Prácticas y políticas focalizadas de acceso al agua potable en asentamientos informales del Conurbano Bonaerense (1983-2015)

La historia moderna de la provisión de agua potable en la RMBA comenzó en 1912, año en que el Estado nacional creó a la empresa pública Obras Sanitarias de la Nación -en adelante, OSN-. Originalmente creada para abastecer de agua potable de red al territorio de la CABA, OSN logró su cometido hacia fines de 1920 (^{OSN 1993}). Alrededor de 1942, con objeto de mejorar el acceso al agua potable en territorio de la Provincia de Buenos Aires, OSN extendió sus servicios a 14 distritos del Conurbano Bonaerense (^{OSN 1993}). Un lustro después (1947), OSN alcanzó el mayor porcentaje de población servida (94%) desde que incorporara en su área de cobertura a distritos del Conurbano (^{Catenazzi 2009}). No obstante, de allí en adelante, los porcentajes de cobertura no pudieron seguir el ritmo de la urbanización y comenzaron a caer (^{Catenazzi 2009}).

El desfinanciamiento sufrido por OSN durante el último Gobierno de facto (1976-1983) terminó por consolidar un patrón desigual de acceso a la red de agua potable (^{OSN 1993}). Este perjudicó a zonas de bajos ingresos de partidos del Conurbano Bonaerense, siguiendo un patrón histórico de preeminencia del centro sobre la periferia y de los ejes principales de urbanización sobre los espacios intersticiales (^{Catenazzi 2009}, 123-124).

Paralelamente, la reestructuración del Estado nacional llevada a cabo por el Gobierno de facto incrementó los niveles de pobreza como nunca antes se había visto en Argentina (^{Rapoport et ál. 2004}). Puesto que la población de asentamientos informales del Conurbano Bonaerense crecía más que cualquier otra (^{Cravino et ál. 2009}), tras el retorno de la democracia (1983) comenzaron a implementarse medidas para contener el conflicto social y amortiguar las necesidades básicas de dicha población (vg. ^{CEPAL 2015}; ^{Ronconi 2009}). Entre dichas necesidades, se encuentra la deficiente o nula provisión de agua potable (^{Besana 2018a}).

A partir de 1983, OSN desarrolló el primer programa destinado a proveer de agua potable a la población que reside en asentamientos del Conurbano Bonaerense. Denominado Pro-agua, este dependía directamente de la Presidencia de la Nación mediante su Secretaría General. Según Brunstein (1988, citado en ^{Cáceres 2014}), el programa contó con tres modalidades básicas de acción: 1) extensión de las redes cuando los asentamientos se encontraran junto a un área abastecida y con capacidad sobrante; 2) realización de perforaciones in situ cuando lo primero no fuese posible y los recursos subterráneos lo permitieran; y 3) transporte de agua en camiones cisterna cuando las anteriores alternativas no fueran posibles. Así recuerdan al Pro-agua funcionarios públicos que pasaron por la gestión de OSN:

El primer programa formal fue el Pro-agua [...]. En realidad, lo que sucedía es que los vecinos hacían su propia conexión [...], se conectaban, hacían una zanja, cavaban [...]. El programa se hizo en el año 83, 85, por ahí, en la época de [Raúl Ricardo] Alfonsín⁷. Era parecido al programa actual [...]. Generalmente lo que sucedía era que la empresa ponía los materiales y asesoraba [...] los vecinos hacían el trabajo [...]. (Entrevista a funcionario 1, abril de 2013)

Tal como narra este testimonio, ya desde entonces quienes residían en asentamientos informales del Conurbano Bonaerense accedían al agua potable de red mediante políticas y prácticas que requerían de su participación.

En 1993, la concesión del servicio de agua potable a manos privadas puso fin a la historia de OSN. Para ese entonces, el déficit de la RMBA en cobertura de agua potable era del 40% (^{Azpiazu y Bonofiglio 2007}). La sanción de la Ley de Reforma Administrativa en 1989 fue el principio del fin para OSN. En plena época de hiperinflación, dicha ley estableció el estado de emergencia de todos los servicios públicos y dio inicio a una serie de concesiones de empresas públicas a privados. La concesión del servicio de agua potable a favor de la empresa privada Aguas Argentinas S. A. -en adelante, AASA- se concretó en 1993, entre las últimas concesiones, en un escenario macroeconómico menos apremiante que el de las anteriores (^{Gerchunoff y Casanovas 1995}). Esto último le permitió al Estado incluir objetivos de carácter social en el contrato de concesión, entre ellos el compromiso de alcanzar la provisión universal de los servicios de agua potable y alcantarillado para el área de cobertura (^{Gerchunoff y Casanovas 1995}). Para ello, se fijaron metas de cobertura e inversión divididas en planes quinquenales, que AASA se encargó de incumplir sistemáticamente a lo largo del tiempo que duró la concesión (^{Castro 2011}; ^{Catenazzi 2009}; ^{Pírez 2001}). Pese a dicho incumplimiento, durante el periodo 1993-2002 los porcentajes de cobertura en agua potable y las tasas de inversión mejoraron respecto de los últimos años de gestión de OSN. Todo lo contrario sucedió desde principios de 2002 hasta la rescisión del contrato de concesión en 2006 (^{Galiani, González-Rosada y Schargrodsky 2008}).

Distintas entrevistas a funcionarios advierten cómo el Pro-agua, en realidad, dio un marco institucional a un mecanismo mucho más informal que comenzaba a desarrollarse con frecuencia y que continuaría desarrollándose paralelamente a dicho programa y a los que le siguieron. Según esos relatos, las prácticas o mecanismos informales mencionados tomaron más fuerza durante la privatización del servicio. El siguiente fragmento de entrevista ilustra cómo "referentes y punteros⁸" comenzaron a hacer las veces de intermediarios entre el Estado y los asentamientos:

Lo que pasaba es que el Pro-agua surgió como respuesta a las demandas que referentes y punteros hacían a sus intendentes y estos a su vez al Gobierno provincial o nacional [...], antes del Pro-agua se hicieron arreglos particulares con algunos intendentes que decían en qué barrios había que hacer las obras [...]. Generalmente los punteros se encargaban de hacer las gestiones y convocar a la gente para que trabajara en el tendido de la red [...]; también se hizo por esa vía ya estando el Pro-agua, porque a veces se hacía más rápido [...] y se hizo incluso mucho más durante los primeros años de la privatización [...]. (Entrevista a funcionario 2, marzo de 2017)

En líneas generales, la privatización trajo consigo la incorporación de nuevos actores en el modelo de gestión del servicio de agua potable. El nuevo modelo planteó una separación entre la prestación de los servicios, llevada adelante por AASA, y su regulación y control, llevada a cabo por organismos estatales. Entre los últimos, el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS), conformado por representantes de Nación, de los municipios de la Provincia y de la CABA, dio mayor protagonismo a los Gobiernos municipales en un sector en el que hasta entonces habían tenido menor injerencia. Para entonces, también estaba en marcha un proceso de descentralización de las responsabilidades del Estado nacional hacia los estados provinciales y locales que excedía al sector del agua (^{Calvo y Escolar 2005}). Ambos procesos, la descentralización y la privatización de los servicios, dieron mayor preeminencia a los municipios de la Provincia de Buenos Aires, quienes se transformaron en un paso obligado entre los posibles beneficiarios de asentamientos y AASA (^{Catenazzi 2009}).

Paralelamente, para no sufrir fracasos electorales, el peronismo -partido al frente de la mayoría de los Gobiernos municipales del Conurbano Bonaerense desde 1987- debió adaptarse a la nueva estructura social y a la erosión de su base de apoyo aportada por los sindicatos (^{Gutiérrez 2003}; ^{Levitsky 2003}). Para ello, tendió redes territoriales de organizaciones partidarias (conocidas como unidades básicas) en asentamientos informales, donde intermediarios conocidos como punteros hicieron de vínculo entre el partido, el Estado y el resto de sus vecinos (^{Levitsky 2003}). El rol preponderante que asumieron los punteros y las unidades básicas en muchos asentamientos hizo que estos protagonizaran -cada vez con más frecuencia- mediaciones entre el Estado, AASA y el resto de sus vecinos para lograr la provisión del agua potable en sus barrios (^{Besana 2018a}, ^2018b; ^{Besana, Gutiérrez y Grinberg 2015}).

Los primeros resultados del modelo de AASA se manifestaron de varias formas: la empresa siguió una estrategia de segmentación de la cobertura, extendió las redes de servicios a los barrios formales y con capacidad de pago e interpeló al Estado por la falta de servicios en asentamientos, como una cuestión de agenda social (^{Catenazzi 2009}). El Estado nacional convalidó la postura de la empresa durante la mayor parte del periodo que duró la concesión (^{Catenazzi 2009}). De esta forma, hasta la renegociación del servicio entre 1997 y 1999, fueron instalándose poco a poco dos formas de provisión: en los barrios formales las obras ingresaban a los municipios por medio de las direcciones de obras públicas y en los asentamientos lo hacían mediante las direcciones de desarrollo social (^{Catenazzi 2009}). En este último caso, eran los punteros quienes se encargaban de realizar o coordinar la mayor parte de las tareas con el fin de acceder a agua potable de red. En el siguiente fragmento de entrevista, un funcionario del área social de la empresa de agua reconoce cómo los punteros eran necesarios como intermediarios, y en algunos casos continúan siéndolo, tanto para el barrio como para la empresa:

Lo que pasa que los punteros conocen al dedillo los barrios, cuáles son los problemas, dónde hay o hubo instalaciones previas, todo [...] y además son necesarios para ingresar al barrio sin problemas [...]; con ellos los empleados se sienten seguros y pueden hacer lo que tengan que hacer [...]. Por eso, en la mayoría de los casos no vamos directamente al barrio, vamos por intermedio de ellos [...]. (Entrevista a funcionario 3, junio de 2015)

Tras la renegociación del contrato entre AASA y el Estado argentino (1997-1999), nuevamente se buscó darle un marco más institucional a ese tipo de interacciones. Allí, cobró vida un antecedente importante para la configuración del actual formato en la gestión del agua: un programa denominado "Mecanismo Participativo de Gestión"-en adelante, MPG- implementado hasta el fin del periodo de AASA. En el siguiente fragmento de entrevista, un alto funcionario de la empresa explica en qué consistía el MPG y cómo este devino en el programa actual, denominado Agua + Trabajo (A+T):

[...] cuando vino la crisis del 2001-2002, con el problema de empleo que había, la gente ya no iba a trabajar, se quedaba en sus casas, por eso se empezaron a hacer convenios, en la época de AASA, para que la gente llevara a cabo las redes. Entonces, ya se hacía un tipo de obra que se llamaba MPG. En ese momento la empresa ponía los materiales, los vecinos el trabajo y la municipalidad algún material o máquina que hacía falta y la inspección de la obra. Se llevaban a cabo mesas de gestión, donde se evaluaba el desarrollo de la obra, y la empresa también ponía un inspector de obra [...]; los municipios eran los que elegían los barrios [...], quienes convocaban a los vecinos a las mesas de gestión y coordinaban su trabajo eran los referentes [léase punteros] [...]. Se hicieron muchas obras en distintos lados, sirvió como antecedente a lo que posteriormente fue el A+T. En el año 2004 el Gobierno nacional decidió la creación de este plan particularmente para un partido. Ya estaba pasando un poco el tema de la crisis del desempleo, y me parece que había una política de sustitución de los planes de empleo de ese momento, una sustitución hacia el modelo actual que es de un fuerte cooperativismo. Entonces la expansión, en lugar de llevarla a cabo vecinos que obtenían a cambio solo la extensión de la red, se les empieza a pagar por su trabajo. Se tienen que agrupar en cooperativas, esas cooperativas originalmente eran de 16 personas, 8 tenían que ser sí o sí de planes de empleo y los otros 8 desempleados. Ese modelo fue el original implantado por el ENHOSA⁹. Cuando se crea ^{AySA en el año 2006}, el programa se generaliza para el resto de los municipios. Hacia mediados del año 2007, ya directamente pasa a financiar AySA y a coordinar de manera completa [...]. Y se firmaron convenios marco con casi todos los municipios. (Entrevista a funcionario 3, junio de 2015)

Tal como menciona el testimonio anterior, un par de años antes de que AASA perdiera la concesión, el Gobierno nacional fomentó la creación del A+T basado en el formato de MPG, con la innovación de que a los vecinos que participan del trabajo se les paga por ello. Este continúa impulsando la extensión del agua potable en asentamientos informales por medios alternativos que requieren de la coproducción de vecinos.

Desde su origen en 2004, el A+T se pensó como un Programa de Transferencia Condicionada¹⁰ -en adelante, PTC- orientado a extender las redes de agua potable en asentamientos informales del Conurbano Bonaerense. Actualmente, la mayoría de los PTC exigen el desarrollo de tareas relacionadas a la prestación de servicios públicos a cambio de un subsidio monetario, agrupando a los beneficiarios en organizaciones financiadas por el Estado denominadas cooperativas de trabajo. El nombre que se le dio a dichas organizaciones, así como el hecho de que muchas de ellas fueron armadas mediante convenios entre el Estado y organizaciones preexistentes al A+T, ha hecho que algunos trabajos académicos consideren a esta forma de extensión del servicio como una experiencia de gestión comunitaria (^{Avina 2011}).

Aunque muchas cooperativas son gestionadas por viejos punteros, tras la crisis del 2001 estos perdieron posiciones en manos de otros intermediarios que se incorporaron al entramado de la política popular, tales como referentes y organizaciones piqueteras¹¹ y organizaciones originalmente ligadas a la asistencia social, entre otras (^{Besana 2018a}; ^{Besana, Gutiérrez y Grinberg 2015}). Como veremos a lo largo de todo el apartado, ya sean viejos punteros, referentes piqueteros u otro tipo de integrantes de cooperativas, el A+T sigue requiriendo de la coproducción de vecinos que hacen las veces de intermediarios entre el barrio y el Estado.

En ese sentido, "quiénes extienden las redes de agua potable en asentamientos" no es un tema menor para los funcionarios encargados de la gestión. Algunos funcionarios rescatan el A+T en cuanto relega al puntero del rol protagónico que cumplía con antelación (Entrevista a funcionaria organismo de control, agosto de 2013). Otros, por su parte, prefieren que sean quienes adquirieron más experiencia en la extensión de las redes, independientemente de su identidad política. El fragmento de entrevista que sigue muestra cómo, a menudo, esas preferencias son objeto de desacuerdos con los municipios, otro de los actores importantes en la implementación del A+T:

Sobre la elección de cooperativas, el esquema parte de que esto es una obra del municipio, el municipio contrata una cooperativa y la presenta para la realización de una determinada obra. Generalmente los municipios parten de una cooperativa que está en determinado barrio, el problema es que el municipio lo piensa electoralmente, entonces siempre quiere andar habilitando nuevas cooperativas y nosotros preferimos que vayan tomando experiencia [...]; desde nuestra área tratamos de no habilitar la misma cantidad de cooperativas como de obras, porque la idea no es que se queden sin trabajo cuando terminó la obra y porque nosotros tenemos que capacitarlos, sino es muy complejo de gestionar y es casi imposible, inviable. Entonces se plantea generalmente una cooperativa para que tenga trabajo mínimo por dos años. O sea, nosotros el territorio lo tenemos dividido en módulos. Supone que hay diez módulos, abrimos tres cooperativas para que se haga gestionable el plan [...], pero los municipios tienen otra mirada y esa es la disputa a veces [...]. El proceso de consolidación de una cooperativa lleva bastante tiempo, por lo menos la mitad de una obra, y a veces lleva una obra completa. Entonces, a veces hay obras que tenés que volver a hacerlas si querés que salgan bien [...]. Por otro lado, ya a nivel político si se quiere, los municipios son quienes encauzan la relación política, en muchos casos los municipios tienen acuerdos con organizaciones sociales y encauzan la formación de cooperativas con determinadas organizaciones sociales [...]. Nosotros en algunos municipios preferimos organizaciones más peronistas o kirchneristas y en otros más movimientos sociales, organizaciones de izquierda [...], siempre preferimos las que tengan más experiencia. (Entrevista a funcionario 4, CABA, junio de 2015)

Formalmente, según consta en la página web de ^{AySA (2017)}, "el A+T es una estrategia de intervención específica para la provisión de servicios básicos en comunidades de bajos recursos económicos" que se ha convertido en "una de las principales metodologías de expansión de redes secundarias con las que AySA cuenta para lograr el 100% de cobertura del área de acción de la empresa". En ese marco, las cooperativas son capacitadas a través del Instituto de Capacitación y Formación del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) (^{AySA 2017}).

La Figura 2 grafica a los actores que formalmente participan del programa y los roles que cumple cada uno de ellos. Como puede observarse en dicho esquema, una vez consumada la capacitación, la ejecución del programa A+T requiere de la asociación de tres actores: el municipio, AySA y los vecinos que conforman las cooperativas. Dicho esquema otorga a AySA la responsabilidad por el diseño de los proyectos y la financiación de las obras. En cuanto a la extensión de las redes en los asentamientos, mientras el municipio y AySA solo se reservan para sí los roles de "impulsar los proyectos" y "acompañar a los vecinos en la conexión al servicio", la responsabilidad por el trabajo recae -casi en su totalidad- en los vecinos. Esto no sucede en barrios formales donde AySA se encarga de hacer todo el trabajo.

Fuente: ^{AySA 2015}.

Figura 2 Actores que participan del Agua + Trabajo.  

En ese sentido, algunos funcionarios de entes reguladores y de la propia AySA son bastante críticos con respecto al propio esquema del A+T (Entrevistas a funcionario 8, marzo de 2013 y a funcionario 5, diciembre de 2013). El testimonio que sigue, nuevamente, pone en cuestión el tema de la capacitación de las cooperativas y, además, avanza en la idea de que dicho esquema, "en realidad", perjudica a quienes dice beneficiar:

Yo escuché hablar muy bien a gente del A+T. Yo no tengo esa opinión. El A+T fue una creación para apoyar a un Gobierno municipal que tenía una demanda justificada [...] fue una respuesta correcta para bajar el nivel de desempleo en ese momento y lugar [...]. Lo que pasa [es] que la gente que extiende el A+T no tiene la misma capacitación que los profesionales que extienden las redes en barrios formales [...]. Entonces las obras -salvo cuando las cooperativas están bien consolidadas- no salen bien […], eso es objetivo, ustedes vean la cantidad de gente que incorpora A+T [...]; además, la calidad del servicio no suele ser igual a los de un barrio consolidado [...]; entonces, en realidad, terminas perjudicando a los sectores que decís querer beneficiar, a los más pobres [...]. Cuando vos lees los datos que publican parece que todo es maravilloso, pero lo que hacen es presentar los datos de forma engañosa y todo el mundo levanta ese dato [...]; ellos ponen "módulo finalizado" para los que ya se llevaron a cabo y "con servicio" para los que están todavía en obras [...]; en muchísimos casos son obras viejas que las hicieron mal y tuvieron que volver a hacerlas. (Entrevista a funcionario ente regulador, noviembre de 2013)

Efectivamente, según los datos que aporta la página web de AySA, hacia fines de 2015 solo 99 módulos del A+T habían sido finalizados, esto equivale a 408 kilómetros de redes instaladas que brindan el servicio a un estimado de 165.294 personas (^{AySA 2017}). Números muy pobres si se los compara con los 484 módulos aún no finalizados y con los más de 3.300.000 habitantes incorporados al servicio o próximos a serlo por ^{AySA hasta 2015} en barrios formales (^{AySA 2017}).

En síntesis, hasta aquí se mostró cómo, desde la recuperación de la democracia (1983) hasta 2015, se implementaron distintas prácticas y programas focalizados en la extensión del agua potable en asentamientos informales que tienen en común un elemento: requieren de la participación o coproducción de vecinos e intermediarios. A continuación, se reconstruyen dos de las formas en que vecinos, Estado y empresa llevan adelante la extensión de las redes de agua potable en asentamientos informales del Conurbano Bonaerense. La primera historia ilustra cómo se desarrollaron las interacciones informales que tenían en el centro de la escena a viejos punteros peronistas durante el fin de la gestión de OSN y el comienzo de la de AASA. Durante la narración de dicha historia se podrá observar cuán importante es el esfuerzo que hace el puntero Báez "para conseguir el agua potable". En esta historia, se verá cómo los recursos propios del oficio de puntero -sus vínculos con funcionarios públicos, por un lado, y vecinos, por el otro-, además de ser vitales en el desarrollo de intercambios clientelares, le son de gran ayuda para lograr la extensión de la red de agua potable en el asentamiento en que trabaja y reside.

La segunda historia muestra cómo se produce un cambio en el tipo de intermediarios habituales entre la empresa y el barrio e ilustra la extensión de las redes de agua potable en tiempos de AySA. Allí, se podrá observar que la capacitación, o la falta de ella, no es el único problema que deben afrontar los cooperativistas del A+T. Además de ello, también se podrá observar las estrategias que efectivamente implementan los cooperativistas para sobrellevar esa y otras dificultades. Nuevamente, se muestra cuánto influyen los recursos y conocimientos que traen consigo los cooperativistas a la hora de extender el servicio de agua potable en asentamientos informales.

Desde el barrio: punteros y acceso al agua potable en tiempos de OSN y AASA

Ubicado sobre el valle de inundación del Río Reconquista -el segundo más contaminado de la Argentina- (Defensor del Pueblo de la Nación et ál. 2007), Santa María se emplazó sobre bañados y totorales que los vecinos rellenaron con desechos de todo tipo. A partir de 1976 y tras la crisis hiperinflacionaria que sufrió el país en 1989, los asentamientos del Conurbano experimentaron fuertes crecimientos poblacionales (^{Cravino et ál. 2009}). En Santa María, cada uno de los nuevos pobladores que arribaba al barrio rellenaba con desechos y elevaba el suelo donde iba a residir para evitar sufrir inundaciones. A principios de los noventa, dichas características del suelo hacían que fuese casi imposible para los vecinos del barrio acceder a fuentes naturales de agua en buen estado.

Aunque, para ese entonces, Báez ya había ganado cierta reputación como puntero del intendente peronista Pardo (1987-1991), su máximo esplendor lo lograría durante el periodo 1991-1999. Las buenas vinculaciones de Báez con áreas del Estado en ese periodo, sobre todo a nivel local y provincial, tuvieron mucho que ver con ello. En el plano local, Pardo fue sucedido por otro peronista -Blanco- que gobernó el distrito por dos mandatos (1991-1999). Durante esos mismos años, Pardo comandó un importante ministerio provincial. Pese a rencillas previas, entre 1991 y 1999, Blanco y Pardo formaron parte de un mismo frente bajo la órbita del entonces gobernador Eduardo Duhalde. Tras su paso por la vicepresidencia de la Nación, el gobernador Duhalde conservó una fuerte influencia en algunas carteras del Estado nacional. Además, contó con una gran cantidad de recursos económicos que, en parte, fueron destinados a la ejecución de obras públicas en distritos afines. A su vez, muchas de esas obras eran ejecutadas por el ministerio que comandaba Pardo. En numerosas ocasiones, Báez reconoció cuánto lo ayudo "el entramado político" Duhalde-Pardo-Blanco, así como la "anuencia del presidente Menem".

Dos de los cuatro hitos que Báez reconoce como fundamentales se lograron durante la gestión municipal de Pardo y otros dos definitivos con el entramado Duhalde-Pardo-Blanco. El primero de los cuatro -la obtención de parte de los materiales que servirían para desarrollar la extensión de la red de agua- se desarrolló durante la presidencia de Alfonsín (1983-1989). Según se desprende del relato de Báez, dichos materiales se consiguieron a partir de negociaciones informales con las autoridades de OSN, empresa pública encargada de la prestación del servicio por entonces:

Veníamos haciendo gestiones para el agua con Alfonsín de presidente en 1987 [...]; eran radicales¹², no nos iban a regalar nada, pero pusimos algo de plata para conseguir los materiales y ellos iban a hacer la instalación [...]; con la crisis hiperinflacionaria no se hizo [...], pero conseguimos parte de los materiales. (Báez, junio de 2011)

El segundo hito en el acceso al agua potable por parte de los vecinos de Santa María, supuso la apertura de una calle a lo largo del barrio que permitió el ingreso de la maquinaria necesaria para el trazado e instalación de una cañería central. Tanto en este como en el anterior hito, Báez reconoce que la colaboración de Pardo fue fundamental.

El tercer hito fue fruto de una serie de negociaciones que confirmaron la instalación de la cañería central, tras años de dilaciones. Para entonces, la empresa de agua potable cambió de manos, pasando del Estado nacional al grupo de inversores privados Suez. El cambio, lejos de las expectativas, no perjudicó la iniciativa de Báez sino que le fue favorable, en parte gracias a fondos públicos provinciales utilizados para comprar los materiales faltantes a la empresa AASA. También ayudó la mediación personal del intendente Blanco y el apoyo que obtuvo Báez de un puntero de confianza del propio intendente en una ardua negociación con la empresa. Nuevamente, esa negociación no se desarrolló por medio de mecanismos formales. Así, lo cuenta Báez:

Cuando Menem privatizó, la empresa de agua solo quería plata […]. Pardo y Blanco lo convencieron a Duhalde de que la pusiera [...] y lo terminamos negociando Cracco [puntero de confianza de Blanco], que ya tenía experiencia, y yo […]. (Báez, marzo de 2014)

Pese a la exitosa negociación entre Báez y Cracco, por un lado, y autoridades de AASA, por el otro, los esfuerzos de Báez no culminan allí. Mientras la vinculación de Báez con distintas figuras y áreas del entramado público le permitió lograr los tres hitos mencionados, "la otra parte del trabajo" la concretó con el último hito, basado en el zanjeo del frente de las casas del barrio y en el excavado de un pozo donde cupiera la cañería central:

La otra parte del trabajo fue caminar y hablar con los vecinos para que hagan el zanjeo de su frente. [...] El pozo de la cañería lo hacíamos con fondos municipales, para eso firmaron veinte hombres [...]. El problema fue que algún vivo del municipio arregló que la empresa viniera el lunes y esto lo comenzamos un viernes. ¡¿Quién trabaja el domingo?! Al final le pagué la comida a los muchachos y se prendieron […]. Pero los muchachos pensaban que iban a cobrar el lunes […]; voy el lunes a las 7 de la mañana y todos me dicen: "Hoy no trabajamos porque queremos cobrar" [...]; tuve que llamar a Blanco para que les pagaran ese mismo día. Blanco me quería matar pero al final del día cobraron. No obstante, me pararon la obra dos horas y me empecé a preocupar [...]. Entonces empieza la problemática del tema porque ya venían los muchachos de la empresa [...]. Empecé a salir y a hablar con los vecinos para que me den una mano. ¡Ahí ya tenía a los de la empresa empezando y había que zanjear las cuadras siguientes! No sabés cómo me puse, les gritaba cuadra por cuadra y bastante enojado: "Si no hacen el zanjeo no tienen agua" [...], y ahí fueron más los que tomaron conciencia y finalmente lo hicimos a las corridas; fue un trabajo brutal. (Báez, abril de 2011)

Tras la instalación de la cañería, los vecinos organizados por Báez desprendieron redes de mangueras que abastecieron al resto de las calles y pasillos de Santa María. La obtención de las mangueras "donadas por la empresa" también corrió por cuenta de Báez. Si el mérito de las acciones previas a la extensión de la red correspondió a la colaboración de Báez con funcionarios públicos y de AASA, "la otra parte de su trabajo" supuso su colaboración con sus vecinos en la propia extensión de la red. Su mérito en dichas acciones es reconocido por vecinos e intermediarios de todos los colores políticos:

[...] sin él este barrio no hubiese tenido agua por mucho tiempo. (Entrevista a La Cala, abril de 2011)

[...] él [se refiere a Báez] siempre estuvo metido con el tema del agua, la instalación fue un lío [...]. Todavía me acuerdo de que todos tuvimos que trabajar esos días [...]; tuvimos que cavar, yo era chiquita y me acuerdo. (Entrevista a Lili, marzo de 2013)

[...] lo que él hizo fue una cosa muy linda para el barrio y eso no se lo podemos discutir. Tener agua es muy importante. (Entrevista a El Ruso, mayo de 2013)

Aunque Báez ya no es el intermediario que fuera, hasta principios de 2014 siguió siendo la primera referencia cuando algo ponía en peligro la prestación del servicio de agua potable en Santa María. Incluso retirado de su actividad política, en dos ocasiones Báez fue encontrado desarrollando tareas relativas a la manutención del agua. En ambas no se coordinó con él una cita, el encuentro fue casual. En cada uno de ellos Báez repitió la misma frase: "porque si yo no estoy, vienen los muchachos de la empresa y se van porque tienen miedo de entrar al barrio".

No obstante, pese al esfuerzo de Báez, el servicio de agua potable nunca fue de gran calidad. Durante los primeros años del trabajo de campo etnográfico, se pudo observar cómo este sufrió constantes accidentes, estuvo expuesto a numerosas interrupciones, careció a menudo de la presión suficiente e, incluso, llegó a contaminarse. El siguiente fragmento de una conversación da cuenta de ello:

Pao: Se rompió el caño principal.

Investigador: ¿Qué pasó?

Báez: No, ayer [...].Vos estuviste en el [...] en la cañería de agua, el cruce, el caño maestro se rompió. Pao: Sí, reventó un caño. Investigador: ¿Y ahora?

Báez: No, ya vinieron [...], ya lo arreglé yo. Y porque es lo que digo yo, no es sencillo [...], porque acá, vos le decís a la empresa, llegan hasta la entrada del barrio, se dan la vuelta y se van. Porque es un tema, si yo no estoy y vienen los muchachos, ¿qué pasa? Se van. (Entrevista a Pao y Báez, junio de 2012)

Tras la crisis económica que sufrió el país en 2001, a medida que el barrio se pobló más y más, el servicio no hizo más que empeorar. Continuó de ese modo hasta fines de 2014. Por entonces, la nueva empresa estatal AySA firmó un convenio con el municipio y una organización piquetera para renovar y extender las redes mediante el A+T. Un tiempo antes, Báez se retiró por completo de la vida pública. No obstante, como se verá a continuación, en el marco del A+T Espina -responsable de la cooperativa que desarrolló el programa- tuvo que afrontar inconvenientes similares a los afrontados por Báez para extender y renovar un tramo de la red de agua potable.

Desde el barrio II: cooperativas de trabajo y agua potable en tiempos de AySA

Para cuando el A+T comenzó a implementarse, algunos PTC como el denominado Jefes y Jefas de Hogar ya habían alcanzado una cifra record de beneficiarios. Los primeros programas de este estilo comenzaron a implementarse durante las reformas neoliberales de los noventa; sin embargo, la época de mayor cobertura de los PTC fue recién tras las crisis del 2001 (^{Ronconi 2009}). Por entonces, reclamos de organizaciones piqueteras por trabajo digno fueron parcialmente satisfechos mediante la negociación de dichos programas (^{Svampa y Pereyra 2005}), contribuyendo a disparar su incremento (^{Ronconi 2009}).

En Santa María, la posibilidad de implementar el A+T surgió de la iniciativa de una organización piquetera y su vínculo con el gobierno municipal. Antes de que se desarrollase el propio A+T, dicha organización ya proyectaba realizar actividades relacionadas al acceso al agua potable con sus cooperativas en asentamientos de la zona. El plan de obra presentado al municipio, con objeto de que este avalase un cambio en las actividades de cooperativas de otro PTC -denominado Argentina Trabaja-, para que estas realizasen acciones relacionadas con el agua potable, da cuenta de ello.

Obra - Proyectos

En lo que a obra específicamente se refiere [...], el grupo más numeroso de los cooperativistas se encarga del módulo las veredas del barrio que incluye también otras problemáticas relacionadas a la deficiente calidad de la obra pública [...]. No cuentan con red de agua potable eficiente que comprometa el servicio a todas las viviendas ya que la dimensión de las mangueras utilizadas es % del necesario […].Se prevé futura red de agua potable. Se dejará previsto para la provisión de agua potable una separación de 0,15 m en lo que sería línea municipal alrededor de cada manzana más 2 caños de 4" en cada esquina con salida cada cual a su calle para tomar el futuro recorrido sea cual fuere el diseño [...]. (^{Frente X, mayo 2013})¹³

Aunque dicho plan de obra no se llevó a cabo, este fue un antecedente que influyó en la firma del convenio entre AySA y el municipio para desarrollar el A+T en asentamientos del distrito apenas un año más tarde. La misma organización piquetera que había elaborado dicho plan de obra fue seleccionada por el municipio para hacerse cargo de los trabajos. Durante los trámites previos a la implementación del A+T, un concejal surgido de las filas de dicha organización comentó cuáles eran los recaudos que la organización tomó para evitar dificultades en la extensión del servicio:

La idea es incorporar al menos uno o dos vecinos con experiencia en tareas [...] que tengan conocimientos sobre la conexión del agua potable [...], ya tenemos experiencia en otros municipios, sabemos que cuesta desarrollar las primeras obras [...], la idea es que los cooperativistas sean vecinos que ya tengan algo de preparación. (Entrevista a Concejal, abril de 2013)

En Santa María, el vecino "con conocimientos" elegido para cumplir esa tarea fue Espina. Cuando Espina se integró a la cooperativa, ya hacía quince años que residía en el "fondo del barrio". Históricamente, esta zona fue una de las que más sufrió cortes y falta de presión en el servicio de agua potable. Por tal motivo, Espina solía decir que tenía "una motivación personal" para extender las redes.

La trayectoria laboral de Espina al momento de integrar la cooperativa se basó principalmente en su experiencia en el área de la construcción. Su labor en una empresa que se encargaba de hacer las conexiones internas de gas, luz y agua en grandes edificios lo dotaban de un conocimiento que no tenían otros vecinos del barrio. Aunque las conexiones internas no eran lo mismo que la extensión de las redes de agua potable, Espina solía decir que "pocos en el barrio están mejor preparados que yo para hacer el trabajo". No obstante, pese a la confianza que mostraba Espina en sus capacidades, su testimonio abunda en quejas por la falta de capacitación de sus compañeros y los problemas que eso acarrea:

Lo que pasa [es] que tuve que enseñarles yo a los muchachos. Ellos son todos trabajadores, pero solo dos sabemos el oficio [...], las capacitaciones que nos dan no sirven [...], son tres talleres, dos horas cada uno. ¿Cuánto podés aprender? Después la culpa es de los trabajadores, ¿viste? (Espina, noviembre de 2014)

En repetidas ocasiones, Espina dijo que la capacitación brindada por la empresa no es suficiente ni óptima. Pero esta no fue la única denuncia que hizo Espina; en su testimonio la cooperativa debió afrontar otros inconvenientes, más allá de la falta de capacitación:

¡Vos fijate! Nos dan picos para excavar y este piso es de relleno, no podés excavarlo a mano […], hace falta una electro excavadora [...]. ¡Mirá el mapa que nos dan! El mapa no tiene nada que ver con el barrio [...]. Te lo ponen como si esto fuera todavía el río, como si todo el barrio fuese agua [...]; lo que pasa [es] que el mapa lo sacaron del catastro municipal y como el barrio no está legalizado todo esto figura como si fuese río [...]. ¿Qué pasa si esto era río? Hay aguas emergentes debajo de la tierra ¿Qué pasa si hay aguas emergentes? No podés soldar las cañerías con el sistema tradicional, necesitas otro [...]. Mira, yo mismo diseñé un sistema que espero me aprueben. (Entrevista a Espina, noviembre de 2014)

Como puede observarse, Espina desnuda inconvenientes al tiempo que muestra cómo los vecinos asumen con esfuerzo las responsabilidades que el Estado delega en ellos y enfrentan las dificultades que eso trae aparejado. Es más, el caso de Espina muestra -incluso- cómo algunos cooperativistas asumen tareas y responsabilidades que exceden sus responsabilidades formales y para las que no se les paga. En el siguiente fragmento de entrevista, Espina cuenta cómo ideó un sistema para llevar a término la extensión de las redes de agua en el tramo que le correspondía desarrollar y su intención de reunirse con los responsables de AySA para que "se lo aprueben":

Nosotros nos manejamos con uno que se encarga de articular con la cooperativas y con otro, que es un ingeniero, que se encarga de las cosas más técnicas [...]; ese no sabe nada, porque ese tendría que saber cómo es el suelo acá [...]; el otro sabe más [...]; para el viernes tengo una cita con los dos. Yo les quiero plantear un sistema que estuve estudiando y que va a funcionar para extender las cañerías en suelos con aguas emergentes [..]; digo, yo no inventé nada, solamente innové con algunas cosas [...]; lo que sí que vamos a necesitar es una retroexcavadora para poder poner las cámaras a la profundidad indicada y también para poner la bomba de incendios, que acá es muy útil y nunca tuvimos. Mucho más útil que en cualquier otro lugar porque como muchas de las casas no son de material y las conexiones de la luz son una porquería hay muchos incendios [...]; entonces, si me lo aprueban, yo creo que vamos a poder terminar antes y hacer las cosas como se corresponden, no como ahora que es un desastre [...]. (Entrevista a Espina, diciembre de 2014)

Una vez aprobado su diseño para soldar cañerías en suelos de relleno con aguas emergentes, Espina también se encargó de brindar a sus compañeros capacitación y una serie de recursos para llevar a cabo el proyecto. La Figura 3 muestra dibujos que Espina ideó para paliar la falta de preparación de sus compañeros y de información adecuada sufrida por la cooperativa.

Fuente: copia de los originales elaborados por Espina 2014.

Figura 3 Mapa a mano de Santa María (primera imagen), plano borrador de sistema de cámaras (segunda imagen) y plano borrador de canaletón bajo superficie y encamisado de cámaras subterráneas (última imagen). 

Como en el caso de Báez, el trabajo de Espina fue doble: hablar con las autoridades de la empresa para convencerlos de que aprueben su proyecto y procurar que sus compañeros sean capaces de llevarlo a cabo. De ese modo, Espina logró concretar la reunión que pretendía, obtuvo la aprobación de su proyecto y finalmente logró desarrollarlo junto a sus compañeros cooperativistas.

En este punto vale aclarar que, con todo lo que significó el esfuerzo de Espina, sus logros fueron más moderados que los de Báez, puesto que la cooperativa solo extendió un tramo de la red de agua. Tristemente, ninguno de los dos casos fueron soluciones definitivas al problema del agua potable en Santa María. Al día de hoy, las conexiones de agua en Santa María siguen sufriendo numerosas dificultades y los cortes de agua o la baja presión son problemas frecuentes.