Pobreza rural y Políticas neoliberales: un caso Por resolver en Montería- Córdoba (Colombia)^*

Rural poverty and neoliberal policies: a case to resolve in Montería, Córdoba (Colombia)

Jorge Eliécer Ortega Montes^**
Elsy Cecilia Puello Alcocer^***
Nydia Nina Valencia Jiménez^****
Universidad de Cordoba (Colombia)

^*Este artículo es producto del trabajo de investigación "Condiciones laborales de los trabajadores informales agrícolas del sector rural de Montería, desde la perspectiva de la teoría de las capacidades y oportunidades humanas". No reporta subvenciones ni ayuda para su desarrollo.

^**Economista. Magíster en Planeación Urbana, Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Gerencia de la Educación, Universidad de Córdoba (Colombia). Especialista en Planificación del Desarrollo Rural Regional del Centro de Estudio Regionales Urbanos Rurales de Israel. Docente Universidad de Córdoba, Montería (Colombia). paye51@hotmail.com

^***Enfermera. Magíster en Desarrollo Social y especialista en Salud Ocupacional, Universidad del Norte (Colombia). Docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Córdoba, Montería, Córdoba (Colombia). elsypuello@hotmail.com

^****Desarrollista Familiar. Magíster en Educación del SUE Caribe, sede Universidad de Córdoba (Colombia). Especialista en Gestión y Desarrollo Comunitario, Universidad INCCA de Colombia. Docente Universidad de Córdoba, Montería (Colombia). nnvalencia07@gmail.com

Fecha de recepción: octubre 19 de 2012
Fecha de aceptación: junio 25 de 2014

Resumen

Este artículo analiza las oportunidades y logros alcanzados por los trabajadores agrícolas de una zona rural de Montería (Colombia) y sus implicaciones en la estructura, tamaño y composición del hogar en el marco de las políticas públicas macroeconómicas. Es un estudio descriptivo de corte transversal y participaron 100 trabajadores seleccionados por muestreo aleatorio simple. La encuesta, los grupos focales y la observación participante constituyeron las técnicas de recolección de la información. Se asumieron intervalos de confianza del 95 %, un error máximo de 0,07 y una probabilidad de éxito de 0,2. Los resultados refieren que el rango de edad de la población en edad de trabajar se ubicó entre los 18 a 87 años, de los cuales el 87 % pertenece al género masculino y un 13 % al femenino. El analfabetismo absoluto se situó en un 20 % y los hogares en un 29 % están conformados entre 7 a 12 personas. El 90 % carece de un empleo permanente y un 97 % devenga menos de un salario mínimo. La inoperancia de las políticas públicas, y el modelo basado en la apertura del comercio internacional, limitan las opciones de las personas para potenciar el ejercicio de sus libertades humanas y fortalecen la pobreza rural.

Palabras clave: Condiciones de trabajo, pobreza rural, trabajadores agrícolas.

Abstract

This article analyzes the opportunities and achievements of agricultural workers in a rural area of Monteria and its implications in the structure, size and composition of the household, in the context of macroeconomic public policy. It's a descriptive cross-sectional study, in which 100 workers selected by simple random sampling participated. Survey, focus groups and participant observation were the techniques to collect the information. Confidence intervals of 95% were assumed, a maximum error of 0.07 and a probability of success of 0.2. The results refer to the age range of the population of working age which was between 18 to 87 years of age, from which 87% are male and 13% female. Absolute illiteracy stood at 20% and 29% households are formed by 7-12 people. 90% of the population lack permanent employment and 97% earn less than the minimum wage. The ineffectiveness of public policies and the model based on open international trade, limit the choices of people to enhance the exercise of their human freedoms, strengthening rural poverty.

Keywords: work conditions, rural poverty, agricultural workers.

Introducción

Como es sabido, las transformaciones que se vienen dando en las economías nacionales, como resultado de los procesos de apertura y globalización, han modificado el modelo de desarrollo basado en el Estado de bienestar y la sustitución de importaciones que se adoptó en los países de América Latina aproximadamente en el periodo comprendido entre 1930 y 1970 (Barroso & Castro, 2010; De Buen, 1993). En el caso colombiano, los antecedentes de dicho modelo se pueden resumir, desde lo político, en ciertos hechos que se llevaron a cabo a partir de las reformas constitucionales de 1936 y 1968, principalmente, y que se fundamentaron a su vez en los estudios y recomendaciones de las Misiones Kemmerer de 1923 y 1930 (Melo, 1991; Sarmiento, 2010). Desde lo económico, se puede afirmar que el modelo en mención se materializó a través de las políticas que garantizaron la intervención directa del Estado en la orientación de la economía nacional, y la planificación macroeconómica como técnica e instrumentos estratégicos de la gestión pública y de redistribución social del ingreso y los factores productivos (González, 2001).

En desarrollo de tales políticas, cabe destacar la promulgación de la Ley 200 de 1936 sobre régimen de tierras; la Ley 135 de 1961 y la Ley 1 de 1968 sobre reformas social agraria, y el Decreto- Ley 444 de 1967, acerca del régimen de cambios internacionales y comercio exterior, entre otros. Todo ello con la asesoría y el apoyo de las misiones extranjeras que visitaron el país en esos períodos: Misión Currie, 1950; Misión CEPAL, 1954/1958 y Misión Lebret, 1995 (Arévalo, 1997).

Con las transformaciones en curso que han posibilitado el remplazo de este modelo, como se dijo al principio, se derivaron un conjunto de problemas y fenómenos de orden político, económico y social que aún se discuten y son objeto de investigación, circunstancia que, a su vez, ha coadyuvado al surgimiento de nuevos conceptos, teorías y enfoques que hoy están de moda.

Castells (1998), por ejemplo, caracteriza esta situación como una crisis de legitimidad y pérdida de poder del Estado Nación y sus instituciones; sostiene que en la actualidad nos encontramos frente a una revolución social iniciada a partir de la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que se convirtió en un nuevo paradigma operativo en la década de los setenta, y ha dado origen a una nueva forma de Estado y de economía que configura un sistema económico articulado globalmente en forma de red, con nuevas relaciones sociales y técnicas de producción, de intercambio y de consumo, que funciona con reglas cada vez más homogéneas entre las empresas y los territorios que lo constituyen.

De hecho, en 1996, Boisier resaltó la importancia que hoy adquiere el tema del territorio y la regionalización como una consecuencia paradójica de la globalización. En este sentido, desarrolla nuevos conceptos que tienen que ver con las nuevas funciones que se plantean para los gobiernos nacionales y regionales en este nuevo orden económico mundial, enfocándolas como un desafío que debe asumirse para poder insertarse y competir en el mercado externo y, al mismo tiempo, de manera equitativa y participativa en el interior.

Sin embargo, quizás una de las innovaciones teóricas de mayor impacto, que ha revolucionado el mundo de los negocios y la economía, se encuentra en los aportes de Romer (1990) y Lucas (1988), quienes explican cómo la tecnología, la innovación, el desarrollo y la investigación constituyen un factor inherente y determinante de los procesos productivos, que se deriva tanto de la inversión en capital físico como de la acumulación de capital humano.

En esta misma línea cabe mencionar también las contribuciones más recientes de Helpman (2007), para quien las instituciones, o sea, el conjunto de normas, leyes y sistemas jurídicos que regulan la protección de los derechos de propiedad, así como las costumbres y los sistemas políticos de un país, son la clave del crecimiento económico, lo cual lo lleva a recomendar una serie de acciones y medidas que podrían adoptarse en los países más pobres que los conduzca en esa dirección.

En este contexto general se inscriben las políticas macroeconómicas adoptadas en Colombia y los países de América Latina y el Caribe en los últimos años, principalmente a partir de la década de los noventa, y es en este escenario, a nuestro juicio, de acuerdo con Machado y Torres (1987), donde se deben estudiar los problemas que suceden en la agricultura.

En Colombia, estas políticas –llamadas también de segunda y tercera generación por autores de la línea de Helmsing (1999) –, se empezaron a implementar, en lo que al sector agropecuario se refiere, con la Ley 101 de 1993 o la denominada Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, y la Ley 160 de 1994, que modifican los procedimientos de la distribución y tenencia de la tierra, propiciando las condiciones para la creación del mercado de la tierra entre campesinos y terratenientes, otorgando subsidios ya no a la oferta, como venía sucediendo con el modelo basado en el estado de bienestar y sustituto de importaciones –adjudicación directa a precios especiales de venta y tasas de interés preferenciales–, sino a la demanda, con el otorgamiento de dinero o crédito a los campesinos por intermedio del sistema financiero y, por el otro lado, subsidios y obras de infraestructura a los grandes propietarios y empresarios agrícolas y del campo.

Como consecuencia de estas medidas, el tema de la reforma agraria, la seguridad alimentaria, el desarrollo y la pobreza rural, que venía siendo impulsada y atendida a través de programas sociales, de fomento, subsidios y asistencia técnica al pequeño productor, se remplazan por la apertura a las importaciones indiscriminadas de alimentos, programas asistenciales, créditos y eliminación de subsidios.

En contraposición a estos planteamientos surge y toma fuerza en la actualidad una corriente de pensamiento que autores de la línea de Teubal (2001), De Grammont (2004) y Kay (2007, 2009), denominan como "Nueva Ruralidad", según la cual la dimensión espacial-territorial cobra su importancia en el análisis y la planeación del desarrollo rural-regional, reforzando su incorporación a través de diversas estrategias que reconocen las diferentes estructuras, actores y agentes económicos de las regiones. De hecho, conciben el espacio rural como un concepto amplio que trasciende los linderos y funciones tradicionales de la actividad agrícola y supone que en las zonas rurales existen múltiples potencialidades y labores que hoy se dan al margen de esta actividad como resultado de los fenómenos de la globalización.

Desde el punto de vista de sus resultados prácticos y sin desconocer los logros y beneficios indiscutibles que las políticas en cuestión hayan podido arrojar, muchos son los indicadores y estudios disponibles que ponen en duda dichos resultados. Las estadísticas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2010 y 2011), por ejemplo, muestran una participación porcentual anual promedio del sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca en el PIB del período 2001-2010, igual a 7,45 %, con tendencia a la baja, pasando del 8,0 en el año 2001 al 6,5 % en el 2010, y una tasa de crecimiento anual promedio del subsector agrícola, sin incluir el café, de 1,85 %, con 2,4 % y 3.4 % en el mismo período.

En lo que respecta al departamento de Córdoba, las cuentas regionales del DANE (2000-2010), registran una tasa promedio anual de crecimiento de 3,69 % a precios constantes de 2005 entre los años 2001-2010, en consonancia con el orden nacional igual a 4,09 % anual en el mismo período. En este mismo orden, las estadísticas del Banco de la República y DANE (2008) señalan que la participación porcentual del valor agregado del sector agropecuario, silvicultura y pesca presenta una tendencia decreciente entre los años 2000-2007, iniciando en el 2000 con el 27,61 %, 25,58 %(2001), 23,98 % (2002), 24,76 % (2003), 23,54 % (2004), 21,57 % (2005), 20,16% (2006) y 19,51% (2007). De hecho, se pudo observar que el sector industrial guarda similitud con lo anterior, cuando refleja una disminución porcentual del crecimiento en el mismo periodo evaluado de: 5,96 %; 5,82 %; 5,62 %; 5,79 %; 5,30.%; 4,98 %; 5,17.% y 5,24 %. En el caso de la minería, las cifras analizadas muestran una tendencia relativamente creciente entre el periodo de 2000-2005, con un comportamiento decreciente para los dos últimos años analizados, así: 12,99 %; 14,67 %; 14,08.%; 14,43%; 14,91.%; 15,07 %; 12,65.% y 11,27.%. Por su parte, el comercio presenta un comportamiento cíclico, 7,69.%; 7,70.%; 7,39.%; 7,52.%; 7,40.%; 7,75.%; 7,85.% y 7,67.%, en los respectivos años.

En relación con la situación social de esta zona del país, la Agenda Interna para la productividad y la competitividad de dicho departamento (2007) presenta un índice de pobreza (línea de pobreza) en el 2005 de 66,27 % frente al 49,74 % nacional, un 28,47.% de indigencia y un 15,65 % del orden nacional. El porcentaje de la pobreza por concepto de necesidades básicas insatisfechas (NBI) de la población era de 59,02 % frente al 27,63 % de la Nación, un porcentaje de analfabetismo de 16,92 % contra 7,51 % nacional y un índice Gini de los ingresos en ese mismo año, equivalente a 0,57 % en comparación con 0,55 % de la nación.

Otras cifras señalan que el desempleo en la ciudad de Montería, capital del departamento, en el período 2003-2011, se mantuvo en una tasa promedio anual de 16,2 %, frente al 13,3 % de la media nacional en esos mismos años (CENAC, 2011).

Como puede verse entonces, nos encontramos con un fenómeno en el que en una zona geográfica del territorio nacional ocurre un proceso de crecimiento económico concentrado no solo en ciertas ramas de la producción, sino también en sus potenciales beneficios, por una parte, y un lugar específico donde una parte de la población rural carece de las oportunidades elementales para alimentarse, trabajar y llevar una vida digna, pese a su capacidad y experiencia para desarrollar actividades agrícolas. Nos referimos al caso que se presenta en Córdoba y Montería, donde los cultivos más importantes históricamente han sido el maíz tecnificado, con una participación en el área sembrada nacional de 30,6 % en el 2010 y 28,5 % en el 2011; el algodón, 49,1% y 39,9%, respectivamente. A escala municipal, el maíz, 48,9 % del área sembrada, con 7.014 hectáreas (1995) y 10.207 hectáreas (1996) y algodón con el 16,53.% del área agrícola sembrada. Con relación a este último cultivo, la sub-región 3, conformada por los corregimientos de Los Garzones y El Sabanal, zona seleccionada para este estudio, presentaba la mayor participación porcentual municipal con el 73,42 %. Esta subregión se destacaba igualmente por ser una de las mayores productoras del municipio, con una participación de 14,35 % del área total (Alcaldía de Montería, 1998); sin embargo, según estudios de la UMATA (citado en Alcaldía de Montería & Universidad de Córdoba, 2009) se indica que el área destinada a la agricultura participó con el 0,57.% de la superficie total del municipio, es decir, 1.785,5 hectáreas, de las cuales los corregimientos Los Garzones y El Sabanal participaron con el 7.56 %. En lo que respecta al área total cultivada de algodón, 65,2 hectáreas, la participación de los corregimientos en mención fue de 85,42 % y la de maíz, 5 %, de un total de 913.8 hectáreas (Alcaldía de Montería & Universidad de Córdoba, 2009).

Por lo anterior, en este caso, nos proponemos hacer un estudio desde una perspectiva humana, es decir, en el que la persona es considerada como la finalidad del desarrollo y no como un simple insumo o medio para alcanzarlo; es decir, con el enfoque de las capacidades humanas que concibe el desarrollo como la expansión de las capacidades y oportunidades de la persona para vivir una vida digna, productiva y creativa (Sen, 2000). Desde esta perspectiva, Sen considera dichas capacidades como el conjunto de combinaciones alternativas de funcionamientos que ella puede alcanzar, lo cual se asocia con el concepto de libertad y desarrollo, definiendo cinco tipos de libertades a saber: las políticas, las facilidades económicas, las oportunidades sociales, las garantías de transparencia y la seguridad protectora. En lo que respecta a nuestro estudio, su alcance se limita al ámbito de las facilidades económicas y las oportunidades sociales. Las primeras se entienden como las oportunidades que tienen los sujetos para utilizar recursos económicos, las cuales dependen de los recursos que posea o a los que tenga acceso, tales como los créditos o el trabajo; las segundas, se refieren a las condiciones que la sociedad establece para tener educación, ingresos, salud, y que influyen en la libertad sustancial del individuo para vivir mejor.

En este marco conceptual se asume que si las políticas públicas son los instrumentos por medio de los cuales se ofrecen a las personas las opciones, los recursos y los medios para una vida digna, productiva y creativa, es factible que los trabajadores rurales de los corregimientos de Los Garzones y El Sabanal de Montería tengan acceso al trabajo, los ingresos, la salud y educación que les permita potenciar sus capacidades o, por el contario, que dichos trabajadores, pese a su condición original de campesinos agricultores, parceleros y aparceros por muchos años en el sector, no cuentan con las oportunidades de acceso al trabajo, la salud y la educación que les permita el ejercicio pleno de sus libertades económicas y sociales, y por ello se ven sometidos a un proceso de transformación de su estructura y composición del hogar y en sus roles, mediante el desempeño de oficios indignos, precarias condiciones laborales y bajos ingresos.

Metodología

El área de influencia de esta investigación comprende los corregimientos de Los Garzones y El Sabanal, que conforman la sub-región de planificación número 3, de la zona rural del municipio de Montería (Alcaldía de Montería, 1998). Sin embargo, en la actualidad, de acuerdo con el POT (2002-2015), el corregimiento El Sabanal conforma por sí solo la Unidad Espacio Funcionales (UEF) número cinco (5) y Los Garzones la UEF número 9.

La población universo y la unidad de análisis la integran el conjunto de hogares, los trabajadores agrícolas y su respectiva familia que habitan en estos corregimientos; la unidad de observación la constituyen la vivienda y el jefe del hogar. El tamaño de la población universo se tomó del censo agropecuario realizado por la UMATA en el año 2008, estimada en 480 viviendas. Para la selección y el tamaño de la muestra se asumió un comportamiento homogéneo de los trabajadores agrícolas en las distintas veredas de los corregimientos en mención. Por esta razón, cada uno de ellos tiene la misma probabilidad de ser elegido en la muestra y bajo este supuesto se planteó entonces un muestreo aleatorio simple (MAS). Las veredas elegidas fueron: Aguas Negras, Garzones, Las Babillas y El Faro. El tamaño elegido fue de 99,6 viviendas, el cual se aproximó a 100, con una confiabilidad de 95.% (z =1,96), un error del 0,07 y una proporción de interés de 0,2.

La recolección de la información se tomó de fuentes primaria y secundaria. Para el primer caso se aplicó el formulario de encuesta, el cual se estructuró en tres partes esenciales según el sistema de categorías, variables e indicadores definido en los objetivos del proyecto; en la primera de dichas partes se organizan las variables e indicadores de carácter sociodemográfico; en la segunda, los aspectos relacionados con el trabajo y las condiciones laborales, y la tercera clasifica las variables y categorías relacionadas con las oportunidades de generar ingresos, el acceso a la educación, la salud, entre otros. Para el efecto se formularon preguntas acordes con la naturaleza de las variables en mención.

El proceso de la recolección de la información comprendió varios pasos y etapas, así: un primer momento en el cual se realizaron encuentros de sensibilización con los trabajadores, las familias y comunidades allegadas, que abarcó un número aproximado de 30 personas a quienes se les explicó la importancia y el alcance del estudio y se desarrollaron grupos focales tendientes a recolectar datos primarios, de índole cualitativo, que sirvieran de complemento y validación de la información. Asimismo, se capacitó a los encuestadores y se desarrolló la prueba piloto de las encuestas que se iban a realizar. La organización y medición de los datos cuantitativos se hizo con las técnicas de la estadística descriptiva y el método de análisis de componentes principales; para los de naturaleza cualitativa se aplicó el método de análisis de contenido.

Resultados

Las veredas seleccionadas en este estudio se localizan en el sector de Mocarí, el cual hace parte del distrito de riego del mismo nombre (5.300 hectáreas), que posee los suelos más fértiles para la actividad agrícola del municipio, y fue construido entre los años 1967 y 1976 con cobertura total de 47.000 hectáreas, que cubre los municipios vecinos de Cereté, San Carlos, Cotorra y San Pelayo. Por esta razón, entre otras, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) distribuyó en Montería, 24.988,38 hectáreas a 2.066 familias, equivalente a 74 parcelaciones (12.09 hectáreas por UAF promedio). De este total, según cifras del Plan de Desarrollo del Municipio de Montería para el periodo 1998-2000, a los corregimientos Los Garzones y El Sabanal le correspondieron 29 parcelas que beneficiaron a 437 familias, o sea, 3.583 hectáreas subdivididas en 8,91 Unidades Agrícolas Familiares. No obstante, en la actualidad el único cultivo que recibe riego es el arroz, con 600 hectáreas; los demás cultivos que se siembran en dicho distrito no se les aplica riego. A nivel municipal, los predios menores de 20 hectáreas, que representaban el 76 % del total, se incrementaron al 81.% en el período 1998-2009, pasando de 9.419 en el año 1998 a 12.385 en el 2009, en contraste con los de los rangos superiores a 100 hectáreas que disminuyeron. El 49,83 % de los predios de 1 a 5 hectáreas en la zona rural de Montería tienen menos de la mitad de la UAF (6.04 hectáreas), lo que indica el carácter de microfundio que predomina en la economía campesina municipal, y también la condición laboral originaria de los trabajadores seleccionados en el estudio (Alcaldía de Montería & Universidad de Córdoba, 2009).

Perfil socio demográfico de los trabajadores y la población económicamente activa

El rango de edad de la población en edad de trabajar (PET) se ubicó entre los 18 a 87 años. El 78 % se clasifica en la edad legal laboral (15 y 64). El porcentaje más alto de este rango está entre los 45 y 49 años (17 %), le siguen el grupo entre 30 y 34 (13 %). Se halló un porcentaje de 22 % por encima de la edad legal laboral, y no se encontraron personas con edad inferior a los 15 años

Con base en esta información, se estima un índice de Friz de (6,3), equivalente al resultado de dividir el número de la población menor de 20 años entre el número comprendido entre 3049 (P<20)/(P(30-49))*100 y el índice de envejecimiento (633,3 %), obtenido de dividir el número de la población mayor de 64 años entre la de menor 20 ((P>64)/(P<20))*100, y se logró verificar así el carácter regresivo del relevo generacional de esta población. Con la estimación del índice de Sundbarg se observa que el porcentaje de los mayores de 50 años supera al de los menores de 15, que para este caso es el grupo de menores de 20 años (P<20)/ (P (20-49))*100 y (P>50)/ (P (20-49))*100. El 87 % de la población encuestada pertenece al género masculino y el 13 % al femenino.

Tamaño del hogar, personas a cargo y número de personas por vivienda

El 29.% de los hogares encuestados cohabita con grupos familiares que oscilan entre 7 a 12 personas, integradas por abuelos, padres, hijos y otros parientes, como tíos, primos u otros familiares. El 50.% reportó tener entre 1 a 3 hijos, un 29.% tiene a su cargo la responsabilidad económica y manutención de 4 a 6 personas. El número promedio de personas con las que conviven es de 6 por vivienda, lo cual sugiere que se trata de familias nucleares donde conviven dos generaciones.

Acceso a la educación y la salud

Comprende los logros obtenidos por los encuestados en las oportunidades que se les brinda para el acceso a la educación, las condiciones laborales, seguridad social y servicios básicos de salud.

Los datos obtenidos al respecto, relacionados con el nivel de escolaridad de los trabajadores encuestados, indican que aún sigue existiendo el analfabetismo absoluto en el 20.% de ellos. El 80.% restante estuvo constituído por los que tienen algún nivel de estudio, y destaca el 24.% que abandonó la escuela en primaria, un 23.% inició el bachillerato pero se retiró antes de culminar los estudios, el 4.% tiene estudios universitarios incompletos.

Acceso al trabajo

Se refiere a los tipos de trabajo u oficios desempeñados, el tipo de vinculación laboral, las condiciones laborales y la antigüedad en el ejercio de los mismos.

Los resultados consolidados de la tabla 1 señalan que el 90 % de los trabajadores encuestados son asalariados, y realizan diversas actividades u oficios en su área de influencia. El 9 % conserva su condición de aparcero (alquila la tierra o la trabaja en compañía con el dueño) y solo un 1 % es parcelero (propietario de pocas hectáreas que cultiva su tierra). Entre los diversos oficios que realizan se destaca un 63 % en labores agrícolas, tales como sembrar, controlar la maleza, aplicar fertilizantes, fumigar y recoger la cosecha.

Condiciones laborales, tipo de remuneración y antigüedad en el oficio

El empleo, la estabilidad, los ingresos, tipo de pago y el acceso a la protección social de cualquier trabajador son indicadores que permiten evaluar las capacidades desarrolladas con el logro de las oportunidades ofrecidas. En lo que respecta a la antigüedad, los datos obtenidos (ver tabla 2) indican que el 55 % de los trabajadores se clasifican en el rango de 21 a 30 años, el 28 % en el de 11 a 20 años, y un menor porcentaje del 2 % entre 31 y más de 40 años, situación que confirma los altos índices de envejecimiento y el carácter regresivo del relevo generacional de la población económicamente activa. El 90 % carece de un empleo permanente, el 97 % devenga menos de un salario mínimo mensual legal vigente y la forma en que les pagan a la mayoría es por jornal (60 %) y a destajo (38 %), solo un 2 % de ellos cuenta con el pago mensual de su salario. El 95 % está afiliado al régimen subsidiado y el 1 % está afiliado a una ARP y cotiza pensión.

Ingresos

Se parte del supuesto de que los ingresos son un medio fundamental para el desarrollo del potencial humano, porque a través de este medio se amplían las oportunidades para el desarrollo de otras capacidades o realizaciones de la persona, como son alimentación, salud y educación, entre otras.

Los resultados obtenidos evidencian una situación particular en la forma de generar, reconocer y liquidar la remuneración salarial a estos trabajadores. En general, los ingresos devengados dependen o están en función de la cantidad que recogen por día los recolectores, la cual oscila entre 50 y 100 kilos. Se verificó que muy pocos hombres alcanzan a recoger hasta 150 kilos, condición que es una excepción y no un denominador común en los recolectores agrícolas del municipio de Montería. Por ello, aunque el salario de los recolectores aparentemente da la impresión de ser homogéneo, porque la mayoría de ellos (97.%) recibe ingresos inferiores al salario mínimo mensual legal vigente, esto se explica por la desigualdad natural de los trabajadores en términos de experiencia y habilidad, sexo, edad y estado de salud, entre otras. Así como también de la época de recolección, el clima y la urgencia del empleador para recoger la cosecha por diferentes circunstancias.

El precio del kilo, dependiendo de la temporada, oscila entre $150 y $300 (la primera recolecta se paga a $150, la segunda a $250 y la tercera a $300), por lo cual los ingresos mensuales promedios por persona oscilan entre $180.000 – $360.000 (en la primera recolecta que es la más abundante), trabajando seis días en la semana. Para la segunda recolecta, el precio del kilo aumenta, pero el producto a recolectar disminuye, por lo que el salario oscila entre $250.00 - $350.000, laborando cinco días semanales, y en la tercera recolecta la relación entre el precio del kilo y la cantidad del producto es inversamente proporcional: el costo aumenta pero el producto escasea lo que conlleva a que los recolectores ganen entre $240.000 - $360.000. Sueldos muy distantes del salario mínimo mensual legal vigente ($535.600).

Discusión

Cifras del Plan de Desarrollo del municipio de Montería (19982000) indican que el cultivo del algodón en los corregimientos Los Garzones y El Sabanal presentaban la mayor participación porcentual municipal con el 73,42 %. Sin embargo, en el 2008 el área destinada a la agricultura bajó en su participación al 0,57 % de la superficie total, es decir, 1.785,5 hectárea, de las cuales los corregimientos Los Garzones y El Sabanal participaron con el 7.56 %. , en tanto que el área total cultivada de algodón disminuyó a 65,2 hectáreas, manteniéndose aún la superioridad de esta subregión (No.3) en la participación del área total, con el 85,42 %. Esta situación demuestra la alta dependencia de la fuerza laboral respecto a dicho cultivo y, por consiguiente, el profundo impacto individual, familiar y social causado por la disminución de su área cultivada.

Si se comparan estas cifras con los indicadores de crecimiento del PIB del sector agrícola del país en el período 2001- 2010, que presentó una tasa promedio anual de 1,85 %, sin incluir el café, con una tendencia hacia la baja y tasas anuales negativas en los años 2006 (-0.3%), 2008 (-1.4%) y 2010 (-3.4%), según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2011), se puede afirmar que la situación antes descrita es un fiel reflejo del comportamiento de la economía del sector agrícola nacional, por efecto de las políticas macroeconómicas implantadas para orientar su desarrollo principalmente en lo relacionado con la producción y el comercio de la fibra de algodón.

Así se evidencia al comparar los anteriores indicadores con las tasas de variación anual del mencionado cultivo en el departamento de Córdoba, y se observa una tendencia negativa en los siguientes años: 2002 (-25,2 %), 2003 (-6,49 %), 2004 (8,58 %), 2005 (-1,81 %), 2006 (-3,25 %), 2007( 4,89 %), 2008 (-3,69 %), 2009 (9,7 %), 2010 (-5,05 %) y 2011 (-3,85 %), situación que a su vez podría estar afectada por el volumen indiscriminado de las importaciones de este producto que se registraron en el período 1999-2010, las cuales presentan las siguientes tasas de variación anual, así: 2000 (57,06 %), 2001 (13,42 %), 2002 (-26,79 %), 2003 (32,76 %), 2004 (-30,49 %), 2005 (-17,64 %), 2006 (66,79%), 2007 (-8,95 %), 2008 (12,66 %), 2009 (0,59 %), 2010 (30,36 %). Frente a estas cifras, es lógico inferir que uno de los factores asociados y fuertemente responsables de la disminución de oportunidades de trabajo que presentan los trabajadores agrícolas objeto de este estudio está bastante asociado con la política sectorial agropecuaria y el modelo basado en la apertura del comercio internacional, entre otros.

No obstante, a nivel local regional, no se puede desconocer también la presión y el impacto causado por los procesos de urbanización y expansión físico- espacial que ha tenido la ciudad de Montería desde la década de los noventa hasta la actualidad, lo cual ha incidido no solo en los altos precios de la tierra en esta zona, por efectos de la valorización, sino que también ha generado un conflicto de usos del suelo que tiende a convertirse cada vez más en uso urbano. Este fenómeno podría explicar parcialmente la reducción del tamaño de las parcelas (UAF) y el área de los cultivos agrícolas que arrojan los resultados obtenidos; al tiempo que ayuda a comprender la transformación social que paulatinamente sufren estos trabajadores al cambiar su condición original de campesinos parceleros y aparceros a trabajadores informales agrícolas. A lo anterior se suman ciertas prácticas de corrupción administrativa en el manejo del distrito de riego que fomentan y benefician la expansión de los feudos de los grandes propietarios de la región, como el caso recientemente identificado por la Contraloría General de la República (CGR-CDSA Nº 0660 de 2013) y denunciado por la prensa nacional (Kalmanovitz, 2013).

Desde el punto de vista del desarrollo humano, es bien conocida la importancia que se le asigna al trabajo, en especial el trabajo agrícola, no sólo como fuente de ingresos de los individuos y los hogares para la satisfacción de otras necesidades básicas, como la salud y la educación, sino esencialmente también para reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria. Respecto a esto último, los resultados obtenidos de la fuente secundaria (Alcaldía de Montería & Universidad de Córdoba, 2009), muestran una débil oferta de productos alimenticios en el mercado local procedentes de los corregimientos circunvecinos; solo doce (12) productos en total (plátano, yuca, ñame, ahuyama, maracuyá, queso, naranja, ají, berenjena, habichuela y guayaba). De estos productos, los corregimientos Los Garzones y El Sabanal proveen hortalizas y frutales (pepino, berenjena, habichuela y guayaba agria – dulce). El resto de productos que abastecen el mercado de Montería (45) provienen de distintas partes del país.

De acuerdo con Sen (2000), para quien el trabajo es una fuente de desarrollo de la especie humana porque no solo proporciona los bienes requeridos para su subsistencia, sino porque además se convierte en sí mismo en un ámbito para el establecimiento de redes sociales y la realización personal de hombres y mujeres, la situación encontrada en este estudio dista mucho de las condiciones favorables para que estas familias puedan participar en contextos ocupacionales que les permitan potenciar sus capacidades humanas y generar mejores niveles de calidad de vida.

Dicha apreciación se refuerza con la opinión de Sen, cuando afirma que la única dotación significativa que tienen los pobres es su fuerza de trabajo, la cual intercambian por bienes y servicios para su subsistencia; por lo tanto, al verse disminuido el único bien que los acompaña se establecerán relaciones desiguales de intercambio, porque minimizarán su capacidad de desempeño. De allí, que es obligatorio que los empleadores restituyan el desgaste de esa dotación, brindando por lo menos unas buenas condiciones laborales que les garantice mejorar sus condiciones de vida (Sen, 2000).

Por otra parte, Hasan (2001) sostiene que existen muchas condiciones que contribuyen a generar y perpetuar la pobreza rural, pero de manera especial las familias numerosas con altas tasas de dependencia. Al respecto, Jaramillo (2006) señala que las características demográficas de la población rural, en términos de su estructura en relación con los niveles de dependencia económica, se constituye en uno de los factores que propician condiciones de pobreza. Esto lo refuerzan también Cecchini y Uthoff (2007), quienes asocian la pobreza con el ciclo vital y la estructura familiar, al considerar que los hogares que reportan mayor número de hijos se clasifican en el 20 % de los hogares más pobres, especialmente cuando son familias que se encuentran en la etapa de hijos en edad preescolar, escolar y adolescentes, debido a que sus miembros, en su mayoría, son dependientes del proveedor económico del hogar y ejercen mayor presión sobre los recursos obtenidos.

Desde la óptica de las capacidades humanas, son muchas las variables que se pueden asociar con la estructura y composición de los hogares que actualmente presentan las familias de estos trabajadores, entre las cuales cabe destacar el bajo nivel de escolaridad, situación que les dificulta el acceso a la información relacionada con la planificación familiar y el control de la natalidad. Además, muchos de ellos, por causas religiosas y culturales asumen creencias erróneas sobre el tema de la salud sexual y reproductiva, bajo los lemas "cada hijo viene con el pan debajo del brazo" y "donde come uno, comen dos".

Por otro lado, se argumenta que, en sentido estricto, la edad de la persona repercute significativamente en la relación de renta y capacidad. De hecho, Sen (2000) sostiene que el desarrollo de las capacidades humanas depende, en gran medida, de la renta que percibe, es decir, cuando la persona aumenta sus capacidades maximiza sus niveles de productividad y estaría en condiciones de obtener una renta más alta.

Conclusiones

Los contextos rurales en los que se desarrollan estas familias no cuentan con opciones que les permitan elegir libremente su destino; antes por el contrario, las opciones que les brinda el medio carecen de garantías para potenciar el ejercicio de sus libertades humanas. Así pues, las políticas públicas en esta zona del país, en lo que se refiere a derechos al trabajo, la educación y la seguridad alimentaria, muy poco se ejercen y limitan las posibilidades de los sujetos para vivir la vida que desean y que aspiran.

Se identifica una tendencia demográfica en la cual la población económicamente inactiva, en este caso adultos mayores de la tercera edad, continúa aportando su fuerza laboral y asumiendo el sustento familiar.

En definitiva, este estudio permitió reflexionar acerca de la realidad de las familias rurales, desde la óptica de los sujetos. Así pues, sin importar el tipo de políticas agrícolas favorables que se adopten, estamos convencidos que si estas no se ajustan a las expectativas de las familias que viven y laboran en el campo, si a su vez, no se cambia la perspectiva de concebir a los trabajadores solo como medios para alcanzar fines particulares de unos pocos, dichas políticas no tendrán el impacto esperado ni promoverán el desarrollo social capaz de transformar la cara actual de la agricultura en esta zona del país.

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