Las políticas de comunicación: apuntes iniciales

La corriente crítica latinoamericana que promovió la urgencia de políticas de comunicación en los primeros años de la década de los 70 y parte de los 80 significó un valioso intento por conceptualizar y poner en marcha la aplicación de estrategias posibles y métodos concretos en aras del reconocimiento de una comunicación distinta.

En efecto, siguiendo a ^{Gómez (2010)}, las diferentes cuestiones que dieron origen al debate sobre las políticas de comunicación en América Latina son relativamente recientes. El esfuerzo por promover la construcción de políticas en comunicación, inicialmente, se amparaba en la reivindicación y reconocimiento del derecho a la comunicación de las comunidades excluidas.

En retrospectiva, las políticas de comunicación surgieron en respuesta a

(...) las acciones y omisiones del Estado con relación a una cuestión, las decisiones del gobierno, las causas y consecuencias de su actividad, los recursos o bienes en juego, y los actores afectados o movilizados en torno a dicha cuestión (^{Califano, 2013}, pág. 5)

Razones que, sumadas al desequilibrio económico, la crisis de representatividad política, la efervescencia de la movilización social y la descomposición de la relación entre medios masivos de información y ciudadanía, encauzaron a activistas, académicos y organizaciones sociales en la construcción de la propuesta.

No obstante, el constreñimiento político y económico ejercido por países como Estados Unidos en los años 70, frente a la creación de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC) y la instauración de Políticas Nacionales de Comunicación, en opinión de Graciano (1980), fue el detonante que posibilitó y constituyó a la comunicación alternativa y comunitaria en un factor determinante en el sostenimiento de la comunicación y la democracia como un proyecto en construcción. Por supuesto, ello implicó que cada vez más el carácter de este tipo de experiencias comunicacionales, en la década de los 80, pusiera mayor énfasis en el rol de la ciudadanía en los procesos de transformación de sus territorios.

En este punto, algo interesante, que bien vale la pena destacar, es que el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC) y las Políticas Nacionales de Comunicación compartían una preocupación común.

(...) la democratización de las relaciones de comunicación entre los países y la democratización de las relaciones de comunicación dentro de los países. (...) Las iniciativas sobre el NOMIC y las políticas nacionales de comunicación son las dos caras de una misma moneda. (^{Roncagliolo, 2008}, p. 508)

De acuerdo con ^{Gumucio (2010)}, las políticas sobre comunicación son iniciativas indispensables, porque sin ellas sería imposible legislar y regular las actividades del sector de la comunicación y la información; de hecho, en su análisis también resalta su necesaria renovación en determinados periodos de tiempo mediante la participación de la ciudadanía.

Siguiendo con la postura de Gumucio, el diseño de políticas en comunicación precisa por lo menos de dos ejes estratégicos. El primero de ellos tiene que ver con el reconocimiento al derecho de la comunicación. En su opinión, no es suficiente con promover la libertad de informar y de expresión si no se garantiza ese derecho para todos. Y dos, la construcción de este tipo de iniciativas implica que su objetivo sea el de servir al conjunto de la sociedad y no a un sector específico. Esto último es importante porque formular y diseñar políticas de comunicación con el fin de satisfacer necesidades de sectores concretos de la sociedad, nos llevaría fácilmente a caer en el juego de intereses político-partidistas o de grupos de influencia.

Hasta aquí coincidimos con los planteamientos del profesor Gumucio, pero también consideramos que otro eje, que bien podría aportar al debate sobre el diseño de políticas de comunicación, está relacionado con el para qué de estas iniciativas. Es decir, creemos que la gestión de conflictos comunicacionales en la macro y microescala política puede sumarse a las anteriores ideas, por cuanto atendería a profundidad los análisis en relación con las escalas en tensión y aportaría mayores detalles en la comprensión sobre las razones que dan origen al desperdicio de experiencias locales; ello motivaría cada vez más la participación ciudadana en la formulación de iniciativas de esta naturaleza.

De manera particular, autores como ^{Abadillo et al. (2015)} señalan que el resurgimiento de las políticas públicas de comunicación, en medio de la desaforada intensificación de políticas desarrollistas en el contexto latinoamericano, se caracteriza por ser un aspecto relevante en las actuales agendas políticas y en los discursos de gobiernos de izquierda, con lo cual se busca mitigar y/o alterar el legado neoliberalista.

De acuerdo con lo anterior, cómo podemos entender el concepto de políticas públicas de comunicación. Desde la perspectiva de ^{Velásquez (2014)}, por ejemplo,

Las políticas públicas de comunicación trascienden el papel instrumental de la comunicación que tradicionalmente les otorga el Estado a los medios, utilizados como vehículo de promoción de la imagen de los mandatarios públicos, para transformarlos en promotores del desarrollo social al permitir la publicidad de los actos públicos, el intercambio de opiniones, la deliberación sobre los proyectos de desarrollo local, la producción de sentido y la ampliación de la visión de lo local en relación con otras comunidades y con la sociedad global. ( p. 32)

Visto de esta manera, las políticas públicas de comunicación, en nuestra opinión, se constituyen en una alternativa a la hostilidad de los medios masivos frente a los conocimientos y experiencias locales. Es decir, una política pública de comunicación es, en esencia, un proyecto político que apela a la reconfiguración de lo público y a la formación de ciudadanías de alta intensidad.

De tal modo, una política pública en comunicación no sólo estaría destinada a la regulación de las actividades del sector y garantizar el derecho a la comunicación, la herramienta participativa también podría imaginarse para fomentar nuevas prácticas y modos de producción de conocimiento.

En síntesis, seguimos pensando, como en el pasado reciente, que las políticas públicas de comunicación son estrategias de resistencia y acción política, por cuanto los actores individuales y colectivos, a través de su participación, intentan alterar la concentración mediática e involucrase en proyectos de desarrollo sociales y humanos. De allí que la propuesta consista en pasar de una comunicación de producto a una de proceso (^{Aldana Orozco y Rodríguez Páez, 2020}), pero también creemos en que la redefinición de nuevas políticas en comunicación hoy tiene el reto de aportar en los procesos de interacción entre la ciudadanía, y de ella en su relación con el entorno en función de sus reales intereses.

¿Qué concebimos por comunicación comunitaria?

Pensar la comunicación en América Latina implica reconocer su riqueza en definiciones y características. Cada uno de sus apelativos popular, alternativa, comunitaria, emancipadora, radical o participativa, entre otros, soportan su naturaleza "a partir de aportes teóricos de diversas corrientes, de escuelas de investigación en comunicación, educación y cultura, y a partir de experiencias y prácticas políticas, sociales y culturales, que se imbricaron y se enriquecieron mutuamente" (^{Magarola, 2014}, p. 1).

Es por ello que, para comprender el concepto de la comunicación comunitaria en la dinámica de Latinoamérica, se requiere situarla históricamente en su contexto de origen, lo cual implica identificar las racionalidades que rodean el ejercicio de la práctica comunicativa. En ese sentido, "la formulación de unos criterios coherentes de periodización se convierte en un recurso metodológico necesario" (^{Torrico, 2004}, p. 94).

Dicho de otro modo, rastrear este tipo de comunicación implica reflexionar sobre su carácter comunicacional y demanda acentuar el análisis en los diversos aspectos que emergen entre las intersecciones teóricas y las experiencias prácticas en cada uno de sus períodos.

En ese sentido,

(...) sólo a partir de la recuperación de estos aportes y de los escenarios espacio temporales que constituyen el contexto en el que surge la Comunicación Comunitaria es posible pensar el sentido, la vigencia, la evolución y las perspectivas del fenómeno. (^{Magarola, 2014}, p. 1)

Desde nuestra perspectiva, el recorrido propuesto por ^{Cardozo (2012)} es interesante porque en él pone énfasis en una característica esencial en la comunicación comunitaria. En su opinión, el surgimiento de este tipo de comunicación es producto de una verdadera praxis. Prácticas comunicativas que se sustentan en procesos culturales, sociales y políticos, cuyo origen se remonta a los años sesenta.

Lo dicho hasta aquí supone una comunicación comunitaria, alternativa o popular que busca visibilizar la experiencia y realidad cotidiana de los movimientos y organizaciones sociales de base. De modo que su aparición en la escena latinoamericana gira en torno al ideal de la democracia comunicativa y al ejercicio ciudadano interesados en la emancipación y el cambio social.

En esa dirección, ^{Martín-Barbero (1991)} planteaba que:

En las prácticas de comunicación se juega, en primer lugar, la socialidad, que es la trama de relaciones cotidianas que tejen las gentes al juntarse y en la que anclan los procesos primarios de socialización de los modelos y los modos de vida. Esa en que yace la racionalidad comunicativa de que habla Habermas, esto es la comunicación como cuestión de fines y no sólo de medios, la cuestión del sentido de la comunicación, pues en los modos de comunicar se juegan y se expresan dimensiones claves del ser social. (p. 2)

Si asumimos esta comunicación como un fenómeno asociativo, que surge de la práctica y se impulsa a partir de ella para reinventarse constantemente, entonces podría pensarse como un proceso creativo que nace de la construcción simbólica del juego interactivo entre los sujetos. En efecto, las diversas formas de significar la trama de las relaciones sociales que construyen los sujetos en sus procesos de interacción posibilitan esta comunicación y el autorreconocimiento de sus protagonistas a través de la acción.

En consecuencia, esta comunicación se explica a partir de la necesidad del reconocimiento de saberes, conocimientos y apuestas políticas dentro y fuera del entramado popular, construidos en la cotidianidad y los hábitos de la gente, y no tanto desde los grandes despliegues mediáticos. En otras palabras, su nacimiento gira en torno a la idea de proceso.

En suma, la preocupación por estudiar el acontecimiento de la comunicación popular, alternativa o comunitaria se debe, en parte, al interés por comprender su capacidad de incidencia y transformación en los procesos políticos y sociales en los que han tenido lugar.

(...) estamos hablando, pues, de una comunicación que se vincula a los movimientos populares y a otras formas de organización de segmentos poblacionales movilizados y articulados y que tienen por finalidad contribuir al cambio social y a la ampliación de los derechos de la ciudadanía. (^{Krohling Peruzzo, 2011})

Sin embargo, este tipo de comunicación en su evolución tuvo problemas. Uno de ellos tuvo que ver, paradójicamente, con el sentido mismo de la comunicación. "La participación era el sentido y la práctica, pero al interior de los sectores populares" (^{Alfaro, 2006}, p. 121). Resultó ser una comunicación menospreciada sin mayor incidencia en la sociedad dominante.

En efecto, la comunicación alternativa comúnmente fue relacionada con el rechazo a la tecnología, con lo artesanal. En tal caso, era más coherente con el mundo popular porque normalmente trabajaban hacia dentro. Es decir, estos grupos terminaban siendo otros guetos, porque poco existía interlocución con otros sectores sociales, salvo los populares; por tanto, resultaba ser una comunicación restringida.

En todo caso, lo realmente importante de la comunicación alternativa o comunitaria radica en el reconocimiento del lenguaje popular, porque en él se evidencian posturas reivindicativas y altamente políticas sobre sus realidades y cotidianidades.

En particular, la Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria en Bogotá mediante el Decreto 150 de 2008 definió la comunicación comunitaria como un

Proceso mediante el cual las comunidades asumen una voz propia y se organizan para integrarse y visibilizarse por intereses comunes (género, edad, etnia, credo, condición social o económica, orientación sexual, condiciones físicas y/o mentales, origen, territorio y asuntos lingüísticos, entre otros), para desarrollar y gestionar procesos comunicativos (medios de comunicación, formación, investigación, organización, entre otros), que reivindiquen a la población y sus derechos humanos. (^{Alcaldía de Bogotá, 2018})

Es una definición que, en efecto, recoge algunos de los planteamientos antes detallados. En ella encontramos que los diferentes actores sociales que participaron en su elaboración buscan ser auténticos responsables y protagonistas de sus propias transformaciones sociales. En ese sentido, es evidente su interés por la democratización de la comunicación como derecho humano.

Bajo esta perspectiva, la comunicación comunitaria no sólo construye relaciones con movimientos populares, sino también busca vínculos con públicos más amplios. Para Gabriel Kaplún, la comunicación comunitaria tuvo varias épocas. La primera, en su opinión, estuvo ligada a la promoción social de las pequeñas comunidades. La segunda, derivó de la idea del desarrollo local, que privilegia las estrategias de impulso productivo y social en ese nivel. Tercera, sin haber perdido esa priorización de lo local, lo comunitario aparece ahora como un modo de pensar los procesos de cambio social profundo y, a la vez, democrático, de abajo hacia arriba (^{Kaplún, 2007}, pág. 311).

La comunicación comunitaria en el campo de las politícas públicas

Hoy, formular y diseñar políticas de comunicación comunitaria significa, para algunos autores, como ^{Chaparro y Escorcia (2014)}, ^{Krohling Peruzzo (2011)} y ^{Camacho (2010)}, no sólo replantear el actual paradigma comunicacional, sino también avanzar en su escala de análisis; en esa dirección, se debe poner énfasis en la urgencia de acuerdos sobre la distribución equitativa del mercado para medios privados, públicos y comunitarios, conforme a los contextos y realidades de los países interesados en adoptar este tipo de estrategias políticas.

Dicho esto, pensamos que el binomio comunicación comunitaria y políticas públicas guarda importantes debates en su relación y fundamentación.

En el caso colombiano, siguiendo a ^{Vélez y Zorzona (2011)}, las políticas públicas son estrategias que surgen con el propósito de tender puentes de diálogo entre la sociedad civil y las instituciones del Gobierno. Son herramientas que procuran, a través de la participación ciudadana, gestionar los conflictos que en su cotidianidad enfrentan las comunidades de base. Para el tema que aquí nos ocupa, son un método que busca superar los vacíos jurídicos que limita o coacciona la práctica de la comunicación comunitaria.

En Brasil, por ejemplo, ^{Krohling Peruzzo (2011)} planteaba una importante reflexión en torno a la comunicación comunitaria y las políticas de comunicación. En su opinión, pese a los esfuerzos, este tipo de comunicación infortunadamente no ocupó un lugar relevante en el debate sobre políticas de comunicación en su país, porque comúnmente suele ser vista como procesos sin importancia en el contexto de la comunicación. Sin embargo, desde su perspectiva deben fundamentarse algunos principios básicos en la construcción de políticas de comunicación comunitaria, entre ellos:

Por otro lado, para ^{Mastrini (2014)} las políticas públicas son todo lo contrario a la comunicación alternativa, pues es la política la que define y organiza los medios de comunicación implicita y explicítamente.

Desde su perspectiva, una política pública de comunicación tiene por objeto definir y promover el interés público. El problema reside en cómo se materializa ese interés público, el cual generalmente es asumido como sinónimo de bienestar económico, es decir, si los medios de comunicación no son sustentables económicamente desaparecen. En resúmen, para Mastrini, el problema consiste en que los medios comunitarios o sin ánimo de lucro no poseen garantías de compentencia económica, por tanto es incoherente imaginar políticas públicas de comunicación democráticas.

Aquí consideramos que la comunicación comunitaria no es contraria a las políticas públicas. De hecho, comparten algunos intereses comunes, entre ellos la gestión de los asuntos públicos y territoriales, la promoción de la participación, la articulación ciudadana y la gestión de problemáticas o conflictos sociales, por tanto, la comunicación se redefine en la política. El problema radica en que si se concentra el carácer y el quehacer de este tipo de políticas públicas en el sostenimiento económico, es entonces bastante probable que quede rezagado el sostenimiento social, cultural y político del proyecto en cuestión.

Teniendo en cuenta lo anterior, pensamos que ciertamente algunos de los problemas que se presentan en la construcción de este tipo de propuestas se encuentran relacionados con la efectividad que se espera de este tipo de prácticas políticas de cara a los procesos de la comunicación comunitaria. La expectativa que se teje frente al accionar de las políticas públicas gira entorno a su capacidad en la solución de "(...) problemas públicos o, sobre todo, existen con el fin de satisfacer las necesidades (por lo general, consideradas "socioeconómicas" y "básicas")" (^{Puello Soarrás, 2013}, p. 155). Pero también en el reconocimiento de los procesos de la comunicación comunitaria en la macro- y microescala política.

Desde este punto de vista, la situación es mucho más compleja, retomando a Mastrini, porque existen inconvenientes "para definir objetivamente qué o cuáles son las situaciones socialmente relevantes y problemáticas pues ¿cómo se definen las necesidades de la sociedad?, ¿quién las define?, ¿cómo se jerarquizan?, ¿para quién / quiénes?; ¿con qué fin?" (^{Puello Soarrás, 2013}, p. 155).

Sumado a lo anterior, contaba ^{Roth (2003)} que las estructuras políticas - administrativas, o políticas de gobierno, son el andamiaje a partir del cual se materializa la intervención en cualquier campo estratégico, por tanto, tienen un papel fundamental en el diseño de las políticas públicas. Sin embargo, en su opinión, tal marco organizativo presenta dos dificultades, que bien podría darnos pistas sobre la ubicación de la comunicación comunitaria en las políticas públicas. El primero, consiste en que están más pensadas en la estandarización; lo que obstruye las interacciones participativas entre ciudadanos. Y dos, a menudo se olvida que la clave del éxito de cualquier política pública se encuentra en su implementación.

Situar el quehacer de la comunicación comunitaria en el campo de las políticas públicas es imaginar su incidencia en la reconfiguración de lo público, sin olvidar el carácter del sector y las condiciones poblacionales en el que se fundan tales procesos. De tal manera, quizás "(...) pensar más en el territorio, que, en el sector, permita afirmar o reafirmar de manera contundente la lógica de lo público" (^{Roth, 2003}, p. 23)

Mesa Distrital de Comunicación Comunitaria: un presente conflictivo

El cambio de época trajo consigo una renovada intensión por actualizar la política pública. Desde su entrada en vigor hasta 2020 fueron muchas las denuncias realizadas por los distintos sectores de la comunicación comunitaria relacionadas con sus pocos resultados en la etapa de implementación.

En el pasado, la ausencia de políticas públicas en este campo motivó la articulación y movilización ciudadana, en el presente "lo preocupante es la debilidad, el servilismo y los intereses con que se han proyectado, a lo que se añade la falta de consenso no solo político, sino con la ciudadanía y sus redes, con los movimientos asociativos y profesionales que han venido trabajando por una mayor democratización del sector" (^{Chaparro, 2014}, p. 12)

La dinámica bogotana no escapa a dicha realidad; de hecho, estas debilidades provocaron la necesidad de convocar en 2020 a la Mesa Distrital de Comunicación Comunitaria con el propósito de actualizar la política pública conforme a las particularidades de los nuevos tiempos. Paradójicamente, durante este proceso, si hubo algo que caracterizó a la Mesa Distrital durante el desarrollo de su fase preparatoria en 2020 y 2021, fueron las fuertes tensiones entre sus participantes, lo que impacto profundamente la dinámica del escenario participativo.

Con lo expuesto, podemos decir que la dinámica de la Mesa de Trabajo nos acerca a lo que ^{Bourdieu (1983)} concibe por campo:

Un campo es un espacio social estructurado, un campo de fuerzas -hay dominantes y dominados, hay relaciones constantes, permanentes, de desigualdad, que se ejercen al interior de ese espacio- que es también un campo de luchas para transformar o conservar este campo de fuerzas. Cada uno, al interior de ese universo, empeña en su competencia con los otros la fuerza (relativa) que posee y que define su posición en el campo y, en consecuencia, sus estrategias. (p. 57)

Nos parece interesante este concepto de campo para comprender la dinámica del espacio participativo porque, desde nuestra experiencia, la Mesa Distrital en su desarrollo evidenció la existencia de luchas de poder desigual entre sus miembros.

Los grandes desacuerdos sobre las decisiones tomadas fragmentaron el escenario, esto, a su vez, provocó el surgimiento de relaciones entre dominados (aquellos recién llegados a procesos de construcción de políticas públicas y menor "experiencia en procesos de comunicación comunitaria") y dominantes (quienes se atribuyeron mayor experticia en políticas públicas y mayor "experiencia en la gestión de medios comunitarios"), lo que fragmento, la articulación entre los diversos conocimientos y el saber hacer.

La especificidad de los sectores involucrados en el proceso constituye la estructura del espacio social, siendo esto último validado en el reglamento interno que define nuestra posición y posibles estrategias dentro de la Mesa Distrital.

Habría que decir también que, según lo expuesto por ^{Thompson (1998)}, existen cuatro formas de entender la expresión del poder en la sociedad. Entre ellas, el poder económico: procede de los recursos acumulados por los individuos y organizaciones para expandir o incrementar su poder económico. El poder político: se asume como la acción de regular y coordinar la organización individual y colectiva, por tanto, incide en los patrones de interacción de los sujetos. El poder coercitivo: según el autor, supone el uso de la violencia, la fuerza física o simbólica para someter o vencer a un oponente. Finalmente, el poder cultural o simbólico: desde esta perspectiva, se asume la vida social como aspecto importante en la actividad simbólica. De ahí que tenga que ver con la capacidad que tienen los individuos y colectividades de intervenir en el curso de los acontecimientos.

Ejemplifiquemos un poco lo anterior a partir de los debates que surgieron en la elaboración del reglamento interno. Los desacuerdos sobre todo giraron en torno al artículo sexto: Mesa Directiva y Coordinación interinstitucional y sectorial; y el artículo octavo: Espacio autónomo de la Mesa de Trabajo de la Política Pública de comunicación comunitaria.

En un aparte del artículo sexto se expresa:

La coordinación entre los mismos representantes de la sociedad civil, éstos y las autoridades se adelantará mediante un equipo conformado por un Coordinador o coordinadora general y un Secretario o Secretaria ad hoc, los cuales serán electos por los representantes principales de la sociedad civil, de entre los representantes de los sectores de la sociedad civil. El periodo del coordinador o coordinadora general y del Secretario o Secretaria ad hoc es de seis meses.

Las 4 personas, delegadas y representantes enunciados anteriormente conforman la MESA DIRECTIVA de la Mesa de Trabajo de la Política Pública distrital de comunicación Comunitaria y adelantarán sus actividades en forma armónica, consultando el interés y la voluntad general y se encargarán entre otras actividades de (...). (Mesa de Trabajo de la Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria, 2020)

Aquí existen varios aspectos fundamentales para nuestra exposición. La entidad que convoca los encuentros de la mesa de trabajo es la institucionalidad distrital, representada por el IDPAC. Es decir, la Secretaría Técnica del espacio de encuentro es dirigida por esta entidad. Como se nota en el citado fragmento del reglamento interno, la propuesta consiste en que el ejercicio de la dirección y coordinación sea un poder compartido.

Por supuesto, para algunos puede resultar positivo su implementación porque ello implicaría politizar el escenario participativo, que como lo planteará de Sousa Santos (1998), "(...) significa identificar relaciones de poder e imaginar formas prácticas de transformarlas en relaciones de autoridad compartida" (p. 332).

Pero para otros, tal como se evidenció en los debates, delegar en otros representantes sectoriales o pares la responsabilidad de decisión sobre los asuntos que afectan la especificidad y las problemáticas diferenciadas de cada sector, implicaría perder libertad sobre su incidencia en las mismas decisiones.

Además, también significaría que el coordinador (a) y secretario (a) ad hoc, representantes de los sectores, aun cuando en el citado artículo se les fueran otorgadas funciones prácticas, ejercerían simbólicamente ante la institucionalidad la centralización del poder político del escenario; por tanto, tendrían mayor posibilidad de regular y coordinar la organización individual y colectiva, lo que impactaría en las formas de relación e interacción que construyen entre sí los actores protagonistas.

Así mismo, debemos mencionar el artículo octavo: Espacio autónomo de la Mesa de Trabajo de la Política Pública de Comunicación Comunitaria, también muy controvertido en la mesa distrital. El cual plantea que:

Los representantes de la sociedad civil de la Mesa de Trabajo de la Política Pública distrital de Comunicación Comunitaria, podrán reunirse en los espacios autónomos que sean necesarios para elaborar propuestas y debatir asuntos de su interés, así mismo sobre temas y propuestas para ser llevadas a la plenaria de la Mesa de Trabajo Distrital de la Política Pública de Comunicación Comunitaria. Dichas reuniones serán coordinadas por los representantes de la Sociedad Civil en la Mesa Directiva, garantizando que la totalidad de los representantes sean convocados. Dichos espacios autónomos adelantarán a su vez las actas y registros necesarios y adoptarán sus decisiones conforme la mitad más uno de los representantes que asistan a dichas reuniones. (^{Mesa de trabajo de la Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria, 2020})

Teniendo en cuenta lo anterior, el espacio autónomo es convocado por algunos representantes sectoriales con el objetivo de facilitar, a su vez, la participación de la sociedad civil, en el que, teóricamente, se deberían compartir ideas relacionadas con las problemáticas de la comunicación comunitaria y la política pública en el marco de lo sectorial, lo poblacional y lo territorial. Es un espacio paralelo al convocado por el IDPAC, que se consideró inicialmente como consultivo pero no decisorio. Esto último pensando en el riesgo que podría representar para la toma de decisiones democráticas en el escenario oficial de la mesa.

Inicialmente, era una opción interesante porque con ella se proponía un lugar de encuentro para construir lo común. Un lugar en el que se tendría la posibilidad de materializar uno de los principales retos de la comunicación: "generar espacios de encuentro para que los disensos se expliciten; se pongan en juego, y en los que se propicie la negociación de sentidos con distintos para convertirlos en interlocutores" (^{Rocha et al., 2016}, p. 60)

En su inició fue un espacio al que muchos de los representantes sectoriales asistimos por considerarlo relevante en la promoción de nuevas redes comunicativas, pues estaba pensado para involucrar a la ciudadanía en general en los debates de la mesa distrital. Sin embargo, la expectativa no coincidió con la experiencia debido a las conflictivas luchas de poder presentes en las interacciones construidas entre sus mismos protagonistas sectoriales. En efecto, tal como lo expusiera de Sousa Santos, "hay realmente que analizar cada vez más las formas de participación y de articulación popular que se están organizando (...)" (p. 90).

En este punto vale la pena resaltar que durante el trámite de los espacios autónomos, el ejercicio del poder político fue protagonista. La figura de representación estructurada y adoptada en el artículo sexto regularizó las relaciones y contribuyó a que paulatinamente aumentará la desconfianza, bajará la cooperación y menguará la intensidad participativa en este escenario.

De igual forma, la reproducción del poder coercitivo se expresó en el espacio autónomo al desestimar y deslegitimar las propuestas de sus participantes, expresadas a partir de los conocimientos y experiencias acumuladas a través de sus trayectorias comunicativas, de modo que el uso y normalización de la violencia simbólica fue practicada para silenciar y, de este modo, vencer a todo aquel que pensará diferente. Esta situación no solo se convirtió en el mínimo común del espacio autónomo, sino también fue una práctica reiterativa durante el trámite de las reuniones oficiales convocadas por el IDPAC.

Con lo dicho hasta aquí se coincide con ^{Useche (2005)} cuando sugiere que el poder es circular y se encuentra en todas partes. En su opinión, no existe lugar donde no se configuren relaciones de poder. Aquí vemos que tanto el espacio autónomo como el oficial no escapan a las lógicas del poder.

Es posible que el espacio autónomo para los sectores que aún participan en él continúe representando una opción válida para subvertir el poder dominante impuesto por la institucionalidad del Estado, pero quizás puede también convertirse en una estrategia que en determinados momentos les juegue en contra, porque como evidenciamos al interior de sus propios escenarios de encuentro autónomo, se hace cada vez más visible la reproducción de la misma lógica hegemónica que tanto enfrentan.

Lo cierto, hasta este punto, es que el espacio autónomo ha repercutido en las decisiones tomadas en el espacio oficial de la mesa distrital, en especial en la construcción del plan de acción, porque la mayoría de las medidas adoptadas por esta fracción mayoritaria ha constreñido la participación democrática de aquellos representantes de sectores que por decisión propia se han alejado de tal escenario.

Por ahora, tenemos una mesa distrital que se encuentra visiblemente afectada por la fractura de su capital social. El problema para el grupo minoritario en las reuniones convocadas por el IDPAC es su escasez de posibilidades simbólicas para intervenir en el curso de los acontecimientos. Este es un asunto que golpea significativamente la estabilidad democrática y participativa de los sectores que interactúan en el plano de la política pública.

En resumen, pensar en los dispositivos de poder instalados en la mesa distrital nos lleva a lo señalado por ^{Foucault (2007)}: "donde hay poder hay resistencia" (p. 116); por tanto, son dos realidades inseparables. De ahí que "las fuerzas de resistencia con la que el poder se enfrenta son múltiples, móviles y se encuentran dispersas por todas partes, como la naturaleza misma del poder" (^{Aguiló, 2009}). Por este motivo, consideramos que el concepto de poder en la dinámica de la mesa distrital surge en la regulación y el intercambio desigual, paradójicamente, entre los propios sectores comunitarios, de manera que se produce y reproduce mediante complejas redes de relaciones sociales y políticas.

Acordemos el desacuerdo: plan de acción

El plan de acción aprobado el día 27 de abril de 2021 hace énfasis en 17 acciones específicas que deberán ser ejecutadas por los miembros de las comisiones, definidas previamente en el reglamento interno de la mesa distrital.

De modo que es un plan de acción que se encuentra articulado al Acuerdo 292 de 2007, al Decreto 149 de 2008 y, por supuesto, al Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, específicamente en su artículo 127:

Promoción del acceso de los medios de comunicación comunitarios y alternativos. En los gastos de divulgación y comunicaciones, la Administración Distrital, en todos sus órdenes, promoverán el acceso de los medios de comunicación Comunitarios y Alternativos en los programas, proyectos y planes de divulgación, comunicación y publicaciones y, con enfoque territorial y participativo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo Distrital 292 de 2007. (^{Alcadía Mayor de Bogotá, 2020})

Lo anterior es significativo porque, como hemos dicho, son normativas que legalizan la comunicación comunitaria en Bogotá.

Teniendo en cuenta las acciones que describe el plan de acción, identificamos que la problemática que se busca abordar en la actual renovación de política pública se concentra en el fortalecimiento económico de los medios de comunicación comunitaria, a través de la democratización de la pauta y el gasto público en el distrito capital.

Del mismo modo, lo que muestra este ejercicio es que los representantes de algunos de los sectores tienen claras las estrategias con que pueden materializar el fortalecimiento económico de sus medios comunitarios. Primera, a través de la gestión de proyectos de inversión económica; dos, construyendo y consolidando relaciones con entidades del gobierno distrital donde se centralicen las decisiones sobre el gasto público; y tres, posicionando la capacidad de difusión de los medios comunitarios en los diferentes planes de desarrollo distrital y locales, planes de ordenamiento territorial y otros que les garantice la democratización de la pauta.

Lo anterior nos dice mucho sobre la precariedad económica de los medios comunitarios y nos da pistas sobre su estado actual. Coincidimos en que con la implementación de estas estrategias se lograría incidir en las dinámicas del poder económico concentrado en el gasto institucional, con lo cual se fortalecería el sector de los medios comunitarios en Bogotá, pero también consideramos importante preguntarnos en este punto: para qué o para quiénes dedicamos nuestro empeño por conquistar tan importante propósito. En síntesis, cómo el fortalecimiento económico de los medios comunitarios aportaría al carácter transformativo, pedagógico y heterogéneo de la comunicación comunitaria, cuyos protagonistas de la práctica comunicativa son las comunidades, organizaciones y movimientos populares, en libertad de producir y reproducir información en benefició de su desarrollo.

Lo paradójico del proceso, por ahora, consiste en que hemos dedicado mucho esfuerzo en discutir los vacíos de la democratización del pautaje y los gastos de divulgación, aspecto que encarna los conflictos económicos que afrontan los medios comunitarios en Bogotá, con lo cual, insistimos, estamos de acuerdo, más que necesario, resulta obligatorio conversar sobre el tema; pero también es probable que en el calor del debate se nos haya extraviado la naturaleza de la comunicación comunitaria y los alcances de la política pública, asuntos que integran, a su vez, otras dimensiones tan importantes como la cultura, la educación, el medio ambiente, la promoción de la salud, lo social y lo político en la micro- y macroescala de la vida cotidiana.

Nuestra preocupación nos lleva a pensar que el interés de los medios de comunicación comunitaria habita en la macro escala política, y con ello está quedando resquebrajada la urgente construcción de procesos y relaciones con la población y el territorio donde tienen lugar sus prácticas comunicacionales.

Debemos decir que nuestra preocupación aumenta sobre todo porque algunos sectores de la mesa distrital se conciben como empresas de comunicación y se niegan a sí mismos la posibilidad de redefinir la comunicación comunitaria a partir de sus propias prácticas comunicacionales, por considerarlo un tema superado en 2007.

De tal modo, es muy probable que la gestión de sus problemáticas se esté pensando más hacia dentro de los medios y los sectores, y no tanto hacia fuera de ellos; en tal caso, quizás sus actuaciones en la mesa distrital, por ahora, sean de tipo espejo, una representación en la que se reflejan así mismos, pero no se manifiestan las necesidades y desafíos actuales de su entorno social.

Con lo anterior, nuestras aprensiones emergen sobre todo en las acciones aprobadas en el plan de acción, que como ya se expuso, privilegian la búsqueda y consolidación de relaciones institucionales, mediadas por el interés económico, y en menor escala, la interacción con las comunidades de base. En tal caso, nos preocupa que el debate alrededor de la política pública se concentré únicamente en "una disputa de intereses por la apropiación de recursos públicos, o en relación a los resultados de la acción de intervención del Estado en la realidad social, por medio de la inversión social o de la acción de regulación" (^{Boneti, 2017}, p. 13)

De ahí que propongamos la incuestionable necesidad de repensar este tipo de comunicación y, por tanto, la política pública, como elementos articuladores, en el que confluyan las lógicas comunitarias y las diferentes dimensiones de la vida social, representadas en las distintas escalas de la micro- y la macropolítica. En tal dirección:

Los medios comunitarios pueden convertirse en un escenario para el manejo y la comprensión de los conflictos en diferentes escalas y contextos. Si lo hacen, no sólo podrían contribuir en la dinamización de las acciones colectivas en Bogotá, sino que la misma gestión de los conflictos, permearía el desarrollo de los habitantes y del distrito capital en su conjunto.

Incluso, es mucho más probable que los medios de comunicación comunitaria se legitimen socialmente si asumen el desarrollo social y humano en cada localidad de una manera integral y sinérgica; si aprenden a asumir, comprender y hacer comprensibles los conflictos en diferentes escalas, podrían contribuir en la reconstrucción del capital social y en la formación de nuevos ciudadanos con capacidad de decisión sobre lo público. (p. 14)