Planificación de infraestructura verde

Debido al alto impacto de las actividades humanas y a la extensión de los procesos de urbanización, la ecología lleva ya varias décadas estudiando los contextos urbanos y recientemente los ha definido como sistemas socioecológicos complejos en los cuales las dinámicas ecológicas y los procesos sociales están estrictamente entrelazados (^{Pickett et ál. 2016}). Por otro lado, la necesidad de incorporar consideraciones ecológicas en la planificación urbana y territorial ha sido planteada por lo menos desde la década de los sesenta (^{Duvall, Lennon y Scott 2018}; ^{Hough 1995}; ^{McHarg 1969}). Pese a esto, en la práctica las áreas verdes han sido planificadas y diseñadas principalmente como espacios de recreación, ocio y belleza escénica.

El concepto de infraestructura verde ofrece un cambio importante de perspectiva, al enfatizar las funciones y los beneficios que las áreas verdes aportan a las ciudades y territorios, en particular, cuando forman un sistema interconectado y multiescalar. A partir de la literatura internacional se pueden definir algunos principios recurrentes que deberían guiar la planificación y gestión de la infraestructura verde, los cuales se presentan en la Tabla 1.

Sin embargo, es importante destacar que, sobre todo en la práctica, hay diversas definiciones de infraestructura verde que hacen énfasis en diferentes aspectos y objetivos. Por ejemplo, en Estados Unidos el concepto se utiliza desde la década de los noventa y se aplica principalmente a la gestión sustentable de las aguas lluvias (^{Rouse y Bunster-Ossa 2013}; ^{Lennon 2015}; ^{Vásquez et ál. 2019}).

Esto es evidente en la planificación de varias ciudades norteamericanas como Nueva York, en donde en el 2010 se adoptó un Plan de Infraestructura Verde orientado a la gestión de las aguas lluvias y mitigación de eventos extremos (^{NYC Environmental Agency 2010}; ^{Culligan 2019}); o Portland, que desde hace varios años está promoviendo las "calles verdes" para recoger e infiltrar las aguas lluvias (^{Everett et ál. 2018}; ^{Fink 2019}).

Por otro lado, en Europa se ha comenzado a utilizar el término más recientemente, enfocándose en la conectividad ecológica para la preservación de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos. Las políticas comunitarias europeas han contribuido a difundir el término entre los distintos países de la Unión, sobre todo a partir de la aprobación de la estrategia sobre infraestructura verde en 2013 (^{Slàtmo, Nilsson y Tutunen 2019}). De todas formas, se pueden apreciar diferencias marcadas tanto en las investigaciones (^{Chatzimentor 2020}) como en las aplicaciones prácticas, que dependen de las tradiciones de planificación de cada país y de cada ciudad. Varias investigaciones han evidenciado que, aunque en la planificación urbano-regional europea el concepto de infraestructura verde se utiliza explícitamente en pocos casos, los principios asociados a esta sí han sido incorporados de manera más amplia (^{EEA 2011}; ^{Mazza et ál 2011}; ^{Mell et ál. 2017}; ^{Davies y Lafortezza 2017}; ^{Grădinaru y Hersperger 2019}).

En los países de América Latina el concepto de infraestructura verde ha comenzado a permear algunas políticas públicas y planes urbanos. Sin embargo, tal como en otras regiones del mundo que no son Europa y Norteamérica, el uso del concepto y de sus principios es todavía muy incipiente, y muy pocas veces se ha relacionado con sus potencialidades de contribuir a enfrentar la emergencia climática en ciudades (^{Araos et ál. 2016}; ^{Vásquez et ál. 2019}).

Hay distintas explicaciones sobre el escaso uso de la infraestructura verde y de otras estrategias de adaptación al cambio climático. Varios autores han identificado varios tipos de barreras: técnicas, normativas, financieras y sociales (^{Adger et ál. 2007}; ^{Byrne y Jinjun 2009}; ^{Li et ál. 2017}; ^{Zuniga-Teran et ál. 2020}). Entre las barreras sociales se cuentan el nivel de conocimiento, la cooperación entre instituciones y comunidad, y la percepción pública. Respecto a esta última, algunos estudios han destacado que existe una comprensión y valoración insuficiente de la infraestructura verde por parte de residentes y tomadores de decisiones (^{Derkzen, van Teeffelen y Verburg 2017}; ^{Yu et ál. 2019}; ^{Gavrilidis et ál. 2020}). De manera similar, existe una amplia literatura que destaca el bajo nivel de prioridad que la opinión pública asigna al problema de la emergencia climática (^{Brulle, Carmichael y Jenkins 2012}; ^{Shi et ál. 2016}).

Por otro lado, se ha detectado que entre los planifica-dores existe una cierta confusión sobre la definición de infraestructura verde y que, si bien estos reconocen los beneficios, tienen una escasa tendencia a innovar en los métodos de planificación para incluirla (^{Matthews, Lo y Byrne 2015}). Esto varía según el contexto, por ejemplo, en la ciudad polaca de Poznan se ha apreciado una amplia incorporación de la infraestructura verde en las políticas urbanas, pero un escaso reconocimiento de la capacidad de esta para mitigar los efectos del cambio climático (^{Zwierzchowska et ál. 2019}).

La infraestructura verde como una estrategia para enfrentar la emergencia climática

Los efectos del cambio climático ya son plenamente visibles en diferentes regiones del mundo, con distintas intensidades y formas, y se espera que la pérdida de biodiversidad, el estrés hídrico y la exposición a eventos extremos como incendios o tormentas se agudicen en las próximas décadas (^{IPCC 2007}). Por esto, numerosos cientistas consideran que debería hablarse de emergencia climática -en adelante, EC- (^{Ripple et ál. 2020}).

Dada la urgencia de reducir las emisiones, los principales esfuerzos internacionales en esta materia se han centrado en las medidas de mitigación. Sin embargo, en los últimos años se ha hecho evidente la necesidad de avanzar rápidamente, también, en estrategias de adaptación. Los organismos internacionales han destacado la importancia de pensar los dos aspectos -mitigación y adaptación- como aproximaciones complementarias e indivisibles (^{IPCC 2007}; ^{Carter et ál. 2015}, 2012; ^{Magrin 2015}).

La planificación e implementación de sistemas de infraestructura verde en múltiples escalas ha sido reconocida como una estrategia efectiva para enfrentar la emergencia climática, la cual incluye desde la construcción de espacios verdes urbanos altamente intensivos en uso de tecnología, como las fachadas verdes, hasta la protección de ecosistemas como bosques y humedales (Kazmierczak y Carter 2010; ^{EPA 2016}; ^{Samora-Arvela et ál. 2017}). En este sentido, la infraestructura verde es una estrategia territorial que ayuda a enfrentar la emergencia climática de diversas formas, pero en la literatura destacan dos: el aumento de los niveles de resiliencia de las ciudades; y la provisión de servicios ecosistémicos que permiten enfrentar la emergencia climática (^{Gill et ál. 2007}; ^{Vásquez 2016}). Los servicios ecosistémicos son aquellos servicios de los ecosistemas que benefician a los seres humanos y contribuyen a su bienestar (^{Potschin et ál. 2016}). Muchos de los servicios ecosistémicos provistos por la infraestructura verde tienen un rol clave para enfrentar la emergencia climática, no solo para la adaptación, sino que también para la mitigación (Tabla 2).

Tabla 2 Servicios ecosistémicos importantes para enfrentar el cambio climático 

Datos: ^{CFNW (2010)}; ^{Pauleit et ál. (2013)}; ^{Demuzere et ál. (2014)}; ^{Vásquez (2016)}.

Los servicios ecosistémicos prioritarios entregados por la infraestructura verde para la adaptación y mitigación al cambio climático dependen de las condiciones geográficas y ambientales de cada contexto urbano. Para Chile Central, donde se ubica la capital Santiago, se espera un aumento de la temperatura media y una reducción de las precipitaciones totales (^{Magrin 2015}). Otro importante efecto es la pérdida de la biodiversidad, ya que el cambio en el uso del suelo ha generado que el hotspot de biodiversidad de Chile central presente elevadas pérdidas de hábitats.

Planificación de infraestructura verde y cambio climático en el contexto chileno

En Chile la infraestructura verde está teniendo un reconocimiento creciente para enfrentar la emergencia climática. Un ejemplo son las recomendaciones elaboradas por un grupo de expertos en el contexto de la COP25, las cuales asignan un rol importante a la infraestructura verde para enfrentar el cambio climático en ciudades (^{Muñoz et ál. 2019}). Sin embargo, si se mira a la planificación territorial y las políticas públicas, la situación es menos prometedora.

Los instrumentos de planificación territorial, tales como los planes reguladores comunales, intercomunales y metropolitanos, necesitan definir obligatoriamente un sistema de espacios verdes, pero tienen un entendimiento muy limitado de la diversidad y multifuncionalidad de estos. A lo anterior, hay que sumar que la definición legal de área verde, consignada en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, no obliga a que estas tengan vegetación y enfatiza las funciones de esparcimiento y circulación peatonal. Por otro lado, los instrumentos de planificación territorial incorporan aspectos relacionados a la emergencia climática solamente en lo que concierne al riesgo, con una visión eminentemente reactiva (^{Barton y Irrarázaval 2016}). En definitiva, las áreas verdes son entendidas, principalmente, como lugares de esparcimiento o no edificables, porque están expuestas a riesgos sin reconocer su valor ecológico y su contribución para enfrentar la emergencia climática.

La incorporación de los principios de la infraestructura verde en la planificación actual se dificulta también por la ausencia de un sistema coordinado de planificación territorial ya que, aunque la ley entrega atribuciones en materia de ordenamiento territorial a los gobiernos regionales, estas son bastante débiles hasta el momento. En la planificación de las áreas urbanas domina el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, junto a los municipios, por medio de zonificaciones de uso de suelo de carácter obligatorio. Otras atribuciones relevantes en la planificación y transformación del territorio, como la construcción de infraestructuras o la definición de áreas protegidas, recaen en diferentes ministerios que operan con visiones sectoriales normalmente poco integradas (^{Henríquez et ál. 2017}; ^{Picon et ál. 2017}; Precht et ál. 2017).

Entre los planes y políticas de carácter indicativo o voluntario, hay algunos que han avanzado en temas de infraestructura verde y emergencia climática. La Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), aprobada en 2014, reconoce el equilibrio ambiental como uno de los cinco ámbitos temáticos principales, y plantea la necesidad de incorporar los sistemas naturales en la planificación, reducir los riesgos de desastres y realizar una gestión eficiente de los recursos (^{Minvu 2014}). De particular relevancia son algunos planes elaborados por el Ministerio de Medio Ambiente -en adelante, MMA- como el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (2008-2012) (^{MMA 2008}) y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (^{MMA 2014a}). En el marco de este último, se redactaron los planes sectoriales: Plan de Adaptación al Cambio Climático en Biodiversidad (^{MMA 2014b}) y el Plan de Adaptación al Cambio Climático para Ciudades 20182022 (aún en revisión) (^{MMA 2018}). Ambos reconocen explícitamente la infraestructura verde como una estrategia para combatir la emergencia climática, especialmente en cuanto a su contribución significativa a la adaptación.

Por último, existen algunas experiencias interesantes en ciudades pequeñas de planificación de infraestructura verde, lo cual parece confirmar que las iniciativas locales se imponen a las estrategias nacionales, como se ha observado en la literatura internacional (^{García, Solecki y Ribalaygua 2018}; ^{García 2019}). Una de las primeras experiencias fue puesta en marcha en Coronel, una ciudad costera que hace parte del Gran Concepción y que tiene un alto grado de contaminación (^{Vásquez el ál. 2018}). En 2010 un equipo de profesionales de diferentes unidades del municipio elaboró el "Plan Verde Coronel 2050", el cual se planteó triplicar la superficie de áreas verdes, mejorar la equidad en su acceso y consolidar un sistema interconectado de espacios verdes urbanos y naturales. Este plan se ha ido materializando por medio de diversas estrategias, incluyendo el establecimiento de elevados estándares para la construcción de nuevas áreas verdes, un programa de arborización urbana, formulación y diseño de proyectos de paisajismo, y un foco importante en la educación y participación ciudadana (^{Municipalidad de Coronel 2012}).

En Llanquihue, una pequeña ciudad en el sur de Chile, desde el 2016, la Fundación Legado Chile y la municipalidad han desarrollado un plan de infraestructura verde para integrar los diferentes ecosistemas, en particular los humedales y la red hídrica, a fin de asegurar su funcionamiento sistémico. El primer proyecto para implementar el plan corresponde a la recuperación del humedal Los Helechos, dónde se ha implementado un parque urbano con múltiples funciones (^{Fundación Legado 2015}).

En Pichilemu, localizada en el litoral central de Chile, el grupo interdisciplinario Paisaje FAU de la Universidad de Chile, la municipalidad y la Asociación Territorios Solidarios de Suiza han desarrollado un plan de infraestructura verde. En la actualidad se están elaborando algunos proyectos estratégicos y un instructivo de arbolado urbano (^{Brun et ál. 2018}).

Estas iniciativas locales de planificación de infraestructura verde no han incluido explícitamente la emergencia climática entre sus objetivos, pero ponen en evidencia el creciente interés y posibilidades de aplicación, a la vez que dan cuenta de las complejidades y dificultades que enfrentan en Chile.

Caso de estudio: Plan Stgo + Infraestructura Verde

La ciudad de Santiago, con casi 7.000.000 de habitantes, comprende 34 comunas de la región metropolitana y posee un clima mediterráneo con una estación seca prolongada. Entre los problemas que la afectan se pueden mencionar la segregación social, el déficit de áreas verdes, la contaminación atmosférica, las amenazas naturales, la escasez hídrica y la pérdida de biodiversidad (^{MMA 2011}; ^{Romero et ál. 2012}).

Si bien existe un Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) que regula los usos del suelo de toda la región, la institucionalidad actual es bastante fragmentada (^{Vásquez et ál. 2016}), existiendo iniciativas y competencias poco coordinadas en general y, especialmente, respecto a las áreas verdes (^{GORE RMS 2014}; ^{MMA 2014c}; ^{PNUD 2015}).

El Plan Stgo+ Infraestructura Verde busca desarrollar un Sistema de Infraestructura Verde (SIV) para Santiago. El plan es un instrumento indicativo que permite la coordinación y conducción de los esfuerzos de actores públicos, privados y de la sociedad civil, que hasta ahora se realizan de manera fragmentada.

El plan corresponde a una iniciativa desarrollada por la Universidad de Chile, en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y la Seremi¹ de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana de Santiago, a la cual se han incorporado otras instituciones tales como el Gobierno Regional -en adelante, GORE- y la Universidad Mayor. Comenzó en 2018 y, según lo propuesto por ^{Benedict y McMahon (2006)} y ^{Firehock (2015)}, se estructuró en cinco etapas:

En el presente artículo, se abordarán las primeras dos etapas del Plan Stgo+ Infraestructura Verde, desarrolladas durante el 2018.

Fuente: ^{Vásquez et ál. (2020)}.

Nota: estos componentes fueron identificados durante el desarrollo del Plan Stgo+ Infraestructura Verde en la etapa 3.

Figura 1 Componentes del Sistema de Infraestructura Verde para Santiago. 

Identificación de actores relevantes

A partir de una revisión de literatura y documentos oficiales se elaboró un listado de actores relevantes para participar de la iniciativa Stgo+ Infraestructura Verde. Estos actores fueron clasificados en cuatro categorías de acuerdo con la propuesta de ^{Firehock (2015)}: (1) públicos, (2) privados, (3) sociedad civil y (4) academia. Los actores se seleccionaron por estar involucrados en el diseño, planificación, ejecución y/o mantenimiento de espacios verdes. Este listado se completó y validó utilizando la metodología bola de nieve, mediante la cual se consultó a los actores identificados preliminarmente por otros que no se contemplaron en el listado inicial (^{Hanneman 2000}). Estos actores conformaron el comité técnico del Plan.

Definición y priorización de objetivos

Luego de la definición de un comité de actores relevantes, se procedió a la definición de los objetivos prioritarios de un sistema de infraestructura verde para Santiago.

Definición preliminar de objetivos

Se realizó una revisión de planes internacionales de infraestructura verde como el Plan de Infraestructura Verde de la Ciudad de New York o el Plan del Verde y la Biodiversidad de Barcelona (^{NYC Environmental Agency 2010}; ^{Alcaldía de Medellín 2011}; ^{Ayuntamiento de Barcelona 2013}; ^{Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz 2014}). De esta revisión se identificaron nueve objetivos potenciales para el SIV de la ciudad de Santiago:

Talleres con actores relevantes

Se realizaron dos talleres para definir los objetivos del SIV y su priorización. En ellos participaron 22 actores públicos, 15 actores de la sociedad civil, 5 actores de la academia y 3 actores privados. Estos talleres incluyeron discusiones en grupos pequeños y plenarias finales.

A estos grupos se les entregó la lista de objetivos preliminares y se les solicitó priorizarlos, distribuyendo 1.000 puntos entre ellos. La distribución fue totalmente libre y también existió la posibilidad de incorporar algún objetivo que no estuviera contemplado en el listado inicial. Finalmente, se sumó el puntaje que los grupos le asignaron a cada objetivo. De manera complementaria, se realizó un análisis de contenido cualitativo de las grabaciones y resultados de la discusión.

Análisis de iniciativas institucionales

Para esto se realizó una revisión de proyectos, políticas, planes, programas y estrategias en las páginas web y repositorios oficiales de las instituciones vinculadas al diseño, planificación, ejecución y/o mantenimiento de espacios verdes. Se incluyeron iniciativas incluidas en los documentos localizados y aquellas conocidas por el equipo de autores como expertos en el tema.

La base de datos construida de esta manera quedó constituida por documentos oficiales sobre iniciativas que se están ejecutando y que poseen el potencial de contribuir al desarrollo de un SIV para enfrentar la emergencia climática en la ciudad de Santiago. A estos documentos se les aplicó un análisis de contenido cualitativo para identificar las instituciones, instrumentos y casos más relevantes para orientar el diseño del plan Stgo+ Infraestructura Verde.

Síntesis y definición de objetivos

En la etapa final se realizó un análisis de contenido cualitativo a través del programa MAXQDA de los documentos descritos en el punto anterior, de las grabaciones y los resultados de los talleres detallados en el apartado referido. El equipo de la Universidad de Chile sistematizó los resultados para definir los objetivos finales del plan, los cuales fueron validados en un último taller participativo.

Actores y objetivos

Los actores relevantes corresponden al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y su respectiva secretaría regional, la Seremi de Medio Ambiente, la Seremi de Obras Públicas, la Seremi de Agricultura, la Corporación Nacional Forestal y el GORE, entre otros representantes de actores públicos. Además, diversos actores de la sociedad civil que impulsan la creación de diferentes tipos de espacios verdes (parques, ciclovías, huertas comunitarias), organizaciones de arquitectos y centros de investigación vinculados a la ecología, la planificación urbana y del paisaje. Minoritariamente participaron consultores representando actores privados. Estos mismos actores fueron quienes participaron en los talleres.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, principal institución responsable de la planificación urbana, no manifestó entre sus principales preocupaciones la emergencia climática en cuanto tal, o aspectos asociados a ella. Mientras que, a la Seremi de Obras Públicas, en particular a la Dirección de Obras Hidráulicas, no le fue tan clara la vinculación de sus planes y políticas con la iniciativa, a pesar de (1) ser responsable de las medidas destinadas a la gestión de los recursos hídricos, (2) la importancia que le asignaron a esta institución los otros actores, y (3) haber manifestado dentro de sus preocupaciones la emergencia climática.

Con menor influencia en la planificación urbana, la Seremi de Medio Ambiente estableció una asociación directa entre infraestructura verde y su contribución a la emergencia climática. Similar a la que realizaron los actores de la academia, quienes hicieron más presente en la discusión la noción de los servicios ecosistémicos.

En el caso de la sociedad civil hubo diferentes percepciones respecto a la emergencia climática. Existen organizaciones preocupadas exclusivamente por el tema y para ellas es evidente la contribución de la infraestructura verde, mientras que otras organizaciones manifestaron mayor preocupación por aspectos de carácter social, tales como la inequidad y segregación.

A pesar de las diferentes sensibilidades, los actores que participaron en el proceso de definición de los objetivos estuvieron de acuerdo en que la infraestructura verde es relevante para que Santiago se adapte mejor a la emergencia climática. No obstante, al momento de priorizar los diversos objetivos, todos otorgaron mayor importancia a la integración social. Incluso, aquellos actores que tenían conocimiento sobre la emergencia climática, y reconocían la importancia de adoptar medidas de adaptación y mitigación, no priorizaron estos temas, sino los sociales. En los talleres se mencionó que, sin la integración social como objetivo, la infraestructura verde se transformaría en una herramienta que no resolvería uno de los principales problemas de la ciudad: la desigualdad.

Así, el objetivo prioritario fue la integración social, pues le fue asignado el mayor puntaje (1.050 puntos). Hubo consenso en que una de las principales problemáticas que debe contribuir a resolver el SIV en Santiago es la desigualdad social, que se manifiesta en una distribución profundamente inequitativa de las áreas verdes y sus beneficios. Esta idea se reforzó con el puntaje asignado a la movilidad sustentable (que sumó 660 puntos totales, en el segundo lugar), asociada fuertemente a crear integración social y espacial en la ciudad, además de contribuir a minimizar la emisión de contaminantes y, por lo tanto, mejorar la calidad del aire.

Una prioridad bastante baja fue entregada a los objetivos asociados a resolver problemáticas ambientales, aun cuando fueron señalados como importantes. Aspectos como las islas de calor, la calidad del aire, el control de inundaciones y los procesos de remoción en masa estuvieron muy presentes en la percepción y discurso de los actores durante las discusiones grupales y plenarias finales, pero no superaron los 350 puntos en total. Además, estos aspectos fueron mayoritariamente vinculados al control de riesgos naturales, más que al concepto o problemática de la emergencia climática propiamente tal. En este sentido, pareciera existir una dificultad para visualizar cómo la mantención y desarrollo de infraestructura verde destinada a cuestiones tan concretas como controlar inundaciones o purificar el aire contribuye, también, a problemas más estratégicos y globales como la emergencia climática. Los actores destacaron, también, varios desafíos institucionales para incorporar aspectos relacionados a la emergencia climática, como el nivel de coordinación institucional que exige, la normativa que no lo contempla o la definición del tipo de espacio que albergará esas funciones.

Finalmente, hubo consenso en que, a pesar de ser prioritaria la integración social y espacial de Santiago, la construcción de un sistema planificado e interconectado de espacios verdes es per sé una contribución importante a la emergencia climática. Además, los ecosistemas naturales que rodean o se localizan al interior de Santiago fueron indicados como espacios que de manera natural pueden contribuir a mitigar los efectos de la emergencia climática y a conservar la biodiversidad, y, por lo tanto, deberían ser protegidos.

Iniciativas institucionales

La revisión de 19 iniciativas institucionales da cuenta de la existencia de una serie de acciones en curso que poseen el potencial de contribuir al desarrollo de un SIV. Estas iniciativas son impulsadas por distintas instituciones y se pueden observar en la Tabla 3.

Del total de iniciativas, 12 cuentan con financiamiento para una parte o la totalidad de las acciones que establecen. Destacan, en este sentido, las intervenciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), del Ministerio de Obras Públicas -en adelante, MOP- y del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones -en adelante, MTT-, que cuentan con una alta capacidad de invertir en el territorio y, por lo tanto, de concretar sus políticas en él. En una posición menos favorable se encuentran las iniciativas impulsadas por el MMA y el GORE, que apuntan con mayor fuerza al desarrollo de infraestructura verde y emergencia climática, pero cuentan con recursos mucho más limitados.

En el caso de los programas del Minvu, solo el Plan Chile Área Verde considera el diseño, construcción y mantenimiento de una de las tipologías de espacios verdes (parques urbanos), pero sin considerar la emergencia climática y los principios de la infraestructura verde, como conectividad y multifuncionalidad. El objetivo del plan es construir ciudades más equitativas, ampliando el acceso a espacios públicos de calidad. Para Santiago, contempla la construcción de parques en seis comunas con déficit de áreas verdes.

Las otras iniciativas del Minvu poseen el potencial para aportar en el desarrollo de otras tipologías de espacios verdes, pero no cuentan con los criterios de diseño para ello, o no es una prioridad al momento de realizar la intervención. Algo similar ocurre con las iniciativas desarrolladas por el MTT y el MOP, donde existiría el potencial de incorporar los principios de la infraestructura verde en las obras que realizan, pero en escasos casos se aplican. En particular, es crítica la gestión de los cursos de agua, a cargo del MOP. Esta pone énfasis en proteger a la población de los posibles riesgos, principalmente con obras de infraestructuras grises, las cuales desconocen las oportunidades que soluciones verdes podrían brindar para resignificar la relación de la ciudad con sus ecosistemas naturales y, con ello, mejorar la adaptación a la emergencia climática.

Otra iniciativa importante de destacar es el programa +árboles para Chile, impulsado por Conaf, la cual se ha vinculado a otras iniciativas aportando árboles y realizando capacitaciones para el cuidado del arbolado urbano. Un ejemplo que retrata esta situación es la entrega de 20.000 árboles al Parque Metropolitano de Santiago, con el fin de aumentar la masa arbórea del cerro San Cristóbal en un 35 %. Además, este programa es destacable porque es el único, junto al Plan Chile Área Verde, que destina recursos para la mantención de los espacios verdes que genera. Todo esto denota la ausencia de una iniciativa de carácter permanente o de una institución que cumpla con aquella función.

En el caso de las iniciativas lideradas por el GORE, la Estrategia Regional de Desarrollo y, sobre todo, la Política Regional de Áreas Verdes, avanzan sustancialmente en una conceptualización más compleja, variada y multifuncional de las áreas verdes, aunque no cuentan con financiamiento y no incorporan explícitamente entre sus objetivos la emergencia climática. En cambio, la más reciente iniciativa Santiago Humano y Resiliente sí incorpora entre sus objetivos la adaptación al cambio climático. Sin embargo, es importante señalar que también plantea acciones que ponen en riesgo el desarrollo de un SIV, como el Proyecto Circunvalación Orbital, que afectaría la zona precordillerana, de gran valor ecológico.

Las iniciativas lideradas por el MMA, a pesar de que no cuentan con financiamiento, son importantes, pues representan esfuerzos por establecer orientaciones y posicionar en la agenda pública la importancia de la infraestructura verde para la emergencia climática. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en Biodiversidad es el que más ha avanzado en esta dirección. El objetivo específico 3 plantea la necesidad de incluir la protección de la biodiversidad en los instrumentos de planificación territorial. Al respecto, la ficha de acción n.° 24 establece la necesidad de fomentar "la Infraestructura verde en áreas urbanas y periurbanas como mecanismo de adaptación al cambio climático y bienestar social" (^{MMA 2014b, 63}). También, el objetivo específico 4 considera la creación de infraestructura verde para fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, sobre todo, en relación con la conectividad. Este último objetivo se vincula a los esfuerzos para establecer corredores, como en el caso del proyecto GEF Corredores Biológicos de Montaña, o para definir una infraestructura ecológica a escala regional, a través de la redacción de algunos planes en distintas regiones del país.

Si bien todavía el reconocimiento de la importancia de la infraestructura verde para enfrentar la emergencia climática es insuficiente aún, se pueden destacar varias iniciativas que avanzan en tal sentido, en especial por parte del GORE y del MMA.

Lineamientos estratégicos y objetivos del siv para la ciudad de Santiago

A partir de la revisión de planes de infraestructura verde internacionales, las discusiones sostenidas en los talleres y la revisión de iniciativas nacionales, el equipo de la Universidad de Chile reconoció 7 objetivos específicos, los cuales fueron agrupados en dos grandes lineamientos estratégicos, como se puede apreciar en la Tabla 4.

Tabla 4 Objetivos definidos para el Sistema de Infraestructura Verde de Santiago 

Datos: ^{Vásquez et ál. (2020)}.

El primer lineamiento tiene que ver con la integración social y contiene los objetivos de conectividad y movilidad sustentable, distribución y acceso equitativo de espacios verdes, y fomento de la educación ambiental. En los talleres estos aspectos recibieron una alta priorización por los actores. El segundo lineamiento agrupa problemáticas como las islas de calor, el control de inundaciones y los procesos de remoción en masa, bajo el paraguas de la adaptación a los efectos del cambio climático. A pesar de que la emergencia climática no emergió entre las principales preocupaciones de los actores relevantes en la discusión de los talleres, los problemas específicos fueron mencionados a menudo, aunque con una priorización no tan alta. En este sentido, este tipo de cuestiones que tienen manifestaciones tangibles y afectan directamente la vida de las personas podrían ser puntos de entrada para una mayor sensibilización y, al mismo tiempo, para facilitar la incorporación de estrategias para enfrentar la emergencia climática en la planificación. Por otra parte, el cambio climático es un tema que está entrando en la agenda pública, donde los actores e instituciones más sensibles han promovido y visibilizado la infraestructura verde como estrategia en sus planes y políticas.

Estos lineamientos estratégicos y objetivos fueron presentados y discutidos en un último taller, siendo recibidos positivamente por los actores involucrados, que los validaron.