Objetivos específicos

Precisiones teóricas

Este análisis de las radios en la provincia de San Luis tiene al menos dos puntos de partida: determinar cuáles son las radios que se encuentran operativas y se encuadran en la denominación sin fines de lucro como lo establece la ley; y por otro lado, poder reconstruir la situación de estos medios desde la sanción de la ley 26.522, antes y después de su reforma en 2015 y en el primer año del gobierno de Fernández, así como las estrategias de sostenibilidad que estas hayan intentado o podido implementar.

Para comenzar a hablar de las radios comunitarias en San Luis es necesario realizar algunas precisiones sobre los posicionamientos teóricos desde los cuales se realiza el análisis. En el esquema global de medios, las radios comunitarias, alternativas y populares se encuentran como opción diferente, o incluso, opuesta al discurso hegemónico impuesto por los medios comerciales, que concentran en principio la mayor parte del capital económico, y ello mismo les permite ocupar mayores espacios en el campo de la comunicación a través de los medios. Como señala ^{Uranga (2007)}:

La comunicación comunitaria nos invita a reconstruir la narrativa de la historia desde los procesos comunicacionales que permiten tejer los hechos entre sí, lo cual supone hilvanar la historia particular de cada uno de los actores sociales desde la narrativa política, social y cultural de la historia colectiva. (p.1 )

No existe una única definición de medios comunitarios, puesto que estos, por su condición, se construyen como tales a través de sus prácticas. Kaplún señala que desde la década de los 70 la comunicación comunitaria "se ha poblado de una constelación de apellidos emparentados entre sí", todos vinculados estrechamente al sector social que da impulso a estas prácticas. Entonces las prácticas comunicacionales son indisociables de las demás prácticas sociales de cada movimiento social, cultural y político que les ha dado impulso (^{Kaplún, 2007}).

Comunicación comunitaria, alternativa, popular son apenas algunos de esos apellidos que designan estas prácticas. Lo más relevante de señalar, más allá de estas denominaciones, es que estos medios aparecen en el sistema de medios para demostrar que hay un tercer sector diferente entre Estado y mercado que representa otros modos de construir sociedad y ciudadanía (^{Kaplún, 2007}).

Como se verá a continuación, cada experiencia de comunicación alternativa es particular porque sus objetivos y estrategias responderán a circunstancias igualmente particulares (^{Sel, 2009}). ^{Vinelli y Rodríguez Esperón (2004)} también se refieren a los medios alternativos como un conjunto de prácticas comunicacionales diverso cuyas posiciones están determinadas por sus objetivos políticos:

Lo contrainformativo, lo popular, lo comunitario, lo participativo, las concepciones instrumentales o aquellas basadas en la gestión del medio; en fin, las diferentes formas de entender lo alternativo están asociadas a un proyecto más amplio del cual la práctica forma parte y sin el cual es imposible comprenderla. (p. 9)

Ahora bien, aun cuando es posible identificar estas prácticas comunicacionales con sectores tradicionalmente excluidos de los espacios hegemónicos de poder, no necesariamente todas las prácticas de comunicación comunitaria o alternativa tendrán ese horizonte de cambio político y social. Muchas experiencias que surgen de sectores excluidos pueden tener objetivos de cambio pero continúan siendo funcionales a las formas de dominación hegemónica (^{Bilbao y De Toni, 2020}).

^{Bilbao y De Toni (2020)} construyen una definición recuperando los aportes de Natalia Vinelli:

Los medios comunitarios, alternativos y populares se pueden caracterizar a partir de rasgos comunes de estas experiencias [...] ... no buscan el lucro sino que tienen los mismos intereses de los sectores populares que piensan un proyecto de sociedad contrahegemónica y buscan darle voz. (p. 19)

Asignan como características de la comunicación CAP a partir de las condiciones de la propiedad y la selección y producción de los contenidos: "Las experiencias son de propiedad colectiva, social, comunitaria o popular, y autogestionada; y construyen su agenda desde las/os/es protagonistas/es de los hechos y con criterios de noticiabilidad distintos, generando un discurso de contrainformación" (p. 19).

En la misma línea, ampliamos la definición con el aporte de ^{Segura et al., (2018)}, quienes sostienen que

los medios comunitarios, alternativos y populares son proyectos comunicativos que se caracterizan por enfrentar tanto la agenda de los grandes conglomerados mediáticos (^{Sel, 2009}) como a los Estados que hacen posible ese sistema mediático (Kejval, 2009), y por su misión de empoderar a la ciudadanía y las organizaciones comunitarias para que puedan participar en el desarrollo sustentable de las comunidades locales. (Villamayor y Lamas, 1998, p. 92)

Todas estas cuestiones orientan las reflexiones en torno a las prácticas que se han podido conocer o reconstruir sobre los medios relevados. Es fundamental la distinción que se realiza entre lo que se entiende como medios del sector sin fines de lucro de acuerdo con el texto de la ley y el sentido que adquiere lo comunitario cuando se realiza una lectura desde las prácticas. Con el trabajo de campo realizado se pueden establecer sólo algunas cuestiones que deben ampliarse y profundizar en sucesivas instancias de investigación.

Abordar el estudio de los medios CAP en San Luis implica conocer e interpretar las prácticas de comunicación de los mismos. Como señala Urioste, estas se entienden como prácticas sociales que son resultados de producciones históricas ligadas a los procesos en los que están insertas (^{Segura y Weckesser, 2016}). En este sentido, resulta relevante reconstruir las condiciones políticas, sociales y económicas que permitieron u obstaculizaron el surgimiento y consolidación de los medios CAP en la provincia.

Las prácticas comunicacionales que permiten construir sostenibilidad para estos medios parten de una concepción de la misma que excede la mera posibilidad de permanecer, como señala ^{Kaplún (2007)}, el objetivo final es generar una propuesta comunicacional capaz de hacer lo que se propone. Diversos autores coinciden en asignar a la sostenibilidad tres dimensiones principales: institucional (en relación con la organización), económica (disponibilidad o carencia de recursos necesarios para la transmisión) y social (el vínculo con la comunidad) (Kaplún, 2019). Respecto a esta última, Urioste destaca la especial relevancia de la inserción social de los medios CAP no sólo para lograr sostener su existencia, sino para efectivamente lograr generar prácticas verdaderamente alternativas. La capacidad de los medios CAP de responder y retroalimentarse de las condiciones particulares en que surgen representan sus posibilidades de existencia y, citando a Kéjval, su horizonte de transformación de los procesos sociales, económicos y políticos de los que participan (^{Segura y Weckesser, 2016}).

^{Villagra y Traversaro (2019)} proponen un concepto de sostenibilidad que además considere "la capacidad para superar los conflictos internos y las dificultades externas. Por lo tanto, la sostenibilidad de las emisoras no lucrativas implica el desarrollo de sus estrategias en busca de los ideales planteados (para. 11)". A las tres dimensiones ya mencionadas suman, siguiendo los aportes metodológicos de Segura, la dimensión de la producción, que implica incluir en el análisis el contenido de lo que se emite, y el anclaje social del mismo en cuanto a audiencias a las que se dirigen, y niveles de participación en la construcción de agenda y creación de dichos contenidos.

Medios CAP y el Estado en Argentina: breve historización

En la década de los 80, Argentina no fue ajena al proceso global de homogeneización de las culturas mediante los medios masivos de comunicación como estrategia de reconstrucción de la hegemonía debilitada por la crisis mundial. Como contrapartida, en ese contexto, "lo masivo enfrentaba también un debilitamiento por cuenta de las alternativas populares y la multiplicidad de voces que surgieron con los pequeños medios que le hicieron frente a esta carrera homogeneizadora" (^{Buitrago Trujillo et. al., 2016}, p. 88).

En nuestro país esto se sumó al contexto local dado por la dictadura militar del 76 y el proceso de retorno a la democracia a partir de 1983. En esta misma década, en Argentina comienzan a surgir emisoras radiales y televisivas como una expresión más del reclamo por la democratización de las comunicaciones y una ampliación en los espacios de participación ciudadana tras el final de la dictadura (^{Segura et. al., 2018}). Durante el gobierno de Raúl Alfonsín se intentó una reforma legal. El objetivo era una nueva ley que reemplazara la Ley n° 22.285 vigente desde 1980, sancionada en plena dictadura, sin embargo, no llegó a tratarse. Como puede deducirse, dado el carácter autoritario del que emanaba, la Ley n° 22.285 (1980) no permitía que las organizaciones sin fines de lucro accedieran a licencias, en tanto cualquier acción surgida desde la sociedad civil eran consideradas una amenaza.

La falta de marco legal que las admitiera no impidió, asimismo, que surgieran. Como señalan ^{Segura et al. (2018)}, los medios comerciales las tildaron de "truchas" y como "clandestinas" por el CONFER. Según este mismo estudio, hacia 1989 se contabilizaban unas 3000 emisoras radiales contando iniciativas comunitarias y vecinales, y otras alternativas enmarcadas en proyectos políticos y sociales, o como parte de otros proyectos comerciales pequeños.

La Ley 26.522 cambió este marco de ilegalidad, aunque no necesariamente sus condiciones reales. Sin embargo, existe ahora un reconocimiento legal que les permite concursar para la adjudicación de licencias para la utilización de parte del espacio radioeléctrico. Hasta 2009, año de sanción de esta ley, habían seguido surgiendo por iniciativa de trabajadores y trabajadoras, comunidades campesinas, indígenas, cooperativas, proyectos comunitarios de cooperativas, barrios marginales o partidos políticos.

Si bien el paso que se dio con la sanción de la ley es significativo y de vanguardia en la región, su propio texto abre ciertas controversias que afectan las posibilidades de crecimiento de los medios CAP y en sus vínculos con el Estado. De acuerdo con el texto de la ley, el tercer sector está definido en su artículo 4 de la siguiente manera:

Emisoras comunitarias: Son actores privados que tienen una finalidad social y se caracterizan por ser gestionadas por organizaciones sociales de diverso tipo sin fines de lucro. Su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio, como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales. En ningún caso se la entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida. (^{Ley N° 26.522, 2009})

La denominación general de "actores privados sin fines de lucro" incluye un amplio abanico de experiencias que si bien reflejan lo que más arriba se marcaba como aspecto distintivo de la heterogeneidad del universo de medios comunitarios, alternativos y populares, se traduce en omisión de condiciones particulares de estas experiencias. Este representa obstáculos al momento de convertir las condiciones creadas por la ley en condiciones reales para el surgimiento, sostenibilidad y crecimiento de estos medios.

No obstante, a partir de la sanción de la ley, su reconocimiento dentro del sistema como entidades capaces de constituirse como sujetos de pleno derecho constituye un escenario diferente para posicionarse dentro del sistema de medios, para vincularse entre sí, con otros actores sociales y fundamentalmente con el Estado, con nuevas vías de incidencia en la formación de políticas públicas y en la ampliación y democratización del espacio público.

Selección de los casos de estudio

Para establecer el criterio de inclusión y exclusión de los medios considerados comunitarios, alternativos y populares, fue preciso reconocer las discusiones y diversas formas de definirlos. A fin de establecer un criterio con validez metodológica para reconocer las emisoras radiales para ser incluidas en este estudio, y un posterior análisis de sus prácticas, se toma como definición lo establecido en los artículos 4 y 21 de la Ley 26.522 (2009): actores privados que tienen una finalidad social sin fines de lucro, con participación de la comunidad, independientes y no gubernamentales, cuyos servicios no se restringen a un área geográfica determinada. Para ajustar la categoría se recuperan las precisiones metodológicas de ^{Segura et al. (2018)} en "La multiplicación de los medios comunitarios, populares y alternativos en Argentina. Explicaciones, alcances y limitaciones" trabajo en el que, apelando a esta concepción, excluyen emisoras municipales, de pueblos originarios, de la Iglesia católica, escolares, por estar encuadradas en el sector público. También se excluyen emisoras de otras iglesias, fundaciones o cooperativas que pese a estar contenidas en la denominación "sin fines de lucro", no reúnen las características de las radios comunitarias (^{Segura et al., 2018}). Como se amplía posteriormente, en la provincia de San Luis existe una ley que equipara en estatus a todas las religiones ante el Estado, por lo que las radios pertenecientes a cualquier culto se equiparan a las de la Iglesia católica.

Es preciso, al momento de definir los casos en estudio, reconocer una dificultad metodológica para desarrollar esta investigación incluyendo todos los medios populares, alternativos y comunitarios que han existido durante el período 2010-2020. Como estrategia metodológica para salvar este obstáculo se tomaron los medios que aparecen en los relevamientos y registros consultados. No se descarta que hayan estado operando otras emisoras durante el período en estudio, pero si no fueron oportunamente relevadas, actualmente es muy difícil que puedan rastrearse y reconstruirse sus prácticas a posteriori.

Fuentes de datos y operaciones metodológicas

El trabajo de campo incluyó la consulta a fuentes directas e indirectas. En una primera instancia se realizó una revisión y análisis de bibliografía y registros de medios ya publicados; de legislación nacional, provincial y municipal sobre acceso a licencias y políticas públicas de fomento a medios sin fines de lucro; y documentación institucional respecto a su estatus jurídico, creación, organización interna, etc., si la tuvieran.

En función de la revisión bibliográfica se realizó primero un reconocimiento del sistema infocomunicacional de San Luis y luego se construyeron las categorías de identificación y de análisis de los medios a ser incluídos como CAP dentro de un espacio geográfico y temporal acotado: provincia de San Luis, período 2010-2020. También se determinaron los criterios por seguir para la caracterización de los medios: ubicación (zona ubana/rural), situación legal (licencias y permisos; personería jurídica), fecha de inicio de la transmisión (continuidad y/o interrupciones), vinculación con otras organizaciones (vinculación con partido político, barrio periférico urbano, y colectividad de inmigrantes), y medios tecnológicos disponibles para la transmisión (AM/FM, radios online).

Para identificar radios comunitarias, alternativas y populares se realizaron, además, consultas y entrevistas semiestructuradas a referentes de partidos políticos y organizaciones sociales, trabajadores de la comunicación en la provincia y funcionarios de áreas relacionadas. Esta información recogida en campo se cotejó y comparó con la obtenida en registros oficiales.

También se realizó un seguimiento y análisis de los contenidos y de la grilla de programación, en sus señales radiofónicas y la utilización que realizan, de otros espacios, en particular redes sociales de las radios que pudieron ser identificadas como CAP de acuerdo con el criterio establecido mediante el uso de grillas comparativas. Se analizó tipo de programación (propia, retransmisión, contenido enlatado), actores involucrados en las distintas instancias de la producción y transmisión, frecuencia y continuidad en la programación. En diálogo con los referentes de medios entrevistados, se solicitó acceso a material sobre la organización interna del medio a fin de conocer la metodología de trabajo, actores involucrados en la producción y puesta al aire de la programación, etc. Se indagó también en las entrevistas sobre los procesos participativos (de actores pertenecientes al medio, otras organizaciones, la comunidad) y sobre las audiencias que identifican o a las que buscan llegar.

Para identificar y analizar las estrategias de sostenibilidad se cotejó la información disponible en registros del ENACOM y datos abiertos, sumado a los trabajos de investigación previos, con la palabra de los representantes de los medios en las entrevistas. Las categorías con las que se trabajó son: participación en concursos para la obtención de licencias, para acceso a líneas de financiamiento (FOMECA y pauta), venta de espacio a publicidad privada, vinculación con otros medios/instituciones/entes estatales, estructuración interna de la organización, instalaciones y recursos tecnológicos, y cantidad de personas que participan de manera activa. Se construyeron tablas en las que se pueden ver de manera comparativa los datos sobre cada uno de los medios a fin de arribar a algunas generalidades, reconociendo la especificidad de cada experiencia. También se trabajó con líneas de tiempo y tablas por medio para analizar su historicidad y cruzar dicho análisis con el marco local, provincial y nacional.

Las radios sin fines de lucro en el ecosistema de medios de San Luis

San Luis es una provincia ubicada en el centro de la Argentina, con poco más de 400 000 habitantes, con dos grandes centros urbanos que concentran la mayor parte de la población: San Luis Capital y Villa Mercedes. Desde 1983, con el regreso de la democracia, se instauró un régimen de gobierno caracterizado por una alta concentración y centralización de los procesos de toma de decisión, prácticas clientelares y una densa estructura burocrática (^{Trocello, 2004}). El gobierno se ha mantenido a lo largo de casi cuatro décadas en manos de dos hermanos que ocuparon alternadamente el cargo de gobernador, con breves interludios de gobernantes pertenecientes a sus propias filas políticas. ^{Trocello (2004)} ha caracterizado este gobierno como neopatrimonialista.

La concentración y centralización del poder político se replica en el ecosistema medial. San Luis es un caso representativo de provincias en las que resalta la centralidad de radios y canales gestionados por los gobiernos provinciales y/o que pertenecen a sus principales dirigentes, con importantes áreas de cobertura (^{Segura et. al., 2018}). El sistema infocomunicacional cuenta con un diario de tirada provincial y una radio FM pertenecientes al Grupo Payne, propiedad de la familia gobernante; Canal 13, un canal abierto público de línea editorial marcadamente oficialista, que a través de sus repetidoras alcanza una cobertura de todo el territorio provincial, y una agencia pública y oficial, Agencia San Luis (^{Segura et. al., 2021}).

El resto del ecosistema de medios de San Luis fue analizado por ^{Longo (2014)}, quien llevó a cabo un mapeo que abordó los medios radiales, impresos, digitales y televisivos. Con base en el mismo, Longo recupera datos de un relevamiento llevado a cabo entre los años 2010 y 2011 en el que consta que existían en la provincia 1708 medios de comunicación. Este relevamiento expuso la concentración de medios en los departamentos más poblados -Pueyrredón y Pedernera-. La mayoría de los medios que existen son radios, y el 86 % de ellas son comerciales. En la ciudad de San Luis se contabilizaron 53 radios en actividad. Esto permite inferir que la concentración y centralización de los medios también responde a la distribución poblacional, y que el mayor porcentaje de medios es con fines de lucro.

En el artículo "¿Otro país? La democratización de las comunicaciones en San Luis", publicado en "Agitar la palabra", ^{Longo (2014)} realiza una descripción de la situación política de la provincia, a fin de contextualizar las políticas públicas -o la falta de ellas-en materia de medios:

En el marco de políticas de comunicación provinciales, hay que mencionar que el 3 de noviembre de 2010 -cuando ya había sido aprobada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y en un contexto provincial de clara y manifiesta oposición al Gobierno Nacional y al "modelo de país"- se sanciona la Ley de Libertad de Expresión del Pensamiento y de Información N° 0735-2010.(p. 46)

Es decir, previo a la iniciativa nacional no se habían implementado políticas públicas en materia de comunicación en la provincia. Luego, Longo continúa analizando: "Esta norma establece, entre otras cuestiones, que el órgano para el otorgamiento de las licencias de radio y televisión es el Consejo Consultivo de Libertad de Expresión de la Provincia (art. 4°) y que la entidad reguladora de los medios locales es el Estado de San Luis" (p. 46). Una vez establecido el marco legal nacional, el gobierno provincial construye la herramienta legal para conservar cierto grado de control sobre los medios en la provincia.

Para identificar las radios comunitarias, alternativas o populares en San Luis se toma como referencia el último relevamiento presentado en "Alternativas. Condiciones y estrategias de las radios y los canales sin fines de lucro desde la sanción de la Ley Audiovisual." El mismo fue llevado a cabo por el equipo integrado por Segura, Linares, Longo, Vinelli, Espada, Traversaro e Hidalgo, publicada por editorial EDUNSE en 2021. En este informe se registraron en San Luis Radio La Bulla FM 100.5, Radio Masi FM 106.7 y Radio Rebelde FM 104.1 (^{Segura et.al., 2021}). Al momento de inicio de esta investigación se encontraba en proceso de organización la radio La Cigarra, en San Francisco del Monte de Oro (Dpto. Ayacucho), "desde el monte en el paraje Río Juan Gómez", como expresan en su página de Facebook. Esta localidad se ubica en el interior de la provincia, al noreste de la ciudad capital. Dicho medio se encuentra en su etapa de gestación, por lo que no se incluye en el análisis. No obstante, su incipiente organización representa un dato para tener en cuenta para investigaciones futuras.

Complementario a esta búsqueda se consultó otras fuentes y se realizó una reconstrucción de la situación de medios CAP en la provincia con investigaciones previas. Una fuente consultada es el proyecto Radio x radio, disponible en https://radioxradio.org/, el cual desde 2014 realiza un registro de medios comunitarios con el objetivo de conocer y difundir experiencias. En este sitio se menciona en la provincia de San Luis solamente a La Bulla, comunicación alternativa.

En otro relevamiento realizado por ^{Longo en 2014} se pudo incluir sólo a "Radio Masi 92.7 Mhz15 perteneciente a la colectividad boliviana en San Luis y la radio del grupo de ayuda y organización de Rehabilitación al Marginado (REMAR) en el 88.916 del dial" (^{Longo, 2014}). También menciona en su registro varias emisoras radiales de grupos cristianos y/o evangélicos: Radio Cristiandad 90.5 Mhz y Radio Siloé 101.9 Mhz, pero no se corresponden con el recorte metodológico elegido para este análisis. Cabe recordar que tanto las radios pertenecientes a la Iglesia católica, en tanto ente público, y las pertenecientes a otros cultos no quedan incluidas en el tercer sector de medios de acuerdo con lo establecido por la Ley provincial de Libertad de Cultos, N° I-0002-2004. Radio La Bulla, desde el Barrio Rawson, era en ese momento un proyecto de radio comunitaria de la organización Casita Cultural, en proceso de consolidación (^{Longo, 2014}).

Una cuestión importante que emerge ante estos datos está relacionada, por un lado, con la relación directa que se puede establecer entre el surgimiento de estas radios y la sanción de la Ley 26.522: La Bulla y Masi nacen en 2012 y Radio Rebelde en 2015.

De acuerdo con sus propios integrantes, el surgimiento de La Bulla tenía como objetivo la creación de un espacio de producción de discursos contrahegemónicos, desde la perspectiva de la comunicación alternativa, que contrarresten la presencia casi totalizante del discurso oficialista que se impone (^{Segura et. al., 2021}). Radio Rebelde, surgida en 2015, con otro escenario político, en pleno proceso electoral y el avance de sectores más conservadores a nivel nacional, se posicionó como el partido representante del ala izquierda del arco político. Ambos medios se perciben como elementos de resistencia, y desde ese posicionamiento entienden sus prácticas de sostenibilidad. Actualmente, se puede señalar, mediante un seguimiento y análisis de sus actividades -transmisiones radiales, publicaciones en redes, comunicados-, que La Bulla sostiene una misma posición contrahegemónica, mientras que Radio Rebelde en ciertas cuestiones se encuentra más alineada con el actual oficialismo, tanto nacional como provincial. Por otro lado, Radio Masi surgió como forma de integrarse a la sociedad de la que forma parte (^{Segura et. al., 2021}).

No obstante, hay una segunda cuestión vinculada a la falta de nuevas experiencias de comunicación comunitaria en la provincia. Es interesante poder traer a la discusión cuáles son las condiciones sociales y políticas que han influido o influyen en este fenómeno. Siguiendo a Longo, se hace hincapié en las políticas públicas en relación con los medios de comunicación y a otras industrias culturales, demostrando lo que ya había surgido en un trabajo citado previamente: la marginalidad de los medios sin fines de lucro en las mismas. Aún más, se evidencian prácticas que tienden a unificar, centralizar y oligopolizar la producción y propiedad de medios audiovisuales (^{Longo, 2017}). Además de la concentración que se puede observar en unos pocos grupos que son propietarios de medios, es notable la estrecha relación que se puede establecer entre estos y el poder político provincial, también concentrado y monopolizado por la familia gobernante desde 1983 a la actualidad, con breves interludios de gobernantes de sus propias filas. Esto deja abierto el interrogante respecto al papel jugado por el Estado a nivel provincial en la evolución y características de los medios comunitarios y/o alternativos, objetos de este estudio.

Los esfuerzos por la sostenibilidad

Como se señaló previamente, se estableció un criterio para determinar cuáles radios serían consideradas comunitarias, alternativas y populares, tomando como marco lo establecido por los artículos 4 y 21 de la Ley 26.522. No obstante, el análisis de estos medios es relevante, en tanto se consideran sus prácticas comunicacionales. Desde la perspectiva teórica elegida, dichas prácticas son de sostenibilidad. Esto es "el desarrollo de sus estrategias en busca de los ideales planteados, en el marco de ciertas condiciones y a partir de una determinada posición" (^{Villagra y Traversaro, 2019}). Desde esta construcción teórica se aborda una concepción de sostenibilidad como una categoría compleja que se construye en torno a cuatro dimensiones: económica, institucional, social y de producción de contenidos (^{Villagra y Traversaro, 2019}; ^{Segura et al., 2019}). En la primera categoría no se consideran solamente las posibilidades de acceder a los recursos necesarios, sino también a las condiciones requeridas para su gestión. En la dimensión institucional se contempla la situación legal en cuanto a si se posee personería jurídica que le permita concursar por licencias y solicitar financiamiento, como a la legalidad o ilegalidad del uso de la frecuencia; pero también refiere a las características de la institución como tal respecto a los sujetos que la conforman, las relaciones entre sí y del medio con otras instituciones. La dimensión social remite a la inserción territorial y el vínculo con las audiencias: las vías e intensidad de la participación, entre otras. Por último, la dimensión de la producción refiere a las posibilidades de generar contenidos propios y los criterios que se siguen para su selección y proceso de elaboración.

Ahora bien, las posibilidades de sacar adelante prácticas comunicacionales y construir sostenibilidad están en buena medida condicionadas -aunque no limitadas- por las políticas públicas. Como ya se afirmó más arriba, la existencia de medios sin fines de lucro deben ser garantizados por el Estado como condición necesaria para el fortalecimiento de la vida democrática.

En "Alternativas..." (^{Segura et al., 2021}) se hace la relación entre la sostenibilidad que pueden desarrollar los medios CAP con las políticas públicas en el período 2008-2015, argumentando que las mismas resultaron cruciales para el crecimiento y sostenibilidad de este sector. Además describe las discontinuidades y retrocesos en las políticas públicas de comunicación entre 2015 a 2018, bajo la gestión macrista, pero teniendo también en cuenta las consecuencias por acción u omisión de los actores estatales provinciales.

La Ley 26.522 significó un hecho inédito en la historia de los medios CAP en nuestro país porque por primera vez se les reconocía dentro del marco legal, constituyéndolos como sujetos plenos de derecho. Esto es central porque reconoce la importancia de estos medios en sociedades democráticas, en la ampliación y efectiva realización del derecho a la comunicación por su aporte a la diversidad y pluralismo de voces. Pero también se evidencia la necesidad e importancia de la presencia del Estado en todos sus niveles a través de políticas públicas que tiendan a fortalecer el crecimiento y sostenibilidad del tercer sector en el sistema de medios.

Por esto, el análisis avanza en dos sentidos: por un lado, la situación jurídica de las radios en el marco de la ley y, por otro, el impacto de las políticas públicas implementadas por el Gobierno nacional y el provincial en sus estrategias de sostenibilidad, así como el tipo de vínculo que las emisores pudieron/decidieron establecer con el propio Estado.

Todas las radios comunitarias incluidas en la investigación surgieron en el período de debate público y posterior a la sanción de la Ley LSCA. No obstante, a finales del periodo en estudio, de acuerdo con el informe presentado en "Alternativas." (^{Segura et al., 2021}), la situación jurídica de las mismas era aún débil: Radio Masi cuenta con la personería jurídica de la Asociación de Residentes Bolivianos de San Luis, que es una asociación civil, y no posee licencia. Se realizaron algunas gestiones, pero no se concretó ningún trámite formal. Al momento de elaboración de este artículo no hay avances al respecto. Por otro lado, La Bulla no posee personería jurídica ni licencia por decisión propia, como parte de su posicionamiento político. No obstante, realiza sus emisiones en una condición de excepcionalidad legal, dado que mantiene una "suerte de reivindicación por transmitir en una 'frecuencia tomada'" (^{Segura et al., 2019}). Desde comienzos de 2022, según informaron integrantes del medio, la emisión radial está suspendida porque la emisora no tiene espacio físico, aunque continúa activa a través de sus redes sociales. Finalmente, Radio Rebelde, que pertenece al Partido Comunista y utilizaba la personería jurídica del Partido, se constituyó como cooperativa de trabajo para "poder acceder a FOMECA", según informó la directora de la misma.

En las últimas décadas se han hecho progresivos avances en el reconocimiento de los medios del tercer sector en el plano legal: fallos, decretos y, finalmente, la Ley 26.522 de Servicios de Medios Audiovisuales. No obstante, en cuanto política pública, se ha revelado como insuficiente porque no se ha llevado a la práctica, debido a la demora en los llamados a licitaciones y en la efectiva realización de las adjudicaciones (^{Segura et al., 2016}). En el artículo "Regresión. Las nuevas políticas para medios comunitarios en Argentina" se postula que después de una etapa de políticas orientadas a la legalización y fomento de medios no lucrativos, entre 2009 y 2015, las políticas del nuevo gobierno, "aunque no modificaron el marco legal, restauran las persecuciones a las radios en situación de ilegalidad forzosa" (^{Segura et al., 2017}). En la provincia de San Luis, aunque no hubo cambio en la gestión de gobierno, Radio Masi salió del aire en enero de 2016 porque el Enacom libró un oficio para secuestrar preventivamente los equipos de emisión ante "su peligrosidad en punto a las denunciadas interferencias (en frecuencias aeronáuticas)" (^{Longo, 2017}). Esto se vincula a una nueva situación de vulnerabilidad legal que se produjo durante el período 2015-2017. El decreto de necesidad y urgencia 267 de diciembre de 2015 no sólo significó una interrupción en las políticas que se estaban llevando a cabo, sino además un retroceso en la participación de medios sin fines de lucro en la toma de decisiones y en su acceso a asistencia por parte del Estado (^{Segura et al., 2016}).

En el marco de un análisis de prácticas de sostenibilidad, resulta de interés conocer el impacto de las políticas públicas de financiamiento. La misma Ley 26.522 estableció en su artículo 97 una vía de financiamiento gestionado por el ENACOM - el AFSCA al momento de sanción de la ley, reemplazado en 2015 por decreto por la gestión Cambiemos. Esta forma de financiamiento son los FOMECA, fondos de fomento concursable, exclusivos para medios del sector sin fines de lucro. Para poder concursar un FOMECA es necesario cumplir el requisito de poseer personería jurídica. De acuerdo con "Alternativas." (^{Segura et al., 2021}), ninguna de las tres radios recibieron fondos del Estado hasta 2018. Radio Masi obtiene principalmente sus fondos de la asociación de Residentes Bolivianos; La Bulla recibe donaciones voluntarias de socios y socias y obtiene ingresos de la venta de bienes y servicios; Radio Rebelde, además de obtener ingresos del Partido, genera ingreso de recursos mediante la venta de espacios en la radio, y a partir de su constitución como cooperativa, busca acceder al financiamiento proveniente de FOMECA.

También en relación con la acción del Estado a través de las políticas públicas en la construcción de sostenibilidad para los medios CAP, esta vez a través de la pauta oficial, se recupera el informe presentado por la RICCAP en 2019, "Relevamiento de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios, populares, alternativos, cooperativos y de pueblos originarios en Argentina". Además de realizar un exhaustivo trabajo de descripción y análisis de los medios incluidos en el sector no lucrativo, el informe de RICCAP dedica un apartado a analizar la distribución de la pauta oficial entre los medios del tercer sector. En el mismo se señala que en la región de Cuyo en el período 2014-2018 no hubo participación del Estado Nacional a través de pauta oficial, y en el caso de San Luis, tampoco la hubo por parte del Estado Provincial.

En particular, respecto a las modificaciones del Decreto 267, este significó un retroceso respecto a las limitaciones que la Ley 26.522 intentó poner a la concentración de medios, puesto que este no sólo las permite para radio y televisión abierta, sino que además elimina las prohibiciones para la TV por cable y autoriza la propiedad cruzada entre empresas audiovisuales y telecomunicaciones (^{Segura et al., 2017}). En la provincia de San Luis no existe legislación que evite la concentración ni propiedad cruzada de medios.