Caracterización poblacional vista desde la perspectiva del desarrollo humano y el enfoque diferencial

Population characterization seen from the perspective of human development and differential approach

Nancy Eliana Gallo Restrepo^*
Universidad de Antioquia

Yeison Arcadio Meneses Copete^**
Corporación CARABANTÚ

Carlos Minotta Valencia^***
Universidad de Antioquia

^*Psicóloga, especialista en contextualización psico-social. Miembro del Grupo de Investigación en Salud Mental, GISAME, de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Medellín (Colombia). gisamesaludmental@gmail.com, naeli46@yahoo.es

^**Etno-educador y activista afrocolombiano. Licenciado en Lenguas Modernas, Especialista en Enseñanza del Inglés y candidato a Magíster en Educación en la línea Maestro-pensamiento-formación. Coordinador del Grupo de Investigación de la Corporación CARABANTÚ. Medellín (Colombia). comunicacionescarabantu@yahoo.es, yearmeco@gmail.com

^***Psicólogo. Universidad de Antioquia, Medellín (Colombia). siquikam@hotmail.com

Fecha de recepción: agosto 27 de 2013
Fecha de aceptación: julio 3 de 2014

Resumen

Este artículo desarrolla a profundidad, de forma amplia y rigurosa, las bases teóricas y metodológicas que fundamentaron el marco conceptual, las categorías de análisis y las estratégicas de recolección de información del proyecto de investigación “Condiciones de vida de la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal en Medellín. Caracterización socio-demográfica, desarrollo humano y derechos humanos 2010”, concluido en el 2011, financiado por convenio interadministrativo de asociación entre la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín y la Corporación Convivamos. Véase en referencias Gallo Restrepo y Sandoval (2011). Las caracterizaciones de poblaciones tienen por objetivo evidenciar realidades sociales, políticas y culturales. Permiten obtener conocimientos fiables del estado actual de las condiciones de vida de una sociedad, o una comunidad en particular, en temas amplios y a su vez conexos.

Palabras clave: paradigma critico-social, estudios sociales, caracterización sociodemográfica, enfoque diferencial.

Abstract

The characterizations of populations have as objective to highlight social, political and cultural realities. They allow to obtain reliable knowledge of the current state of the living conditions of a society or a particular community in large and in turn issues, for instance, health, economy, culture, the degree of inclusion of minority populations and level of political participation, and then, once the case, lead to the generation of public policies aimed at design and implementation of contextualized programs and projects according to the needs of specific populations, projects that enable effective social and economic development.

Keywords: Critical paradigm social, social studies, sociodemographic, differential focus.

Introducción

Las caracterizaciones, en tanto investigaciones sociales, permiten conocer parcelas de las realidades situacionales de un grupo humano en particular; además, ofrecen la posibilidad de comprender dinámicas, transformaciones, procesos de equilibrio y desestabilización en la configuración de una estructura colectiva. Lo social puede entenderse como un ethos, o hábitat en el cual un conjunto de individuos interactúan entre sí, se relacionan y comparten actividades, costumbres y creencias que les otorgan un sentido de identidad común.

Dependiendo de la naturaleza y de las características del fenómeno problemático, y por tanto del aspecto de la realidad social y cultural que se plantea como objeto de estudio y de los intereses del investigador, se construirá y formulará a manera de interrogante el problema de investigación.

La racionalidad metodológica del investigador parte de la siguiente pregunta: ¿Cómo producir el conocimiento de la realidad social que se quiere estudiar? El cómo se traduce en un diseño o esquema que se forma a partir de la convicción acerca de la manera en que deben articularse, en un orden lógico entre sí, los pasos secuenciales e interdependientes de una investigación, a saber: la generación de hipótesis o supuestos, análisis e interpretación de la información recolectada y las conclusiones que dan lugar a la producción de un conocimiento.

La respuesta personal que cada investigador le dé a la pregunta anterior determina la elección de las herramientas o instrumentos que se han de utilizar en cada uno de los momentos de la investigación caracterológica.

La aplicación de métodos y técnicas específicas en la investigación social no se hace de manera rígida o mecánica. De tal modo que la creación de conocimiento pareciera resultar de la sumisión estricta a un conjunto de reglas de procedimiento preestablecidas e inamovibles. El término método científico es un concepto general que comprende muchas y distintas maneras de abordar un problema de recoger información, de analizarla, etc. (Briones, 1984, p. 11).

La caracterización en su vertiente cualitativa

En la investigación cualitativa, en principio y por rigor ético, los objetos de conocimiento no son objetos en el sentido propiamente dicho al que remite el término; son interlocutores partícipes, y al investigador le interesará estudiar las prácticas y experiencias humanas de un sujeto particular o grupal, y para ello, hará uso de unas categorías de análisis que surgen de supuestos o suposiciones teóricas, precedentes al contacto con los hechos. Categorías, cuya función de lente, le posibilitan al investigador interpretar las vivencias de las personas a través de los sentidos y significados que estas, y en sus propios códigos lingüísticos, le atribuyen a sus prácticas.

Desde la investigación cualitativa la realidad se concibe de forma polifacética, holística y dinámica, en tanto, no puede ser entendida a partir de componentes o partes fijas e inamovibles; lo que resida en ella, definido una vez y en un momento específico, se transforma con el transcurrir del tiempo, muta, y se convierte en otra cosa. Este hecho pone en entredicho la esencia de lo real, toda vez que sus elementos, al ser definidos por su transitoriedad, se hayan sujetos a una dimensión temporal y por tanto histórica; están propensos al cambio, y por último, a un interminable ciclo de surgimiento y a la cesación.

La materia prima de la investigación cualitativa es la discursividad humana; el discurso hablado o escrito permite dar cuenta de hechos, situaciones, eventos o acontecimientos significativos; por tanto, en el discurso es donde se ha de indagar por las experiencias, pensamientos y creencias (López Parra , 2001).

Caracterizar una población es el intento de determinar las condiciones particulares que la distinguen en materia de estructura social, política y económica. Es pertinente precisar que la caracterización no se limita a la recopilación de datos estadísticos, también tiene como objetivo elaborar un diagnóstico de la realidad social de la población teniendo en cuenta además de su organización actual, el estudio de sus transformaciones, es decir, la manera cómo ha cambiado o mutado en el tiempo. Dicho esto, se comprende que tal estudio se realiza bajo dos perspectivas temporales opuestas y complementarias, a saber: por una parte, la investigación es sincrónica porque describe las circunstancias de una población en un determinado momento histórico, más específicamente, es preciso señalar que la investigación se sitúa en el aquí y el ahora, describiendo las particularidades de la población y su contexto, es decir, actores sociales, escenarios donde interactúan tales actores, situaciones de conflicto, acontecimientos o eventos recientes que hayan impactado la configuración social (coyunturas), los modos de producción y formas de subsistencia, etc. Por otra parte, es factible afirmar que la investigación es diacrónica en tanto que reconstruye el pasado de la comunidad con el fin de poder entender su presente. Para ello, el investigador(a) hace un análisis de la realidad histórica y de la forma como esta se recapitula y reactualiza a través de la interacción cotidiana; de aquí se desprende que se estudie, de igual forma, cómo el devenir histórico da sentido a las acciones y a la vida práctica de las personas.

En el proceso de caracterización de una población se eligen el método, las técnicas y los instrumentos de recolección de información según el propósito de la investigación, que bien puede ser implementar políticas públicas o dirigir programas específicos a la población de una manera contextualizada y eficaz, atendiendo a las necesidades conocidas y estudiadas de esta. Esto indica que aquello que se estudia de una población obedece a una racionalidad de interés político, y es en últimas una construcción del investigador. Por ello, el universo de información y el complejo sistema de relaciones y fenómenos sociales de la comunidad se fragmenta o descompone en partes que pueden llamarse variables, y que constituirán las unidades de observación que permitirán estudiar parcelas de la realidad de una comunidad. De esta manera, el saber obtenido de estas variables se traducirá en los rasgos, características, propiedades y atributos que son singulares a la población.

Siguiendo en línea con el planteamiento anterior, se comprende que el acceso a la realidad social de una población no se da de forma directa en su lugar; se reconstruye a partir de unos indica-dores o variables que permiten guiar el proceso de investigación de un modo sistemático y ordenado. Los indicadores pueden ser agrupados bajo dos tipos de categorías de análisis distintas, a saber: las inductivas y deductivas. Las categorías pueden entenderse como el resultado de un proceso de distinción y agrupación de información previa u obtenida de la investigación en grupos que internamente reúnen conceptos, fenómenos que poseen características comunes. Las categorías inductivas surgen del procesamiento de datos o de la información, dicho en otras palabras, emergen de los datos que se obtienen durante la fase de acceso y recopilación de información de la población. Las categorías deductivas son, en cambio, aquellas que provienen de los referentes teóricos y de la demanda hecha por los contratistas al investigador; son el insumo para interpretar los fenómenos. Para expresarlo en otros términos, la caracterización no parte de cero, sino que desde un principio se apoya en una estructura conceptual o en un conjunto de conocimientos científicos que permiten, a través de unos objetos abstractos, representar simbólicamente un fenómeno tangible como lo es una población. Podemos señalar que esto es así, entre otras cosas, porque, a partir de una teoría previa, el investigador puede hacer preguntas y cuestionamientos significativos; también formular hipótesis o conjeturas probables y provisionales con una mayor probabilidad de acierto. Por otra parte, es importante también señalar que la caracterización además de un cuerpo de conocimientos requiere del establecimiento a priori de un conjunto de reglas o principios, a saber: rigurosidad, objetividad, demarcación de criterios de validez y de confiabilidad.

Llegado a este punto habría que aclarecer aún más la doble naturaleza metodológica que posee una caracterización, puesto que es un tipo de investigación que comporta, tanto un diseño cuantitativo como cualitativo. Para ello se procederá a ilustrar algunas características de las dos perspectivas investigativas que componen la presente caracterización, comenzando con los tipos de datos que cada una posibilita obtener, luego con el tipo de análisis que realizan a estos y, por último, señalar el espacio donde convergen para constituir lo que es una Caracterización. En la vertiente cuantitativa de la investigación los datos o información recopilada poseen la característica de que son observables, tangibles, concretos y también medibles, es decir que es posible determinar el contenido de su magnitud, dimensión, tamaño, volumen o extensión, partiendo de su comparación con unidades de medidas basadas en un patrón de referencia preestablecido y convencional. De este hecho, por añadidura, se desprende que los datos son también cuantificables; esto significa que, por medio de un proceso de conversión, se les pueden asignar posibles valores discretos a partir de un conjunto finito de unidades. Como se ve, entonces, los datos obtenidos a partir de la vertiente cuantitativa son el resultado de medidas objetivas y estandarizadas.

Antes de avanzar, conviene detenernos un poco en los criterios de medición que hacen objetivos a los resultados de la investigación; recordemos, una vez más, como ya lo habíamos señalado antes, que la medición es la comparación de un fenómeno o cosa con una unidad de medida establecida a través de un patrón de referencia, o lo que es lo mismo, la acción de comparar un dato con otro que sirve de referencia; para tal efecto, se requiere entre otras cosas que las variables que se van a estudiar se desagreguen en partes llamadas operadores e indicadores. A este procedimiento se le denomina operacionalización, y se hace con el fin de clarificar y definir de una manera mucho más precisa una variable que, por su naturaleza abstracta y genérica, no hace posible acceder a ella por un método empírico de recolección de información. En aras de facilitar una mayor comprensión, lo anterior se ilustrará con un ejemplo: supóngase que la caracterización pretende conocer la calidad de vida de la población; veremos que el concepto de calidad de vida únicamente puede ser entendido en relación con otros conceptos, y a la vez medido por medio de indicadores empíricos y contrastables, es decir, que sean susceptibles de someterse a verificación. Por otra parte, es preciso señalar que la escogencia de los indicadores también se hará acorde con la definición o como se entienda la calidad de vida. De esta circunstancia nace el hecho de que los indicadores partan del referente teórico, y a la vez sean el insumo o materia prima a partir de los cuales se elaboren los cuestionarios.

Ahora veamos otro ejemplo, uno similar al anterior en nivel de abstracción, para mostrar la utilidad de la operacionalización como un procedimiento que permite estimar de manera fiable la naturaleza de lo que se quiere investigar. Tomemos la pobreza que es un concepto en el que convergen múltiples perspectivas disciplinarias y que, de acuerdo a la especificidad de cada uno, así mismo pueden enfatizarse sus aspectos económicos, sociales, políticos psicológicos o ideológicos. Así pues, se deduce que la pobreza –utilizada como una variable de estudio– requiere de una sólida fundamentación teórica que permita descomponer su definición en indicadores que, relacionados entre sí, logren dar cuenta de su complejidad, verbi gratia, el nivel educativo promedio de la población, su tasa de ingreso salarial promedio per cápita, hábitat, acceso a vivienda, tipo de vivienda, ubicación y condiciones de la misma, analfabetismo, nivel de desempleo, salud pública, cobertura de servicios públicos básicos, (acceso a fuente de energía, acueducto, alcantarillado, servicios sanitario, acceso a agua potable), medir la pobreza entonces, aislamiento geográfica, exclusión de la competencia del mercado, etc.

De manera que medir la pobreza, además de la selección de los instrumentos que se utilizarán para medirla, y la información que se recopile con estas herramientas será acorde a la manera como se entienda, y se piense la pobreza. Es prudente advertir aquí que, si bien los indicadores de pobreza antes mencionados se describen como partes separadas y aisladas reunidas en el conjunto macro de la pobreza y no es correcto pensarlo de esta manera, puesto que se influyen mutuamente y son interdependientes, no es que entre ellos se establezca una relación tipo aditiva en la que sumados uno a uno dan como resultado la pobreza, sino que, antes más bien, hacen parte de un ciclo mutuamente retroalimentativo que perpetúa y establece una inercia a la transformación favorable en el tiempo de las condiciones de vida de la población. Cabe añadir que cada uno de estos indicadores puede, incluso, subdividirse en otros de segundo orden y configurar entre sí conexiones de complemento, intercepción y unión.

Entre otros criterios que garantizan la objetividad de la caracterización encontramos la validez de los indicadores. Las pautas que rigen el criterio de validez tienen como propósito asegurar que estos evalúen lo que en realidad tienen por objetivo evaluar; esto aplica tanto para la vertiente cuantitativa en la elaboración y presentación del cuestionario que será resuelto, como para la vertiente cualitativa en lo referente a la formulación de las preguntas a los participantes en las entrevistas. Por otra parte, los indicadores deben guardar claridad y especificad con respecto a los postulados teóricos en los cuales se amparan; no han de ser ambiguos o dar lugar a confusiones ni inducir a errores de interpretación.

Para finalizar este apartado, nombraremos algunos requisitos con los que debe cumplir un indicador, a saber: ser verificable, los datos recopilados por el investigador han de ser sistematizados, sea ya, para ordenar la información o posibilitar su contrastación con posteriores investigaciones versadas en un tópico relacionado. La factibilidad de los datos hace viable la observación, el examen y el control de estos; es decir, su enjuiciamiento, a partir del cual se podrá valuar el grado de consistencia y coherencia entre los postulados teóricos y metodológicos de la investigación, y su afinidad o pertinencia con el tipo de datos recopilados en función de la problemática que se va a estudiar.

1. Verificabilidad: ser susceptible de observación y registro, de modo que sea posible identificar los cambios a través del tiempo.
2. Factibilidad: hace referencia al grado en que es posible obtener, registrar y analizar la información. La factibilidad depende en muchos casos de los recursos humanos, económicos y técnicos disponibles en la institución, pues hay muchos indicadores que aun siendo ideales desde el punto de vista de su validez y verificabilidad, deben ser rechazados por ser imprácticos desde el punto de vista de la factibilidad de su observación.
3. Confiabilidad: se refiere a la capacidad del indicador para arrojar los mismos resultados cada vez que sea utilizado, siempre y cuando se mantengan invariables las condiciones de observación, o no se prevean efectos de maduración o evolución natural del fenómeno en el muy corto plazo (Pinilla Ortiz, 2000, p. 54).

Luego de la exposición somera acerca del tipo de datos que son recopilados bajo la vertiente cuantitativa de la caracterización, a continuación se describirá el tipo de información que se obtiene a través de la vertiente cualitativa, que se ocupa de estudiar las prácticas, experiencias o vivencias desarrolladas por grupos humanos, y también estudia la forma como se construye colectivamente el significado de tales prácticas. De aquí se infiere que aquello que se caracteriza no son objetos ni condiciones materiales sino sujetos que interactúan entre sí y recrean una cultura; por lo tanto, se deduce que lo estudiado y aquello que se obtiene como dato son las acciones y prácticas sociales que solo pueden ser aprehendidas por medio de la comprensión del sentido y la significación de la experiencia humana. El colectivo estudiado se concibe como un sujeto comunicativo e interactivo que comparte significados y que construye su realidad a partir de sus relaciones con los otros; por consiguiente, indefectiblemente se infiere el hecho de que la materia prima de estudio de la vertiente cualitativa de la caracterización sea el discurso humano, en tanto que los hechos humanos se hallan entrelazados en el lenguaje (López, 2001). Conviene, sin embargo, advertir que las personas no albergan su existencia en un mundo de significados de libre creación; es preciso señalar que las representaciones que las personas hacen de sí mismas, de los otros, o del mundo, se hayan subyugadas a unas estructuras de orden económico, político, social y cultural, por no mencionar también las necesidades y exigencias que plantea el mundo material y concreto. De esto se puede inferir que las condiciones de la libertad de sentidos y significados están ya limitadas por un sistema de relaciones que prescinde de la voluntad de las personas; dicho en otras palabras, la organización social toma una existencia independiente de la intencionalidad de los miembros que la componen y llega, incluso, a regirse bajo unas dinámicas y parámetros propios a los cuales sus miembros son presionados a ajustarse. Luego, entonces, se comprende que el comportamiento de las personas esté, en gran medida, determinado por su propia estructura social. De esta circunstancia nace el hecho de que las categorías de análisis y los indicadores de naturaleza cualitativa de la caracterización se dirijan a estudiar las opiniones grupales, las creencias compartidas por los grupos; además, a analizar las relaciones de lucha y de conflicto de unos grupos para con otros y, en últimas, privilegie más el estudio del contexto y los fenómenos socioculturales a los fenómenos individuales.

Aproximación conceptual al enfoque diferencial

El enfoque diferencial postula que no todos los grupos poblacionales poseen igualdad real, en lo relativo al gozo pleno de los derechos constitucionales, y tiene como propósito diseñar e implementar programas de intervención social encaminados a lograr una mayor equidad entre los distintos grupos conformados, teniendo en cuenta características diferenciadoras, tales como género, edad, raza, étnica, condición de discapacidad, orientación política, religiosa, sexual etc. (Congreso de la República, 1993) . El enfoque diferencial pro-pende por lograr una efectiva equidad entre los múltiples grupos poblacionales, atendiendo la diversidad cultural y reconociendo las necesidades específicas de cada comunidad.

El enfoque diferencial permite evidenciar las condiciones y/o situaciones de desigualdad que sustentan la necesidad de medidas y acciones positivas que disminuyan las condiciones de discriminación y modifiquen las circunstancias de vulneración. En ese sentido el enfoque diferencial, basándose en un principio de equidad, busca lograr la igualdad real y efectiva que reconozca la diversidad y la posible desventaja. (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ministerio de Protección Social, 2007, p. 5)

En el campo de las ciencias sociales, humanas y políticas se entiende por enfoque una visión que guía la manera de acercarse y abordar la realidad; es una perspectiva de acción enmarcada dentro de unos postulados epistemológicos, teóricos, metodológicos y éticos que brindan modelos explicativos acerca de las causas y estructuras de las problemáticas sociales a la vez que proponen modelos de solución a las mismas. Un enfoque cson un conjunto de ideas que configuran una determinada forma de ver el mundo y a los otros; no se forma únicamente a partir de la lógica y la racionalidad, sino que también incluye elementos emocionales, sentimientos, actitudes y creencias que se materializan en modos de hacer.

Un enfoque diferencial ofrece un marco explicativo y comprensivo de la realidad social que viven grupos históricamente excluidos y marginados de la sociedad, formula un concepto de lo que debe ser considerado un grupo en condición de vulnerabilidad y plantea acciones específicas para intervenir tales condiciones. Una vez se da validez teórica a la existencia de grupos vulnerables se define el cómo atender estas poblaciones, y el porqué de la necesidad de hacerlo.

Las personas en condición de vulnerabilidad son aquellas que, por razón de su pertenencia a ciertas categorías sociales, conforman grupos poblacionales susceptibles de padecer múltiples formas estructurales y sistemáticas de discriminación, estigmatización, exclusión, marginación o pobreza que en numerosas ocasiones no resultan evidentes, o a simple vista perceptibles, pero que, sin embargo, generan graves consecuencias y daño a quien las padece reduciendo así sus posibilidades de vida. Por lo que se requiere de la implementación de políticas públicas y mecanismos legales para asegurar el no menoscabo de sus derechos fundamentales. Un hecho que agrava la situación social de estos grupos es la negativa a aceptar su condición de vulnerabilidad, lo que lleva aparejado el que se invisibilizen las condiciones de inequidad y desventaja social, política, económica en que desarrollan su vida.

La exclusión social es un proceso dinámico que involucra acciones colectivas y estrategias calculadas por parte de los diferentes actores o agentes de la exclusión y de quienes la padecen. Es un fenómeno complejo que engloba amplias dimensiones políticas y económicas; se caracteriza por la segregación de determinados grupos o colectivos sociales, impidiéndoles su integración en las esferas de producción económica y del funcionamiento social. La exclusión puede ser entendida como una práctica explícita de separación y segregación que unos grupos ejercen sobre otros, impidiéndoles a estos últimos incorporarse a la sociedad y tener acceso real a una igualdad de derechos y de oportunidades. En el terreno económico, la exclusión se expresa de múltiples maneras, tales como padecimiento de duras condiciones laborales, recortes al presupuesto destinado a la inversión social en ciertos sectores de la población, el crecimiento de la economía informal y la poca cobertura en seguridad social, el notable decrecimiento y atraso económico en determinados lugares geográficos del país, y la brecha cada vez mayor en la estratificación social entre las diferentes clases. En síntesis, es el efecto de la inequidad en la distribución de los productos materiales y bienes inmateriales a todo el conjunto de la población. Hasta aquí la noción de exclusión está fuertemente asociada a la de pobreza; sin embargo, hemos de aclarar que no son conceptos sinónimos; hay personas que son excluidas y que también son pobres, y hay personas que no son pobres pero sí se hayan excluidas de la sociedad. Para entender esta diferenciación se requiere estudiar el concepto de exclusión y pobreza no únicamente desde el ámbito económico y más específicamente desde el ingreso salarial, sino desde sus dimensiones culturales, psicosociales y políticas.

El estudio de la exclusión hacia un grupo o colectivo de personas implica verlo como un proceso estructural, no espontáneo e irreflexivo, sino como una acción que de manera sistemática está dirigida a producir el aislamiento y la marginación de un grupo en beneficio de los intereses de un colectivo dominante. Lo que nos lleva a tener en cuenta su aspecto legitimador, es decir, la exclusión social es una práctica que se autolegitima a sí misma; puede ser justificada a partir de posturas políticas que argumentan la necesidad de restringirle los derechos a ciertas poblaciones; también puede justificarse la exclusión de un grupo a partir de la enunciación de principios fundamentales, sólidos argumentos, explicaciones, testimonios, pruebas o evidencias que hagan aceptables las acciones de discriminación y rechazo a grupos minoritarios y en desventaja política con respecto al resto de la población; puede argumentarse que concederle derechos especiales a las minorías va en contra del beneficio de las mayorías, que promover una mayor conciencia de las diferencias crea inestabilidad en la nación. Si bien la exclusión social puede hacerse visible a través de múltiples prácticas cotidianas, como el aislamiento físico que padece una persona por el único hecho de que esta pertenezca a un determinado grupo social, el menosprecio directo y el acto de omisión de silencio cómplice de quienes presencian tales situaciones, nos interesa más estudiar la forma “sofisticada” como se legitima la exclusión y la estigmatización de grupos de personas, a través del discurso que se lleva cabo en instituciones del Estado, Congreso, Senado y otras instituciones públicas en forma de debates parlamentarios o constitucionales en relación con la protección de las minorías.

La legitimación como acto comunicativo es llevada a cabo por actores que ocupan cargos públicos y/o que representan roles políticos y legalmente establecidos que en sus discursos justifican una acción oficial amparada bajo el interés del bien común y el manto de la institucionalidad y la ley. En los debates, sus discursos no únicamente son expresión de sus opiniones personales sino que representan los intereses de las instituciones a las cuales guardan afiliación (Van Dijk , 2000) (Van Dijk, Racismo y análisis crítico de los medios, 1997) (Magalhaes, 2005).

La legitimación posee la facultad de hacer social y moralmente aceptable las condiciones de deprivación socioeconómica y de abandono estatal a grupos poblacionales minoritarios ¡Ya les concedimos derechos a los indígenas, ahora también a los negros, entonces que nos va a quedar a nosotros los blancos! La exclusión se puede legitimar atribuyéndola a características personales o defectos inherentes a las disposiciones individuales de un grupo de personas por medio de posturas que afirmen que las minorías; grupos en desventaja política producen ellos mismos su autoexclusión por su propia forma de vida u otros defectos de orden moral, psicológico o físico, lo que nos lleva a interesarnos en otro factor característico de las circunstancias sociales de los grupos vulnerables, a saber, su estigmatización, que va aunada a la exclusión social que padecen.

La estigmatización es la acción y efecto de desacreditar a una persona o conjunto de estas por razón de un rasgo o marca. La palabra estigma se asocia a un atributo, condición o estado que enmarca a una persona en una categoría social profundamente desacreditada. El estigma también puede ser entendido como un proceso de interacción dinámico y no como una propiedad que posea alguien, en tal caso decimos que es un rol o una serie de papeles dentro de los cuales una persona, en determinado momento o ciclo de su vida, puede llegar a encajar, lo que implica que, de acuerdo con las circunstancias, un atributo que en el pasado fue considerado un estigma es susceptible de cambio, y ahora en el presente puede no tener una connotación negativa; por ejemplo, poseer determinada nacionalidad, confesar una creencia religiosa o pertenecer a un partido político. El estigma posee como componente arbitrario el signo que lo denota en tanto que no es la naturaleza o esencia del atributo o marca lo que genera el desacredito, sino la particular relación de poder y la configuración política del contexto; estos elementos serán aquello que determinen lo que debe considerarse ignominioso, infame o deshonroso. Dicho en otras palabras, la connotación negativa del estigma es relativa y depende de las variables contextuales. No obstante, conlleva siempre un efecto devaluador sobre la persona, que hace que esta sea aislada de las relaciones interpersonales en una sociedad, y a la vez se le bloquee el acceso al apoyo y red social a causa de su estigma.

Mientras el extraño está presente ante nosotros puede mostrar ser dueño de un atributo que lo vuelve diferente de los demás y lo convierte en alguien menos apetecible. En casos extremos, en una persona casi enteramente malvada, peligrosa o débil. De este modo dejamos de verlo como una persona total y corriente para reducirlo a un ser inficionado y menospreciado. Un atributo de esta naturaleza es un estigma, en especial cuando él produce en los demás, a modo de efecto, un desacredito amplio; a veces recibe también el nombre de defecto, falla o desventaja. (Goffman, 2003, p. 12)

Según la teoría de Erving Goffman, sociólogo estadounidense, toda sociedad establece unas categorías a partir de las cuales clasifica y cataloga a las personas. Cada vez que nos encontramos ante un extraño podemos percibir sus rasgos físicos, tales como estatura, color de la piel, rasgos faciales, edad aproximada, vestimenta, etc., que se adelantan a la presentación formal de la persona, ya que trasmiten directamente información de ella, así no pronuncie ninguna palabra. La lectura de la apariencia física nos ofrecerá indicios acerca de la categoría social en que un desconocido se halla y, de acuerdo con los resultados de nuestra rápida evaluación, así mismo le asignaremos cierto estatus moral y le daremos el trato que socialmente le corresponde. El valor de la persona se estima según su identidad social, la cual estará sujeta, entonces, a las marcas, huellas e impresiones duraderas que la persona trasmita sobre sí. De lo anterior se infiere que hay signos no verbales que denotan información social; cuando estos signos producen desacredito y, por tanto, reflejan algo malo se convierten en señales visuales cargadas de un significado que da a conocer una cualidad indeseable en la persona, de ahí que ese signo sea un estigma.

Goffman (2003) hace una clasificación en la que diferencia tres tipos posibles de estigmas que una persona puede albergar: una primera está referida a las abominaciones del cuerpo, tales como las deformidades físicas, discapacidades posibles de inferirse, ceguera, amputaciones, etc.; una segunda clase de estigma corresponde a las diferentes manifestaciones de inclinaciones, excesos pasionales, trastornos del comportamiento y vicios que hacen parte del amplio conjunto de los defectos del carácter que se contraponen a los ideales de virtud y, por ende, se desvían del código de conducta moral que una sociedad estable. Las reglas morales se reproducen e imponen por medio de la cotidianidad y la rutina de la interacción social en conversaciones informales; es una expectativa normal y a la vez una demanda tácita, no necesariamente consciente, dar por sentado que una persona adulta que apenas conocemos posea un empleo, sea heterosexual, casada y con hijos. Según Goffman (2003), dentro de la categoría de defectos del carácter encajan los siguientes estigmas: las patologías mentales, las adicciones, marcas en el cuerpo que den indicios de que la persona intentó cometer suicidio, historia de condena por algún delito, el desempleo, alcoholismo, etc. Un tercer tipo de estigma se refiere a las condiciones de etnia, procedencia, nacionalidad, y por tanto se trasmite por herencia; así, la etnia a la que pertenece una persona puede ser motivo de estigmatización, cuando los imaginarios y representaciones sociales de un grupo mayoritario sobre una minoría están saturados de atributos negativos.

Las poblaciones humanas, definidas por sus variables socio-demográficas, sean estas étnicas, de procedencia o de género, son particionadas y diferenciadas unas de otras, puntuando un valor arbitrario que, si bien pudiera parecer inocuo en un principio, resulta efectivo en sus propósitos de categorización de personas, reunidas en grupos, tipificados estos en una escala jerárquica de menos a más, cuyos puntos equidistantes precisan sobrestima o devalúo, diferencialmente, a poblaciones diversificadas. (Castro Gómez & Grosfohgulel, 2007; Piazzini, 2004).

En síntesis, y para despejar últimas dudas, un enfoque diferencial aplicado a los estudios de caracterizaciones poblacionales tiene su razón de ser en la discriminación (Asamblea General de Las Naciones Unidas, 1963): la acción y su efecto, que denota toda forma de distinción, segregación y expurgación del otro, con base en preferencias por motivo del color de la piel, la etnia, la procedencia o cualquier otro aspecto de la personalidad, práctica cuyo propósito quebranta la dignidad humana y menoscaba el ejercicio y goce de los derechos inalienables de la persona o colectivo que se discrimina. La discriminación comprende ideologías, sistema de creencias y prácticas que deterioran gravemente la integridad de la persona a la que toman por objeto. En el campo científico, la discriminación racial, por ejemplo, se legitima a través de teorías y supuestos estudios –sean sociales, antropológicos, o de orden genético–, asentados en doctrinas que postulan la existencia de una escala gradual de superioridad entre los diversos grupos humanos; doctrinas, bajo cuyo pretexto se categorizan, tipifican y estratifican los diferentes tipos o clases de personas, y se les atribuye un valor de acuerdo con su posición superior o inferior en un arbitrario orden jerárquico o pirámide social.

Igualmente, los enfoques crítico-diferenciales en estudios de población se ven motivados por la exclusión social, concepto que – como se señaló en párrafos anteriores– hace referencia a un fenómeno multidimensional que contempla los campos político, económico y cultural que, en su interacción, instituyen un sistema en los que se expurga de su dinámica a grupos o colectivos de personas por medio de barreras y obstáculos que les impiden funcionar y establecer relaciones contractuales, comerciales o de otra índole.

En la vertiente estructural de la exclusión social se concentran poderes económicos para congelar la dinámica del mercado laboral, a través de la monopolización de los productores oferentes de bienes y servicios, con lo cual se desequilibra la tensión que produce la competencia, situación que conlleva a la quiebra de aquellos que no pueden competir; aunado a ello, los recursos materiales se distribuyen de manera desigual y desventajosa, es decir, la distribución de la renta se caracteriza por una considerable y significativa desigualdad de ingreso en los distintos grupos sociales y al interior de ellos. Esta desigualdad económica se traduce en una desigual repartición del potencial acceso a los bienes de la sociedad (oportunidades), lo que, a su vez, se revierte en problemas de carácter social.

La exclusión social cosifica las relaciones estructuralmente desiguales de poder, cristaliza una geopolítica que adscribe los cuerpos, las actividades de los mismos, sus modos de producción y materiales fabricados, en subdivisiones y estratos que congelan las posibilidades de existencia de unos actores, y a su vez otorgan privilegios y ventajas acumulativas a otros, tal como lo demuestran Bourdieu y Passeron en la obra Los herederos: los estudiantes y la cultura (2003).

Por último, la invisiblización y la violencia simbólica son otras motivaciones para los estudios críticos. El primer término alude a un mecanismo por medio del cual se anula de la representación colectiva, la existencia de un terminado grupo social, omitiéndose la expresión y socialización de sus características culturales en los espacios académicos e instituciones sociales, instancias que cumplen un papel esencial en la reproducción de las normas y valores de la sociedad. Así, los aportes culturales y de conocimiento del grupo dominado terminan por no dejar huella en los libros, ni en currículos académicos. La invisibilización se opera en todas y cada una de las esferas del Estado; por ejemplo, en la esfera política, los grupos dominados no tendrían participación ni representación; en los medios de comunicación, no aparecen y si lo hacen es con el fin de personalizar estereotipos.

Por su parte, la violencia simbólica es la imposición de una visión dominante del mundo y de los otros, tanto a un grupo oprimido, como también a su opresor (Bourdieu & Boltanski, 2009). Se manifiesta en los valores, la tradición, las costumbres e ideales, y también en variedad de géneros discursivos, como las representaciones artísticas, obras pictóricas, publicidad, novelas, obras literarias, cuentos, etc., visión que tiene la función de legitimar las relaciones sociales de explotación y dominación que un grupo ejerce sobre otro. Dicha imposición hace parecer naturales, obvias, y por tanto incuestionables las diferenciaciones y divisiones sociales construidas en beneficio de unos y en detrimento de otros. Imposición que comporta, además de un soporte objetivo, como es la estratificación social y el sistema de clases, una dimensión subjetiva; vale decir que la visión de mundo impuesta se convierte en una estructura de percepción activa gobernadora de los procesos más íntimos de la conciencia, regentes del control de la acción y la conducta. Ello implica que las relaciones de dominio se somatizan, es decir, se imprimen en el cuerpo, llevando a que el dominado, no de manera consciente, doblegue su cuerpo en un estado de sumisión y de obediencia involuntaria, y se abandone a un destino aciago inscrito en el orden original e impertérrito de las cosas (Bourdieu & Jorda, 2000). Somatizadas las divisiones sociales arbitrarias, estas se reafirman por medio del efecto de reforzamiento positivo que conlleva a que los comportamientos y actuaciones del dominado se ajusten a las expectativas que tienen de él los dominantes. Este hecho ha llevado a que se dé una inversión de causa-efecto al momento de explicar las fuentes de la situación social del grupo oprimido, pues se enfatiza en el papel protagonista de este, como coparticipe, colaborador, e incluso, cómplice de su propio estado de dominación, lo que trae aparejado consigo el sesgo del error fundamental de atribución de culpar a la víctima, desatendiendo y desestimando la interdependencia de la conducta con las motivaciones externas, es decir, las variables del contexto, los factores sociales y las condiciones materiales objetivas de existencia.

Ampliando la perspectiva del desarrollo humano

La caracterización que se presenta en este trabajo concibe el desarrollo de una comunidad como la capacidad y el poder real y efectivo que tiene esta de decidir sobre su destino. Dicho en otros términos, el desarrollo en materia económica y social está íntimamente ligado a la posibilidad de elección libre, es decir, la autodeterminación que posee una comunidad para elegir de la manera más racional posible la distribución de sus recursos materiales y la inversión de su capital. Como se podrá apreciar más adelante, el problema es la elección, ¿de qué tipo? y ¿en qué condiciones? son preguntas a las que se buscará dar respuesta.

El desarrollo está relacionado con la posibilidad que tiene una población de tomar decisiones colectivas que redunden en su beneficio, y para que esto sea posible se necesita de unas mínimas garantías de libertad política que permitan la libre expresión de sus ciudadanos en espacios de alto nivel decisorio. Ahora bien, hay grupos en mayores desventajas políticas que otros, que por carencias de seguridad económica y por exclusión social viven en medio de privaciones y de necesidades básicas insatisfechas como, por ejemplo, la falta de alimentación. Frente a esa situación, no es factible afirmar que poseen el poder real para incidir en los asuntos que el Estado asume como prioritarios, puesto que no tienen siquiera el poder de decidir alimentarse y nutrirse, o de no hacerlo, por voluntad propia.

Libertad política tiene que ver, entonces, con que estén dadas las condiciones que favorezcan la participación de los más desposeídos y las poblaciones vulnerables, y para ello es necesario no solo que se garanticen una buena nutrición, sino también calidad en la educación, ya que por medio del aprendizaje, la adquisición de conocimientos, las personas pueden ver o dimensionar múltiples alternativas y configurar su realidad social a como bien les convenga (Nussbaum, 2006 y 2002). La capacidad adquirida de leer abre las puertas para encontrar respuestas a problemas, acumular teorías que permitan transformar las condiciones de vida; la capacidad de lectura hace viable encontrar muchos más medios simbólicos con los cuales poder comunicar ideas y visiones del mundo, además de facilitar el entendimiento y la comprensión con los otros al poder compartir significados, ideas, conceptos y, con ello, romper con las barreras culturales, sociales e ideológicas que conllevan a situaciones de incomunicación, de violencia y de exclusión a la diferencia.

Altos índices de analfabetismo dan cuenta de una afrenta a los derechos humanos que condena a poblaciones enteras a la miseria y el enajenamiento. La libertad para poder leer y escribir y acceder a estudios básicos contribuye a la libertad política de los ciudadanos en tanto que la información a la que podrán acceder no se limitará a la que reciben de conversaciones cotidianas, sino que también se hace posible adquirir información de múltiples medios y géneros discursivos, como la prensa, libros, decretos, lo que les dará alternativas para ejercer, por ejemplo, el derecho al voto con una mayor conciencia y actitud crítica.

El desarrollo, tal como se ha concebido aquí, está amparado en la perspectiva de Sen (2000), por lo que es entendido como la expansión de las capacidades que tienen las personas para adquirir otras capacidades que le permitan ser cada vez más libres. Una democracia vista ya no desde un plano formal sino desde su factibilidad real requiere que sus ciudadanos estén en la capacidad de ejercer el voto de la forma más razonablemente posible, y de tener la capacidad para participar de las decisiones que les afectan y para ello se requiere inversión en la educación. Una comunidad que padezca altos índices de analfabetismo no es realmente libre de votar a conciencia, puesto que la información de la cual está excluida le abriría la posibilidad de tomar otro tipo de decisiones mucho más favorables. El empobrecimiento de la existencia de una persona que está atada al trabajo con todas las privaciones que tal condición implica no da lugar para que dicha persona tenga la libertad real de, entre otras cosas, producir en el terreno de las ideas proyectos para un futuro prometedor ni para sí, ni para su descendencia, puesto que el mundo de la necesidad exige que invierta todos sus recursos cognitivos y potencialidades al servicio de la explotación de otros.

Un aspecto sobre el que es importante llamar la atención es la desigualdad e iniquidad de la que son susceptibles las minorías en relación con las mayorías. El desarrollo no debe medirse por el bienestar que alcancen unos a costa del detrimento de vida de grupos vulnerables; ha de haber una noción de justicia y equidad social que exija el bienestar social para todos, y la manera de darles la oportunidad de elegir el tipo de vida que desean vivir, con conocimiento de las alternativas posibles. Si una comunidad inmersa dentro de otra no posee el poder de elegir representantes en los altos mandos decisorios del Estado, ni de participar políticamente en asuntos que le competen a su territorio, ni poseen fuentes de información en cuanto a adelantos tecnológicos, ni se les abre las puertas a la adquisición de competencias en asuntos del mercado, se les condena a la invisibilización y el ostracismo, y así la pobreza se hace inevitable. El desarrollo es, entonces, la posibilidad de que una comunidad decida razonadamente qué considerar útil, qué cosas valorar dentro de múltiples alternativas, lo que requiere de información, educación, investigación.

La pobreza de una población no es considerada aquí desde el punto de vista de carencia de bienes materiales únicamente; no es tanto la falta de bienes materiales como la falta de capacidades y competencias para producir, adquirir, administrar los bienes colectivos en términos de bienes físicos, así como también para organizar, gestionar el recurso o capital humano. La pobreza de una comunidad tiene que ver con falta de capacidad para dimensionar y utilizar de manera efectiva los recursos con los que esta cuenta, por lo que, en contrapartida, el desarrollo es la instalación de tales capacidades, aquellas que permiten que una sociedad valore y obtenga aquellas cosas de las cuales tienen razones para valorar, como alto nivel de esperanza de vida, aptas condiciones de salubridad públicas, acceso a la educación, etc.

La privación de, por ejemplo, un mínimo nivel de educación (saber leer y escribir) resta poder para conocer las políticas en materia económica y participar activamente en espacios donde se toman decisiones que competan al destino de la propia comunidad, conocer de los poderes y dominios públicos, tener voz en dichos debates y ser tenido en cuenta. La posibilidad de expresarse en un debate público, de saber comunicar a otros una posición asumida, y tener bases teóricas que sirvan de fundamento al propio discurso en una deliberación abierta, es una libertad amenazada por condiciones de deprivación cultural, económica, y educativa. Luego entonces el desarrollo ha de tener como fin último promover la libertad de los sujetos para que estos tengan el poder de decidir cómo han de vivir; es la condición de posibilidad de transformar, propiciar el cambio social que la comunidad ha decidido libremente llevar a cabo. Desde la perspectiva de la presente caracterización, no se ahonda en una visión de desarrollo tradicional basada en el incremento de ingresos per cápita o del aumento del producto interno bruto (PIB), en cambio, se toman en cuenta otros indicadores, como la esperanza de vida, que denota la capacidad estadística que las personas poseen para no sucumbir a una muerte temprana evitable, y el bajo índice de mortalidad por enfermedades endémicas curables. Otro indicador de desarrollo es la capacidad que poseen las personas para participar de la política, hacer examen crítico de situaciones injustas que menoscaben sus derechos civiles y salvaguardar las bases de una democracia real. Desarrollo es el logro real de la integración social y cultural de las minorías y la protección efectiva de sus derechos frente a los excesos y violencia por parte de Estado, además de la ambición por lograr este estado de cosas y valorarlas, percibirlas como un derecho legítimo (Nussbaum & Sen, La calidad de vida, 1996).

El desarrollo tiene que ver con la supresión de múltiples tipos de falta de libertad; por ello, una población está en vía de lograr desarrollo cuando, Primero, sus miembros pueden decidir nutrirse o no hacerlo, una vez tienen conocimiento de qué alimentos valorar más, y dispongan de los recursos necesarios para obtenerlos. Segundo, sus miembros realmente tengan igualdad de oportunidades de lograr optar por una opción de vida realmente elegida dentro de un conjunto de alternativas, esto incluye garantías de no discriminación para tener acceso al mercado laboral, y a la educación. Tercero, las actividades a las que sus miembros se dediquen sean el fruto de su elección y la organización y división del trabajo alberguen la posibilidad de transitar de una ocupación laboral a otra, de concertar y dar términos a contratos de empleo, o haya alternativas distintas de sobrevivir que no sea una única labor determinada por la necesidad de escapar al hambre o por motivos de esclavitud. Cuarto, que existan las condiciones sanitarias que permitan la igualdad real de los grupos más desventajados políticamente, vulnerables económica y socialmente de alcanzar una relativa alta esperanza de vida en condiciones de salud, asistencia sanitaria, reducción de la morbilidad por las condiciones de privación del entorno o carencias de servicios sanitarios básicos. Quinto, el desarrollo en una comunidad también puede tener como indicador el grado de organización política para superar problemas y la libertad de incidir con voz y voto en las políticas gubernamentales, además de garantías para dar lugar a la creación de distintas posiciones y partidos que formen libremente sus miembros, especialmente en situaciones difíciles, como las pérdidas que ocasionan catástrofes naturales debido a que el Estado, el Gobierno o quien haga sus veces puede desatender a las poblaciones afectadas por lo que estas podrían requerir de mecanismos que le permitan presionar al gobierno, criticarlo públicamente, manifestarse y protestar por su olvido para prevenir la hambruna o inanición. De lo anterior deriva la necesidad de crear múltiples medios de comunicación alternativos que den la opción al ciudadano de contrastar variados puntos de vista sobre las problemáticas que directa o indirectamente le afectan, y para que esto se dé se requiere de un Estado pluripartidista, que garantice la efectiva libertad política a los diversos grupos de los que se componen la sociedad de elegir gobernantes con base en información veraz, y libertad política en cuanto a disentir y criticar las acciones de los dirigentes sin temor a la estigmatización o cualquier otra medida de coerción o represión.

La noción de desarrollo aquí planteada comprende algo más que el crecimiento económico, si bien, este es un aspecto de suma importancia, debe ser el libre desenvolvimiento de las capacidades y potencialidades humanas el objetivo primordial. El crecimiento del PIB, del ingreso per cápita no es, entonces, el fin último a perseguir per se, sino un indicador más, ya que el desarrollo debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio del desarrollo. De ser este el caso, como de hecho lo es, el progreso industrial, los avances tecnológicos, los intercambios en materia de comercio se generan a partir de la emergencia de las masas y multitudes de gente excluida y explotada que, condenada a la miseria, carga sobre sí el costo de un progreso económico del cual se hayan enajenadas. El resultado de esto es una sensación de desesperanza e impotencia ante la forma trágica, distante y sin control en que se presenta el destino a sus conciencias y la reducción de su condición humana, al verse privadas de la posibilidad de formar relaciones con otros que no estén medidas por un interés egoísta, extraño y ajeno que les domina y les convierte en instrumento, capital, u otra cosa que adquiere valor según su utilidad. En estas circunstancias, las capacidades del ser humano para expandir su libertad se deterioran, es decir, se limitan sus posibilidades de elegir el tipo de vida que haya tenido razones para valorar y querer tener.

Definiendo las categorías de análisis

Situación cultural. Por cultura entendemos un sistema emergente de signos, instaurado y perpetuado en un contexto social, a partir del cual los signos toman sentido para cada uno de los habitantes. De ahí que sea factible para el investigador abstraer el mundo de significados que configuran el diario vivir de una comunidad, a través de la lectura y segmentación del contenido de los significantes que representan valores, ideales, acontecimientos o eventos a los cuales la comunidad dota de sentido. Son unidades perceptivas válidas para recopilar datos, los comportamientos, gestos, tipos y formas que adoptan las relaciones interpersonales. A través de cada una de estas unidades es factible reconstruir la estructura social que subyace a los patrones de expresión, maneras de ser, concebir el mundo, y al sistema de creencias que impone modelos de percepción y demarca las acciones, así como los pensamientos considerados válidos y correctos, y que además regulan el conjunto de prácticas, rituales, costumbres y pautas de conducta ejemplarizantes.

Desde este punto de vista, la cultura es semiosis, es decir, un complejo articulado de signos y símbolos construido en el lenguaje. Por esta razón, son cadenas sintagmáticas las principales unidades de estudio de una investigación de corte etnográfico. Indagar por la cultura de una comunidad es develar la lógica estructural a partir de la cual se producen signos tanto verbales como no-verbales (ese tipo de marcas pictóricas y palabras de las cuales las personas nos valemos para comunicarnos y hablar sobre las cosas). Esto es posible una vez se ha desentrañado el sistema semántico estandarizado a partir del cual toman valor de sentido las distintas unidades significantes. No está de más precisar que, al reestructurarse dicho sistema, se modifica el valor lingüístico atribuible a los signos, es decir, que la cultura se transforma conforme varía el estatuto vigente del significado de los signos, o lo que es lo mismo, la vida de estos. De esta manera se conservarán por su uso social, y permanecerán inscritos en el aquí y el ahora en la medida que revistan de alguna utilidad. Dentro de los fenómenos sociales que motivan las transformaciones culturales podemos encontrar la aculturación, en la cual se asimilan e interiorizan los valores de una cultura distinta en detrimento de la conservación de rasgos de la propia, sea de forma voluntaria o no. Este fenómeno generalmente obedece a procesos de dominación, o colonización de un grupo social sobre otro; el intercambio intercultural que se produce por el contacto cercano entre grupos puede llevar una transculturación. En ocasiones se hace alusión a códigos sociales, en lugar de signos, para referirse al conjunto de elementos que hacen parte del contenido de la información y al compendio de reglas o pautas de transmisión que regulan la comunicación social. De ahí que para algunos autores la cultura sea un sistema de relaciones y a la vez un espacio donde los actores participantes recrean su experiencia al producir, intercambiar y compartir códigos que instituyen lazos sociales. De esta manera, preservan la cohesión de grupo al permitirle a cada miembro reafirmar su identidad y pertenencia a este, por ejemplo, por medio de signos de identidad, como el acento y la vestimenta. Los códigos sociales, al ser referentes comunes, permiten que las personas tejan su experiencia con atribuciones de sentido convencionales y comúnmente aceptadas, es decir, compartidas por otros en relación con el significado que guardan los distintos tipos de signos, entre ellos, los patrimonios culturales que resguardan los bienes materiales, tales como las expresiones artísticas, arquitectónicas, saberes de prácticas curativas, formas de alimentación, ritos, ceremonias, heredados de las generaciones pasadas y que afianzan la identidad del grupo. Se hereda igualmente, y por tanto hace parte del estudio de la situación cultural de una comunidad, la memoria colectiva, es decir, las narraciones, relatos, el conocimiento del pasado en cuanto a hechos históricos, sucesos de orden político o social, que hayan afectado directamente a la comunidad. Se indaga por aquello que las personas recuerdan, por los acontecimientos que consideran dignos de recordar; debe tenerse presente que además de la memoria, hay olvido. Así pues, simultáneamente también ha de investigarse por los hechos pasado arrojados al olvido y que hacen parte de la amnesia colectiva, esto es, lo que la cultura ha suprimido sin dejar rastro mnémico, olvidado y por qué, es decir, conocer cuáles son los hechos que se recuperan y reivindican, sabiendo que gran número de sujetos y de hechos no dejan ningún rastro.

Participación y situación social. Su evaluación requiere, por una parte, centrar los esfuerzos en ponderar la realidad fáctica de la misma, es decir, el estado actual de las circunstancias concretas y de los hechos. Y, por otra parte, indagar las representaciones y los imaginarios que configuran el tejido de las relaciones sociales, lo que a su vez demanda imprimir múltiples direcciones de búsquedas colindantes y yuxtapuestas con la potencia heurística capaz de reconstruir el contexto, las condiciones y distintos escenarios donde los actores recrean su habitad. Además, la participación social aunque pudiese ser entendida como la suma todos y cada uno de los aportes dados por los miembros que conforman una comunidad, demanda un concepto preciso, operativo y, más importante aún, acompañado de unos indicadores claramente desagregados y diferenciados que demarquen los márgenes condicionantes de la participación social, tales como el conocimiento derivado de la experiencia que una comunidad posee sobre modos de afrontamiento de sus propias problemáticas. Aunado a dicho conocimiento, se evalúa su puesta en práctica, sobre todo la efectividad que ha resultado de la misma, es decir, la capacidad que la comunidad posee para lograr alcanzar el efecto por ella deseado, al llevar a cabo la ejecución de un proyecto colectivo. Aquí se miden los medios y recursos materiales con los que la comunidad cuenta, y la capacidad que esta posee para hacer uso de sus recursos, evaluando el grado de habilidad o destreza adquirida para poner a disposición todos los medios posibles en función del alcance o logro de los objetivos que son significativos para la comunidad. Vale decir, la adquisición de derechos de grupo, como titulación de tierras, mejores condiciones de vida, mayor participación en sectores políticos de la sociedad, etc. En breve, lo que se pretende evaluar es el poder con que cuenta la comunidad para cambiar su propia realidad, a través del potencial de transformación emanado de su acción colectiva. Así pues, es de primerísima importancia que entendamos la noción aquí planteada de poder, no únicamente en su sentido negativo, como una entidad que se instituye en una fuerza prohibitiva que restringe el accionar, o impone mediante amenaza de violencia una determinada conducta; el poder posee una contraparte positiva que puede nombrarse como la facultad o capacidad real, en términos de potencialidad de acción y de condiciones dadas y previas existentes, que hacen posible la ocurrencia y concreción de un evento o suceso que cambie y modifique de modo sustancial y significativo una realidad.

Ha de haber una relación simétrica entre las oportunidades existentes y la posibilidad de elección de la mejor alternativa de acción competente para superar obstáculos e impedimentos de orden coactivo o coercitivo que se oponen a una radical transformación social, sean estos, impuestos por un poder exterior o de orden interno. También es pertinente valorar la percepción de la comunidad acerca de los avances que ha tenido la gestión de los proyectos comunitarios llevados a cabo por ella. Para este propósito han de considerarse los éxitos acumulados a lo largo de dichos procesos, además de la sensación de autonomía, autodeterminación y control en la toma de decisiones sobre cada una de las fases y momentos de los mismos. Por último, ha de tenerse en cuenta el nivel de desesperanza aprendida adquirida de manera colectiva, que a un nivel superficial suele expresarse como una sensación de fatalidad e incapacidad para lograr metas y propósitos comunales. Las circunstancias adversas se perciben como algo inamovible, sobre lo cual no hay control ni posibilidad de cambio, aunado a ello, el cuerpo político de la comunidad se agrieta, debilitándose la capacidad de planear, gestionar proyectos en conjunto; las alternativas vías de acción para la solución de problemáticas se fijan y son lanzadas a la conciencia como inalterables.

Situación de educación. Ha de evaluar la idoneidad de las condiciones materiales y la implementación de las garantías políticas que han de asegurar el acceso, la permanencia y culminación exitosa en los diferentes ciclos educativos (primaria, secundaria, estudios superiores) del promedio poblacional que conforma una comunidad. Para ello se tiene en cuenta el estado actual de formulación, aplicación y seguimiento de políticas educativas orientadas a la inclusión social y sensible en materia de diversidad étnica; al mismo tiempo se han de realizar estudios estadísticos que desagreguen la variable étnica, de modo que se visibilicen las diferencias significativas entre los valores obtenidos por la comunidad y el resto de la población en referente a aspectos como el porcentaje de personas que logran acceder al sistema educativo y el que queda excluido del mismo, así como el nivel de escolaridad promedio de la población y, por supuesto, el índice de analfabetismo, derivado del cociente entre la cantidad de personas mayores de 10 años que no saben leer ni escribir y el total de la población. Se tiene en cuenta la distribución de la población en cuanto a edad y nivel de escolarización, así como el máximo estatus académico que miembros de la población hayan alcanzado, es decir, el nivel educativo promedio de la comunidad.

Participación política. Es el compendio de cada una de las acciones realizadas por personas o colectivos, llevadas a cabo con la intención de incidir en los asuntos de interés político que les afectan. Ha de ser voluntaria, motivada por el ejercicio de la autonomía de los ciudadanos y, a su vez, ejercida sin que medie coacción alguna. Son variadas las formas en que se pueden clasificar los distintos modos y niveles de participación política, a saber: participación institucional y no institucional. La primera modalidad comprende la ocupación de cargos públicos en cada una de las instancias del Estado, generalmente de índole administrativa; aquí los funcionarios están habilitados para diseñar, planear y gestionar políticas públicas. De otra parte, en las formas de participación no institucionales podemos nombrar las distintas asociaciones gremiales y sindicales conformadas de manera libre por profesionales, así como las agrupaciones comunitarias y juntas de acción barrial (Gómez Cierra , 1996), cuya finalidad, entre otros objetivos, es lograr una organizada representación que acoja, contenga y pregone el sentir de las voces populares en aras de la justicia y del bien común, concretamente en lo referente a propuestas de programas y proyectos que surjan por iniciativa e interés de la comunidad, y también en lo referente a funciones de veeduría para el seguimiento, control y evaluación de las comunidades, y de la gestión pública, a cargo de las instancias encargadas de cumplirlas. Igualmente, los habitantes de los territorios tendrán derecho, con voz y voto, a participar de las consultas presidenciales, que les afecten en materia económica, administrativa y cultural y, con mayor razón aún, de aquellas que requieran contar por obligación con la aprobación popular, sea a nivel municipal y/o departamental.

Aunado a lo anterior, de llegar a ser necesario, la participación política puede, en tanto que derecho y deber moral, tomar el carácter de manifestación pública, sea a manera de protesta, marcha o de otros actos simbólicos, cuyos objetivos sean la defensa y salvaguardia de los derechos humanos y las libertades civiles y políticas de los ciudadanos, siempre y cuando, se vean amenazadas por una labor deshonesta de los funcionarios públicos o por los intereses privados de algunos particulares. Cabe señalar también que otros mecanismos de participación son: “el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato” (Gallo Restrepo & Sandoval, 2011). Por último, es preciso hacer alusión a la conformación de partidos políticos y de movimientos sociales como una de las formas más tradicionales de participación política, ya que en ellos se congrega y afilia un significativo número de personas que comparten unos principios ideológicos y filosóficos afines, y será competencia de las mismas inscribir candidatos a campañas electorales, e incluso optar por el estatuto de oposición al gobierno, planteando políticas disidentes y alternativas.

La situación política. La situación política de una comunidad ha de ser evaluada de acuerdo con un patrón de medida que parta de la construcción de un modelo ideal de gobierno. De esta manera se podrá cotejar cuándo una comunidad posee una favorable o desfavorable situación política para sus miembros, según la posibilidad que estos tengan para ejecutar, y hacer efectivo en la realidad, dicho modelo ideal. No obstante, aquí surge inevitablemente la exigencia de precisar aquellas características que distinguen una situación política deseable de una que no lo es, lo cual implícitamente trae aparejado la siguiente pregunta: ¿cómo podemos saber con certeza si nuestra situación política es óptima para la consecución de los intereses que nos son comunes? Será pues, el objetivo del presente escrito, describir y –no únicamente ello, sino también– ofrecer una teorización prescriptiva, acerca de cuáles deberían ser las características que se deben ponderar en la valoración del estado actual de la situación política de una comunidad.

Entre ellas tenemos el grado de preservación de equilibro de fuerzas entre partidos políticamente enfrentados; si una comunidad se encontrase bajo el gobierno de una élite univoca y sin oposición, muy factiblemente, en su condición de oferente soberano, el monopolio del poder impondría a las mayorías ciudadanas una única visión paradigmática de los problemas y de la razón que motiva a los mismos. Es más, un poder exclusivo y absoluto podría hacer justificables y legítimos los más terribles actos, si no existen fuerzas rivales o incluso antagonistas que contrarresten, en el terreno de las ideas, la eficacia simbólica de las creencias colectivas que, una vez toman ímpetu, se confieren a sí mismas la potestad de verdades inamovibles. Precisamente, lo auténtico y veraz de las ideologías políticas reside en su extraordinaria capacidad para convertir los intereses privados de una elite política en los valores e ideales que soportan los semblantes de autoridad y legitimidad de las instituciones del Estado.

Por otra parte, monopolizar el poder hace posible que este perpetúe su posición privilegiada, no garantizando y obstaculizando la efectiva participación democrática del conjunto de ciudadanos no conformes y críticos. Ello puede realizarse de numerosas y variadas formas como, por ejemplo, restringiendo el acceso a la información de pliegos oficiales, interviniendo el contenido trasmitido por medios masivos de comunicación, distorsionando la información, presentándola de forma parcial y distorsionada, no garantizando el derecho de la libre expresión de los representantes de las minorías en desventaja política, y hacer prácticamente nula o inexistente la participación de estos en los medios sociales de comunicación. Por estas razones, es necesario que se formulen, establezcan y preserven en la práctica real los derechos de justicia y equidad en cuanto a participación política entre la oficialidad gubernamental y los partidos, movimientos efectuados por minorías disidentes.

Tenemos pues, un primer criterio de evaluación para estimar la situación política de una comunidad, colectivo o nación. Conviene sentar de antemano que cada uno de los indicadores aquí propuestos no son formulados en calidad de principios, como lo sería el derecho a la vida; tampoco hacen referencia a condiciones iniciales de hecho, como, por ejemplo, la presuposición de que la libertad en tanto condición ontológica existe, y que siempre y cuando no sea limitada por otros, le es inherente un natural desarrollo.

Valga la pena precisar que los indicadores aquí planteados son de carácter netamente procedimentales y, en cuanto tal, están referidos a asuntos de carácter práctico, es decir, se miden conforme se ejecutan y realizan las acciones que pretende evaluar; son indica-dores que en lugar de indagar por las percepciones, pensamientos y creencias de las personas, procuran cuantificar el grado o la magnitud de aquello que las personas hacen. Hecho este paréntesis, proseguimos con un segundo indicador, la extensión del espacio público. Se entiende por este un espacio de interacción no benévola, sino de disputa y de enfrentamiento donde se lleva a cabo la comunicación política entre los ciudadanos, quienes participan de manera conjunta, deliberan, dando a conocer sus ideas, convicciones, argumentan sus posturas, critican las del contrario, forman alianzas y coaliciones.

De acuerdo con Vallespín (2003, p. 462): “la democracia es inconcebible sin una arena de debate en la que al menos cobre sentido el juego gobierno/oposición y se establezca un continuo proceso comunicativo entre gobernantes y gobernados. Esta arena recibe el nombre de espacio público”. En dicha esfera, son variadas las funciones formalmente establecidas, las cuales se definen en los objetivos o el propósito de la reunión (evaluar, proponer, decretar leyes, etc.), y que pueden conducir a tomar decisiones políticas pertinentes a la reglamentación de una ley, hacer efectiva la “justicia”, evaluar “resultados”, dependiendo del carácter de la institución política en la que se realiza el debate.

Sin embargo, el espacio público no debe pensarse restringido y circunscrito a un lugar en específico, o a unas instituciones específicas, ni como algo que se produce en determinado tiempo, en unos días, y momento también específico. El espacio público tampoco está ceñido a unos participantes fijos, no ocupa un área física concreta ni trascurre en un taxativo tiempo.

Considérese, más bien, como un ente abstracto donde convergen vectores de fuerza superpuestas, influyentes una sobre la otra, que hacen el espacio dinámico y elástico, con posibilidad para expandirse e incluir nuevos participantes, o contraerse dejando por fuera a otros, es decir, sujeto a tensiones entre fuerzas que bregan por hacer figura, constriñendo a otras a ocupar el fondo. Tampoco se debe concebir el espacio público bajo un modelo topográfico; si se fuese a representar de modo cartográfico veríamos que aunque pueden diferenciarse unas instituciones ocupando el centro (instituciones del Estado, por ejemplo), y otras en las periferias, constituidas por organizaciones sociales, en determinado momento, los movimientos y cambios de posición estratégicos de los participantes modificarían el epicentro de la disputa. Por otra parte, aunque unos actores podrían ser menos visibles que otros, no por ello serían menos eficaces en sus propósitos. Entre las distintas instituciones que participarían del espacio público podemos encontrar a los medios de comunicación; por ejemplo, cuando definen la “actualidad”, o dan a conocer la “situación”, o lo que “acontece”, los medios pueden también dar prioridad a posturas políticas, incluso, tienen en sus manos el enorme poder de fabricar la “opinión pública”.

Llegado a este punto convendría preguntarnos cómo mediríamos la extensión del espacio público. Para ello, han de considerarse los siguientes puntos: Primero, el grado en que la comunidad lograr comunicar sus necesidades e intereses colectivos a los poderes públicos. A través de consultas populares, asambleas y reuniones con funcionarios del Estado debe evaluarse el tiempo otorgado a cada persona para exponer sus planteamientos, inquietudes, sugerencias, propuestas de proyectos a desarrollar, etc. En segundo lugar, otro aspecto que se debe evaluar en el espacio público es el nivel de conocimientos que las comunidades de base poseen de los debates parlamentarios, de las temáticas y naturaleza de las discusiones que son llevadas a cabo en las instituciones que conforman el poder público. De igual forma, este punto incluye saberes de cultura general sobre la estructura y las funciones que cumplen cada una de las ramas del poder público y de los órganos del Estado. Un tercer punto que se debe evaluar en el espacio público es el grado de participación que tienen las voces de los ciudadanos en las decisiones políticas; es decir, la capacidad real que tienen los miembros de una comunidad de expresarse libremente sobre asuntos de orden político, sin temor alguno de represalias contra la propia vida, o de despido inminente a causa de la postura política públicamente defendida.

Por otra parte, la expresión libre toma carácter público en la medida en que la persona u organización por ella representada posee recursos económicos o fondos presupuestarios (sean solventados por patrocinadores o por gestiones organizativas propias), para costear congresos, publicidad, franjas en medios de comunicación, como televisión, radio, prensa y otros.

Empero, además, y de modo inverso, se requiere que la potencial audiencia goce, a su vez, de la libertad de acceder a múltiples y alternativas fuentes de información, libertad seriamente amenazada en comunidades marginadas que recrean su vida en un mundo económico, cultural y socialmente empobrecido, ergo, la no posibilidad de acceso a un sistema educativo a temprana edad deteriora la capacidad de desarrollar una estructura cognitiva hábil para elaborar representaciones simbólicas, sean de orden gráfico o alfanumérico de los bienes de la ciencia y del conocimiento. Sin duda alguna, el analfabetismo, en tanto incapacidad para leer, conlleva múltiples efectos de orden acumulativo, como la imposibilidad de acceder a la información de documentos oficiales decretados por organismos institucionales que le competen directa o indirectamente, cierre de oportunidades laborales, pues cuando una persona no sabe leer, carece de libertad para escoger profesiones y oficios, y obtener títulos que le acrediten la competencia e idoneidad para el desempeño de cargos públicos. Aunado a ello, se obstaculiza el acceso a géneros comunicativos, como la prensa, que informan de la actualidad y de asuntos de interés político para todo ciudadano. El analfabetismo imposibilita también ejercer el derecho de ser elegido en cargos representativos; aparte de eso, acciones como realizar un derecho de petición, opinar de forma escrita, difundir las ideas, estar al tanto de reformas en la constitución, de políticas públicas, conocer en detalle las propuestas presentadas por los candidatos políticos que le representarán, y basar su voto en el conocimiento adquirido de dicha lectura. Además el conocimiento de la constitución, y un sinfín de opciones y posibilidades de participación democráticas serán prácticamente inexistentes, y por tanto imposibles de llevar a cabo, por la incapacidad para leer y escribir.

Hay que señalar también que la posibilidad de participación en el espacio público depende de otros aspectos, tales como tiempo de ocio disponible; arduas jornadas laborales merman la libertad de poder invertir parte del tiempo en la asistencia a reuniones, asambleas y demás. Muy seguramente el lector podrá a estas alturas haber advertido que la igualdad entre las personas, la libertad que tengan, no se da por nacimiento, como lo postula la Constitución; tampoco las personas gozan de los mismos derechos, o bien, sí poseen los mismos derechos, pero no todas están en condiciones de poderlos hacer efectivos. Una política dirigida en pos de una democracia ha de tener en cuenta la necesidad de democratizar el conocimiento, hacerlo accesible, no vertical, equitativo, y ello implica instalar las capacidades para que las personas puedan acceder a ese saber.

Situación de salud. Las problemáticas de la atención en salud cumplen con las siguientes cuatro premisas, a saber:

• Las múltiples causas de los problemas de acceso y cobertura en el sistema de salud se superponen unos con otros.
• La superposición de dichas problemáticas se da en la medida en que estas convergen y confluyen en un mismo campo: la salud.
• La superposición de estos problemas los convierte en factores que, multiplicándose entre sí, dan como resultado problemáticas de complejidad creciente.
• Las variadas problemáticas son causa y a la vez efecto, es decir, tienen un carácter retro-alimentativo. Para ilustrar lo dicho, veamos los siguientes indicadores demográficos del estado de salud de una comunidad: la esperanza de vida mide la probabilidad de cantidad de años de vida que pueden tener los miembros de una población, por tanto es inversa-mente proporcional a la tasa de mortalidad, la cual calcula el porcentaje de defunciones habidas en una población por cada periodo determinado; se subdivide en alta, moderada y baja, además se especifican cohortes por edad y causa concreta. El índice de morbilidad es la proporción de personas que padecen una enfermedad en específico en determinado lugar geográfico y periodo; se incluye la medición de la prevalencia e incidencia. Ahora bien, cada uno de los anteriores indicadores estará determinado por las condiciones del medio en que las personas crecen, desarrollan su vida, así como también por el tipo de trabajo o su carga laboral.

Más específicamente, habría indicadores de segundo orden que influirían perjudicialmente el valor de los primeros, tales como la tasa de desnutrición, cuantificable por el bajo o insuficiente nivel de consumo de nutrientes, resultado de una dieta alimenticia no saludable, tanto en términos de calidad como de cantidad, de los nutrientes necesarios para un adecuado funcionamiento del organismo. El estado de desnutrición no se limita a ser una consecuencia, sino que también se constituye en una causa del deterioro del desarrollo de la inteligencia y demás capacidades cognitivas, pues de presentarse a temprana edad trae para el organismo consecuencias a largo plazo nefastas e irreversibles. Este indicador se encuentra asociado correlativamente al índice de mortalidad prematura, que a su vez está permeado por el nivel socioeconómico del ingreso y renta del hogar. También se ha asociado al nivel educativo del cabeza de hogar, incluso se ha encontrado que la oportunidad de sobrevivencia del lactante menor de un año está en función directa con el nivel de escolarización alcanzado por la madre (Comisión sobre los determinantes sociales de la salud (OMS), 2008, pág. 29)

Otro indicador de segundo orden que permite medir la situación de salud de una comunidad es el servicio de saneamiento, es decir, el grado de suministro y acceso al agua salubre y potable, que de no tener control ni regulación se asocia a la propagación de enfermedades de transmisión hídricas infecto-contagiosas por virus y bacterias. Llegado a este punto, es posible apreciar la correspondencia positiva que existe entre el nivel socioeconómico y la situación sanitaria de una comunidad, es decir, las condiciones de pobreza y privaciones materiales son determinantes en la situación de salud. Para comprender aún más este hecho no debe pensarse la pobreza como falta de ingresos, sino como la sumatoria de una serie de incapacidades cuyas implicaciones poseen efecto acumulativo. Así pues, una desigual distribución de los bienes, la renta y el ingreso entre grupos poblacionales da lugar a un bajo nivel educativo, que constriñe la capacidad para defender los derechos y las libertades civiles, a través de la participación efectiva en la elaboración de programas y políticas implementadas por la administración pública. La baja escolaridad también conlleva a una reducción de las opciones de empleo, al desempleo y la desocupación, lo cual trae aparejado un aumento de la violencia y la corrupción. Por ello, un recorte de presupuesto en materia de educación, una reducción a la cobertura en materia de salud, se refleja en un diferencial e inequitativo acceso a los servicios del sistema de protección social, y por consiguiente se estrechan las probabilidades de tener una vida saludable, lo que afecta, finalmente, la esperanza de vida de una población.

Situación económica. Esta categoría de análisis se evalúa equiparando el desarrollo económico con el desarrollo social y el nivel de calidad de vida alcanzada por el conjunto poblacional promedio de una comunidad. Para ello se tienen en cuenta los siguientes indicadores relacionados con las condiciones de vida de las personas, a saber: el Mercado laboral que permite calcular la tasa de desempleo o desocupación; consiste en medir el número de personas que pertenecen a la cohorte de población activa, es decir que tienen capacidad productiva y en edad de trabajar, pero carecen de empleo. En el cálculo de las condiciones del mercado laboral se incluyen factores como tipo de empleo, jornada laboral, horas semanales de trabajo, condiciones de seguridad del mismo y el pago o remuneración obtenida. Además, se evalúa la posibilidad real y efectiva de acceder a empleos con prestaciones y seguridad social. Las Condiciones de la vivienda: respecto al interior del inmueble, hacen referencia al tipo de vivienda, si es compuesta, nuclear, particular, arrendada, propia, materiales con los que está construida, la ubicación geográfico espacial, facilidad de acceso a la misma (transporte), y abastecimiento de bienes e inmuebles dentro del hogar, como electrodomésticos, número de sanitarios, habitaciones y el número de personas que habitan un mismo hogar por metro cuadrado. Respecto a las condiciones exteriores, se evalúa si se encuentra en zona vulnerable y de riesgo frente a eventos naturales, como inundaciones, deslizamientos, condiciones del suelo, trazado y construcción de vías y calles; conformación de la comunidad, si es por invasión, asentamiento, desplazamiento, etc. El indicador socio-demográfico del Histograma de pirámide poblacional, es decir, las características de la estructura de la población definida por la distribución de cohortes dadas por edad y género, así como la tasa de crecimiento y de fecundidad; la Corriente migratoria, es decir, la movilidad del hogar, frecuencia de traslado de un área a otra. El indicador de Saneamiento evalúa las condiciones de cobertura de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y recolección de desechos sólidos. Aquí conviene detenerse para hacer una digresión:

El desarrollo económico de una población es factible verlo desde distintos puntos de vista; aquí se muestran algunos de entre otros tantos modelos cuyos planteamientos defieren, ya sea en el tipo de variables utilizadas y a las cuales otorguen prioridad, o en disputas con una raíz más de fondo respecto a concepciones cuyos planteamientos poseen orientaciones ideológicas que, en algún punto, se tornan indisolubles con otras posiciones, las cuales resultan siendo diametralmente opuestas o irreconciliables.

Un enfoque de crecimiento y de impulso regional encamina sus esfuerzos a potencializar los factores de producción industrial, dirigidos en una línea continua vertida hacia el desarrollo económico, y a un aumento favorable de la calidad de vida que se establece por indicadores cuantitativos, aglomeradores de variables, tales como tasa de mortalidad, morbilidad, crecimiento de la población, ingreso económico per cápita, etc.

Por su parte, el modelo de la división espacial del trabajo despliega como punto central de análisis la especialización que surge a partir de la distribución diferencial de los espacios, materiales y capital humano. Como resultado de la división cartográfica de la distribución desigual del trabajo en un contexto, territorio o geografía específica, otrora, el punto de vista del desarrollo económico local, postula como variables necesarias de estudio las condiciones socio-históricas pasadas y presentes que configuran el sistema de relaciones y sentidos simbólicos que enmarcan a la actividad laboral, es decir, la acción mediatizada por el lenguaje, portador de las costumbres, tradiciones o creencias.

Frente a los anteriores planteamientos García (2009) formula como crítica la necesidad de incluir una perspectiva heterárquica del desarrollo, que replantee la visión predominante de concebirlo como una expansión acumulativa dirigida hacia “adelante”, cuyo vector sea una línea recta y vertical, impulsada hacia una meta específica, auto-legitimada y deslegitimadora de propuestas alternativas de desarrollo, propias o autóctonas de una región particular. Así, el desarrollo concebido bajo parámetros de medida genéricos y descontextualizados del territorio, excluyen las especificidades, potencialidades relativas que se albergan en la memoria histórica y la herencia cultural que hay en la forma de vida e interacción construida por una comunidad.

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