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INTRODUCCIÓN
Desde 2019 se han presentado en Colombia diversas protestas sociales de carácter masivo convocadas por asociaciones indígenas, sindicatos, mujeres, jóvenes y otros movimientos sociales a causa de diferentes propuestas gubernamentales que continúan ahondando la brecha económica y de justicia social como reducir el salario mínimo en un 75 % para los jóvenes, modificar sustancialmente el sistema de pensiones y otras reformas como la tributaria y la laboral promovidas por el Gobierno del presidente Iván Duque (BBC News, 2019; Vargas, 2019).
Esta oleada de movilizaciones sociales se vio parcialmente interrumpida por la crisis generada por la pandemia del covid-19; sin embargo, desde el pasado 28 de abril de 2021, se ha desatado un estallido social en el que miles de ciudadanos salieron a las calles para exigir el retiro de la reforma tributaria y de salud, señalando la necesidad urgente de una reforma a la policía y el cumplimiento del acuerdo de paz firmado en 2016, entre otras demandas sociales, a lo que el actual Gobierno ha respondido con brutalidad policial y militarización (Arciniegas, 2021).
En Colombia y Latinoamérica, se han desarrollado diversas investigaciones en torno a este importante problema social. Algunas de ellas se centran en la caracterización y delimitación de la protesta social, que la ubican como ruptura, polémica o disrupción en un orden social establecido, pero que es injusto o inequitativo (Aguayo, 2016; Archila, 1995, 2002; Cantú y Berti; 2010; Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales [Clacso], 2019; Meneguelli y Ferré-Pavia, 2016; Rivera-Rojas et al., 2020; Scribano, 2003), con la finalidad de expresar demandas o generar presión para reclamar soluciones ante diversos problemas ante el Estado.
Con respecto a los estudios de protesta social que se han dado en el mundo, gran parte de estos se han desarrollado en Latinoamérica (Svampa, 2009) y fueron muy intensos entre 1960 y 1980, cuyo eje analítico fue el "movimiento obrero"; sin embargo, este autor identifica que ha girado más en torno a "las clases populares" en plural y, en sentido amplio, a su búsqueda de justicia y equidad, o en la década de 1990 con las movilizaciones en contra del neoliberalismo que llevaron al colapso de varios gobiernos en América Latina (Zibechi, 2003).
En torno a los actores y protagonistas de la protesta en Colombia, además del movimiento obrero y las clases populares (González Arana y Molinares Guerrero, 2013), autores como Ocampo Barros (2011), Ramírez Carrero y Prada Uribe (2016), Sandoval Moya y Hatibovic Díaz (2010) y Juárez Rodríguez et al. (2017) atribuyen un gran protagonismo a los movimientos estudiantiles, relevantes para la creación de la Constitución Política de 1991, aunque dudan de su participación política, en términos electorales, debido su falta de confianza en las instituciones. Las víctimas del conflicto armado también han realizado movilizaciones para reivindicar sus derechos (Jaramillo & Molina, 2010; Juárez et al., 2017; Molano y Rengifo, 2018), mientras otros autores han estudiado las movilizaciones campesinas recientes y de diversos sectores (Campos, 2015), y acciones colectivas masivas que han incidido en el conjunto del país (Arciniegas, 2021; Toro, 2016; Vargas, 2019).
González Arana y Molinares Guerrero (2013), por su parte, realizaron una revisión histórica de la protesta en Colombia y Archila (1995) afirma que, entre 1946 y 1958, se registraron en Colombia al menos 259 protestas, de las cuales 72 fueron paros, 21 amenazas de paro, 38 movilizaciones, 14 invasiones, 110 huelgas y 4 no categorizadas. Décadas más tarde, entre enero de 1975 y diciembre de 2000, se registraron 10.975 luchas de obreros, campesinos, pobladores urbanos, estudiantes, indígenas, mujeres, trabajadores independientes y presos (Archila, 2002).
Otros estudios se centran en las formas en que la protesta es reprimida, coaccionada y limitada por el Estado (Acevedo-Tarazona et al., 2019; Cruz Rodríguez, 2016; García, 2017; Morón Campos, 2015) o estigmatizada y rechazada por sectores de la sociedad civil (Mayorga Rojel y Nitrihual Valdebenito, 2018). Pero también sobre la forma en que puede ser legitimada (Cruz Amador, 2017; Upegui y Escobar, 2019), en tanto reivindica derechos fundamentales y condiciones de dignidad humana, condiciones laborales dignas (Lobato, 2003), necesidades insatisfechas relativas a asuntos básicos o mínimos vitales como alimentación, salud, educación y vivienda, así como a necesidades que giran en torno a la libertad, la vida sin violencia, la expresión libre y la decisión sobre la propia vida (Sánchez Mera, 2016). Por su parte, Pereyra (2010) se centra en la lucha por la democracia en los países que padecieron dictaduras en el Cono Sur, mientras Cruz Amador (2017) y Cruz Rodríguez (2016) las ubican en el contexto colombiano en torno a la distribución de tierras, las brechas y la desigualdad de recursos, el empeoramiento de la industria nacional, las reformas tributarias y agrarias injustas. Además, en Colombia, la movilización por la paz ha sido un actor fundamental en la historia reciente (González, 2010; Sarmiento, 2007; Villarraga Sarmiento, 2016).
Una línea muy importante ha sido la desarrollada en torno a la emocionalidad, la efervescencia colectiva y los procesos de identificación que se dan en los movimientos sociales, además de la forma en que el contagio emocional (Rimé, 2019) o el clima emocional en el contexto sociopolítico (Sabucedo et al., 2017) son elementos que alientan la movilización o se convierten en factores que están a la base de su acción, puesto que rabia, indignación o empatía pueden movilizar diversos grupos sociales en la búsqueda de reivindicaciones y equilibrios frente a una situación injusta, lo que incluye motivaciones morales e ideológicas que se configuran como deber e imperativo para una acción colectiva que genere transformaciones del orden social (Cruz Castillo, 2012; Jiménez Rodas et al., 2016; Sabucedo et al., 2011; Sabucedo et al., 2018; Sabucedo et al., 2019; Zumeta et al., 2020).
Por tanto, es necesario resaltar que el estudio de la protesta social ha sido amplio y significativo en las ciencias sociales; sin embargo, son escasos los estudios que identifiquen y caractericen las distintas posiciones de ciudadanos que no participan de esta.
Algunos la apoyan y otros, incluso, realizan protestas en contra de las protestas (Díaz-Pabón, 2020). Por esa razón, nos propusimos estudiar las creencias sociales y las orientaciones emocionales colectivas sobre la protesta social como barreras psicosociales para la construcción de la paz en personas del común en Medellín (Colombia) y su área metropolitana. El objetivo es denotar los efectos psicológicos que tiene el sistema social sobre los individuos y las relaciones socioeconómicas, culturales, históricas y políticas (Martín-Baró, 1983; Montero, 2009) por medio del estudio de la opinión pública desde la psicología política, para comprender las creencias y los sentimientos alrededor de la protesta social en esta zona metropolitana.
En este sentido, se retoma la teoría de grupos de Tajfel (1984), quien afirma que las interacciones sociales suelen operar con una lógica endogrupo versus exogrupo. Esta oposición entre grupos configura marcos cognitivos que ofrecen sentido y significado para quienes los conforman, ya que otorga reconocimiento, sentido de pertenencia e identidad. El grupo, sus normas, valores y propósitos comienzan a hacer parte del sistema de creencias del individuo, de su emocionar y de su acción. Así, se asignan valencias positivas de valor y categorización al grupo perteneciente (endogrupo), y negativas y excluyentes al grupo ajeno (exogrupo), constituyendo una identidad social como autoconcepto que deviene la pertenencia, junto con el significado valorativo y emocional asociado a esta. Así, se configura su rol en la sociedad y su autoimagen.
Este escenario posibilita la conformación de creencias sociales que identifican al sujeto con su grupo, guían su acción y determinan su cosmovisión. Estas creencias son cogniciones compartidas alrededor de algún tema relevante desde donde se genera una sensación de unicidad entre los miembros (Bar-Tal, 1998). Según Bar-Tal (1998, 2013), lo que las caracteriza es su implicación social, pues hacen parte de la cotidianidad, ocupan espacios importantes en discusiones, se usan como referentes y ejercen influencia en la toma de decisiones de ciudadanos y Gobiernos. Asimismo, se manifiestan en el lenguaje grupal, estereotipos, imágenes, mitos y memorias colectivas, constituyen auténticas convicciones a la manera de postulados de fe y determinan comportamientos, dinámicas sociales y políticas (Villa-Gómez y Patiño, 2021).
A su vez, las emociones influyen con fuerza en actitudes y motivaciones de las personas según culturas, situaciones y dominios de la vida (Halperin y Pliskin, 2015; Rimé, 2020), y determinan comportamientos individuales y colectivos (Bar-Tal et al., 2007). Las emociones grupales son aquellas que se sienten como resultado de la pertenencia a un determinado grupo o sociedad como respuesta a experiencias sociales. Por ello, grupos y sociedades pueden desarrollar orientaciones emocionales colectivas como resultado de condiciones sociales particulares, experiencias comunes, normas compartidas y socialización (Bar-Tal et al., 2007).
Estos marcos sociales compartidos convierten en fenómeno social las experiencias emocionales, toman la forma de orientaciones emocionales colectivas (Bar-Tal, 2001), las cuales resultan aún más intensas en contextos de conflicto, en los que desempeñan un papel fundamental en la configuración de respuestas individuales y colectivas (Bar-Tal et al., 2007); se integran e incorporan en la memoria colectiva, en productos culturales difundidos por diversos canales de comunicación (Bar-Tal, 2001), y son cultivadas mediante procesos de socialización primaria, ideologización, medios de comunicación e instituciones como escuela y familia (Barrera-Machado y Villa-Gómez, 2018; Villa-Gómez, et al., 2019).
MÉTODO
Para esta investigación, se empleó el modelo de investigación cualitativa desde el enfoque hermenéutico y se abordó el problema desde comprensiones e interpretaciones del sujeto participante. Se realizaron durante 2020 18 entrevistas semiestructuradas a ciudadanos del común (no pertenecientes a movimientos sociales ni partidos políticos sin formación académica sobre el tema), a modo de conversación abierta, cuyas preguntas estaban orientadas a identificar estas creencias sociales y orientaciones emocionales colectivas. Esto con la idea de comprender y analizar sus diferentes posiciones y la configuración de sus maneras de pensar y sentir.
El desarrollo de los resultados se realizó por medio del análisis de contenido hermenéutico (Martínez, 2006) guiado por categorías previas que estructuraron la entrevista y se llevó a cabo un procedimiento matricial y de codificación teórica de primero y segundo nivel (Flick, 2004). Se procedió de manera analítica en un proceso intratextual e intertextual a partir de tres grandes categorías: creencias generales en torno a la protesta, orientaciones emocionales colectivas alrededor de estas acciones colectivas y medios de configuración, desde las cuales emergieron las subcategorías (códigos teóricos de primer nivel, descriptivo) y los procesos interpretativos que dieron lugar a los resultados (códigos teóricos de segundo nivel, comprehensivos). El mapa categorial puede observarse en la tabla 1.
Tal como se observa, los participantes de esta investigación fueron categorizados en tres grupos según sus puntos de vista: personas que están de acuerdo con la protesta e, incluso, marcharían (Sí pero Sí [SS]), en su mayoría estudiantes universitarios, docentes o servidores públicos que apoyan las movilizaciones, algunos se han movilizado circunstancialmente. Personas con cierta ambivalencia hacia la protesta y sus maneras (Sí pero No [SN]), estudiantes, trabajadores de diferentes empresas y jubilados que no se han movilizado, aun estando de acuerdo con algunas reivindicaciones, pero distanciándose de algunos medios utilizados. Y personas que están en desacuerdo, pero la validan en ciertas circunstancias al ser un derecho constitucional (No pero Sí [NS]), empresarios, jubilados o comerciantes que nunca se han manifestado públicamente y expresan rechazo y una valoración muy negativa de la protesta.
RESULTADOS
Ningún participante fue taxativo al oponerse a la protesta, porque siempre se reconoció como derecho constitucional; pero en las entrevistas emergieron las diferentes posiciones que se abordarán siguiendo las categorías de análisis. La categoría medios de configuración aparece transversal en el análisis.
Creencias generales en torno a la protesta
Las creencias sociales hacen referencia a la forma en que los miembros de la sociedad comprenden un hecho y orientan su acción; se configuran como marco de significado para dar sentido a la realidad o como convicción que guía acciones y decisiones (Villa-Gómez y Patiño, 2021). En este sentido, los participantes SS creen que la movilización es impulsada por líderes, sindicatos y movimientos sociales que en representación de la sociedad salen al espacio público en busca de reivindicaciones o cambios en la política pública: "Unos líderes o unos sindicatos que expresan [...] nuestras decisiones, nuestros sentimientos ante el Gobierno" (P2-SS).
Estos participantes consideran la protesta un medio legítimo para reivindicar derechos fundamentales y legalmente protegidos que hayan sido vulnerados por algún agente estatal, una política pública, acción gubernamental o agente privado que, excediendo sus facultades y posibilidades, afecte a una parte de la población (Fundación Ideas para la Paz [FIP], 2018):
Las personas están protestando y saben que su protesta es válida, no tienen ninguna intención de causar daño sino que quieren llamar la atención [...] que les paren bolas, mejor dicho, recuperar sus derechos [...] necesitan que los atiendan y se les escuche. (P1-SS)
Motivos hay muchos, depende de cada evento, porque normalmente se marcha por derechos, derechos sociales, educación, casi siempre por lo mismo, salud, derechos de cada persona, que a veces a la gente se le olvida cuáles son. (P7-SS)
Según estos participantes, habrá protesta hasta cuando se garanticen esos derechos, cesen los abusos de poder, las violaciones de derechos humanos, las afectaciones a sus necesidades, en un Estado social de derecho que debería propiciar programas de gobierno o políticas públicas en beneficio de la población (Manzo-Ugas, 2018). Por tanto, desde su punto de vista, el Gobierno es responsable de las situaciones de injusticia y desigualdad social generadoras de la movilización.
Cuando el Estado decide sobre materias con las cuales una parte de la sociedad se siente afectada, algunos grupos sociales consideran que habría motivos suficientes para movilizarse (Manzo-Ugas, 2018; Rivera-Rojas et al., 2020): "Hace muchísimo tiempo la venimos padeciendo, es justo que la gente se rebele, que no quiera seguir con un gobierno que año tras año y día tras día ha ido vulnerando los derechos en todos los ámbitos: salud, educación" (P2-SS).
Como en la sociedad se entrecruzan diversas necesidades e intereses, y como los Estados actúan dentro de juegos de poder diversos, es muy probable que siempre existan grupos que se sientan afectados por alguna decisión, proyecto o política pública, lo que denota que la protesta social siempre será una posibilidad, razón por la cual es un derecho protegido en la constitución política de los Estados democráticos:
Yo siento que habría que cambiar todo el sistema, pero es una utopía. Un lugar en que el sistema es correcto [...] beneficia a toda la población de una manera equitativa: no hay pobreza ni riqueza, o sea, es una utopía completa. (P4-SS)
Por su parte, el segundo grupo de participantes presenta cierta ambivalencia. Indican que es válida, siempre y cuando sus objetivos sean claros y el reclamo de derechos vulnerados tenga sustento, se alcanza a interpretar cierta duda en relación con el ejercicio mismo de la protesta. Por esta razón, aluden a un "ellos" para indicar que el actor que la ejecuta es un "otro" y no "nosotros"; como si el tema no les perteneciera. Esto podría indicar que su acuerdo es nominal, por lo que no se hacen ni se sienten partícipes:
No todo el mundo se atreve a hacerlo por cuestiones de seguridad, es eso, tener los pantalones de salir a la calle y hacerse visible. es algo muy bonito, que tiene mucho significado porque [...] están luchando por algo que para ellos vale la pena. (P18-SN)
Sin embargo, quienes mostraron mayor recelo, los NS, si bien no la niegan como derecho constitucional, sí manifiestan desacuerdo con las formas y no logran reconocer en el contexto colombiano razones objetivas para su desarrollo. Estos participantes parecen dar su asentimiento al orden social establecido, al Gobierno de turno y a la forma en que se han construido relaciones sociales, políticas y económicas en esta sociedad. Por tanto, deslegitiman la movilización, la califican como una acción política de "izquierda" que busca generar desorden, en una óptica moralizante que se asimila con lo negativo, lo malo, lo repudiable:
Acá en Colombia estamos viendo una manifestación clara y contundente de la izquierda con fines y objetivos políticos claros y concretos, que es la toma del poder, desestabilizar, generar mala atmósfera, no dejar gobernar, señalar al presidente de turno con tal de desestabilizarlo y poder llegar al poder. (P15-NS)
Según Bar-Tal y Halperin (2014), algunas creencias proporcionan un marco de significado para justificar la violencia, constituyen normas y valores que delimitan lo correcto y lo incorrecto. Por ello, se analiza que algunos participantes NS llegan, incluso, a criminalizar la protesta y justifican el uso de la violencia para acabarla. En casos extremos, justifican el asesinato, encarcelamiento o silenciamiento de los manifestantes. De ahí que terminen postulando una especie de manual de "buena conducta", constriñen sus formas y orientan, desde un discurso moral, el deber ser de estas en un marco normativo que no afecte valores estéticos o morales tradicionales: "Esas personas no están por nada, solamente están por hacer desmanes, por hacerse ver. Yo digo que matarlos es algo muy extremo, pero pa mí [suspira] ese día me daban ganas de tener un revólver y pegarles de a plomazo" (P3-NS).
También plantean que, en muchas ocasiones, las movilizaciones son una moda, que no tienen ningún sentido, que rompen la normalidad y el orden, y desvirtúan las razones de quienes protestan:
Porque, ponte a pensar, si la gente estuviera firme en sus ideales, protestaría hasta morir […] Entonces, lo que te dije, los que querían vandalizar o estaban por moda ya se cansaron. Entonces, sí, parece moda […] repiten y repiten lo mismo. (P17-NS)
Creencias en torno a las personas que protestan
Puede verse una tendencia en los participantes NS a relacionar e igualar, en casi todos los casos, la protesta social con "vandalismo" y a quienes protestan como "vándalos". Los identifican, además, con la ideología de izquierda que, en Colombia y desde discursos de poder, implica un lugar de enemigo, subversor de un orden social establecido y aceptado, y así se produce señalamiento y estigmatización de personas y colectivos que se muestran contrarios al poder de turno (cf. Martín-Baró, 1983, 1989; Villa-Gómez, 2019; Velásquez et al., 2022).
En esta investigación, tal atribución se hace hacia quienes protestan en contra del Gobierno1. En expresión de estos participantes: "Los detendría y les caería el peso de la ley... para que dejen de hacer vandalismo" (P8-NS). Los relacionan con grupos extremistas, les otorgan la categoría de "enemigo", como mal absoluto, merecedores de escarnio, y los deshumanizan. Esta generalización rompe con el proceso empático necesario para humanizar cualquier relación social (Villa-Gómez, 2019; Villa-Gómez et al., 2020). No les reconocen derechos ni espacios para escuchar sus razones, el dictamen es inmediato, en un proceso que legitima el despojo de su dignidad:
Los haría encarcelar de manera inmediata y trataría que se les aplicara toda la fuerza de la ley y quienes sean capturados en flagrancia no sería nada compasivo con ellos, sería partidario de que se les aplique con rigor ejemplarizante la fuerza de la ley, cárcel y les privaría todos sus derechos. (P15-NS)
Algunos justifican el asesinato como opción para solucionar lo que consideran un problema. La cosificación del otro se transforma en deseo de eliminación: "[suspira] Parce. esto porque es una entrevista y sé que... pero ¿yo qué haría? O sea, si eso no fuera ilegal, sinceramente, los mato" [silencio] (P3-NS). Consideran que no son útiles ni valiosos para la sociedad, discurso legitimado desde una supuesta superioridad moral.
La creencia en el "castigo" también se encuentra en participantes SN que, si bien en su discurso no generalizan ni relacionan de manera directa protesta con "vandalismo", expresan que estos hechos sí se presentan. El castigo planteado es menos contundente en comparación con los NS. Sin embargo, el sentimiento expresado es de "temor"; por lo que, aun reconociendo razones y necesidades, toman distancia de quienes protestan, asumiendo una posición ambivalente en que se mezclan sentimientos de admiración, miedo y rabia hacia los protestantes, por lo que validan acciones represivas o castigos: "podría ser servicio comunitario, sería una gran opción" (P11-SN).
Por otro lado, los participantes SS creen que la movilización es una herramienta para intentar un cambio, para decirles a los otros: "¡Oiga, mire, mire para acá! ¡Mire que está haciendo las cosas como no debe ser! (P1-SS), reconociéndose como partícipes del cambio y viendo a quienes se oponen a la protesta como alienados que ayudan a mantener el problema. Por ello, no relacionan protesta con vandalismo, evitan la generalización, se conciben como colectivo y utilizan el pronombre "nosotros":
Somos este grupo, sabemos quiénes somos y [que el] vándalo pueda ser judicializado, pueda ser llevado ante jueces [...] seguro que, si hubiera forma de subsanar esta situación, de tener los vándalos al margen de las protestas, sería realidad la participación de muchas personas, que de miedo no salen; así lleve implícito una idea social muy atractiva, todo el mundo tiene el pensamiento de que eso va a terminar en una confrontación grave. (P1-SS)
Para estos participantes, se trata de un derecho fundamental, protegido constitucionalmente, que no puede ser suprimido ni coartado bajo ninguna condición o circunstancia, aun existiendo casos de manifestaciones por vías de hecho, que se legitiman como respuesta ante un ataque o acto violento contra la integridad del grupo de manifestantes, pero no como algo propio de la protesta:
Muchas veces la protesta es completamente pacífica y tal vez es necesario, pero a modo de respuesta, recurrir a la violencia, porque comienzan de forma pacífica, personas haciendo una marcha, bloqueando una calle y llega el Esmad [Escuadrón Móvil Antidisturbios] y empieza a incurrir en violencia, entonces, fuego se responde con fuego, aunque me causa muchísimo conflicto eso. (P4-SS)
Finalmente, los NS toman la constitución para validar su punto de vista con el artículo 58 que garantiza la propiedad privada y el artículo 25 que consagra el derecho al trabajo, con el argumento de que en la protesta social "violenta" esos derechos que son vulnerados, por lo que desde su concepto esta debería ser coartada, limitada e, incluso, reprimida. En un sentido conciliatorio, los SN priorizan la necesidad de dialogar y escuchar las necesidades de quienes realizan la protesta, reclaman espacios donde Gobierno y manifestantes se reúnan para llegar a acuerdos y exponer sus puntos de vista:
Creo que escucharlos a fondo, cuál es su razón, [...] miremos cómo podemos arreglar. (P12-SN)
Hay personas que saben por qué están ahí, a esas las escucharía. Si fuera gobernante, me sentaría con ellos a discutir lo que podemos hacer para mejorar. (P14-SN)
Lo que suelen desconocer este tipo de planteamientos, según los SS, es que muchas veces la protesta emerge en escenarios en que las vías del diálogo se han agotado, o bien porque los Gobiernos responden a intereses que se afectarían si se hacen las concesiones reclamadas, o bien porque al relacionar con la oposición política estos reclamos y reivindicaciones los descalifican o minimizan previamente, con lo cual los ciudadanos afectados acuden a la protesta, en un callejón sin salida, ya que esta puede haber sido deslegitimada en sus fines desde el comienzo.
Un elemento en que confluyen los participantes estriba en identificar como principales actores de la protesta social a los jóvenes. Para los NS, hay dos criterios: ser jóvenes y estudiantes universitarios, especialmente, de universidades públicas: "Pues, en el país y hablando de las protestas del año pasado [2019] más que todo, los estudiantes de universidades públicas están inconformes, habrá también de privadas, pero estamos hablando de una generalidad" (P17-NS). Para los SS y SN, la academia y la educación pueden ser un factor movilizador, por lo que identifican un rol fundamental en los jóvenes estudiantes:
Se puede decir que son los más afectados, se están metiendo con su futuro, una universidad que puede desaparecer, privatizarse, hay mucha gente que no podría estudiar de otra forma, entonces, es meterse con su futuro, creo que es más por eso, porque los estudiantes seamos los que más se manifiestan. (P16-SS)
Quienes están en contra de la protesta social (NS) indican que las instituciones universitarias son lugares de alienación y dogmatización, sin preguntarse por los procesos de conocimiento y aprendizaje que cuestionan un orden social injusto e inequitativo, atacan la formación crítica y consideran que allí está el problema, compeliendo para que esta sea restringida o censurada: "Esos están siempre [...] por los lados de la guerrilla, o sea, en las universidades es mucha gente de izquierda, del lado de la guerrilla" (P8-NS). Así, se extiende la deslegitimación de los movimientos sociales a la academia.
Orientaciones emocionales colectivas en torno a la protesta social
Los participantes SS expresan emociones enmarcadas en el endo-grupo, es decir, se sienten como propias y compartidas por todos, en las que se reflejan normas, expectativas y valores. Algunas de las emociones expresadas son alegría, júbilo, entusiasmo al ser parte de un cambio; también expresan tristeza y miedo por la vulneración de derechos de ciertos grupos minoritarios. Estas emociones son grupales, son sentidas y compartidas por los miembros, subyacen a dinámicas culturales, sociales y políticas, como una construcción social (Villa-Gómez, et al., 2019a):
Me acuerdo en una de las marchas que estuve que un amigo le gritó a un transporte de un colegio, era niños de primaria y los vio y les dijo: Esto es por ustedes, me acuerdo mucho de esto y siempre sigo sintiendo mucha emoción con esto. (P16-SS)
Por su parte, los participantes NS expresan emociones de manera negativa hacia aquellos que protestan, configuran orientaciones emocionales colectivas como rabia y odio para referirse, incluso, a los objetivos de los protestantes, manifiestan que están afectando a las personas en su labor diaria, la normalidad cotidiana, su estilo de vida, los valores y tradiciones propias. En síntesis, sus relatos van enmarcados en culpabilizarlos y responsabilizarlos por los males del país:
Me da rabia, desespero, porque siempre llevan del bulto los más inocentes: los dueños de buses que se los dañan, la gente de las bicicletas, de las motos, congestionan la ciudad, hacen una parálisis [...] y eso legalmente no conlleva nada. (P8-NS)
Estas orientaciones emocionales colectivas se expresan de forma tangible en acciones de contraprotesta, fenómeno político, social y cultural que está organizado en general por sectores sociales y políticos afines al Gobierno (del presidente 2018 - 2022, Iván Duque) para contrarrestar el impacto de las manifestaciones opositoras (Díaz-Pabón, 2020). Por ello, algunos participantes SN expresan su apoyo a estas contraprotestas, ya que sienten que sus derechos son vulnerados por quienes protestan:
También tienen todo el derecho, porque, si esas personas salen en contra de la protesta, fue porque se vieron vulnerados sus derechos con las protestas anteriores. por eso, digo, una protesta no debe vulnerar el derecho de otro ciudadano. (P10-SN)
Por otro lado, los participantes SS plantean que hay una contradicción en esta acción, no solo porque salen a marchar en contra de las marchas, sino porque van en contra de los intereses de la gente, de sus propios derechos:
Probablemente la mayoría sean uribistas [...] están protestando porque están ejerciendo su derecho, me parece que no tiene mucho sentido. si uno se pone a pensarlo bien. pero me parece curioso [...] realmente muchas de las políticas que hace Uribe benefician a los empresarios. Entonces, sí, de ahí que mucho del apoyo sea de ahí, supongo. (P6-SS)
Las orientaciones emocionales colectivas que emergen con mayor fuerza son aquellas relacionadas con el papel de la fuerza pública. Los participantes SS reconocen que ante la protesta es una labor que tienen que ejercer; sin embargo, se evidencia una clara contraposición cuando se torna en actos de represión que generan altercados, enfrentamientos y atentados contra la vida y la integridad de los manifestantes. Por esta razón, expresan indignación y rechazo:
El nombre lo dice: escuadrón antidisturbios. Es cierto, su papel teóricamente es impedir los disturbios, pero realmente no; siento que los crean, agrandan la cosa [...] su presencia y los métodos que utilizan es lo que realmente termina agrandando muchísimo las cosas. (P4-SS)
Me da mucha impotencia ver que abusan del poder [...] La fuerza pública está ahí solamente para bajar el nivel, mantener la protesta estable, para mí deben estar ahí de decoración y por si una persona intenta hacer algo puedan pararla. (P5-SS)
Por otro lado, los participantes SN también manifiestan rechazo ante la violencia perpetrada por la fuerza pública, pero connotando que se trata de algunos funcionarios, manzanas podridas o casos únicos en la institución:
Ha habido ciertos incidentes donde no puedo culpar a toda la fuerza pública, sé que son unos pocos que han causado eso [...] entiendo que, a veces cuando se presentan este tipo de movimientos sociales, es necesario mantener ciertos controles para evitar daños a la propiedad [...] Puede que por unos pocos se esté dañando la imagen de todos, me parece triste que por unos terminen pagando todos. (P13-SN)
Participantes NS legitiman la respuesta y el uso de la violencia por parte de la fuerza pública contra los manifestantes porque, en su concepto, son estos quienes inician la violencia y el "vandalismo", razón por la cual tiene que intervenir para proteger bienes públicos y privados. Así, la represión sería solo consecuencia de una primera violencia, no es opresiva ni violatoria de derechos, sino la legítima acción del Estado en contra de quienes subvierten el orden:
Pues a la fuerza pública en este país le toca muy duro, porque, si atropella un tipo de esos se la montan. mire el día que mataron el estudiante en Bogotá, qué problema tan verriondo, pero ellos sí pueden tirar bombas, pueden herir policías, han matado policías y todo eso [...] ya la gente no le tiene respeto a la autoridad. (P8-NS)
Según este último relato, incluso, se alcanza a evidenciar una orientación emocional de empatía y lástima con la fuerza pública, poniéndola en el lugar de víctima. De ahí que justifiquen su respuesta violenta como "única salida":
La fuerza pública está maniatada, ellos salen y empieza el desorden que es provocado por las personas que lo salen a hacer, entonces, ellos quedan maniatados porque los agreden, les tiran, los atacan; pero no tienen la facultad de defenderse bien, entonces, para mí está maniatada, no tiene facultades para defenderse. (P9-NS)
Finalmente, también consideran que soldados y policías que se exceden en el uso de la violencia son "manzanas podridas", pocos sujetos en la institución, que no determinan su actuar. Centran su atención en los manifestantes que son quienes alteran el orden social, enemigos posibles ante quienes sienten indignación, por lo que aceptan su represión y castigo, desde este punto de vista, no aprecian un problema estructural en la institución:
Son personas como todos nosotros, que están cumpliendo un deber, son enviados como carne de cañón, frente a manifestaciones de dos, cinco o diez mil personas y realmente son minoría, con un agravante grande, corren sus vidas peligro; intentan ejercer la fuerza porque no tienen otro mecanismo para contener una turba que utiliza la violencia. (P15-NS)
Como colofón, estos participantes identifican al Gobierno como parte de su endogrupo, minimizan su ineficiencia para resolver los graves problemas del país y conciben los derechos, especialmente los económicos, sociales y culturales, como fruto del esfuerzo individual y no como tarea del Estado, y sugieren que la gente se conforme con su situación como si fuera un destino:
Hay cosas que uno tiene que aceptar que no se pueden dar, uno no puede pedirle al Gobierno que le regale la carrera si sabe que no tiene cómo, ni decir que me dé empleo, si no hay cómo generarlo, entonces, ¿pa qué protestar? Si voy a protestar algo que no es posible, va a terminar empeorando las cosas [...] no puedo protestar por algo que no tiene el Gobierno, hay cosas que, lastimosamente, así uno no quiera, tiene que conformarse. (P17-NS)
Para finalizar, es necesario decir que tanto las creencias sociales como las orientaciones emocionales colectivas recogidas en las entrevistas, según manifestaron los participantes NS y SN, tienen una relación significativa con la información que se recibe y consume de los medios de comunicación, los cuales, sin que se pueda afirmar categóricamente, desempeñan un papel importante en la construcción y circulación de estas construcciones sociales de sentido y significado:
Los medios solo muestran videos de gente agrediéndose, pero no lo bueno y las personas mayores que se dedican a ver solo noticias, entonces, van a creer todo, les mandan una cadena por WhatsApp y lo creen, ¿no van a creer lo que dicen las noticias? (P11-SN)
Eso se ve en las noticias, lo ve uno por ahí: los paros, guerrilleros. los ve uno. en. en los paros de las universidades, que son gente de izquierda, siempre llevando como las consignas de ellos. (P8-NS)
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados permiten identificar y comprender diferentes creencias sociales y orientaciones emocionales colectivas implícitas en los discursos de los participantes a lo largo de las entrevistas. Esto conecta con cierta polarización fruto de una historia de conflicto, aún no superado después del acuerdo de paz, que genera segmentos opuestos, con ideales que chocan y perpetúan esta división, y se exacerba luego de las profundas fracturas en las relaciones cotidianas generadas a partir del denominado plebiscito por la paz (Avendaño y Villa-Gómez, 2021; Basset, 2018; Velásquez Cuartas et al., 2020).
Las orientaciones emocionales colectivas evidenciadas en los participantes lo reiteran: los participantes SS sienten júbilo y alegría por pertenecer a grupos que buscan generar un cambio en la sociedad, además, tristeza e indignación por la vulneración de derechos de grandes mayorías en el país, estos mismos participantes apoyan la negociación política del conflicto armado con las insurgencias armadas y se identificaron con el "sí" en el plebiscito (Villa-Gómez, et al., 2019b; Villa-Gómez, et al., 2019a). Por esta razón, experimentaron rabia y miedo cuando el Estado no cumple con los acuerdos de paz o con los incumplimientos en procesos de negociación frente a demandas sociales; mucho más, cuando la respuesta del Estado está marcada por flagrantes violaciones a los derechos humanos.
A su vez, los participantes NS relatan emociones de ira, odio e indignación hacia la protesta y sus participantes, además de ser las emociones que los llevaron a oponerse a la negociación política del conflicto con las insurgencias armadas y a votar "no" en el plebiscito (Villa-Gómez, et al., 2019b; Villa-Gómez, et al., 2019b). Estas emociones, como se ha mencionado, son compartidas y reflejan normas, valores y expectativas (Villa-Gómez, et al., 2019b), constituyen una parte fundamental de la identidad y cohesión grupal, y contribuyen a configurar la pertenencia y el sentido colectivo (Cruz Castillo, 2012), que conducen a una afiliación política ligada a la derecha, de ideología conservadora que algunos participantes no intentaron esconder en sus relatos. Finalmente, los participantes SN expresan empatía y solidaridad hacia quienes protestan, pero temor y desconfianza hacia la forma en que la desarrollan, desconocen que la inmensa mayoría de quienes protestan lo hacen de forma pacífica y no violenta.
El Clacso (2010) entiende que bajo la idea misma de protesta social hay una ruptura del orden social regular, que se distancia de la concepción que tienen aquellos que no la apoyan. Si tomamos los tres tipos de protesta principales reconocidos por Archila (1995), huelga, paros y movilizaciones, los participantes NS y SN proponen una huelga que no incomode, un paro que no paralice y unas movilizaciones que no sean disruptivas con el orden social regular. Un ejemplo es la propuesta del anterior ministro de Defensa Diego Molano de crear el "protestódromo", un espacio cerrado para más de 50.000 personas donde pueda hacerse la manifestación sin alterar el orden cotidiano. Incluso, propone brindar simuladores para ser vandalizados o destruidos ("El 'protestódromo': La burlona propuesta de un asesor presidencial para evitar desmanes", 2020), lo que denota un prejuicio estigmatizante.
En las entrevistas, se pudieron identificar individuos y grupos que se orientan por rechazar la protesta y la movilización social, pues consideran que está atravesada por vandalismo y actos que responden a un beneficio político. Por esto, son deslegitimadas y comúnmente consideradas perturbadoras del orden, razón suficiente para aplicarles medidas represivas (Sánchez Mera, 2016). Estos participantes, al ser afines al Gobierno anterior, utilizan el apelativo de "izquierda" para descalificar la protesta y atribuirla a un sector político especifico que estaba en oposición a ese Gobierno y, por ende, se le responsabiliza de la ruptura de una normalidad asentida, la identifican con desorden y caos que, en muchos casos, asocian a "comunismo", "guerrilla" y "terrorismo", significantes que se hilan en un leimotiv discursivo que descalifica la movilización social y los llevó a oponerse al proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (Velásquez et al., 2022).
De esta forma, configuran creencias sociales de deslegitimación del oponente que, de acuerdo con Bar-Tal (1998, 2013), están estrechamente relacionadas con creencias sobre la justicia de los propios objetivos y la categorización del otro/diferente de forma extremadamente negativa para desacreditar sus valores, intereses, objetivos y luchas, puesto que no cumplirían con un estándar de valores y normas aceptables para ellos. Así, esta deslegitimación puede llevar a no considerar las demandas y los reclamos de quienes acuden a la protesta, porque se deniega su humanidad, se desencadena estigma y se justifica el maltrato y la represión violenta.
Tales creencias, según algunos participantes, parecen emerger de medios de comunicación que trabajan en la elaboración y propagación de una imagen favorable para el establishment o Gobiernos de derecha y desfavorable para la oposición, cuando esta es de izquierda, englobando en una misma categoría (socialismo/ comunismo) la diversidad de los movimientos sociales (Barreto et al., 2009; Cárdenas Ruiz, 2015). Estos mismos medios funcionan como herramienta a manos del poder económico, captadores del poder político para construir esta imagen del opositor como enemigo, que es deshumanizado y frente al cual se legitima la represión y la violencia (Villa-Gómez et al., 2020). Incluso, tendríamos que preguntarnos ¿por qué en este país decir "izquierda" significa señalar la encarnación del mal, el desorden social, la desestabilización económica y política? ¿Por qué se iguala con subversión armada, caos, desorden, terrorismo? (Velásquez et al., 2022). ¿Por qué oponerse a un orden social injusto es definido como delictivo?
De acuerdo con Martín-Baró (1989), este es un síntoma inequívoco de polarización que en Colombia es exacerbada por sectores políticos que, utilizando la figura del enemigo único en la insurgencia armada, generaron una oposición multitudinaria a la negociación política del conflicto armado y el apoyo a políticas públicas que, incluso, van en contravía de los intereses y las necesidades de esas multitudes (Villa-Gómez, 2019).
Al identificar los medios de comunicación como herramienta para la formación de creencias sociales y orientaciones emocionales colectivas, es de suma importancia apostar por su democratización, para que se vean representadas las perspectivas alternativas que irrumpen para desafiar las ideas y los intereses hegemónicos que están presentes en el Gobierno y en los medios tradicionales (Bar-Tal, 2017; Villa-Gómez et al., 2020; Velázquez et al., 2022). Con esto, se propiciaría la visibilización de factores comunes entre las diferencias y alejarse del tradicional favoritismo hacia la versión oficial.
A partir de lo anterior, en atención a la propuesta de Bar-Tal (1998, 2013), Tajfel (1984) y Leira López (2015) respecto de la construcción de endogrupo y exogrupo, y las creencias y orientaciones emocionales colectivas que giran en torno a esta construcción, es evidente que el grupo social que rechaza la protesta lo hace porque la identifica con un grupo ajeno a lo instituido con el que sus miembros no se identifican (Blanco, 2007). Desde el leimotiv discursivo que pone en el mismo plano la protesta social con el enemigo absoluto, en la guerrilla, se abre la puerta a la justificación de la violencia perpetrada por entes estatales (Policía, Esmad) como la forma de responder ante una movilización social.
Por esta razón, cuando suceden atentados contra la vida y la integridad de los manifestantes, parecen ser aceptados por sectores de la sociedad colombiana, tal como se evidenció en esta investigación. Tal situación parecería solo el deseo de unos, pero, con los acontecimientos vividos durante el paro del año 2021, podemos darnos cuenta de que esta creencia puede ser la base para justificar represión violenta en contra de la protesta social, en el nombre de luchar contra un "enemigo absoluto", encarnado en una insurgencia armada que se "camuflaría" en los manifestantes y utilizaría la movilización como pretexto para la toma violenta del poder: civiles armados, detenciones arbitrarias, tortura, homicidios, abuso sexual, entre otras, frente a las que las acciones de condena por parte de autoridades y algunos ciudadanos brilla por su ausencia, favoreciendo un clima de aparente impunidad, que, al final, le ofrecen motivos a quienes defienden la lucha armada, con lo cual se abren las puertas para nuevos ciclos de violencia y la dificultad para concretar procesos de negociación política e implementar el acuerdo de paz.
Así pues, la violencia histórica ejercida por el Estado colombiano contra sectores de la sociedad civil que se oponen al proyecto hegemónico de nación trazado por las élites tradicionales puede ser documentada desde hace más de un centenar de años (Archila, 1995, 2002; González Arana y Molinares Guerrero, 2013; Toro, 2016), ligado a un ejercicio sistemático de represión, tortura, asesinato y validación de otros hechos de exterminio de la disidencia social y política desde la masacre de las bananeras en 1928, pasando por las acciones de la policía cívica (pájaros y chulavitas), el Estatuto de Seguridad de 1978-1982, el genocidio político contra la Unión Patriótica (UP) y los múltiples asesinatos a líderes sociales, luego de la firma del acuerdo de paz. Lo que da pie a otros sectores a sustentar que la lucha armada se justificaría en este contexto, en un ciclo que parece no tener final.
Si nos remitimos a los hechos sucedidos en noviembre de 2019, septiembre de 2020 y entre abril y mayo de 2021, en el llamado gran paro nacional, la respuesta del Gobierno de Iván Duque ante las demandas válidas, amparadas y protegidas bajo la Constitución y normas internacionales ha sido la violencia y militarización de las ciudades, una imagen que conlleva a pensar en un campo de guerra, en el que hay diferencias abismales en la proporcionalidad de la fuerza, pues no es comparable un fusil con una piedra o un manifestante con un integrante del Esmad protegido de pies a cabeza por indumentaria especializada. Esto evidencia la configuración clara de un marco de opresión y represión muy lejano de un sistema democrático.
Así pues, vale finalizar este artículo evidenciando que, en contra de algunas tradiciones investigativas en las que se plantea una baja participación electoral de los sectores juveniles del país o una poca influencia de este sector en la realidad política de Colombia (Ocampo Barros, 2011; Sandoval Moya y Hatibovic Díaz, 2010), muchos de los relatos dados por los participantes afirmaban que la gran mayoría de las personas que salían a protestar eran sectores juveniles y universitarios. Esto último puede indicar dos cosas: la primera que, en contravía de lo que narran los medios tradicionales, no son los sindicatos ni el comité del paro los protagonistas y grandes movilizadores de la resistencia que se ha tejido desde 2019, sino los jóvenes, el movimiento indígena, las bases populares y empobrecidas a quienes, como dicen en algunas de las pancartas, "les han quitado todo, hasta el miedo de morir". Esto deriva en la segunda que denota que los niveles de desesperanza y no futuro en Colombia son tan grandes que se hacen necesarias este tipo de expresiones para que la sociedad pueda tomar conciencia de la necesidad de una transformación sistémica, única manera de construir una paz estable y duradera, fundamentada en la justicia social.
La sociedad colombiana queda, entonces, con la responsabilidad de aceptar y trabajar en torno a la evidente polarización presente en el país, que se hace aún más evidente cuando de movimientos sociales se trata. De esta manera, es importante conocer nuestra historia, el ataque sistemático a la oposición, la represión histórica a la protesta social y la forma en que las élites que se han establecido en el poder han intentado mantenerlo a toda costa, y así lograr la convergencia necesaria para hacer frente a problemas estructurales, en que la construcción de la paz y la resolución negociada del conflicto político, social e histórico es una tarea impostergable.
Esto implicará la promoción y el desarrollo de discusiones éticas y políticas entre todos los sectores sociales para reconocer en el otro un ser de valor, en un Estado de derecho y democrático, en el cual las diferentes posiciones no solo tienen validez, sino que fortalecen el ejercicio mismo de la democracia y la construcción como sociedad. Estas discusiones también deben ser sustentadas y basadas en evidencias, cifras y testimonios reales, para romper con las barreras psicosociales que impiden el diálogo y entendimiento entre ambas perspectivas y bloquean la paz, las cuales se fortalecen a través de generalizaciones, prejuicios y la construcción deshumanizada del otro diferente. Esto nos compromete a hacernos una pregunta por la construcción de una sana democracia en Colombia, este será el camino para construir paz y reconciliación, puesto que, de lo contrario, nos veremos avocados a seguir padeciendo la condena de otros cien años de soledad.
