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Avances en Enfermería

Print version ISSN 0121-4500

av.enferm. vol.29 no.1 Bogotá Jan./June 2011

 

Entre el control y la autonomía: políticas de salud sexual de jóvenes y mujeres en Colombia, 1964-1991

Between control and autonomy: sexual health policies of youngsters and women In Colombia, 1964-1991

Entre o controle e a autonomia: políticas de saúde sexual de jovens e mulheres na Colômbia, 1964-1991

María Carolina Morales B.1

1Odontóloga, Magistra en Administración en Salud, Profesora Asociada de la Facultad de Odontología, Doctora del Programa Interfacultades de Doctorado en Salud Pública, miembro de los grupos de investigación: "Salud Colectiva" y "Estudios sociohistóricos de la salud y la protección social" de la Universidad Nacional de Colombia, clasificados por Colciencias en categorías A y C respectivamente. mcmoralesb@bt.unal.edu.co, carolinamorabo@yahoo.es Bogotá, Colombia.

Recibido: 05-04-10 Aprobado: 01-04-11


Resumen

Desde mediados de los años sesenta se formularon políticas de salud sexual y reproductiva para jóvenes y mujeres, con el propósito de hacer control de nacimientos, planificación familiar y atención materno-infantil. A mediados de los años setenta se instauró la educación sexual, quedó penalizado el aborto y se definieron los componentes centrales de la salud sexual y reproductiva que se conoce actualmente en Colombia. Finalmente, en la década de 1990 la agencia de las mujeres y la movilización de los estudiantes condujeron a un cambio social y político que sig-nificóunaverdaderapreparaciónparalaAsambleaNacional Constituyente y para su reconocimiento como actores políticos. La consecuente conquista de derechos políticos fue óbice para los derechos sexuales y reproductivos que se debatieron en el país desde 1994; estos no fueron reconocidos por el Estado colombiano.Enesteartículoseofreceunanálisisdelopolíticode estas políticas con el propósito de explicar el cambio del control a la autonomía. Contiene dos partes; en la primera, los inicios de la configuración de las actuales políticas de salud sexual yrepro-ductiva en el país, y en la segunda, el surgimiento y reconocimiento de los actores sociopolíticos que las impulsaron: los jóvenes y las mujeres. Se destaca lo político por ser este el núcleo del movimiento de poder y el factor determinante en la configuración de dichas políticas y en las inequidades existentes entre distintos jóvenes y mujeres, contrario a lo que se ha dicho sobre el estilo de vida de estos actores.

Palabras clave: salud pública, políticas, reproducción, Colombia (fuente: DeCS, Bireme)

Abstract

Since the mid sixties sexual and reproductive health policies were formulated for youngsters and women for birth control, family planning and maternal-infant care. In the mid seventies, sexual education was established, abortion was penalized and core components of sexual and reproductive health currently known in Colombia were defined. Finally, in the 1990 decade, women's agency and students' mobilization gave way to a social and political change which meant a true preparation for the National Constituent Assembly (Asamblea Nacional Constituyente) and for their recognition as political actors. The consequential conquest of political rights was an obstacle for sexual and reproductive rights debated in the country since 1994; they were not recognized by the Colombian State. This article offers an analysis of the political components of these policies to explain the change from control to autonomy. It has two parts; in the first part, the beginning of the configuration of current sexual and reproductive policies in the country and in the second part, arising and recognition of social-political actors who promoted them: youngsters and women. The political component is highlighted as it is the core of the power movement and a determining factor in the configuration of said policies and concerns existing among youngsters and women, opposite to what has been said about these actors' lifestyle.

Keywords: public health, policy, reproduction, Colombia

Resumo

Desde mediados dos anos sessenta se formularam políticas de saúde sexual e reprodutiva para jovens e mulheres visando controlar os nascimentos, o planejamento familiar e a atenção materno-infantil. Para mediados dos anos sessenta se instaurou a educação sexual, foi penalizado o aborto e se definiram os componentes centrais da saúde sexual e reprodutiva que se conhece atualmente na Colômbia. Finalmente, na década de 1990 a representação das mulheres e a mobilização dos estudantes lideraram uma mudança social e política que significou uma verdadeira preparação para a Assembléia Nacional Constituinte e para seu reconhecimento como atores políticos. A conseqüente conquista de direitos políticos foi óbice para os direitos sexuais e reprodutivos debatidos no país desde 1994; estes direitos não foram reconhecidos pelo Estado colombiano. Neste trabalho, oferecemos uma análise do componente político destas políticas visando explicar a mudança do controle à autonomia. O trabalho está dividido em duas partes; a primeira se refere aos inícios da configuração das atuais políticas de saúde sexual e reprodutiva no país, e a segunda tem a ver com o surgimento e reconhecimento dos atores sócio-políticos que as impulsionaram: os jovens e as mulheres. Destaca-se o político por ser ele o núcleo do movimento de poder e o fator determinante na configuração dessas políticas e nas desigualdades existentes entre vários jo-vensemulheres, contrárioaoquesedizdoestilodevidadestes atores.

Palabras chave: saúde pública, políticas, reprodução, Colômbia

INTRODUCCIÓN

Este trabajo forma parte de la tesis doctoral "Dinámica sociopolítica para la configuración de las políticas de salud sexual y reproductiva de jóvenes en Colombia, 1992-2005", para obtener el título de doctora en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia, que fue calificada como tesis meritoria.

Pese a que en Colombia solo hasta 1994 se empezaron a debatir los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, el meollo político del debate sobre la sexualidad de los jóvenes se inició en los años sesenta; desde entonces la pugna entre dos enfoques ha caracterizado la configuración de estas políticas. En esa pugna el asunto central ha sido lo político, más allá de lo técnico sobre la planificación familiar o la salud sexual y reproductiva; allí se centra el análisis que se presenta en este trabajo.

Objetivos: explicar la persistencia del enfoque en las políticas pese a los cambios de las poblaciones, en las problemáticas y en los actores involucrados.

Metodología: se realizó una investigación de corte cualitativo con perspectiva sociohistórica. A partir del enfoque del institucionalismo histórico, elaborado por Skocpol (1) , Tilly (2), Almeida (3) y Hernández (4), se formuló una propuesta para el análisis de las políticas en estudio. Dicho enfoque incluyó una metodología llamada contienda política para el estudio de la correlación de fuerzas, los actores clave y los mecanismos usados. Se tomaron como fuentes primarias las leyes y decretos formulados durante el periodo en estudio; la jurisprudencia en el tema y los acuerdos y resoluciones del Ejecutivo. Asimismo, se reconstruyó la historia de algunos actores sociales clave. Entre las fuentes secundarias se tomaron estudios e informes sobre el tema. Se analizó el discurso a partir de los actos de habla (5).

Resultados: entre 1964 y 1991 se pasó del control natal a atención materno-infantil, con énfasis en la pena-lización del aborto y en la educación sexual tradicional. La agencia de los movimientos de mujeres y del movimiento estudiantil por la Séptima Papeleta sirvió de preparación para la Asamblea Nacional Constituyente y para el cambio de las políticas de control a las de autonomía.

POLÍTICAS DE CONTROL POBLACIONAL: CONTROL NATAL, PLANIFICACIÓN FAMILIAR, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

En la década de los cincuenta se definió el problema de población como un asunto de orden político y socioeconómico mundial; se aceptó, por los distintos actores políticos, la necesidad de controlar la explosión demográfica mediante el "control natal". No obstante, el problema iba más allá: las confrontaciones entre actores nacionales e internacionales por la aceptación de las políticas norteamericanas de control poblacional cedieron en medio del debate por la Alianza para el Progreso yva-rios países latinoamericanos terminaron asumiéndolas (6). Pese a la resistencia al control natal y a las ideas de-sarrollistas por la población latinoamericana, apoyada para ese momento por la tradición católica, la definición de la política poblacional estuvo influida por Norteamérica. Se cambió el control natal por la planificación familiar tradicional, aunque el enfoque que se tomó fue esencialmente el mismo. La planificación familiar apareció entonces como una parte central de la política desa-rrollista, dirigida a erradicar la pobreza, favorecer el crecimiento económico y evitar la expansión del comunismo. En Colombia, el debate sobre la planificación fa-miliarse dio entre tres actores principalmente: elEstado, la tradición católica y los médicos, con posturas diferentes entre ellos; no obstante, al final predominó solo una: el desarrollismo. Para el Estado, el dilema estaba en asumir la planificación como una política nacional en medio de una fuerte oposición, o aceptarla como resultado de la presión norteamericana, auspiciada con préstamos y sustentada en la necesidad de evitar la expansión comunista. La Iglesia rechazaba la financiación de la planificación con recursos del Estado; y los médicos se cuestionaban sobre su poder frente a la relación de pareja y la aparente contradicción existente entre el juramento hipocrático y el uso de nuevas tecnologías, como el dispositivo intrauterino y la píldora anticonceptiva; incluso debatieron si la medicina socializada era una salida a la sociedad enferma del momento (7).

Poco tiempo después, en 1964, se implantó la política de planificación familiar, en oposición a la Iglesia, los médicos, las mujeres y los jóvenes. Las mujeres defendían la autonomía de su cuerpo y los jóvenes iban en contra de la guerra y en favor de la liberación en las costumbres sobre el sexo. Mientras que la juventud hacía la primera revolución sexual bajo la influencia de la Revolución cubana, del Mayo francés y del Movimiento hip-pie1 que se expandió rápidamente por varios países del continente, la ONU proclamaba el papel del joven esencialmente en políticas por la paz, por el respeto mutuo y la comprensión entre los pueblos. Los médicos cedieron ante el protagonismo de la educación en el manejo del problema; Ascofame y los centros de investigación po-blacional de la época asumieron el liderazgo.

El gobierno de Alberto Lleras Camargo, presidente en 1958-1962 del primer gobierno liberal del Frente Nacional (FN), en su condición de defensor acérrimo de la política de planificación familiar, facilitó su aceptación masiva por los invitados a la Asamblea Panamericana de Población celebrada en Cali en 1965, incluidos los representantes de la Iglesia. Lleras Camargo presentó la explosión demográfica como el problema social prioritario, con base, no solo en la teoría de origen maltusiano, sino en el nexo del problema poblacional con una de las amenazas más grandes de guerra y revolución, lo cual implicaba formular una política, basada en la ayuda externa, para combatirlo. Para él, el problema poblacional amenazaba la seguridad, las opciones de desarrollo de un país lleno de pobres y desempleados, especialmente jóvenes, y lo agravaba el éxodo de la población rural hacia las urbes, con fuertes efectos sobre los regímenes democráticos por lo que se llamaba mal comportamiento de la población de los tugurios.

El segundo gobierno liberal del FN, del presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), cambió la planificación familiar por un programa especial dirigido a proteger la salud materno-infantil. Lleras Restrepo emitió la ley de paternidad responsable, y contribuyó a su materialización con la creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que fue asociado a la imagen de su esposa, doña Cecilia de la Fuente de Lleras, símbolo de la mujer al servicio social. La nueva ley, también conocida como la "Ley Cecilia", además de impulsar una idea tradicional de familia, pretendía neutralizar a la Iglesia Católica y responder a las preocupaciones sobre el reconocimiento de los hijos naturales, el cuidado del menor y de la familia (7). Finalmente, durante su gobierno, la planificación familiar se delegó a un actor privado denominado Profamilia. Esta era la mejor manera de hacer pasar inadvertida esa política, y además facilitar la importación directa de los anticonceptivos, con financiación norteamericana y con apoyo de un sector de los médicos, del Estado y de la industria.

La educación sexual también partió del respaldo de la política de control poblacional de Norteamérica. En 1974, la confluencia entre el Banco Mundial y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) propició el auge de tecnologías en educación para la salud, con un fuerte apoyo de los especialistas en sexología; en el país, esto se tradujo en acciones de atención y de educación sexual. Ese mismo año se estableció la educación sexual en las escuelas y colegios, como medida para insertar el enfoque preventivo de la medicina y el soporte de los especialistas en sexología, tanto para la atención especializada como para la educación médica y la educación sexual. La Organización Mundial de la Salud (OMS), entidad que venía apoyando el desarrollo de las acciones de planificación familiar en América Latina, coordinó con el Banco Mundial la realización de una reunión en Ginebra, con el objeto de debatir, con participación de actores internacionales, el necesario cambio de la planificación familiar por la salud sexual y reproductiva. Robert McNamara, entonces presidente del Banco Mundial, estaba convencido de la importancia de respaldar proyectos productivos en los países subdesarrollados, especialmente en aquellos que enfrentaran el grave problema del control poblacional. La mejor medida para ello -sostenía- era tomar un camino que respetara la "dignidad humana" (8), porque el pobre, además de contribuir al crecimiento de la población con muchos hijos, los sometía a condiciones indignas de vida que debían ser resueltas por medio de la educación sobre el valor del conocimiento especializado en sexología y las tecnologías en sexualidad; todo esto, mediante una nueva intervención: la educación en salud sexual con el apoyo de especialistas. Para McNa-mara -expresidente de la Ford Motor Company y exministro de Defensa del gobierno norteamericano entre los años 1961 y 1968-, el combate de la pobreza conllevaba el logro de "condiciones de vida decentes" para insertar fácilmente a los pobres al sistema productivo (9). En esa lógica, planteó, dentro de las prioridades para el desarrollo, la atención de las necesidades fundamentales de los pobres, y con ello no solo cambió radicalmente la política del Banco Mundial, sino que le impuso un discurso moral, les atribuyó culpas a los pobres por su situación y por sus necesidades.

Desde principios de los años setenta predominó un enfoque de educación sexual "moralista tradicional", asociado a los valores del pacto del Frente Nacional y del partido Conservador, en sus aliados. Las fuerzas en conflicto se aliaron: los partidos tradicionales con la Iglesia ortodoxa; los laicos y las juventudes católicas fueron derrotados, pues el temor a la reelección de Rojas Pinilla superó incluso el temor al fascismo. El otro enfoque de educación sexual, el "liberal humanista" en defensa de la autonomía del cuerpo, quedó relegado hasta la década de los setenta cuando organizaciones no gubernamentales, universidades y profesionales de diversas áreas adhirieron al enfoque y desarrollaron distintas propuestas; pero estas fueron excluidas bajo la amenaza militar durante el Estatuto de Seguridad del gobierno liberal de Julio César Turbay Ayala y el eventual respaldo del expresidente Mi-sael Pastrana al enfoque moralista. La educación sexual ha significado, para el país, una larga pugna entre estos dos enfoques. El enfoque moralista se derivó de una vieja tradición cultural y política, según la cual la educación cristiana ofrecida por la Iglesia Católica era suficiente para la formación de los valores proclives al matrimonio y la familia. Esta tradición había entrado en debate con las ideas y discursos sobre el control de nacimientos de las primeras décadas del siglo XX, sin mayores consecuencias. Los higienistas venían hablando de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y usaron para ello el certificado prenupcial (10), lo cual se sumó a la idea de preservar los valores tradicionales; su cercanía a la moral religiosa los llevó a censurar las enfermedades de origen sexual que afectaban la especie y a censurar también el control natal. Y las ideas eugenésicas se asociaron a esa postura moral, pese a que sus propuestas los llevaban a apoyar el control natal. El enfoque humanista recibió fuerte influencia del socialismo y de los movimientos feministas de origen norteamericano; fue abrazado por las feministas en Colombia que desde los años sesenta propusieron medidas como el uso de métodos anticonceptivos y el aborto (11), para el control de los nacimientos; ya no querían seguir recibiendo la fuerte censura y el control sobre sus cuerpos con efecto directo sobre su ser y su libertad como mujeres.

El enfoque "moralista tradicional" recogió la educación moral y religiosa de la Iglesia Católica y las apuestas del Frente Nacional. Mientras que el "libertario humanista" se organizó a partir de los planteamientos de las posturas marxistas y de izquierda, opuestas a la Iglesia ortodoxa. En el moralista convergieron algunos miembros de los partidos políticos tradicionales, Liberal y Conservador, mientras que otros de sus copartidarios le apostaron a una modernización por la vía norteamericana. Ahí se quedaron los más radicales, con distintas facciones de la Iglesia Católica -desde el Opus Dei hasta los laicos católicos- y los protestantes, francamente opuestos al control natal. El conflicto político existente entre ellos se agudizó a tal punto que trajo como resultado la aceleración del pacto frentenacionalista, en razón de su vínculo político con el Partido Conservador. El FN de decidió en últimas por el debate sobre la educación sexual. El conflicto era viejo, venía desde la presidencia de Laureano Gómez (1950-1953), acérrimo defensor de la religión católica ortodoxa (con base en las ideas del líder del cristianismo ultraconservador francés Charles Maurras) y opositor de cualquier propuesta modernizadora de las bases morales de la sociedad. Durante su administración se había lanzado la propuesta político-religiosa de crear un Estado Corporativo, para impedir el fortalecimiento de ideas liberales, comunistas o sindicalistas 2, y evitar así espacios de expansión de la idea laica del Estado y de la sociedad, en la época en que estaba en pleno auge el conflicto Este-Oeste. Sin embargo, frente a esa propuesta, jerarcas del Episcopado se aliaron a otra vertiente conservadora encabezada por laicos católicos. Estos se agruparon bajo la dirección de Hernán Vergara, médico psiquiatra y líder de las Juventudes Universitarias Católicas (JUC)3, para enarbolar las banderas de los frailes dominicos franceses en favor del pensamiento antifascista. Inspirado en Jacques Maritain, defensor de la separación entre Iglesia y Estado, y opositor de los partidos demócrata-cristianos, Vergara fortaleció el Grupo Testimonio y difundió las ideas en favor de la presidencia de Rojas Pinilla y de los postulados del Vaticano en torno de la doctrina de la encíclica Humanae vitae, opuesta al control natal. Para Vergara4, el humanismo democrático se materializaba en un gobierno nacionalista y católico, como el de Rojas Pinilla, quien sostenía que la religión y la política protegen a la juventud: "No podrán desconocerse, sin grave injusticia y sin ir contra el querer de los padres de familia, el derecho divino de la Iglesia de intervenir en la formación de la juventud de acuerdo con las enseñanzas de la religión católica..." (13).

No obstante, el frente cívico de oposición a Rojas, avalado por una parte de la Iglesia que coordinaba monseñor Crisanto Luque, aceleró la definición de los puntos fundamentales de constitución del Frente Nacional, para evitar la reelección de Rojas, aprobada ya por la Asamblea Constituyente. En ese contexto, se rompieron las relaciones entre Estado e Iglesia y se agudizó el clima de violencia entre los dos partidos tradicionales. Todo ello concluyó con la firma de la declaración de Benidorm, en España, que ratificó el acuerdo político entre Laureano Gómez y Alberto Lleras, de crear un escenario político para la reconciliación nacional: el Frente Nacional.

Se puso fin así al gobierno de Rojas Pinilla y a la división política entre Iglesia y gobierno. En el marco del Frente Nacional, los grupos católicos conservadores y los liberales acordaron intervenir en las decisiones de la educación nacional para difundir una formación basada en los valores religiosos y en la moral cristiana tradicional; moral para la cual el sexo hacía daño, si no se realizaba dentro de la institución matrimonial. La maternidad, por consiguiente, era connatural a dicha institución, y como tal, debía protegerse como núcleo de la sociedad. Con el pacto bipartidista se selló una perspectiva maltusiana del control natal, lo cual significó para el Estado un triunfo político, y para la nación, un retroceso de casi un siglo hacia los lineamientos delConcordato establecido por la Constitución de 1886, solo que esta vez se hizo por obra y gracia de los partidos tradicionales (13). Así mismo, muchos médicos vinculados a esta postura de la Iglesia apoyaron el enfoque de educación sexual moralista tradicional.

Por otra parte, el enfoque libertario humanista reunió grupos cercanos a la Teología de la Liberación5,a movimientos sociales con tendencia socialista, movimientos obreros y movimientos feministas que buscaban un compromiso real con las comunidades pobres. Este enfoque se fortaleció después de 1965, cuando el Concilio Vaticano II manifestó su preocupación por la ilegitimidad de la acción social de la Iglesia, ante su escasa ocupación en los problemas sociales. Este enfoque representó, en el interior de la Iglesia, las ideas de la izquierda sobre la planificación familiar. Proponía informar a las mujeres y a las familias para que pudieran optar por la planificación familiar reivindicando el pa-pelsocialdelamujerfrentealamaternidadylalibre determinación de su cuerpo dentro de la familia o de la pareja. La idea de una sexualidad libertaria humanista incluía visibilizar a la mujer, que estaba oculta por la sociedad patriarcal, reconocer sus sentimientos, sus deseos, sus carencias y necesidades en la relación sexual, proporcionarle opciones de manejo de la sexualidad distintas a las tradicionales y favorecer la conquista de su autonomía (14). La Teología de la Liberación, cercana a este enfoque,se opuso a la postura imperialista de los maltusianos respecto de la planificación familiar, pues consideraba que el subdesarrollo y el hambre eran la causadelaexplosión demográficaynosuefecto. Los valores defendidos por este enfoque eran la autonomía, la autoestima, la dignidad, la intimidad y el bienestar (12,15). Estas pugnas se mantienen hoy.

Al enfoque libertario humanista también adhirieron médicos, especialistas y profesionales de otras áreas del conocimiento cercanos a las ciencias sociales. Entre ellos había fundamentos distintos en su aproximación a la sexualidad. Para los médicos y especialistas en áreas médicas, lo más importante era el comportamiento de riesgo para la salud, con base en la postura de la epidemiología clásica multicausal, en boga desde los años cincuenta6. Entre los científicos sociales predominaba la defensa de la autonomía y los valores humanos asociados a ella. Desde la sexualidad humana, se privilegió un énfasis en lo afectivo y lo erótico, para aproximarse al desarrollo de una propuesta de educación sexual de carácter humanista, que llegaría a integrar una de las propuestas de ley presentadas en el Congreso de la República al empezar la década de 19907. Sin embargo, dicha propuesta solo pudo implementarse a nivel local, pues en la esfera nacional primó el enfoque moralista tradicional (16).

Como ya se dijo, el Concilio Vaticano II reconoció el distanciamiento de la Iglesia Católica de los problemas sociales y la pobreza. Ello generó un gran debate en torno de la planificación familiar y produjo una división interna, en dos grupos bien identificados, uno a favor y otro en contra de la planificación familiar como medio para superar la pobreza. En el primero se ubicaron los grupos cercanos al socialismo; en el segundo, los defensores del establecimiento eclesiástico tradicional (12). La diferencia se hizo pública por parte de los primeros, que respaldaron una postura progresista frente a la sexualidad de la mujer. Por su parte, el enfoque moralista tradicional asumió estratégicamente una postura antiimperialista frente al problema de población: su oposición a la planificación familiar se sustentaba ahora en el origen norteamericano de dicha política. En los años setenta predominó el enfoque moralista tradicional. Durante la administración del conservador Misael Pastrana Borrero, Ascofame -fiel a los planteamientos de este enfoque y desde su respaldo a las políticas maltusianas- propuso la realización de cursos de educación sexual en las instituciones escolares, pero esta idea no se llevó a cabo. En su lugar, apoyó otra propuesta proveniente del mismo enfoque, con aval de la Iglesia y del Ministerio de Educación: el programa de educación sexual organizado por psicólogos y psico-orientadores del Instituto Nacional de Educación Media (INEM), de Medellín, pues ese programa dialogaba muy bien con la pretensión del gobierno. Adhirió a este enfoque el sector educativo, para dar inicio al programa "Comportamiento y salud", y enseñar a los jóvenes de los grados 5° y 6° del nivel secundario un comportamiento sustentado en el conocimiento científico disponible en las áreas de biología y anatomía (18).

Al finalizarlos años setenta, en el marco del Estatuto de Seguridad del presidente Julio César Turbay Ayala, se redujeron los espacios para el enfoque humanista y las opciones de izquierda, vistos como cercanos al proyecto guerrillero. Por ejemplo, el Comité Regional de Educación Sexual para América Latina y el Caribe (Cresalc), una de las organizaciones no gubernamentales que adelantaban acciones de apoyo de educación sexual popular, desde el enfoque libertario humanista, en las localidades periféricas de Bogotá, fue víctima de trato violento por militares, y en ese momento se vio obligado a restringir sus actividades (19). En la década de los ochenta, los especialistas cercanos a la filosofía de Cresalc iniciaron, en compañía de fundaciones como Salud con Prevención y Oriéntame, un trabajo de investigación para elaborar propuestas de educación sexual desde el enfoque humanista. Así mismo, prestaron asistencia y asesoría a mujeres sobre el manejo de su sexualidad (20).

A principios de la década de 1990, la hegemonía del enfoque moralista tradicional continuó prevaleciendo. El curso de "Comportamiento y salud" continuaba realizándose sin interrupción, ni cambio, aunque por primera vez Profamilia y varios medios de comunicación difundieron a nivel nacional un "preocupante aumento" del embarazo adolescente, después de haberse realizado la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) (21), a partir de la cual se empezó a debatir el embarazo adolescente como el problema -moderno- de población.

Varios investigadores cuestionaron el enfoque y la eficacia de "Comportamiento y salud", el único curso de educación sexual existente en el país: hablaron del "énfasis en una sexualidad ligada a la reproducción", de "una sexualidad patologizada", "que además difunde el temor de hablar sobre sexo, ya que se incentiva el inicio temprano" (15) y "se corrompe a los sanos y castos" (16). Al mismo tiempo, se debatió acerca de los valores y de las apuestas de sociedad y de persona humana requeridos para hacer una educación sexual acorde con la situación social de los adolescentes (22), pero estos planteamientos no tuvieron eco, ni respuesta alguna por parte del establecimiento. De esta manera, la larga tradición de la sociedad patriarcal aportaba lo propio a la educación sexual colombiana.

El Estado, por su parte, igual que otros estados latinoamericanos, defendía el posicionamiento de la planificación familiar con fundamento en su origen norteamericano, como una intervención efectiva frente al problema de control poblacional. Desde el Frente Nacional, la presión política de la Iglesia y de los actores de la derecha, por el mantenimiento del poder, había permitido la instauración de una hegemonía en el control de la sexualidad y específicamente de la educación sexual. Los valores asociados al enfoque moralista tradicional sustentaban el mantenimiento del establecimiento, el retorno al Concordato de 1886 y la oposición a la planificación familiar. Durante los años ochenta y principios de los noventa, el predominio de la moral tradicional se mantuvo, pese a las permanentes luchas y confrontaciones de varios actores, principalmente de izquierda.

HACIA LA AUTONOMÍA: LA AGENCIA DE
LAS MUJERES POR LA DESPENALIZACIÓN
DEL ABORTO, 1973-1991

Entre 1973 y 1991, los movimientos de mujeres lograron un reconocimiento político que fue clave en la organización de la Asamblea NacionalConstituyente yen elsurgi-miento de otros actores sociales empeñados en la lucha de los derechos políticos. La contienda por el aborto desarrollada en ese periodo fue definitiva para el logro del reconocimiento político de las mujeres. Los movimientos de mujeres se enfrentaron con la Iglesia yelgobierno, en alianza con los movimientos socialistas de los años ochenta y algunos parlamentarios liberales. Mientras que, para estos, el problema público era el aumento del número de abortos, para las mujeres -además de esta innegable realidad- era la negación de su autonomía corporal. Los conflictos se intensificaron entre varios actores: los movimientos de mujeres, los parlamentarios liberales, la Iglesia y el gobierno; debido a la discusión legislativa sobre los intentos de despenalización del aborto, especialmente porque se presentaba como un problema social de graves consecuencias. Entre las problemáticas consideradas se destacaron: 1. la creciente cantidad de abortos clandestinos de mujeres que por sus condiciones de vida no podían acceder a las medidas de planificación familiar, 2. la cantidad de muertes maternas, especialmente de mujeres pobres, y 3. las enfermedades sexuales y generales asociadas. Entre los motivos que se debatieron, se señalaban los impedimentos de las parejas en el uso de cualquier método de anticoncepción, las creencias religiosas y las justificaciones médicas, entre otros. Entre 1973 y 1976 se diagnosticó un aborto por cada cinco nacimientos, para un total de 250.000 abortos (23). El aumento en la tasa de muertes maternas por causa de aborto: de 3,9 por 100.000 muertes en 1973 se pasó a 4,6 en 1976. Esto significó un promedio de cuatro muertes al mes (23). Sin embargo, como el aborto se había considerado un asunto de índole personal y privado de la mujer, se requirieron varios años y esfuerzos de las mujeres, a nivel nacional e internacional, para que se lo integrara a las reivindicaciones de estos movimientos. Tomó cerca de cuatro décadas (entre los años treinta, cuando se actuó bajo la influencia del socialismo internacional, y los años setenta, cuando ya las mujeres gozaban del ejercicio de sus derechos políticos) para que se definieran -por parte de las feministas y de las organizaciones de mujeres- las estrategias legales para reivindicar el derecho a la autonomía del cuerpo, y por tanto, al aborto (11).

Para los años setenta, el cierre político del Frente Nacional facilitó que los proyectos que buscaron la des-penalización parcial o total del aborto terminaran siempre con la criminalización de la mujer. El primero fue el del senador Fernando Mendoza Ardila, del Movimiento Cristiano, el cual buscaba aumentar el castigo de prisión, de 16 a 30 años, para "la madre que quitase la vida a su hijo futuro", un castigo que superaba al que la ley imponía por homicidio, aun cuando el aborto se hubiese ocasionado por un embarazo "fruto del acceso carnal violento o de inseminación artificial no consentida" (24). Luego se presentaron cuatro proyectos de ley, por congresistas de filiación liberal, aunque en forma independiente de su partido político: uno de ellos buscaba lograr la despenalización parcial del aborto, y los otros tres, su legalización parcial.

El primer proyecto para despenalizar el aborto fue presentado por el senador Iván Botero López, quien solicitó la reglamentación de la interrupción terapéutica del embarazo en "los casos en que estuviera en peligro la vida de la mujer, o por lesión genética del feto". Aun así, la mujer casada debía tener autorización del marido. En 1979, la representante a la Cámara Consuelo Lleras Samper formuló un nuevo proyecto para la legalización del aborto, que aplicaba para casos similares a los ya señalados, pero incluyó también el "acceso carnal violento o abusivo". "El Estado debe garantizar o al menos no frustrar el derecho a la procreación consciente y responsable" (23). Este proyecto tampoco prosperó. En 1987, el senador Eduardo Romo Rosero presentó un proyecto de ley para reformar el artículo 386 del Código Penal colombiano, basándose en el creciente número de abortos clandestinos. Planteaba el aumento del número de abortos: para 1987 se realizaban 40 abortos por hora, y las muertes maternas ascendían a 2.500, según los datos del DANE y Ascofame (25). Esta iniciativa apuntaba a la legalización parcial del aborto, agregando un argumento médico: "drogadicción o alteración mental de la madre". Su resultado fue igual al de los anteriores proyectos. El último proyecto de este periodo lo presentó el senador Emilio Urrea en 1989. Proponía la legalización y añadía un aspecto esencial: la situación socioeconómica de la mujer; dado que "las condiciones de pobreza no deben discriminar a la mujer que requiere un aborto", es necesario legalizarlo. También pedía la posibilidad de practicarlo después de las primeras doce semanas, como ordenaban los médicos, en los casos en que estuviera en peligro la vida de la mujer o en que el feto presentara anomalías. Este proyecto también fue hundido8.

Tras el debate realizado en torno del proyecto de ley de la representante Consuelo Lleras, en 1979, se hizo una manifestación en contra del aborto, la cual recibió el apoyo de Lucas Caballero (Klim) en el diario El Tiempo. Por su parte, otra editorialista del mismo medio, Lucy de Samper, destacó el carácter de las arengas, por su marcado tono de censura: "Viva la vida, abajo el genocidio". Carlos Corsi, exsenador conservador por el Movimiento Laicos por Colombia, entre 1991 y 2002, señaló su oposición al aborto, porque, para él, era una medida extranjera orientada al control natal con capacidad de ocasionar un "genocidio".

El gobierno, por su cuenta, se opuso al aborto con el mismo argumento de defensa del derecho fundamental a la vida propuesto por la Iglesia. Descartó el argumento de la condición social de las mujeres, que llamaba la atención no solo sobre la situación de las mujeres desempleadas, sino también sobre las menores de edad, las amas de casa, las trabajadoras independientes, las campesinas y las indígenas sin protección social; pero, según el gobierno, ya era suficiente con la planificación familiar para las pobres, y por consiguiente no se justificaba legalizar el aborto para los estratos populares. Se afirmó igualmente la personalidad jurídica del feto, hecho que mantuvo la ideología tradicional respecto del aborto, y que facilitó su concepción como pecado, además de ser un delito. La Iglesia, por su parte, siempre se opuso al aborto, por considerarlo un pecado.

Antes de la Asamblea Nacional Constituyente, las discusiones por la paz realizadas en el país estimularon el trabajo legislativo alrededor de nuevas propuestas por la democracia participativa y por las problemáticas de la violencia en contra de la mujer. El aborto llegó al escenario de la Asamblea Nacional Constituyente en medio de tales discusiones y puso en aprietos a los candidatos, a los partidos políticos y a los púlpitos, hasta el punto en que logró romper las reglas de la tradición, para dar paso a la aprobación del divorcio en el país. Pero sobre el aborto la legislación se mantuvo sin cambios; los movimientos de mujeres se hicieron referente clave de la lucha de otros actores sociales por los derechos y por el ejercicio de la autonomía.

Jóvenes y movimientos estudiantiles: atrapados en sus contradicciones

La gran diversidad de jóvenes en el país y las contradicciones entre ellos fueron factores claves en la formulación de las políticas de salud sexual yreproductiva; estos aspectos hacen necesario explorar su proceso de participación en dichas políticas.

Después de la primera revolución sexual adelantada por los jóvenes en los años sesenta, en contra de la pérdida de libertad, de la represión y la guerra, bajo la influencia de la Revolución cubana y el Mayo francés, la década de los ochenta vio reaparecer a los jóvenes en la arena política.

Debido al nuevo crecimiento económico, dado por la combinación del alza de precios del café y los inicios de la bonanza del narcotráfico, se agudizó en el país el clima de violencia. Los narcos, nuevo actor sociopolítico de la economía nacional e internacional, aliado con las elites propietarias y con la clase política bipartidista, produjeron cambiossustancialesenlaspolíticasdejuventud.Seorga-nizaronvariosgruposdejóvenesendecenasdebandasar-madas, sin que el Estado se diera por enterado. La alarma se produjo cuando los jóvenes de las barriadas pobres fueron atraídos como instrumentos del paramilitarismo y del narcotráfico, para realizar magnicidios y acciones violentas, mediante el sicariato. La respuesta del Estado fue activar el sistema de control territorial manteniendo la arbitrariedad en el uso del poder militar (27). El Departamento Nacional de Planeación (DNP), en 1988, formuló la propuesta política para el manejo gubernamental de la juventud bajo la influencia de actores internacionales. Esta se originó en el marco del Año Internacional de la Juven-tud(i985), duranteelcualseposicionó el tema de juventud en la agenda internacional, y los sicarios pasaron de ser un peligro a ser un actor político.

Al comenzar el periodo gubernamental de César Ga-viria Trujillo (1990-1994), identificado como "el revolcón", se presentó una asociación entre jóvenes de la Asamblea Nacional Constituyente, guerrilleros, parami-litares, narcos, sicarios y miembros de partidos políticos. Los jóvenes fueron resignificados por este gobierno, en conexión con el peligro y la violencia. Luego, con la ruptura de los diálogos de paz del gobierno Gaviria, los jóvenes vivieron, como ningún otro actor sociopolítico inmerso indirectamente en el conflicto armado, los efectos de la decisión presidencial de declarar la guerra integral contra la subversión, en 1992. Esta decisión implicó la implantación de políticas de contención sin contemplación alguna; y sin comprensión del problema social que enfrentaban los jóvenes.

Los movimientos estudiantiles hacia la Asamblea Nacional Constituyente

Antes de subir a la presidencia César Gaviria, el Movimiento Estudiantil por la Asamblea Nacional Constituyente dividió en dos la historia de la participación política de los jóvenes en el país. Las políticas de salud sexual yreproduc-tiva de juventud contrastan especialmente por el papel que asumieron los derechos políticos en el ejercicio de cualquier otro derecho por parte del joven. El movimiento estudiantil ubicó al joven en un lugar destacado en la arena política, pues su intención era transformar la sociedad y convocar a todo ciudadano colombiano "a salvar entre todos al país" (28,29); y dejó además un ámbito de participación pública habilitado, aun cuando tendría un efecto imprevisto en las políticas de salud sexual y reproductiva.

El movimiento estudiantil surgió con la intención de conjurar la crisis nacional que vivía el país desde varios gobiernos anteriores. El gobierno Barco concretó, en un proceso de desmovilización de cinco grupos armados, una política de paz. Uno de los grupos más importantes fue el M-19, que en las negociaciones previas a la firma de la paz hizo incluir la promesa de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, la desmovilización del M-19 y de otras tres organizaciones insurgentes, entre 1989 y 1990, no impidió el recrudecimiento de la postura de las que habían quedado al margen de las conversaciones de paz, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Así las cosas, el panorama -a comienzos de los noventa- no era promisorio, y se presentaban dos posibles salidas a la crisis: 1. el continuismo conflictivo y 2. la modernización democrática (30). En ese escenario se vio involucrado el movimiento estudiantil; en medio de un conflicto multipolar, con diversos actores implicados en la violencia y con partidos tradicionales y gobiernos caracterizados por la ausencia de liderazgo y de propósito nacional y con poca capacidad de convocatoria ciudadana.

La organización del movimiento estudiantil fue paulatina. Unos rechazaron con vigor la brutalidad e injusticia de la masacre de Cimitarra, en el Magdalena medio santandereano, cometida en febrero de 1990 por los pa-ramilitares, donde cayó asesinada la periodista Silvia Dussán, junto con líderes campesinos que estaban promoviendo un proceso de paz en la región . Rechazaron el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, lo que motivó al presidente Barco a declarar la guerra total contra el narcotráfico. Pero un momento crucial para entender la revitalización de la movilización estudiantil universitaria no fue la muerte de Galán, sino la de Jaime Pardo Leal, candidato presidencial por la Unión Patriótica (UP), ocurrido dos años antes, en 1987. Los estudiantes de las universidades públicas rechazaron su muerte, igual que protestaron contra las masacres de campesinos y de trabajadores en Urabá, y se sumaron a la jornada de protesta convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en la que algunos resultaron heridos y otros detenidos de manera arbitraria. Esto caldeó los ánimos, dio impulso a nuevas movilizaciones y a un repunte de las expresiones del estudiantado. Hubo además otro hecho que llenó la copa: el 26 de abril de 1990 fue asesinado Carlos Pizarro, candidato presidencial por la AD M-19, lo cual obligó al presidente Barco a convocar la Asamblea mediante el Decreto de estado de sitio 927 del 3 de mayo de ese año. Aunque no se puede olvidar que un mes antes, el 22 de marzo de 1990, había sido asesinado Bernardo Jaramillo Ossa, candidato a la Presidencia de la República por la UP, lo cual también había movilizado a otro grupo de estudiantes.

En ese marco, el Movimiento por la Séptima Papeleta rechazaba la violencia y representaba la búsqueda de alternativas a la crisis institucional. Su intención era consultar a los ciudadanos si aprobaban la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de reformar la Constitución Política de Colombia de 1886, como efectivamente se hizo.

El Movimiento, conformado por dos grupos distintos y con múltiples reivindicaciones, no logró llegar a un acuerdo y rápidamente se diluyó. Un grupo, denominado Todos Podemos Salvar a Colombia (TPSC), estaba constituido principalmente por estudiantes de las universidades Javeriana y del Rosario vinculados a las juventudes liberales, de la Sergio Arboleda, la Católica, La Salle, la Central, y por otros ligados a las juventudes conservadoras y a la Iglesia. El otro, denominado Movimiento Estudiantil por la Constituyente (MEC), estaba conformado por estudiantes de universidades públicas, como la Nacional, la Pedagógica Nacional y la Distrital, vinculados a las juventudes de la izquierda provenientes de la UP, del M-19, de la Juventud Comunista (JUCO) y del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). En ambos grupos hubo estudiantes que deseaban mantenerse como "independientes", que se caracterizaron especialmente por su rol conciliador (28) y por su deseo de no formar parte de ningún partido político tradicional.

Las diferencias entre ellos se sustentaron en un principio en las formas de actuar políticamente y en las ideas de protesta y movilización estudiantil, así como en la posición social. El estudiante de universidad pública buscaba transformar la sociedad y las relaciones de poder prefería la acción colectiva y las políticas transgreso-ras, mientras que el de universidad privada favorecía la renovación de la institucionalidad mediante formas de acción colectiva más normativas. Estas diferencias ycon-tradicciones fueron definitivas en la disolución del Movimiento, aunque no fueron su única causa.

En agosto de 1990 se anunció que se llamaría a la elección de la Asamblea Constituyente a través de la declaratoria del estado de sitio. El presidente de la República, César Gaviria, recién elegido, había acordado el temario de la reforma con su Comisión Preparatoria ysin la participación de los estudiantes. La paz no se incluyó en dicho temario. Pese a que el movimiento estudiantil pretendía mantenerse por fuera de los partidos políticos, terminó sucumbiendo a la tradición y al peso de los mecanismos de representación y de acción partidaria. La ausencia de consenso y de cohesión impidió que el movimiento se mantuviera. Pasó de una etapa caracterizada por cierta cohesión alrededor de la posibilidad de un cambio social amplio, a una etapa de incorporación a las lógicas de los partidos, en todo su espectro (izquierda, centro, derecha), y fue allí precisamente donde se presentó la polarización que lo llevó a su fin; entre otras razones, porque los "desorganizados", los que estaban por fuera de los partidos, no pudieron contener la división ni ofrecer alternativas.

Para los estudiantes, la Asamblea Nacional Constituyente representó una oportunidad para la apropiación consciente de un destino común y de aprehensión de sí mismos como actor sociopolítico; para los sectores marginados -indígenas, afrodescendientes y movimientos feministas-, un fortalecimiento y la posibilidad de ocupar un lugar en dicha Asamblea, como efecto de este

movimiento. Para el gobierno, el movimiento estudiantil significó la oportunidad de impulsar su política gubernamental sin mayores tropiezos, además de activar su proyecto de modernización política y de apertura económica. Y para los partidos, el mejoramiento de su posición en el cuadro de poder político.

La implicación de este hecho, para el joven y para el ejercicio de su sexualidad, fue trascendental, pues en vez de realizar un proyecto político de sociedad democrática y laica, capaz de cuestionar la concepción sacra del poder y las tradiciones moralistas heredadas de la Iglesia, lo que se hizo fue cerrar la opción de debate público sobre los jóvenes (sexualidad, aborto) y mantener el predominio de la Iglesia sobre la estructura del Estado, que venía desde mucho antes de la Constituyente. Pese a que se declaró el derecho a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la salud reproductiva, para hacer realidad los derechos sexuales y reproductivos, sería necesario adelantar un nuevo proceso y esperar casi 15 años para obtener resultados. Fueron insuficientes las leyes y la nueva Constitución, vistas como un milagro que solucionaría todo (31).

El aporte más contundente de los jóvenes y estudiantes movilizados se centró en la defensa y el ejercicio de los derechos políticos, base esencial para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, estos derechos no fueron nunca parte de la agenda política del movimiento estudiantil o juvenil en el país.

CONCLUSIONES

En este proceso de configuración de las políticas, lo político fue el móvil principal de los cambios y de las permanencias. Lo político en la confrontación de enfoques, valores e ideas de sociedad, entre actores inmersos en una correlación de fuerzas. En el cambio del control natal a la salud sexual y reproductiva se pasó de políticas con fuerte influencia extranjera a unas de mayor autonomía e incidencia local de los actores involucrados; permaneció el enfoque moralista tradicional, en vínculo con fuerzas conservadoras, pese al auge y avance de otros enfoques como el libertario humanista, especialmente en la educación sexual. El aborto permaneció penalizado a pesar del movimiento de mujeres y de su agencia antes y durante la Asamblea Nacional Constituyente. En contraste, la diversidad de los jóvenes y de sus contradicciones mostró, pese al Movimiento Estudiantil de apertura a la gran oportunidad política para la realización de la Asamblea Nacional Constituyente, una profunda división política e ideológica con efectos en el débil logro sobre la defensa de sus derechos sexuales y reproductivos. Si bien la Asamblea Nacional Constituyente significó el reconocimiento político de otros actores marginados, como los indígenas o los afrodescendientes, los jóvenes quedaron fragmentados políticamente. Las mujeres lograron reconocimiento político y autonomía, aunque las políticas de salud sexual y reproductiva mantuvieron el enfoque moralista tradicional y de penalización. La autonomía del joven no tuvo un cambio significativo, lo cual incidió directamente sobre las políticas de salud sexual y reproductiva. Entre la Iglesia, los médicos y el Estado, tuvo primacía la postura moral tradicional, asociada a políticas conservadoras con pretensiones de cambio de comportamiento sexual sobre los y las jóvenes. Ambos, mujeres y jóvenes, tuvieron que esperar al debate por estos derechos en el país, hasta 1994; y por un cambio definitivo sobre las políticas impulsado por las mujeres hasta el año 2005, con la despenalización parcial del aborto.

NOTAS

1. La música, el amor libre y la liberalización de las costumbres facilitaron la expansión de la revolución sexual, y se abrieron debates en torno al poder de lo erótico, de la monogamia y del machismo. Se plantearon críticas y alternativas a la hetero-normatividad y se abrió un camino para la aceptación de la homosexualidad.

2. Sin embargo, nuevamente se muestra que es el peligro comunista -y no la preocupación por las difíciles condiciones de los trabajadores y sus familias- la razón que motivó a la Iglesia institucional a desarrollar el trabajo sindical.

3. La Juventud Universitaria Católica se organizó desde 1936 como resultado de la acción del padre Jorge Fernández Pradel, quien impulsó la línea de acción católica especializada, desarrollada en el Centro Keteller. En este Centro, la JUC es tomada por Vergara, pero no duraría sino hasta 1941, ya que sus opositores -que respaldaban al sector conservador liderado por Laureano Gómez- le hicieron contraposición, en cabeza de monseñor Juan Manuel González Arbeláez (12).

4. Vergara veía a Rojas Pinilla, posterior fundador de la Alianza Nacional Popular (Anapo), como un hombre providencial, escogido por Dios para iniciar una nueva época. Su ideal integrador de las fuerzas políticas del país lo llevó a defender la democracia desde la orilla del catolicismo conservador. Entrevista concedida por Hernán Vergara a Carlos Horacio Urán después de las elecciones de abril de 1970 (13).

5. El de la Teología de la Liberación es un movimiento latinoamericano que pretende la participación cristiana en los procesos sociales de la liberación de las clases bajas oprimidas económica y políticamente.

6. Este enfoque epidemiológico se mantiene en esencia hasta la actualidad en las acciones y políticas de salud que buscan identificar y erradicar los factores de riesgo o promover los factores protectores. Se diferencia del enfoque conocido como manejo social del riesgo.

7. El grupo de sexólogos liderado por Helí Alzate, en la Universidad de Caldas, continuó por varios años sus estudios, hasta proponer, bajo la influencia de la obra de Gerard Zwang, un esquema de educación sexual para adolescentes, a desarrollar a nivel nacional apoyado en el saber científico de la sexualidad, en defensa de lo erótico y lo afectivo (16, 17).

8. Ver “Aborto, ¿hora de legalizar?” (26).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

(1) Skocpol T. Los orígenes de la política social en Estados Unidos. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España; 1996. p. 227.        [ Links ]

(2) Tilly C. Contentious Perfomances. 1a. ed. New York: Cambridge University Press; 2008. p. 1-30.        [ Links ]

(3) Almeida C. Reforma del Estado y del sector salud en América Latina. En: Minayo MCS, ed. Críticas e Atuantes: ciencias sociais e humanas en saúde na América Latina. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2005. p. 275-297.        [ Links ]

(4) Hernández AM. La fragmentación de la salud en Colombia y Argentina. Una comparación sociopolítica, 1880-1950. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Unibiblos; 2004. p. 23-75.        [ Links ]

(5) Morales BC. Jóvenes, sexualidad y políticas. Salud sexual y reproductiva en Colombia, 1992-2005. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia; 2010 (consultado el 10 de julio de 2010). En: http://www.bdigital.unal.edu.co/1756/         [ Links ]

(6) Stycos JM, Cohen SB, Elam EH, Hand EL, Hartford RB, Johnson EL, et al. Ideology, Faith, and Family Planning in Latin America: Studies in Public and Private Opinion on Fertility Control. New York: McGraw-Hill; 1971. p. 418.        [ Links ]

(7) Medina CAM. Los discursos sobre la planificación familiar y el control natal en Colombia, 1964-1969. (Tesis de doctorado en Salud Pública). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia; 2008. p. 15-36.        [ Links ]

(8) McNamara R. The dynamics of population policy in Latin America. In: TM, ed. The World Bank perspective on population growth. Cambridge, MA: Ballinger; 1974. p. 107-121.        [ Links ]

(9) Rist G. El desarrollo: historia de una creencia occidental. En: Catarata L, ed. Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación. Barcelona: Universidad Complutense de Madrid; 2002. p. 12-36.        [ Links ]

(10) Hernández ME et ál. La Organización Panamericana de la Salud y el Estado colombiano: cien años de historia, 1902-2002. Bogotá: OPS-OMS; 2002. p. 56-77.        [ Links ]

(11) Sánchez OA. Estudiante líder Movimiento 7a. Papeleta. Transcripción entrevista realizada por Carolina Morales. Bogotá: inédita; 2008. p. 3.        [ Links ]

(12) Cifuentes MT, Florián A. El catolicismo social: entre el in-tegralismo y la Teología de la Liberación. En: Bidegain, AM. Historia del cristianismo en Colombia. Corrientes y diversidad. Bogotá; 2004. p. 321-372.        [ Links ]

(13) Cifuentes MT, Figueroa H. Corrientes del catolicismo frente a la guerra y la paz en el siglo XX. En: Bidegain, AM. Historia del cristianismo en Colombia. Corrientes y diversidad. Bogotá; 2004. p. 373-419.        [ Links ]

(14) Wills ME. Las trayectorias femeninas y feministas hacia lo público en Colombia (1970-2000). ¿Inclusión sin representación? (Tesis de doctorado en Filosofía). Texas: The University of Texas; 2004.        [ Links ]

(15) González F. Educación sexual en Colombia. Historia y prospectiva. Bogotá: Biblioteca personal de Fernando González; 2001. p. 23.        [ Links ]

(16) Useche B. Educación sexual en Colombia. Deslinde. 1994; 14:117-128.        [ Links ]

(17) Useche B, Ross M. Public Health Perspectives in Sexual Health. In: Tepper M, Owens AE, eds. Sexual Health. Westport, Connecticut & London: Praeger; 2007. p. 1-42.        [ Links ]

(18) Colombia, MEN. Hacia una nueva educación sexual en la escuela. 2a ed. Santiago de Cali: Norma; 1996.        [ Links ]

(19) Cardinal de Martín C. Educación sexual. Un proyecto humano de múltiples facetas. Bogotá: Siglo del Hombre; 2005. p.        [ Links ]

(20) Asociación Salud con Prevención A. Capacitación en educación sexual; 1995 (consultado el 10 de noviembre de 2009). En: http://encolombia.com/ascp.htm        [ Links ]

(21) Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS). Bogotá: Profamilia; 1990 (consultado el 10 de noviembre de 2009). En: http://www.profamilia.org.co/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=52        [ Links ]

(22) Useche B. La educación sexual de los jóvenes. Educación y Cultura. 1993; 32:29-35.        [ Links ]

(23) Lleras de Samper C. Proyecto de ley para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. En: Colombia Cd, ed. No. 95 de 1979. Bogotá: Anales del Congreso, Biblioteca del Congreso; 1979. p. 1287-1290.        [ Links ]

(24) Mendoza AF. Proyecto de ley por medio de la cual se modifican algunos artículos del Código Penal en cuanto hace a la protección del concebido y no nacido. En: Senado, ed. 321 de 1993. Bogotá: Secretaría General, Senado de la República de Colombia; 1993.        [ Links ]

(25) Romo Rosero E. Proyecto de ley por medio de la cual se legaliza parcialmente el aborto. En: Colombia CdlRd, ed. Ley 17 de 1987. Bogotá: Anales del Congreso, Biblioteca del Congreso; 1987. p. 14-15.        [ Links ]

(26) Revista Semana. Aborto, ¿hora de legalizar? 1993, febrero 9.        [ Links ]

(27) Thoumi, Francisco. El imperio de la droga. Narcotráfico, economía y sociedad en los Andes. Bogotá, IEPRI, Planeta, 2002. p 39 - 47.        [ Links ]

(28) Entrevista con Duarte C, líder Movimiento Estudiantil 7a Papeleta. Transcripción de entrevista realizada por Carolina Morales B. Bogotá: inédita; 2008. p. 3.        [ Links ]

(29) Entrevista con Sánchez O, estudiante líder del Movimiento 7a Papeleta, universidad privada. Transcripción de entrevista realizada por Carolina Morales B. Bogotá: inédita; 2008.        [ Links ]

(30) Pizarro Leongómez E. Escenarios posibles de Colombia en los 90. Análisis Político. 1990; 10:10-25.        [ Links ]

(31) Medina M. Dos décadas de crisis política en Colombia, 1977-1997. En: Arango LGC, ed. La crisis socio-política colombiana: un análisis no coyuntural de la coyuntura. Bogotá: Centro de Estudios Sociales, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia; 1997; 27-72.        [ Links ]

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