Investigaciones y reflexiones que buscan comprender el sentido de las protestas y, más recientemente, de los denominados estallidos sociales en América Latina constituyen este dosier que convocamos junto con otros colegas para publicar en este número de la Revista Investigación & Desarrollo de la Universidad del Norte.

Analizar y comprender las protestas sociales, múltiples y diversas, implica preguntarse por la manera en que se vienen construyendo los consensos, los acuerdos colectivos y, asimismo, cómo se resuelven las diferencias y los conflictos sociales relacionados con el no cumplimento de los derechos humanos, en sus diversas generaciones, el incremento de las exclusiones y las desigualdades que, sistemáticamente, han incidido en las reales posibilidades de construir sociedades más plurales y democráticas en América Latina. El año 2019 será recordado como "el año del estallido social en América Latina. En su último trimestre, emergieron protestas en Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia. El miedo al contagio de covid-19 pareció sofocarlas cuando la pandemia llegó a la región en 2020" (^{Murillo, 2021}).

La historia de América Latina está inefablemente ligada a la de movimientos de protesta social que, en buena medida, han ocupado su devenir desde la segunda mitad del siglo XX. Las dictaduras a norte y sur con la consecuente falta de espacios de participación democrática abonaron el terreno para que desde la confrontación se buscara la transformación de situaciones socialmente adversas. No siempre iguales, no siempre exitosos, no necesariamente bien recibidos, los movimientos de protesta social empezaron en las barriadas o favelas, sumaron minorías y colectivos marginados, y ahora engloban a los desilusionados de los modelos políticos y económicos impuestos por agentes externos. Algunos de los movimientos de protestas más reconocidos en el continente son los zapatistas en México, los cocaleros en Bolivia, los indígenas en Ecuador, los piqueteros en la Argentina, los sin tierra en Brasil y, más específicamente, los movimientos de trabajadores, mujeres, jóvenes, género o sexualidad, ambientalistas y culturales, entre otros.

Para el caso colombiano, ^{Archila et al. (2002)} analizan la trayectoria de las luchas sociales en Colombia en las relaciones que han tenido con el Estado, el mundo laboral y los modelos de desarrollo que han impulsado movilizaciones sociales en diferentes regiones del país. En sus estudios, incluyen a actores como pobladores urbanos, campesinos, víctimas del conflicto, desmovilizados, trabajadores, estudiantes, grupos étnicos, gremios, mujeres y comunidad de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI) y los reclusos.

Estos movimientos han generado distintos tipos de narrativas y estéticas que han trascendido a la calle para encontrar hoy una preponderante trinchera en las redes sociales y los medios virtuales. Para la historia, queda el aporte desde el cine con movimientos como la Escuela Documentalista de Santa Fe, el Cinema Novo y el Grupo Cine Liberación, incluso, más que el notable a la televisión y la radio, medios más proclives al control estatal por la propiedad de las redes de transmisión. De igual forma, en la música, la literatura, la poesía y las artes escénicas, encontramos manifestaciones de la protesta social que ayudaron a conocerla, entenderla y respetarla. Es decir, que lo político, en la perspectiva planteada por ^{Arendt (2007)}, espacio generado por los hombres mediado por la acción y el discurso, se entremezclara con nuevos lenguajes, formas estéticas y formas de cultura popular, arte, símbolos e imágenes, pasaran a tener un contenido de demanda y acción política (^{Ministerio de Educación de Educación, Ciencia y Tecnología, 2007}).

Con el advenimiento de la era digital y la masificación tanto de las posibilidades de acceso como de la producción de mensajes, la protesta social se ha fortalecido en ventanas al tiempo que se ha vuelto más vulnerable al ataque de los que podrían llamarse "defensores del establecimiento", que, con la divulgación de fakes news o el fortalecimiento de anacronismos estereotipados, pretenden deslegitimar la voz y argumentos del disenso.

Para proponer nuevos acercamientos a este debate, la Revista Investigación & Desarrollo acogió la propuesta de convocar a investigadores a compartir sus estudios y reflexiones con el fin de comprender los movimientos y la protesta social en América Latina desde sus articulaciones con la comunicación social, el periodismo, el estudio de los medios de comunicación, el análisis del discurso, las tecnologías de información y los actuales ecosistemas comunicativos multiplataforma, digitales y convergentes.

En tal sentido, preguntó a los investigadores: ¿Cómo estaban comprendiendo las relaciones entre comunicación, información y la protesta social? ¿Ante el advenimiento y disrupción de las tecnologías, las plataformas, medios digitales y redes sociales asistimos a unas transformaciones en las prácticas comunicativas de estos movimientos? ¿Qué debates y propuestas están apareciendo desde el punto de vista de los vacíos legislativos y de políticas públicas de comunicación e información para el acceso, el uso y la apropiación por parte de los ciudadanos? (^{Couldry y Rodríguez, 2018}) ¿Se evidencian experiencias y prácticas comunicativas posibilitadoras del derecho a la comunicación por parte de los ciudadanos? ¿Qué agendas informativas, comunicativas y relatos de los territorios y de la nación se están construyendo? (^{Colectivo Comuna Quilombo, 2019}). ¿Han surgido nuevos relatos y representaciones de lo social y específicamente de la protesta social? ¿La institucionalidad del continente tiene claro el poder de la protesta social ahora multiplicada por las redes y por ello ha intentado reglamentarla? (^{Archila y García, 2018}). ¿Están surgiendo experiencias de medios y plataformas informativas independientes que evidencian avances en el reconocimiento de la diversidad sociocultural y el pluralismo político en nuestros países? ¿Qué desafíos enfrentan la comunicación social, el periodismo, los creadores de contenidos el Estado y los gremios económicos ante las demandas sociales de mayor libertad de expresión, opinión, de relatos para la vida, la convivencia y el reconocimiento de actores con otros modos de pensar y proponer proyectos sociales alternativos? ¿Se podrían identificar avances en el ejercicio de la denominada ciudadanía comunicativa?

Si la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y el derecho a la comunicación constituyen dimensiones centrales de los derechos humanos, ¿por qué no superar la visión instrumental y convertirla en una dimensión estratégica, un fin en sí mismo para el reconocimiento, la inclusión, la memoria, la construcción de la identidad y la posibilidad para que los ciudadanos participen en el fortalecimiento de la opinión pública? (^{Couldry y Rodríguez, 2018}).

Estas inquietudes, por supuesto, no excluyentes de las que cada proyecto o búsqueda propia genere, fueron abordadas por investigadores de Colombia, Argentina, Ecuador y Chile, cada uno desde la propia especificidad de su mirada e intenciones. Análisis de producción académica, estudios de casos, estudios comparativos, revisiones desde la historia, análisis de usos, apropiaciones y dinámicas culturales alrededor de procesos económicos comprenden este dosier.

De Colombia podemos encontrar el análisis de la producción académica realizada con la acción colectiva, movilización social y defensa territorial durante las dos primeras décadas del siglo XXI, realizada por Leonardo Jaramillo y Germán Cortés. El artículo llega en buena hora para servir de referencia a investigaciones en gestión o desarrollo que sobre los temas tratados se estén realizando en el país, particularmente, luego de la firma de los acuerdos de paz y en la coyuntura política predominante.

Asimismo, encontramos investigaciones y análisis de corte territorial, como el realizado por Juan David Villa, Santiago Rodas, Sebastián Ospina, Sebastián Restrepo y Manuela Avendaño sobre las creencias sociales y orientaciones emocionales colectivas alrededor de la protesta social en ciudadanos habitantes del Valle de Aburrá (Antioquia), con resultados esclarecedores sobre la percepción que se tiene del "otro" como sujeto óbice de rechazo y exclusión en ambientes polarizados como los que las protestas sociales encontraron en un territorio con histórico predominio de tradiciones conservadoras.

De la misma región, pero concentrados en un corregimiento de El Bagre, nos llega la descripción de las dinámicas socioculturales que se desarrollan en un contexto de economía minera extractivista, como la que caracteriza a esta población. El acercamiento a la comunidad permite entender lo que representa socialmente la dependencia de las prácticas extractivas y el desarraigo frente a otros oficios. En el artículo, se plantea el papel que las asociaciones de mujeres locales desempeñan en procesos económicos alternativos, lo cual resulta tan relevante como pertinente en momentos en que en Colombia se debate precisamente la dependencia de la economía basada en la explotación de la tierra sin mayor compromiso ambiental.

Sobre otra zona con particular historia ligada a procesos de violencia como es el Magdalena Medio, Orley Reinaldo Durán Gutiérrez revisa los usos y las apropiaciones de las tecnologías y plataformas digitales por parte del movimiento campesino en esa zona del país, para concluir que son más muestra de trabajo horizontal y construcción colectiva que de penetración, visibilización o potenciación ante el resto de la sociedad.

Y con una mirada particular y necesaria, Patricia Rodríguez analiza la diversidad de las mujeres habitantes de la calle en cinco ciudades capitales de departamento en Colombia. La mirada patriarcal y sus desigualdades se extiende hasta la vida en la calle, hegemónicamente masculina y, por ende, negadora de la realidad que viven muchas mujeres que encuentran en la calle su espacio vital.

Desde México María Guadalupe Moreno, Teresa Marroquín y Lucía Ibarra indagan la criminalización de la protesta social en América Latina durante los momentos más álgidos del aislamiento y de la crisis sanitaria provocados por la pandemia del covid-19. A la represión estatal se contestó con activismo y denuncias desde los medios de comunicación y las redes, desde donde se evidenciaron las carencias gubernamentales ante la situación sanitaria y demás problemas sociales existentes antes y después de la pandemia.

Y ya sobre la protesta social, de Ecuador se aportan dos artículos de especial relevancia. El primero es obra de Doris Soliz Carrión, que fija su atención en las protestas sociales vividas en Ecuador en octubre de 2019, analizadas desde una perspectiva analítica y crítica que se enriquece por la participación directa de la investigadora como coordinadora del Grupo Parlamentario de Derechos Humanos de Ecuador. El análisis del discurso en medios y redes sociales deriva en entender los efectos negativos de la criminalización de la protesta y la urgencia de centrar la atención en sus causas profundas.

El segundo, firmado por Blas Garzón-Vera y Kléver Antonio Bravo, analiza las implicaciones sociohistóricas del movimiento indígena en Ecuador desde sus iniciales pretensiones por el respeto a su cultura y el derecho a la tierra, hasta su participación en movilizaciones sociales generales que atañen al grueso de la sociedad ecuatoriana. Este análisis bien se podría extrapolar a otros países del hemisferio para encontrar similitudes y diferencias en las respuestas a coyunturas históricas.

Y, precisamente, en esa línea, Sebastián Valverde fija su mirada en el pueblo indígena mapuche, particularmente, en la repercusión pública de sus movilizaciones y accionar en los últimos treinta años. Como en el caso anterior, el pueblo mapuche se transforma en un sujeto social y político que influye en transformaciones de políticas públicas y legislación derivada.

Desde Chile, país que vivió una dramática situación social antes, durante y después de los levantamientos populares de octubre de 2019, Sergio Adrián Alejandro aborda los sujetos, sus características y las formas de acción colectiva disruptiva en esta fecha. Basado en entrevistas en profundidad a distintos actores, propone que la protesta sea vista como el resultado de varios procesos concatenados.

Todas estas miradas y propuestas llegan en buena hora. América Latina está viviendo un momento de cambio en lo social y en lo político que les exige a las ciencias sociales el análisis permanente, hasta incluso vigilante, de procesos en que la polarización, la fragilidad de argumentos, las verdades construidas por los poderes hegemónicos y las versiones supuestamente libres de las anárquicas redes los llenan de nubes bajas que impiden ver lo que se debe como se debe. La intención, y la invitación, es a despejar el cielo con rigurosa metodología y pertinente investigación.

Las movilizaciones sociales "no tienen, sin embargo, una direccionalidad única, ni un solo punto de llegada, vuelven a poner de relieve las tensiones entre desigualdades y democracia, reflejan diferentes modos de canalizar ese malestar, nos hablan de las promesas incumplidas de la transición democrática" (^{Murillo, 2021}). Las movilizaciones de la sociedad y las diversas formas de protesta social son modos de ejercer la libertad de expresión, de pensamiento, el derecho a la información y a la comunicación. En Colombia, son un derecho fundamental, consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política de 1991. Son un instrumento constitucionalmente legítimo de reivindicación de los derechos humanos, siempre y cuando se desarrolle de manera pacífica y empleando diversos modos de expresión y comunicación.