RESEÑAS

 

Alfonso Monsalve Solórzano: Colombia: democracia y paz

Medellín, Fondo Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, 1999, pp. 378.

 

En el marco del seminario internacional Problemas colombianos contemporáneos, realización conjunta de la Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana y el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones de España (CSIC),apareció recientemente el libro Colombia: democracia y paz. En él se recogen los trabajos presentados en la Sede del CSIC en Madrid por investigadores colombianos entre los días 26 y 28 de septiembre de 1998, en los cuales desde diferentes disciplinas (economía, politología, sociología filosofía, historia), se intentan elaborar diagnósticos críticos de la compleja situación colombiana que permitan pensar una solución política, democrática dirán todos ellos, a la situación actual. En el libro los ensayos se distribuyen en cuatro bloques teóricos, cada uno correspondiente a un capítulo: dimensión política del conflicto, dimensión filosófica, conflicto y multiculturalidad, universidad y paz.

En el primer capítulo, “Dimensión política”, los analistas, basados en cifras y hechos concretos, cuestionan y replantean las posibilidades de la negociación desde distintas ópticas. María Teresa Uribe parte, por ejemplo, del registro de la guerra para mostrar una pérdida de soberanía del Estado colombiano y la consecuente necesidad de entender que en el país existen distintos tipos de violencia, cada una disponiendo órdenes fácticas de poder, y de soberanía por lo tanto, distintos al del Estado. Para ella, pensar el conflicto significa desentrañar la gramática profunda de la guerra, asunto sólo posible si el análisis se ciñe al desarrollo de la dinámica bélica y a la reconfiguración del orden que éste trae. No es extraño entonces, que su intento de “encontrar alguna explicación a la actual situación del país” (p. 188) proponga retomar a dos de los más grandes teóricos de la guerra y la soberanía: Carl Schmitt y principalmente, Thomas Hobbes. Una óptica muy distinta es la de Alfonso Monsalve; presenta unan visión según la cual en Colombia existe un Estado de derecho que a pesar de conflicto no ha dejado de fortalecerse y que posee legitimidad formal a partir del consenso político construido en la constitución de 1991. Para Monsalve el país no está en una situación desesperada, ni en cuanto al conflicto armado ni en cuestión de pobreza. En el primer caso considera que la guerrilla no tiene control territorial real, ni apoyo de la sociedad civil, además de que su proyecto político cayó con el final de la guerra fría y la desaparición de la URSS; afirma también que la violación de los derechos humanos por parte del Estado ha disminuido y que, de hecho, la solución al problema que representan los mayores violadores de los derechos, los paramilitares, consiste en que el ejército los combate y los desarticule. Respecto a la situación económica, es de la opinión de que la situación es difícil pero no desesperada, ya que no existe un estado de pobreta absoluta. Es así como para Monsalve la situación actual del país es propicia para la negociación, y, si bien se han de hacer exigencias a la guerrilla y tener claro qué se debe negociar y qué no, no hay razones ideológicas para combatir al Estado, el cual debe encontrar una solución a todo lo que anima el largo conflicto armado, y en la cual, no obstante, ha de tener papel protagónico la sociedad civil. Javier Sanín S. J., por su parte, hace un recuento del plan de paz de Pastrana y de sus desarrollos desde que era candidato destacando tanto los aciertos —por ejemplo el haber obtenido apoyo internacional para la paz, compensando así la falta de apoyo que pudiera tener en el país—, como las escollos que ha encontrado el plan —las derrotas que ha sufrido ejército por parte de la guerrilla y el aumento de las acciones de los paramilitares—. Sanín señala también el aumento del poder político de la guerrilla, el problema que representa la actuación del narcotráfico dentro del conflicto y las inquietudes que genera el territorio despejado.

En el mismo capítulo Jesús Antonio Bejarano, a partir de una definición amplia de la sociedad civil, muestra cómo ésta debe estar estrechamente vinculada a la resolución de conflictos mediante su participación activa en los espacios públicos. Así, se trata entonces de determinar qué debería hacer la sociedad civil, cómo podría participar ella en tales espacios y cómo podría a partir de allí asumir su tarea esencial al interior del conflicto. Esta tarea consiste, según Bejarano, en “ensanchar el centro alrededor del cual pueden converger los términos de una negociación política del conflicto armado” (p. 57), para quede esta manera la sociedad civil no se limite tan sólo al papel de promover “una cultura de paz”, sino que además pase a ser parte vital de la “negociación como tal” (p. 32). No obstante, una tal transformación de la sociedad civil implica la difícil tarea de que se lleve a cabo el surgimiento de una nueva comunidad política, en la cual sea posible establecer una nueva “dimensión narrativa más o menos amplia en la que se apoye un orden institucional común” (p. 77) que incluya en igualdad de condiciones a los directamente afectados por el conflicto: la insurgencia, el gobierno y la sociedad civil. De otro lado, una participación activa de la sociedad civil en los espacios públicos puede y de hecho lleva a sentar las bases desde las cuales es posible pensar “desde un punto de vista político las condiciones generales que existen para iniciar un proceso sostenido de paz” (p. 100). De esto es precisamente de lo que se ocupa Francisco Leal en la visión, también optimista, que presenta en su artículo. Luego de realizar un recorrido histórico en el cual se analizan las transformaciones del sistema político colombiano, la participación de los actores armados del conflicto y la masiva participación de la ciudadanía a través del voto, Leal encuentra que a pesar del conflicto, existen condiciones favorables que permiten pensar en la posibilidad de iniciar un “proceso sostenido de paz”, en el cual puedan ser incluidos tanto los denominados actores armados como la sociedad civil desde sus respectivas ópticas existenciales. Esto último implica reconocer a los distintos actores en sus propias pretensiones y percepciones como bien lo afirma Luis Fernando Jaramillo C., para quien “el tratamiento de los problemas de la violencia en Colombia pasa necesariamente por establecer un gran pacto social y político donde concurran todos los actores de la vida nacional” (p. 20), con la meta común de fortalecer los fundamentos de la democracia.

En el segundo capítulo, “Dimensión filosófica”, Guillermo Hoyos Vásquez y Francisco Cortés Rodas se proponen dar cuenta de una exigencia fundamental del acercamiento al conflicto: pensarlo a la luz de las elaboraciones de la filosofía política, para así ganar una universalidad que permita rehacer la estructura de los hechos. De este modo, Hoyos, desde una perspectiva habermasiana, pone en evidencia la necesidad de que el derecho no sea más objeto exclusivo del poder, para que pase a manos de los ciudadanos, que deje de legitimarse en la moral y pase a unirse a lo político, lo cual equivale a que su legitimidad venga entonces de la participación democrática. De esta forma el derecho, asunto ya de los ciudadanos, hace parte de esa misma democracia participativa, ya que en ella las normas no son otra cosa que resultado del consenso, del que ningún ciudadano afectado por ellas puede quedar excluido. Para acercar esta teorización sobre el paso del derecho de ciudadanos al derecho para ciudadanos, a la situación del país, Hoyos se ubica en el momento en el que formalmente se instaure la democracia participativa en el país, esto es, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, cuyo fruto, la constitución actual, tiene como propósito que nadie esté excluido de la formulación de las leyes bajo las cuales vivirá. Hoyos concluye que de acuerdo con el sentido comunicativo fuerte de lo público que debe reproducir la democracia participativa, el conflicto colombiano no debe tener una salida violenta sino una de diálogo y de entendimiento, de esta forma no se excluye a ningún colombiano de la participación en la construcción de un nuevo país sobre las bases del Estado social de derecho democrático. En el ensayo de Cortés encontramos una articulación alrededor del principio democrático bien diferente: las preguntas por el sentido de la apelación a la democracia, dentro de unas condiciones harto complejas como las del país, o por la posibilidad de optar más bien por un poder fuerte que establezca la ley y el orden, hilan la argumentación. Así, a partir de una esquemática y abstracta presentación de los participantes activos del conflicto, abstracción necesaria para una exposición argumentativa pero incapaz de dar cuenta de la total complejidad del problema real, como el mismo autor reconoce, analiza en primer lugar la postura de quienes denomina el “grupo A”, los cuales consideran que “para ganar la guerra y alcanzar la paz se requiere establecer un poder fuerte que funde un Estado” (p. 328) —e incluso algunos de ellos han intentado realizarlo mediante actos atroces—, a la luz de las concepciones de Thomas Hobbes y de Carl Schmitt. En segundo lugar, la confrontación se realiza entre las razones de quienes denomina el “grupo B”, es decir, aquellos que “dicen que la posibilidad de superación de los graves problemas de la sociedad colombiana depende de la eliminación de las causas económicas y sociales que producen la pobreza y miseria de la mayoría” (p. 329) —y de los cuales algunos lo han intentado también con actos igualmente crueles— y las argumentaciones de republicanos como Hannah Arendt y Jurgen Habermas, así como con el modelo del reconocimiento de Axel Honneth, hacia el cual se inclina tácitamente al final. De lo que se trata en el ensayo es, pues, de contrastar, para su mejor comprensión, los argumentos de los grupos A y B con “los argumentos de quienes defienden en la filosofía política la idea de un Estado moderno sin participación democrática y de quienes propugnan por la intervención democrática para la constitución del Estado” (p. 332). Las preguntas que cierran el amplio recorrido del ensayo, y que en su misma forma de interrogantes expresan una firma preferencia y una posición bastante interesante respecto a los puntos examinados, adelantan ya una tesis que amerita ulteriores desarrollos: “¿No es la realización de una concepción radical de la democraciala que podría salvar a Colombia de la barbarie? ¿No se requiere en consecuencia que se abra el marco de acción de una esfera de lo político al interior de la cual la sociedad pueda ejercer su poder sobre sí misma, para evitar que el lugar del poder público sea usurpado por quienes a nombre del pueblo asumen el control de Estado? (p. 361).

 

Si lo que se encuentra en la dimensión filosófica del conflicto es la necesidad de una reconstrucción radical de la democracia, en el siguiente capítulo, “Conflicto y multiculturalidad”, se ofrece una lectura que complementa la consideración de esa necesidad. La multiculturalidad, como elemento que determina la complejidad de la estructura social colombiana, es un hecho concreto que debe considerarse con cuidado y especial atención a la hora de pensar una ampliación de la democracia. En este horizonte se enmarcan los ensayos de Rosalba Durán Forero y Luis Alfonso Fajardo S., quienes tematizan las opciones de paz desarrolladas por minorías sumergidas en un conflicto que, como afirma Durán, no les pertenece, y, de igual modo, hacen explícita la relación entre las concepciones de paz, los modos de acercarse a ella y las peculiaridades culturales de los grupos sociales o culturales que refieren. Durán presenta una reconstrucción histórica de la noción de neutralidad activa asumida por comunidades indígenas, campesinos y asociaciones de mujeres. La neutralidad activa, como renuncia deliberada a la guerra basada en la negativa de quienes la asumen a servir como colaboradores, informantes, a entrar en las filas de guerrilla y paramilitarismo, e incluso ejército nacional, como en el caso de los indígenas, es considerada por la autora como “el primer paso en la reinvención de la democracia” (p. 364), por cuanto constituye el inicio del proceso de deslegitimación de la guerra y porque mediante ella la ciudadanía pone en acción principios tales como el autogobierno, la autonomía, la corresponsabilidad y la cogestión. Fajardo, por su parte, presenta las posibilidades de construcción de paz fundadas en el imaginario de componentes culturales, actuales y pasados, ignorados casi completamente hasta ahora: arrochelados, indígenas, gitanos y cimarrones. Contando con la presencia de estos componentes en el tejido cultural de Colombia, y a partir de la comprensión de la paz como construcción social, el autor propone rescatar las opciones de convivencia pacífica que han desarrollado en su historia para extraer de ellas elementos que configuren soluciones alternativas a la guerra. La integración de estos elementos a la consideración del conflicto, y no el simple reconocimiento de sus peculiaridades es lo que intenta Fajardo: “Nuestra propuesta multicultural, va más allá de la propuesta multicultural del liberalismo, es decir, creemos que no es suficiente con el reconocimiento de la diferencia, es necesario potenciar el diálogo intercultural, en este sentido se romperán las bases del Apharteid cultural en Colombia” (p. 398).

Finalmente, en tanto los participantes del Seminario pertenecen todos al ámbito universitario, y en cuanto la universidad no sólo reproduce la compleja problematicidad de la sociedad, por estar anclada en ella, sino que también contiene posibilidades para dar efectiva cuenta de esa complejidad, está justificado que la reflexión sobre el conflicto se oriente hacia la presencia de éste mismo, a veces latente, a veces terriblemente explícita en la universidad colombiana. Esta dirección siguen las reflexiones de Jaime Restrepo Cuartas, rector de la Universidad de Antioquia, y Eduardo Domínguez Gómez, profesor y Director de Investigaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana Jaime Restrepo C. se sirve de la afirmación de que “lo único que nos permitirá construir de nuevo una sociedad, así ella esté en el desorden y sumida en la anarquía, es la educación” (p. 438), para establecer un puente entre la presentación de la conflictiva situación actual de la universidad colombiana, y una defensa del carácter público de la misma, necesario para que la institución responda con equidad al estado de profunda desigualdad de la sociedad. Una visión complementaria a la de Cuartas es la que presenta Domínguez. En ella se propone “examinar uno de las ingredientes importantes de nuestra situación cultural y de las violencias que tienen lugar en el país la calidad de la educación universitaria” (p. 453). El examen, que pone en evidencia la caducidad de las concepciones pedagógicas de las universidades, basa su importancia en que en el ámbito de la educación superior “confluyen y se expresan todos los desajustes, o los aciertos, que se presentan en las Instituciones” (p. 466). En este sentido “una reforma del pensamiento” (p. 466) tiene más opciones de realizarse en este campo. La estrategia concreta que plantea Domínguez para ello es la de la docencia investigativa. Por ésta entiende “el procedimiento de enseñanza y aprendizaje que compromete a docentes, estudiantes y administración en una estrategia de diseño de problemas, métodos, hipótesis y soluciones que alimentan el quehacer académico y científico de la universidad. Se trata de reemplazar el proceso de transmisión, memoria y repetición, por un procedimiento que establezca una relación de búsquedas y contribuciones entre unos y otros” (p. 467). Acota tres objetivos cuyo cumplimiento debe fundar la posibilidad de concretar la propuesta de la docencia investigativa: reorganizar los planes de estudio según los planes de desarrollo de la institución, la región y el país; instituir como instrumento central los grupos de Investigación; combinar sesiones de clase magistral con procedimientos alternos.

La visión de conjunto desde diferentes ópticas, la diversidad de enfoques y su unidad fundamental en torno al juicio de que una solución negociada al conflicto funda las bases para la construcción de un Estado democrático efectivo y no meramente formal —sin que ello quiera decir que entre los autores hay unanimidad respecto a la determinación del estado del conflicto, las condiciones para la negociación y el modo de llevarlas a cabo—, la diversidad, repetimos, constituye a nuestro ver e interés fundamental del libro, a parir de la cual en cada caso se deriva el valor de lo dicho por cada uno de los autores. En su variedad de voces, en sus desacuerdos y consensos, el libro reproduce el elemento quizá fundamental de la forma política que defiende: la naturaleza abierta del debate público.6

 

Paula Cristina Mira B

Sergio B Muñoz F

Andrés E. Saldarriaga M.

Universidad de Antioquia