La visión neoclásica, la naturaleza y la productividad

Este enfoque económico se consolida con León Walras y su obra Elementos de economía política pura (1987), y se fundamenta en el principio del equilibrio y en los modelos matemáticos que reflejan ese principio. Walras Afirma que

Lo que resulta seguro es que las ciencias fisicomatemáticas, al igual que las ciencias matemáticas propiamente dicha, sobrepasan las fronteras de la experiencia, de las que han tomado sus tipos. Estas ciencias abstraen de los tipos reales los tipos ideales que definen y, sobre la base de estas definiciones, construyen a priori todo el andamiaje de sus teoremas y demostraciones. Tras de esto retornan a la experiencia. No para confirmarlos, sino para aplicar sus conclusiones. (p. 163)

La característica esencial de la economía neoclásica es el abandono del proceso productivo como basamento de la economía para orientarse a la búsqueda del equilibrio como expresión de la dinámica del sistema capitalista. Ese abandono se realiza para trasladarse a su expresión más simple, el mercado. Al desplazar el proceso productivo a un nivel secundario, su reflexión enfatiza en la propiedad privada, en la oferta, en la demanda y en la libre competencia. Para Walras: "La humanidad ha caminado siempre pacientemente desde el desorden inicial de los fenómenos hacia el orden final de los principios. En resumen, la naturaleza solo hace las cosas apropiables, la humanidad lleva a cabo la apropiación" (p. 19).

Por su parte, el austriaco Friedrich Hayek en su obra Camino de servidumbre (2008) critica el colectivismo y la planificación socialista y el Estado interventor de la economía y, por el contrario, defiende la idea de un liberalismo como sistema que puede conducir a la economía capitalista a un equilibrio dinámico. Para Hayek, la democracia es un medio, un expediente utilitario para salvaguardar la paz interna y la libertad individual. Los fines sociales es la coincidencia o el resultado de la concertación para su consecución por parte de los individuos.

El "objetivo social" o el "designio común", para el que ha de organizarse la sociedad, se describe frecuentemente de un modo vago, como el "bien común", o el "bienestar general", o el "interés general2. No se necesita -argumenta Hayek- mucha reflexión para comprender que estas expresiones carecen de un significado suficientemente definido para determinar una vía de acción cierta. El bienestar y la felicidad de millones de gentes no pueden medirse con una sola escala de menos y más. El bienestar de un pueblo, como la felicidad de un hombre, depende de una multitud de cosas que pueden lograrse por una infinita variedad de combinaciones (Hayek, 2008,)

No es posible -sostiene Hayek- dirigir la actividad económica de acuerdo con un solo plan, porque la gente presenta opiniones opuestas sobre la cuestión económica y prima el desacuerdo sobre lo que se debe hacer, ya que en las sociedades libres no hay ocasión para pensar sobre ellas, y además no existe un código ético tan completo. Y agrega que al hombre le es imposible abarcar un campo ilimitado y sentir la urgencia de un número ilimitado de necesidades. Y los fines de que puede ocuparse serán tan solo una fracción de las necesidades de todos los hombres. Reitera que se carece de una escala de valores que lo abarque todo, y además el sistema de fines del individuo debe ser supremo, dentro de estas esferas, y no estar sujeto al dictado de los demás.

Milton y Rose Friedman, otros representantes del enfoque neoclásico de la economía, en su obra La Libertad de Elegir (1997) corroboran el individualismo, alentando los cambios a favor de la iniciativa privada y en contra de cualquier iniciativa que apunte hacia el colectivismo. Sobre este particular se preguntan sobre el rol que el Estado debe asignar a los gobiernos en el ejercicio del grado más alto de libertad que el individuo, el ciudadano de una sociedad organizada, debe alcanzar y se responden apoyándose en el filósofo y economista escoces Adam Smith, para reiterar los 3 deberes que este pensador le asigna a la organización estatal a propósito de la libertad económica de los individuos: i) la obligación de proteger a la sociedad de la violencia y de la invasión de otras sociedades independientes, ii) la obligación de proteger a los miembros de la sociedad de la injusticia y de la opresión, es decir, administrar justicia; iii) realizar y conservar determinadas obras públicas y determinadas instituciones públicas.

La libertad económica, para Milton y Rose Friedman, debe apuntar, sobre todo en época de depresión o de crisis, a eliminar las barreras, no a aumentarlas. Una sociedad que anteponga a la libertad la igualdad -en el sentido de los resultados- acabará sin una ni otra. El uso de la fuerza para lograr la igualdad destruirá la libertad, y la fuerza, introducida con buenas intenciones, acabará en manos de personas que la emplearán en pro de sus propios intereses (^{Friedman y Friedman, 1997}, p. 209).

La visión neoclásica de la economía, en síntesis, no incorpora una valoración sobre el territorio, en el cual tienen lugar los procesos económicos. Sus análisis lo basan en la explicación del proceso de generación costo-beneficio a partir de la concurrencia de los factores productivos capital-trabajo, que homogeneizan a partir de la forma de valores monetarios. En fin, la economía neoclásica interpreta y pone a gravitar la dinámica social en la suma de las actuaciones de los individuos, cuyos fines se encuentran previamente determinados, y son ellos los que modelan las relaciones económicas y sociales.

Las críticas a la economía neoclásica

Nicholas Georgescu-Roegen en su obra La ley de la entropía y el proceso económico (1971) vincula al análisis del proceso económico la termodinámica (la ley de la entropía como segundo principio) y la biología para dar lugar al surgimiento de la bioeconomía, denominada también como economía ecológica. Georgescu señala que, para los fundadores de la economía neoclásica, la aspiración principal es crear una ciencia económica de acuerdo con el modelo exacto de la mecánica (^{Georgescu-Roegen, 1996}, pp. 45-46). Es decir, para la economía moderna, el proceso económico es independiente, cuyo nexo con la naturaleza se reduce a su relación con la tierra como simple factor de producción. Para Georgescu-Roegen, por el contrario, los procesos económicos no son mecánicos, guardan relación con las transformaciones en la física, con el surgimiento de la termodinámica y con la ley de la entropía, como una ley de la naturaleza, base de la economía de la vida.

La ley de la entropía ayuda a comprender el proceso económico y los objetivos de una economía humana. El primero de ellos es la conservación de la especie, lo que exige la satisfacción de las necesidades básicas. El proceso económico lleva implícito la transformación de baja en alta entropía. El sector manufacturero y sus productos industriales dependen de los flujos corrientes de la agricultura y la minería. Sin estos no habría nada que manufacturar. Aunque estos sectores también son tributarios de los sectores industriales en cuanto las herramientas y los recursos técnicos usados.

En consecuencia, el crecimiento económico en sí mismo no es la solución a los problemas de la economía y es, por el contrario, la causa principal de los problemas ambientales, porque es imposible un crecimiento exponencial en medio de un ambiente que es finito. Adicionalmente, se debe controlar el crecimiento de la población acorde con las limitaciones de la agricultura ecológica. Sin demeritar los aportes de la mecanización y la tecnología, Georgescu-Roegen propone la necesidad de reflexionar sobre su uso, considerando siempre los recursos finitos del planeta.

René Passet, otro exponente de los Principios de la Bioeconomía, afirma que no se trata de cuestionar la especificidad de lo económico, sino la pretensión de algunos de considerar la actividad económica como independiente del conjunto de las relaciones humanas o de los fenómenos de la biosfera de la que forma parte. Reivindica, por tanto, la necesidad de adoptar un enfoque bioeconomico, pluridimensional, para colocar a la economía al servicio de los seres humanos y en armonía con la naturaleza, para asegurar así "el correcto funcionamiento de la biosfera" (^{Passet, 1996}, p. 27).

Passet valida la elección de una teoría global, de enfoque pluridimensional, frente a la cuestión del desarrollo sostenible, que asume como un crecimiento multidimensional de la complejidad, para inferir las condiciones de una inserción duradera de las actividades humanas en el medio que la sustenta, considerando los ataques globales contra la biosfera con sus consecuencias nocivas como el agujero de la capa de ozono de la atmosfera, el efecto invernadero y el empobrecimiento de la biodiversidad.

La actividad económica se desarrolla en un entorno vivo al que impacta y, en consecuencia, su lógica debiera ser la lógica de la biosfera. Pero la concepción reduccionista de la economía moderna se ciñe a los ámbitos de la producción y el intercambio, imposibilitada, por tanto, para situar los acontecimientos en su coherencia global.

Los modelos de desarrollo o política económica en los cuales se cristalizan los postulados neoclásicos de la economía se constituyen en el blanco de la crítica de Rene Passet, porque en dichos postulados aparece el crecimiento económico como finalidad, a la cual se supedita la lógica del desarrollo, según la cual la inversión privada asegura la rentabilidad del capital, sin considerar el óptimo social y la reproducción de la biosfera. La inversión pública se asume desde la relación costo-beneficio, incluido el valor de los espacios verdes y la contaminación acústica, atmosférica, etc. De esta manera, sostiene Passet, la teoría neoclásica subordina el orden humano al orden de las cosas.

Por su parte, Enrique Leff en su obra La Racionalidad Ambiental (2004) se distancia del concepto del desarrollo sostenible y sostiene que la sustentabilidad emerge como una Ley límite de la naturaleza, porque la crisis ambiental cuestiona los fundamentos ideológicos y teóricos impulsados por el crecimiento económico, que niega la interacción de naturaleza y cultura, dislocando así la relación entre lo real y lo simbólico. Dice además que el principio de la sustentabilidad ecológica se establece como criterio normativo para la reconstrucción del orden económico, condición para la supervivencia humana.

Afirma además Enrique Leff, que con la crisis ambiental, la economía ya no enfrenta problemas de escasez relativa de recursos, sino que enfrenta una escasez global, generada por la destrucción de las condiciones ecológicas de sustentabilidad de la economía, consecuencia de los niveles de entropía generados por el proceso económico a escala planetaria: deforestación, contaminación del aire, agua y suelos y calentamiento global, y en medio de esta crisis emerge la entropía como la Ley Límite de la racionalidad económica que nos permite comprender que la naturaleza debe sobreponerse a las falacias, las ficciones y las especulaciones del discurso del desarrollo sostenible.

Apoyándose en Georgescu-Roegen, Leff considera que el reconocimiento de la entropía como ley límite de la naturaleza nos permite identificar, a su vez, nuestras limitaciones en relación con el espacio, el tiempo, la materia y la energía. Nos dice además que la Bioeconomía propuestas por Georgescu-Roegen sienta las bases para comprender la insustentabilidad de la economía, en la medida que opera un incremento de entropía en los procesos de producción y consumo, producidos por la racionalidad económica. Plantea, con-secuencialmente, que el reto que surge es saber si la productividad de la vida puede equilibrar la degradación entrópica que revierte el principio del consumo productivo de la naturaleza.

Arriba, de esa manera, al nuevo enfoque de la economía, la Bioeconomía, pero no asume esta nueva ciencia como un sistema cerrado, a partir de la relación entre economía y entropía (Georges-cu-Roegen), sino que considera la biosfera como un sistema abierto que recibe energía radiante del sol, que es transformada en biomasa a través de la fotosíntesis. Por tal razón, la Bioeconomía debiera fundar un nuevo paradigma económico, concebido a partir de procesos negantrópicos, basado en el potencial productivo de los sistemas vivos y de la organización cultural, porque si los sistemas tecnológicos maximizan la degradación entrópica, los sistemas ecológicos funcionan como orden productivo que dan lugar a la neguentropía.

Colige Leff, en consecuencia, que el cambio social y las transformaciones productivas hacia la sustentabilidad implica la asimilación cultural de los conceptos de entropía y neguentropía, porque la construcción de sociedades sustentables debe levantarse sobre valores culturales y sobre la movilización de la sociedad, en procura de la participación en procesos de apropiación de la naturaleza y el ejercicio de la autonomía y la autodeterminación. Es el territorio el lugar donde se articulan identidades culturales y potencialidades ecológicas y donde convergen los tiempos de la sustentabilidad, los procesos de restauración, de innovación y asimilación tecnológica. Por lo tanto, el desafío es abrir el cerco homogeneizador del pensamiento único que agencia la globalización y reconocer las singularidades locales, para avanzar hacia una racionalidad ambiental que sea capaz de potenciar el sentido de lo real, la ecología y el sentido de lo simbólico, la cultura.

En la misma dirección, Manfred ^{Max-Neef y Philip Smith (2011)} profundizan las críticas a los enfoques neoclásicos y del sistema económico dominante hoy en el mundo. Resaltan las profundas heridas y Las Venas Abiertas no solo en América Latina, sino en el mundo entero. Afirman de manera categórica en su obra La Economía Desenmascarada que el sistema capitalista neoliberal conduce no solo a la gran mayoría de la humanidad a vivir en la indignidad y en la pobreza, sino que constituye una amenaza para todas las formas de vida del planeta. Sus críticas parten de cuestionar el carácter de ciencia de la economía. Consideran sí que es una "disciplina cuya función es construir modelos matemáticos que pretenden interpretar y representar los procesos del mundo en que vivimos" (2011, p. 5). Sostienen además que, para los defensores de estos modelos matemáticos, cuando fracasan las políticas económicas que recomiendan a los Estados y a las agencias internacionales, la responsabilidad recae en la realidad y no en estos acertijos matemáticos y que su obsesión es alcanzar metas cuantitativas de crecimiento, medidas por el producto interno bruto (PIB).

Estos razonamientos les sirven de base a los autores citados para señalar el carácter reduccionista de los enfoques neoclásicos que sustraen sus análisis económicos de la realidad contextual, sin reconocer la interacción de los hechos económicos con el resto del mundo real porque "podrían viciar la validez de los resultados alcanzados" (p. 78). Señalan que el punto al que ha llegado la evolución humana se caracteriza porque se sabe mucho, pero se comprende muy poco. En la base de esta afirmación ubican la relación entre la ciencia y la espiritualidad, para decirnos que el conocimiento no es suficiente y que se requiere de la comprensión para alcanzar la completud de la ciencia, que el mundo occidental y su cultura están integradas por seres incompletos, materialmente hiperdesarrollados y espiritualmente pobres.

No es posible -sostienen- continuar postergando la navegación hacia la comprensión, mediante la adquisición de un lenguaje nuevo que no distorsione la realidad, ni falsifique el conocimiento, ni acreciente la confusión, tal como acostumbran a hacerlo los promotores de la economía neoliberal, alejándose cada vez más de cualquier tipo de sostenibilidad ambiental, amenazando, por el contrario, todas las formas de vida del planeta. No existe, en consecuencia, nada fortuito en el agotamiento de las reservas naturales. La obsesión por el crecimiento de la economía ortodoxa no conduce ni a la sostenibilidad, ni mucho menos a la felicidad humana: aspiraciones loables que en su esencia son extrañas a esta visión del desarrollo socioeconómico que no admite que la economía como ciencia deba acompañarse de valores éticos.

Edgar Morin: Lecciones desde la pandemia

Edgar Morin, exponente del pensamiento complejo, nos dice que asistimos a una crisis planetaria de múltiples rostros (^{Morin, 2011}), de la cual hace parte la crisis del desarrollo, tal como lo concibe el modelo dominante, que ha incrementado la pobreza y la desigualdad en el mundo, ha fomentado la privatización de los servicios públicos y las empresas estatales y ha incrementado la esclavización de los trabajadores en América Latina y en los demás países considerados en vía de desarrollo. A lo anterior le agrega la degradación ecológica debido a la sobreexplotación del petróleo y el carbón, dejando como consecuencia la destrucción de la biosfera, por lo que la crisis presenta un carácter complejo y planetario que por ser ignorado indica que la crisis también es cognitiva. Esta ignorancia, subraya Morin, es la resultante de la compartimentación de los saberes que desintegra los problemas que exigen para su abordaje de la mirada interdisciplinaria.

La alternativa para la superación de esta crisis debe articularse entonces a una reforma del pensamiento que relacione los conocimientos entre sí, que relacione lo global con lo local, y viceversa, como una vía eficaz para la superación de nuestra ceguera, consecuencia de conocimientos parcelados y dispersos. Precisamente, la lección que extrae de la pandemia actual, este pensador de la complejidad, es que la globalización debe regularse y controlarse y que la crisis planetaria nacida del coronavirus:

Pone de manifiesto la comunidad de destino compartido de todos los humanos, ligados inseparablemente al destino bioecológico del planeta Tierra. ..las múltiples muestras de solidaridad que han aparecido durante la pandemia han revelado las carencias de dicha solidaridad en la llamada situación «normal», unas carencias provocadas por el propio desarrollo de nuestra civilización, que reduce enormemente la solidaridad bajo el efecto de un individualismo cada vez más egoísta unido al efecto de una compartimentación social cada vez más fraccionada. De hecho, la solidaridad estaba adormecida en cada uno y se ha despertado con la desgracia vivida en común. (^{Morin, 2020}, p. 29).

Y en muchos lugares del mundo -agrega Morin- las ciencias humanas no ignoran los métodos que son aptos para abordar los problemas complejos, relacionando lo local con lo global, y lo particular con lo general. No obstante, se requieren vías múltiples, cambios sustanciales para modificar la relación entre humanidad y naturaleza para diseñar reformas de civilización, de sociedad y de vida. "Ya existen, en todos los continentes y en todas las naciones, una efervescencia creativa, una multitud de iniciativas locales que avanzan en el sentido de la regeneración". Estas afirmaciones morinianas son reforzadas por nuestros ambientalistas latinoamericanos, que señalan el desarrollo en riesgo y la complejidad que enfrenta el desafío ambiental de la región, debido al estilo de desarrollo predominante, con su marcado consumismo y depredación de la naturaleza que impone el insostenible crecimiento y modelo económico. Es tiempo -señalan nuestros ambientalistas- de que se busquen en las ciencias sociales ideas que conduzcan a nuestro continente latinoamericano a lograr mejores condiciones de vida, asignándole a la dimensión ambiental un papel preponderante.

Un nuevo camino sustentable para el desarrollo territorial

El desarrollo territorial se asume en este trabajo como la adopción de estrategias que hagan posible avanzar en Colombia hacia el pleno ejercicio de la autonomía de las entidades territoriales, propiciando para ello la descentralización espacial, habida cuenta de que la actual descentralización política, administrativa y financiera, o está agotada en su posibilidades de alcanzar nuevos niveles de participación o inserción política de los pueblos originarios, los sectores sociales y las ciudadanías activas, o ha sido reversada, operándose un proceso de retroceso o recentralización política. Este proceso de descentralización espacial debe apuntar a la integración de las diversas actividades humanas, sociales, económicas, ecológicas y culturales, en una interacción creativa con la naturaleza.

Por tanto, la búsqueda de un camino para transitar hacia la sustentabilidad del desarrollo territorial, articulada, de hecho, a otras búsquedas que hoy se realizan en las distintas regiones del continente latinoamericano, exige desde la racionalidad y complejidad ambiental, examinar el tipo de Estado y la organización territorial que se ha dado la nación colombiana a lo largo de 200 años de vida independiente, como también el examen crítico de la política económica nacional, porque es evidente que el modelo minero-energético agenciado por el Gobierno nacional atenta contra el proclamado desarrollo territorial, social y humano.

Son necesarios, por el contrario, análisis multidimensionales que permitan la superación de los sesgos reduccionistas y de coyuntura; lo cual exige, en medio de las incertidumbres, el diseño de estrategias que apunten hacia el ejercicio pleno y eficaz de la autonomía territorial y hacia la identificación de distintos escenarios para la acción política, económica y cultural de los actores sociales, los cuales deben ser consciente, a su vez, de que "es necesario, a menudo, abandonar las soluciones que solucionaban las viejas crisis y elaborar soluciones novedosas" (^{Morin, 1996}, p. 117).

Es procedente entonces recabar en nuestra historia política como una fuente de conocimiento y una estrategia insustituible de investigación. El punto de partida es considerar como un hecho notorio y protuberante del proceso de construcción del Estado-nación en Colombia, su devenir aparejado a los conflictos políticos, sociales y armados (guerras civiles) que tienen lugar a partir de la cuarta década del siglo XIX (guerra de Los Supremos) y que pasa por una sucesión de guerras locales, regionales y nacionales; por la guerra de los Mil Días; por el llamado periodo de La Violencia; se prolongan hasta el presente en la tercera década del siglo XXI, y nos muestran a las claras la existencia de una élite política y económica que encarna y agencia una cultura política, caracterizada por el caciquismo, la intolerancia y el pánico a las diferencias y a las controversias democráticas.

Nuestro devenir histórico presenta una extraña coincidencia: en la Colombia de hoy estamos frente a la existencia de un Estado-nación con insalvables dificultades en su proceso de construcción, por las limitaciones epistémicas¹ y sociopolíticas de dicho proceso, y al mismo tiempo asistimos a la globalización económica, política y cultural que ahora desarticula la unidad de dicho binomio, reduciendo el rol de las autoridades estatales a sus mínimas funciones históricas de preservación de la seguridad y la justicia para el sector empresarial (la seguridad jurídica para el capital privado), al tiempo que presenciamos el avance del colonialismo interno, que en nuestra caso equivale a decir avance en el deterioro de nuestros recursos naturales y el desconocimiento de la diversidad regional de nuestra nación multiétnica y pluricultural.

La existencia en nuestro país de un Estado Unitario a lo largo de su historia (con breves y excepcionales períodos como los Estados federales de la Confederación Granadina y los Estados Unidos de Colombia), caracterizado por agenciar regímenes centralistas, con estrategias monoculturales, desconocedoras de la diversidad de los vastos conglomerados humanos, asentados históricamente en las distintas regiones del país. Estado Unitario que, desde el inicio de la república independiente, prosiguió, tal como lo hiciera el Estado Colonial, el proceso sistemático de genocidio físico y cultural de nuestros pueblos originarios. Y en el conjunto del continente latinoamericano, de acuerdo con Boaventura de Sousa Santos, este genocidio se agudizó a fines de los años ochenta del siglo XX, con el inicio de la globalización neoliberal que arrasa con derechos esenciales de los pueblos indígenas (Sousa Santos, 2010, p. 9).

No obstante, o seguramente por ese mismo despotismo que excluye y extermina, este Estado unitario no ha sido capaz de cohesionar a lo largo del siglo XX, ni en lo que va corrido del siglo XXI, una nación históricamente fragmentada y excluyente. No han faltado las declaraciones y la confesión de buenos propósitos desde el período de La Regeneración o gobiernos de Rafael Núñez y la Hegemonía Conservadora (1886 - 1930), los gobiernos de la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo (1934 -1938 y 1942 -1945), pasando por los gobiernos del Frente Nacional (1958 -1978) y los posteriores a esta estrategia de unidad política de la élite dominante (1978 -1998), hasta llegar a los gobiernos de este tercer milenio, sin que hasta la presente se haya alcanzado la unidad y la cohesión de la nación colombiana.

Durante este largo período se han presentado continuidades y rupturas, debido a diversos factores, como el conflicto social y armado y los conflictos territoriales asociados a los anteriores. No obstante, en la estructura profunda de dichos conflictos encontramos la cultura política antidemocrática de la élite dominante, que es la que religa los distintos periodos de nuestra historia política y social. En nuestro país, los sectores dominantes se han caracterizado, como rasgo general, por la intolerancia, el individualismo, el caciquismo, la búsqueda del enriquecimiento fácil, la negación del otro, el pánico a las diferencias y a las controversias democráticas y el afán desmedido por expulsar al contradictor de los escenarios donde se toman las decisiones de Estado, o bien, la determinación de liquidarlo físicamente mediante el uso de las armas.

En Colombia, los sectores dominantes de la sociedad siempre se han mostrado reticentes cuando se trata de la modernización del Estado, y no les ha temblado el pulso para utilizar la violencia como principal recurso cuando ven comprometidos los privilegios de su sistema económico y político. La modernidad, entendida como verdaderos procesos emancipatorios, de secularización del Estado y de democratización de la vida política nacional, es, en gran medida, una asignatura pendiente en Colombia.

Ahora bien, en el análisis de la problemática socioambiental y territorial, es clave el reconocimiento de la existencia de un Estado-nación aún en proceso de construcción, con serias dificultades para liderar la transformación de la sociedad y la integración territorial entre sus diversas regiones. Nuestro país presenta en su geografía humana un desarrollo social, económico e institucional desiguales. Como nación multiétnica y pluricultural, presenta una marcada disparidad regional. Evidencia de ello es el retraso relativo de regiones como el Caribe colombiano, la región Pacífica y los "Territorios Nacionales", cuyos indicadores de desarrollo están por debajo de la media nacional. De la misma forma, sus pueblos originarios (indígenas y afrodescendientes) constituyen los grupos poblacionales más afectados por la pobreza y la exclusión.

En esta búsqueda de la sustentabilidad del desarrollo aparece de manera recurrente por parte de los movimientos sociales afincados en sus territorios, las demandas por la autonomía territorial como base del reconocimiento de la diversidad ecológica, étnica, cultural y regional y, a su vez, como una compleja realidad multicultural que demanda el diseño de políticas y programas interculturales para la cohesión de la nación, para el desarrollo integral de los territorios y para que los distintos actores sociales, grupos étnicos, ciudadanos y ciudadanas de a pie potencien su condición de sujetos de derechos, de sujetos del desarrollo, capaces de participar en los procesos y en la toma de decisiones, como vía ineludible para la construcción de la democracia social y política, más allá de la declaración de principios contenidos en el actual texto constitucional.

En esta demanda por la autonomía territorial en Colombia se parte de reconocer que en los Estados unitarios prima la unidad y la centralización política, que limita el ejercicio autonómico de los entes territoriales. La fórmula ambigua consagrada por la actual constitución política de "Estado unitario pero descentralizado", no había alcanzado la prueba de fuego de una década de experimentación, cuando el centralismo político la revirtió, mediante la aprobación en el Congreso de la república de dos actos legislativo (2001 y 2006) que recortaron los recursos y las transferencias de los ingresos corrientes de la nación a las entidades territoriales y devolvieron las cosas a su constante histórica: un Estado unitario y centralizado, aunque contradictoriamente se mantenga en el ordenamiento jurídico la elección popular de alcaldes y gobernadores, pero sin autonomía política para disponer de los recursos transferidos por la nación (de destinación específica) más allá de los recursos propios aportados por los ciudadanos.

Es una verdad de Perogrullo que la democratización social y política y el desarrollo territorial de un país como Colombia y sus regiones exige, en primera instancia, de un nuevo estatuto autonómico para las entidades territoriales (municipios, distritos, departamentos, entidades territoriales indígenas, Etis) para avanzar en la distribución equitativa de la autonomía política y una justa distribución de los recursos y las competencias. Dicha democratización implica aceptar e involucrar en el diseño y ejecución de las políticas públicas para el desarrollo socioambiental y económico estrategias que apunten, por una parte, a la descentralización espacial para incentivar la agroindustria y nuevos frentes productivos y, por otra, a la real participación política de los distintos sectores sociales.

La descentralización espacial, en la perspectiva del desarrollo territorial integral, exige además demandar del Estado nacional y local, garantías para el ejercicio pleno de los derechos humanos, garantías para el ejercicio de la autonomía política de las regiones y el respeto a libertad política y los derechos sociales y culturales de la población, muy especialmente de miles de familias victimizadas y desplazadas de sus terruños por el conflicto armado.

Pero, de igual manera, exige el reconocimiento, sin ambigüedades, sin esguinces jurídicos y sutilezas políticas, del movimiento social de los indígenas y de los afrodescendientes y sus territorios, ligados directamente a su autonomía como pueblos, a su identidad, a sus valores culturales, a la ecología de saberes y al dialogo intercultural, para hacer posible el autogobierno de nuestras entidades territoriales.