Articulo/dossier

Fernando Cubides

Profesor Titular Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Sociología.

RESUMEN

El presidente Uribe y su entorno se la han jugado a fondo en el proceso de negociación con los paramilitares,
aunque es demasiado pronto para juzgar resultados que puedan considerarse duraderos. Se invirtió el que todos los analistas, sin excepción, habían considerado el orden natural de las cosas en materia de negociación, la secuencia lógica: puesto que el paramilitarismo existía en función de la guerrilla, desactivarlo,
contribuir a su desaparición, implicaba llegar, de manera previa, a algún tipo de solución negociada
con ella. El costo político, si fracasa, o los eventuales dividendos si llega a buen término, terminará asumiéndolos sin duda la próxima administración, cualquiera que ella sea.

Palabras clave:paramilitarismo, negociaciones, Colombia.

SUMMARY

The president Uribe and their environment have thoroughly played it to him in the negotiation process with the paramilitary ones, although it is too soon to judge results that they can be considered durable. The one was invested that all the analysts, without exception, they had considered the natural order of the things as regards negotiation, the logical sequence: since the paramilitarismo existed in the guerrilla's function, to disable it, to contribute to its disappearance, it implied to arrive, in a previous way, to some type of negotiated solution with it. The political cost, if it fails, or the eventual dividends if it arrives to good term, it will finish assuming them without a doubt the next administration, anyone that it is.

Key words: paramilitarismo, negotiations, Colombia .

Números y números

La primera sorpresa son las cifras. Aún para quienes como especialistas hubieran hecho un seguimiento detallado, y hubieran participado en el debate acerca de "la paramilitarización de Colombia", la magnitud ha desbordado todo estimativo previo. ¿Cómo y a qué horas se formaron tantos ejércitos irregulares? ¿Qué tenemos como sociedad para producir, casi como generación espontánea, tal número y variedad de combatientes aptos para este tipo de guerra? Y luego de la corroboración de los números, la constatación de un hecho grueso: es inevitable su proyección a la política. En un balance del primer año del gobierno Uribe ( Midiendo fuerzas , Planeta, 2003), Daniel Pécaut afirmaba que si no era previsible que se registraran avances sustantivos en su tratamiento, al menos un aspecto positivo a señalar de la nueva política que se inició con Uribe habría sido que saliera a la luz la dimensión del fenómeno paramilitar. Y en verdad han estado emergiendo cifras y otro tipo de evidencias, estridentes, que no entraban en los cálculos de ninguno de los analistas, ni el mayor de los malpensantes al respecto habría podido dimensionarlas con anterioridad. Toda una constelación de ejércitos privados formados en la sombra, saliendo a la luz pública y con la pretensión de pesar en las balanzas del poder regional. Entre tanto y a favor de las tratativas o conatos de negociación se ha ido llevando a cabo toda una amalgama de intereses en el plano regional. Volviendo a las cifras, tomándolas con beneficio de inventario, descontando el porcentaje atribuible a la corrupción, es decir el de aquellos que terminan colándose para beneficiarse de los auxilios económicos que reciben los combatientes desmovilizados, el número total de efectivos hasta ahora desmovilizados sigue siendo un desafío a nuestra sensibilidad, a nuestra capacidad de sorprendernos, y a nuestra aptitud para ofrecer interpretaciones con un mínimo de consistencia.

Cuando en las declaraciones iniciales de algunos de los jefes que acudieron a Santafe de Ralito, Báez, Mancuso, Vicente Castaño o "Don Berna" se referían indistintamente a 20000 hombres, o a 20000 fúsiles, por parte de los observadores y analistas la cifra se tomaba con circunspección, como un alarde previo a las conversaciones, una bravuconada maximalista para consumo externo ¹. A la fecha en que estamos redactando van ya 22842 desmovilizados (cifra más allá de toda duda como que cuenta con una expresión con toda la técnica contable del caso, como lo exige cualquier otro rubro del presupuesto que habrá de ser supervisado por la Contraloría : lo empleado bajo el concepto de ayuda humanitaria a quienes se desmovilizan) y en corto tiempo, según Juan David Ángel, Director de Reinserción, la cifra arribará a 26000.

La apuesta ha sido alta, y lo menos que puede decirse es que el presidente y su entorno se la han jugado a fondo, aunque es demasiado pronto para juzgar resultados que puedan considerarse duraderos. Se invirtió el que todos los analistas, sin excepción, habían considerado el orden natural de las cosas en materia de negociación, la secuencia lógica: puesto que el paramilitarismo existía en función de la guerrilla, desactivarlo, contribuir a su desaparición, implicaba llegar, de manera previa, a algún tipo de solución negociada con la ella. El costo político, si fracasa, o los eventuales dividendos si llega a buen término, terminará asumiéndolos sin duda la próxima administración, cualquiera que ella sea.

Y ya en el curso de esas singulares tratativas en Santafe de Ralito, se ha ido comprobando lo inédito de la situación: no hay muchos precedentes de una negociación con irregulares de estado que hayan adquirido tal poder de fuego, tal presencia territorial, y en tan diversas regiones. Tras digerir a duras penas la cifra, el interrogante que de manera concomitante surge es por qué, siendo tan diversos y habiéndose manifestado en el curso mismo de esta etapa tales diferencias, fisuras y contradicciones abiertas entre quienes se cobijaban bajo las mentadas siglas, a lo largo de estos cuatro últimos años han ido entrando en la lógica de la negociación, mal que bien han venido aceptando el esquema propuesto, haciendo a un lado su suspicacia y sus aprensiones. Si lo que les dio justificación para su surgimiento ha sido la guerrilla ¿Qué ventajas encuentran en deponer las armas cuando la guerrilla subsiste y mantiene intacta su capacidad ofensiva y destructora? ¿Tan seguros se sienten de lo que han construido como redes de apoyo a su favor como para prescindir del terror y de la violencia? Abundan los testimonios según los cuales en las regiones en donde se han desmovilizado si ha desaparecido el aparato militar, se mantiene la capacidad de intimidación. Quien no haya vivido en una zona de dominio paramilitar no sabe lo asfixiante que puede llegar a ser. Buena parte del éxito de su implantación consistió en explotar a fondo la percepción de inseguridad que produjo la presencia previa de la guerrilla. En ese sentido, como se ha señalado, son un fenómeno esencialmente reactivo; al gestarse en una región determinada, o al incursionar e irse posicionando en una de ellas, tienden en principio a hacer más predecible el tributo que exigen, se guían de cara a los medianos y grandes propietarios por una especie rudimentaria de "base gravable", capitalizan de ese modo la inseguridad preexistente, pero hacia todos los otros sectores, particularmente hacia los pequeños propietarios agrarios y pequeños comerciantes, y hacia jornaleros y trabajadores de base su comportamiento es despótico, arbitrario e impredecible. En contraste la guerrilla ha cometido, y comete, exacciones de una manera sistemática, extorsiona y exacciona a todo tipo de propietarios, y hacia quienes no lo son tiene una actitud protectora, y no hay duda de que tratándose de una estructura centralizada, siendo distinguible al menos una línea de mando, en las zonas en donde ha logrado implantarse, en conjunto su comportamiento es más predecible.

Al abordar el tema de lo que significa la vida cotidiana en una región con dominio paramilitar un tono de indignación moral es casi tan inevitable como la necesidad de constatación empírica, sobre el terreno. Se esgrime a favor de lo que ha existido como proceso de negociación el descenso inmediato en algunos de los indicadores de la violencia más letal: masacres en un 85%, homicidios en un 43%. Sin subestimar la importancia de lo que revela tal descenso, habría que esperar, para que se afirmen como tendencia, en todo caso, un periodo que podríamos denominar de "normalización" en que el nuevo orden se asiente. Respecto de lo que se ha visto en Santafe de Ralito, y en las distintas ceremonias de entrega, han abundado las crónicas y relatos manieristas, que se detienen al detalle en las puestas en escena y otros componentes de la parafernalia bélica, atuendos y demás de los combatientes que se entregan y en los esfuerzos por dar cuenta de una acción concertada y coordinada, de los distintos grupos y sus voceros, pero por razones más que obvias, mientras que no se trate de una desmovilización individual no es posible indagar acerca de motivaciones, expectativas, nexos con las sociedades locales. Para todo ello, como escribía un reportero, " "Sin otros medios de verificación a las autoridades les queda solo acogerse a la buena voluntad del jefe del grupo armado" ².

Recapitulando la secuencia desde fines de 2003, cuando se declaró el fin de la "etapa exploratoria" y se inició la desmovilización de las estructuras organizadas, va quedando a la vista la heterogeneidad de los grupos que se cobijan bajo la sigla genérica, lo diverso de su trayectoria y de las motivaciones que les dieran origen: pocas semejanzas se pueden hallar entre los 155 (ciento cincuenta y cinco) hombres que en el corregimiento de Ortega del municipio de Cajibío (Cauca) deciden participar en el proceso, rurales y raizales, que pueden mostrar 20 años de confrontaciones con la guerrilla y de defensa de un territorio circunscrito, el suyo, pues casi todos sus integrantes son pequeños y medianos propietarios agrarios en la zona y los 855 (ochocientos cincuenta y cinco) del Bloque Cacique Nutibara, decididamente urbanos, que al iniciar su acercamiento acaban de dirimir a su favor la lucha por la hegemonía en las comunas de Medellín con el Bloque Metro, y que escasamente, junto con su jefe, Adolfo Paz, logran ocultar sus origen en la delincuencia común, y de los cuales, según la encuesta hecha sobre marcha, el 79% tiene menos de 29 años, una apabullante mayoría han desertado del sistema educativo, y afirman, sin que se les pueda desmentir, que se acogieron a las armas ante al ausencia de oportunidades laborales. De ahí en adelante a lo largo de estos tres años, se han venido desgranando de ese organigrama multiforme, sin una pauta reconocible, sin orden ni concierto a primera vista, bloques y grupos regionales hasta llegar a la cifra mencionada. Han medido acciones espectaculares, que evidencian las fisuras cuando no la lucha abierta entre grupos, y persiste la incógnita acerca de la desaparición de Carlos Castaño, de tanta visibilidad y tanto protagonismo en todo el período anterior, pero que ya en el curso de "la fase exploratoria" se va viendo contrapesado, cuando no contrarrestado en su poder, por los otros ocho firmantes del documento con el que se suscribe un acuerdo para la desmovilización, en Julio de 2003, una desmovilización que por cierto, en principio se planteaba para que concluyera en dos años, pero cuyo cronograma irá a coincidir, y no es por azar, con el fin del período presidencial. Puesto que hemos sido bombardeados por los medios de comunicación con una gran cantidad de nombres y alias, y se ha ido atribuyendo mayor poder a uno u otro según las circunstancias, vale la recordar aqupi y transcribir aquí el nombre de los firmantes de ese acuerdo inicial, anunciado el 16 de Julio de 2003: Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, Adolfo Paz ("Don Berna"), Vicente Castaño, "Hernán Hernández", Luis Cifuentes, Ramiro Vanoy, Francisco Tabares, y "Jorge Pirata". Desde esa fecha, y como si fuera un carrusel, los medios han ido señalando a uno u otro de ese grupo-pseudocolegiado- como el verdadero poder en la cúpula. En dicho acuerdo, si la cifra estimada era de la de 10000 hombres a desmovilizar, la expresión geográfica, se aproximaba más a la dispersión real, y mostraba que esas preliminares estaban induciendo una agrupación en Bloques: Bloque Norte, Bloque Minero, Bloque Nutibara, Bloque Pacífico, Bloque Libertadores del Sur, Bloque Tolima, Bloque Huila, y, todavía desagregados, el Frente la Gabarra , y el Frente Farallones del Cauca. Sintomático que aunque sigue siendo el más entrevistado, y cuyas declaraciones son todavía las más enfáticas, Carlos Castaño parece ya entonces perder protagonismo, y de manera acelerada, y sintomático así mismo que aquella parte de la organización que ha creado y tiene su impronta personal, no se mencione de modo explícito.

Asordinadas, las luchas en la cúpula del organigrama paramilitar, van revelando que, a contrapelo de las afirmaciones grandilocuentes acerca de su cohesión, se trata de un poder disperso, y que al igual que en el régimen feudal, cada jefe tiene poder sólo en la medida del control regional que posea, de su grupo regional, y el tamaño de éste, el número de efectivos con los que cuente, es el que indica el peso específico que el jefe en cuestión puede en adelante volcar o hacer valer en la mesa. Pero a la vista está, que la desmovilización como meta han llegado a compartirla, y en la secuencia de entrega, la oportunidad que se busca en cada caso, si se capta una unidad de propósito.

Profusión de nombres de frentes y bloques (con una tendencia a la impostación de nombres de orígenes precolombinos: Nutibara, Calima…) alias que se considerarían pintorescos si no fueran del todo ominosos para las víctimas, y el desfile ante las cámaras y los observadores de efectivos todas las condiciones, y de multitud de armas y de toda suerte de parafernalia bélica.

Lo que han mostrado además en Departamentos como el Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y la Guajira , es que se han formado en la escuela de un gamonalismo político tradicional, son diestros en sacar provecho de las costumbres políticas clientelistas, y están en disposición de emplear a fondo los recursos acumulados para que una vez desmovilizados, así no participen de una manera directa en política, tengan un peso propio en la política local y regional, a través de sus intermediarios.

En cuanto a números, algunos de los observadores, y algunos de los periodistas más perspicaces no han dejado de notar la discordancia entre el número de hombres desmovilizados y el número de armas. Los primeros superan con mucho a las segundas. Una explicación, de oficio, es que dentro de los desmovilizados hay que contar a quienes sólo prestaban apoyo logístico, o hacen parte de redes auxiliares, pero dados los precedentes, la duda es del todo lícita.

Blanda es la ley, pero es la ley

Si se quisiera un registro de lo sinuoso que ha sido el curso de los acontecimientos desde que se dio por terminada la "fase exploratoria", se podría obtener si se siguen el cabildeo y el forcejeo en torno a los diversos proyectos de ley de alternatividad, o de verdad justicia y reparación, o en fin de justicia y paz, como quedó bautizada la que se promulgó, y si se examinan las posturas de las bancadas parlamentarias en torno a ellos, y a los componentes y a las características de la norma que en fin se aprobó, la ley 975 de 2005, así como los intermitentes pronunciamientos de la cúpula paramilitar en torno a ellos. La rápida sucesión de proyectos: Londoño, Borja-Pardo&Parodi, Pretelt&Restrepo, desconcertó al espectador común. Entre el proyecto presentado por Fernando Londoño Hoyos en agosto de 2003 y la ley que se adoptó, para comenzar, hay una sensible diferencia en cuanto a complejidad y a extensión. Conscientes de que se está desbrozando un terreno nuevo, los legisladores han procurado actualizarse en criminología, y en un país con tanta y tan variada materia prima en cuanto a delitos, formas y móviles de criminalidad, (y, para el caso, la variedad de formas letales de violencia empleadas por los paramilitares) encuentran un terreno más que propicio para poner a prueba las más variadas teorías. Un marco legal se hizo apremiante, en la medida en que el anuncio del cese al fuego y las primeras, e inesperadas desmovilizaciones, hicieron visible la ausencia de normas para un tratamiento acorde.

Los 19 artículos del primero de los proyectos, contienen novedades, subyace a él una idea desafiante: el poner en el mismo plano a todos los grupos irregulares, pretender legislar cobijándolos a todos ellos en un mismo tratamiento, empleando para ello la designación más genérica: "Grupos Armados Organizados al Margen de la ley" ³. Una vez divulgado, la mayoría de las críticas se dirigieron a lo laxo del sistema de penas establecido, a la idea misma de una penalidad alternativa que se introducía a nombre de "un nuevo concepto de justicia" contrapuesto al "estrecho concepto de justicia que se centra en el castigo del culpable" (citando en cuanto a la novedad y para el efecto a un conocido filósofo colombiano) que de haberse aplicado habría por cierto diluido la responsabilidad sobre los delitos más atroces. Amén de la discrecionalidad por parte del Ejecutivo para suspender condicionalmente las penas ya estipuladas, todo un exabrupto jurídico. En el mismo sentido, audaces pero inaplicables, del todo exóticas para nuestro medio ("!Oh patria invertebrada¡"), son aquellas propuestas que allí se incluyen de una "restricción geográfica de la libertad" (Art. 16). Con todas sus incongruencias, insuficiencias y omisiones, el proyecto tuvo sin embargo la virtud de abrir una discusión, de suscitar réplicas fundamentadas, de pensar la naturaleza y la duración del conflicto armado colombiano en una perspectiva más amplia, de sacar en limpio todo lo que significa su duración proyectada hacia adelante en el tiempo. Entre tanto, los que se suponía serían sus principales destinatarios, mantuvieron un persistente silencio. Y, con todos los defectos señalados, hay que decirlo, como un acierto, éste primer proyecto consideraba a la verdad, a la investigación sistemática de los hechos, como un supuesto fundamental de cualquier beneficio legal, de cualquier reconciliación posible. "Preservar del olvido la memoria colectiva" lo define como una función de los organismos investigadores; a la vez, que como un derecho de las víctimas; lo que las nuevas corrientes de investigación histórica postulan como "el deber de la memoria", es acogido aquí, aun cuando sean discutibles los mecanismos que contemplaba para garantizarlo.

El proyecto del grupo parlamentario coordinado por Rafael Pardo, se nutrió de una consulta con especialistas, de una serie de audiencias parlamentarias, y del examen de varios modelos de negociación con actores irregulares. Exigente en cuanto a los requisitos para acceder a la ley, gradualista en el tratamiento, hacía énfasis en la reparación con bienes adquiridos de modo ilícito, sujetos a un detallado inventario, y perseguía desactivar los distintos organigramas (también los ocultos) conllevando por demás un tratamiento prudente, gradualista hacia los distintos tipos de delito y era severo en cuanto a las posibles reincidencias. Apuntaba en suma a ese entramado que el poder de las armas había ido logrando, a los nexos que se habían podido establecer entre la acción armada ilegal, y distintos niveles de legalidad local y regional. Teóricamente irreprochable, en su contra sin embargo se fue creando un ambiente adverso en el propio recinto parlamentario, en la medida en que se hicieron patentes sus diferencias con lo que el gobierno pensaba plantear al respecto y tenía ya en su agenda, y los voceros de los paramilitares en Ralito, subían el volumen a sus broncas declaraciones y amagos de ruptura.

Más que justicia transicional, la ley que en fin se promulgó bien podría llamarse de justicia transaccional. Acomodos y concesiones, guiños tácitos de los implicados, ires y venires, cabildeo y forcejeo, e intermitentes intervenciones presidenciales. Relativizar para transar fue la clave; y he ahí que en aras de la relativización, desapareció la verdad como un supuesto de la justicia y de la paz. O como mínimo quedó subordinada, al imponerse el pragmatismo en cuanto al conocimiento necesario: la búsqueda de la verdad puede ser impertinente a los otros objetivos. Respecto de los proyectos previos en la ley aprobada hay un retroceso pues la verdad se pone entre paréntesis. En materia del conocimiento de los hechos, el pragmatismo fue el que terminó abriéndose paso. Hacia el final del texto (Art 57) hay una mención al " deber de memoria " y como una función pública; pero la expresión-francesa, como sabemos- está allí entendida como una labor para los historiadores de las siguientes generaciones, es a ellos a quienes corresponde la tarea de la verdad, como que lo que le asigna al Estado del presente apenas la de acopiar documentos, es la labor de "Conservación de los Archivos" ( que es como se llama al antepenúltimo de los capítulos de la ley) El modo de argumentar es entonces contradictorio: puesto que se lleva a cabo un intento de desactivar la guerra irregular, y hay desfases, en aras de lo posible, pues como asevera Eduardo Pizarro " la ley de justicia y paz no se discute a posteriori, sino en medio del conflicto, y en una negociación que solamente involucra a uno de los polos enfrentados"(…) Las Comisiones de verdad se han conformado siempre en un clima de posconflicto" ⁴. Se asume tácitamente que el proyecto no ha de conseguir la paz, que a la paz se la está parcelando, que la ley es unidireccional, y que investigar los hechos puede por ende exacerbar la violencia de parte de quienes persisten en la guerra. En ese contexto, la investigación a fondo de los hechos, el establecimiento pleno de las responsabilidades, sería contraproducente. Por lo posible en el corto plazo, se sacrifica lo probable en su sentido más lato.

No hay duda que los 73 artículos que conforma el texto de la ley 975 del 2005, Ley de Justicia y Paz, entrañan auténticas novedades, hay que decirlo, un despliegue de técnica jurídica, y a ellos les subyace un ímpetu universalista, la idea de señalar un rasero común, y en esa medida, de darle cierta perdurabilidad a la norma, ubicándola por encima de las contingencias de una guerra irregular, muy prolongada y muy poco popular. Hay que decir también que varios de sus supuestos, así como de las disposiciones que contiene, suscitan dudas acerca de su aplicabilidad.

¿Sedición = rebelión? El género es próximo pero la diferencia específica.

Al persistir en el genérico, "grupo armado organizado"(genérico cuya paternidad intelectual hay que atribuir sin duda a Fernando Londoño Hoyos, como vimos) al igualar por tanto a todos los grupos irregulares, haciendo abstracción de sus orígenes, de su trayectoria, por arte de enunciado, no por ello se le da prioridad en la ley a una modalidad colectiva de desmovilización. Leídos al detalle los artículos correspondientes, el tratamiento para la desmovilización individual es el mismo que el que se contempla para la desmovilización colectiva. Una consecuencia no esperada puede ser la de que la responsabilidad por los crímenes más graves termine diluyéndose.

En términos generales, y para el caso de la guerra irregular, una de las condiciones de la aplicabilidad del DIH es la existencia de "un mando responsable", de una línea jerárquica en la organización de que se trate, que pueda hacerse responsable por las órdenes que imparte y por todas sus implicaciones. Es uno de sus puntos nodales y uno de los obstáculos para su vigencia plena, pues casi siempre resulta escamoteándose, o diluyéndose la responsabilidad respecto de una acción concreta, dada la movilidad y trashumancia, el estado de las comunicaciones, la cadena de estafetas, etc. Y, como es archisabido, y lo han ilustrado bien los "casos célebres" dada su especial gravedad (Las Tangas, los indigenistas norteamericanos, Machuca, Bojayá, o Mapiripán) tratándose de organizaciones clandestinas no suele haber registro documental, constancia escrita de las órdenes, etc.

Cuando hablamos de la degradación, cuando se usa la metáfora de "la espiral de la violencia" se está significando que hay excesos cometidos por varios de los participantes en un conflicto armado, una cadena de acciones recíprocas crecientes en su intensidad y en su carácter letal, y una también creciente tendencia a involucrar o a afectar a los no combatientes, a la población inerme. Una ley que pretenda desactivar un conflicto de tal naturaleza si deja intersticios en la atribución de responsabilidades, si prescinde de diferencias reales en aras de su ímpetu universalista y genérico, termina redundando en márgenes de impunidad.

Tanto la guerrilla como los paramilitares en su accionar han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, y de modo premeditado afectan a la población civil e inerme con sus métodos de guerra ( la enumeración de "casos célebres" hecha antes, guarda, nótese, cierta equidistancia) ; aun así, subsisten diferencias en su accionar, en sus modos de relación con las poblaciones de las zonas en donde actúan que no van a desaparecer con enunciar rasgos comunes, o englobarlos en una denominación genérica. Percibirlas, entenderlas, procesarlas, es indispensable para concebir una norma que opera a plenitud. El penúltimo de los artículos de la ley que comentamos, se propone hacer iguales en sus características y en sus efectos a la sedición y a la rebelión. Los equipara en lo penal, de modo escueto adiciona el Código penal, y pone en el mismo plano a la sedición y a la rebelión. De nuevo el pragmatismo interviene en la forma de una cierta economía normativa, pero, a nuestro juicio, termina confundiendo "la cosa en sí".

Uno de los programas académicos de la Universidad de loa Andes con más consistencia, ha sido el del "Congreso Visible". Nos ha aclarado mucho acerca de la acción cotidiana del poder legislativo, ha contribuido a la transparencia y a la educación para la civilidad política. Desde luego que no lo puede ver todo en el proceso de legislación, el seguimiento que logra hacer es un seguimiento de lo rutinario en el Parlamento, por así decirlo. No logra detectar el cabildeo, ni la acción de los grupos de interés en la trastienda. Para ser mejor entendidas y contextualizadas más adelante, memorables en el mejor sentido, y para los historiadores de la próxima generación, como un tipo distinto de visibilidad a ser reinterpretada y contextualizada y al igual que lo que ocurrió en el caso de la reelección, quedarán las imágenes de televisión del canal institucional que trasmitían mediante grandes planos las sesiones decisivas, vistos desde arriba, las premuras, las recomposiciones, los realinderamientos, los cambios de postura a última hora de los críticos de ambos proyectos hasta el día anterior, la manera en que se consiguió una holgada mayoría tras una ardua discusión ( y también la pequeña historia, y los infaltables rasgos de nuestra picaresca política) en fin, los modos prácticos de funcionamiento de nuestro poder legislativo.

En suma: ¿Una arquitectura legal innovadora?

Tal vez tengan razón quienes sostienen que la técnica jurídica entre nosotros se ha estado haciendo más y más sofisticada, y pongan como ejemplo la ley de justicia y paz, o el decreto que la reglamenta. Sí, al leerlas y procurar sopesar sus alcances no queda duda: seguimos siendo un país de leyes y de juristas. Teniendo como materia prima abundante los multifacéticos hechos de violencia, la multitud de actores y protagonistas de nuestra historia reciente, gobierno, legisladores y sus respectivos asesores jurídicos, en verdad se han esmerado y los dos textos como letra, son un despliegue de tecnicismos jurídicos. No hay empacho en reconocer lo originales que puedan ser en cuanto tales.

Suponiendo que se ha adelantado ya el debate público acerca de la ley, aunque esté lejos de agotarse, se dieron a conocer las 24 páginas del detallado decreto que reglamenta la ley 975 de 2005. Ameritan una lectura también detallada, y un esfuerzo adicional por discernir, sus supuestos, sus alcances y lo que haya quedado entre líneas. Para los sociólogos, uno de nuestros "mantras", casi un "tic" profesional, es la distinción entre la norma en sí, y el grado de validez que se le otorgue por parte de aquellos a quienes aspira a regir. Cualquiera que sea la deformación profesional que se nos encuentre, no deja de reconocérsenos que estamos sensibilizados para percibir los intersticios entre la ley y las condiciones en las que resulta operante y acatada, o, para decirlo con las categorías más universales, entre la legalidad y la legitimidad.

Al leer con lupa dichas 24 páginas, el más exigente de los gramáticos solo hallaría un error de concordancia (y de concordancia en cuanto el género, por cierto) pero para los demás mortales, sean o no aficionados a la gramática, la sensación que deja la lectura es la de que en materia de verdad, y de impunidad sigue quedando la cola del puerco por desollar como diría Sancho.

Junto con detalladas y de seguro irreprochables indicaciones de procedimiento, y de remisión a instancias y a niveles de decisión en lo jurisdiccional, y minuciosas definiciones sobre las calidades de los integrantes de algunas de dichas instancias, sorprende encontrar, relativizadas y un tanto fuera de contexto, categorías universales como verdad y dignidad. Y sorprende, pues en las sustentaciones previas, con lujo de pragmatismo se las ha relativizado. Se nos ha dicho que en tanto no haya paz, la verdad es limitada, parcial o francamente ilusoria, que ha de posponerse la intención de conseguir la verdad en aras de propiciar la desmovilización, que es cuestión de gradualidad, de precedencia en el tiempo o de prioridades en la coyuntura. Y algo semejante va en cuanto a la dignidad. Según se puede deducir, para el referido decreto y sus mentores la dignidad humana consiste condiciones adecuadas para formular la denuncia por parte de la víctima, para sustentarla, en un grado de confidencialidad que evite o ahorre estigmas o nuevos traumas. Una connotación muy limitada que contrasta con el proceso de paz en Suráfrica que se ha citado varias veces y por varios de los participantes como ejemplo: allí verdad y dignidad se entendieron como consustanciales, restituir la dignidad de las víctimas comenzó por establecer la verdad, toda la verdad de lo acontecido. Un insumo clave lo constituyó la estadística completa de las víctimas y de las vejaciones, la verdad no resultó soslayada o impertinente, algo para lo cual, por cierto, la burocracia del régimen del apartheid terminó siendo un instrumento útil pues llevaba bien las cuentas de sus propios atropellos. En sendas columnas periodísticas se ha ventilado un intercambio que con los visos de lo privado responde a necesidades públicas: las cartas cruzadas entre Otty Patiño y Eduardo Pizarro a propósito de cómo se juzgaría a los victimarios del hermano del segundo con la ley aprobada. La de Patiño era una auténtica bomba de profundidad, la respuesta de Pizarro fue oportuna pero elusiva ^5,6. Valdría la pena retomar el asunto a la luz del decreto en cuestión, y por doloroso que pueda ser llevar el ejercicio a su término, respondiendo al interrogante, si por azar el asesino pudiera ser juzgado y se acogiera a la ley: ¿con el presente decreto y en su sentido más universal la dignidad humana de la víctima tendría una genuina oportunidad?

Una coda

Una incógnita a despejar en el futuro inmediato, es la de la consistencia de las redes que los paramilitares han creado en las regiones en donde cuentan con una base social. Tanto las redes de apoyo como las estructuras que permanecen ocultas. Una parte importante del aprendizaje que han llevado a cabo es la de una técnica organizacional para la guerra irregular. También se ha dicho, pero no sobre repetirlo: ahora son diestros en "compartimentalizar", en diseñar estructuras clandestinas que mantienen vínculos difíciles de descifrar, pero efectivos, con una jerarquía operante, tanto como con entes y poderes locales que actúan en la legalidad. En ocasiones la premura les puede y el asunto es tan protuberante, tan de bulto, que hasta el observador de la OEA lo ha podido ver ^7,8.

Una tesis que ha hecho carrera entre los especialistas en estrategia es la de que los paramilitares decidieron negociar cuando comprobaron que habían llegado al límite de su crecimiento como aparato militar, y de que de continuarla por su cuenta de allí en adelante solo podría seguir su declinación y una erosión del poder alcanzado por las armas. Aceptándola en gracia a discusión, de allí se infiere que como imperativo hay que conducir la guerra desde la institucionalidad y con todo lo que implica, y ello también implica llenar los intersticios que ha dejado la ley que ha pretendido regir el proceso, reconocer sus imperfecciones, tener la disposición a reformarla y complementarla.

Al menos, y con todo lo inconcluso que resulte, este singular proceso ha contribuido a sacar a la luz en todas sus dimensiones un engendro que se había incubado por largo tiempo. Y que, tiene muchos padres: menos que nadie la guerrilla puede negar la cuota que le cabe en ello: en algunas de sus ráfagas de lucidez y de sinceridad, off the record , algunos dirigentes guerrilleros así lo han reconocido para algunas regiones: sus propios excesos. Como se ha mostrado en detalle para el Magdalena medio, campañas de secuestros indiscriminados que convirtieron en víctimas incluso a parte de quienes les daban apoyo, terminaron enajenando eso apoyo inicial y creando el más favorable de los climas para que prosperara una reacción feroz en su contra. El paramilitarismo, como diría el poeta " entra en el orden de nuestros días y de nada valdría pretender renegar de sus poderes" pero no en el sentido fatalista de tener que plegarnos a los poderes que ha adquirido, sino en el sentido realista de que no es conveniente negarlos o subestimarlos, ni basta con execrarlos o condenarlos moralmente. Hay que comenzar por reconocer dichos poderes en lo que son, para que exista en consecuencia la voluntad de afrontarlos, y de erradicar las causas que han permitido construirlos como tales poderes.

Sea por inercia e inesperados retrasos en el cronograma inicial, sea que responda a un cálculo estratégico, las cosas se han venido dando de manera que la desmovilización total que en principio se había anunciado para el 2005, apenas vaya concluyendo cuando ya se haya elegido un nuevo gobierno.

REFERENCIAS

1. "La reincorporación de más de quince mil personas", Santafe de Ralito, agosto de 2005.        [ Links ]

2." Paras desmovilizados llegarán a 26000" en El Tiempo, 4 de febrero de 2006, p. 1-4.         [ Links ]

3."Proyecto de Ley Estatutaria N° 85 de 2003" en Gaceta del Congreso Año XII, N° 436, 27 de agosto de 2003, p. 4.        [ Links ]

4."¿Una ley para la impunidad ?",en Boletín del Instituto Elcano (Madrid), 2005.         [ Links ]

5. Patiño Otty, " Carta a Eduardo Pizarro ", en El Tiempo, 11 de diciembre de 2005.        [ Links ]

6. Pizarro Eduardo, " No hay mañana sin ayer ", en El Tiempo , 19 de diciembre de 2005.         [ Links ]

7." OEA denuncia rebrote 'para' en Córdoba ", en El Tiempo , 1 de marzo de 2006. p. 1-7.        [ Links ]

8. "Reinserción está en crisis y pone en riesgo el proceso de paz con la AUC dice informe de verificadores " , en El Tiempo , 2 de marzo de 2006.         [ Links ]