INTRODUCCIÓN

El pueblo mapuche es uno de los grupos originarios de mayor importancia demográfica y nivel de reconocimiento público en los países del Cono Sur de América del Sur, tanto en Chile, a partir del intenso conflicto que desde hace años se viene manteniendo en la región originaria de la Araucanía, como en Argentina, con crecientes conflictos con propietarios privados y algunos niveles estatales, a veces entrelazados con estos intereses.¹

En este dosier "Protesta social en América Latina: narrativas, actores e impacto", nos proponemos abordar las movilizaciones y repercusiones públicas del accionar del pueblo mapuche, centrándonos en los movimientos y comunidades asentados en la zona del Parque Nacional Nahuel Huapi y áreas aledañas, en la región cordillerana de las provincias de Neuquén y Río Negro, en la República Argentina.

Desde mediados de la década de 1990, las organizaciones y comunidades mapuches poseen una creciente presencia y visibilidad pública, capacidad de plantear sus demandas ante los diferentes niveles estatales, la opinión pública y variados sectores políticos y sociales. Algunos de estos grupos se fueron conformando en aliados o son permeables a muchas de sus reivindicaciones. En ocasiones, con vínculos más bien esporádicos o, en otros casos, más intensos y cercanos. Los pueblos indígenas se fueron convirtiendo a lo largo de estos años en un grupo social sumamente destacado en algunos ámbitos regionales.

Abordaremos el periodo que va desde 1992 hasta el presente, ciclo que implica un gran cambio con los denominados contrafestejos del V Centenario de la Conquista de América, lo que devino una emergencia, revitalización y reposicionamiento de las organizaciones de los pueblos originarios. Este hito va a ser un antecedente fundamental para el que tendrá lugar dos años después con la reforma de la Constitución de 1994 que va a consagrar la preexistencia de los pueblos originarios (modificando el arcaico artículo de la Carta Magna de 1853) y a establecer una serie de derechos específicos, entre ellos el autorreconocimiento, la identidad y el acceso a los territorios ancestrales.

Por un lado, analizaremos este recorrido a la luz de los efectos de las diversas transformaciones socioeconómicas que impactan estas poblaciones, en que adquiere una importancia central, en función de la zona en que trabajamos, la expansión de variadas actividades como el turismo y sus asociadas (inmobiliarias, construcción, etc.). Por otro, abordaremos los efectos de la aplicación de las diferentes políticas públicas y legislaciones, que se fueron instrumentando a partir de las demandas de las organizaciones indígenas y sociales. Por ello, las consecuencias de las políticas públicas y sus efectos en la dinámica de las organizaciones son tan vastos como inesperados y generan, incluso, en algunos casos, renovadas formas de conflicto.

Finalmente, consideraremos el escenario novedoso de los últimos años, con un creciente nivel de conflictividad entre las comunidades y organizaciones indígenas con agentes privados y niveles estatales, la difusión a través de medios masivos de comunicación, con un nivel inusitado de presencia en la agenda pública y en los medios masivos, de mensajes estigmatizantes y criminalizantes, y un "nuevo nivel" o "escalón" en el grado de estigmatización", en que el pueblo mapuche no es solo visibilizado como de un supuesto "origen chileno", sino, en algunos casos, como presunto "terrorista", en especial ciertos grupos como quienes llevaron a cabo la toma en el predio de Parques Nacionales en el lago Mascardi, vinculado a acciones delictivas, muchas de ellas inventadas, puestas en escena, "montajes", noticias sumamente distorsionadas, fake news, etc.

La zona que hemos definido para este artículo se sitúa en el norte de la Patagonia argentina, en el Parque Nacional Nahuel Huapi y sus dos municipios aledaños. El área norte del parque corresponde al departamento Los Lagos de la provincia del Neuquén y la margen sur de esta área protegida, y al departamento Bariloche de la provincia de Río Negro, donde el lago Nahuel Huapi funciona como límite entre ambas provincias (figuras 2 y 3). Esto incluye ambos ejidos municipales, las ciudades de Villa la Angostura y San Carlos de Bariloche, cabeceras de tales jurisdicciones provinciales, respectivamente.²

Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Se adjunta remarcado el sector del corredor de los lagos de Norpatagonia argentina que corresponde a la figura 2.

Figura 1 Figura de la República Argentina 

Fuente: Cartógrafo Eduardo R. García. Elaborado sobre datos pertenecientes a la Dirección Catastro de la provincia del Neuquén. Laboratorio de Información Geográfica Forestal, Coordinación de Políticas Forestales, Ministerio de Ordenamiento Territorial, provincia de Neuquén.

Figura 2 Figura del corredor de los lagos de Norpatagonia argentina 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional.Provincia de Neuquén, mapa político. Recortado el sector que corresponde a las localidades cordilleranas de la provincia de Neuquén. Nota: están indicadas las localidades de Villa la Angostura, Bariloche, El Bolsón, San Mart/n de los Andes, Junín de los Andes, Aluminé y Esquel.

Figura 3 Figura región cordillerana de la provincia de Neuquén 

Profundizando en estas dinámicas, cabe señalar que los diversos procesos históricos particulares en esta zona (que actualmente conforma el Parque Nacional Nahuel Huapi y sus municipios aledaños: Bariloche y Villa la Angostura) han llevado a que los integrantes de este pueblo indígena negaran su identidad durante muchos años y que, además, en muchos casos, debieran abandonar sus territorios y migrar a estas localidades en busca de mejores condiciones de vida. En efecto, la conformación del Parque Nacional Nahuel Huapi en la década de 1930, con sede en Bariloche, devino la expulsión de muchos pobladores de los ámbitos rurales y la necesidad de estos de establecerse en las localidades y zonas aledañas. Este es uno de los factores que ha llevado a disminuir la presencia de "comunidades" tangibles en las áreas rurales o periurbanas, en comparación con otras regiones cercanas (como San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Aluminé, El Bolsón, etc.).

Por eso, la creciente presencia del pueblo mapuche y sus organizaciones de los últimos años en Bariloche y Villa la Angostura se fue convirtiendo en uno de los hechos más representativos de las diversas transformaciones locales, paralelamente al debate y las controversias acerca de la legitimidad que posee este pueblo y, en particular, estas comunidades.

En lo que respecta al conjunto del pueblo mapuche, este ha conformado destacadas organizaciones etnicistas a partir de la década de 1970, que se consolidaron con el devenir democrático desde 1983, que vienen logrando (con paulatinos avances y no sin dificultades) variados niveles de reconocimiento por parte de entes estatales y no estatales. Su accionar ha generado profundos cambios sociales, políticos y culturales en la región, ya que es el pueblo mapuche uno de los de mayor presencia en la Argentina. A la vez, estos procesos se sustentan y retroalimentan en las crecientes dinámicas de "re-emergencia", "reactualización de la identidad", "transfiguración étnica" (^{Bartolomé y Barabas 1996}) o "revival de lo étnico" (^{Vázquez, 2000}) en plena coincidencia con lo que ocurre en el resto del país y de América Latina.

Todos estos procesos a los que venimos haciendo referencia conllevan la afirmación de estos pueblos como sujetos de derecho y agentes sociales y políticos, que efectúan una serie de reivindicaciones por sus territorios, su identidad étnica, su cultura y sus derechos específicos, revirtiendo la tendencia histórica a la negación y la invisibilización por parte del Estado y de los sectores hegemónicos nacionales, regionales y locales (^{Valverde, 2013a}). Así es como se explica la sanción desde el retorno de la democracia de diferentes legislaciones que implicaron un viraje desde políticas que pueden caracterizarse como "asimilacionistas" e "integracionistas", que fueron la constante de gran parte del siglo XX, hacia la aplicación de diferentes acciones enmarcadas en el denominado "indigenismo de participación" (^{Gorosito Kramer, 2008}).³

Con la consolidación del Estado de derecho y el accionar de las organizaciones indígenas, se sancionó una serie de leyes y se modificó la carta magna nacional, las provinciales y las normativas de algunos municipios con presencia indígena. En efecto, con la reforma de la Constitución Nacional de 1994, se reconoció, con rango constitucional, la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios. En efecto, se sancionó el artículo 75, inciso 17, en el cual se han incorporado los derechos de los pueblos originarios, se asignó rango constitucional al reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural, así como se garantizó el derecho a la identidad, además de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.

Previamente a dicha reforma, la herramienta legal de los pueblos indígenas fue la Ley Nacional N° 23.302 sobre "Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes", promulgada en 1985. Asimismo, la Argentina ha ratificado a través de la Ley N° 24.071, de 1992, el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (órgano dependiente de la Organización de las Naciones Unidas [ONU]) sobre "Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes" de 1989. Se trata de uno de los instrumentos jurídicos más importantes en el ámbito internacional con respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Este convenio fue ratificado en 2001 y significó un profundo cambio de perspectiva respecto de la concepción integracionista previa que proponía asimilar a los pueblos dentro de la cultura oficial.

Esta región de los lagos de Norpatagonia argentina cuenta con grandes bellezas naturales, al asentarse en un entorno de paisajes boscosos y espejos de agua en forma de lagos, ríos y arroyos que recorren la geografía compuesta por montañas que forman parte de la cordillera de los Andes (que oficia de límite natural con el vecino país de Chile) (figuras 1 y 2).

Desde hace décadas, la Patagonia, en general, y esta zona cordillerana, en particular, viene teniendo una creciente importancia, y se ha consolidado como un centro turístico, de servicios y de actividades político-administrativas centradas en localidades de esta región, como San Carlos de Bariloche, Villa la Angostura, San Martín de los Andes, El Bolsón, Esquel, etc.

La acelerada expansión turística e inmobiliaria trajo consigo profundos cambios para el pueblo mapuche, cuyos territorios se han ido valorizando paulatinamente. Esta expansión de diversas actividades económicas, o de las "fronteras productivas", en ámbitos donde están asentados estos pobladores rurales, es plenamente coincidente con la situación de otros grupos indígenas y de pequeños productores rurales a lo largo del país (^{Tamagno, 2012}). Es comparable a lo que viene ocurriendo con el pueblo mapuche en el vecino país de Chile, principalmente, a partir de la expansión de la actividad forestal y la construcción de centrales hidroélectricas y carreteras (^{Alwin Oyarzún, 2008}).

En el nuevo escenario abierto en los últimos años (desde 2017) con un creciente nivel de conflictividad, estigmatización y una presencia inusitada en los medios de comunicación del denominado "conflicto mapuche" o "conflicto con los mapuches" y, en particular, de algunos ámbitos conflictivos que pasan a estar particularmente mediatizados. Algunas características de esta etapa se habían avizorado en 2009, con la presencia mediática que pasa a tener en el contexto electoral de aquel entonces y la aparición de diferentes notas periodísticas en los medios nacionales que ponían en duda la preexistencia mapuche a partir de una serie de falacias y tergiversaciones.

Para el desarrollo de este artículo, recuperamos la experiencia de las investigaciones y labores que venimos realizando desde fines de la década de 1990 a través de diferentes proyectos, becas, tesis de grado y posgrado, y de la labor como investigadores.

Nos hemos apoyado en el método etnográfico basado en la observación participante y entrevistas abiertas, junto con el trabajo de fuentes secundarias, como documentos institucionales, diarios zonales y autores que trabajan el tema.

LA REGIÓN DE "LOS LAGOS" DE NORPATAGONIA ARGENTINA Y LA EXPANSIÓN TURÍSTICA E INMOBILIARIA

La zona comprendida en este trabajo abarca el Parque Nacional Nahuel Huapi y las localidades linderas de San Carlos de Bariloche y Villa la Angostura, cabeceras de los departamentos de Bariloche de la provincia de Río Negro y Los Lagos de la provincia del Neuquén, respectivamente (figuras 2 y 3).

San Carlos de Bariloche se asienta sobre la margen sur del lago Nahuel Huapi y cuenta, de acuerdo con datos del último censo cuyos resultados están disponibles (de 2010), con 108.205 habitantes, en tanto, según estimaciones en la actualidad (2022), superaría los 145.000 habitantes. Sus actividades económicas se concentran en el turismo, el comercio, los servicios públicos y los ámbitos educativos, y también el Estado, en sus diferentes niveles, es el principal empleador. Se desarrolló inicialmente como la localidad más importante de la zona cordillerana, en especial, a partir de la conformación de Parques Nacionales (en la década de 1930). Por eso, se trata del centro urbano identificado como principal referencia de la "zona de los lagos"; actualmente, la cuarta ciudad en importancia demográfica de la Patagonia. Luego, a partir de su progresivo desarrollo, irradió su influencia y contribuyó a la conformación de las ciudades vecinas de Villa la Angostura, El Bolsón, Esquel, San Martín de los Andes, etc.

En lo que respecta al distrito neuquino de Los Lagos, está asentado en el extremo sur de esta provincia. Su ciudad de referencia, Villa la Angostura, se asienta sobre la orilla norte del lago Nahuel Huapi (lago que oficia de límite entre ambas provincias) y se extiende hasta el lago Correntoso (figuras 2 y 3). Se encuentra a 80 km de San Carlos de Bariloche y a 110 km de San Martín de los Andes (por el circuito turístico de Los Siete Lagos).⁴ Villa la Angostura se fundó oficialmente en la década de 1930, como una de las villas fundadas por Parques Nacionales por aquellos años, si bien había un núcleo previo de población de diversos orígenes (como la de origen indígena) desde hacía varios decenios. El desarrollo de esta localidad fue lento durante la primera mitad del siglo XX, pero, en la década de 1990, a partir de la pavimentación de la ruta N° 231 (que la comunica con Bariloche) y la expansión de la actividad turística en la región, comenzó a intensificarse aceleradamente su crecimiento poblacional, que pasó de 3056 habitantes en 1991 a 7325 en 2001 (^{INDEC, 2001}), y 11.063 en 2010 (^{Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia del Neuquén, 2012}). Las actividades económicas de esta localidad se concentran, principalmente, en el turismo, la construcción y los diversos servicios del Estado (principalmente municipal y, en menor medida, provincial), y se mantiene, desde su fundación, como una opción para visitantes de alto poder adquisitivo.

Como adelantamos al inicio, en esta región de los lagos de Norpatagonia argentina, por su atractivo paisajístico (bosques, montañas, cuencas lacustres, paisajes boscosos, ríos, arroyos, etc.) y por la infraestructura con la que cuenta, desde hace años viene creciendo en importancia como centro turístico y de servicios. Estas condiciones vienen contribuyendo a promover la expansión de la actividad turística (y sus asociadas, como la inmobiliaria). Desde hace varias décadas, en estas localidades, como San Carlos de Bariloche, Villa la Angostura, San Martín de los Andes, Esquel, etc., se vienen desarrollando servicios terciarios y actividades político-administrativas.

Un indicador que permite dimensionar las transformaciones de este periodo es la variación poblacional de los últimos veinte años (1991-2010). Mientras la provincia del Neuquén pasó de 388.833 a 551.226 habitantes (41,8 % de incremento), en los cuatro departamentos del "corredor de los lagos" que corresponden a la zona de mayor desarrollo de la actividad turística (Aluminé, Huiliches, Lácar y Los Lagos), la población creció casi el doble que en el total provincial: un 80,5 %. En el mismo periodo, la vecina provincia de Río Negro pasó de 506.772 a 638.645 habitantes (un 26,0 % más), pero el departamento de Bariloche (donde la actividad turística adquiere gran relevancia) aumentó de 94.640 a 133.500 habitantes (un 41,1 %) (^{INDEC, 2001} y ²⁰¹²).

Pero estas redefiniciones son mucho más profundas que un crecimiento poblacional, ya que no solo han implicado un gran incremento en la cantidad de visitantes y nuevos propietarios, sino que también han involucrado una modificación cualitativa en la demanda, con nuevos perfiles socioeconómicos y de consumo que tienden a generar un mayor "prestigio" del lugar, cambios que pueden evidenciarse en una multiplicidad de indicadores.

Esta valorización de la región, que ya se venía avizorando desde decenios anteriores, se aceleró y profundizó a partir de la devaluación de la moneda local (el peso argentino) que tuvo lugar en el contexto de una intensa crisis económica y social en 2002.⁵

A partir de dicho momento, con el fin de la paridad peso-dólar, se ha dado una ampliación de esta fuente de ingresos, tanto a partir de la llegada de visitantes extranjeros que, en mayor medida, han comenzado a viajar hacia la Argentina como de la reducción de los viajes al exterior de los turistas locales (ante los mayores costos en relación con sus ingresos).

Un ejemplo de los efectos que viene generando esta actividad, y sus asociadas, es el de la acelerada expansión inmobiliaria en la localidad de Villa la Angostura, a partir de la construcción de residencias de gran valor monetario (en gran medida, segundas residencias).⁶ Con estos valores, no son extraños los múltiples conflictos que resultan de la expansión de esta fuente de ingresos, ni los efectos que generan desde el punto de vista de la criminalización y judicialización de los integrantes de la comunidad mapuche local Paichil Antriao (que veremos en los próximos apartados).

LAS CONQUISTAS MILITARES, LA CONFORMACIÓN DEL ESTADO NACIÓN Y EL PUEBLO MAPUCHE

En lo que respecta a las especificidades del pueblo mapuche, su sometimiento militar tuvo lugar a fines del siglo XIX, después de varios siglos de resistencia, cuando se llevaron a cabo las campañas, de carácter genocida, conocidas eufemísticamente como Conquista del Desierto (en La Pampa y Patagonia entre 1879 y 1885) y Conquista del Chaco (entre 1870 y 1911). Al mismo tiempo, en el occidente cordillerano (actual Estado chileno), se desarrollaba una operación militar similar (denominada Pacificación de la Araucanía) (^{Radovich, 2003}).

La Conquista del Desierto, encabezada por el general Julio A. Roca, permitió la incorporación de las áreas habitadas por el pueblo mapuche en la estructura económica del Estado nación argentino en formación. Además del exterminio y el sometimiento de miles de indígenas, el resultado fue la privatización y concentración de grandes extensiones de tierra, que resultaban necesarias para la expansión de la clase terrateniente y la consolidación del modelo agroexportador. Otro efecto fue el reasentamiento de la población sobreviviente en tierras marginales, donde adoptaron como actividad económica preponderante la crianza de ganado menor (ovino y caprino) en forma extensiva (^{Radovich y Balazote, 2009}).

Luego de las conquistas y con el proceso de conformación del Estado nación, las políticas buscaron permanentemente homogeneizar y estigmatizar, culturalmente, a la población asentada en el territorio, tanto a los indígenas como a otros grupos sociales considerados "indeseables" (como inmigrantes chilenos de bajos recursos, muchas veces descendientes de indígenas y criollos).

Por eso, un aspecto nodal en estas dinámicas homogeneizadoras ha sido, a lo largo de la historia, simbolizar a los indígenas a través de atributos ligados a la noción de exterioridad (en relación con lo "contemporáneo", lo "nacional", lo "normal", etc.). El más extendido de estos desplazamientos, y quizá el más eficiente como representación, es el de "extranjería" a través de la identificación estigmatizante, de larga data, de los mapuches como supuestos "chilenos" (^{Radovich y Balazote, 2009}). Pero hay otras asignaciones de similar tenor, siempre vinculadas a esta noción de externalidad, como las permanentes acusaciones a los indígenas, en especial, a sus organizaciones, de "intentos de secesión", "ilegalidad", "terrorismo", etc. Precisamente, los estigmas que se han reforzado en los últimos meses vienen reforzando estos últimos aspectos.

PRIMERA ETAPA: EL SURGIMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS INDÍGENAS EN NORPATAGONIA, DESDE LA DÉCADA DE 1970 HASTA LOS 500 AÑOS DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA

Para la periodización de diferentes "momentos" del recorrido efectuado por el movimiento indígena mapuche en la Argentina, y en particular en la zona que nos ocupa, retomaremos los aportes de Bengoa (2007, 2009) y el que planteamos en otra oportunidad (^{Valverde, 2013a}). Un primer periodo "de la emergencia indígena", según este autor, se inicia en la década de 1980 con la aparición de diversos agrupamientos, en su mayoría asociados a la actividad de organizaciones no gubernamentales (ONG) e Iglesias (^{Bengoa, 2007}).

En Patagonia Norte, este periodo lo debemos retrotraer hasta la década de 1970, ya que, si bien la mayor parte de los grupos surgió en 1980, hubo un importante antecedente organizativo del pueblo mapuche en la década de 1970: la Confederación Indígena Neuquina (CIN), una de las primeras agrupaciones del país.

Cabe destacar que a lo largo del siglo XX los integrantes de las diversas familias mapuches asentados en las cercanías de las localidades de Bariloche y Villa la Angostura (al igual que las restantes urbes de la región) fueron migrando hacia estas ciudades para desempeñarse en diferentes trabajos asalariados, ya sea diariamente, por temporada o en forma permanente. Las actividades agrícola-ganaderas que desarrollaban estas familias indígenas en los ámbitos rurales fueron declinando como consecuencia de la creciente reducción de los espacios territoriales (ante el avance de diferentes agentes estatales y privados), la imposibilidad de las economías domésticas de acrecentar su producción (al mismo tiempo que se incrementaban sus integrantes) y la creciente reducción del mercado para la venta de las diversas elaboraciones domésticas de las que antes eran abastecedores. Esto los llevó al progresivo asalariamento y asentamiento en los ámbitos urbanos en los barrios característicos de los sectores populares, con menores servicios y alejados de los sectores más exclusivos (de clase media y media alta) y donde, en mayor medida, circula el turismo. También, en muchos casos, el asentamiento en la ciudad ha estado estrechamente ligado a los procesos de expulsión forzada desde diversos ámbitos rurales, llevados a cabo, principalmente, por parte de Parques Nacionales a partir de las décadas de 1950 y 1960, junto con otros agentes privados y estatales.

En el ámbito urbano, las tareas desarrolladas se asocian con las características de los sectores pauperizados y más empobrecidos: el servicio doméstico (las mujeres) y la construcción (los hombres), además de diversas labores vinculadas a los servicios, en gran medida del mercado turístico (transporte, jardinería, servicios gastronómicos, etc.), muchas de ellas de carácter informal y temporario; por ello, es que padecen, en general, tanto menores remuneraciones como mayores niveles de precariedad laboral que la población no indígena.

Históricamente, entre los migrantes que fueron estableciéndose desde hace varias décadas en Bariloche y Villa la Angostura (y otras ciudades de la región), se fue dando un proceso de "desadscripción étnica", de ocultamiento de la identidad, a partir de la internalización, en ellos mismos, de los prejuicios de vastos sectores sociales en relación con los pueblos indígenas, que son tildados de "vagos", "borrachos", "analfabetos", etc. (^{Radovich, 1992}, p. 51).

No obstante, en muchas ocasiones, fue posible seguir transmitiendo en forma oral, de generación en generación, diferentes prácticas culturales del pueblo mapuche en relación con las tareas rurales, la confección de tejidos, las comidas y un conjunto de "costumbres" asociadas a lo "rural" o al hecho de ser "pobladores" de la región.

Pero, otras veces, estas prácticas culturales no eran transmitidas a las nuevas generaciones, o sí, pero fragmentariamente, dado el racismo que padecían. Tal es el caso de la enseñanza de la lengua mapuche, el "mapudungún", ya que, tal como se registra en poblaciones indígenas cercanas, sus mayores la hablaban, pero no se la enseñaban a las nuevas generaciones para protegerlas del racismo y la persecución.

Esta política coercitiva, claramente encuadrable en la categoría de "etnocidio"^,7 resultó sumamente exitosa, dado que, en la actualidad, son escasos los habitantes de las distintas comunidades que hablan el mapudungún (^{Radovich y Balazote, 2009}).

Un aspecto a destacar, en relación con estas prácticas culturales del pueblo mapuche, es que muchas de ellas se pudieron mantener y transmitir a los integrantes más jóvenes, a veces disimuladas bajo el culto católico. Es el caso de la denominada fiesta de San Juan, que se lleva a cabo el 24 de junio, celebración religiosa de la fe cristiana que fue popularizada por parte de la población indígena, ya que el día cristiano de San Juan coincide con el Wiñoy Xipantu (el año nuevo del pueblo mapuche).

El hecho de que estas prácticas culturales estuvieran presentes durante largo tiempo y se siguieran manteniendo muy vivas en la memoria colectiva es clave para comprender la revalorización de la identidad y de los saberes ancestrales. Si no consideramos estos antecedentes históricos, el proceso de reetnización, reactualización identitaria más reciente se convierte en un hecho, aparentemente, inexplicable, proclive a ser reducido a una lectura, tanto desde la academia como desde diversos ámbitos políticos y sociales, que la interpreta como una movilización exclusivamente "instrumental".

Así es como comprendemos el hecho de que, en contraste con el proceso de desadscripción étnica o, a veces, aparente desadscripción experimentado por sus ancestros, en las últimas décadas, los hijos y nietos de aquellos desplazados que residen en el medio urbano hayan iniciado un proceso de revalorización de la identidad mapuche. Nacidos y criados o llegados a corta edad a la ciudad, lograron un mejor nivel de instrucción formal y capacitación laboral que sus mayores y pasaron, además, por experiencias en sindicatos, partidos políticos y comunidades eclesiales de base (CEB) (^{Radovich, 1992}, ²⁰¹¹). Esto explica el surgimiento de diferentes organizaciones etnopolíticas que se conformaron con el retorno de la democracia y que se consolidaron en los años posteriores.

Continuando con la génesis y el desarrollo de la CIN, en su origen fue clave el apoyo brindado por la Iglesia católica provincial que había iniciado tareas de promoción social en las comunidades mapuches,⁸ para crear una organización social autónoma. A partir de 1974, el fuerte contexto represivo sobre las diferentes organizaciones populares en Argentina hizo que la CIN perdiera fuerza y fuera políticamente cercada por el Gobierno provincial (^{Serbín, 1981}). Luego, en la década de 1980, este grupo pasó a tener una presencia cada vez más destacada, denominándose hasta nuestros días Confederación Mapuche Neuquina.

A finales de la última dictadura cívico-militar (1976-1983) y con la reinstauración democrática, se fueron conformando otras organizaciones indígenas. Nehuén Mapu (la fuerza de la tierra) constituyó uno de los primeros grupos autónomos de mapuches urbanos. Algunos de los integrantes de estas organizaciones contaban con experiencia en la actividad sindical, en la militancia barrial, en partidos políticos, así como en tareas comunitarias vinculadas al obispado local (^{Radovich, 1992}, pp. 57-59).

También por aquellos años fueron surgiendo otras agrupaciones como los denominados Centros Mapuche de diversas localidades (Bariloche, El Bolsón, General Roca, etc.). Estos grupos nacieron gracias a la existencia de articulaciones y formas de organización preexistentes y de vinculaciones con diversos sectores sociales de la región, que había sido una zona de exilio interno durante la última dictadura militar, ya que el terrorismo de Estado era menos brutal por su aislamiento geográfico.

Otro de los grupos conformados en este contexto fue el Consejo Asesor Indígena (CAI)⁹ de la provincia de Río Negro, a partir del movimiento solidario llevado a cabo por el accionar de la Iglesia, los dirigentes mapuches y el Gobierno provincial, para contrarrestar los efectos de una gran nevada¹⁰ que en ese mismo año afectó a gran parte de los pequeños productores rurales de la zona, que causó la muerte del ganado ovino, fuente de subsistencia de estos productores familiares.¹¹ Desde su conformación, el CAI se fue fortaleciendo como organización social independiente (^{Radovich, 1992}).

En esta etapa, se dio un arduo trabajo de las organizaciones indígenas para su fortalecimiento y un intenso debate en torno a las primeras leyes que se empezaron a elaborar con el retorno de la democracia. Un factor que contribuyó a la movilización fue la creación de diversos cuerpos jurídicos provinciales que, con distintas variantes, incorporaron el concepto de participación, incluso a las organizaciones indígenas en las reparticiones creadas a tal efecto (^{Gorosito Kramer, 2008}). Esto también permitió el acercamiento con diferentes sectores sociales, el trabajo organizativo conjunto y la definición cada vez más nítida de un "nosotros". En definitiva, implicó la conformación y consolidación de estos movimientos como "nuevos sujetos sociales y políticos", tal como lo ha definido tempranamente ^{Iturralde (1991}, p. 32) en relación con estos procesos en América Latina cuando los describía principios de la década de 1990.

SEGUNDA ETAPA: LOS MOVIMIENTOS INDÍGENAS EN LA DÉCADA DE 1990 Y LA CONMEMORACIÓN DE LOS 500 AÑOS DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA

Continuando con la periodización propuesta por ^{Bengoa (2007)} y la que nosotros mismos empleamos (^{Valverde, 2013a}), una segunda etapa está dada por la conmemoración de los 500 años del Descubrimiento de América y por la emergencia indígena de la década de 1990. En América Latina, los levantamientos indígenas de Ecuador (1991) y Chiapas (1994) son sus puntos más altos.

En el pueblo mapuche, consideramos la década de 1990 como una etapa signada por diversos procesos: los "contrafestejos" por los 500 años, la consolidación de las organizaciones indígenas existentes, el surgimiento de nuevos grupos y una serie de movilizaciones paradigmáticas como el denominado "conflicto de Pulmarí" (1995-1996). Todos estos procesos han contribuido a una profunda resignificación y mayor repercusión de las demandas indígenas en el conjunto de la sociedad, de ahí también los cambios que se darían en los años subsiguientes. Un factor clave en las transformaciones de este periodo está dado por la consolidación de los procesos organizativos indígenas, las crecientes articulaciones con vastos sectores sociales y el reconocimiento a sus demandas, con la consiguiente capacidad de movilización. A la vez, tímidamente, el Estado, en sus diferentes niveles y también con grandes heterogeneidades y contradicciones, va efectuando cierta formalización, fruto de estas transformaciones.

Como señalábamos, un hecho nodal en este periodo fue la conmemoración de los 500 años del denominado Descubrimiento de América, lo que implicó una oportunidad en toda América Latina para que los diferentes pueblos se organizaran, plantearan sus demandas ante el conjunto de la sociedad y se mostrara la continuidad entre los pueblos prehispánicos y los actuales (^{Bengoa, 2007}). Paradójicamente, en muchos contextos de la región, los "contrafestejos" ocuparon un lugar más significativo que los "festejos" oficiales (organizados por Estados e instituciones hispanas) y se constituyeron en un hito que posibilitó visibilizar las demandas indígenas y repudiar el proceso de colonización.

En nuestro caso, la dinámica de los "500 años" permitió profundizar los procesos organizativos autónomos que ya venían gestándose en la década anterior, es decir, la elaboración y el fortalecimiento de un discurso propio de estos nuevos sujetos.

El contexto de aquellos años, propició el surgimiento de nuevos grupos en la región como la Organización de Comunidades Mapuche-Tehuelche 11 de Octubre de la provincia de Chubut¹² (^{Scandizzo, 2003}). Unos años después, en la provincia de Río Negro, surge la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, que se propuso agrupar tanto a las organizaciones como a las comunidades rurales y al ya mencionado CAI. En los años subsiguientes, surgieron otras organizaciones de "jóvenes mapuches", denominados a veces "mapuheavy" o "mapupunk" o "mapurbe", o luego "autónomos e independientes", ya que se combinan características étnicas, ligadas a la pobreza urbana y de estilos musicales contestatarios (^{Kropff, 2004}, ²⁰¹¹). A la vez, mantienen, además de una diferencia etaria, un distanciamiento importante con las organizaciones históricas mapuches.

Un conflicto que fue absolutamente central y paradigmático de esa etapa fue el denominado "conflicto de Pulmarí" en el departamento Aluminé, provincia de Neuquén.¹³ Se trata de una zona al norte de nuestra área de estudio, pero que ha influenciado fuertemente en las dinámicas analizadas, también en el pueblo mapuche y, en cierto sentido, en el conjunto de los pueblos originarios de la Argentina.

Este litigio es el resultado de las repudiables políticas llevadas a cabo por la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP). Este organismo fue creado en 1988 a partir de la fusión de tierras fiscales provinciales y nacionales, mediante la Ley Nacional N° 23.612 y la Ley Provincial N° 1758, cuyo espíritu fue promover el desarrollo económico y social de la región, en especial, de las comunidades indígenas asentadas en su jurisdicción (Aigo, Puel, Catalán, Currumil, Hiengheihual y Ñorquinco).¹⁴ La CIP reconocía a las cuatro primeras comunidades, y no lo hacía con las dos últimas. Si bien los objetivos, al menos explícitos de la CIP, eran supuestamente beneficiar a las comunidades, con el tiempo se fue dando un deterioro aún mayor en las condiciones de vida de las familias mapuches a causa de la imposición de tasas abusivas de pastaje (cobradas en dinero o animales) y de las limitaciones en la recolección de leña y piñones (fruto del árbol "pehuén"¹⁵ o "araucaria"), factores que fueron afectando la supervivencia de las familias (^{Carrasco y Briones, 1996}; ^{Delrio et al., 2010}; ^{Radovich, 2000}).

A la vez, fue sumamente restrictiva la entrega de tierras a indígenas, que contrasta con las "generosas" concesiones efectuadas a particulares para emprendimientos principalmente forestales, ganaderos y turísticos. También creaba importantes conflictos la presencia de un solo representante indígena (en un directorio compuesto por ocho miembros) al que, además, la provincia de Neuquén se había adjudicado el derecho a designar. Finalmente, persistía como reclamo el reconocimiento de las comunidades Ñorquinco y Hiengheihual (comunidad Salazar), de reciente reorganización, que la CIP se negaba a incorporar como interlocutores válidos. Estas situaciones tuvieron como resultado una intensa movilización que tuvo lugar en 995 con la ocupación de la sede de la CIP por parte de integrantes de la Confederación Mapuche Neuquina y las comunidades.

Fueron muy importantes las acciones de solidaridad recibidas desde diferentes sectores sociales, resultantes de las crecientes articulaciones a las que venimos haciendo referencia. Tal es el caso del apoyo, a través de comunicados de prensa y participación en las movilizaciones, por parte de sindicatos como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) y organismos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), como también del premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel y de algunos diputados nacionales (^{Radovich, 2000}). Acorde con el proceso de "internacionalización" de los movimientos indígenas que se va dando por estos años (^{Bartolomé, 2004}; ^{Briones y Kradolfer, 2008}), en los meses siguientes, los dirigentes mapuches viajaron al exterior y plantearon la situación de Pulmarí en foros internacionales (^{Nawel et al., 2004}).

La respuesta del Gobierno provincial consistió en acusar a los dirigentes indígenas del delito de "usurpación de tierras", abriendo diversas causas judiciales, acompañadas de una campaña mediática, discursos y notas periodísticas, que enfatizaban las "dudosas" motivaciones y vinculaciones que estarían detrás de estos reclamos.

Ante la inusitada repercusión de estos hechos, el "conflicto de Pulmarí" se transformaría en emblemático de la lucha del pueblo mapuche y otros pueblos originarios argentinos por aquellos años. De hecho, como resultado de este conflicto, se recuperaron 42.000 hectáreas de territorios ancestrales indígenas (^{Nawell et al., 2004}). Desde aquellos años la región se caracteriza por elevados niveles de conflictividad (con diferentes recuperaciones de campos reclamados por las comunidades, desalojos, etc.), por la judicialización de la movilización indígena y por la persistencia de controversias en cuanto a las concesiones otorgadas. A esto se les suman las disputas entre los sectores involucrados (indígenas, pobladores criollos, propietarios privados, empresas, la CIP, etc.) por los cada vez más valorizados recursos y territorios.

Luego del agudo conflicto de 1995-1996 en Pulmarí, vendría otro antecedente que también entendemos que representa un salto cualitativo fundamental: la movilización en el Parque Nacional Lanín que impidió el desalojo de una familia mapuche y dio origen a profundos cambios institucionales que implicaron el reconocimiento y la participación indígena en su gestión.¹⁶ Si bien esta zona nuevamente trasciende la de nuestro estudio, ya que el vecino Parque Nacional Lanín es limítrofe con el Parque Nacional Nahuel Huapi, los procesos acaecidos en esta zona resultaron clave para los que después se darán en nuestra área.

Más cerca en el tiempo, a partir del avance de los pueblos indígenas en su reconocimiento social y jurídico, se han promulgado diferentes legislaciones de gran impacto en los territorios y en las dinámicas de los diversos pueblos indígenas.

Tal es el caso de la Ley N° 26.160 (año 2006 y prorrogada en 2013 y 2017 hasta 2021, y que actualmente fue prorrogada por un decreto presidencial) que declara la "emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país", la Ley Nacional N° 26.331 de "Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos" (2007), conocida como "Ley de bosques", que, en este caso, no tiene como destinatario exclusivo a los pueblos indígenas, pero que puede involucrarlos junto con otros sectores sociales. Entre otras legislaciones que debemos mencionar (además de las ya citadas), existen la Ley de Educación Nacional N° 26.206, que en los artículos 52, 53 y 54 instaura la "Educación Intercultural Bilingüe" (EIB); la Ley N° 26.502 de "Servicios de comunicación audiovisual", que posibilitó la conformación de medios comunitarios administrados por los diferentes pueblos (luego derogada por decreto en la gestión de Mauricio Macri); la Ley N° 26.737 "Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales", conocida como "Ley de Tierras", que puso cierto límite a la extranjerización de tierras, también modificada por decreto durante la Presidencia de Macri (2015-2019). También se encuentra el reconocimiento de diferentes comunidades a través del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci) con la consiguiente obtención de las correspondientes personerías jurídicas como comunidades ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Luego veremos que debemos complejizar las implicancias de esta sanción de este marco normativo en la medida en que existe un inusitado nivel de incumplimiento de estas legislaciones y una brecha entre "el dicho" y "el hecho". Brecha que, por cierto, podemos plantear que, en general, y en la región que nos ocupa, en particular, se ha ido agrandando.

La novedad radica en que, por estos años, los pueblos indígenas y, en particular, en esta zona, el pueblo mapuche ya va siendo reconocido como un sujeto de derecho, sus demandas poseen mayor repercusión en el conjunto de la sociedad, la cual empieza a reconocer su carácter "multicultural" y, por consiguiente, también en algunos entes estatales se van dando experiencias de participación de los movimientos indígenas, en instancias de participación, co-gestión o co-manejo.

Consideramos que resultan clave estas crecientes experiencias de participación, las que desde ya no están exentas de contradicciones, conflictos y que a la vez son el resultado de la movilización y del accionar a lo largo del tiempo de las organizaciones. Un ejemplo es, precisamente, el "co-manejo" del Parque Nacional Lanín (al cual ya nos hemos referido), que se inició a fines de la década de 1990 (^{Carpinetti, 2005}; ^{Valverde, 2013a}; ^{Valverde et al., 2013}), que implica una administración conjunta de los territorios entre esta institución, las comunidades mapuches y la Confederación Mapuche Neuquina (organización etnicista que nuclea a las comunidades y los pobladores urbanos). Así, se reconoció a los mapuches no solo como interlocutores válidos, sino como activos partícipes en el proceso de conservación de esta área protegida (^{Carpinetti, 2005}; ^{Valverde, 2013a}). Otros casos que podemos citar son los de la Corporación Interestadual Pulmarí, que antes señalamos, que posee un representante indígena en el directorio que luego de la intensa movilización volvió a ser un representante reconocido por las comunidades. Otro ejemplo, pero en Río Negro, en la zona que nos ocupa, es el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas de Río Negro (Codeci). Se trata de un organismo mixto con representantes indígenas y del Gobierno provincial.

Consideramos que por la trascendencia que adquieren estos cambios a los que venimos haciendo referencia en la relación con el Estado, en particular, algunos niveles e instituciones, estos antecedentes pueden ser considerados una impronta fundamental de esta "nueva etapa" que se inicia en 1992.

En relación con esta particular vinculación entre el Estado y los movimientos indígenas, recuperamos enfoques que, a partir del abordaje de las prácticas y experiencias cotidianas, se oponen a las lecturas dicotomizantes que conciben al Estado, por un lado, como un aparato de "cooptación" y "represión", y por otro, entienden a la denominada "sociedad civil" organizada en movimientos sociales (^{Grimberg et al., 2009}).

Consideramos que, al igual que las instancias de participación en el Estado (Parques Nacionales, CIP, Codeci, etc.) han implicado un cambio trascendental para los movimientos indígenas, sus dirigentes y, a la vez, han incidido profundamente en la mayor permeabilidad hacia sus reivindicaciones en la sociedad en su conjunto, más allá de las heterogeneidades y diferencias entre sectores. Las transformaciones se deben a que estas experiencias han aportado múltiples aprendizajes para los dirigentes indígenas y sus organizaciones en lo inherente a las dinámicas de vinculación con estas instituciones, funcionarios, agencias gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales.

En definitiva, estas formas novedosas de gestión contribuyen a una mayor presencia de los movimientos indígenas y al acceso a múltiples recursos (vínculos sociales, medios de comunicación, recursos materiales, reconocimientos sociales, legitimidad, etc.) (^{Valverde, 2011}, ^2013a). ^{Tamagno (2011)} ha sintetizado estas dinámicas al señalar que las políticas públicas recientes "han generado espacios de reconocimiento y legitimación" que "han posibilitado condiciones materiales para que las presencias y las demandas de los pueblos indígenas se expresen" (p. 2).

LAS ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS Y LOS EFECTOS EN LAS COMUNIDADES Y POBLACIONES

Un factor fundamental en la génesis, desarrollo de estas experiencias organizativas y dinámicas de movilización, se asocia con la expansión de actividades económicas sobre los territorios indígenas. En la región de Norpatagonia, estas transformaciones socioeconómicas se dieron, en especial, a partir de la devaluación de la moneda (que tuvo lugar en 2002), con la consiguiente valorización territorial, venta de tierras y reconversiones de algunos tipos de usos productivos a otros (de actividades agrícola-ganaderas a forestales, turísticas, inmobiliarios, etc.).

Si bien las causas de los procesos de actualización étnica son múltiples y sumamente complejas, existe un relativo acuerdo (^{Bartolomé, 2004}; ^{Bengoa, 2007}; ^{Iturralde, 1991}) en vincular el avance de diferentes actividades económicas sobre los territorios en que se asientan las poblaciones indígenas, con los procesos de "emergencia étnica, reetnificación o etnogénesis" (^{Bengoa, 2007}). En este sentido, es necesario considerar la relación intrínseca entre territorio e identidad. El denominado "etnoterritorio", retomando el análisis efectuado por ^{Barabas (2004)}, no solo provee "la reproducción física de la población sino que en él se desarrollan relaciones de parentesco, culturales, lingüísticas y políticas" (pp. 112-113).

De hecho, los litigios protagonizados por las comunidades Paichil Antriao y Quintriqueo de Villa la Angostura permiten evidenciar cómo la creciente adscripción étnica mapuche y su visibilización pública como tales se dio en estrecha asociación a la defensa de los territorios ancestrales, una valorización de estos, la ampliación de distintos emprendimientos y, a la vez, renovadas disputas entre los diferentes sectores involucrados. Esto mismo ha sucedido con las comunidades de Wiritray, Takul Cheuque, Huenchupán, etc. (^{Valverde et al., 2013}; ^{Valverde, 2010}, ^2013b; ^{Valverde et al., 2019}).

Lo mismo se puede decir para otras comunidades como Buenuleo.¹⁷ Así, cuando se avanza sobre los diversos territorios donde se asientan los indígenas, no solo las implicancias productivas se ven afectadas, sino también las simbólicas, ya que se perturban, además de las condiciones de existencia, las construcciones y cosmovisiones identitarias, y hasta la existencia del grupo mismo (^{Barabas, 2004}).

En el conflicto de Pulmarí de la década de 1990, uno de los "disparadores", además del avance de agentes privados que obtenían "concesiones" en los territorios de las comunidades, fueron las restricciones que implicaban aspectos de la subsistencia, pero que también afectaban la identidad como pueblo. Tal es el caso de la prohibición de recolectar y vender "piñones", fruto del árbol "pehuén" o "araucaria" (Araucaria araucana) que posee un importante valor cultural para el pueblo mapuche.

TERCERA ETAPA: SANCIÓN DE LEGISLACIONES, CONFLICTOS TERRITORIALES, PRESENCIA DE LOS MOVIMIENTOS INDÍGENAS E INSTALACIÓN MEDIÁTICA

En los últimos años, se da una serie de transformaciones, por lo que podríamos plantear la existencia de una nueva fase. Desde mediados de 2009, se vienen acentuando los desalojos de algunas comunidades,¹⁸ la judicialización de muchos referentes indígenas y se ha reforzado una campaña mediática antimapuche por parte de diferentes sectores hegemónicos. Por ello, una de las características fundamentales de este periodo es el incremento en los niveles de conflictividad asociados a la expansión de múltiples actividades económicas en los territorios indígenas (^{Valverde, 2011}). En este particular contexto, se acrecentó la estigmatización y criminalización del movimiento mapuche, en gran medida como respuesta a los grupos de poder frente al avance de este pueblo, a través de sus organizaciones, en sus demandas y a partir de litigios irresueltos o nuevos que se van produciendo.

Esta tendencia es plenamente coincidente con el proceso que afecta a otros pueblos indígenas y a pequeños productores rurales a lo largo del país, donde se han producido diversos conflictos de gran intensidad, si bien es en relación con el pueblo mapuche que se dan los mayores niveles de estigmatización y criminalización. Uno de los aspectos que se dan en esta etapa, retomando a ^{Briones y Lepe-Carrión (2021)}, es que hay una distinción en los discursos y en los medios de comunicación entre "buenos" y "malos" mapuches, entre mapuches "permitidos" y "no permitidos". En palabras de estos autores, "está cambiando la manera tanto de identificar peligros como de racializar".

Este proceso tiende a suavizar o aminorar el efecto de las legislaciones antes descriptas. Así, el reconocimiento actúa para las comunidades que poseen décadas de formalización, pero impide la conformación de otras "nuevas". Y las mismas antiguas comunidades, cuando experimentan nuevos litigios que salen a la luz, o bien en relación con problemas novedosos, son tratadas como "nuevas" y se deslegitima así el reclamo.

A la vez, estos recorridos de los últimos años mantienen grandes similitudes (sin descuidar por ello las especificidades locales), como la dinámica de los últimos años en el vecino país de Chile, donde reside la mayor parte de este pueblo (^{Pairican, 2021}).

Estos procesos a los que venimos aludiendo se dan en conjunción con otros procesos en curso, como la participación en entes estatales a la que hemos hecho referencia y la creciente instrumentación de diversas legislaciones, programas y proyectos (socioproductivos y socioculturales) por parte de agencias estatales y no estatales, los cuales fueron destinados a atender problemas específicos de estas (salud, educación, vivienda, cooperativas de trabajo, mejoramiento de la producción doméstica, desarrollo comunitario, etc.). Por tanto, otra característica que se da en esta etapa es la paradójica combinación de una aplicación de políticas públicas y programas que tienen como destinatarios a los pueblos indígenas y, a la vez, conflictividad, estigmatización y criminalización.

En directa relación con este aspecto, en los últimos años, encontramos como impronta bien delineada algunas alianzas y convergencias de los movimientos indígenas con ciertos niveles del Estado, básicamente los organismos nacionales, hasta 2015, que se produce el cambio de Gobierno. No sucede lo mismo con otros estamentos más vinculados a intereses económicos y sectoriales, en especial, algunos municipios que poseen fuertes conflictos con los pueblos indígenas.¹⁹

En este sentido, deseamos plantear que uno de los hechos novedosos de esta etapa es la realización de marchas, movilizaciones, foros, reuniones de grupos nucleados mayormente por empresarios, comerciantes o inmobiliarias que enfrentan el accionar de las organizaciones indígenas y mapuches, y reclaman por "el cumplimiento de las leyes" de la "constitución" y por sobre todo "la propiedad privada". Sectores que tienden a acrecentar la estigmatización mapuche y su identificación con presuntos terroristas y con supuestos hechos delictivos.

Un nuevo escenario se abrió a partir de las elecciones presidenciales de 2015, con el triunfo de Macri (periodo 2015-2019), con el consiguiente giro hacia la instrumentación de políticas neoliberales que implican un marcado contraste con las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y los dos mandatos de su esposa Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011 y 2011-2015).

Unos meses después, empiezan a visualizarse los efectos de estos cambios.²⁰ Un contexto completamente novedoso en relación con el pueblo mapuche se da a partir de los graves hechos que tuvieron lugar en enero de 2017 en la comunidad Pu Lof en Resistencia, del departamento Cushamen de la provincia del Chubut.²¹ Esta conflictividad que se fue dando desde 2017 a la fecha es explicable a partir de la connivencia, que en algunas situaciones asume características escandalosas, que poseen diferentes funcionarios del Gobierno Nacional asumido por aquel entonces y ciertos Gobiernos provinciales con las empresas extractivistas (de los diversos rubros) y con los agentes del complejo agroexportador. Esto hace que el aparato estatal (judicial y político) se vuelque en contra de los sectores más débiles en la disputa por el control y la gestión de los recursos (^{Balazote y Valverde, 2017}).

Otro grave episodio tuvo lugar en agosto, con el allanamiento por parte de la Gendarmería Nacional a esta comunidad, cuyo resultado fue la desaparición, y luego confirmación de muerte, del militante Santiago Maldonado.²² A partir de estos sucesos, el pueblo mapuche y esta comunidad han adquirido una presencia mediática inusitada, que instaló el problema indígena en la agenda pública y en los medios de comunicación (por lo general, en forma estigmatizante y criminalizante).

Un nuevo capítulo en esta escalada de conflictividad del pueblo mapuche, pero esta vez en la zona que abordamos en este trabajo y en nuestras investigaciones, tuvo lugar en noviembre de 2017, a partir de una brutal represión por parte de la Policía Federal y la Prefectura Naval (fuerzas de seguridad nacionales), a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, que desde días atrás ocupaba un área en el lago Mascardi, ubicado a unos 35 km de la ciudad de San Carlos de Bariloche, en jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro. El accionar de las fuerzas de seguridad tuvo el trágico saldo de la muerte (asesinato) de Rafael Nahuel, un joven mapuche de tan solo 22 años (véase ^{Ramos, 2017}).

En este contexto de creciente conflictividad, se acrecentaron las acciones represivas y violentas hacia diferentes comunidades indígenas del país, tales como los allanamientos realizados durante junio de 2017 en Campo Maripe (en la zona petrolera de la provincia del Neuquén), en septiembre de 2017 a diversas comunidades en esta provincia o la quema de casas (por parte de fuerzas parapoliciales) a pobladores mapuches en la zona del conflicto en la provincia del Chubut (^{Aranda, 2018}).

Paralelamente, se vienen publicando y transmitiendo mensajes estigmatizantes hacia los pueblos originarios, fundamentalmente en los medios de comunicación ligados a los sectores del poder económico y político. Estos discursos reiteran una serie de falacias y tergiversaciones, y son empleados para deslegitimar a los pueblos indígenas, crean confusión y generan sentimientos discriminatorios y racistas.

Un fenómeno que se empieza a dar marcadamente en esta etapa es el de diversos grupos familiares que residen en las localidades de la zona, principalmente Bariloche y, en menor medida, Villa la Angostura y El Bolsón, que históricamente se autodefinían y eran visibilizados públicamente como "pobladores" (en gran medida como resultado del proceso histórico de invisibilización y ausencia de reconocimiento como indígenas) que comenzaron a adscribirse y reivindicarse públicamente como "mapuches", demandando al Estado su formalización como "comunidades".²³

Ahora bien, estos flujos en sentido rural-urbanos que se fueron dando a lo largo de décadas no implicaron el fin de los fluidos vínculos entre los integrantes que fueron instalándose, progresivamente, en Bariloche y Villa la Angostura (o bien en parajes periurbanos) y sus familiares que permanecieron en el campo. Por el contrario, la reproducción de interrelaciones con el territorio del conjunto de estas familias urbano-rurales es expresión de la importancia de estos como parte fundamental de la identidad del grupo, lo que, a su vez, permite comprender las crecientes movilizaciones protagonizadas desde la primera década del siglo XXI hasta la fecha, en defensa de aquellos territorios (^{Valverde, 2013a}).

Estos reclamos territoriales son efectuados en los territorios originarios de estas familias del Parque Nacional Nahuel Huapi o de los ejidos municipales (que antes correspondían al área de reserva natural y luego fueron desafectadas al ser ampliados los ejidos). En algunos casos, históricamente han hecho uso de dichos territorios, aunque no estuviera formalizado su usufructo, ya sea por diversas vinculaciones familiares, ocupaciones a través de trabajos estacionales u ocupaciones domésticas.

Estos procesos de "reterritorialización", o "viajes de vuelta", como ha señalado hace unos años ^{Pacheco de Oliveira (1999)}, en muchos casos, implicaron el retorno a ámbitos de los que fueron expulsados o debieron abandonar en el pasado, o bien supusieron una reafirmación (no ya como "pobladores", sino como mapuches) en los ámbitos en los que estaban asentados tradicionalmente.

En estas dinámicas, ha sido definitoria la manera en que los integrantes de estas familias, devenidos en la nueva dirigencia urbana, han revalorizado su propia cultura en este contexto no tradicional (^{Valverde, 2010}). En definitiva, son dinámicas comparables a las verificadas en todo el continente, que implicaron la resignificación de "campesinos a indígenas" (^{Bengoa, 2009}) y, en la Patagonia, podemos resumir como de "pobladores a mapuches" (^{Valverde, 2010}).

Uno de los aspectos centrales para dar cuenta de estas movilizaciones en defensa del territorio familiar, tal como hemos visualizado en las comunidades de la zona y en otros casos en la región,²⁴ es la articulación y complementariedad entre los diversos integrantes de estas familias, considerando a los residentes en el ámbito urbano y a quienes habían permanecido o retornado a los territorios rurales circundantes a estas localidades. A la vez, esta interrelación tiene su correlato en términos generacionales: los mayores han vivido principalmente en el campo, y hoy están jubilados, y, en muchos casos, luego de unos años de residir en la ciudad, han regresado al territorio ancestral. En cambio, los más jóvenes residen mayormente en las ciudades de San Carlos de Bariloche y Villa la Angostura, y se desempeñan en trabajos asalariados. A su vez, han logrado mayores niveles de instrucción formal, al mismo tiempo que tuvieron una participación (a veces sumamente protagónica) en diversos grupos de base de la iglesia católica, así como en variadas organizaciones sociales, políticas y sindicales, entre ellas los movimientos indígenas regionales, como el Centro Mapuche de Bariloche o la Confederación Mapuche Neuquina (para el caso de Villa la Angostura), que se fueron conformando desde la década de 1980.

En estas décadas, es muy notable el modo en que se han ido modificando las formas de entender y de practicar los vínculos entre la vida en los medios rurales y urbanos, o bien se vienen dando formas "rururbanas de existencia" (^{Briones y Ramos, 2020}, p. 13).

La mayor cantidad de vehículos y redes de comunicación han posibilitado que las vinculaciones se hiciesen más fluidas y regulares, "aproximando realidades que antes se encontraban más bifurcadas" (p. 13). Estas dinámicas son comparables también en el vecino país de Chile para el propio pueblo mapuche (^{Campos, 2019}; ^{López Bravo y Pairican Padilla, 2020}) o para un sinfín de otros grupos a lo largo de Argentina y América Latina (^{Engelman Garreta, 2021}).

EL CRECIENTE RECONOCIMIENTO Y LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Acorde con el creciente reconocimiento social (y como sujetos de derecho del pueblo mapuche en las últimas dos décadas), en esta región, este pueblo comenzó a obtener la formalización de diversos organismos que históricamente los habían negado.

En la zona que nos ocupa en este trabajo, adquiere gran importancia como institución la Administración de Parques Nacionales (APN), que, en las últimas dos décadas, viene modificando las políticas hacia los indígenas asentados en su jurisdicción (al igual que los "pobladores" de escasos recursos). Cabe destacar que, históricamente, Parques Nacionales, que desempeñó un papel sumamente protagónico en la construcción y consolidación del Estado en esta región cordillerana de Norpatagonia, ha aplicado una política sumamente expulsiva y restrictiva hacia los pobladores indígenas y criollos de escasos recursos y gran precariedad desde el punto de vista del acceso a la tierra, al mismo tiempo que favoreció a los "pioneros" (de origen europeo), hecho explicable a partir de la impronta conservadora, nacionalista y sumamente elitista de sus medidas (basada en estos preceptos ideológicos). A fines de la década de 1990, como resultado de cambios en los paradigmas en relación con la conservación y la creciente movilización indígena, se produjo un importante cambio en las políticas instrumentadas. Así es como surge el denominado "co-manejo" al cual ya hemos hecho referencia.

En lo que respecta al municipio de San Carlos de Bariloche, ha efectuado un cambio sustancial al reconocer en la Carta Orgánica Municipal, modificada en 2006, consagrando en el artículo N° 210 (capítulo II, "Pueblos originarios") el reconocimiento de la "preexistencia del Pueblo Mapuche y de los demás pueblos originarios de la región" (Concejo Municipal San Carlos de Bariloche, 2022). Este artículo estipula en sus diferentes puntos el respeto a la identidad, promueve el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y asegura su participación en la gestión de los recursos naturales existentes. En el caso del municipio de Villa la Angostura, aún no se ha efectuado la formalización de las comunidades locales, lo cual se manifiesta en altos niveles de conflictividad entre la comunidad local Paichil Antriao y los intereses inmobiliarios en las valiosas áreas donde están asentados (como veremos más adelante), a pesar de que se han iniciado, en los últimos meses, mayores canales de diálogo.

LA COMUNIDAD PAICHIL ANTRIAO: PARADIGMA DE LOS EFECTOS DE LA EXPANSIÓN INMOBILIARIA EN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

En estos años, diversos ámbitos de la región han vivido en un escenario de creciente conflictividad con diversas comunidades. Uno de los ejemplos a los que haremos referencia dada la litigiosidad y los efectos de una actividad económica como es el turismo y la explotación inmobiliaria es la comunidad mapuche Paichil Antriao de Villa la Angostura, específicamente en la zona del cerro Belvedere (área periurbana de esta localidad). En estos años, se han producido múltiples episodios de violencia, intentos de desalojo (algunos efectivamente concretados) y una judicialización del reclamo indígena, a través de diferentes figuras del Código Penal (usurpación, amenazas, etc.), lo que resulta plenamente explicable en función de los valiosos terrenos en disputa.

Los primeros pobladores de los cuales existe registro de que se asentaron en la zona de la actual localidad de Villa la Angostura a fines del siglo XIX son los indígenas mapuche Ignacio Antriao y Segundo Paichil, con sus respectivas familias, mucho antes de la conformación del Estado nación y de la efectiva frontera con Chile (que, recordemos, se halla a pocos kilómetros de esta localidad).

En 1902, cuando se conformó la Colonia Agrícola Pastoril Nahuel Huapi, les fue otorgado el lote N° 9 (donde actualmente se asienta el ejido de la localidad de Villa la Angostura) a los pobladores Ignacio Antriao y José María Paisil, por su colaboración con la Comisión de Límites de la Argentina que trabajó entre 1895 y 1903 con el fin de delimitar la frontera con Chile.

No obstante, a través de la copropiedad de ambos grupos familiares, luego, por medio de sucesivas subdivisiones del lote original, así como por el avance de diversos actores privados, a medida que estas tierras se iban valorizando, sus descendientes fueron perdiendo la mayor parte de estas áreas.

Posteriormente, a lo largo de todo el siglo XX, se dio un proceso de negación, estigmatización de la identidad indígena y ocultamiento desde los propios pobladores, dado el racismo imperante, de dicha condición.

A partir de 2002, en un contexto diametralmente diferente del que predominó durante todo el siglo XX en lo que respecta a los derechos y el reconocimiento hacia los pueblos originarios, los descendientes de Antriao y Paichil comenzaron a realizar una serie de movilizaciones y reclamos en busca de su reconocimiento como "comunidad mapuche" (Lof Paichil Antriao). El avance de los agentes privados sobre el territorio comunitario, a comienzos de la primera década del siglo XXI, fue lo que generó la movilización, tal como asevera una pobladora de la propia comunidad, al afirmar que "el remate inmobiliario de la ladera del Belvedere fue la gota que colmó el vaso" y, por esto, se decidió "hacer algo o callar para siempre".

Las tierras que tradicionalmente ocupa el Lof Paichil Antriao están titularizadas a nombre de particulares ajenos a la comunidad que, aunque nunca tuvieron su posesión, las reclaman como propias. Esto contribuye a explicar la situación de conflictividad con diferentes sectores privados, interesados en avanzar sobre esos valiosos terrenos y la judicialización de la cual son víctimas los diferentes miembros de la comunidad. En los últimos años, estas situaciones se fueron ampliando y agravando, ya que se han ido vendiendo a precios millonarios, a inversores de altísimo poder adquisitivo, por lo general, personalidades famosas del ámbito empresarial, del espectáculo o deportivo, diversos lotes en las zonas que corresponden al territorio ancestral de la comunidad.

Por otro lado, en estos años, el Lof Paichil Antriao obtuvo la formalización correspondiente por parte del Estado nacional,²⁵ no así del provincial y el municipal, lo cual es objeto de grandes controversias.

Uno de los hechos más graves que ha afectado a la comunidad Paichil Antriao es el litigio con el ciudadano estadounidense William Fisher, quien en 2006 demandó ante el juez local a las autoridades de la comunidad, para que "le restituyeran" aproximadamente 10 hectáreas sobre las que tenía título civil de 1983, con el argumento de que las poseía desde entonces y que había sido "despojado" de ellas por personas que invocaban "un derecho del pueblo originario". Esta demanda no se notificó a quienes iba dirigida, a la comunidad, sino a otras personas ajenas a esta. Esta falta de notificación había impedido a la comunidad ejercer su defensa, explicar que la posesión indígena ancestral prevalecía sobre el Código Civil y reclamar la suspensión de los desalojos en virtud de la Ley N° 26.160. No obstante, el juez rechazó el pedido de nulidad.

En la mañana del 2 de diciembre de 2009, en pleno desarrollo de una intensa campaña mediática de algunos sectores privados en contra del movimiento indígena, un sector de la comunidad fue desalojado violentamente. Un grupo especial de la policía y civiles contratados irrumpieron violentamente en el territorio comunitario, expulsaron de sus viviendas a los miembros de la comunidad, destruyeron las casas y se llevaron sus pertenencias. A partir del desalojo y durante varios meses, la policía entraba sin pedir autorización en el resto del territorio de la comunidad Paichil Antriao, realizaba controles, ingresaba en las viviendas, amenazaba, golpeaba y detenía durante horas a las personas. Cuando se presentaron en el lugar funcionarios de organismos nacionales como el Instituto Nacional contra la Xenofobia, el Racismo y la Discriminación (Inadi) y de la Secretaría de Derechos Humanos, para tomar conocimiento de la situación, la policía provincial les impidió acercarse al lugar (^{Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas [ODHPI], 2013}).

A partir de estos hechos, una serie de sectores sociales locales, regionales, nacionales, e incluso internacionales, se movilizaron en apoyo a la comunidad Paichil Antriao. El defensor del pueblo de la nación emitió una declaración a favor de la comunidad, frente a un pedido presentado por una organización indígena a pocos días de efectuado el desalojo (véase ^{Ghioldi, 2010}, pp. 187-232). A la vez, personalidades del ámbito de la cultura,²⁶ periodistas y diversos referentes sociales reflejaron, en algunos medios de difusión masivos, estos graves hechos. Paralelamente, la relación con el turismo ha permitido construir redes de solidaridad y difusión del problema de la comunidad.

Por otro lado, la comunidad Paichil Antriao, a través de sus patrocinantes legales, presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que falló a favor de esta, en contra del Estado argentino, ante las diversas irregularidades e incumplimientos de las normativas y los convenios internacionales vigentes.

Uno de los aspectos centrales es el incumplimiento de diversas legislaciones como la Ley 26.160 de emergencia territorial o la Ley de Bosques, 26133, la que hemos analizado en detalle en otra oportunidad (^{Minaverry et al., 2019}; ^{Stecher et al., 2019}; ^{Valverde et al., 2021}). En los últimos meses, se volvió a firmar otro convenio entre el Estado nacional y el de la provincia del Neuquén para poder concretar la ejecución de la demorada Ley N° 26.160, que permitiría finalmente, y luego de más de quince años de dilaciones, efectuar el relevamiento correspondiente en la comunidad Paichil Antriao (y también Quintriqueo, como luego veremos), que están contempladas en dicho acuerdo (^{ODHPI, 2013}).

Ahora bien, un aspecto al cual deseamos referirnos, y que representa una muestra elocuente de la brecha abismal que separa "la ley escrita" de lo que sucede "en los hechos" son, precisamente, las grandes dificultades que obstaculizan la efectiva implementación de estas leyes: la provincia del Neuquén ha sido uno de los estados provinciales que más ha venido incumpliendo.

Esta precariedad jurídica es una de las causas que ha llevado a que esta localidad tenga un récord poco agradable y, por cierto, digno de mención: es una de las localidades del Neuquén con mayores integrantes de las comunidades mapuches, en especial, Paichil Antriao y, en menor medida, Quintriqueo (Lof Kinxikew), judicializados por diferentes conflictos.

En este contexto sumamente conflictivo que se viene dando en la localidad desde mediados de la primera década del siglo XXI, se ha instalado un intenso debate público, que se refleja en los medios periodísticos locales, pero también regionales, en torno a la preexistencia y la legitimidad indígena en la localidad. En este contexto, se han ido promoviendo y difundiendo masivamente una serie de discursos estigmatizantes, a medida que el conflicto, y su consiguiente judicialización, se fueron recrudeciendo.

CONCLUSIONES

A partir del recorrido que hemos efectuado en estas páginas, hemos visualizado cómo desde el retorno de la democracia y, en particular, en las últimas dos décadas, se da un nivel de movilización, presencia del pueblo mapuche a través de sus organizaciones y comunidades, conformación de una subjetividad y de creación de un "nosotros", que es fundamental en pos de la conformación como "nuevos sujetos sociales y políticos" (^{Iturralde, 1991}, p. 29), cuya presencia en la escena política es uno de los principales datos político-sociales de las últimas décadas en la región.

Entre las causas y condiciones que permiten dar cuenta del desarrollo y la consolidación de los movimientos indígenas del pueblo mapuche, resultan centrales diversos factores contextuales en los niveles globales y locales (^{Escolar, 2007}), que, a su vez, se materializan en las prácticas e interacciones cotidianas. Podemos mencionar, entre estos factores, la presencia regional de diversos movimientos sociales, de sectores de base de la Iglesia católica y dinámicas regionales que han incidido en los procesos migratorios rural-urbanos de los pobladores, o bien la valorización territorial de las últimas décadas con los consiguientes conflictos que ello genera.

Es necesario remarcar la trascendencia que han adquirido en la región, desde el retorno de la democracia, diversas organizaciones sociales, políticas y sindicales. Estas han sido clave no solo en las diversas acciones de solidaridad, sino en la propia conformación de los indígenas con un sujeto capaz de generar transformaciones, ateniendo a las estrechas interrelaciones cotidianas, incluso, la propia participación indígena en muchos de estos grupos.

En definitiva, tal como ha señalado ^{Falero (2007)} en relación con las transformaciones que generan los movimientos sociales (entre ellos los indígenas), encontramos "procesos colectivos que a su vez producen experiencias y nuevas formas de subjetividad social" (p. 41). En ellos, resulta central la capacidad de generar "un efecto de sensibilización hacia toda la sociedad, la llamada opinión pública y la agenda política en general" (p. 41). Estos procesos han favorecido la conformación de una serie de articulaciones y asociaciones que resultan nodales para la cohesión de ese "nosotros" mapuche que se ha ido conformando en la región, en oposición a los diferentes "otros". A su vez, esto ha posibilitado reforzar la propia ligazón del grupo, ya que la confrontación interétnica constituye uno de los factores actualizadores de la identidad étnica, que se construye por el contraste con otras identidades (^{Bartolomé, 2004}, pp. 90-91).

Pero una característica es que esta revalorización actual que se ha ido registrando de la experiencia de ser mapuche en Bariloche, en los barrios, en el "alto", no implica una contradicción con las representaciones e interpretaciones sobre los orígenes, sino que, al contrario, refuerzan el sentido de pertenencia del grupo, como acertadamente lo ha señalado ^{Pacheco de Oliveira (2010)}.

Por otro lado, hay otro aspecto en el que resultan muy significativas las transformaciones que ha generado en el conjunto de la sociedad el movimiento mapuche, junto con otros sectores sociales no indígenas. Se trata de la impugnación de las tradicionales políticas de negación y estigmatización, en la actualidad, cada vez más discutidas. Así, se ha venido conformando una historia alternativa, la historia "no contada" (o la memoria) de los sujetos habitualmente negados en esta historiografía "oficial". Se ha contribuido así a dar cuenta de la diversidad cultural del país, y de la insoslayable presencia indígena en la conformación nacional.

El otro aspecto fundamental de esta etapa es la creciente recuperación de la memoria y las historias hasta hace poco tiempo desconocidas, crecientemente recuperadas. Se trata, en palabras del historiador local ^{Moyano (2013)}, de "sacar esas otras narraciones de los márgenes [lo que] implicaría avanzar en la descolonización del conocimiento" (p. 29).

La magnitud de estos cambios nos lleva a plantearnos la necesidad de trascender el examen de los "logros" o "fracasos" de los movimientos indígenas del pueblo mapuche en relación con los reclamos específicos para situarnos en la complejidad y multidimensionalidad de sus procesos de acción y consolidación. Parafraseando a ^{Bartolomé (2004)}, la sola existencia de estos movimientos indígenas constituye un éxito, dada la visibilidad que han logrado a través de estos, su potencial de transformación del conjunto de la sociedad o el hecho de poder posicionar diferentes necesidades sociales y el propio reconocimiento (^{Falero, 2007}).

El recorrido que hemos efectuado nos permite visualizar la complejidad y multidimensionalidad de la dinámica que conlleva la expansión de determinadas actividades socioeconómicas que afectan al pueblo mapuche, en particular, en la zona analizada.

Una de las conclusiones fundamentales tiene que ver con la paradójica, y por demás compleja, combinación entre la creciente conformación del pueblo mapuche, sus organizaciones y comunidades como un activo sujeto sociopolítico y, a la vez, su reconocimiento político y jurídico, con la consiguiente implementación de diferentes políticas públicas y legislaciones. Por otra parte, tal como hemos destacado en diversas oportunidades (^{Trinchero y Valverde, 2014}), y han trabajado diferentes autores (^{Bartolomé 2010}; ^{Radovich, 2011}; ^{Tamagno, 2012}), se advierte una estructura económica que entra diametralmente en contradicción con estos derechos y que, a pesar del marco legal favorable, genera expulsión y desterritorialización de los pueblos indígenas, mayores niveles de desigualdad social y un agravamiento en sus condiciones de vida. Tendencia, por cierto, que se viene acentuando en estos últimos años en el contexto de la aguda crisis económica y los efectos de la pandemia del covid-19 (véase ^{Aljanati et al., 2020}).

La primera operación, que luego funciona como modo de frenar las diversas legislaciones, es la negación al carácter mismo del pueblo mapuche como originario, atribuyéndole características que van desde la supuesta extranjería hasta los diferentes atributos criminalizantes y estigmatizantes, presentados desde los medios masivos de comunicación y diferentes mensajes que reiteran todo tipo de falacias y tergiversaciones, en busca de vincular el reclamo indígena con la violencia armada, la guerrilla, el terrorismo y supuestas actividades ilegales, etc. (^{Balazote et al., 2017}), que hemos contestado largamente (^{Balazote et al., 2016}; ^{Balazote et al., 2017}; ^{Radovich et al., 2014}), así como lo han hecho otros autores (^{Lenton, 2017}; ^{Ramos, 2017}). En esta línea, debemos agregar diferentes episodios de violencia que se vienen sucediendo, que desde ya deben ser investigados, algunos de los cuales se deben a montajes, fake news, deformaciones malintencionadas de comunicar por parte de los grandes medios, etc.

Estas acciones han sido dirigidas también a las autoridades de los últimos años del INAI, a partir de la asunción de un nuevo Gobierno en 2019, acusando a su presidenta y otros funcionarios de connivencia con quienes efectúan "tomas" y se basan en una accionar "fuera de ley". Por cierto, también hemos denunciado estas operaciones mediáticas o fake news. Resulta ineludible remarcar que los medios periodísticos que publican estas comunicaciones tienen un vínculo insoslayable con la sociedad oligárquica consolidada a fines del siglo XIX, cimentada sobre la base del genocidio y la expoliación a los pueblos originarios, y que instauró un proyecto de país sumamente desigual (^{Balazote et al., 2016}; ^{Radovich et al., 2014}). Una de las características de esta etapa, retomando la distinción que efectúan ^{Briones y Lepe-Carrión (2021)} entre "buenos" y "malos" mapuches, es que la estigmatización sobre los "no permitidos" entendemos que actúa como mecanismo para disciplinar a los "permitidos", por un lado, y negar derechos, por el otro.

El incumplimiento de las legislaciones vigentes, los niveles de desigualdad socioeconómica que afectan a la población indígena son una prueba de ello, la creciente criminalización y judicialización de los reclamos indígenas, la cual se viene acentuando desde 2009 y con mayor énfasis desde 2017 hasta la fecha. Todos estos aspectos descriptos constituyen una deuda histórica, que consideramos debe ser reparada.

Entre esta compleja realidad, se encuentran las enormes contradicciones y heterogeneidades del Estado en sus diferentes niveles e instancias (como los poderes ejecutivo, legislativo y judicial). Como hemos visto en relación con el municipio de Villa la Angostura, la negativa a reconocer la preexistencia del pueblo mapuche en el ámbito local es una muestra paradigmática de cómo, a pesar de la reforma constitucional de 1994 y los derechos previstos hacia los pueblos originarios (a través de la Constitución Nacional y las provinciales, diversas legislaciones y convenios internacionales), en los hechos, tales prerrogativas se siguen desconociendo.

Ahora bien, la compleja coyuntura actual no debe llevarnos a soslayar los significativos avances de los pueblos indígenas y del pueblo mapuche durante todos estos años en cuanto al reconocimiento social y jurídico. A la vez, se debe considerar, como resultado, precisamente, de las trayectorias históricas, la vasta solidaridad obtenida por diferentes sectores a partir de años de trabajo y consolidación de las organizaciones y comunidades mapuches.

Planteamos, pues, el interrogante acerca de si se trataría de una "nueva etapa" o fase que implicaría una mayor presión sobre los recursos naturales, una estigmatización y criminalización, donde incluye operaciones de montaje, fake news, burdas distorsiones en la forma de comunicar, etc., y la movilización cada vez más activa de quienes se oponen a las demandas indígenas por lo general asociados a intereses privados y que encuentran en "el otro" un chivo expiatorio ideal para sacar la atención de otros aspectos sumamente problemáticos, como la situación económica y social, la falta de inversión pública y privada en la zona, etc. En definitiva, cierto sector político de derecha pareciera encontrar en la demonización mapuche un mecanismo ideal para obtener rédito, ante la falta de propuestas de posibles soluciones frente a un sinfín de problemas en la región para vastos sectores.

Para finalizar, entendemos que la conflictividad que viene experimentado el pueblo mapuche, considerando, además, las enormes complejidades que resultan de la expansión de diferentes actividades socioeconómicas, constituye un tema a profundizar por parte de nuestra disciplina, la antropología, junto con otras afines. Nos proponemos, pues, que este trabajo sea un aporte a otros casos en Argentina y otros pueblos en América Latina, ya que la conflictividad vinculada al territorio, al ambiente y a dignas condiciones de vida (está claro que esto incluye la propia identidad y reconocimiento desde sus especificidades) será un tema cada vez más central en los años venideros, aspecto sobre el cual la pandemia del covid-19 y sus dramáticas consecuencias nos ha llevado a tomar rápidamente conciencia.