Aportes de las sociologías pragmático-pragmatistas para el análisis de conflictos ambientales

Las sociologías pragmático-pragmatistas se conformaron en la década de los ochenta en Francia. Si bien no constituyen un conjunto teórico unificado, sus diversas corrientes y autores presentan atributos en común al retomar de forma fundamental en el "primer pragmatismo" norteamericano de Peirce, James y Dewey (^{Bialakowski et ál. 2017}). Sus principales corrientes son, por un lado, los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) de M. Callon y B. Latour, fundamentalmente, con la Teoría del Actor Red (TAR), la cual irrumpe en las ciencias sociales considerando, en sus análisis, tanto las influencias humanas como no-humanas. Por otro lado, la sociología política y moral de L. Boltanski y L. Thévenot propone nuevas herramientas para pensar las acciones y discusiones públicas, básicamente a través de diversas ideas de justicia que pueden ser movilizadas en distintos ámbitos de acción (^{Nardacchione 2017}).

Las sociologías pragmático-pragmatistas constituyen un campo heurístico para analizar los problemas públicos, la acción colectiva y los repertorios de argumentación de distintas experiencias de acción colectiva (^{Corcuff 1998}). Sus aportes resultan útiles a fin de entender casos de conflicto y movilización, teniendo en cuenta los componentes discursivos de la protesta, la dimensión narrativa de las identidades colectivas y los conflictos.

Dentro del herramental teórico propuesto, este artículo se focaliza en los análisis de las controversias (^{Chateauraynaud 2009}); en los distintos modelos de justificación a partir de los cuales los actores buscan generalizar sus demandas (^{Boltanski y Thévenot 1999}); en la gestación de affaires públicamente relevantes; y estudia las acciones "en situación" (^{Chateauraynaud 2009}).

El estudio de las controversias permite observar cómo los actores desarrollan argumentos y puntos de vista encontrados sobre el mundo y, a partir de ellas, es posible rastrear la generación de nuevos grupos o el reagrupamiento de actores (^{Callon 1995}; ^{Latour 2008}). Buscando evitar el uso de categorías a priori, y sin apelar a las relaciones de poder para explicar por qué se abren o cierran discusiones, Callon acude al análisis de los actores en situaciones de controversias.

El estudio de conflictos, disputas y momentos de discontinuidad permite focalizarse en situaciones de "drama social" (^{Velho 2004}, 132) y permite observar la redefinición de los contornos de diferentes grupos, ideologías o intereses, entre otros.

Los procesos de controversias presentan, según Callon, distintas fases, durante las cuales se negocia y disputa la identidad de los actores y su posibilidad de imponer su visión como aquella válida. Según ^{Bialakowsky et ál. (2017}, 28), lo que se pone en juego con las controversias es "la capacidad [de un actor o colectivo] de definir semánticamente qué es lo real". Estas fases, que no se dan de manera ordenada en la práctica son: la problematización, el interesamiento, el enrolamiento y la movilización de aliados y portavoces.

La "problematización" es el punto de partida, en el cual los actores cuestionan el estado de cosas y buscan definir el entorno, el problema y otros actores, con lo que alteran el equilibrio histórico de relaciones sociales y naturales. La problematización define "una serie de hipótesis negociables sobre la identidad, relaciones y metas de los diferentes actores" (^{Callon 1995}, 16) a través de la cual estos pueden llegar a imponer su postura como "la realidad".

Por otra parte, el "interesamiento" se entiende como el conjunto de acciones por las cuales una entidad intenta imponer y estabilizar la identidad de los otros actores que define a través de su problematización. El interesamiento puede aceptarse o no.

Cuando el interesamiento tiene éxito, se produce el "enrolamiento", lo que significa que los otros actores aceptaron las definiciones dadas por el actor propulsor de la problematización, quien se erige en portavoz válido. A partir de pruebas "legítimas" o "de fuerza" (^{Boltanski y Chiapello 2002}), al finalizar este proceso se puede construir una red de relaciones más o menos consensuadas; o bien la controversia puede seguir su cauce, en donde los actores cuestionan, discuten, negocian y/o rechazan la representatividad de un portavoz.

A partir de las controversias, los actores construyen affaires para legitimar sus demandas buscando generalizar sus causas, lo cual puede hacerse a partir de una pluralidad de órdenes de justificación. ^{Boltanski y Thévenot (1999}; 2000) conceptualizaron seis formas de justificación, a las que denominan "ciudades" (cités) que hacen referencia a distintos criterios de "bien común" (^{Chateauraynaud 2009}, 365). Cada una de ellas conjuga imperativos de legitimidad y justificación, a través de los cuales se busca generalizar tanto críticas como defensas a un orden de relaciones establecido. También representan una forma de justicia y moral particular, al otorgar distintas magnitudes de valor a las personas y a las cosas (^{Bialakowsky et ál. 2017}). A diferencia de la sociología clásica, estos órdenes de justificación no están referidos a grupos sociales delimitados, sino a diferentes situaciones por las cuales puede atravesar una misma persona, incluso a lo largo de un día.

Las distintas situaciones poseen diversos ámbitos de valor. El orden de justificación de la "inspiración" valora la gracia y creatividad, a partir de la pasión y las emociones. La justificación "doméstica" comprende el principio que justifica el valor de un ser humano por la calidad de su linaje y la solidez de sus raíces, a partir de lazos personales y de confianza. La justificación del "renombre" tiene en cuenta el reconocimiento y las relaciones públicas. La justificación "cívica" se centra en la acción ciudadana bajo el principio del interés general. En este, los ciudadanos renuncian a sus intereses individuales en pos del "bien común". En la justificación de mercado, los actores emplean esta forma de categorización para expresar sus argumentos de justicia relacionada al orden de los negocios, de la compra y venta, la competencia y las relaciones comerciales entre individuos. Se otorga valor a las personas cuando son consideradas buenos competidores y se premia al buen emprendedor. En la justificación industrial, por último, las personas son valiosas cuando son eficientes, productivas y operacionales.

Si bien esta tipología de órdenes de justificación puede resultar, como toda tipificación, arbitraria y desatenta a las diferencias, su valor reside en permitir analizar a qué orden de principios acuden los actores para legitimar sus posturas en el espacio público ante situaciones de debates y controversias.

Por otra parte, si bien la ciudad ecológica no figura dentro de la lista de ciudades listadas por Boltanski y Thévenot, dentro de la sociología pragmática muy pronto se planteó el asunto de la existencia de una "ciudad verde" (^{Chateauraynaud 2011}). Varios autores se opusieron a la existencia de un régimen de justificación ecológica, independiente de otros órdenes de justificación. Latour, por ejemplo, considera que la mayoría de las causas de los ambientalistas pueden ser fácilmente relacionadas al régimen doméstico ya que la mayoría de disputas ecológicas actuales, según él, buscan defender un territorio particular, contra el carácter "insensible y desterritorializado de un emprendimiento técnico o económico" (^{Latour 1998}, 227). En línea con sus postulados, Chateauraynaud advierte que no existen argumentos ambientales fundados en una "ciudad", sino una pluralidad de usos argumentativos de lo ambiental. Se trataría de "un repertorio cuyos elementos forman un espacio de variación complejo y cuya combinatoria no cesa de ser explorada en los contextos y en los escenarios de confrontación más diversos" (2011, 30).

A partir de estos aportes, en este artículo se busca, pues, analizar las disputas por los usos legítimos del suelo costero en Vicente López, Buenos Aires, dando cuenta de la situación de producción, emergencia y la evolución del conflicto. También se focaliza en los andamiajes discursivos que los actores invocan para denunciar las "injusticias espaciales" (^{Bret et ál. 2016}) y para impugnar los procesos de producción de geografías injustas (^{Soja 2016}).

La controversia como catalizador

Este análisis parte de una "controversia", momento a partir del cual es posible rastrear el trazado de fronteras entre grupos y nuevos enrolamientos, y durante el cual los actores desarrollan argumentos y posturas enfrentadas en lo que refiere a sus visiones acerca del mundo social y natural (^{Callon 1995}; ^{Latour 2008}). A partir de la controversia por los usos legítimos del espacio ribereño en Vicente López, se constituyeron nuevos grupos de actores locales que movilizaron argumentos enfrentados para defender sus posturas en el espacio público (Figura 1).

Datos: elaboración propia a partir de Google Maps.

Figura 1 Ubicación de Vicente López en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). 

La propuesta para desarrollar un paseo costero en Vicente López se remonta a la década de los noventa, cuando el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza para la "Recuperación Urbana Ambiental y Ecológica de la Costa Ribereña". Una década más tarde, en 2004, se finalizó la "recuperación" de la costa del Río de la Plata. El resultado final fue un paseo costero erigido sobre tierras de rellenos, formados con restos de demolición y volcados ilegales, que se fueron haciendo en el transcurso de la década de los ochenta. Este se llamó Paseo de la Costa (Figura 2). De traza paralela a la avenida Libertador, el Paseo de la Costa contaba con un auditorio, instalaciones deportivas, recreativas, y un amplio parque paralelo al corredor principal (^{Christel y Wertheimer 2010}).

Fuente: Turismo 123.

Figura 2 Paseo de la Costa de Vicente López, previo a la construcción del Vial Costero. 

El mismo año de finalización de la obra, el Concejo Deliberante local modificó el Código de Ordenamiento Urbano -en adelante, cou- a fin de permitir la edificación del doble de la altura permitida hasta entonces en el área costera, lo cual beneficiaría a importantes empresas del real estate. Las torres de altura serían acompañadas de la construcción del Vial Costero, una avenida sobre terrenos del paseo costero, paralela al río, financiada por el Gobierno nacional, que permitiría canalizar el flujo de tránsito de los nuevos edificios. Adicionalmente, el municipio, en acuerdo con la administración provincial, declaró de interés municipal el proyecto "Al Río" (Figura 3), de una unión de empresas nucleadas bajo la firma Ribera Desarrollos S. A.

Fuente: Al Río.

Figura 3 Render del Proyecto Al Río. 

Ribera Desarrollos está asociada a la empresa de bienes raíces Remind Group, dedicada al desarrollo de estrategias de venta y comercialización de inmuebles de alto estándar. Remind Group, además, representa a nivel local a Christie's International Real Estate, una empresa de bienes raíces dedicada a la venta de propiedades de lujo, que forma parte de la empresa homónima de subastas de obra de arte. Estas tres empresas asociadas -junto a reconocidos estudios de arquitectura- concibieron el proyecto "Al Río".

"Al Río" es un monumental proyecto urbano frente al Río de la Plata que, una vez construido, comprenderá un gran shopping mall con marcas de lujo, torres de viviendas destinadas al segmento de alto nivel de consumo y oficinas de empresas de punta. La ubicación elegida incluye terrenos comprados a privados y otros de dominio público, cedidas por el municipio para su explotación comercial. En general, los edificios del proyecto no duplican, sino triplican las alturas máximas permitidas por el código urbano anteriormente vigente.

El otro gran actor beneficiado es el grupo Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima -en adelante, IRSA-, fundado en 1943, actualmente principal propietario de centros comerciales de la ciudad de Buenos Aires. 1RSA también focaliza sus actividades en la adquisición, desarrollo y locación de edificios de oficinas; el desarrollo y venta de propiedades residenciales; la adquisición y operación de hoteles de lujo; y la reserva de tierra en zonas estratégicas como reserva para futuros desarrollos o venta. Un sector clave de la compañía ha sido la adquisición de terrenos "estratégicamente ubicados", los cuales permanecen "parados" hasta su valorización y posterior venta a precios superiores.

En 1997 IRSA compró el club de la Asociación de Comerciantes Minoristas (más conocido como "Club Almaceneros") y, en 2004, el club de empleados de la petrolera Shell, ambos ubicados de manera contigua en la ribera de Vicente López. IRSA pagó por el Club Almaceneros US$263,50 por metro cuadrado y US$555 por cada unidad de superficie del Club Shell². Los terrenos permanecieron sin edificar. Tras la aprobación de las modificaciones al COU, IRSA anunció la construcción en esos terrenos del fastuoso proyecto residencial Horizons: un conjunto de seis torres a la vera del río (Figura 4), con perímetro parquizado, piscina, seguridad y amenidades de lujo. Antes de comenzar las obras, en junio de ese año, Horizons ya tenía 300 compradores a un precio de entre US$2.400 y US$3.000 el metro cuadrado (^{Diario La Nación 2008}). Es decir, al comercializar las parcelas fraccionadas bajo los nuevos criterios urbanísticos, en un lapso de cuatro años, la empresa multiplicó por siete el valor de la propiedad. Lo que se produjo fue un proceso de "especulación inducida" (^{Jaramillo González 2009}) por actores con gran poder financiero y de presión política, que se dedicaron a comprar terrenos por precios que respondían a bajas densidades y -tras lograr modificar los coeficientes constructivos- edificaron y vendieron las propiedades a precios ampliamente superiores.

Fotografía del autor, 2015.

Figura 4 Torres Horizons, de la empresa IRSA. 

En el proceso de cambio de la normativa urbana participó no solo el municipio de Vicente López sino también la provincia de Buenos Aires, al establecer un programa de inversiones y de urbanización para la refuncionalización de la zona costera, consensuado entre las instancias municipal, provincial y nacional de gobierno, quien financió la construcción del Vial Costero. El Estado en sus diversos niveles fue un actor fundamental en el fomento y coordinación para hacer posibles las inversiones en la costa, y se convirtió, al decir de Santos, en el responsable de crear el espacio para la legitimidad de los "reguladores no estatales" (^{Santos 2007}, 37) al abrir el juego al capital inmobiliario y garantizar las condiciones para su reproducción.

Ahora bien, el proyecto encontró una fuerte oposición, primero, entre un pequeño grupo de vecinos de orientación ambientalista y, con el correr del tiempo, la resistencia a su construcción alcanzó a buena parte de la población de Vicente López, de otros municipios y a ambientalistas que se oponían a los "negociados" inmobiliarios en la costa del partido.

A partir del comienzo de la construcción de la avenida costera, a principios de 2010, se formó la organización Unidos por El Río, una asociación vecinal conformada por diversas asambleas barriales, miembros de partidos políticos, organizaciones y ciudadanos que empezaron a llevar adelante diversas acciones de protesta contra la construcción de esta avenida y los proyectos inmobiliarios que nacieron de la mano de la modificación del COU, en 2004.

Los reclamos de Unidos por el Río se centran en la defensa del espacio verde, sobre la actual traza del Vial Costero y la construcción de megaproyectos urbanos. Los ambientalistas denuncian la reducción de los espacios verdes, necesarios para "un buen vivir" y la pérdida del uso como espacio público. También denuncian, como efectos secundarios de la modificación en el patrón de usos de la zona costera, el aumento del tráfico automotor y la contaminación del aire, sonora y visual, esta última agravada por la construcción de edificios de gran altura.

A su vez impugnan que para poder hacer las nuevas construcciones se hayan demolido varios clubes, existiendo en la actualidad espacios recreativos municipales en peligro de desaparecer. Otro de los puntos en contra que destacan es la falta de un estudio de impacto ambiental integral y de una audiencia pública para determinar el consentimiento de la ciudadanía previo al inicio de las obras, según lo establece la Ley General del Ambiente.

Es, pues, a partir de la controversia por los usos de la costa del Río de La Plata en el partido de Vicente López, que empiezan a delinearse y se ponen en evidencia dos ejes principales en una discusión en la que se enfrentó la modernización de la costa -vinculada a un modelo de "justificación de mercado"- a una "justificación de preservación ecológica" (^{Boltanski y Thévenot 1999}). Así, en principio, en este debate se enfrentaron dos orientaciones con principios y objetivos distintos, y hasta contradictorios; si bien en fases posteriores de la controversia estos dos modelos de justificación se asociaron, cada uno, a un tercer modelo: la "justificación cívica".

La modernización de un espacio parroquiano

Se toma como punto de partida del análisis, pues, la controversia (^{Latour 2008}) que constituyó la sesión parlamentaria del Concejo Deliberante de Vicente López, que a fines de 2004 habilitó la modificación del perfil urbano de la zona costera del partido.

Entre los puntos a favor del desarrollo urbanístico en la zona, empresarios y políticos destacaron, desde el principio, el impacto beneficioso para un área del partido en supuesto estado de abandono, que pasaría a volverse un área moderna, mejor conectada a Capital Federal (a través de la nueva arteria, el Vial Costero) y atractiva para los consumidores. En segundo lugar, un argumento propio de los políticos proclives a esta intervención fue la recaudación que generaría para las arcas municipales el apoyo a esta medida de emprendedurismo urbano.

Estos argumentos obedecen a una lógica que estipula la necesidad de convertir un espacio "abandonado", usado solo por la vecindad local, en una nueva centralidad capaz de atraer consumidores y generar ganancias. Siguiendo las gramáticas de la justificación propuestas por la sociología pragmatista, estos argumentos se acercan al "modelo de justificación de mercado" (^{Boltanski y Thévenot 1999}, 2000). Los actores emplean esta forma de categorización para expresar sus argumentos de justicia relacionada al orden de los negocios, de la compra y venta, la competencia y las relaciones comerciales entre individuos (^{Nardacchione y Acevedo 2013}). Se otorga valor a las personas cuando son consideradas buenos competidores dentro de esta lógica y se premia al buen emprendedor.

Esta modelización de un orden de discusión orientado hacia "valores del mercado" puede verse claramente condensada en las palabras pronunciadas por uno de los concejales promotores de la iniciativa, José Menoyo, del Frente Comunal Vecinal:

Un proyecto en que se invierten 250 millones de dólares entre la tierra privada y la tierra concesionada por el Municipio [...]. Este proyecto, deberíamos aplaudirlo, deberíamos estar contentos por tener un emprendedor que venga a tomar un riesgo semejante en estos tiempos. (Versión taquigráfica del debate de la sesión del Concejo Deliberante del 23 de diciembre de 2004)

Los proyectos inmobiliarios mencionados se presentaron, por parte del poder político y económico, como propuestas de crecimiento y desarrollo económico, a través de los cuales buscaron construir consensos ante la opinión pública sobre la modificación del perfil y usos urbanos de la costa y, a su vez, restar fuerza a las voces de la oposición de vecinos y organizaciones opuestos a las modificaciones en la ribera. Tal como argumentaban algunos concejales a favor de la propuesta: "Podría hablarle de los beneficios de las inversiones en Vicente López y por qué oponerse a este proyecto sería estar en contra del progreso" (Concejal Fabián Gnoffo, versión taquigráfica de la sesión Deliberante del 23 y 24 de diciembre de 2004).

En el mismo tenor se expresaba la concejala Irene Corradini:

Desde el punto de vista del sector inmobiliario, si éstas son las propuestas que tenemos en este momento y en este sentido, pregunto si se puede mirar para otro lado. [...] Lo que no quiero es que perdamos la posibilidad de que se invierta en el Partido [de Vicente López], porque significa generar puestos de trabajo. (Concejal Irene Corradini, versión taquigráfica de la sesión Deliberante del 23 y 24 de diciembre de 2004)

La generación de inversiones, su aporte al crecimiento económico local y la creación de puestos de trabajo son, pues, características con las cuales el poder local apeló a una justificación de mercado para buscar garantizar las condiciones necesarias para la ejecución de las transformaciones inmobiliarias en la costa de Vicente López.

Sin embargo, la justificación vinculada al principio rector de la ganancia no fue capaz de generar la legitimidad necesaria para avanzar con las obras sin obstáculos. Nociones centrales en su entramado discursivo, como las de desarrollo y progreso, serán retomadas, disputadas y resignificadas por actores contestatarios que se oponen a la introducción de acciones especulativas en el territorio.

Por ello, los políticos y empresarios procuraron ajustar la justificación del proyecto inmobiliario de acuerdo a un principio de bien común diferente: la "justificación cívica".

El modelo de justificación cívica se centra en la acción ciudadana bajo el principio del interés general. En este, los ciudadanos renuncian a sus intereses individuales en pos del "bien común". En este caso de estudio, esta nueva justificación se basó en el acceso público a la costa que el nuevo emprendimiento habría de facilitar, por su apelación a una condición de "bien" para toda la ciudadanía en general.

El goce de un espacio público para todos y cada uno de los ciudadanos refiere a un orden en el cual las personas individuales renuncian a sus intereses y se dirigen exclusivamente hacia el bien común (^{Boltanski y Thévenot 1999}; ^{Thévenot 2007}).

En palabras de la concejala Marta Isabel Guardo, durante la sesión del Concejo Deliberante que autorizó al Departamento Ejecutivo a concesionar siete hectáreas públicas a la empresa Ribera Desarrollos:

Con este desarrollo es indudable que se va a transformar un área actualmente desaprovechada en un paisaje renovado, de gran nivel, tanto en las modernas oficinas como en el centro comercial, en los jardines y en los grandes espacios verdes que va a haber. Lo que hoy son tierras cerradas al público o abandonadas, se transformará en una centralidad de última generación, de uso público, como en este momento ocurre con los shoppings, que se han convertido en lugares de paseo para la población, donde no es necesario pagar para poder acceder. De eso se trata: de hacer crecer y mejorar a nuestro distrito. Buscamos el progreso y el bienestar de la población. No tengo duda alguna de que con este proyecto continuaremos avanzando por el camino iniciado, para embellecer y jerarquizar nuestra costa. (Concejal Marta Isabel Guardo, versión taquigráfica de la sesión del Concejo Deliberante de diciembre de 2009)

Así, entre un modelo de justificación de mercado y uno cívico, se tejió un "compromiso"³ entre dos esferas de legitimación que obedecen, como se vio, a principios contradictorios.

Contra la mercantilización de "el verde"

La costa valorizada de forma mercantil mediante su incorporación al mercado inmobiliario es contestada por actores demandantes mediante una "justificación ecológica".

Se observa que el reclamo ambientalista local tomó muchos de sus argumentos y de sus formatos de expresión de las protestas socioambientales que irrumpieron en la escena pública a partir del conflicto por la instalación de las papeleras en el río Uruguay y de proyectos megamineros en Esquel, a partir de 2003 y 2005, respectivamente (^{Merlinsky 2009}; ^{Svampa, Álvarez y Bottaro 2009}). Esta articulación con otros colectivos refuerza la valoración del medio ambiente y de la sustentabilidad natural, al tiempo que inscribe el conflicto de la construcción del Vial Costero dentro de una problemática más amplia, como manifestación local de un sistema regional en el que el capital inversor avanza sobre distintos recursos naturales y espacios comunes.

Nosotros estamos en contra del Vial Costero pero también estamos en contra de un modelo de vida que nos quieren imponer como única alternativa. Nos unimos a otras luchas, con otras luchas de otras tierras, estamos en contra de esa imposición. (Entrevista a Agustín, miembro de Unidos por el Río, septiembre de 2010)

Así, con muchos puntos de contacto con otras expresiones de protesta social ambiental en diferentes puntos del país, el reclamo ecologista se expresó localmente como la pérdida de "verde" que habrían de generar las nuevas obras:

Una ciudad que le dice 'no' a este tipo de proyectos que se repiten a lo largo del país y a lo largo de Sudamérica, donde el Estado se alía con las empresas privadas para juntos y custodiados por la policía, para hacerse dueños de los espacios naturales. (Entrevista a Christian, miembro de Unidos por el Río, septiembre de 2010)

La incorporación de la cuestión ambiental al repertorio de lucha de Unidos por el Río reviste una dimensión tanto estratégica (^{Carman 2011}) como identitaria. Acudir a la "naturaleza" fue estratégico en la medida en que permitió a estos vecinos inscribir sus demandas en un campo de problemas más amplio, frente a una opinión pública cada vez más sensible ante las cuestiones ambientales. En este, como en otros casos de conflictos ambientales, la justificación verde incorpora valores⁴ que aparecen como "bienes en sí mismos", gozando de una legitimidad indiscutida, por lo cual operan como factor de "convergencia argumentativa" (^{Chateauraynaud 2011}).

Sin embargo, la incorporación del lenguaje ambiental no puede limitarse a una explicación instrumental. A partir del inicio del conflicto, el conocimiento histórico de muchos miembros de la organización sobre su entorno -generado por medio de la participación activa, la "habitación", la cotidianidad y el involucramiento a través de lazos afectivos (^{Ingold 2012})- fue creando una instancia de "reflexividad territorial". A través de ella, los miembros de Unidos por el Río problematizarían su relación con el territorio, difundirían la información disponible sobre él y debatirían sus cualidades y el devenir posible (Melé 2013).

Así, Unidos por el Río colocó en el centro de la disputa la cuestión acerca del territorio y el medio ambiente, los cuales se erigieron como lugar de resistencia, resignificación y creación de nuevas relaciones sociales (^{Milton Santos 2005}), en oposición a la consideración dominante, entre gobiernos y empresas, del territorio como sitio estratégico para la reproducción del capital.

Por otra parte, los activistas nucleados en esta organización acudieron a otro orden de justificación, en línea con los apuntes de Chateauraynaud, quien señala que el uso argumentativo de lo ambiental se mezcla de modo constante con otras formas argumentales. A fin de profundizar la operación de generalización de su demanda, vincularon la defensa del verde a un criterio de justicia alternativo: el mundo cívico. Así, la defensa del "verde" se combinó con la defensa del espacio público y la impugnación al "desarrollo" y el "progreso". En una gacetilla, Unidos por el Río difundía: "No tenemos nada contra el progreso, pero queremos que se progrese dentro de las leyes, para beneficio de todos y no de unos pocos" (^{Blog de Vecinos Indignados 2005}).

En el mismo tenor, en una comunicación pública respondían a declaraciones de los concejales que impulsaban las modificaciones urbanísticas:

Esa es la clase de progreso que está propiciando el municipio en la voz del Sr. Intendente y en las acciones de su mayoría legislativa adicta. Un progreso basado en negocios sucios. Un progreso basado en poblar la costa con torres a fuerza de excepciones, y cuando las excepciones ya no funcionan continuar el descalabro ambiental con modificaciones inconsultas a las leyes. Un progreso que no es de todos sino el de los futuros empresarios privados que, mediante sus shoppings, casinos, bingos, multicines, centros de convenciones, hoteles internacionales, confiterías, restaurantes, etc. pretenden apropiarse de 150 hectáreas de tierras que el Código Civil define claramente como públicas, es decir de todos los habitantes. (^{Blog de Vecinos Indignados 2005})

Un miembro de esta agrupación publicaba en 2011 una carta abierta al entonces intendente Enrique García⁵, planteando:

[El intendente] ahora entrega el único gran pulmón verde que tiene el partido a manos de capitales privados para que cimienten sobre el pasto grandes torres de hormigón.

¿Se puede llamar a ello progreso? Progreso sería devolver a la comunidad ese espacio verde, tal cual estaba hace un año atrás, con su paseo peatonal y sin autos a la vista que contaminan con smog y ruidos, que no se eleven torres de 24 pisos tapando el cielo y sembrando sombras eternas. Que no se roben 7 hectáreas para un centro comercial que traerá caos a la tranquilidad del lugar. Que no se use el dinero de todos para crear un acceso para unos pocos. (^{Amigos del Paseo de la Costa Vicente López 2011})

El perfeccionamiento de la crítica

Es posible abordar la gramática de la justificación a través de distintas fases. Estas componen un proceso general denominado "traducción". El término refiere a la capacidad de un actor o colectivo de "reducir" a otros actores a sus intereses y significados. Se trata de un proceso durante el cual se negocia la identidad de los actores, sus posibilidades de interacción y sus márgenes de maniobra. A continuación, se verá la secuencia de empleo de las críticas, las justificaciones y sus reconfiguraciones a partir del esquema propuesto por Michel ^{Callon (1995)}. El proceso de traducción iniciado por los emprendedores urbanos no fue lineal, sino que sufrió el revés de los sectores movilizados de la población que disputaron la definición de la costa en términos mercantiles.

La problematización

El puntapié inicial en la secuencia temporal de la controversia por los usos de la costa en Vicente López lo dio el grupo empresarial que propuso al poder político local y nacional, en 2004, la ejecución de megaobras y de una avenida para permitir la movilidad de los nuevos usuarios de este espacio urbano.

Quienes plantearon la problematización vinieron a alterar el equilibrio histórico de relaciones sociales con el territorio costero, al cual buscaron definir en términos mercantiles-inmobiliarios. Además de plantear el problema, el grupo de empresarios definió los actores intervinientes: el territorio costero como un bien de mercado, los políticos locales y nacionales como aliados, y los usuarios destinatarios de las obras, en calidad de consumidores potenciales.

El interesamiento

En esta fase, los actores que tomaron la iniciativa y plantearon la problematización debieron interesar a los actores que habían definido como relevantes.

Los empresarios, durante su problematización, definieron cuidadosamente la identidad, las metas y las inclinaciones de sus aliados. Los políticos serían aliados; los usuarios, interesados; la costa, mercantilizada. Y cualquier oponente sería silenciado. Por otra parte, los actores así definidos pudieron elegir si acceder a integrarse en el plan inicial, o bien, negarse, y definir su identidad y objetivos de otra manera (^{Callon 1995}).

El enrolamiento

El interesamiento fue exitoso en el caso de los actores políticos: aceptaron activamente la problematización planteada en términos mercantiles, lo cual quedó plasmado en la política de reurbanización de la costa, a partir de la modificación del COU en 2004 y de numerosas excepciones al mismo que le siguieron. Una parte del público de usuarios no pareció oponer resistencia. En cambio, un nuevo grupo comenzó a delinearse en 2010: los usuarios movilizados que se oponían a la construcción del Vial Costero, del shopping, y a la definición general de la costa en términos mercantiles. Se trató de ciudadanos movilizados para la preservación del "medio ambiente" y la "defensa del espacio público", cuyo portavoz más visible fue la asamblea Unidos por el Río.

La movilización de aliados

En esta etapa se delinearon los "intermediaros"⁶ o portavoces. Los actores ya enrolados operan ahora como un aliado bajo la traducción de un actor que domina y teje la "red"⁷. El poder político asumió este rol asumiendo y llevando a cabo el proyecto de reforma urbana costera, aun a pesar de las masivas protestas que se manifestaron en contra.

De aquí en adelante, la estrategia tanto del poder político como de los empresarios enrolados será, por un lado, contestar a las críticas de los militantes ambientalistas, a la vez que silenciarlas.

La construcción de un affaire

Entretanto, el posicionamiento de los asambleístas nucleados en Unidos por el Río se fue fortaleciendo. En marzo de 2010 se convocaron las primeras asambleas, con una participación multitudinaria, movilizaciones a la municipalidad, organización de festivales, manifestaciones, llamados a detener topadoras, acampes, caravanas y convocatorias a asambleas semanales regulares.

La masiva participación durante 2010 y parte de 2011 dio cuenta de la capacidad de los actores organizados bajo Unidos por el Río para enrolar a un amplio público de usuarios, así como a la costa vicentelopense, cuya definición mercantil se disputó en términos ambientales.

En esta capacidad jugó un rol crucial la habilidad de este actor para la construcción de un affaire. La construcción de un affaire comienza a partir de un escándalo. Los ambientalistas -como colectivo perjudicado por la iniciativa empresarial- erigieron la modificación del cou, durante aquella madrugada del 24 de diciembre de 2004⁸, en escándalo. A partir de ello, tornaron su situación de debilidad, a través de la generalización del caso y de su vinculación a un criterio de justicia que, como se vio, combinó la ciudad cívica con justificaciones ecológicas.

Durante varios meses, los usuarios de la costa fueron movilizados por los ambientalistas a partir de la indignación con el escándalo representado por un gobierno que decidió convertir los "espacios verdes públicos" en "negocios inmobiliarios". En marchas y eventos públicos dominarán pancartas con el lema "Sí al verde, no al cemento". Pero, como ocurre en todo proceso de traducción, la asamblea de Unidos por el Río no logró acallar otros actores, y su victoria en definir la identidad de los actores de su red fue efímera: muy pronto, la inauguración del Vial Costero en junio de 2011 mostrará que el cemento y los negociados inmobiliarios no significarían el fin del verde y del espacio público que pronosticaban.

Nuevos puntos de apoyo morales

Las críticas ambiental y cívica propugnadas por Unidos por el Río tuvieron una amplia recepción en la escena local vicentelopense. Su legitimidad logró modificar la lógica de la discusión, "traduciendo" a la costa en los términos propuestos por ellos (los órdenes de justificación ambiental y cívica) e impugnando la justificación mercantil empleada por los empresarios y representantes políticos.

Muy pronto, no obstante, las críticas provenientes del ambientalismo habrían de convertirse en la justificación de su enemigo. Un argumento que opera a modo de crítica contra un statu quo, en una etapa sucesiva puede funcionar como justificación de ese mismo orden (^{Nardacchione y Acevedo 2013}). Esto se encuentra en línea con el planteo de Boltanski y Chiapello, según quienes "el capitalismo necesita la ayuda de sus enemigos, de aquellos a quienes indigna y se oponen a él, para encontrar los puntos de apoyo morales que le faltan e incorporar dispositivos de justicia" (^{Boltanski y Chiapello 2002}, 37). Los emprendedores urbanos y el poder político se nutrieron, en efecto, de la crítica ambiental hasta incorporarla a su justificación del nuevo y "mercantilizado" perfil urbano costero⁹.

Así es como -tras la derrota electoral del histórico edil Enrique "Japonés" García- el intendente que ganó las elecciones en 2011, Jorge Macri¹⁰, asumió con un discurso "verde" y alineado a algunos ejes del discurso ambiental¹¹, el cual se ha ido profundizando a lo largo de su gestión, como puede verse en los múltiples programas verdes y sustentables que viene impulsando, así como en la realización de eventos "de estilo sostenible" (^{Expo Verde Fest Vicente López} s.f.). Este forma parte de un discurso global de marketing verde, el cual se centra en adaptar la naturaleza de forma consistente con la rentabilidad y la acumulación de capital (^{O'Connor 2000}).

Por otra parte, en el terreno donde a los emprendedores inmobiliarios y políticos les fue posible lograr justificaciones con menor lugar a críticas fue en el orden cívico. Esto se vio respaldado por la mayor convocatoria que la "nueva costa" tuvo a partir de la construcción del Vial Costero. Sus dos kilómetros de concreto liso convocan todos los fines de semana -cuando se cierra al tránsito para uso peatonal- a cientos de personas que usan sus instalaciones para pasear, tomar mate, correr, patinar o andar en bicicleta. También proveyó de pruebas irrefutables para contestar a las críticas de que los nuevos negocios inmobiliarios iban en contra del "espacio público".

Como se dijo, al incurrir en la justificación del espacio público nos aproximamos a un orden de justificación cívica, impulsado por la crítica a las orientaciones de mercado de la esta iniciativa urbana. Sin haber modificado un ápice del proyecto urbano original, se dio satisfacción parcial a la crítica y se operó hacia un virtual cierre de la controversia.

El cierre de la controversia y la movilización de aliados

Una controversia se cierra cuando los portavoces son unánimemente considerados como tales, más allá de toda duda. Cabe aclarar que una controversia nunca se cierra por completo. Se entra en un estado de latencia en donde es esperable que en cualquier momento vuelva a relanzarse la crítica, ya que el nuevo statu quo jamás logra "canalizar" todas las críticas existentes (^{Boltanski 2017}).

Los promotores de las obras han logrado incorporar los intereses de los demás actores. A partir de pruebas legítimas, fueron respondiendo a las críticas, incorporándolas. También, silenciando otras y operando con pruebas de fuerza (represión).

Las críticas de los actores ambientalistas siguieron emergiendo, pero cada vez con menos fuerza. Tras un proceso lógico de desgaste, sus denuncias solo logran "hacer ruido" y no intervienen en la reconfiguración del orden actual sobre estados alternativos deseables en la definición de la costa. Por ello puede decirse que la controversia no se cerró solo por pruebas legítimas, sino que el paso del tiempo y la desmovilización contribuyeron a que se abandone la discusión sin un acuerdo ni resolución del conflicto.

Palabras finales

A lo largo de este artículo procuramos analizar la disputa por los usos legítimos del espacio costero en Vicente López desde su dimensión discursiva. Para ello, consideramos la controversia desde su inicio hasta su virtual cierre, a lo largo de la cual vimos cómo los actores debieron ir ajustando y elaborando las críticas, perfeccionando sus justificaciones y argumentaciones a partir de generalizar sus intereses en términos de bien común.

Para ello, en principio, los sectores públicos y el privado que promovieron la modificación del perfil urbano de la costa lo hicieron acudiendo a la justificación mercantil. La propuesta generó una gran indignación en términos morales e influyó en la emergencia de un colectivo nuevo: Unidos por el Río. A partir de esta indignación, la medida comenzó a considerarse como injusta, por no estar cumpliendo con el ideal ético-normativo de las ciudades verde y cívica: vale decir, por la "privatización del espacio verde público", en palabras de los miembros de Unidos por el Río.

Así, a partir de un escándalo, se constituyó una crítica radical que puso en evidencia el desajuste entre la referencia a dos órdenes normativos de creciente validez, y una situación que respondía a otros principios, a un orden de justificación de mercado.

Si bien el reclamo de Unidos por el Río no logró frenar el Vial Costero ni la multiplicidad de obras de alto estándar que vinieron de la mano, proveyó a sus "enemigos" de criterios de bien común con los cuales dar un cierre a la discusión y "normalizar" el orden, poniendo fin a la situación conflictiva.

Al final de la controversia hallamos, pues, que la modificación del perfil de la costa vicentelopense procuró legitimarse en términos cívicos (favorece el acceso público a la costa) y ambientales (en menor medida). De cierta manera, los ciudadanos aceptan que la costa modificada "quedó más linda" y que "ahora viene más gente que antes", por lo cual, efectivamente, la reestructuración urbana vendría a confirmar la hipótesis de favorecer el acceso público al río. Corresponde, no obstante, ser cautelosos pues, como mencionamos a lo largo del trabajo, una controversia puede no cerrarse cabalmente, porque la crítica siempre puede volver a relanzarse.

Por último, queremos señalar que, no obstante el objetivo de las sociologías pragmáticas sea no apelar a grandes agregados teóricos ni estructuras y analizar la acción social "en situación", consideramos importante no omitir el hecho de que las relaciones de poder son constitutivas de los vínculos sociales, por lo cual resultan insoslayables en cualquier estudio crítico. Los actores movilizados, en este como en otros casos, han demostrado enormes competencias movilizando argumentos (aún más que sus oponentes) cuando carecen de la fuerza material y del poder de influir en el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, cabe preguntarnos acerca de sus posibilidades concretas de influir en el rumbo decisorio sobre el espacio urbano, con poderes públicos volcados a maximizar la renta de la tierra y con fuertes presiones de grandes empresas y grupos de poder.

Terminamos el artículo citando las palabras de un activista, que en 2012 afirmaba:

Para nosotros ya ganamos, ganamos la calle. El Vial [Costero] puede hacerse o no, pero el hecho de salir de tu casa, poder encontrarte con otros vecinos en una marcha, una asamblea o en un festival, poder articular con otras gentes, es de las cosas más interesantes que pasaron.

En la lucha por democratizar los usos del espacio y la toma de decisiones, lo que Unidos por el Río terminó modificando fueron las formas de participación política.