INTRODUCCIÓN

Si bien en el contexto latinoamericano las condiciones económicas, sociales y políticas parecían favorables para la germinación y consolidación de las instituciones democráticas, factores como la corrupción, las crisis fiscales, las altas restricciones para el efectivo control social, la ineficiencia institucional para suplir servicios sociales (salud, educación, saneamiento básico, entre otros) y la escasez de opciones políticas diferenciadas (^{Marotte, 2008}) vienen generando un clima de desafección generalizado hacia la democracia, no solo disminuyendo su probabilidad de enraizamiento, sino también produciendo efectos nocivos en el tejido social en general y en la construcción de una identidad colectiva de ciudadanía.

De acuerdo con cifras de Latinbarómetro (2015), aunque no existe el eminente peligro de una involución, es decir, de una sustitución de la democracia por un régimen autoritario, como en tiempos anteriores, lo que sí es cierto es que los bajos niveles de confianza entre los ciudadanos, y en especial hacia las instituciones, son un indicador que demuestra la precariedad de los valores democráticos, materializados en la poca legitimidad de la acción política de los gobiernos. Las evidencias sobre esta situación ciertamente son alarmantes, por ejemplo en el caso colombiano, y de acuerdo con las cifras obtenidas por la Encuesta mundial de valores Colombia: una mirada comparada de los resultados de la sexta ola de medición 2010-2012a (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2015), la confianza entre ciudadanos, elemento fundamental para el fortalecimiento de la acción colectiva, se encuentra en deterioro progresivo, pasando del 10 % de total confianza en 1999 al 4 % para 2012, lo que implica que cada vez son menos las probabilidades que encuentran los ciudadanos de confiar en los demás. En lo que respecta a la confianza en el gobierno, los resultados tampoco son positivos: para 1999, se contaba con apenas un 9 % de nivel de confianza, en 2005 logró alcanzar un 14 %, que es el más alto en los últimos quince años, pero que cayó en 2012 a un 10 %.

Ahora bien, puede ser normal que en determinados contextos y momentos existan síntomas de desconfianza que pueden generar un efecto positivo al incentivar la participación social para el control público (^{Finifter, 1970}, p. 263). Sin embargo, hay un consenso en que estos periodos de desconfianza no deben prolongarse por mucho tiempo, ya que una constante desconfianza social y política puede producir consecuencias perjudiciales para los gobiernos, la gobernabilidad y el cuerpo social (^{Blind, 2007}, p. 8). En el caso colombiano, la situación se hace preocupante, debido a que los periodos de desconfianza se han incrementado con el transcurrir de los años y han generado dos escenarios negativos: el distanciamiento entre los ciudadanos que restringe alguna posibilidad de asociatividad y generación de capital social y la constitución de una barrera a la participación política (^{Velásquez y Gonzáles, 2003}).

En el caso del departamento de Cundinamarca, el análisis de la tendencia de asociatividad arroja un panorama desfavorable: los niveles de asociación comunitaria han decrecido y son bastante bajos. Si bien en el periodo de 1997 a 2000 existía un porcentaje de asociatividad de 7,9 por cada 100 000 habitantes, para el periodo de 2007 a 2011 este descendió a 6,8 por cada 100 000 habitantes (Martínez, García y Pico, 2016). Estos resultados no pueden pasar desapercibidos, ya que son una señal relevante de los efectos negativos de los bajos niveles de capital social. Esta situación plantea escenarios donde la acción individual predomina y restringe las probabilidades de agenciar problemas políticos y sociales a través de acciones coordinadas entre los ciudadanos, que permitan, en el lenguaje de Putnam (2011), consolidar comunidades con mayor compromiso cívico.

Como señala Putnam (2011, p. 253), el sistema democrático tal como fue concebido, en un juego de libre mercado, en el que prima la búsqueda de intereses personales, desemboca en una sociedad de personas individualistas, preocupadas exclusivamente por la promoción de sus intereses personales, replegadas en sus familias y amigos, convirtiéndose en sujetos social y políticamente apáticos, motivados por sus intereses privados; pierden el interés en asuntos públicos, excepto en demanda creciente de tranquilidad pública (Putnam, 2011, p. 136; Tocqueville, 1969, pp. 513-514). Por ello, en palabras de Múnera (2003), la reivindicación del individualismo desestimula la acción colectiva de los ciudadanos y los relega a preocupaciones meramente personales.

Ahora bien, si a la desconfianza y baja asociatividad se agregan también los efectos del individualismo y del egoísmo, valores liberales ya más enraizados en el país, así como las repercusiones de la violencia que ha caracterizado a la sociedad colombiana, el entorno se hace más crítico y desestimulante para el agenciamiento del capital social. De acuerdo con Moser y Shrader (1999), citados por Latorre (2004, p. 9), la violencia es un factor negativo que influye en el debilitamiento del capital social, al reducir la confianza, la solidaridad y la cooperación entre los miembros de las organizaciones sociales y las comunidades. Igualmente Varshney (2002), citado por Carreño (2016), al analizar el problema de la violencia étnica en la India, evidencia que las regiones con menores índices de violencia coinciden con altos niveles de capital social puente (bridging), que facilita la convivencia entre grupos interétnicos, situación que hace posible la paz, toda vez que las relaciones construidas como puentes hacen fácil la comunicación entre grupos heterogéneos. De acuerdo con Carreño,

el capital social de Colombia es afectado por el conflicto entre el Estado, grupos guerrilleros y paramilitares. Estos actos de violencia directa, como asesinatos y desplazamientos, destruyen las redes sociales. A la vez que, el control territorial de los grupos armados ilegales socava las instituciones estatales, dando paso a la corrupción y destruyendo la confianza institucional. (p. 10)

Sin embargo, ^{Habermas (1981)} señalaba, en oposición al individualismo metodológico de la sociología burguesa y al individualismo práctico de la filosofía moral inglesa y francesa, que el ser humano no es un ente abstracto ínsito a lo individual, sino, por el contrario, es el resultado del conjunto de relaciones sociales. En tal sentido, y como afirma ^{Coleman (2011}, p. 284), los individuos no actúan solos, las metas no se alcanzan independientemente y los intereses no son totalmente egoístas. Las personas usan recursos sociales para alcanzar metas e instrumentalizan estos recursos.

Resulta improbable pensar, entonces, que el sistema social se encuentre conformado solo a través de la combinación de intereses particulares de los individuos, y que el Estado solo está para garantizar estas acciones. Por el contrario, existe la necesidad de volver a centrar la atención en la acción social, colectiva y de grupo, y de concientizar a los individuos que a través de la acción cívica y social se potencian las capacidades individuales, con lo que se facilita la respuesta solidaria a necesidades y problemas que no necesariamente deben ser agenciados bajo la racionalidad económica, que de por sí es excluyente, o por mediaciones de tipo clientelar que refuerzan la apropiación privada de los bienes y servicios públicos. Todo esto exige un mayor compromiso público, mayor confianza, más escenarios comunes y puntos de encuentro que faciliten el agenciamiento de lo colectivo y el fortalecimiento del capital social.

Esa acción cívica y social demanda de los ciudadanos capacidad de diálogo y concertación, no violencia e imposición. Tantas décadas de guerra que ha vivido un país como Colombia han contribuido también a exacerbar el valor de la confrontación y de la desconfianza. El otro es visto en general como un enemigo frente al cual hay que adoptar una actitud defensiva. El miedo, el temor, la delación, son conductas recurrentes en la actualidad, que sumadas al egoísmo y al individualismo, generan una gran descapitalización social.

A partir de estos elementos, resulta clave preguntarnos: ¿Sociedades orientadas por motivaciones individuales, egoístas, con individuos socialmente aislados, que favorecen la violencia en vez del diálogo impiden la consolidación de un capital social que permita a la ciudadanía enfrentar los grandes desafíos comunitarios?

Esta apuesta investigativa considera que la primacía del individualismo y el egoísmo, como valores orientadores de la dinámica capitalista, aunado a un factor como la violencia generalizada en el caso colombiano, viene produciendo rupturas sensibles en el tejido social y restringiendo el mejoramiento de los niveles de capital social y el efectivo agenciamiento de las necesidades colectivas de la ciudadanía. Esta situación es mucho más evidente en el departamento de Cundinamarca por sus elevados niveles de desconfianza, bajos niveles de asociatividad y procesos electorales caracterizados por relacionamientos ampliamente clientelares. Sin embargo, este fenómeno puede llegar a presentarse de manera diferenciada en el territorio departamental, atendiendo a características geográficas y demográficas.

Para abordar estos interrogantes, se ha propuesto como objetivo central determinar los actuales niveles de confianza, compromiso cívico y participación política en el departamento de Cundinamarca y la relación del fortalecimiento del capital social con los procesos de cambio social liderados por la ciudadanía. En específico, este propósito general exige el diseño de una metodología de medición que nos permita determinar los actuales niveles de capital social en el departamento, a partir de sus principales elementos constitutivos.

La idea de medir los niveles de capital social dentro de determinado contexto no es nada nueva, sin embargo, los diversos ejercicios que se han efectuado vienen concentrándose en una multiplicidad de factores que componen el capital social, por lo que resulta difícil centrar la atención en los más relevantes y resaltar las bondades de aquellos factores que realmente miden y dan cuenta del capital social. Igualmente, aunque la mayoría de las investigaciones se han esforzado por la inclusión de indicadores que se construyen a partir de información objetiva y verificable, una gran limitación sigue siendo la necesidad de combinar estas modelaciones con información secundaria y que atiende a percepciones de expertos o encuestas a ciudadanos, situación que no está exenta de sesgos. Por otro lado, una restricción considerable al ejercicio de medición se relaciona con la disponibilidad de información en series de tiempo mucho más amplia, lo cual dificulta el ejercicio de análisis comparado del fenómeno y su posible evolución.

Estos elementos cuantitativos, así como los principales estudios teóricos sobre el capital social, obligan a indagar de manera más detallada si los niveles de capital social actuales en el departamento de Cundinamarca responden a una relación directa con elementos como la confianza, la asociatividad y, por supuesto, la participación política como dimensiones sólidas y que permiten en gran medida recoger y sintetizar los principales atributos del capital social. Un elemento adicional resulta de llevar este tipo de análisis y mediciones al nivel subnacional, lo que, de alguna manera, permite fortalecer la actual evidencia empírica que se tiene sobre los territorios y determinar con mayor exactitud el comportamiento del fenómeno, de modo tal que se puedan establecer niveles de relación y, en la medida de lo posible, de causalidad.

Finalmente, y una vez obtenidos los resultados de los modelamientos para la medición de capital social, se realizará la presentación y el análisis de los resultados con el ánimo de contribuir a la discusión académica en torno al estudio de los componentes o elementos constitutivos del capital social, su modelamiento lógico y una aproximación para establecer una estrategia de medición.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de los objetivos planteados, se adelantó un proceso investigativo exploratorio, con un diseño secuencial explicativo desarrollado en dos etapas: la primera con un importante componente cuantitativo y de medición y la segunda con un componente cualitativo y de validación de resultados. El primer esfuerzo estuvo encaminado hacia la adopción de un concepto teórico de capital social que orientara todo el ejercicio investigativo y, a partir de allí, su operacionalización, tomando como referencia las más importantes dimensiones, variables e indicadores que faciliten su medición y comprensión.

Operacionalización del índice de capital social

El índice de capital social (ICS) está en función de la confianza (C), el compromiso cívico (Cc) y la participación política (Pp) observable en cada uno de los niveles subnacionales que vayan a ser objeto de análisis.

Donde:

Cs = ICS

X_i = los valores de cada uno de los componentes del ICS, es decir, de la confianza, el compromiso cívico y la participación política.

Q = el número de componentes que conforman el ICS, en este caso, son 3.

De esta manera, el ICS queda desagregado de la siguiente forma:

Donde:

C = confianza

C = compromiso cívico

P _p = participación política

Q = el número de componentes que conforman el ICS

Cada una de estas dimensiones está conformada por unas variables que explican el comportamiento de la confianza, el compromiso cívico y la participación política a nivel subnacional, las cuales se desagregan en la tabla 1.

Tabla 1 Indicadores de las dimensiones e ICS 

Fuente: Elaboración propia.

RESULTADOS

De acuerdo con el concepto y la operacionalización efectuada, el ICS está determinado por el promedio simple de las dimensiones confianza, compromiso cívico y participación política. En la tabla 2, se presentan los indicadores de cada una de las dimensiones y el ICS a nivel departamental y por estratos municipales.

Tabla 2 Resultados de los indicadores de las dimensiones e ICS 

Fuente: Elaboración propia.

Así las cosas, el ICS en el departamento de Cundinamarca se ubica en 52,9 puntos, lo que señala unos niveles medios de confianza, compromiso cívico y participación política. Analizando cada uno de los tres indicadores de las dimensiones, se puede observar cómo la participación política (en términos electorales) refleja el mayor puntaje, que equivale al 60,1 % de los votos válidos depositados por los ciudadanos para la elección de los miembros de los concejos municipales. Por su parte, la confianza medida a nivel interpersonal y hacia las instituciones públicas locales se encuentra representada en un indicador de 53,3 puntos. El indicador más bajo de las dimensiones del ICS es el de compromiso cívico (medido en términos de asociatividad y activismo), el cual se ubica en los 45,4 puntos. En los grupos de municipios, se puede apreciar como el ICS y cada una de las dimensiones que lo conforman presenta puntajes altos en las entidades territoriales rurales si se compara con los municipios mayoritariamente urbanos (véase figura 1).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1 Indicadores de las dimensiones e ICS por estratos. 

El indicador de confianza departamental es de 53,3 puntos, lo cual denota que en el departamento las personas presentan niveles medios de confianza hacia sus semejantes y con las instituciones locales presentes en sus municipios. Sin embargo, su comportamiento no es homogéneo, sino que hay una transición decreciente para cada uno de los estratos, pasando de 64,1 en los rurales dispersos, hasta llegar al valor más bajo de 51 en los municipios urbanos.

Similar al resultado departamental, en todos los grupos de municipios, la dimensión de compromiso cívico obtuvo el menor puntaje, que va desde los 51,1 puntos en los municipios mayoritariamente urbanos hasta los 59,1 en los municipios rurales dispersos, los cuales presentan el mayor valor entre los cuatro estratos de las entidades territoriales, lo que indica, en términos generales, que la mayoría de los habitantes del departamento no se asocia para actuar en comunidad, mediante lazos cooperativos en la búsqueda de la consecución de intereses individuales o comunitarios.

En lo que respecta a la tendencia de participación política, esta es la que muestra mejores resultados a nivel departamental, con un indicador de 60,1; sin embargo, su tendencia también es decreciente entre los municipios rurales dispersos a mayoritariamente urbanos, pasando de 68,03 en los primeros y llegando a 58 en los últimos. Realizando un cruce de los resultados entre las tres dimensiones, se puede constatar que, a nivel departamental, un 22 % de los ciudadanos encuestados confían en otros individuos, pertenecen a organizaciones de base y, a su vez, participan activamente en los procesos político-electorales. Este porcentaje denota un nivel bajo de ciudadanos que poseen valores altruistas como la confianza, la solidaridad y la cooperación, que les permite pertenecer a organizaciones sociales. En términos de Putnam (2011), esta proporción de ciudadanos presenta las características de las comunidades cívicas, interesados en los asuntos públicos, sobre la base de la tolerancia, la confianza y la solidaridad.

Se puede afirmar que en los municipios rurales dispersos y rurales los stocks de capital social son más fuertes que en los municipios urbanos: el 37 % de los encuestados de los municipios rurales dispersos cumple con estas tres condiciones, mientras que solo el 17 % de los habitantes de las entidades territoriales mayoritariamente urbanas poseen esta connotación. En las comunidades rurales, el capital social es una fuente de desarrollo local a partir de la cooperación, la acción conjunta y el trabajo, el cual surge en ambientes donde la cercanía, la proximidad y el contacto cotidiano son la constante (^{Durston, 2002}, p. 30). Por otra parte, los hombres poseen mayores niveles de confianza, asociatividad y participación político-electoral en comparación con las mujeres: un 26 % de los ciudadanos masculinos del departamento cumplen con esta condición frente a un 18 % de las mujeres.

El 10 % de los habitantes cundinamarqueses señalaron no confiar en nadie, no pertenecer a ninguna organización civil y no participar en las pasadas elecciones locales, comportamiento que fue más evidente en los municipios mayoritariamente urbanos, donde el 12 % de los habitantes cumplen con estas condiciones. Esto manifiesta que las prácticas aislacionistas e individualistas priman y son más notorias en las entidades territoriales urbanas; factores como la ocupación laboral, el desinterés por participar en acciones colectivas y el atomismo no permiten el relacionamiento cotidiano con personas lejanas a los círculos sociales de los individuos, lo que impide la sociabilidad entre los individuos en el contexto urbano y debilita el tejido social.

La anterior condición no se cumple en los municipios rurales dispersos, ya que ningún ciudadano manifestó desconfiar de sus semejantes y alejarse de los asuntos públicos. Tanto en los municipios rurales dispersos como rurales, ninguno de los ciudadanos encuestados presenta este comportamiento de desconfianza social y nula participación política, que, en términos de ^{Durston (2002}), son características de la existencia de un capital social comunitario, cargado de valores identitarios y culturales homogéneos que permiten el trabajo cooperativo y colectivo de los habitantes rurales, basado en la confianza y la solidaridad entre los individuos.

A nivel departamental, se puede apreciar la relación entre la confianza interpersonal y la asociatividad en un 54 %. El 26 % de los ciudadanos del departamento confían en las personas y hacen parte de alguna organización social y, por el contrario, el 27 % de las personas encuestadas no confían en ninguna persona y no pertenecen a ninguna organización civil. En los grupos de municipios, la relación de causalidad entre la confianza y la asociatividad es mayor en las entidades territoriales rurales e intermedias, que fue de un 62 y un 61 %, respectivamente. En los municipios rurales e intermedios, el 43 y el 36 % de los ciudadanos encuestados confían en las demás personas y, a su vez, pertenecen a alguna organización civil. En los municipios intermedios y mayoritariamente urbanos, esta relación de confianza y asociatividad ciudadana es del 25 y el 29 %, respectivamente.

De acuerdo con el análisis de género, los hombres tienden a confiar y asociarse más que las mujeres. El 31 % de los hombres del departamento cumplen con esta condición; en contraposición, solo el 22 % de las mujeres confían en los demás y pertenecen a organizaciones sociales. Esta tendencia se repite de manera similar en todos los grupos de municipios.

Los resultados por grupos de municipios permiten afirmar que las relaciones de confianza y asociatividad son mayores en los municipios rurales dispersos y rurales que en los municipios mayoritariamente urbanos. En términos de Putnam, en estos municipios, la confianza mutua inspira hábitos de cooperación y solidaridad con los demás, lo cual ayuda a la conformación de organizaciones civiles, "más aún, cuando las personas pertenecen a diferentes grupos con diferentes metas y miembros, sus actitudes tenderán a moderarse a consecuencia de la interacción social y las presiones contrarias" (2011, p. 110).

De acuerdo con los anteriores resultados, las personas de los municipios rurales dispersos y rurales tienden a confiar más en sus semejantes, pertenecer a diferentes organizaciones civiles y, a su vez, a participar en los procesos políticos electorales en mayor medida que los ciudadanos de las entidades territoriales mayoritariamente urbanas.

CONCLUSIONES

A pesar de los esfuerzos realizados en diversas investigaciones para generar indicadores orientados a la medición de capital social, son múltiples los indicadores empleados, por lo cual resulta complejo aproximarse a una medición confiable y centrar un mejor análisis en ellos; por esto, la propuesta metodológica expuesta en este artículo pretende ser una herramienta de medición que, por una parte, sintetice sus indicadores, sin perder su robustez, e incluya los principales elementos teóricos del concepto operacionalizado. Por otra, al medir los niveles de capital social para el departamento de Cundinamarca, la investigación logró establecer las categorías analíticas que componen este concepto, tomando en consideración la confianza, el compromiso cívico y la participación política como determinantes clave que dan cuenta de la efectividad en el agencia-miento de las necesidades colectivas de los ciudadanos y así establecer las diferentes dinámicas y medidas que alcanzan estas categorías a lo largo del territorio departamental.

A partir de este ejercicio, se evidenció que el departamento cuenta con un nivel bajo de capital social, esencialmente por los limitados niveles de confianza, que impiden el afianzamiento posterior de la acción colectiva, representado en un mayor compromiso cívico. Sin embargo, y como una determinante que mantiene un comportamiento atípico, la participación política cuenta con unos niveles aceptables en el departamento, así como en cada uno de los estratos municipales medidos, por ello dicho comportamiento puede responder a variables externas y no, por el contrario, a la lógica constructiva del capital social, en el cual, a mayor nivel de confianza y compromiso cívico, mayor participación política.

En particular, los bajos niveles de confianza (con 53,1 puntos) y compromiso cívico (que apenas alcanzan 45,4 puntos) han impedido la consolidación del capital social en el departamento, a causa de la desconfianza social entre los individuos y hacia las instituciones públicas; el poco interés ciudadano por asociarse, y la desafección por los asuntos políticos y de control social, han causado efectos negativos que atentan, no solo contra el mejoramiento del capital social, sino que también repercuten en el tejido comunitario y la configuración de una identidad colectiva.

Desde un análisis meramente teórico, y atendiendo al contexto colombiano, esta investigación considera que los bajos niveles de capital social, que actualmente caracterizan el departamento, pueden ser explicados a partir de elementos inhibidores, por ejemplo el egoísmo y el individualismo, como valores rectores de las relaciones sociales, así como de un escenario violento que profundiza mucho más la desconfianza hacia los semejantes, alejando la posibilidad de relacionamiento y, por el contrario, deteriorando progresivamente el tejido social y la capacidad de respuesta colectiva a las necesidades sociales.

El primer escenario, en el cual el individualismo ha trascendido a un nivel más dramático como es el egoísmo, este es uno de los mayores obstáculos para cimentar relaciones sociales y favorecer la acción coordinada de los ciudadanos, caracterizado esencialmente por acciones particulares, aisladas y desarticuladas que alejan al individuo de la vida social y comunitaria que le rodea (^{Durkheim, 1967}; ^{Girola, 1999}; ^{Lukes, 1984}).

Esta situación se comprueba en el departamento, ya que sus habitantes tienden a confiar en mayor grado en grupos con los cuales se han forjado relaciones afectivas cercanas o se comparten lazos de consanguineidad; sin embargo, los lazos interpersonales con las personas desconocidas y los grupos poblacionales heterogéneos y distantes son débiles, tienen baja frecuencia de acercamiento y relacionamiento y, por ende, menor contacto e intensidad en la cotidianidad.

Tantas décadas de guerra que ha vivido un país como Colombia han contribuido también a exacerbar el valor de la confrontación y de la desconfianza. El otro es visto, en general, como un enemigo frente al cual hay que adoptar una actitud defensiva. El miedo, el temor y la delación son conductas recurrentes en la actualidad, que, sumadas al egoísmo y al individualismo, generan una gran descapitalización social.

El conflicto armado ha impedido la consolidación de la institucionalidad estatal en los territorios y las regiones periféricas colombianas y agravado las condiciones sociales de los habitantes rurales. La dificultad que poseen los campesinos y las personas del campo para acceder a servicios y bienes públicos acrecienta más la brecha entre lo rural y lo urbano, lo que contribuye a la generación de mayor violencia en el país.

Esta fragilidad de las instituciones públicas ocasiona sentimientos de desconfianza y apatía hacia ellas, por su bajo rendimiento para atender problemas sociales, entre estos, la violencia y la inseguridad percibida por los ciudadanos.

Por todo lo anterior, la desconfianza social impulsada por los fenómenos de la violencia y el conflicto armado interno colombiano han contribuido a la reducción del capital social al romper los vínculos comunitarios, no solo por las secuelas perversas de la guerra, sino también por la fragilidad del tejido social causada por el choque cultural y social entre los desplazados y los habitantes de las ciudades.

La violencia atenta contra el tejido social y debilita a las organizaciones comunitarias, debido a que se disminuye la capacidad de acción de las asociaciones, "al debilitarse la cohesión y confianza entre sus miembros, y en los hogares se reduce la habilidad de funcionar efectivamente como una unidad" (Latorre, 2004, p. 9). La situación de violencia genera impactos negativos en las comunidades, pues, al gestar desconfianza e inseguridad, los ciudadanos tienden a apartarse de los lugares de riesgo, como los espacios públicos, con lo que restringen e imposibilitan los escenarios de participación y las actividades comunitarias.

Además, la violencia e inseguridad afectan el desarrollo social, económico y las pautas democráticas. Los ciudadanos tienden a apoyar discursos ligados al orden, la autoridad y la supresión de libertades y derechos fundamentales, lo cual restringe la participación política y cívica comunitaria. Además, las normas y los valores que cimentan el capital social (confianza, solidaridad, mutualidad y cooperación) se ven afectados por prácticas asociadas a la coacción y la intimidación.

De acuerdo con Moser y Shrader (1999), citados por Latorre (2004, p. 9), la violencia es un factor negativo que influye en el debilitamiento del capital social, al reducir la confianza, la solidaridad y la cooperación entre los miembros de las organizaciones sociales y las comunidades. Asimismo, afirma que la violencia permea las esferas sociales y permite la aparición de conductas delictivas relacionadas con el narcotráfico, la corrupción del aparato judicial, la división de la población, las violaciones a los derechos humanos, las altas tasas de impunidad, lo cual reduce la capacidad gubernamental de las instituciones públicas para atender problemas sociales ligados con los actos violentos.

Finalmente, los procesos de fortalecimiento de capital social, como estrategia de superación del conflicto en Colombia, la violencia y el individualismo, deben estar acompañados a la par de una vigorosa acción ciudadana y del Estado, que fomente mayores niveles de confianza interpersonal y en las instituciones y permita un mayor relacionamiento social acompañado de activismo social que facilite la acción coordinada y la colaboración entre Estado y ciudadanía para el agenciamiento y la solución de necesidades colectivas.