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Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía

Print version ISSN 0121-215X
On-line version ISSN 2256-5442

Cuad. Geogr. Rev. Colomb. Geogr. vol.27 no.2 Bogotá July/Dec. 2018

http://dx.doi.org/10.15446/rcdg.v27n2.66062 

Artículos generales

Minería y vulnerabilidad de los territorios rurales en los Andes ecuatorianos: evidencias desde la provincia del Azuay1

Mining and Vulnerability of Rural Territories in the Ecuadorian Andes: Evidence from the Province of Azuay

Mineração e vulnerabilidade dos territórios rurais nos Andes equatorianos: evidências da província de Azuay

Julio A. Alvarado Vélez2  , Nasser Rebaï3 

2 Universidad Regional Autónoma de los Andes - campus Santo Domingo, Santo Domingo - Ecuador

3 Pôle de Recherche pour l’Organisation et la Diffusion de l’Information Géographique (PRODIG), París - Francia

Resumen

En los Andes ecuatorianos, la agricultura familiar se encuentra desde hace varias décadas en una situación de gran vulnerabilidad. A pesar de la reciente renovación del discurso político en Ecuador y del advenimiento de la era del “Buen Vivir”, el auge de la minería constituye un factor adicional de esta vulnerabilidad. En este contexto, el presente artículo, basado en los resultados de una investigación desarrollada en la parroquia Victoria del Portete, en la provincial del Azuay, propone analizar la situación actual del campesinado en esta zona, antes de discutir la necesidad de repensar el desarrollo de los territorios rurales en Azuay y en el resto de la sierra ecuatoriana a partir del fortalecimiento de las organizaciones campesinas.

Palabras-clave: agricultura de subsistencia; campesinado; minería; territorio; vulnerabilidad

Abstract

Family farming in the Ecuadorian Andes has been undergoing a situation of high vulnerability for several decades. Despite the recent renewal of political discourse in Ecuador and the beginning of the “Buen Vivir” era, the mining boom is an additional factor contributing to that vulnerability. In this context, the article, which is based on the results of a research project carried out in the parish of Victoria del Portete, province of Azuay, analyses the current situation of the rural population in the area, before going on to discuss the need to rethink the development of rural territories in Azuay and the rest of the Ecuadorian highlands, on the basis of strengthening rural organizations.

Key words: subsistence agriculture; peasantry; rural people; mining; territory; vulnerability

Resumo

Nos Andes equatorianos, a agricultura familiar encontra-se há várias décadas em uma situação de grande vulnerabilidade. Apesar da recente renovação do discurso político no Equador e do advento da era do “Bem viver”, o boom da mineração é um fator adicional nessa vulnerabilidade. Nesse contexto, este artigo, escrito a partir dos resultados da pesquisa realizada em Victoria del Portete, na província de Azuay, tem como objetivo analisar a atual situação do campesinato nessa área, antes de discutir sobre a necessidade de repensar o desenvolvimento das zonas rurais da região Azuay e do resto da serra equatoriana a partir do fortalecimento de organizações de agricultores.

Palavras-Chave: agricultura de subsistência; campesinato; mineração; território; vulnerabilidade

Introducción

La noción de territorio “testimonia una apropiación a la vez económica, ideológica y política (entonces social) del espacio” (Di Méo 1998, 107). De hecho, este concepto supone la permanencia de la población en la tierra que controla, que intenta valorizar de manera sustentable y con la que se identifica, al producir un paisaje singular “cargado de afectividad y de significación” (Bonnemaison 1981, 257). Según esta definición, ¿en qué medida entonces se puede seguir hablando del desarrollo de los territorios rurales en los Andes ecuatorianos, cuando en esta región el auge de la minería ha sido particularmente importante en los últimos años? Desde nuestro punto de vista, esta pregunta resulta aún más crucial, toda vez que la renovación del discurso político en Ecuador -desde la llegada al poder del partido Alianza País en 2007, con la importancia dada al “Buen Vivir”, a los “Derechos de la Naturaleza”, a la “Soberanía Alimentaria” y a las “redes de productores” en la Constitución de 2008- impone pensar en el rol del campesinado en el proceso de desarrollo nacional, mientras que el extractivismo puede afectar la sostenibilidad de los recursos naturales esenciales para la agricultura (Ospina et ál. 2015; Svampa 2011).

Ligado a estas problemáticas, y a partir de los resultados de una investigación llevada en la provincia del Azuay, el presente artículo propone, en primer lugar, analizar las dinámicas actuales en la parroquia Victoria del Portete, donde estudiamos las características de la agricultura familiar y las circunstancias del desarrollo del proyecto minero Loma Larga, en un trabajo de campo que incluyó la realización de encuestas y entrevistas con una gran variedad de actores locales4. En segundo lugar, el texto ofrece elementos de discusión para contribuir al reforzamiento del rol de la agricultura familiar campesina para el desarrollo de los territorios rurales en Azuay y en el resto de la sierra ecuatoriana.

Contexto liberal, minería y vulnerabilidad de los territorios rurales en la sierra ecuatoriana

Desde la década de los ochenta, los territorios rurales de los Andes ecuatorianos experimentaron cambios profundos en un contexto de liberalismo económico. Los diferentes gobiernos que se sucedieron promovieron reformas institucionales y legales que llevaron a la “liberalización de controles” y a la “simplificación de mecanismos y procedimientos” (Sandoval 2002, 60). Así, por ejemplo, la Ley de Minería de 1991 y la Ley de Desarrollo Agrario de 1994 permitieron establecer condiciones favorables para atraer inversiones extranjeras privadas, a fin de “modernizar” el sector primario de la economía nacional, mediante la explotación de los recursos del suelo (Acosta 2009; Onorato, Fox y Strongman 1998) o el desarrollo de productos “no tradicionales” para la exportación (Korovkin 2004; Martínez 2014). En 2001, la publicación del informe del Proyecto para el Desarrollo Minero y Control Ambiental (PRODEMINCA) reveló la realización por parte del Estado ecuatoriano, con créditos de organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial (CAIC 2008), de estudios previos para la generación de informaciones destinadas a las compañías mineras, como incentivo para ahorrarles tiempo y dinero en la localización de los recursos mineros (Acosta 2009; Zorrilla 2008).

Así, en medio de un escenario nacional favorable a los capitales privados, varias empresas transnacionales empezaron a prospectar en diferentes provincias de la sierra ecuatoriana, como la que realizaron: Mitsubish (1991-1997) en el Valle del Íntag, provincia de Imbabura; la International Minerals Corporation (2001-2012) y Junefield (2013 hasta la actualidad) en el yacimiento de río Blanco, en las parroquias azuayas de Molleturo y Chaucha, y varias otras, como las Cogema (1991-1993), Newmont Mining and TVX Gold (1994 y 1998), IamGold (1998-2012) e INV Metals, desde el 2012, en el yacimiento de Loma Larga (conocido como Quimsacocha hasta el 2012), en la parroquia de Victoria del Portete. En este contexto, la explotación minera en los Andes ecuatorianos creció rápidamente (Bustamante y Lara 2010; Latorre, Farrell y Martínez-Alier 2015), prolongando así la antigua historia del extractivismo ecuatoriano (Deler 2007), y aún más en los últimos años, cuando los precios del petróleo se precipitaban al mismo tiempo que el expresidente Rafael Correa (2007-2017), líder de la Revolución Ciudadana y del Buen Vivir, buscaba los recursos para financiar su ambiciosa política social (Ospina y Lalander 2012). Frente a la implementación de esta política neodesarrollista que debía, teóricamente, permitir “salir del extractivismo con los recursos del extractivismo” (Cabieses 2012), las poblaciones campesinas, que apoyaban inicialmente el desarrollo de la minería con el fin de conseguir riquezas rápidas, se movilizaron para defender sus territorios y modos de vida (Alvarado Vélez 2016, 2017; Kuecker 2007; Ponce 2013).

Elección de la zona de estudio y metodología

En este contexto, la redefinición de las relaciones entre los diferentes actores directa o indirectamente concernidos por la minería (agricultores, poderes públicos y empresas transnacionales) conllevó conflictos por la defensa o la apropiación de recursos y lidió con nuevas prácticas que afectaron la agricultura y el medioambiente (Avci y Fernández-Salvador 2016; Kuecker 2007; Sánchez-Vásquez, Espinosa y Eguiguren 2016). No obstante, con el fin de caracterizar mejor la vulnerabilidad actual de la agricultura familiar en la sierra ecuatoriana, es importante proponer una reflexión original acerca de las dinámicas territoriales rurales en la provincia del Azuay, en donde, recientemente, los proyectos extractivistas se multiplicaron y provocaron una movilización campesina importante, simbólica de una verdadera voluntad de “resistencia territorial” (Cortes 1999, 267) por parte de los agricultores familiares.

Fue así como nos orientamos a la parroquia Victoria del Portete (figura 1), que, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), contaba con 5.251 habitantes en 2010, para estudiar la incidencia del proyecto minero Loma Larga, que se encontraba en fase de evaluación económica al momento de nuestro trabajo de campo5. Dos elementos fundamentales nos llevaron a elegir esta zona de estudio. En primer lugar, nos llamó la atención la historia política reciente de la localidad. En efecto, mientras que muchos trabajos presentaron la resistencia campesina a los proyectos extractivistas promovidos por el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) como masiva e indivisible (Bonilla 2013; Kuhn 2011; Ortiz 2016; Pérez 2012), el hecho de que las elecciones parroquiales de 2014 llevaron a la victoria de Alianza País suponía la existencia de una división de la población campesina que podía impactar la dinámica del territorio. Entonces nos pareció interesante comprender por qué una mayoría de la población local apoyaba al gobierno de Rafael Correa y, aparentemente, al desarrollo del proyecto minero. En segundo lugar, el hecho de que la parroquia Victoria del Portete se encontraba a 24 kilómetros de la ciudad de Cuenca (400 mil habitantes) nos pareció también interesante para el debate que queríamos abrir sobre la capacidad de resiliencia de la agricultura familiar andina. En efecto, desde nuestro punto de vista, la proximidad de la tercera ciudad ecuatoriana podía ser un factor favorable para el desarrollo de la agricultura familiar mediante, por ejemplo, el desarrollo de redes de comercialización agropecuaria o a través de la diversificación económica de las unidades de producción familiar (Rebaï 2014).

Datos: Instituto Geográfico Militar (IMG); cartografía elaborada por N. Rebaï.

Figura 1 Mapa de ubicación de la zona de estudio. 

Así, después de haber elegido nuestra zona de estudio, nos dedicamos a realizar el trabajo de campo buscando a diferentes actores, del campo y la ciudad, entre campesinos y actores públicos, para tener una visión global de la situación rural, agrícola y minera en la provincia del Azuay y, en particular, en Victoria del Portete. Concretamente, organizamos nuestra investigación en tres etapas. Para empezar, buscamos recibir el apoyo de la junta parroquial para asistir a reuniones públicas y establecer contactos con agricultores. Así pudimos entablar conversaciones informales que nos permitieron identificar a algunos actores clave de la localidad, con los cuales iba a ser interesante dialogar sobre las evoluciones contemporáneas de la agricultura local y de los conflictos relacionados con la minería. Luego realizamos doce entrevistas con líderes campesinos, tenientes políticos y ancianos de Victoria del Portete, que nos permitieron entender los cambios recientes del territorio. Concretamente, preguntamos a nuestros interlocutores cómo había cambiado la agricultura local a lo largo de las últimas décadas, cómo era la agricultura en su juventud y cómo trabajaba actualmente la gente, antes de conversar con ellos acerca de su percepción del extractivismo, de sus intereses y de los peligros para su territorio. Enseguida les pedimos que nos explicaran cómo había surgido localmente la resistencia campesina al proyecto Loma Larga (figura 2) y, finalmente, tratamos de comprender la razón por la que la población campesina de Victoria del Portete parecía dividida respecto a este mismo proyecto.

Fotografía de Nasser Rebaï, septiembre 2016.

Figura 2 Cartel de resistencia al proyecto minero Loma Larga en Victoria del Portete, 2016. 

Después de eso, pasamos a Cuenca y realizamos una entrevista con la viceprefecta del Azuay para conocer la visión de las autoridades públicas regionales acerca del desarrollo minero y abordar la antinomia del discurso gubernamental sobre los temas del Buen Vivir y del extractivismo. Además, hicimos tres entrevistas con funcionarios del Departamento de Calidad Ambiental de la Prefectura del Azuay y de la Oficina de Protección Ambiental de la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca -en adelante, ETAPA-. Con estos actores institucionales discutimos sobre las evoluciones recientes de las prácticas campesinas en Victoria del Portete y, desde un punto de vista más general, acerca de la problemática ambiental en la periferia rural de Cuenca. Poco a poco, estas conversaciones nos llevaron a la cuestión de la minería y de sus efectos potenciales a escala provincial y del territorio de Victoria de Portete, lo que nos permitió entender mejor en qué medida el proyecto Loma Larga podría afectar la agricultura familiar en esta parroquia.

Volviendo al campo, completamos nuestro trabajo realizando encuestas con agricultoras y agricultores de Victoria del Portete para conocer más precisamente las características de la agricultura local. Buscando encontrar principalmente a agricultores con pequeñas fincas para evaluar la situación de la mayoría de la población local6, nos beneficiamos de la ayuda de la Junta Parroquial que nos indicó los contactos de agricultores que podíamos solicitar. Además, para tratar de tener un panel que correspondiera a la tendencia local, contactamos a campesinos opuestos a la minería y a otros que estaban a favor, según los miembros de la Junta Parroquial. Así, realizamos 11 encuestas con agricultores familiares y, por último, llevamos una encuesta adicional con un dirigente antiminería que habíamos entrevistado al inicio de nuestro trabajo de campo. Por tener “bastante tierra”, según sus propias palabras, nos pareció interesante completar nuestro análisis de la dinámica agrícola local integrándolo en nuestra muestra. Así, con cada uno de los doce agricultores hicimos un diagnóstico de su finca mediante preguntas acerca de la extensión de sus parcelas, de la mano de obra disponible, de los cultivos y de los animales, de las ventas y de la importancia de la pluriactividad en su hogar. Después de cada encuesta, realizamos con cada uno de ellos una entrevista complementaria acerca de su visión del proyecto minero y del futuro de la agricultura local, lo que nos permitió entender mejor la situación social en Victoria del Portete. Finalmente, discutimos los resultados de nuestras encuestas y abordamos de manera más general el tema de la agricultura familiar en la periferia de Cuenca con un técnico del Ministerio de Agricultura (MAGAP), lo que nos permitió concluir nuestro trabajo de campo.

Obviamente, la muestra de trabajo a partir de la cual desarrollamos la presente reflexión no pretende servir a la construcción de una nueva base de datos estadísticos ni a la formulación de conclusiones definitivas a propósito de las características de la agricultura familiar en la provincia del Azuay, y aún menos en la sierra ecuatoriana. Sin embargo, el hecho de haber seguido una línea de investigación cualitativa y trabajar con un pequeño grupo de campesinos y actores institucionales clave -a fin de privilegiar conversaciones largas7 para poder abordar diferentes temas (la agricultura, la minería, la pluriactividad, etc.) y confrontar los puntos de vista- hizo que apareciera, “por el mero efecto de la yuxtaposición, lo que resulta del enfrentamiento de visiones del mundo diferentes o antagónicas”8 (Bourdieu 1993, 13). Así, todo esto nos posibilitó obtener informaciones muy precisas acerca del conflicto y de las prácticas campesinas en Victoria del Portete. Por eso el presente trabajo tiene que ser entendido como un aporte original que se inscribe en la continuidad de los trabajos que realizamos anteriormente en la provincia del Azuay, en donde los efectos asociados de las migraciones campesinas y del crecimiento urbano (Rebaï 2014, 2017), y los actuales del desarrollo minero (Alvarado 2016, 2017), hacen de esta región un verdadero laboratorio de análisis de las transformaciones recientes y de las perspectivas de desarrollo de los territorios rurales de las sierra ecuatoriana.

Una agricultura familiar en crisis

En los últimos años, varios estudios indicaron que el cultivo de maíz era particularmente importante en la provincia del Azuay. Hasta hace poco, la gran mayoría de las familias campesinas de esta provincia se dedicaban a la producción de este cereal, que constituía la base de su alimentación (Borrero 1989; Gondard 1976; Huttel, Zebrowski y Gondard 1999; Rebaï 2016). El último censo agrario nacional (2002) precisaba que, al inicio del presente siglo, 71% de las 100.000 explotaciones azuayas cultivaban principalmente maíz, asociado con mayor frecuencia con fréjol, sobre 40.000 ha que representaban el 75,5% de las superficies de cultivos no permanentes provinciales. Sin embargo, como observamos al llegar a Victoria del Portete, el cultivo de maíz hoy aparece marginal y solo ocupa pequeñas extensiones. Varios factores explican esta situación.

Cambios recientes en las prácticas agrícolas

Durante las últimas décadas, el campo azuayo ha conocido cambios importantes al tiempo que las migraciones campesinas se generalizaban (Carpio 1992; Rebaï 2016). Diferentes estudios llevados en la periferia rural de Cuenca mostraron que, desde hace más de veinte años, la salida de una gran parte de la mano de obra agrícola había provocado la reducción de las superficies cultivadas (Rebaï 2014, 2017). La situación en Victoria del Portete no ha sido tan diferente. En efecto, como se desprende de las entrevistas que realizamos al inicio de nuestro trabajo de campo en varias haciendas que se encontraban en la localidad hace cincuenta años, el proceso de reforma que se implementó en Ecuador durante las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX, más allá de contribuir a una redistribución de la tierra9, llevó a la liberación de la mano de obra local. Así, a partir de la década de los setenta, como sus minifundios10 y falta de articulación al mercado (North 1985) nos les permitía sobrevivir, los campesinos de Victoria del Portete tuvieron que encontrar ingresos regulares. Por eso, empezaron a ser pluriactivos y a migrar puntualmente entre los periodos de siembras y de cosechas hacia las zonas de minería de la provincia de El Oro o a las de producción de cacao y de banano en Guayas, para trabajar como jornaleros en estas zonas costeñas, como miles de otros campesinos originarios de otras zonas de la sierra ecuatoriana (Chiriboga 1984; Martínez 1985; Rebaï 2008, 2016), en una prolongación de “la antigua tradición de desplazamiento de las poblaciones entre las tierras altas andinas y las zonas litorales” (Deler 2007, 233). Algunos de ellos establecieron asimismo relaciones con la ciudad de Cuenca, vendiendo allí su fuerza de trabajo en los sectores de la construcción o de los transportes, pero volviendo semanal o mensualmente a su parroquia con sus ahorros.

Progresivamente, a medida que aumentaba la migración internacional ecuatoriana en las décadas de los años ochenta y noventa (Borrero y Vega 1995; Jokisch y Kyle 2005; Rebaï 2016), los habitantes de Victoria del Portete empezaron a vincularse a las redes regionales de migración internacional y varios de ellos salieron a Estados Unidos. Poco a poco, las redes familiares se fueron estableciendo y los préstamos entre campesinos se volvieron más frecuentes en el ámbito local, hasta que las migraciones internacionales de los habitantes de Victoria del Portete comenzaron a constituirse, hasta la actualidad, en una de las principales estrategias de reproducción social, al igual que la pluriactividad local, que no paró de predominar hasta las últimas décadas. Así, por ejemplo, de nuestro grupo de familias campesinas, que constaba en 2016 de 68 individuos, 34% de la población estudiada se encontraba en Estados Unidos o en otra parte del Ecuador, a veces desde hacía más de veinte años, mientras que 9% de los individuos tenían un empleo permanente afuera de la finca, principalmente en Cuenca, lo que les impedía participar en las tareas agrícolas cotidianas.

Lógicamente, esta situación demográfica ha tenido consecuencias en las prácticas agrícolas locales y ha provocado la desaparición progresiva del maíz y de los otros cultivos de ciclo largo (fréjol, haba, tubérculos), exigentes en trabajo y de bajos rendimientos. Además, por la falta crónica de mano de obra, las familias de Victoria del Portete dejaron también los sistemas de solidaridad característicos de las comunidades campesinas andinas, como el “cambio mano”, dando más importancia a las relaciones de trabajo monetarizadas. Así, según nuestras encuestas, el salario de un jornalero en la localidad pasó de US$5 a US$12 entre 2000 y 2016, lo que provocó el aumento del costo de producción promedio del maíz en Victoria del Portete. Por eso se redujeron las superficies cultivadas netas en la parroquia en los últimos años, marcados por las salidas y la proletarización local de numerosas personas.

En cambio, las familias campesinas de la zona desarrollaron cada vez más la ganadería lechera, una actividad exigente, pero que no implica picos de trabajo que imponen la presencia de una mano de obra numerosa permanente en la finca. Además, aprovecharon el contexto favorable de protección del mercado nacional de leche que permitió a miles de pequeñas explotaciones familiares de la sierra ecuatoriana asegurarse unos ingresos modestos, pero estables (Hernández, Mafla y Proaño 2013; Rebaï 2014, 2017). Así, en los últimos años, muchas de ellas decidieron tener más pastos en sus fincas y contrataron a madereros para cortar los árboles de sus parcelas, obteniendo un ingreso adicional al vender la madera, hasta la altura de los páramos. En consecuencia, la cobertura vegetal local se redujo drásticamente y dio otro impulso al cambio agrario local. En las doce explotaciones que estudiamos, que en 2016 representaban 138,5 ha, 49,8% de la superficie total se dedicaba a pastos, 46,3% se destinaba a bosques y solo 3,9% se usaba para los cultivos. En las once pequeñas fincas familiares de nuestro panel, que representaban 38,5 ha, la diferencia en usos del suelo era aún más marcada: 88,3% de la superficie total se dedicaba a pastos y 11,7% a los cultivos. Así, el paisaje agrario en la zona cambió profundamente y dejó de estar dominado por el dorado del maíz, para volverse cada vez más verde, por la importancia que adquirieron los pastos (figura 3).

Fotografía de Nasser Rebaï, septiembre 2016.

Figura 3 Visión del paisaje agrario en Victoria del Portete en 2016. 

La paradoja de la situación alimentaria de los hogares campesinos

En este contexto, los cambios productivos en Victoria del Portete, que corresponden a una verdadera pecuarización de la economía local, conllevaron lógicamente una transformación del patrón de consumo alimentario cotidiano, símbolo de la vulnerabilidad económica de las explotaciones más pequeñas. En efecto, por haber dejado los cultivos, se volvieron dependientes del mercado para cubrir sus necesidades alimentarias, más cuando los hogares constan de varios niños o ancianos que se deben nutrir. Así, las encuestas indican que en 2016, en las siete explotaciones más pequeñas de nuestro panel, cuya extensión promediaba 1,6 ha, los ingresos lecheros, que representaban un promedio de US$138,65 mensuales, eran insuficientes para que estas mismas familias campesinas pudieran cubrir sus gastos alimentarios, constituidos principalmente de compras de arroz, fideos, tubérculos y de grasas (aceite y manteca), y que alcanzaban un promedio de US$208,5 mensuales. Entonces lo que les permitía mantenerse eran las remesas y los ingresos de la pluriactividad local, que representaban un promedio de US$421 mensuales por hogar, mientras que los ingresos muy esporádicos de productos agrícolas (algunas hortalizas, una arroba de papas o de granos) o de pequeños animales (cerdos, borregos o cuyes) representaban un promedio de US$37,8 mensuales. En cambio, para cuatro explotaciones que formaban parte de nuestro panel también, cuya extensión promedio era de 6,75 ha, los ingresos lecheros representaban US$613,5 mensuales y permitían cubrir los gastos alimentarios, que alcanzaban a ser en promedio de US$205. Finalmente, la duodécima explotación de nuestro panel (la del dirigente), por tener 35 ha de pastos (en una propiedad de 100 ha) y cerca de setenta cabezas de ganado, lograba sacar un ingreso promedio suficiente para cubrir un gasto anual de US$4.000 de fertilización de sus suelos.

Un medioambiente en peligro

Más allá de la inseguridad alimentaria de la población en Victoria del Portete, la dinámica agraria actual podría traer problemas ambientales que aquejarían aún más la actividad agrícola campesina. En efecto, la reducción drástica de la cobertura vegetal (figura 4) podría provocar procesos acelerados de erosión, en particular en las zonas de vertientes. Además, con la presencia cada vez más frecuente de hatos en las zonas de altura, los páramos podrían perder su capacidad de retención y redistribución de las aguas de lluvia que sirven para la agricultura y el consumo humano, como se lo ha visto en otras zonas de la sierra ecuatoriana, donde el avance reciente de la frontera pecuaria ha provocado daños ambientales importantes (Alomía 2005; Girard 2005; Pohle, Park y López 2010).

Fotografía de Nasser Rebaï, septiembre 2016.

Figura 4 Fotografía de los cerros de Victoria del Portete, 2016. 

Entonces, los recursos hídricos en Victoria del Portete podrían reducirse de manera muy significativa y las fincas familiares, al igual que la ciudad de Cuenca, que saca provecho de numerosas fuentes hídricas que se encuentran en su periferia rural, podrían perder una gran parte del agua que utilizan actualmente. Además, la calidad del agua sería afectada también por el uso creciente de fertilizantes químicos, utilizados por los agricultores para mejorar la calidad de los pastos y aumentar su producción lechera, pero también por las deyecciones cada vez más numerosas de los ganados que suelen pacer cerca de los ríos y de las fuentes de agua11. En este contexto, la población campesina se encontraría en una situación realmente grave, aún más con el desarrollo minero local.

La minería, un factor adicional de vulnerabilidad territorial

Si la dinámica agraria actual en Victoria del Portete podría afectar al medioambiente a corto plazo, el paulatino desarrollo de la minería industrial en las zonas altas de esta localidad, particularmente en los páramos de Quimsacocha, en donde han sido concesionadas 8.800 ha al proyecto Loma Larga, es un elemento adicional que podría traer un severo y tal vez irreversible deterioro ambiental, que aumentaría entonces la vulnerabilidad de este territorio. Además, el tiempo de productividad estimado de este proyecto, de aproximadamente doce años, podría justificar la repotenciación de actividades más sostenibles en este entorno rural. Sin embargo, a pesar de que la explotación minera no había empezado aún al momento de realizar nuestro trabajo de campo, es significativa la conflictividad que se vive actualmente en Victoria del Portete, ante la eventualidad de poner en marcha, a medio plazo, una dinámica de desarrollo territorial.

La minería en el Azuay y en Victoria del Portete

El proyecto Loma Larga se encuentra en un área ambientalmente frágil. En efecto, los páramos de Quimsacocha, que forman parte del Macizo del Cajas, de los cuales proviene la mayor parte de las aguas que abastecen la ciudad de Cuenca, fueron reconocidos por la UNESCO en 2013 como parte de la red mundial de reservas de biósfera, debido a la importancia de los ecosistemas que se encuentran en esta área. Con una visión más amplia, es importante mencionar que el desarrollo de actividades mineras en la provincia del Azuay existe desde hace varias décadas. Así, además de Loma Larga, se destacan, por ejemplo, la minería artesanal en el cantón Camilo Ponce Enríquez, al oeste de la provincia, en donde, según los datos municipales disponibles, 38% del territorio (24.000 ha) está repartido entre cincuenta concesiones mineras metálicas (Pozo 2013), y el proyecto Río Blanco, de mediana escala, en las parroquias Molleturo y Chaucha, con cerca de 6.000 ha concesionadas. Este tipo de actividades suscita, sin embargo, una fuerte preocupación en la población azuaya y los poderes públicos. Sobre los impactos de la extracción minera, el propio municipio de Camilo Ponce Enríquez ha reconocido los altos niveles de contaminación generados en este cantón (Pozo 2013). Por su lado, la viceprefecta de la provincia de Azuay nos compartió elementos de comprensión adicionales:

Este cantón minero [Camilo Ponce Enríquez], históricamente minero -50 años de hacer minería- es uno de los cantones más deprimidos del país. Y es la prueba fehaciente de que la minería no le ha dado desarrollo a un territorio pequeño. El oro no se transforma, el oro no le deja nada a la gente. El oro ha sido el factor para problemas sociales complejos: es una industria prioritariamente masculina, es una industria extractiva, es una industria de trabajo con unas implicaciones de riesgo laboral amplias. Y esas condiciones [generan] una serie de problemas sociales, sin contar con los ambientes. Problemas sociales de violencia, de degradación territorial por la ausencia de vida familiar, alcoholismo, prostitución. (Entrevista, febrero de 2016)

Puntualmente, el desarrollo de la minería en los páramos de Victoria del Portete tendría un sinnúmero de consecuencias en este territorio y a escala provincial, efecto de los derrames (Gudynas 2015). Sobre este aspecto, el coordinador del Departamento de Calidad Ambiental de la Provincia de Azuay nos dio detalles de la situación regional:

De Quimsacocha dependen más de 600 concesiones de agua. La mayoría, más de 400, son para abrevadero, y más de 200 son para consumo humano. ¡Sólo 6 son para temas industriales! Nosotros estamos en peligro, porque justamente donde se ejecuta el proyecto minero, por la visión, por la estructura social de la provincia del Azuay, todas las personas migrarían para acá [a Cuenca], a la ciudad más grande, donde está concentrada ya la mayor parte de la población. (Entrevista, febrero de 2016)

Como lo mencionamos más arriba, el desarrollo de la minería en Ecuador vivió su auge sobre todo en la década de los noventa. No obstante, las primeras exploraciones sistemáticas en la actual zona de Loma Larga fueron por las Naciones Unidas realizadas a finales de la década de los setenta (Alvarado 2016). Así, durante más de tres décadas, se realizaron exploraciones, hasta que en el 2004 se descubrió el depósito minero (INV Metals 2015). Sin embargo, en este periodo, el desconocimiento de las actividades de perforación para localizar los minerales, así como la falta de interés de los agricultores de la zona, facilitaron el avance de la exploración minera, como nos los contó un octogenario de la zona:

Tengo una hacienda arriba, junto a las concesiones mineras. Antes yo iba allá para trabajar con gente que llevaba. [Venían] quince peones más o menos [...]. Sabíamos dormir allí, y por la noche veíamos luces de carros que andaban por allí. No sabíamos nada, nadie nos había informado, pero notamos gente en el páramo haciendo huecos. (Entrevista a S. G., 86 años)

Entre 1998 y 2002, la empresa minera IamGold realizó la primera socialización del proyecto. De esta forma, los agricultores vieron la minería como la solución para impulsar el desarrollo local, como lo confirmó uno de los líderes campesinos que entrevistamos: “Al principio, todos creímos que había oro y que era una fortuna para el país, y que además tendríamos apoyo” (F. G., 53 años). Sin embargo, paulatinamente, las percepciones campesinas en Victoria del Porte sobre la minería cambiaron, al tiempo con los saberes que iban adquiriendo los habitantes de la localidad. Así, y continuando su relato, el líder campesino precisó:

Posteriormente [a fines de los años 2000], encontramos grandes luchas, grandes resistencias, como la de Sígsig o la de Íntag. En Sígsig y en Íntag mandaron desalojar a los trabajadores de las empresas mineras. Nuestros mayores también nos contaron los problemas en Zaruma y en Portovelo, en las minas que trabajaban solo con mulares para mover las carretas. Los mulares por lo general salían ciegos de las minas […]. Eso se fue difundiendo y así nos dimos cuenta de que no podíamos aceptar ese tipo de destrozos en nuestras montañas, especialmente de nuestra agua. (Entrevista a F. G., 53 años)

De igual manera, el relato de una campesina corroboró estas particularidades sobre las transformaciones de los saberes locales sobre la minería:

Nosotros buscamos apoyo en otros países donde se esté dando la minería. Me fui a diferentes eventos, hasta me fui a Europa, a Perú. Hemos dialogado con compañeras de Guatemala, de México, de Perú, de tantos países. [En Perú] hay una minera que se llama Yanacocha. [Sobre este caso nos han] mostrado videos de cómo era la realidad, no la mentira [refiriéndose a los discursos del Estado Central]. Es por ello que sabemos que la minería no es nada de bueno, trae destrucción. (M. C., 41 años)

Así, poco a poco, los procesos de resistencia a emprendimientos mineros originados por las secuelas de esta actividad en otras regiones y la cohesión con otros movimientos nacionales e internacionales contribuyeron a hacer nacer la resistencia antiminería en Victoria del Portete. Sin embargo, pronto, esta movilización iba a encontrar tensiones y generar conflictos internos en la comunidad campesina.

Una población campesina dividida por de la minería

Además de una fuerte oposición de los campesinos al gobierno de Rafael Correa y a las empresas mineras, cabe subrayar que apareció otra forma de conflicto en el seno de la población campesina de Victoria del Portete acerca del interés eventual de la minería en términos de ingresos o de empleos. Sobre las particularidades de este conflicto, un campesino nos habló de su experiencia y de la tensión que existía localmente: “El presidente del sistema de agua en mi barrio utilizó a la gente, les ponía miedo y les decía que les multaría si no salían a protestar” (M. M., 76 años). Sobre esto, otro campesino añadió: “para lastimarlos, algunos comuneros han perdido el derecho al agua. Los que están a favor [o sin una postura antiminera] sufren una presión” (J. P, 67 años).

Asimismo, un joven extrabajador de la empresa IamGold nos relató que, debido a su situación económica, la minería fue una opción de subsistencia que, sin embargo, fue motivo de ostracismo dentro de la parroquia. Al respecto, él nos explicó que, por haber colaborado con la minera, su familia ya no tenía acceso al agua, necesaria además para sus actividades agropecuarias:

No nos quieren dar agua. Nuestra familia no dice sí o no a la minería. Que se peleen con los grandes. Si el gobierno dice que sí [al desarrollo de la minería], tendrá su relajo [consecuencias]. Si la Junta Parroquial dice sí, tendrá su argumento. Nosotros, en términos generales, podemos decir que no. Yo no le creo ni al gobierno, ni al gerente de la compañía, […] ni al pueblo. El uno tiene su interés, el otro tiene su interés. Una cosa es que me lleve con los funcionarios de la junta parroquial, otra con la compañía, [sin embargo] la amistad es otra cosa. Nos han dicho, ustedes son mineros, no les daremos agua. Lo que menos quiero es conflicto. La realidad es que el problema del agua es por la minería. (J. P., 28 años)

Entonces, a partir de estos relatos, pudimos percibir que las posiciones sociales frente a la minería servían a los líderes antimineros para catalogar a los habitantes de Victoria del Portete como “buenas personas”, si su postura era contraria al extractivismo o si habían participado, voluntaria o involuntariamente, en las protestas de rechazo a esta actividad, o como “malas personas”, si demostraban una posición neutral o indiferente.

En definitiva, la conflictividad minera en Victoria del Portete ha respondido a varias racionalidades campesinas. Por un lado, en el auge de la conflictividad, los campesinos, preocupados por el futuro de sus actividades agropecuarias, expulsaron en 2006 a las principales autoridades de la parroquia por sus presuntos vínculos con la empresa minera12, para luego designar democráticamente a representantes políticos opuestos a la minería y vinculados con Pachakutik, partido de tendencia indigenista creado en 1995 para representar los intereses de la población indígena en Ecuador13 (Massal 2005).

Por otro lado, la falta de proyectos de desarrollo local durante el gobierno de las nuevas autoridades antiminería suscitó un descontento social que llevó, en 2014, a la elección del candidato de Alianza País, pero con un vicepresidente de la junta parroquial, reconocido como uno de los principales líderes regionales en contra de la minería. Así, a partir de las entrevistas que realizamos, pudimos constatar que los campesinos se oponían al extractivismo por la posible contaminación de las fuentes hídricas que provocaría, que afectaría la salud de la población y las actividades agropecuarias, como lo confirma el relato de otra de las campesinas:

Luchamos para el bienestar de nosotros, de nuestros hijos y de nuestras familias. La minería no es algo que va a estar y luego se va ir. Va a ser contaminante para nosotros, para nuestros cultivos, para nuestro ganado y para nuestros hijos. Nosotros tenemos aquí nuestros llanos verdes, nuestras vaquitas sanas, nuestros cultivos también, sembramos aquí lo que sea y sí da. En cambio, cuando venga la minería nos va a contaminar. Nos preocupa todo. Ahora tenemos agua limpia, tenemos todo sano, pero cuando venga la minera, todo va a ser seco, no habrá ni agua. Nos vamos a enfermar nosotros y nuestros animales. (J. C., 41 años)

No obstante, existe una contradicción en este discurso. Por su propia condición económica, a la que denominan de “pobreza”, y por los límites de la agricultura local, compensada desde hace varias décadas por una proletarización importante de la población local, los campesinos de Victoria del Portete nos manifestaron que, en caso de darse inicio al extractivismo, considerarían dejar de lado sus posturas antimineras y optar por trabajar con la empresa, como lo muestra el relato de una campesina:

Tenemos tantos problemas y por ello luchamos en contra de la minería. No queremos tener problemas relacionados con ella. Nosotros no nos vamos a dejar vencer. El bien es para todos, para mis hijos, para mis nietos. No quiero que ellos sufran como nosotros. [Sin embargo, de darse la minería], si me ofrecen trabajar con ellos, para que les haga los uniformes, sí lo haría. En el campamento no trabajaría, pero si me ofrecen trabajo, como hacerles costuras, lo haría en casa porque necesito dinero. Allá no lo haría, porque, si alguien me ve, van a decir que soy vendida. (N. C., 43 años)

Así, nuestro estudio en Victoria del Portete señala que los conflictos internos de las comunidades campesinas son frecuentes, como lo demostraron varios autores (Golte 1980; Rebaï 2013). Es por ello que habría que olvidar la visión romántica de comunidades campesinas “siempre solidarias y unidas”, difundida por numerosos activistas ecologistas, que vienen frecuentemente a contaminar el debate académico, porque la realidad es más compleja. Pero, además, nos enteramos de que los movimientos de resistencia a la minería (o a cualquier proyecto impulsado por el Estado) pueden revelar divisiones locales que afectan igualmente el desarrollo sostenible del territorio rural.

Conflictividad y perspectivas limitadas de desarrollo territorial

En nuestro trabajo de campo observamos que la resistencia a la minería en Victoria del Portete había sido organizada en los últimos años por diferentes líderes políticos, cuya posición social local podía ser envidiable respecto de la que tiene la mayoría de los agricultores de la zona. Así, constatamos que fueron los individuos económicamente más poderosos los que habían encabezado los movimientos colectivos de resistencia campesina, para defender sus intereses individuales, o para obtener retribuciones materiales o simbólicas de parte de las instituciones que apoyaban sus reivindicaciones, a fin de fortalecer su posición social dominante en su propio pueblo y de orientar las decisiones colectivas y las estrategias de desarrollo local, como se lo ha visto varias veces en los Andes ecuatorianos (Bretón 2005; Rebaï 2013).

Es así que, en Victoria del Portete, los líderes antimineros son mayoritariamente ganaderos y sus propuestas de desarrollo local, que deben servir de modelo alternativo al extractivismo, apuntan desde hace varios años al crecimiento de la ganadería y a la construcción de un centro de acopio lechero, que posiblemente controlarían, como modo de fortalecer su principal actividad económica. No obstante, cuando conversamos con ellos acerca de esta opción, no veían la contradicción de este proyecto de especialización productiva con el imperativo de mantener, a nivel local, un cierto nivel de cobertura vegetal y de agrobiodiversidad para el medioambiente y para la seguridad alimentaria de los hogares campesinos, es decir, que su propuesta alternativa podía tener efectos negativos, como la minería.

Por otro lado, la movilización social en contra de la minería había contado, desde sus orígenes en la década de los años 2000, con una importante base de mujeres. Así, junto a las reivindicaciones falocéntricas, se habían sumado las reivindicaciones de las campesinas orientadas al mejoramiento de los sistemas de producción agrícola, para su propia seguridad alimentaria y con el fin de comercializar los cultivos locales en Cuenca, y al fomento de la artesanía, en particular de la confección de tejidos tradicionales. Por eso, diferentes grupos de mujeres han solicitado en los últimos años el apoyo de los líderes locales, a fin de vincularse con las autoridades políticas regionales, pero no han tenido éxito, mientras que los mismos líderes no paran de hablar del interés de defender la “cultura local”, cuando critican la minería.

Entonces, en los diálogos con campesinos y campesinas, pudimos verificar que el conflicto minero había creado nuevas formas de divisiones en la parroquia que innegablemente frenan diferentes iniciativas campesinas de desarrollo sostenible para la zona. Desde la perspectiva de las instituciones públicas encargadas de realizar proyectos locales, observamos que su conclusión era similar. Así, según los técnicos del MAGAP y de ETAPA, la división social en Victoria del Portete inhibe fuertemente la capacidad de los actores del desarrollo regional para poner en marcha acciones de valorización o de apoyo a la agricultura campesina. Por ejemplo, mientras que alrededor de la ciudad de Cuenca existen cerca de cuarenta organizaciones de pequeños productores involucrados en el abastecimiento agrícola de la capital de Azuay, la parroquia Victoria del Portete permanece como una de las últimas localidades cuencanas en donde no se ha logrado conformar organizaciones campesinas para la producción y la comercialización agrícola.

En suma, el conflicto originado por el desarrollo de la minería en Victoria del Portete ha traído varios obstáculos para el desarrollo territorial de esta parroquia. La división de la población campesina imposibilita a las autoridades políticas locales, así como a las instituciones públicas regionales, poner en marcha proyectos de desarrollo local con la participación de los agricultores. En consecuencia, resulta muy difícil inducir cambios e innovación técnica que podrían reforzar la actividad pecuaria y el tejido económico en esta zona. En este contexto, Victoria del Portete aparece como un territorio simbólico de los cambios de la ruralidad andina en Ecuador, reconfigurado por políticas estructurales desarrollistas que provocan la invisibilización de las poblaciones campesinas y de sus prácticas y reivindicaciones locales.

Desarrollo territorial y reforzamiento de la organización campesina

Finalmente, el trabajo que realizamos indica que la división política y social en Victoria del Portete, originada en un conflicto minero presente desde hace varios años, ha creado y mantenido un sistema campesino altamente vulnerable y dependiente de un contexto económico creado por políticas estatales que encaminan la minería industrial como eje de desarrollo del país. Desde nuestro punto de vista, eso significa que, a pesar de que existe un discurso que defiende la idea de un cambio político, el partido Alianza País no ha respondido eficazmente a las reivindicaciones campesinas, expresadas desde hace más de veinte años a favor de un cambio de modelo de desarrollo rural en Ecuador (Giunta 2014; Massal 2005). Por eso, consideramos prioridad la promoción del desarrollo territorial rural, que corresponde a un proceso de movilización de los actores, a partir de una identificación colectiva con una cultura y un espacio común, que les permita organizar la economía local (Pecqueur 2005). En efecto, nos parece clave que las políticas públicas contribuyan a reubicar a los agricultores familiares en el centro de las dinámicas que atraviesan el campo, en una verdadera perspectiva de “nueva ruralidad” (Rosas-Baños 2013).

En los últimos años, la noción de “empoderamiento” -entendida como el aumento del poder y de la autonomía de las personas y de los grupos sociales que se encuentran en situación de discriminación y de dominación (Bacqué y Biewener 2013; Friedman 1992)- ha sido muy usada en planes y políticas de lucha contra la pobreza y contra la exclusión, en particular en los países en desarrollo (Bebbington et ál. 2007; Calvès 2009). Ante todo, el empoderamiento implica que los grupos sociales adquieran habilidades para organizarse mejor, a fin de innovar y de participar en las tomas de decisión que les conciernen. Así, la idea de empoderamiento sostiene implícitamente la existencia o la construcción de un capital social, que corresponde a la “red duradera de relaciones, conocimientos y reconocimientos mutuos más o menos institucionalizados14” (Bourdieu 1980, 2), que permite a los grupos sociales adquirir capacidades a fin de mejorar la situación en la cual se encuentran (Sen 1999). Si es cierto que no es para nada evidente la existencia de un capital social en una comunidad campesina (Martínez 2003), como se ve justamente en Victoria del Portete, sino que depende de varios determinantes, especialmente económicos15, diferentes estudios llevados en América Latina (Raimbert y Rebaï 2017; Tonneau et ál. 2009) mostraron que los campesinos que participaban en un mismo proyecto y que integraban una estructura colectiva tenían más facilidades para intercambiar y tomar decisiones a favor de la evolución de sus prácticas agrícolas y de sus territorios.

En este contexto, la existencia de colectivos, apoyados por instituciones públicas, podría reforzar las organizaciones de agricultores, sin que la propiedad de los medios de producción sea un límite para la innovación colectiva o la colaboración entre agricultores. Cabe señalar que varios trabajos llevados en los Andes ecuatorianos mostraron que las intervenciones de poderes públicos locales (Clark y Martínez 2016; Rebaï 2010, 2014), mediante el fortalecimiento de grupos de productores, habían contribuido a la evolución de las prácticas campesinas y al mejoramiento de la situación económica de los agricultores familiares. Como se lo ha visto en la periferia cuencana, la constitución de pequeños grupos, a inicios de los años 2000, facilitó la integración comercial de centenas de agricultores, quienes, más allá de compartir gastos de transporte para ir al mercado, desarrollaron estrategias innovadoras de trabajos colectivos que garantizan, para cada uno de ellos, una producción estable e ingresos regulares (Rebaï 2014). Entonces, desde nuestro punto de vista, la constitución de colectivos de comercialización de productos agropecuarios podría ser determinante para actuar directamente sobre la producción, a condición de que los apoyos públicos garanticen una remuneración justa del trabajo de los agricultores para mantener su participación en los proyectos colectivos.

Conclusión

La reflexión que acabamos de producir pone de relieve toda la dificultad de promover y de construir de manera sostenible el desarrollo de los territorios rurales en la sierra ecuatoriana. A pesar de que los últimos años se caracterizaron por la afirmación por parte de Alianza País de una oposición fuerte a la ideología capitalista, se ha mantenido en Ecuador un modelo económico basado en el extractivismo de recursos naturales, contrario a los principios fundamentales de la Revolución Ciudadana y del Buen Vivir (Villalba-Eguiluz y Etxano 2017). Así, el gobierno de Rafael Correa reprodujo el esquema de desarrollo recomendado por los organismos financieros internacionales, tantas veces criticado por autores como Latouche (2007) o Araghi (2009), haciendo del aprovechamiento de los recursos del extractivismo minero la clave de su estrategia política para desarrollar otros sectores de la economía. Considerando que salir del modelo extractivista sería un grave error, la legitimidad de los argumentos del penúltimo presidente de Ecuador se ha visto ejemplificada en una modernización anticipada de infraestructuras en localidades rurales, en particular con la construcción de escuelas y de centros de salud, por ejemplo en Victoria del Portete. Esto, no obstante, más allá de que pueda caracterizarse como inversión social, podría verse como un medio para comprar la paz social que permita el progreso del extractivismo en estos territorios.

Entonces, si se puede subrayar el carácter contradictorio de las políticas llevadas por Rafael Correa en los últimos años, no debemos limitarnos a una crítica estéril de la acción de Alianza País, como hacen tan frecuentemente académicos que posan de activistas. En realidad, no se debe perder de vista que la situación actual de los territorios rurales en la sierra ecuatoriana, como es el caso de la parroquia Victoria del Portete, debe servir para mantener la exigencia de un cambio político a favor de la agricultura familiar y del desarrollo sostenible del país con propuestas más pertinentes que el extractivismo.

Nuestra investigación en Victoria del Portete indica que la gran vulnerabilidad económica de los agricultores familiares de esta localidad viene principalmente de su falta de organización y coordinación colectiva para volverse verdaderamente actores del desarrollo de su territorio, al igual que en otras zonas de la sierra ecuatoriana (Martínez 2016; Rebaï et ál. 2016). Por eso, vale insistir que, para concretar verdaderamente la voluntad política de cambio de modelo de desarrollo que surgió en los últimos años en Ecuador, la prioridad es promover el fortalecimiento de los colectivos campesinos. Desde nuestro punto de vista, eso permite valorizar los sistemas productivos locales y contribuye a construir nuevas relaciones campo-ciudad que favorecen el acceso de las unidades de producción más pequeñas al mercado, y entonces al capital, para que puedan diversificar sus producciones y volverse pequeñas unidades artesanales o microindustriales, a fin de dar un valor agregado a los productos. Al favorecer la multifuncionalidad de las explotaciones familiares, capaces de producir, transformar y vender sus producciones, el Estado ecuatoriano podría rehabilitar la agricultura familiar en sus políticas públicas. En un país que cuenta ahora con más de 65% de población urbana, la construcción de “cuencas de vida”, a partir de relaciones estrechas entre ciudades y campos, y una valorización más evidente de los recursos y saberes locales, sería una estrategia pertinente para contribuir a la creación de empleos en el medio rural y, con ello, de las condiciones de una mayor seguridad alimentaria nacional. En definitiva, la reconstrucción del capital social de las organizaciones campesinas podría constituir el “recurso” (Bourdieu 1980, 2000) para que los agricultores se vuelvan los actores principales de la construcción de territorios rurales económicamente diversificados y articulados a las ciudades, con el fin de alcanzar los objetivos del Buen Vivir y de soberanía alimentaria nacional.

Agradecimientos

Los autores agradecemos el financiamiento de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas (PUCESE) para la realización del proyecto “Organizaciones campesinas y desarrollo de los territorios rurales en Ecuador: un análisis desde la provincia del Azuay”, del cual se deriva este artículo de investigación. Además, nuestra gratitud a los campesinos y a los diferentes actores que compartieron su tiempo con nosotros para la realización de las entrevistas y las encuestas.

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Artículo de investigación que analiza la vulnerabilidad social de una localidad de los Andes ecuatorianos ocasionada por la minería y la necesidad de fortalecer los colectivos campesinos para el desarrollo territorial rural.

CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO: Alvarado Vélez, Julio A., y Nasser Rebaï. 2018. “Minería y vulnerabilidad de los territorios rurales en los Andes ecuatorianos: evidencias desde la provincia del Azuay.” Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía 27 (2): 389-406. doi: 10.15446/rcdg.v27n2.66062.

Lecturas recomendadas Rebaï, Nasser. 2015. “Crecimiento urbano, agricultura familiar y perspectivas de desarrollo territorial rural en los Andes del Ecuador.” En Desarrollo territorial en Ecuador: situación actual y perspectivas, coordinado por Diego Martínez Godoy y Patrick Clark,77-94. Quito: Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), Abya-Yala.

Julio A. Alvarado Vélez Magíster en Relaciones Económicas Internacionales, Karazin Kharkiv National University. Actualmente es doctorando en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Argentina. Ha trabajado temas de desarrollo territorial en comunidades campesinas y sobre la macroeconomía del Ecuador, centrado en el sector primario del país. En la actualidad desarrolla investigaciones sobre ecología política en la sierra ecuatoriana. Dirección postal: Avenida La Lorena km 2 ½ y Av. del Cooperativismo 230150, Santo Domingo - Ecuador. julio2alvarado@gmail.com - ORCID: 0000-0001-5403-7210.

Nasser Rebaï Geógrafo, Doctor de la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Francia); Investigador Asociado del laboratorio PRODIG. Sus investigaciones abordan la geohistoria de los territorios rurales, las movilidades campesinas y la relación entre agricultura, alimentación y medioambiente. Desde mediados del 2000, ha publicado numerosos artículos acerca de la problemáticas del desarrollo de los territorios rurales en los Andes ecuatorianos en diferentes revistas europeas y latinoamericanas. Dirección postal: 2, rue Valette 75005, París - Francia. nass.reb@hotmail.fr - ORCID: 0000-0002-9107-4018.

1 Artículo derivado del proyecto Organizaciones Campesinas y Desarrollo de los Territorios Rurales en Ecuador: un Análisis desde la Provincia de Azuay, financiado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCESE).

4Todas las entrevistas fueron realizadas en febrero y entre septiembre y octubre de 2016, en la Provincia del Azuay y son confidenciales. Solo se dan las iniciales o el cargo del entrevistado.

5Fase de evaluación de costos asociados al desarrollo del proyecto, calculados para la extracción, operación y cierre. Está planificada para dos años o más, que, una vez determinados, dan paso a la negociación entre la empresa minera y Estado para la explotación.

6Aunque los datos del último censo agropecuario no abarcan el nivel parroquial, cabe recordar que, según las cifras del INEC de 2002, cerca del 80% de las fincas azuayas tienen menos de cinco ha.

7A veces, las entrevistas se realizaron en dos o tres sesiones, para no molestar demasiado a nuestros interlocutores. Esta técnica nos permitió tener conversaciones sumamente interesantes y analizar la información que las personas nos daban antes de volver a conversar con ellas y focalizar el diálogo en puntos específicos.

8“Par le simple effet de la juxtaposition, ce qui résulte de l’affrontement des visions du monde différentes ou antagonistes”. Traducción de los autores.

9Cabe precisar, sin embargo, que los efectos de la reforma agraria en Ecuador quedaron globalmente limitados a la región andina (Barsky 1984; Guerrero 1983; Gondard y Mazurek 2001; Martínez 2014), donde el nivel de concentración de la tierra es comparable al de la década de los sesenta (Larrea 2008).

10Según el reporte del inec de 1974, a mediados de la década de los setenta, en la provincia de Azuay las explotaciones de menos de cinco ha tenían una extensión promedia de 1,24 ha.

11Por eso, desde hace varios años, la empresa pública etapa trabaja a favor de la protección de los recursos ambientales en la periferia de Cuenca. Con el plan de Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas para la Protección del Agua (MICPA), la institución logró constituir importantes áreas de protección de las fuentes hídricas en la región cuencana y, al mismo tiempo, fortalecer su colaboración con las comunidades campesinas azuayas, apoyándolas técnicamente para mantener o recuperar la cobertura vegetal en las zonas de altura (Rebaï 2012), a fin de proteger los recursos hídricos afectados por el desarrollo de la ganadería lechera.

12Un grupo de campesinos de Victoria del Portete secuestró al entonces presidente de la junta parroquial, Eduardo Matute, por sus presuntos vínculos con la empresa minera. Una campesina comentó que “le ataron las manos, lo subieron a una camioneta y luego lo obligaron a que renuncie. Él no quería y lo torturaron” (M. T., 62 años).

13Cabe precisar que Pachakutik fue un aliado de Alianza País, durante los primeros años de gobierno de Rafael Correa, lo que permitió, por ejemplo, la adopción de la Constitución de 2008. A partir de 2010, el partido rechazó la política extractivista del exmandatario y entró en la oposición.

14“Réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées d’interconnaissance et d’inter-reconnaissance”.Traducción de los autores.

15Más allá de ser el único caso de la parroquia Victoria del Portete, varios estudios en los Andes ecuatorianos señalaron la desaparición progresiva de las formas “tradicionales” de trabajo colectivo por la monetarización creciente de las relaciones laborales en contextos locales de desarrollo agroindustrial o de fuerte emigración (Rebaï 2014, 2017).

Recibido: 01 de Junio de 2017; Aprobado: 27 de Febrero de 2018

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