, para pasar a prácticas sensatas y de allí a las indispensables.

Establecido este punto, siguiendo a Gudynas (2012, 270-271) , podemos aseverar que resulta necesario poder identificar la orientación de esas alternativas. En este artículo se defiende que estas deben estar encaminadas al ámbito de las llamadas “alternativas al desarrollo”, en el sentido de abandonar las ideas convencionales del desarrollo para pasar a otras concepciones. Esto implica entender que las “alternativas” que se mantienen por las posturas contemporáneas del desarrollo son insuficientes frente a la actual voracidad del extractivismo y desarrollismo. Como resultado de un cuestionamiento posdesarrollista, es necesario adentrarse en alternativas a la propia idea del desarrollo. Es en este sentido que se apunta a generar “alternativas al desarrollo”.

En relación con lo anterior, hay que indicar que en general han prevalecido los llamados “desarrollos alternativos”, entendidos como ajustes instrumentales y parciales dentro de las ideas convencionales del desarrollo. Algunos de ellos pueden jugar un papel importante, en tanto que son cambios y ajustes necesarios para reducir y minimizar los costos sociales y ambientales del desarrollismo, para mejorar su contribución económica, y abrir posibilidades que generen cambios más profundos. También pueden tener un papel al enfrentar situaciones urgentes de redistribución de riqueza, en especial en algunos sectores populares, y a su vez, están en capacidad de generar mejores condiciones para moverse hacia transformaciones más sustanciales. Sin embargo, los llamados desarrollos alternativos siempre son incompletos y no ofrecen salidas eficientes a la problemática actual.

Las alternativas al desarrollo, en cambio, desafían toda la base conceptual del desarrollo, sus modos de entender la naturaleza y la sociedad, sus instituciones y defensas discursivas. Este segundo campo -el de las alternativas al desarrollo- apunta a romper el cerco de la racionalidad actual, para moverse hacia estrategias radicalmente distintas, no solo en lo referente a su instrumentación sino también a sus bases ideológicas.

En palabras del propio Gudynas (2012, 393) , este “otro desarrollo” está “desacoplado”2 del crecimiento económico. Desde este enfoque, los objetivos se vuelven a poner en las personas, en la calidad de sus vidas, en su bienestar, la satisfacción de sus necesidades y la protección de la naturaleza; de esta manera, dichos fines se alinean con la sustentabilidad social, productiva y ambiental (integral), es decir que se despliega una serie de planteamientos coincidentes con los principios de los conceptos, teorías y modelos emergentes, para contextualizar los procesos alternativos al desarrollo adoptados y asumidos en el marco teórico-conceptual de este artículo.

Siguiendo esta postura, las alternativas al desarrollo pueden cobijarse dentro del campo de ideas que actualmente se agrupan bajo rótulos como los del etnodesarrollo, la participación y el empoderamiento, que se apuntan a continuación.

Los conceptos, teorías y modelos emergentes para contextualizar los procesos alternativos al desarrollo convencional

En la coyuntura descrita con anterioridad para el ámbito del desarrollo convencional y oficial hegemónico, han venido surgiendo conceptos, teorías y modelos que crean una atmósfera de respaldo a los modelos alternativos al desarrollo. Entre ellos se encuentran el etnodesarrollo (Bonfil 1982), la participación (Rahnema y Bawtree 1996), o el empoderamiento (de género).

No obstante, estas nociones frecuentemente han sido manipuladas y fetichizadas en el entorno de agencias, organismos multilaterales y desde el centro neurálgico de la industria del desarrollo, el Banco Mundial. Como resultado, hoy se tienen diferentes versiones, algunas ingenuas, otras contradictorias y, en otros casos, simplemente superficiales.

Frente al uso indiscriminado de estos y otros términos fetiche en el discurso del desarrollo, el caso de los incipientes proyectos alternativos de manejo y gestión de recursos naturales en Los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta evidencia la necesidad de seguir ahondando en esta arena que permite analizar las actuales narrativas del desarrollo y su articulación con la práctica de los actores sociales.

De este modo -como se ilustra en forma de resumen en el análisis de resultados de este artículo-, estas nociones teóricas no solo son presunciones hipotético-conceptuales del marco teórico-conceptual de este trabajo, sino que pueden deducirse de los discursos y las prácticas de algunos movimientos sociales, de intelectuales próximos a tales movimientos y, sobre todo, de los actores sociales locales en el ámbito geográfico objeto de estudio.

A partir de los conceptos y teorías mencionados, surgen y se construyen, además, los postulados del pensamiento y las prácticas de modelos emergentes que pueden ser considerados como alternativas al arquetipo convencional desarrollista; entre otros están la sustentabilidad integral definida, adoptada y asumida en este artículo, junto a conceptos teóricos como los que se presentan seguidamente de forma muy sintetizada.

Tres posibles modelos emergentes alternativos al desarrollo hegemónico

Partiendo de la constatación de que una de las principales causas del fracaso de un sinnúmero de proyectos de desarrollo, en países que según su índice de desarrollo humano (IDH) son considerados “subdesarrollados” o en “vías de desarrollo”, fue su escasa adecuación al marco cultural de las poblaciones destinatarias, surge la propuesta alternativa del etnodesarrollo, entendiendo por tal:

El ejercicio de la capacidad social de un pueblo para construir su futuro, aprovechando para ello las enseñanzas de su experiencia histórica y recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo con un proyecto que se defina según sus propios valores y aspiraciones. (Bonfil 1982, 133)

Por otro lado, desde el enfoque del desarrollo participativo, Rahnema y Bawtree (1996) perciben la participación como un instrumento de mayor eficacia, así como una nueva fuente de inversión: los procesos participativos suministran a los proyectos de desarrollo lo que más necesitan para evitar las trampas y fracasos del pasado, a saber:

a) un conocimiento in situ de las realidades con el que no cuentan los técnicos extranjeros y los burócratas estatales; b) redes de relaciones que son esenciales tanto para el éxito de los proyectos en curso como para las inversiones a largo plazo en las áreas rurales; y c) la cooperación a nivel local de organizaciones capaces de llevar a cabo las actividades de desarrollo. (Rahnema y Bawtree 1996, passim)

Por su parte, el empoderamiento, con énfasis especial en la perspectiva de género, está relacionado con el acceso y control de tres tipos de poderes:

a) el social, entendido como el acceso a la base de riqueza productiva; b) el político, o acceso de los individuos al proceso de toma de decisiones, sobre todo aquellas que afectan a su propio futuro; y c) el psicológico, entendido en el sentido de potencialidad y capacidad individual. (Friedman 1992, 33)

El ámbito geográfico de referencia empírica: la Sierra de Santa Marta (Veracruz, México)

La región geográfica, histórica y cultural de Los Tuxtlas se localiza en el sureste del estado mexicano de Veracruz. El macizo sureste de esta región corresponde a la Sierra de Santa Marta o de Soteapan, integrada por los volcanes de San Martín de Pajapan (1.270 m.s.n.m.) y Santa Marta (1.550 m.s.n.m.), ambos situados sobre el litoral veracruzano del Golfo de México (figura 1).

Figura 1 Localización y extensión geográfica de la región de Los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta dentro de RBLT y en el contexto zonal del sureste del litoral veracruzano y Mesoamérica. Datos: elaborado a partir de Guevara, Laborde y Sánchez-Ríos 2004, 59. 

En la región de Los Tuxtlas, como lo atestiguan diversos vestigios arqueológicos, se asentaron grupos olmecas y posteriormente zoque-popolucas y nahuas, descendientes directos de la cultura olmeca, y con influencias de las culturas teotihuacana, totonaca y maya. Estos pobladores originarios “supieron adaptarse a las condiciones de la selva tropical para practicar la agricultura y aprovechar los recursos que les ofrecían las selvas y bosques de la montaña” (Blom y Lafarge 1926, 33).

Dentro de la región de Los Tuxtlas en la Sierra de Santa Marta, los datos censales permiten apreciar el predominio de la población de autoadscripción indígena respecto del total demográfico municipal. En los seis municipios tuxtecos y serranos esta población originaria -que convive junto a población mestiza- representa más del 84% (tabla 1).

Tabla 1 Población de los municipios de la Sierra de Santa Marta de autoadscripción indígena (2015) 

Datos: inegi 2015.

En todo el territorio de Los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta, una gran diversidad de ecosistemas y tipos de vegetación, así como un rango altitudinal que va desde el nivel del mar hasta los 1.550 m.s.n.m. del volcán Santa Marta, le confieren a la región un rango importante desde el punto de vista de la biodiversidad. Sin embargo, durante las últimas décadas ha prevalecido un proceso denominado “subdesarrollo sostenido” (Chevalier y Buckles 1995, 126). Esta noción hace referencia a las políticas económicas gubernamentales que han acelerado el subdesarrollo, básicamente mediante el apoyo a programas de desarrollo ganadero y a programas asistencialistas que en gran medida dependen de insumos externos.

De este modo, actualmente existe en la región un modelo de producción primaria que se ha caracterizado, en unos casos, por la sobreexplotación de algunos recursos sin ningún tipo de plan de regeneración de los mismos; y, en otros casos, por la subutilización de las posibilidades de producción en un medio rural rico en recursos endógenos, pero pobre en el manejo que de ellos se hace (tabla 2). Los impactos más dramáticos de estos procesos de transformación en los usos del suelo, a raíz del intenso ritmo de colonización antrópica y de implementación de la ganadería, han sido:

Tabla 2 Porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) por sector productivo (2000) 

Fuente: INEGI 2000-2010; modificado de Piñar 2012, 43.

  1. La brusca deforestación ocurrida entre la década de los años cincuenta y finales del siglo XX (figura 2). Entre los principales factores que han llevado al desplazamiento y eliminación de la vegetación natural se destacan: a) los permisos públicos otorgados en los años ochenta del siglo pasado para el aprovechamiento forestal; b) la promoción gubernamental para el cambio del uso del suelo para la ganadería extensiva (figura 3); c) el parcelamiento de los ejidos.

  2. La pérdida de la autosuficiencia alimentaria a través del maíz, debido al acaparamiento de las tierras tradicionalmente ocupadas por las milpas de policultivo de subsistencia para su transformación en pastos ganaderos (figura 3).

Figura 2 Proceso de deforestación en la región de Los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta (1958-1991). Datos: elaborado a partir de Blanco 2006, 282. 

Fuente: Blanco 2006, 11; Ramírez 1999.

Figura 3 Tipos de usos del suelo en la Sierra de Santa Marta en 1991 (clasificación de Rzedowski 1978). 

Además, en los últimos años se han cerrado las tres válvulas de escape más importantes, las cuales permitían cubrir el déficit de tierras y alimentos en Los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta. Estas eran: la migración a las ciudades del corredor industrial petroquímico Acayucan-Jáltipan-Minatitlán-Coatzacoalcos, en el Sur de Veracruz (figura 4); el cultivo y comercialización del café; y el uso comunal de tierras ejidales.

Fuente: Rodríguez Herrero 2010, 170.

Figura 4 Sistema productivo predominante en la Sierra de Santa Marta dentro del ámbito del sureste del estado de Veracruz (2010). 

A su vez, el crecimiento demográfico sostenido y la densificación poblacional están originando graves problemas de sobrepoblación (102,9 habs./km2 para el 2015, INEGI) en una región de alta biodiversidad, pero frágil equilibrio ecológico (tabla 3). Por ello, la emigración rural, tanto a escala de destinos estatales, nacionales como transnacionales, es un fenómeno que se intensifica y tiende a ser muy importante en el ámbito de la RBLT3.

Tabla 3 Municipios, población (1990, 2000 y 2010), superficie y densidad demográfica (2010) en la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas 

Datos: INEGI 1990, 2000, 2010; Piñar 2012, 41.

Este fenómeno de emigración, una vez más, alerta sobre la urgencia de coadyuvar, desde todos los ámbitos, al desarrollo de alternativas, o, mejor dicho -conforme al marco teórico de este trabajo-, de alternativas al desarrollo. Sin embargo, con base en todo lo expuesto hasta aquí, se puede aseverar que no se debe tratar de ensayar más formas fallidas (por imposibles) de desarrollos alternativos, sino buscar verdaderas alternativas al desarrollo, por baladíes que estas puedan parecer, como principios organizadores de la visión, posicionamiento e intervención sobre la realidad.

Este aspecto resulta acuciante e ineludible con el fin de contribuir a mejorar la precaria realidad actual -ecológica, demográfica y socioeconómica- de una población, predominantemente de adscripción indígena y secularmente muy marginada, que requiere satisfacer varias necesidades vitales básicas para mejorar, en la medida de lo posible, su histórico y actualmente muy denostado grado de calidad de vida y bienestar humano (tabla 4).

Tabla 4 Índice de pobreza (PNUD 2005) en el estado de Veracruz y el municipio de Catemaco 

Datos: CONAPO 2006; Piñar, Nava y Viñas 2011, 386.

No obstante, como se cuestiona Velázquez “¿cómo podrían crearse estas alternativas en un contexto de reducción al mínimo de la inversión pública para el campo y de inserción desventajosa en el mercado internacional?” (2000, 123).

En este precario y complejo contexto, se reitera que, desde el PSSM se comienzan a lograr apoyos financieros de diversas agencias, embajadas y grupos internacionales no gubernamentales civiles. Estos financiamientos han estado destinados a implementar actividades alternativas de manejo y gestión de recursos naturales, agrosilvopastoriles, pesqueros y ecoturísticos.

Metodología

La metodología puede definirse como la estructura de procedimientos y reglas transformacionales a partir de las cuales el científico extrae información y la moviliza a distintos niveles de abstracción, con el fin de producir y originar conocimiento acumulado (Velasco y Díaz de Rada 1997, 17). Así, en este trabajo se ha utilizado diversa metodología propia y definitoria de las ciencias sociales, más concretamente de dos disciplinas sociales como son la geografía y la antropología social y cultural.

De esta forma, este artículo, que desde una perspectiva inter, multi y transdisciplinaria, conjuga propositivamente aspectos propios de ciencias sociales como la geografía y la antropología social (geo-antropología4), se ha apoyado en la combinación de una metodología de investigación cualitativa y cuantitativa, sustentada fundamentalmente en una exhaustiva revisión bibliográfica y documental sobre el espacio y el tema concreto que son objeto de este estudio. Además, se hizo trabajo de campo general en diferentes fases entre el 2011 y el 2013.

A partir de este abordaje metodológico, se ha identificado, registrado, documentado y analizado una experiencia de prácticas socioespaciales emergentes y alternativas para la gestión de recursos ecoturísticos en una comunidad rural indígena campesina del municipio de Catemaco (figura 1), en la región de Los Tuxtlas (Veracruz).

Epistemológica, teórica y metodológicamente, la praxis de este trabajo considera que “es indispensable partir del reconocimiento explícito de las relaciones asimétricas y dialécticas que existen a diferentes niveles” (Dietz 2009, 109-110) dentro del proceso de investigación. Estas asimetrías se dan principalmente entre el investigador como persona (sujeto investigador), la ciencia como institución y el grupo estudiado (sujetos investigados/as), en el marco político-social que constituyen las sociedades del “Norte” o del “Sur”, el cual articula las relaciones entre los tres elementos mencionados.

De este modo, mediante la negociación recíproca de intereses académicos y políticos, es posible generar una “novedosa mixtura de teoría y práctica” (Escobar 1993, 386) que se traduce en “fases de investigación empírica, de teorización académica y de transferencia de praxis política” (Dietz 2009, 111-112). En este sentido, como investigador he intentado que dicha transferencia no se reduzca a un simple acto de concienciación, sino que constituya un intercambio entre dos formas de conocimiento: por un lado, entre el conocimiento generado por los expertos vernáculos locales; y por otro lado, el conocimiento geo-antropológico generado por el experto académico. Para ello, ha resultado esencial mi doble perspectiva como académico -geógrafo y antropólogo- y como persona muy vinculada emocionalmente al mundo rural agrario, por mi descendencia familiar de pequeños campesinos y pastores trashumantes en las altas sierras de Gredos y Béjar Candelario en el centro montañoso de España.

Así, durante este trabajo he tratado de integrar las contradicciones que han surgido del intercambio de ambas perspectivas en el mismo proceso de investigación, el cual ha oscilado dialécticamente entre identificación y distanciamiento, pasando por fases de compromiso pleno y por otras de reflexión propiamente más analítica.

Análisis de resultados del estudio de caso empírico

Antes de presentar el estudio de caso en el que se basa este texto, el proyecto ecoturístico Selva El Marinero, resulta conveniente y necesario explicitar lo que epistemológica y teóricamente se asume en este trabajo bajo la concepción de ecoturismo. Así, según la Declaración de Quebec sobre Ecoturismo (OMT y PNUMA 2002), en este se adoptan los principios del turismo sostenible.

El turismo sostenible es aquella modalidad turística que responde a las necesidades de los turistas y de las regiones anfitrionas presentes, mientras que protege y mejora las oportunidades de un mejor futuro para estas últimas. Está enfocado en la gestión integral de los recursos, de tal manera que se satisfagan todas las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de la vida. El turismo sostenible incluye la sustentabilidad económica, sociocultural y ambiental (integral) presentándose como una oportunidad de desarrollo humano sin hipotecar ni poner en riesgo los recursos naturales y socioculturales de las economías locales.

No obstante, en cuanto a sus principales impactos medioambientales, económicos y socioculturales, el ecoturismo se puede diferenciar dentro del turismo sostenible a partir de los siguientes aspectos individualizadores: 1) contribuye activamente a la conservación del patrimonio natural y cultural; 2) incluye a las comunidades locales e indígenas en su planificación, desarrollo y operación, contribuyendo así a su bienestar; 3) interpreta el patrimonio natural y cultural del destino para los visitantes; 4) presta mayor atención a los viajeros independientes, así como a los circuitos organizados para grupos de tamaño reducido.

Conjuntamente, conforme a la definición de ecoturismo que ofrece la Organización Mundial del Turismo (OMT), este concepto se emplea para designar las formas de turismo que se caracterizan por: 1) toda forma de turismo basado en la naturaleza, en donde la motivación principal de los turistas sea la observación y apreciación del medio ambiente o de las culturas tradicionales dominantes en las zonas naturales; 2) incluye elementos educacionales y de interpretación; 3) generalmente, aunque no de forma exclusiva, está organizado para pequeños grupos por empresas especializadas. Los proveedores de servicios que colaboran en el lugar de destino tienden a ser pequeñas empresas de propiedad local; 4) procura reducir en la medida de lo posible todos los impactos negativos sobre el entorno natural y sociocultural; y 5) contribuye de múltiples formas a la protección de las zonas naturales utilizadas como centros de atracción de ecoturismo:

  • Generando beneficios económicos para las comunidades, organizaciones y administraciones anfitrionas que gestionan zonas eco-culturales con objetivos conservacionistas.

  • Ofreciendo oportunidades alternativas de empleo y renta a las comunidades locales.

  • Incrementando la concienciación sobre conservación de los activos naturales y culturales, tanto en los habitantes de la zona como en los turistas.

De igual forma, si bien la participación de las poblaciones locales en los propios proyectos ecoturísticos también es un elemento de primera importancia en otras modalidades de turismo sostenible -como por ejemplo en el turismo rural-; es en el turismo comunitario donde alcanza su máxima expresión. Esta modalidad de turismo no solo considera la participación comunitaria o la generación de beneficios para las poblaciones locales -como se considera por ejemplo en las definiciones más actualizadas de ecoturismo-, sino también, y como aspecto fundamental, la autogestión y el control local directo por parte de las comunidades locales de las iniciativas turísticas que han decidido desarrollar.

Ahora bien, en el marco del turismo comunitario, la idea de una iniciativa turística puede originarse en la propia comunidad, aunque muchas veces son los organismos externos los que sugieren la implantación de alguna iniciativa, como sucede en el caso de estudio que se presenta seguidamente. En esta situación, lo importante es que la idea sea una sugerencia y no una imposición, además de que sea apropiada para la comunidad.

El turismo comunitario, bajo esta línea, asume una nueva concepción de territorio en la cual se ejerce una gestión socioproductiva a nivel de las comunidades, donde además del aspecto productivo, se fortalezcan las redes y las relaciones sociales de ese espacio. Es decir, “no una visión meramente productivista y mercantil, sino también una visión que considere un manejo razonable de los recursos, que sea respetuosa del medio ambiente y responsable con el entorno social” (Kay y Bretón 2007).

El ejido Adolfo López Mateos y el proyecto ecoturístico Selva El Marinero: una experiencia pionera de ecoturismo indígena campesino en Los Tuxtlas5

Según las antropólogas y cofundadoras del PSSM A.C., Emilia Velázquez y Luisa Paré (1997), el trabajo impulsado desde 1991 por el propio PSSM y la Universidad Nacional Autónoma de México -en adelante, UNAM- para la conservación y el desarrollo sustentable en la región de Los Tuxtlas definió diferentes opciones eco-productivas tendientes a reducir la presión sobre las áreas forestales (figuras 2 y 3). Por su parte, el ecoturismo fue considerado una de las alternativas integrales para el aprovechamiento económico de los recursos forestales, adoptando un concepto de conectividad entre corredores biológicos y desarrollo sustentable con la idea de impulsar proyectos productivos compatibles con la conservación y restauración de los ecosistemas locales.

Por otro lado, en 1992, el PSSM fue invitado por una ONG de Estados Unidos (Forest Island Project) para impulsar una serie de proyectos de tipo socioproductivo que pudieran contribuir a la conservación de los remanentes de las selvas de Los Tuxtlas (figuras 2 y 3). La idea fundamental del Forest Island Project era desarrollar productos a partir de ciertas demandas que ya habían sido localizadas en el mercado estadounidense, tales como frutas tropicales, colorantes naturales, vainilla y el ecoturismo. Además, se pretendía aprovechar como ventaja en los mercados mundiales la mayor cercanía de México a Estados Unidos -que implica costos inferiores-, en comparación con los destinos más desarrollados por aquel entonces en el mercado ecoturístico internacional, como Costa Rica, Brasil y Ecuador.

Fue así como en mayo de 1992 se realizó la primera excursión experimental con personas provenientes de California. Esta experiencia permitió ensayar una ruta a través de las selvas de Los Tuxtlas; también posibilitó introducir a la gente de dos comunidades indígenas campesinas locales al concepto de ecoturismo, entrenar guías y definir costos y beneficios. A finales de ese mismo año se organizó otra excursión, ya como parte de un producto llamado A Journey into the Heart (Un viaje hacia el corazón). El mismo nombre del proyecto aludía, simbólicamente, no solo a la meta de llegar al corazón de la selva o de la montaña, sino a un viaje introspectivo para los visitantes. La experiencia resultó bastante positiva, y dejó algunos ingresos para las dos comunidades.

Una tercera excursión fue organizada algunos meses después con un grupo más numeroso de estadounidenses. Sin embargo, en una de las dos comunidades, entender la complementariedad entre el grupo extranjero que conseguía los clientes y la comunidad local que ofrecía los servicios resultó ser una cuestión compleja.

Estas primeras dificultades indicaban la necesidad de una mayor apropiación del proyecto por parte de las comunidades locales y de actitudes de co-responsabilidad en la gestión del mismo. En consecuencia, desde el PSSM y con el objetivo de definir de manera participativa proyectos socioproductivos factibles, se seleccionaron tres comunidades indígenas campesinas ubicadas en el entorno del macizo forestal volcánico de Santa Marta para realizar talleres de diagnóstico y planeación comunitaria de los recursos naturales. Estas estrategias se implementaron conforme a la misma lógica participativa de las poblaciones locales del PSSM y del ambientalismo social mexicano ya explicitada más arriba, en el apartado “Una nueva forma de entender y repensar el desarrollo: la lógica participativa de las poblaciones locales”.

Así, a partir de la metodología empleada, y tras realizar una síntesis de la Evaluación Rural Participativa (para, por sus siglas en inglés) y de la Evaluación Rural Rápida (RRA), se consideró que cualquier proyecto futuro de ecoturismo en esta zona debía partir del despliegue de una experiencia piloto que sirviera como modelo y capacitación para el desarrollo del ecoturismo en los ámbitos local y regional.

Una experiencia piloto de ecoturismo indígena campesino en Los Tuxtlas

En el caso del ejido Adolfo López Mateos, integrado en el municipio tuxteco de Catemaco, si bien anteriormente ya se habían impulsado numerosas gestiones agrarias y también de servicios básicos de la comunidad; no existían experiencias previas al proyecto de ecoturismo campesino Selva El Marinero, relacionadas con la gestión endógena de proyectos socioproductivos de carácter colectivo.

En 1993, el PSSM llevó a cabo en este ejido un taller de planeación comunitaria de los recursos naturales, con la participación de la mayoría de los hombres y algunas mujeres de la comunidad. Los principales problemas señalados en el taller, además de una dotación agraria incompleta, fueron los bajos rendimientos del maíz y los pobres precios del café. De entre las alternativas, las cuatro que aparecieron como proyectos factibles fueron: plantas de ornato, piscicultura, cría de cerdos con yuca y ecoturismo. No obstante, a pesar del interés de los promotores de los talleres en el ecoturismo, esta opción quedó relegada al cuarto lugar. Sin embargo, al final del taller quedó establecido el compromiso de la ONG local de hacer el seguimiento a todos los proyectos mencionados.

De esta forma, aun cuando hubo una discontinuidad entre el taller de 1993 y el inicio de las actividades de ecoturismo en 1997; esta comunidad -con importantes antecedentes endógenos de gestión de los recursos naturales locales ya en los años ochenta- no permaneció ociosa en torno a la conservación y tomó algunas medidas, entre otras diversas: protección de 100 ha de reserva sobre las laderas del Cerro El Marinero; veda de la cacería y la pesca en el río; promoción local de reforestaciones y cultivo de palma de camedor en acahuales; la organización de un comité de fauna que se ocupó de vigilar que no entraran cazadores furtivos al ejido; la puesta de señalizaciones sobre el cuidado de los recursos comunitarios; o la no necesidad de llevar a cabo quemas periódicas sobre los remanentes de selva tropical.

Sin embargo, sería cuatro años después de realizarse el taller inicial cuando las investigadoras y promotoras campesinas del PSSM, las doctoras Luisa Paré y Elena Lazos Chavero -según ellas mismas describen amplia y detalladamente en primera persona (2003, 261-312)-le propusieron a la comunidad retomar el proceso interrumpido. De esta manera, en la Semana Santa de 1997 se organizó la primera excursión: durante cuatro días, 12 familias recibieron a 38 turistas de México D.F. y de otras ciudades mexicanas. La experiencia resultó exitosa y les permitió a los ejidatarios y ejidatarias visualizar directamente, in situ, el potencial que presentaba el ecoturismo para contribuir al futuro sustentable de su comunidad.

De este modo, el diseño operativo del proyecto ecoturístico fue elaborado con el protagonismo de los campesinos y campesinas del ejido quienes, con la sucesiva intervención de actores externos del PSSM y otras instituciones6, inventaron su propia versión del ecoturismo. Así, se partió de la idea de crear un interés inmediato y tangible -es decir, económico- por la nueva iniciativa, para a partir de ello desarrollar actividades que se basaran en los conocimientos y capacidades locales.

De este modo, las actividades impulsadas conjuntamente por los asesores y los miembros participantes de la propia comunidad local, las cuales permitieron operar el proyecto, consistieron en: 1) diseño de senderos interpretativos de la naturaleza; 2) diseño de infraestructura (servicios sanitarios y cabañas para el hospedaje); 3) diseño de menús y capacitación en nutrición; 4) preparación en primeros auxilios; 5) diseño operativo y organización; 6) trabajo sobre imagen corporativa y promoción; 7) capacitación en actividades productivas complementarias (piscicultura, horticultura, cultivo de palmas, etc.); y 8) capacitación en ecotecnias para el mejoramiento de los servicios sanitarios y protección del medio ambiente (sanitarios secos y estufas ahorradoras de leña).

En cuanto a la definición de los puntos principales de interés turístico, que en este caso debían tener un fuerte componente de valores ecológicos, paisajísticos y de conocimientos de la vida y la cultura rural e indígena, se efectuó mediante la realización de dos talleres de interpretación de la naturaleza. La metodología empleada en estos talleres consistió en realizar recorridos en los cuales los campesinos y las campesinas, entre otros aspectos, les hablaban a los visitantes de la flora y fauna local y de su vinculación tradicional con la comunidad (figura 5).

Fuente: Composición propia a partir del material fotográfico divulgativo perteneciente al propio proyecto Selva El Marinero y a otras instituciones locales de Los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta (Blog de la UVI sf; Catemaco y Los Toxtlas sf; Selva del Marinero sf).

Figura 5 Indígenas y campesinos/as, ejidatarios/as, guías locales, infraestructuras y equipamientos, visitantes, y recursos naturales que integran el proyecto de ecoturismo comunitario campesino Selva del Marinero (Cielo, Tierra y Agua), en el ejido López Mateos, Catemaco, Los Tuxtlas, Veracruz, México. 

De esta manera, se fueron desarrollando, uno a uno, los diferentes senderos interpretativos que representan puntos de interés para los ecoturistas, y poco a poco se fueron añadiendo más actividades, gracias a la interacción con los propios visitantes: un campamento nocturno en la parte alta del Cerro El Marinero y un recorrido a los manglares de la Laguna de Sontecomapan (figura 1). Esta etapa inicial es la más creativa en el proceso de implementación del ecoturismo, puesto que los propios habitantes del lugar van plasmando sus saberes y quehaceres endógenos, imprimiéndole al proyecto su propia idiosincrasia.

En sus inicios, sin embargo, el proyecto de ecoturismo no incorporó a todas las familias con la misma intensidad; solo tres no estuvieron de acuerdo en participar, mientras que unas 15 personas sí estuvieron involucradas de lleno en el diseño de los diferentes aspectos del proyecto desde el principio. En un primer momento, la forma de organización que se dio en la comunidad estuvo dirigida desde el comisariado ejidal, la máxima autoridad tradicional, ya que las excursiones implican un acceso a recursos comunes como la reserva ejidal, y la utilización de las instalaciones del ejido, el salón ejidal y el terreno adyacente para construir las infraestructuras necesarias (figura 5).

Sin embargo, para darles la libertad necesaria a los ejidatarios y ejidatarias de decidir si participaban o no en el proyecto, se diferenciaron, por un lado, el ejido con su asamblea donde están todos representados y, por otro, la empresa social. De cualquier modo, no era la primera vez que en esta comunidad se daba una actividad productiva que requería la formación de un comité específico (por ejemplo, el comité de productores de palma); pero sí era la primera vez que se daba a nivel de una organización tan amplia, pues de hecho incluía prácticamente a toda la comunidad del ejido Adolfo López Mateos. De esta forma, en el ámbito ejidal, dentro de la región de Los Tuxtlas, el grupo indígena campesino del ejido López Mateos, o “La López” como también se le conoce, fue el primero en poner en marcha proyectos de ecoturismo en 1997; más tarde dicho grupo renombraría su proyecto como Cerro El Marinero.

En la experiencia ecoturística del ejido López Mateos, la democracia comunitaria planteó que todos debían tener las mismas oportunidades de recibir visitantes y de obtener los ingresos correspondientes. Para ello, entre otras intervenciones endógenas, una comisión de alimentación reparte los visitantes de acuerdo con una lista de turnos. Los ingresos que representa el ecoturismo en este ejido pionero provienen básicamente de los servicios de alimentación y de los sueldos de guías y comisionados. Otros ingresos adicionales se obtienen de la venta de artesanías o del transporte de turistas. Para la mayoría de las familias, el ingreso es múltiple y diversificado, tanto por sueldos como por ventas de comida u otros productos.

Hasta los primeros años del siglo XXI, la afluencia de turistas se cifraba alrededor de 500 personas al año. Cada excursión contaba con entre 30 y 40 personas aproximadamente. La cuota que se pagaba era de 1.500 pesos por persona para excursiones de 4 días. Ello requería del trabajo de 12 comisionados para atender todas las funciones demandadas por los turistas. El grupo local decidió que estos trabajos debían ser remunerados desde el inicio y fijaron un sueldo para comisionados y guías, un 30% superior al salario mínimo regional. Desde el comienzo de las excursiones se estableció un sistema de roles y de pagos para los guías locales.

En suma, en el primer lustro del siglo XXI, el ecoturismo ya generaba aproximadamente el 30% de los ingresos individuales del ejido, sin contar con las remesas de los escasos migrantes (tabla 5). Incluso en ese entonces ya se consideraba al ecoturismo como parte de una estrategia de diversificación productiva y de complementariedad de rentas, si bien aún no respondía plenamente a las necesidades de las 30 familias que conformaban la comunidad ejidal.

Tabla 5 Tipos de migrantes en el municipio de Catemaco (2000) 

Datos: COESPO 2002; Piñar, Nava y Viñas 2011, 387.

Así, conforme a los datos publicados por Paré y Lazos (2003), mientras que en 1997 solo tres personas de la comunidad trabajaron como guías, en 1998 el número aumentó a 11 y en el 2000 a 22. En 1998, los ingresos promedio por guías fueron de 188 pesos y, en el 2000 -si se exceptúan tres personas que eran coordinadores y guías principales-, el promedio era de 361. Tomando como base el sueldo regional, 35 pesos al día, esta cantidad representaba 10 días de trabajo al año. En 1999, los ingresos directos de las familias del ejido generados por el ecoturismo fueron de 54.832 pesos.

Si se comparan estas cifras con otras fuentes de ingresos en el ejido como la producción de maíz, de café, de palma o naranja, se tiene una idea del papel que puede desempeñar la actividad ecoturística en la comunidad. Por ejemplo, para una persona que se dedicaba en exclusiva al monocultivo de café, la totalidad de sus ingresos monetarios era de 4.000 pesos anuales. Sobre esta base, el ecoturismo, aún a esta escala, podría proporcionar la tercera parte del ingreso monetario para 30 familias.

Por otro lado, y en paralelo con el ecoturismo, se desarrollaron 18 estanques familiares de piscicultura. Varios miembros de la comunidad, por su parte, estaban involucrados en el cultivo de palmas de camedor como productos ornamentales. Una persona hizo de la producción de artesanías una fuente importante de sus ingresos anuales, y la apicultura y el manejo de fauna silvestre han sido identificados como otras áreas productivas complementarias importantes a desarrollar. También, paulatinamente, se han implementado algunas actividades adicionales promovidas por grupos de mujeres, como la producción de mermeladas, de conservas y de hortalizas. Dos camionetas de miembros de la comunidad compiten con los servicios públicos del municipio de Catemaco para transportar a los visitantes hasta el ejido Adolfo López Mateos.

El ecoturismo como alternativa posible a los procesos de emigración

Aunque los efectos cuantitativos de la migración7 han sido poco estudiados -en lo que se refiere tanto a su incidencia demográfica sobre el conjunto de la población de la región, como en las economías locales de las localidades serranas, especialmente en los sectores agrícola y ecoturístico-, un primer y muy valioso acercamiento ha sido realizado en tres comunidades tuxtecas: Pozolapan, Chunipan de Abajo y el ejido López Mateos (Piñar, Nava y Viñas 2011, 125-133)8.

Entre otros aspectos, este interesante estudio muestra cómo las empresas ecoturísticas -comunitarias y privadas- en Los Tuxtlas pueden proporcionar una actividad económica rentable para proyectos vitales que arraiguen a la población local a la comunidad y disminuyan la necesidad de emigrar por motivos socioeconómicos.

Así, de acuerdo con lo analizado por Piñar, Nava y Viñas (2011, 338-389), para la comunidad de López Mateos, el Conteo de Población del 2005 (INEGI, 2005), arrojaba una cantidad total de 114 habitantes. En cuanto al aspecto migratorio, esta misma fuente censal reportaba que para el 2000 ninguna persona del ejido residía en otra entidad federativa mexicana o en Estados Unidos (INEGI 2005). Mientras que a nivel nacional se reportaba que “para 2008, el 11% del total de la población en México son migrantes que radican en Estados Unidos” (Leite, Angoa y Rodríguez 2009, citados en Piñar, Nava y Viñas 2011, 392).

En este sentido, y a diferencia de otras comunidades veracruzanas en general, y tuxtecas en particular, donde la migración internacional se ha incrementado progresivamente, en el ejido López Mateos (Catemaco) este fenómeno migratorio parece haberse frenado. En efecto, cuando estas tres investigadoras realizaron su trabajo de campo (2008) solo pudieron identificarse cuatro familias con 7 migrantes internacionales, quienes residían en Carolina del Norte (EE.UU.), trabajando en el sector servicios. A su vez, según Piñar, Nava y Viñas (2011, 389), “un efecto indirecto que han tenido las remesas es el impulso del ecoturismo, dado que parte de las remesas se han invertido en esta actividad, impulsada sobre todo por la RECT”. Y es que según la percepción de la propia población local:

La actividad ecoturística ha logrado frenar la migración, […]. Iniciamos el proyecto con el apoyo de Luisa Paré y luego con la Reserva de la Biosfera y con la Red de Ecoturismo de los Tuxtlas (RECT) para que los compañeros no emigraran de la comunidad. De taladores de la selva a empresarios de ecoturismo, no es fácil, pero le estamos echando ganas. (López Mateos, 28 de marzo del 2009; testimonio personal recogido en Piñar, Nava y Viñas 2011, 389)

Además, como señalan las mismas Piñar, Nava y Viñas (2011, 389), la expectativa de muchos pobladores que alguna vez fueron migrantes es seguir mejorando y creciendo en el sector ecoturístico local y regional, pero sin dejar de lado otras actividades económicas presentes en la comunidad, en el sector agropecuario o en el artesanal -madera y semillas, fundamentalmente-. Entre otras cuestiones, lo anterior obedece a que la emigración les ha permitido a muchos de los habitantes de López Mateos poder comparar su lugar de origen con otras regiones y darse cuenta de la importancia de la RBLT y los servicios ambientales que proporciona. De esta forma, el ejido López Mateos parece haber encontrado en el ecoturismo una actividad alternativa a la migración hacia Estados Unidos y, a la vez -aunque en cierto modo pueda resultar paradójico-, la migración, a través de las remesas, constituye una fuente de financiamiento para impulsar la actividad ecoturística.

En consecuencia, respecto a la relación entre ecoturismo y emigración y siguiendo las conclusiones a las que llegan Piñar, Nava y Viñas (2011, 394-395) en su estudio, se puede afirmar que esta correspondencia no es simplemente unidireccional, sino que ambos fenómenos se influyen mutuamente. Por un lado, las remesas han contribuido -aunque en pequeña escala- a promover la actividad ecoturística, lo cual es más evidente en la comunidad de López Mateos, donde existe una empresa de ecoturismo campesino de beneficio comunitario.

Por otra parte, en las tres comunidades estudiadas, la actividad ecoturística genera efectos económicos que pueden incidir en el mercado laboral, y, por tanto, en la disposición de la población a emigrar. De forma directa, los negocios ecoturísticos crean empleos que les permiten a algunas familias tener ingresos complementarios gracias al ecoturismo. Esta situación es indudable en el caso de López Mateos, donde un número importante de personas son socias o empleadas de la empresa ecoturística.

A su vez, de forma indirecta los negocios ecoturísticos, comunitarios y privados, generan beneficios en la economía local, municipal (tabla 5) y regional en los periodos de temporada alta de turismo, ya sea dando empleo temporal a los pobladores, o haciendo consumo de los bienes y servicios de otros negocios turísticos y no turísticos.

Según testimonios de los entrevistados, un efecto indirecto que han tenido las remesas enviadas por migrantes es el impulso del ecoturismo, dado que parte de estas se han invertido en dicha actividad. Asimismo, la experiencia de los migrantes fuera de la comunidad ha permitido que tomen conciencia sobre la importancia de los recursos naturales que poseen. Esta situación es más palpable en López Mateos, donde los migrantes que han retornado encuentran en el sector ecoturístico un ámbito rentable para invertir, generar recursos para el sostenimiento familiar, construir un plan de vida que los arraigue a la comunidad, y conservar su entorno ecocultural y socionatural.

Siguiendo este orden de ideas, y de nuevo en convergencia con Piñar, Nava y Viñas (2011, 395), todas las consideraciones anteriores en su conjunto parecen indicar que el ecoturismo puede ser una alternativa económica viable para los pobladores de comunidades rurales marginadas (tabla 4), en áreas naturales protegidas que todavía cuentan con recursos naturales y culturales valiosos. Esto tiene una especial relevancia cuando -como en el caso de la constitución de la empresa ecoturística Selva El Marinero, la cual se conformó legalmente en una Sociedad de Solidaridad Social (SSS), denominada Cielo, Tierra y Selva, Reserva del Marinero-, se fomenta la participación activa de la mayoría de familias de la comunidad, es decir, cuando se promueven empresas comunitarias donde los pobladores son socios y acceden a la mayor parte de los beneficios del ecoturismo endógeno local, municipal y regional.

A largo plazo, estas empresas ecoturísticas endógenas -comunitarias y privadas- pueden generar el empleo e ingresos (directos e indirectos) suficientes para impactar positivamente en el mercado laboral local, municipal y regional, proporcionando a la población un ámbito de actividad económica rentable para invertir, construir proyectos vitales que los arraiguen a la comunidad y disminuir la necesidad de emigrar por motivos sociolaborales (tabla 5).

Conclusiones

Como se ha tratado de poner de relieve en este artículo, la forma corporativa y clientelar de gestionar los recursos destinados al desarrollo durante décadas de intervenciones de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, operadores políticos y agentes externos diversos, ha tenido efectos específicos sobre el tipo de relación que se establece entre estos, la población local y el manejo y gestión de los recursos naturales. Ello ha dejado en Los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta una secuela de dependencia, a raíz de un asistencialismo y paternalismo exacerbados.

Este modelo de desarrollo ha producido, además de un grave deterioro del medio socioambiental y ecocultural, efectos muy profundos en las estructuras del mundo rural, al inducir una evolución dual del sector agropecuario, que ha conllevado fuertes disparidades territoriales y sociales. Además, el porvenir del sector mayoritario de hogares campesinos, se encontraba hasta ahora determinado por la evolución de los mercados de trabajo y de las políticas sociales.

Sin embargo, en este contexto se constituye en 1993 el PSSM, que ha marcado el surgimiento en la esfera local de una nueva generación de ONG vinculadas con el movimiento del ambientalismo social mexicano. Estos nuevos actores no gubernamentales reivindican explícitamente la articulación de las actividades ambientales, productivas y sociales (sustentabilidad integral), y -como fundamento esencial de sus intervenciones- la participación de la población local en la toma de decisiones que afectan de manera directa y decisiva a su propio futuro. De igual forma, dichos actores han retomado otros conceptos, teorías y modelos emergentes alternativos al desarrollo oficial hegemónico -de corte eurocéntrico y neocolonialista-, como por ejemplo las nociones de etnodesarrollo y empoderamiento (con énfasis de género).

Es importante resaltar que las nociones mencionadas no son solo presunciones teórico-conceptuales asumidas en el marco de este trabajo, sino que se concretan en los discursos y las prácticas de algunos movimientos sociales, de ONG y otras asociaciones civiles, de un sector del mundo académico y, sobre todo, de la población local indígena campesina en la región de Los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta.

Asimismo, estos proyectos que se revelan como emergentes y alternativos al desarrollo convencional y oficial hegemónico, sustentados en los postulados de las ideas anteriores -pese a todas sus incoherencias, contradicciones, conflictos y costos diversos-, constituyen un ejemplo de buenas prácticas para avanzar en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo con cierta capacidad para contribuir a la lucha por mejorar la precaria situación ecológica, demográfica y socioeconómica de las comunidades indígenas campesinas. Dentro de su diversidad, estas corrientes de pensamiento comparten la idea de que es posible construir puentes y repensar el desarrollo sin renunciar a las propias categorías culturales.

Además, se ha constatado que no se trata de ensayar más formas fallidas (por imposibles) de desarrollos alternativos, sino de buscar verdaderas alternativas al desarrollo como principios organizadores de la visión, posicionamiento e intervención sobre la realidad. Para ello, entre otras formas posibles, para trascender el desarrollo es necesario fijar nuestra atención en las prácticas, conocimientos e imaginarios locales, es decir, en los márgenes del sistema, en las culturas locales realmente existentes pero invisibilizadas por los objetivos del discurso desarrollista. Hasta cierto punto, el estudio de caso analizado en este texto ayuda a pensar cómo podría ser otro modelo de desarrollo.

En el estudio de caso presentado en este artículo se ha mostrado cómo, si bien el efecto del ecoturismo es aún limitado -tanto para la conservación de los recursos naturales como en el desarrollo socioeconómico local-, evidencia una considerable potencialidad para incrementarse a mediano y largo plazo, siempre y cuando se atiendan a la vez, desde las esferas correspondientes, las notorias problemáticas medioambientales, económicas y socioculturales a las que actualmente debe enfrentarse el sector ecoturístico en esta región.

Finalmente, se puede concluir que quizá lo más importante sea entender el valor de estas buenas prácticas socioambientales en contextos de pluralidad; su capacidad para mejorar hasta un cierto punto la existencia de la gente, así como para generar proyectos personales y comunitarios que -en la justa medida de sus todavía limitadas posibilidades- tratan de soslayar y evadir las lógicas propias de la hegemonía capitalista neoliberal y pos(t)neoliberal. En definitiva, se trata de un proceso gradual con base en propuestas más constructivas, ambiciosas y eclécticas que las predominantes hasta el momento, para intentar superar el punto muerto actual. Este trabajo de investigación quisiera poder aportar su pequeño grano de arena para tal fin.

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* Este artículo forma parte de los resultados científicos de la tesis doctoral en Antropología Social y Cultural titulada “La gestión de recursos naturales en la Sierra de Santa Marta en Veracruz (México): un ejemplo de alianza estratégica de saberes locales y conocimientos técnicos-científicos para la sustentabilidad”, dirigida por la Dra. Beatriz Pérez Galán de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Dr. Günther Dietz de la Universidad Veracruzana. Este trabajo ha sido financiado gracias a una beca maec-AECID (2011-2013), concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a españoles para estudios de posgrado, doctorado e investigación en universidades y centros superiores extranjeros de reconocido prestigio en países de ayuda oficial al desarrollo (AOD/ODA).

Artículo de investigación que presenta un proyecto socioespacial alternativo en la gestión de recursos ecoturísticos, el cual se revela como un ejemplo de buenas prácticas para construir un nuevo modelo de desarrollo con cierta capacidad para contribuir a la mejora de la precaria situación actual de las comunidades indígenas campesinas mesoamericanas.

CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO: Moreno Arriba, Jesús. 2017. “Medio socioambiental y ecoturismo en la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas (Veracruz, México): una posible nueva alternativa al desarrollo.” Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía 26 (2): 327-353. doi: 10.15446/rcdg.v26n2.57461.

1 Para poder conocer a profundidad y detalladamente toda la dinámica apuntada en este párrafo, véase a Long (2007) y a Pasquier Merino (2014). La propuesta de Long (2007) articula un esquema analítico orientado al actor para estudiar, desde un enfoque etnográfico, las interacciones entre los actores involucrados en los procesos de desarrollo. Desde esta perspectiva las “intervenciones planeadas” son pensadas como “un proceso en movimiento, socialmente construido, negociado, experiencial y creador de significados, no simplemente la ejecución de un plan de acción ya especificado con resultados de comportamiento esperados” (Long 2007, 65). Esto implica que son iniciativas que toman forma a través de las experiencias de la vida cotidiana y las percepciones de los actores y que, al mismo tiempo, son mediadas y transformadas por estos. El autor propone centrar el análisis en los procesos de negociación en torno a los recursos, significados y legitimidad institucional -teniendo en cuenta las condiciones que limitan las opciones y estrategias de los actores-, enfocándose en la heterogeneidad presente en las arenas sociales.

2 Sobre el concepto de desacople, véase por ejemplo Boyle y Simms (2009); Jackson (2009); Victor (2010), entre otros.

3 Al respecto, véase Velázquez (2013).

4 Parte de las transformaciones que han experimentado las ciencias sociales y las investigaciones interdisciplinarias durante las últimas décadas, se ha realizado utilizando o aprovechando las ventajas de nuevos conceptos o términos que permitieron romper antiguas ataduras constrictoras del pensamiento.

5 Proyecto pionero que se encuentra amplia y detalladamente descrito en Paré y Lazos (2003, 261-312).

6 1) UNAM desde 1990; 2) Red de Ecoturismo Comunitario de Los Tuxtlas -en adelante, RECT- 1997; 3) La RBLT 1998; 4) La Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAT) a través de la Comisión Nacional para las Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y el Proyecto Manejo Integrado de Ecosistemas (MIE), financiado por el Global Environmental Facility (GEF), desde 2001.

7 Un reciente e interesante análisis de los procesos de emigración-expulsión en el ámbito geográfico de la región de los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta es el realizado por Velázquez (2013).

8 Para acceder a una mayor información al respecto, véase el artículo de Piñar, Nava y Viñas (2011).

Recibido: 17 de Mayo de 2016; Aprobado: 07 de Abril de 2017

Jesús Moreno Arriba

Licenciado en Geografía de la Universidad de Salamanca (España); especialista universitario en Gestión y Conservación de Espacios Naturales de la Universidad de León (España); licenciado y doctor en Antropología Social y Cultural, y magíster en Formación del Profesorado para la Educación Superior en Competencias Docentes y de Investigación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED (España); doctor en Geografía de la UNED; trabajo de investigación posdoctoral en Geografía en la Universidad Veracruzana (México). Sus líneas de investigación e interés son: gestión de recursos naturales, agrosilvopastoriles, pesqueros y ecoturísticos en comunidades indígenas campesinas; gobierno de los bienes comunes; patrimonio biocultural de los pueblos indígenas; geografía de la (des)población en las áreas rurales españolas; antropología y desarrollo; gestión del patrimonio cultural (in)material; educación universitaria intercultural en América Latina; didáctica de la geografía y las ciencias sociales.

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