INTRODUCCIÓN

En América Latina, y durante el último tercio del siglo XX, los actores tradicionales que representaban las luchas sociales y las resistencias fueron los obreros, campesinos, estudiantes y gremios que se encontraban debilitados o desmovilizados por la aplicación de políticas neoliberales y también por el agotamiento de las formas tradicionales de organización de estos grupos. En este contexto, surgieron otros actores que tomaron la posta en estas movilizaciones y que demandaron un espacio mayor de participación:

El pensamiento y las prácticas de la emancipación en el siglo XX estuvieron dominados por un modelo de cambio social centrado en una estrategia en dos etapas: la toma del poder del Estado (por vías electorales o revolucionarias), y luego, la transformación de la sociedad a partir del Estado. (^{Pleyers, 2018}, p. 46)

Nuevas luchas y nuevos actores han salido a la luz, más allá de lo que se denominaba lucha de clases, y así han construido sus discursos y demandas desde sus propias identidades, de modo que hoy día se presentan nuevos modelos de lucha, tales como los movimientos de mujeres, por la equidad de género o los jóvenes que defienden nuevas manifestaciones éticas y estéticas (^{Pleyers, 2018}, p. 51). Un actor por destacarse que surge en este escenario es el mundo indígena. Se convierte en el eje de las luchas sociales que denuncia el racismo colonial heredado (^{Walsh, 2009}), reclamando reconocimiento de su cultura mediante un planteamiento construido con nuevos discursos para una sociedad diversa, inclusiva e intercultural.

La sociedad ecuatoriana desde su surgimiento como nación ha estado atravesada por profundas crisis y contradicciones no solo económicas, sino que, como toda sociedad contemporánea, "lleva en su interior un conflicto cultural fruto de la multiplicidad étnica que la compone" (^{Endara Tomaselli, 1998}, p. 61). A finales del siglo XX, estas tensiones provocadas por un sistema sociopolítico uninacional devinieron uno de los mayores levantamientos indígenas, lo que puso en evidencia un radical y profundo cuestionamiento a la legitimidad de este sistema. Los indígenas se levantaron para pedir respeto a su cultura y participación en las distintas esferas locales y nacionales, además, cumplir con sus aspiraciones políticas.

La lucha indígena ha estado presente desde la Conquista, a lo largo de la Colonia, y traspasado la República. Aunque no es de interés hacer un recorrido histórico de estas resistencias, sí dejamos asentado que los acontecimientos históricos que analizaremos hunden sus raíces en un pasado histórico y una matriz colonial que es conocida (^{Walsh, 2009}). El movimiento indígena se configura a lo largo de estos siglos, y se manifiesta violentamente a finales del siglo XX, para hacer frente a un proyecto de homogeneización cultural (^{Quijano, 2006}), proyecto político del mestizaje que se impuso con la fundación de los Estados nacionales, producto de las guerras de Independencia y de las relaciones políticas y luchas de este movimiento frente al resto de la sociedad (^{Dávalos, 2000}). Así, pretendemos poner de manifiesto como una hipótesis que el movimiento indígena y su presencia contemporánea en el Ecuador "es un cuestionamiento profundo a la legitimidad del sistema sociopolítico uninacional" (^{Endara Tomaselli, 1998}, p. 61).

Analizamos tres momentos históricos caracterizados por una alta conflictividad social del Ecuador, donde el movimiento indígena tuvo un protagonismo preponderante. El primero se trata del levantamiento indígena más importante del siglo XX, ocurrido en 1990, durante la Presidencia de Rodrigo Borja Cevallos. El segundo corresponde a la sublevación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que, junto con militares y otros actores políticos, derrocaron al presidente Jamil Mahuad Witt. Y el tercero se trata de la participación del movimiento indígena en las movilizaciones de octubre de 2019 en la Presidencia de Lenín Moreno. En el Ecuador, han existido históricamente otras manifestaciones y protestas por parte del movimiento indígena; sin embargo, se han seleccionado estos tres acontecimientos por considerarse relevantes para el análisis propuesto.

En síntesis, este trabajo es una investigación cualitativa que tiene como fuente de consultas el análisis de contenido, investigaciones previas, recortes de prensa, capítulos de libros y el posterior análisis comparativo de los tres acontecimientos históricos escogidos. Esta información nos permitirá señalar algunas conclusiones sobre la organización, participación, consolidación y el debilitamiento del movimiento indígena ecuatoriano desde la década de 1990 hasta 2019. Por esta razón, la trayectoria y presencia del movimiento indígena nos ayudará a comprender las luchas reivindicativas de amplios sectores sociales y de la ciudadanía en su conjunto.

EL LEVANTAMIENTO INDÍGENA, 1990

Los levantamientos indígenas, en el caso de Ecuador y América Latina en general, han estado presentes desde la Conquista. A lo largo de estos siglos, se les han etiquetado de diferentes maneras: revuelta, motín, luchas de clases, revolución, rebelión, movimiento social (^{Castro Riaño, 2018}). En el contexto ecuatoriano, desde mediados del siglo XX, surge el movimiento indígena ligado a luchas, como la desestructuración del sistema de haciendas, el fortalecimiento de las organizaciones rurales y la revitalización de procesos identitarios y étnicos (^{Larrea Maldonado, 2004}). Se le empezó a denominar movimiento indígena a inicios de 1970 con la fundación de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) (^{Borja Núñez, 2011}), el mismo que cuestionaba el modelo de desarrollo vigente en el país (^{Larrea Maldonado, 2004}), que propiciaba procesos de construcción de la identidad colectiva (^{Endara Tomaselli, 1998}). Este movimiento buscó constituirse en un sujeto político que dinamice y movilice cambios para el país mediante la protesta. El movimiento indígena, por tanto, se configuró a lo largo de varios siglos de la Colonia y de la República para hacer frente a desigualdades históricas (^{Walsh, 2009}), visiones monoculturales (^{Quijano, 2006}), sistema político uninacional (^{Endara Tomaselli, 1998}), incluso, proponer nuevos discursos y luchas reivindicativas frente al resto de la sociedad (^{Dávalos, 2000}).

Durante el levantamiento de 1990, el entonces presidente constitucional del Ecuador, Rodrigo Borja Cevallos, pronunció el siguiente discurso: "El Ecuador tiene pocos constructores de obras, pero tiene demasiados agitadores sin conciencia de patria, sin sentimiento de nacionalidad que pretenden dividir al país y esterilizar los esfuerzos del Gobierno en favor del progreso nacional" (^{El Universo, 1990}).

Si realizamos un análisis a través de los medios de comunicación de lo que se dijo acerca del levantamiento de 1990, este fue leído por parte de la "sociedad hispano-hablante principalmente como un atentado a la nacionalidad ecuatoriana" (^{Endara Tomaselli, 1998}, p. 61). Ecuador, al igual que los otros países de la región, atravesó por profundas crisis económicas, sociales, políticas e ideológicas, pues "lleva en su interior un conflicto intercultural fruto de la multiplicidad étnica que la compone" (p. 61).

Este levantamiento de la última década del siglo pasado abrió el debate en el Ecuador sobre lo indígena y la colonialidad del poder (^{Quijano, 2006}, p. 5). Los calificativos históricos de "indios" o "aborígenes" tomaron cuerpo hasta llegar a los nominativos actuales de "indígenas" o "nativos", de modo que pasan por un análisis de esta relación identitaria y de poder con los otros sectores:

Cualquiera de tales categorías, en América, en espacial en América Latina, solo tiene sentido en referencia al patrón del poder que se origina en la experiencia colonial y que desde entonces no ha dejado de reproducirse y desarrollarse manteniendo sus mismos fundamentos de origen y de carácter colonial. En otros términos, se trata de un patrón de poder que no deja, no puede dejar, su colonialidad. (^{Quijano, 2006}, p. 7)

Bajo este razonamiento, la configuración de los nuevos Estados nacionales como producto de las luchas por la Independencia y la toma del poder por unas minorías blancas o mestizas dejaron por fuera a la mayoría de la población, entre ella a los indígenas, cuyas luchas coloniales continuaron en la República y se agudizaron a finales del siglo XX cuando este movimiento había alcanzado niveles de organización y movilización más orgánicos, estructurados y mejor organizados.

El movimiento indígena en el Ecuador nace posterior a una reforma agraria incompleta. Su primera estructura de organización fue la Ecuarunari (Ecuador Runacunapac Riccharimui), fundada en 1972 en la provincia de Chimborazo sobre los cimientos de los procesos formativos emprendidos en esa zona por el obispo Leonidas Proaño, junto con militantes de la izquierda cristiana, e inspirados en la famosa teología de la liberación:

En su momento fundacional, Ecuarunari sostiene que los indígenas valoran la tierra como emblema de su dignidad humana y hábitat de quienes trabajan en ella, a diferencia de las visiones tradicionales que le consideran un factor o medio de producción. Ecuarunari es, quizá, el mejor árbol que dejó plantado Monseñor Proaño. (^{Borja Núñez, 2011}, p. 140)

En 1980, se funda la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que agrupaba en aquel entonces a la Organización de los Pueblos Indígenas del Pastaza (OPIP), UNAE y a la histórica organización la Federación de Centros Shuar (^{Garzón Vera, 2019}, 2021). La presencia de congregaciones religiosas como los josefinos y salesianos fueron fundamentales en su gestación.

En el contexto nacional, estas organizaciones surgen en un periodo conflictivo de la caída del quinto Gobierno de Velasco Ibarra, el ascenso de la dictadura militar, la aprobación de la segunda ley de reforma agraria en 1973 y el retorno a la democracia en 1978. Acontecimientos históricos que no representaron cambios positivos para el sector indígena, sus movimientos y, en general, para la población ecuatoriana.

En la década de 1980, continuó la estructuración del movimiento indígena y campesino del Ecuador. Surgieron otras organizaciones sociales de base (OSB) a lo largo de la Sierra, con preponderancia en la zona norte y en la costa. Con la escasa aplicación de la ley de reforma agraria y la debilidad institucional y política del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (Ierac), que había sido creado por la Junta Militar de Gobierno en la década de 1960, devino un escenario que motivó a estos sectores a ponerse en franca oposición al Gobierno de León Febres Cordero, posesionado en agosto de 1984.

En noviembre de 1986, nace la Conaie que agrupó a las tres organizaciones más importantes: la Ecuarunari (Sierra), la Confe-niae (Amazonía) y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de las Costa Ecuatoriana (Coince) (Costa). Organizaciones que marcarían un antes y un después "en la historia de los movimientos indígenas y campesinos, tanto por su postura ideológica y programática, como por su incursión en el campo de la disputa por el poder político" (^{Borja Núñez, 2011}, p. 142).

Bajo nuevas concepciones sobre el Estado, en la década de 1990, la Conaie entra en la arena política del Ecuador. Para esta organización, el Ecuador es un país multiétnico y pluricultural, es decir, no somos una nación Estado, sino un Estado plurinacional. Estas definiciones marcarían la lucha por la tierra, el dominio del agua, el territorio y el estatus jurídico de los pueblos indígenas y la concepción misma del Estado ecuatoriano. Bajo estas consideraciones, se podría comprender una movilización de la magnitud histórica que se dio en 1990:

El levantamiento indígena y campesino de junio del 90 habría tenido como motivo principal no precisamente el estremecer al régimen, sino visibilizar a un nuevo actor político que estaba buscando su lugar en la escena: el movimiento indígena liderado por la Conaie, cuyo guion principal no era el problema de la estructura inequitativa de la tierra, cuanto la exclusión de los indígenas como pueblos, nacionalidades y culturas. (^{Borja Núñez, 2011}, p. 152)

En 1989, se conformó la Coordinadora de Conflictos Agrarios (CCA) como una instancia para mediar en los diversos conflictos que se habían analizado en las OSB, pero también como una plataforma para reactivar la lucha por la tierra. Se presentaban conflictos locales, en las organizaciones, entre OSB, el traspaso de responsabilidades del Ierac al INDA, aplicación del Seguro Social Campesino (SSC), entro otros conflictos que tenían que resolver el movimiento indígena y el Gobierno de turno.

El levantamiento de 1990 inició con la toma de la iglesia de Santo Domingo, ocurrida en los últimos días de mayo de ese año.

Fue una toma simbólica y estratégica que desencadenaría los acontecimientos históricos que hoy conocemos.

Como pretexto para prender la mecha de la conflictividad social y agraria represada, con dos objetivos concretos: llamar la atención al conjunto de la sociedad sobre los problemas de tierras no resueltos por complicidad y lenidad del Estado; y presionar al Gobierno socialdemócrata de Rodrigo Borja a que tome partido en el asunto. (^{Borja Núñez, 2011}, p. 152)

El levantamiento de mayo-junio de 1990 fue el inicio de otra serie de movilizaciones durante del Gobierno de Rodrigo Borja Núñez, estrategias que el movimiento indígena había trazado para llegar al poder a mediano plazo. La ruta había sido diseñada por la CCA, y se discutía crear cambios progresivos y radicales tanto en sus formas de lucha como en los logros sociales. La sociedad ecuatoriana empezó a ver al movimiento indígena como el portavoz de las demandas sociales más importantes que implicaban a todo el Estado y a la sociedad en general.

^{Dávalos (2000)} nos recuerda cómo sucedió el levantamiento de 1990. La sociedad ecuatoriana desconocía las motivaciones, luchas y aspiraciones de los indígenas, y no estaban exentos de tensión, rechazo y discriminación: "Más bien al contrario, la sociedad expresa un temor ante la emergencia de un actor social y político al que por mucho tiempo se lo había despreciado e, incluso, siempre había sido indiferente para el poder".

1 INDÍGENAS Y MILITARES, 21 DE ENERO DE 2000

El presidente Jamil Mahuad asumió el poder en agosto de 1998. Al año siguiente, la crisis financiera ecuatoriana cayó en picada porque los bancos privados quebraron. El "papá" Estado tenía que salvar la crisis. ^{Saad Herrería (2005}, p. 16) califica a Mahuad de "buen pagador", dado que usó capital estatal para dar solución a la banca privada en quiebra, lo que provocó el congelamiento de los depósitos que tenían los ecuatorianos de aquel entonces tanto en cuentas de ahorros como en cuentas corrientes. La crisis fue tal que todo subió de precio, incluso, el dólar, que llegó a un valor inesperado de 25.000 sucres.

Mahuad ya no tenía el respaldo de antes. Ya no podía seguir en el cargo, situación en la que la Conaie, creada en noviembre de 1986, tomó represalias para su destitución convocando a reuniones que condujeran al paro nacional encabezado por Antonio Vargas, presidente de la Conaie. El Gobierno decretó emergencia nacional.

El avance de la marcha indígena empezó en los primeros días de enero de 2000, a causa del cambio de moneda, del sucre al dólar, pero, sobre todo, la crisis económica. Con esto, el ministro de Defensa, general José Gallardo, renunció a esta cartera política y lo reemplazó el general Carlos Mendoza, como encargado, a sabiendas de que este general sería el primero en pactar con los indígenas para dar el golpe del viernes 21 de enero, día en el que las movilizaciones de la Conaie tenían una clara alianza con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Como así sucedió: que las marchas del 21 de enero y la toma del Congreso Nacional fue obra real y verdadera de la alianza entre la Conaie y el alto mando militar encabezado por el general Carlos Mendoza. No era para menos. La presencia de los 10.000 indígenas en las calles y en el Congreso Nacional reconocieron a Antonio Vargas como parte del triunvirato complementado por el general Mendoza y Carlos Solórzano, presidente de la Corte Suprema de Justicia ("La Conaie, 33 años de historia de un movimiento clave en el Ecuador", 2019), lo que se llamó Triunvirato de Salvación Nacional.

El sábado 22 de enero, el Ecuador amaneció con nuevo Gobierno. Renunció el triunvirato, que apenas duró unas horas, y asumió el poder el vicepresidente Gustavo Noboa. Todo volvió a la normalidad. Los indígenas retornaron a sus comarcas.

Los acontecimientos de enero de 2000 cuando el movimiento indígena ecuatoriano, en alianza con oficiales militares, destituyeron al presidente Jamil Mahuad e instauraron un efímero Gobierno de "Salvación Nacional", pusieron a este movimiento como uno de los actores políticos más importantes de esa coyuntura. Se podría señalar que por primera vez este llegó a cogobernar el país.

Los discursos oficiales no variaron de lo que tradicionalmente se decía de este movimiento, desde posiciones paternalistas, pasando por resistencia a su presencia hasta rechazo y discriminación. La sociedad en general consideraba justas sus demandas de participación en el campo político, pero cuestionaba las formas de llegar al poder. Se les calificó de "golpistas", "oportunistas". Se vio cómo el movimiento indígena había sufrido trasformaciones tanto en sus discursos como en su forma de organización. A partir del levantamiento de 1990 y con los acontecimientos de 2000, no había duda de que se convirtieron en un actor social y político clave en el contexto nacional.

Con el surgimiento, en 1996, de su movimiento político Pachakutik, el movimiento indígena dio un giro, de la lucha por sus tierras que fue su bandera en la última mitad del siglo XX, a la reivindicación de la plurinacionalidad que cuestionaba radicalmente a un Estado nacional y monocultural. En este discurso, se planteaba la disolución de los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial (^{Dávalos, 2000}), con la creación de un Gobierno con directa participación del movimiento indígena para concretar esas viejas aspiraciones de lucha por la tierra; respeto de sus culturas (pluriculturalidad), se había inaugurado una nueva etapa de su organización, esta vez con participación directa del poder político del país.

La lucha por la plurinacionalidad fue una lucha por la diversidad, pues los líderes indígenas planteaban una forma alternativa de vida y organización frente a la modernidad. Fue un llamado a una sociedad que por muchos años ha sido racista, autoritaria e inequitativa para sus pueblos y comunidades. Una sociedad que les había dado la espalda, con la intención de negar su historia con sus viejas prácticas de "blanqueamiento cultural" y preservar una matriz colonial de in-equidad e injusticia para esta población (^{Walsh, 2009}). Parte de estos derechos (derechos colectivos) fueron recogido en la Constitución de 1998. Sin embargo, la realidad de los indígenas prácticamente no ha variado en el país, sus luchas siguen vigentes, porque los problemas permanecen y, en algunos casos, se agudizaron.

LAS MOVILIZACIONES DE OCTUBRE DE 2019

Estas protestas fueron la respuesta inmediata a la imposición del Decreto Ejecutivo 883 de 2019, con el cual se eliminaba el subsidio a los combustibles. De un inicio fue el gremio de los transportistas el que paralizó las principales ciudades del Ecuador, por lo que el Gobierno central decretó el estado de excepción. Para esto, los líderes indígenas organizaron las marchas y protestas que empezaron el lunes 7 de octubre con el ingreso en Quito y la toma del parque El Arbolito, epicentro de las manifestaciones. El grupo indígena fue parte de una masa aproximada de 18.000 manifestantes, entre los que se sumaron a esta larga lista transportistas, trabajadores, estudiantes y los recién conocidos como ninis (jóvenes que ni estudian ni trabajan).

Con un número aproximado de 7000 actores indígenas, toda esta masa humana tomó fuerza amparándose en el artículo 98 de la Constitución Política del Estado: "Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos" (Constitución de la República del Ecuador 2008).

La fuerza indígena ingresó en la ciudad capital desde los cuatro puntos cardinales el lunes 7 de octubre. Lo curioso es que tuvo apoyo logístico y médico de muchas organizaciones nacionales e internacionales, en particular, de las siguientes universidades: Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad Central del Ecuador, Politécnica Salesiana y la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador (^{Bravo, 2022}, p. 22).

Llegaron a Quito con discursos disidentes y recargados de injurias, reclamos con aires nada pacíficos y un imponente rechazo a la explotación minera, el neoliberalismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI), que prestó al Ecuador 4200 millones de dólares en tiempos de mayor crisis económica ocasionada por la pandemia. Los discursos pronunciados por sus líderes fomentaron una alta carga de violencia y rechazo, pero carecían de alternativas políticas y cero propuestas a sus problemas sociales, entre estos la desnutrición infantil indígena (^{Basabe, 2019}). Claro que no faltó en su discurso el repudio al capitalismo, a la oligarquía. Tal como relata Estallido: La rebelión de octubre en Ecuador, cuyo coautor es el dirigente indígena Leonidas Iza, quien habla de sus nuevas formas de lucha reivindicativa y un amplio poder popular a través de la participación de diversos sectores sociales, marcando un grito de rebelión desde el "explotado" hacia el "explotador" (^{Iza et al., 2020}, pp. 19, 32, 34).

Llama la atención el episodio del 10 de octubre, día en el que una multitud indígena se tomó el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, lugar que sirvió de escenario para demostrar su poder y su impunidad anticipada, por el hecho de haber secuestrado a diez policías, un coronel (Cristian Rueda) y nueve miembros de tropa, entre estos una mujer. En el acto, se les retiró sus botas para que "no puedan escapar", incluso, cubrieron la espalda del coronel con la bandera tricolor y en su cabeza pusieron un sombrero indígena de paño (^{Arroyo, 2019}). El insulto se hizo público cuando el dirigente Iza daba golpes en el pecho al oficial, como un símbolo de poder del indígena al mestizo. Al menos, esa era la interpretación de ese momento.

Otros secuestrados con el mismo destino fueron los 27 periodistas de diversos medios de comunicación social del Ecuador. También fueron obligados a transmitir al mundo entero sus mensajes sesgados hacia sus intereses políticos a favor de la Conaie (^{Bravo, 2022}, p. 23).

En esos mismos días de fuerte alteración pública, aunque cueste decirlo, "guerra civil", en la ciudad capital, Jaime Vargas, presidente de la Conaie, hizo tres manifiestos que retumbaron en las Fuerzas Armadas y el Gobierno central. El primero, que la institución castrense desconozca al presidente Lenín Moreno; el segundo, el insulto vulgar a este tratándolo de "patojo de mierda"; el tercero, la "formación de un ejército particular indígena", tema del que después el mismo dirigente indígena se retractó, reflexionando que esta idea salida del estómago sería un proyecto "peligroso y sin futuro" (^{Echeverría, 2019}).

Entre los actos de humillación, los indígenas no se encontraron satisfechos con los actos en contra de los policías y periodistas. También fueron imponentes con dos grupos de militares en las provincias de Chimborazo y Cotopaxi. El primer grupo de 47 soldados pertenecientes al cuartel de Riobamba fue retenido el 5 de octubre por los indígenas de nizag, cerca de Alausí. Un segundo grupo de 47 soldados del cuartel de Latacunga fue retenido en las cercanías del cantón Saquisilí, mientras se desplazaba a dar protección a la fábrica de explosivos de las Fuerzas Armadas ("Militares y vehículos de la Brigada Patria están retenidos en los páramos de Cotopaxi", 2019). La multitud indígena secuestró a estos grupos de militares y, luego, fueron liberados gracias a la mediación de las autoridades civiles, militares y de la Defensoría del Pueblo. Paradójico que militares sean secuestrados por la masa indígena.

Para la población indígena, el 12 de octubre es el día más sombrío de su historia. Para este artículo también, en vista de que ese sábado 12 de octubre de 2019 un grupo de jóvenes, entre indígenas y mestizos, incendiaron el edificio de la Contraloría General del Estado. No hubo un estricto control policial y, en el hecho mismo del incendio, los camiones de los bomberos no lograron llegar al lugar del fuego porque otros grupos de manifestantes impidieron el paso. Quedaron en cenizas los documentos acusatorios sobre los actos de corrupción de los años anteriores, que reposaban en un edificio construido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, inmueble del que no se ha hecho la entrega oficial. Dos años más tarde, el escritor y periodista Pablo Cuvi deja en claro lo sucedido:

Por si fuera poco, Iza es el abanderado de una causa que tiene 500 años y que lleva a la victimización y a la revancha de los explotados. Usa, además, consignas incendiarias e irresponsables pero que pegan fácilmente; y ha probado que es capaz de ir hasta las últimas consecuencias, es decir, hasta la destrucción física del sistema capitalista y sus instituciones clave, como la Contraloría. (^{Cuvi, 2021})

Esta convulsión social tuvo su fin con la eliminación del Decreto 883.

El 13 de octubre se llevó a cabo una reunión televisada, en horas de la noche, en que participaron el presidente Lenín Moreno y varios ministros de Estado. Por el bando indígena, se sentaron a la mesa de diálogo Jaime Vargas, presidente de la Conaie; Marlon Santi, líder del partido político Pachacutik, y Miriam Cisneros, representante de la Amazonía ecuatoriana. A esta delegación se sumó en la negociación Arnauld Peral, representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Ecuador, y los representantes de la Conferencia Episcopal y de la Defensoría del Pueblo (^{Bravo, 2022}, p. 21). Allí se decidió de forma unánime el fin de las protestas bajo la eliminación del decreto con el cual se eliminaba el subsidio de los combustibles.

Pasados ya dos años y medio de estas protestas sociales, la Fiscalía ha informado que durante este tiempo se han abierto 735 casos de investigación de todos los delitos perpetrados durante los once días de caos, delincuencia y terrorismo, sabotaje, paralización de los servicios básicos. En este tiempo, el trámite o procesamiento de estos casos no ha pasado de los 130 (^{El Universo, 2021}).

El jueves 10 de marzo de 2022, a las cuatro de la madrugada, 99 asambleístas votaron a favor de la amnistía de 268 procesados por la justicia, de los cuales 60 estaban involucrados en los actos vandálicos de octubre de 2019, el resto eran investigados por invasión de tierras, minería ilegal, entre otros delitos. Según los asambleístas, se aplicó el numeral 13 del artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador ("De los 268 amnistiados, 60 estaban procesados por las manifestaciones de octubre de 2019", 2022). De acuerdo con la encuestadora Cedatos, el 80 % de la población ecuatoriana está en contra de esta decisión de la Asamblea.

¿Quiénes fueron los ganadores absolutos de estas protestas? Para este interrogante, la respuesta es concreta: los líderes indígenas. El dirigente indígena Salvador Quishpe fue elegido como asambleísta nacional, y Miriam Cisneros, parlamentaria andina. Tiempo después, a finales de junio de 2021, Leonidas Iza resultó ser el ganador a la presidencia de la Conaie. En fin, cuando hay protestas, es bueno estar en primera fila, y mucho más si se está protegido por la Guardia Popular y la Guardia Indígena (^{Bravo, 2022}, p. 32).

CONCLUSIONES

El levantamiento de 1990 representó para el Ecuador el punto más alto de un conflicto que no tuvo salida en el "mestizaje", comprendido como la homogeneización cultural. Los indígenas se movilizaron y, al hacerlo, evidenciaron que su presencia en el país es un cuestionamiento histórico a la legitimidad de un sistema político cultural que representa al proyecto mestizo de "lo nacional", lo uninacional, el monoculturalismo. Al movilizarse masivamente, los indígenas irrumpieron en la escena nacional de manera real, ya no era aquel "otro" distante, ficticio, inventado y distorsionado por la literatura e historia del discurso oficial. Habían copado las plazas, mercados, el Parlamento, y su presencia confrontó con el proyecto mestizo que consideró amenazado su estabilidad política y democrática.

El llamado movimiento indígena expresa y representa un impacto político inmediato en la "estabilidad" de los Gobiernos que se autodefinen como democráticos y, en especial, sobre la "gobernabilidad" de una población que, al sentirse insatisfecha en sus necesidades, se ha ido plegando a las demandas de este movimiento. Desde el levantamiento de 1990, hasta las movilizaciones de octubre de 2019, han trascurrido dos décadas de configuración y resignificación de un movimiento que inició sintiendo el rechazo mayoritario del sector mestizo ecuatoriano, a convertirse en, quizá, el único movimiento capaz de encabezar las demandas de la población ecuatoriana.

La literatura académica y periodística estudiada en este artículo centra su análisis en cada uno de estos acontecimientos como una lucha y conflicto de identidades. Los discursos se han tejido alrededor de la protección del Estado de derecho, de la democracia y de la gobernabilidad por parte de los Gobiernos de turno que han culpado (casi con los mismos términos) al movimiento indígena de ser el causante de alterar y amenazar la estabilidad política del país. Un discurso que ha hundido sus raíces en la cultura, multiculturalidad, la diversidad, hasta llegar a la interculturalidad en los acontecimientos más recientes. En el fondo, han emprendido una lucha y disputa por espacios de poder que se han viabilizado o materializado cuando los dirigentes de este movimiento han marcado distancia o han pactado con los Gobiernos de turno.

De las tres protestas sociales, descritas y analizadas, las tres han sido de alta trascendencia social y política en la historia del Ecuador; sin embargo, la protesta llevada a cabo en octubre de 2019 pone el sello de mayor conflictividad, violencia y fractura social, dado que, al darse en la zona urbana de Quito, tuvo como resultado una peligrosa división social entre los sectores urbanos del sur en contra de los sectores urbanos del norte de la capital: el sur de Quito es zona de pobreza, y sus habitantes se hicieron a favor de la protesta indígena, no así el norte, cuya posición fue de marcada oposición a esta protesta. Siendo la capital del Ecuador el epicentro final de estas movilizaciones y luchas indígenas en el caso de las tres protestas analizadas.