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Análisis Político

versão impressa ISSN 0121-4705

anal.polit. v.22 n.65 Bogotá jan./abr. 2009

 

Diversos y comunes: Elementos constitutivos del conflicto entre comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas en el departamento del Cauca(1)

Diverse and common: constitutive elements of the conflict among indigenous, peasant and afrocolombian communities in el cauca department 

John Jairo Rincón García (2)
Sociólogo, Universidad Nacional de Colombia


RESUMEN
El presente ensayo busca generar una aproximación a algunos de los elementos constitutivos del conflicto por la Tierra y el Territorio en el departamento del Cauca, como a las tensiones latentes y manifiestas existentes entre comunidades Campesinas e Indígenas en torno a la tierra, el territorio, la educación y la prestación de los servicios de salud, exacerbadas a partir de la campaña de "Liberación de la Madre Tierra", con el ánimo de contribuir a la comprensión de dicho fenómeno. Se trata con esta reflexión de intentar comprender con mayor profundidad las implicaciones políticas, sociales y culturales de la configuración multicultural de la sociedad Nacional y de sus consecuencias para el ordenamiento del territorio, a partir del relato de una serie de sucesos y de su contexto, acaecidos en el Departamento del Cauca recientemente e inherentes a las dinámicas locales, regionales y nacionales propias de la constitución real del país.
Palabras Clave: Pueblos Indígenas, Campesinado, Conflicto Social, Tierra, Territorio.


SUMMARY
The present essay aims at generating an approximation to some of the constitutive elements of the confl ict for land and territory in El Cauca department, as well as to the latent and manifest tensions existing between peasant and indigenous communities in connection with the land, the territory, education and health services, exacerbated since the campaign "Liberación de la Madre Tierra" took place. The article intends to contribute to the understanding of the aforementioned phenomenon. This refl ection constitutes an attempt to deeply understand the political, social and cultural implications of the multicultural confi guration of the Colombian society and of their consequences for the organizing of the territory. This is achieved based on a series of contextually narrated events recently occurred in El Cauca Department, inherent to the local, regional and national dynamics of the real constitution of the country.
Key words: indigenous towns, peasants, social confl ict, land, territory.


INTRODUCCIÓN
En días recientes los Pueblos Indígenas volvieron a ser noticia nacional. Con motivo del día de la raza el 12 de octubre de 2008 reactivaron una serie de movilizaciones regionales que reclamaban al gobierno Colombiano el cumplimiento de acuerdos, protección ante la violación sistemática de derechos humanos, mayor atención a los Pueblos Indígenas y la derogatoria de una serie de políticas e iniciativas asociadas al desarrollo nacional y rural, tales como el Estatuto de Desarrollo Rural, las Leyes de Aguas, Bosques y Páramos; e iniciativas de comercio mundial como el Tratado de Libre Comercio. Entre otros aspectos, volvió a resurgir el tema de la tierra como un elemento central de la reivindicación Indígena, puesto en el escenario nacional desde el año 2005 con el proceso de toma de tierras agenciado por comunidades indígenas(3) en el marco de la "Campaña de Liberación de la Madre Tierra". (4) De todas las regiones del país, el departamento del Cauca se ha constituido en el principal epicentro social y político visible de este conflicto por la tierra, evidenciándose una serie de tensiones de carácter local y regional que han vinculado de manera directa a comunidades Campesinas, Afrocolombianas y a habitantes urbanos de diversos centros poblados del departamento.

Dichas tensiones se han expresado a través de marchas de rechazo y/o apoyo a las acciones indígenas, difusión de comunicados y pronunciamientos públicos de gobernantes y ciudadanos; amenazas de muerte a dirigentes indígenas que se han hecho efectivas, creación de organizaciones gremiales que como Fedecampo(5) han impugnado a las comunidades indígenas y sus organizaciones por las actividades desarrolladas en materia de toma tierras, llegando igualmente a cuestionar otra serie de aspectos relacionados a su juicio, con "favorabilidades sociales y políticas" derivadas de la Constitución Política de 1991. A estos hechos se suman las amenazas, asesinatos y acciones armadas desarrolladas contra las comunidades Indígenas, Campesinas y Afrocolombianas por parte de fuerzas guerrilleras, paramilitares e incluso Estatales. Los reclamos de tierras de los últimos meses, han vinculado igualmente a comunidades campesinas, que menos visibles mediáticamente, también reclaman tierra y cumplimiento de acuerdos en diversos temas. Pero más allá de eso, vale la pena interrogarse sobre las motivaciones o hechos que fundamentan las reacciones airadas de las comunidades Campesinas, Afrocolombianas y urbanas que interpelan la actuación de los pueblos indígenas, intentando establecer algunos de los factores que han contribuido a que los ánimos se exalten y se proteste contra comunidades que comparten indicadores de miseria, pobreza y segregación social y espacial.

1. Algunas de las tensiones entre Comunidades Indígenas y Campesinas y sus características
Si bien las acciones políticas de los Pueblos Indígenas organizados en torno al Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC y la Asociación de Cabildos Indígenas del Oriente del Cauca ACIN, han girado en torno a la Toma de Tierras, este hecho se entreteje con una serie de lineamientos sociales y políticos derivados de sus planteamientos en materia de Tierra - Territorio y Ordenamiento Territorial, Etnoeducación, Cultura y Pervivencia de los Pueblos, reconocidos no solo por la Constitución Política de Colombia, sino también por convenios internacionales ratificados por nuestro país, (como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, asumido por Colombia en el año de 1991 mediante la ley 21). Las acciones en materia de tierras han permitido sacar a la luz con mayor profundidad una serie de aspectos de tensión social y política que han venido ordenándose a lo largo de los años, y que a juicio de algunas comunidades Campesinas aparecieron luego de los años 90, justamente después del reconocimiento de derechos inherentes a las minorías étnicas bajo presupuestos de discriminación positiva y acciones afirmativas(6) por parte del Estado Colombiano a promulgar la constitución política de 1991.

Los aspectos más significativos de los conflictos entre comunidades Campesinas e indígenas, se ordenan en torno a los siguientes ejes problema:

  • La expansión de los resguardos indígenas (7)
  • Los Proyectos de educación propia (etnoeducación y administración de Instituciones Educativas)
  • La prestación y de los servicios de Salud

Tomemos cada uno de ellos.

1.1. La expansión de los Resguardos Indígenas
En el año 2005 en el municipio de Totoró se suscitó una situación que nos ilustra sobre el conflicto en torno a la tierra y la profundidad del problema. En el municipio citado, ubicado al nororiente del departamento del Cauca, los indígenas del cabildo de Totoró accedieron a recursos económicos para el saneamiento de resguardos en el año 2004, fruto de procesos de movilización y de acuerdos políticos derivados de ellos, firmados con el gobierno nacional y departamental. Con el dinero asignado en el año 2005, los indígenas buscaron adquirir tierra en su "territorio ancestral". Empero, esta zona del oriente del departamento también es habitada por Campesinos que trabajan la tierra a partir de diversas modalidades de tenencia, uso y aprovechamiento entre las que se cuentan el arrendamiento y la posesión, incluyendo también propietarios titulares con predios escriturados. El municipio es habitado igualmente por colonos venidos de otras latitudes del país. La gran mayoría de la población habita esas tierras hace más de 60 años, y otros incluso, son descendientes de los primeros colonos llegados en las guerras de independencia y asentados allí, al recibir tierras como parte de pago por sus servicios militares.

El cabildo del Municipio de Totoró, compuesto por comunidades Indígenas que se reclaman descendientes de los Totoroes, recibió en oferta de venta, manifestando su voluntad de compra, una porción considerable de una gran hacienda propiedad de una tradicional familia Caucana. La finca se encontraba arrendada a los Campesinos, venciendo el contrato en julio del año 2005. El cabildo no esperó la terminación del contrato y sobre su voluntad manifiesta de compra procedió a ocupar el predio. Esta acción, exaltó el sentimiento de animadversión contra los indígenas por parte de los Campesinos, derivando en una acusación orientada en otros tiempos hacia los hacendados, al calificar a los indígenas de Terratenientes (8). Este señalamiento vino acompañado a su vez de otros juicios de valor a partir de los cuales se juzgaba a los indígenas como "ocupantes de las mejores tierras" y de ser comunidades que no aprovechaban racionalmente los suelos, al impedir su uso productivo, dejándolos sin cultivar. Además de esto se señalaba por parte de la comunidad campesina la condición de privilegiados frente a las condiciones precarias del campesinado con respecto al acceso a recursos económicos y a la tierra misma, en un señalamiento generalizado y reafirmado mediante la frase: "... los indios tienen privilegios y los campesinos no..." La situación derivó en una movilización campesina que incomunico el oriente del departamento con su capital (Popayán), durante varios días y en conatos de enfrentamiento entre comunidades indígenas y campesinas. (Figura 1) 

En el mes de Junio del año 2005 en el municipio de Inzá, se desarrolló una movilización Campesina que por espacio de tres días incomunicó el oriente del departamento del Cauca con el sur del Huila. En ella, tomaron parte campesinos de los municipios de Inzá y Páez. Las reivindicaciones eran concretas: reforma agraria y asignación de recursos económicos del gobierno nacional para la adquisición de tierras por parte de las comunidades campesinas; definición del territorio correspondiente a comunidades campesinas e impulso y constitución de la Zona de Reserva Campesina en el municipio de Inzá; acceso a la educación e incidencia en la construcción de contenidos curriculares; acceso a los servicios de salud y prestación del servicio(9). Como aspectos centrales se ubican las demandas asociadas a Reforma Agraria, buscando favorecer a pequeños y medianos productores en el acceso a la propiedad de la tierra no sólo como factor productivo. También exigían una dimensión simbólica y cultural ligada al ser campesino y al territorio. Esta reclamación a juicio del campesinado, se fundamentaba en...

"... que ha existido una desventaja histórica en el Cauca, del campesinado frente a otros sectores. En ningún momento se hace referencia a que el problema sea con las comunidades indígenas de la región. Sino que por el contrario, es el Estado el responsable de dicha situación al no prestar atención al problema central del campesinado. Dicha situación puede ser percibida a partir de la desigual asignación de recursos financieros por parte del gobierno nacional para la adquisición de tierras para el campesinado en el Cauca. En esta lógica se entiende que el sector campesino esta descuidado por parte del gobierno Nacional"(10).

La reclamación por la Tierra y los recursos financieros para el acceso a ella, se relacionan con una dimensión mucho más amplia: la del territorio. Al respecto en el acta citada se dice que:

"En cuanto al segundo aspecto, el del TERRITORIO, se anota que particularmente en Tierradentro e incluso a nivel nacional, se ha invisibilizado al sector campesino en tanto se piensa que la mayoría de población que lo habita es indígena. En el caso de Inzá, no es así. Es absolutamente necesario que se comprenda realmente como es la situación pues esto incide en los criterios para la asignación de recursos por parte del Estado que contribuirían a resolver los problemas que aquejan a la población... es fundamental reconocer al campesinado como actor socio – político en el departamento. Articulando estos dos aspectos, tendríamos la figura que permitiría realizar estas expectativas, como una de las propuestas (se considera) la proyección de las Zonas de Reserva Campesina"(11).

A este respecto, se demanda por parte del campesinado la definición de un espacio territorial, en tanto se percibe que el gobierno nacional viene otorgando privilegios solamente al sector Indígena, generando tensión entre el campesinado y las comunidades indígenas. En el acta de acuerdo se hacía alusión finalmente a la participación del campesinado en la construcción de la Ley de Ordenamiento Territorial, en lo que competía a la configuración de las Entidades Territoriales Indígenas y la creación de Resguardos.(12) La protesta termina con la conformación de una comisión de diálogo compuesta por funcionarios del orden departamental y nacional para abordar el problema.(13) A la fecha, este no era el único hecho derivado de la relación con la Tierra entre indígenas y campesinos. En la misma localidad de Inzá en el año 2004, se genero una tensión entre comunidades campesinas e Indígenas fruto de la constitución de un Cabildo Indígena y de la intención manifiesta por los cabildantes de iniciar el proceso de legalización del resguardo, para lo cual comenzaron trámites ante el Ministerio del Interior, concretamente ante la Dirección de Etnias. La comunidad campesina argumentaba ante el recién creado cabildo la no intención de permitir el ordenamiento del Resguardo, reivindicando su permanencia en ese territorio por más de 40 años, como su ascendencia y tradición campesina, ante la disolución de los resguardos indígenas a lo largo del siglo XIX. Muchas de estas situaciones se han presentado en otras municipalidades tales como Miranda, Corinto, Sotará, Piendamo, Caloto y Santander de Quilichao. En estas últimas, se han involucrado igualmente mandatarios locales, habitantes urbanos, industriales y comunidades Afrocolombianas.

Empero, las tensiones por territorio y asignación de predios para resguardos indígenas no se presentan solamente entre indígenas y campesinos. Al interior de las comunidades indígenas este es un problema cotidiano, en tanto se definen los límites de resguardos que están en proceso de acreditación. Cuando esto se presenta, se suscita una contradicción entre los mismos indígenas, que deriva en algunos casos en la muerte de miembros de las comunidades(14). Sumemos otro ingrediente: la compra de tierras por narcotraficantes y la expansión de frontera agrícola hacia zonas de páramo para cultivos de coca y amapola, sin contar la ganadería extensiva. A primera vista, podríamos pensar que hacemos referencia a un problema de titulación de predios y reconocimiento de la propiedad. Si bien esta es la apariencia del "asunto" la cuestión es mucho más profunda, siendo difícil aprehenderla desde los parámetros definidos por el pensamiento "occidental disciplinar". En este tema se conjugan dimensiones de identidad cultural y política, ligadas a la construcción simbólica y material del territorio como de la comunidad misma. Estos aspectos son relevantes tanto para la comunidad Indígena como para la Campesina.

Dentro de los parámetros de la normatividad vigente, la constitución de resguardos implica como pre requisito, la conformación de un cabildo en un territorio que se reclame como ancestral, en virtud de la demanda explícita en la que se requiere la preexistencia de una autoridad tradicional (en uso y costumbre indígena) asentada en el territorio que se nombra ancestral. Luego de ello, la comunidad que se reclama Indígena, inicia el trámite ante el Ministerio del Interior (Sub Dirección de Etnias) para su reconocimiento, requiriendo de un estudio socio económico que ratifique muchos aspectos de índole socio cultural y arqueo histórico para ser reconocidos, dando cuenta de la ancestralidad en la relación de los indígenas con el territorio. En este aspecto, el Movimiento Indígena ha buscado mediante diversos mecanismos(15) el acceso a "sus territorios". Uno de ellos ha sido la toma de tierras, otro la compra de predios con recursos propios derivados de la cooperación internacional o con recursos públicos percibidos a través de las transferencias de la nación o adquiridos mediante movilizaciones y acuerdos de carácter político(16). También a través de disputas jurídicas ante tribunales nacionales e internacionales. La compra de tierras encierra un componente significativo y trascendente del conflicto potencial entre indígenas y otras comunidades, sean Campesinas, Afrocolombianas o habitantes de centros poblados, máxime si en un contexto de concentración de propiedad, la disputa se sintetiza particularmente en territorios compartidos con otras comunidades rurales en las zonas de ladera.

Dichas zonas a lo largo del tiempo han configurado un ordenamiento socioeconómico y de estructura de tenencia y propiedad de la tierra en los que son comunes tanto para indígenas como para campesinos, la pobreza y la concentración de la propiedad, no justamente en manos de los indígenas como se muestra permanentemente. El ordenamiento del territorio en materia de propiedad se soporta en una estructura de micro y minifundio, como de pequeñas y medianas unidades productivas, exacerbando las tensiones si se pretenden ampliar los resguardos en zonas, que si bien se reclaman como ancestrales, fueron ocupadas a lo largo del siglo XX por colonos venidos de diversas regiones del país, o como en el caso de las comunidades Afrocolombianas, por habitantes que fueron traídos a la fuerza para ser empleados como mano de obra en las minas y las haciendas. En la Localidad de Páez, departamento del Cauca, coexisten hace varios siglos comunidades Indígenas, Afrocolombianas y Campesinas, siendo "favorecidas" por la discriminación positiva o las acciones afirmativas las dos primeras, en tanto el campesinado difícilmente se ha visto beneficiado. Las tres comunidades demandan tierra. En el municipio de Buenos Aires, como en otras zonas del departamento comparten territorio indígenas, afros y campesinos.

1.1.1. La Población Caucana y la Tierra: estructura de ocupación, propiedad y uso
El departamento del Cauca tiene una extensión aproximada de 3.050.900 hectáreas, correspondiendo a cerca del 2,5% del territorio nacional. Político administrativamente esta ordenado en 42 municipios, distribuidos en 6 sub regiones a saber: norte, centro, Pacífico, oriente, sur y Macizo. Poblacionalmente según el censo Dane 2005, el departamento está ocupado por 1.268.937 personas pertenecientes étnicamente a pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas; habitantes urbanos auto reconocidos como mestizos y población campesina. El 40,53% del total de la población habita en centros poblados, mientras que el restante 59,47% mora en espacios rurales. La población indígena asciende a 247.987 personas, (21.50% del total) organizadas en 83 resguardos ubicados en 26 de los 42 municipios. En total ocupan 544.000 hectáreas, distribuidas entre los pueblos Coconuco, Embera, Eperara, Siapidara, Guambiano, Inga, Nasa, Totoró y Yanacona; algunos de ellos, antiguos federados de la Confederación Pubenzina en que se encontraba ordenado el territorio antes de la llegada de los Españoles. Su ubicación en el departamento corresponde mayoritariamente a la sub región nororiental, al centro y sur del departamento. El Cauca, en conjunto con la Guajira y Nariño, concentran aproximadamente la mitad de los indígenas del país. (DANE:2006) (Mapa Nº 1)

Mapa Nº 1
Porcentaje Municipal de la población y ubicación según origen étnico. Cauca, 2005.

Fuente: ICAG, 2005. Citado en Gamarra, 2007. página 26.

La Población Afrocolombiana se organiza en torno a 119 comunidades, en 3 municipios en los que les han sido titulados Territorios Colectivos de Comunidades Negras TCCN, bajo 15 títulos, ascendiendo la tierra titulada a 501.617 hectáreas, ubicadas principalmente en las sub regiones pacífica, norte y macizo. 256.042 personas, (22.19% del total) se autodefinen como afrocolombianos en el departamento. Con respecto al total nacional, el departamento concentra el 17.98% de la población Indígena y el 6,01% de la Afrocolombiana. Los Afrocolombianos se ubican hacia el norte del Cauca, principalmente en los municipios de Buenos Aires, Caloto y Villarica. En la mayoría de estas localidades, la extensión de tierra por familia, no superan las 1.5 hectáreas (has). Igual suerte corre la población Afro localizada en el municipio de Páez.

Sin embargo, vale la pena resaltar que cerca del 90% de los 42 municipios se rige por lógicas rurales mediadas por las actividades agrícolas, pecuarias, mineras, pesqueras y agroindustriales entre otras. Así entonces, cerca del 60% de la población seria rural. Atendiendo a esta consideración, se podría tratar de inferir que de las restantes 649.581 personas (56.31% de la población) que se definen como mestizas, contándose dentro de esta el campesinado, difícil de distinguir en virtud de la invisibilización ante el Estado y la sociedad, podríamos estimar que de éste porcentaje cerca de 390.000 personas serían campesinas, descontando la población de Popayán la cual asciende a 257.512 habitantes. De esta manera, tendríamos que cerca del 32% del total de la población sería potencialmente campesina(17). (DANE: 2006).

Nos encontramos entonces ante una configuración socio cultural y política supremamente diversa no por determinación constitucional, sino de facto. Cada una de estas comunidades establece con el territorio una relación distinta que reproduce y recrea el espacio habitado, en virtud de las oportunidades sociales, políticas, culturales, económicas y ambientales; entendiendo además que el espacio se ordena a partir de las relaciones de poder, del ordenamiento de las relaciones sociales de producción en el territorio, como de la incidencia de la ciencia y la tecnología, en periodos de tiempo definidos. A partir de estos aspectos, tenemos en esencia una sociedad local y regional Diversa. Así, el fundamento de la diversidad no es la ley, sino la sociedad en sí misma y las relaciones que se establecen entre comunidades, como con la naturaleza. (Tabla Nº 1)

Tabla Nº 1
Vocación de los suelos según su aptitud Has. Departamento del Cauca.

Fuente: Gamarra, 2007: Página 53

1.1.2. Características de la tierra y su propiedad.
Del total de hectáreas de las que dispone el departamento 44,67% deberían destinarse a la conservación por corresponder a zonas de protección forestal y de recursos hídricos e hidrológicos. En total las zonas con vocación de conservación ascienden a 1.341.693 has. Con vocación forestal se cuentan 769.987 has. 25,64% del total; en materia agro forestal el departamento tiene cerca de 554.000 has. correspondiendo al 18,45% del total. Con vocación agrícola en el departamento se cuentan 259,989 has, 8.66% del total. Para ganadería por vocación, deberían destinarse a penas 59.955 has. es decir el 2.% del total del área del departamento; sin embargo, a esta actividad son dedicadas 925.000 hectáreas que representan un poco más del 30%. En cuerpos de agua, el departamento cuenta con 17.424 has, el 0,58% de su extensión.

"Como se puede ver en el Mapa 3, la franja central del departamento tiene aptitudes para la agricultura y sólo una pequeña porción de territorio al norte tiene vocación para pasturas. La zona oriental, el macizo y la bota, son en su mayoría tierras con poca vocación comercial, con limitaciones para el uso agrícola y con vocación principal hacia la conservación forestal y agroforestal. La zona del Pacífico también presenta poca disponibilidad de suelos agrícolas: en su mayoría tienen aptitudes forestales y agroforestales. La misma fuente indica que menos del 3% de los suelos tienen una fertilidad alta y que cerca del 32% tienen fertilidades "bajas" y otro 25% muestran fertilidades "muy bajas". (Gamarra: 2007:13 y ss.)

Mapa Nº 2
Distribución de la tierra según vocación productiva. Cauca, 2005.

Fuente: ICAG, 2005. Citado en Gamarra, 2007. página 9.

Si comparamos el mapa número 2, en el que se muestra la ubicación de los pueblos Indígenas y de las comunidades Afrocolombianas, con el mapa número 3 en el que se muestra la vocación productiva de los suelos en el departamento del Cauca, e infiriendo la ubicación de la población campesina, podríamos establecer que la mayoría de habitantes se localizan en zonas con condiciones agroecológicas frágiles, ocupando ecosistemas estratégicos, suelos de ladera y costeros; estos últimos habitados principalmente por comunidades Afrocolombianas. En esta estructura de ocupación, se debe destacar la estructuración de formas de tenencia basadas en pequeñas y medianas unidades productivas, que coexisten con propiedades privadas de titulación colectiva de las comunidades Negras e Indígenas; (resguardos y TCCN). Por otro lado, se distinguen las plantaciones agroindustriales asentadas en los Valles inter andinos sobre los ríos Cauca y Magdalena, destacándose la gran propiedad. Estos aspectos son importantes a la hora de establecer una relación entre el número de hectáreas asignado a una u otra comunidad rural, las condiciones agroecológicas de los suelos, su productividad y competitividad en la estructura de mercado, así como las condiciones de favorabilidad o no para la subsistencia de las comunidades rurales, brindando elementos además para valorar las reivindicaciones sociales y políticas que elevan al Estado mediante diversas estrategias los pueblos indígenas, las comunidades Afrocolombianas y campesinas. Si a estos aspectos enunciados sumamos dimensiones culturales y cosmogónicas como en el caso de los pueblos indígenas, o de carácter étnico como el que se le atribuye a las comunidades Afro y campesinas, el panorama se hace mucho más complejo de entender.

Mapa Nº 3
Distribución de la suelos según fertilidad. Cauca, 2005.

Fuente: ICAG, 2005. Citado en Gamarra, 2007. página 57.

Si el grueso de las comunidades rurales se ubica en zonas de ladera, distinguidas como se ha anotado de las zonas de valle, se podría observar en el mapa Nº 3, todos en su conjunto ocuparían suelos de bajos rendimientos agrícolas, pero a la vez de alta fragilidad ecosistémica como se pudo observar en el mapa Nº 2.

Si se establece la estructura de propiedad a partir de la información suministrada por Catastro Departamental, se observa que el 40.33% de los propietarios concentran el 0.91% de la superficie del departamento. En lo que concierne a unidades menores de 1 has 23.56% de los propietarios concentra a penas el 2.43% de la superficie. Si se agrega la información, agrupando los predios de menos de 1 has hasta 20 ha, se identifica que un poco más del 90% de los propietarios concentra a penas el 15% de la superficie del departamento. Siguiendo con la agregación, los predios mayores a 20 has e inferiores a 100 corresponden al 6.65% de los propietarios y al 13.59% de la superficie. Por su parte, los predios mayores a 100 has e inferiores a 500, concentran el 9.8% de la superficie en manos del 0.86% de los propietarios. Los predios de más de 500 has e inferiores a 2000, concentran el 5,45% de la superficie en manos del 0.56% de los propietarios. Finalmente los predios mayores a 2000 has abarcan el 24.16% de la superficie en manos del 0.10% de los propietarios. Estos datos no incluyen los territorios de comunidades negras ni de pueblos indígenas.

Volviendo a las comunidades Indígenas y Afrocolombianas, cada una de ellas posee respectivamente el 20.99% de la superficie, correspondiendo al 0.04% de los propietarios, en tanto los Afrocolombianos son dueños del 11.02% de la superficie total del departamento. Podría parecer a primera vista que ambas comunidades concentran gran porcentaje de la propiedad, pero no olvidemos, como señalamos anteriormente, las condiciones agroecológicas de los suelos ni la construcción simbólica y cultural(18). De todas maneras, vale la pena destacar con respecto a las unidades menores a 50 has. que su participación porcentual con respecto al área es mínima, en tanto que con relación al número de propietarios del departamento, supera el 90%. (Tabla Nº 2)

Tabla Nº 2
Estructura de propiedad de la Tierra según tamaño. Departamento del Cauca

Fuente: Elaboración propia, con base en la información consignada en Gamarra, 2007. Datos base suministrados por Planeación Departamental del Cauca.

Bajo estas lógicas, (...según un informe elaborado por el Banco Mundial en el 2004, el Cauca era el segundo departamento en Colombia con mayor concentración en la tenencia de la tierra cuando se consideraba el valor de la misma, y el cuarto cuando se consideraba su extensión. A pesar de los intentos por mejorar la situación de tenencia de tierra en el Cauca en las últimas décadas, el problema lejos de mejorar se ha intensificado. (19) Por otro lado, más del 90% de la tierra que ha sido intervenida por el hombre tiene problemas de uso, en especial, por la sobreutilización. Los problemas de pobreza rural y el significativo peso que tienen las pequeñas explotaciones parecen estar ejerciendo gran presión sobre los recursos.) (Gabarra: 2007;36)

Continuando con la argumentación esbozada(20) y tomando como referencia los resguardos ubicados al norte del departamento del Cauca tendríamos lo siguiente: si el análisis se sitúa exclusivamente en la extensión del territorio versus la población agrupada por núcleos familiares, cada una de ellos dispondría de 10,75 has, partiendo de una asignación total de 159.631.4 has y un número de 14.843 familias. Si consideramos además que cada familia se compone aproximadamente de 5 miembros, el total poblacional aproximado seria de 74.215 habitantes con una disposición individual de tierra, menor a una hectárea. Si incorporamos en el ejercicio las condiciones biofísicas de la sub región, el análisis cambia radicalmente y por ende la disposición de tierras aptas para actividades agrícolas y pecuarias se reduciría drásticamente. La información referenciada denota que la disponibilidad de tierra para uso productivo de los Indígenas Nasas del Norte del Cauca es mucho menor de la hectárea para cada individuo y menor de las 10,75 has. como hipotéticamente se podría establecer, como correspondiente a cada familia indígena. La información recopilada hasta el año 2005 por las autoridades de los resguardos indígenas del norte del departamento del Cauca, indica que del total de las hectáreas solamente se dispone de 13.712 has, (el 8.25% del total) para actividades productivas con uso restringido cuando las pendientes son mayores al 30%. (Tabla Nº 3). Por otro lado, al relacionar la altitud con la vocación productiva de los suelos tendríamos que 13.172 has de tierra se ubican entre los 1000 y los 1700 m.s.n.m. con un uso potencial que implica actividades productivas. Entre tanto, 145.919.2 has. se encuentran por encima de los 1700 m.s.n.m. siendo su destino la conservación y las zonas de reserva forestal, no solo por vocación, sino también en virtud de la cosmovisión indígena. (Tabla Nº 4)

Tabla Nº 3
El caso de los resguardos indígenas Nasa del Norte del Cauca

Fuente: CRIC, 2005.

Tabla Nº 4
Disponibilidad de tierra, según rango altitudinal, Norte del Cauca

Fuente: CRIC, 2005.

1.1.3. Asignación de tierra a pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrocolombianas.
Con la compra de tierras se presenta en la actualidad un problema profundo, en tanto el territorio del sur occidente del país como hemos visto, se compone particularmente de pequeños y medianos productores rurales cuyas propiedades no exceden en lo sumo las 50 has sin contar la concentración de tierra en manos de latifundistas. En el caso de Tierradentro - Cauca como en otras zonas del departamento, la compra de tierras ha derivado en la intención manifiesta por parte de los indígenas de adquirir predios en territorios ocupados por el Campesinado, conduciendo en el mediano y largo plazo a la pérdida de la relación con el territorio y por ende al desvertebramiento de la comunidad Campesina. En otros casos, como ha sucedido recientemente, se opta por la toma de tierras ocupando grandes haciendas. Situación similar se ha presentado en zonas ocupadas por comunidades Afrocolombianas.

Se debe entender que la comunidad Campesina, si bien no ha logrado en el Cauca construir un referente organizativo sólido o comparable siquiera con el CRIC que le permita ser referencia obligada en diversos campos, está tratando, sobre la base de su historicidad, de construirse como tal, reivindicando su derecho al Territorio y a la Tierra. Vale la pena anotar sin embargo, que en el departamento del Cauca existen organizaciones Campesinas que en otros momentos de la historia han hecho significativa presencia el escenario político regional y nacional, reivindicando derechos para las comunidades campesinas. Entre muchas otras organizaciones campesinas del departamento existentes en la actualidad podemos destacar las siguientes: Movimiento Campesino de Cajibío; Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA; Asociación Campesina de Inzá, Federación Sindical Agraria Fensuagro, Asociación de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios AGROPEMCA, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC - UR; Asociación de Paneleros Sur del Cauca. Hacia el norte del departamento destacan igualmente Asociaciones Campesinas de los Municipios de Miranda, Corinto y Caloto (21). Por parte de las comunidades Afrocolombianas destacan entre otras, las siguientes: Unidad Afro Norte del Cauca UAFRO; Proceso de Comunidades Negras PCN; Palenque Alto Cauca y AFRONTAC-El Tambo.

Empero, se debe comprender por parte del movimiento indígena que la estrechez del territorio no es un capricho del Campesinado, en tanto su permanencia en el sur del país y en el Cauca, como en muchas otras zonas de Colombia, se origina potencialmente en el despojo de tierras realizado a partir de dinámicas de violencia en aras de la modernización de la producción agrícola, pero también de la incidencia del narcotráfico y del conflicto armado entre otras variables. Esta es la historia del Valle del Cauca, el Eje Cafetero, el norte del Cauca, del sur del Huila; así como de los valles interandinos productores de palma aceitera y nichos de ganadería extensiva. Qué decir de la costa atlántica?

Al impulsarse la producción agroindustrial y priorizarse el mercado internacional como la venta del patrimonio ambiental, los campesinos que no quedaron empleados como jornaleros de los ingenios o las minas, fueron expulsados del territorio mediante el uso de la violencia. Lo mismo sucedió con la producción cafetera en el sur del Huila y el centro del país. Igualmente, el desplazamiento del campesinado se origino a partir de las guerras de independencia, las cuales implicaron la expulsión de población de muchos sitios del territorio nacional y su reasentamiento en diversas regiones del país. Cuando el indígena reclama ancestralidad sobre el territorio, olvida que el campesinado, si bien no tiene más de 100 años de pervivencia en estas zonas, tampoco buscó venir o llegó por antojo (22) y que al igual que el indígena, también tiene derecho sobre el territorio. En algunas ocasiones se olvida que tanto uno como otro en tanto, seres humanos, tienen derecho a existir y demandan para ello de un territorio. Si a estos aspectos le agregamos como elemento de análisis el componente sociocultural de las comunidades afrocolombianas la situación se hace más compleja (23). (Tabla Nº 5)

Tabla Nº 5
Participación por comunidades predios adquiridos INCORA - INCODER, consolidados 2002 - 2005.

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por INCODER- CAUCA. Popayán, 2005.

Un repaso somero por las cifras sobre asignación de tierras en el departamento por parte del desaparecido Instituto Nacional para la Reforma Agraria INCORA y el actual INCODER nos da una idea aproximada del conflicto actual por tierras en el Cauca. De un total de 885 registros de asignación de tierras consolidados entre los años 2002 y 2005 por parte las entidades referidas en el Cauca, se observa que las entidades adquirieron 215.845,1 has por valor aproximado de $37´141.773.591,2 millones de pesos. 30,28% fueron asignadas a comunidades campesinas; 67,34% a pueblos Indígenas; 2,15% a reinsertados y 0,23% a desplazados. De estas asignaciones la mayor proporción en área corresponde a comunidades Indígenas con el 65,40%, seguida del campesinado con el 34%; los reinsertados y la población desplazada por la violencia participan con el 0,65% y el 0,21% del área respectivamente, correspondiéndole mucha más área al grupo de reinsertados que a desplazados.

En apariencia se podría juzgar como lo afirman algunos, que efectivamente los Indígenas son terratenientes. Sin embargo, como buen artesano, hilemos más fino. Si desagregamos de todos los registros algunas variables bajo las cuales acceden los Indígenas a las tierras y el período de mayor o menor asignación, tendremos lo siguiente: aproximadamente 89 predios que suman cerca de 13.000 has. fueron adquiridos de diversas maneras a saber, acuerdo de Munchique Huellas luego de la masacre de indígenas en Caloto, para un total de 7 predios y 550,1 has; 10 predios por extinción de dominio con un total de 5.181,3 has. Por expropiación 2 predios, que sumaban en total 2 has y finalmente, predios adquiridos y pendientes por legalizar: 70, para un total de 7.664,9 has.

Ahora bien, los Indígenas a parte de los títulos coloniales figuran con reconocimiento territorial en esta y otras regiones del país desde los años cuarenta, fecha en la cual les empezaron a ser devueltos nuevamente algunos de sus territorios, derivado este proceso de las hazañas de Manuel Quintín Lame y de las dinámicas de organización social que junto con el campesinado desarrollaron las comunidades rurales en el seno de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC. Pero antes de profundizar en estos aspectos, valdría la pena ubicar espacialmente los municipios en los cuales les fueron asignadas tierras a las comunidades indígenas y campesinas. Cabe anotar que en estos registros no se discrimina a la población Afrocolombiana en virtud de que la entidad los asociaba con campesinado. Un ejercicio poco riguroso de espacialización de las transacciones de tierra consignadas en los registros consolidados en el Incoder, sin precisar muy bien la localización de los predios de manera georeferenciada, nos permite apreciar los municipios en los cuales se ha concentrado la adquisición y asentamiento de comunidades indígenas y campesinas en virtud de la acción Estatal. (Mapa Nº 4) (Mapa Nº 5)

Mapa Nº 4
Municipios en los que se han adquirido predios para comunidades indígenas INCORA-INCODER 2002-2006
Departamento del Cauca

Fuente: Mapa elaborado con base en los registos de INCODERCAUCA. Datos consolidados a Marzo de 2005.

Mapa Nº 5
Municipios en los que se han adquirido predios para comunidades campesinas INCORA-INCODER 2002-2006
Departamento del Cauca

Fuente: Mapa elaborado con base en los registos de INCODERCAUCA. Datos consolidados hasta el año 2002.

A primera vista podríamos apreciar la concentración de asignación predial en la zona nor oriental del departamento para el caso de las comunidades indígenas, en tanto que para el campesinado se extiende a lo largo de la zona centro, llegando incluso a la Bota Caucana, concentrando sin embargo gran porcentaje de las adquisiciones en los municipios del Nor oriente del departamento, en la misma sub región habitada por comunidades indígenas. Recordemos además las condiciones ambientales y agroecológicas de estas zonas referidas anteriormente. Visto de otra forma, se ha comprado y asignado tierra por parte del Estado en las mismas zonas de tensión social entre comunidades Indígenas, Campesinas y Afrocolombianas. Esta afirmación, la podemos soportar al combinar los dos mapas. Tenemos entonces que la mayor concentración de predios se ubica en la sub región del nor oriente del Cauca. (Mapa Nº 6)

Mapa Nº6
Municipios en los que se han adquirido predios para comunidades campesinas e indígenas
INCORA-INCODER 2002-2006
Departamento del Cauca

Fuente: Mapa elaborado con base en los registos de INCODER- CAUCA.
Datos consolidados en diversos registros años 2002 y 2006.

Por rangos de propiedad los predios entre 0 y 200 has. representaban el 77.73% de los predios adquiridos y el 23% del área. Los predios entre 200 y 600 has representan el 17.86% del área. Los predios de entre 600 y 3000 has. participaban con el 3.84% del total de predios adquiridos y el 19.48% del área. Finalmente, los predios de más de 3000 has representan el 0.57% de los predios y el 33% del área adquirida, bien para el cumplimiento de acuerdos, de leyes o de disposiciones de reforma agraria. Esta discriminación nos permite establecer que el grueso de predios adquiridos fueron pequeñas y medianas extensiones sin que la gran propiedad fuera afectada significativamente, en un departamento en el que índice Gini es superior al 0.8. (Mapa Nº 7)

Mapa Nº7
Coefi ciente de Gini distribción de la tierra.
Municipios del Cauca. 2007

Fuente: IGAC, 2005. Citado en Gamarra, 2007, página 57.

Sin embargo, ambas entidades (Incora e Incoder) recibieron en oferta de venta 619 predios rurales en 32 municipios, equivalentes a 65.884 hectáreas que no fueron adquiridos, entre los años 1984 y 2002. En esta oferta de mercado destacaba el municipio del Patía con 42 predios ofertados, seguido de Piendamo, Popayán, Mercaderes, Santader de Quilichao, El Tambo y Morales. Qué factores incidieron para la no adquisición de estos predios, teniendo en cuenta que su adquisición hubiera podido incidir en la disminución de la presión ejercida hacia el norte del departamento en materia de demanda de tierras? Máxime si consideramos que la mayor oferta de predios se concentraba hacia el centro y el sur, en un contexto en el que los conflictos están a la orden del día? (Tabla Nº 6)

Tabla Nº 6

Fuente: Tabla elaborada por el autor con base en información suministrada por INCODER-CAUCA.
Popayán, 2005.

En total, sumando baldíos por adjudicar con las tierras demandadas por los campesinos y los indígenas, tendríamos aproximadamente una demanda estimada de 537.941 has. Para el año 2005, a juicio de las Comunidades Indígenas la demanda particular de tierras se había incrementado a 218.000 has.

Argumentaban entonces que:

"Las comunidades indígenas buscando el desarrollo del espíritu de la Constitución nacional sobre concertación y participación, prefirieron durante la década del 90 acudir a mecanismos como la comisión del decreto 982(24) de 1999, antes que a mecanismos como la toma directa de tierras que se habían implementado durante las décadas del 70 y el 80. Sin embargo, la participación en estos mecanismos no ha mostrado más que la falta de voluntad política de los diferentes gobiernos y la improvisación institucional. Desde que entro en vigencia la constitución de 1991 hasta la firma del convenio de la María se habían comprado por el INCORA, el Ministerio de Gobierno y la Corporación Nasakiwe (25), 17.635 hectáreas, de las cuales 6.013 has. correspondían a la indemnización por la masacre del Nilo (26). Un promedio de 1960 hectáreas por año. Durante la vigencia del decreto 982 de 1999, lo más importante que se ha logrado en el tema de tierras es ubicar la necesidad de las comunidades, que como ya se dijo, según estudios socioeconómicos del INCORA es de 218.000 hectáreas. Sin embargo la adquisición de tierras ha sido mínima, después de la firma del decreto." (CRIC: 2005)

Tabla Nº 7
Necesidad de tierras por zonas, Departamento del Cauca, Estimado Secr. Planifi cación y Coordinación 2002

Fuente: Tabla elaborada por el autor con base en información suministrada por INCODER-CAUCA. Popayán, 2005.

Las tierras que demandan campesinos y afrocolombianos
Para el año 2002 la Secretaría de Planificación y Coordinación de la Gobernación del Cauca estimaba la demanda de tierras por comunidades rurales campesinas e indígenas en 314.557,54 has. Para campesinos se requerían 202.097 has y para los pueblos indígenas 112.460,54 has complementarias a los territorios ya adjudicados, legalizados o no. Además de esto la Secretaria ubicaba la necesidad de titular 223.384,4 has de baldíos. Por sub regiones, las de mayor demanda de tierras para población campesina eran: la zona sur con 66.432 has, seguida de las zonas Norte, Centro, Costa Pacífica y Macizo Colombiano. Luego destacaban la zona oriente con 7.190 has y la Bota Caucana con una necesidad estimada de 6.222 has. (Tabla Nº 7).

De manera particular para el norte del Cauca, la Asociación nacional de pequeños y medianos productores campesinos de desarrollo rural integrado (27) reclamaba para el campesinado la compra y adjudicación de 2.500 hectáreas en los municipios de Santander de Quilichao y Caloto, compromiso este adquirido por el Estado con las comunidades campesinas movilizadas en el año de 1997 en la localidad de Rio Blanco. Sumado a lo anterior, el campesinado de esta organización demandaba la conformación de la Zonas de Reserva Campesina (ZRC) como fundamento de la seguridad alimentaria de sus comunidades y de los procesos de ordenamiento territorial. Por su parte, la comunidad Afrocolombiana de esta sub región, en carta enviada al presidente de la república demandaba para sí, la adquisición de 98.722 hectáreas(28). Como se puede apreciar, las cifras citadas difícilmente coinciden, permitiendo evidenciar potencialmente la carencia de información precisa que permita estimar el déficit de tierra que afecta a comunidades campesinas y Afrocolombianas, pues como se ha observado, la población indígena a partir de múltiples estudios ha logrado generar una aproximación estimada a sus necesidades de tierra, en tanto el campesinado y la población afro carecen de esta caracterización. Lo cierto, independientemente de los datos, es que tanto campesinos como afrocolombianos también necesitan tierra y un espacio vital para habitar. (Gráfico Nº 1)

Gráfico Nº 1
Porcentajes de asignación de predios por año a comunidades indígenas - Departamento del Cauca.
INCORA-INCODER 1944-2005

1.1.4. Territorio, normas y reconocimiento a la particularidad en la Constitución Política de 1991 para pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y campesinas
Una observación general sobre los porcentajes de asignación de tierras a pueblos indígenas, desde los años 40 hasta el año 2000, partiendo de los registros del Incoder nos permite establecer que sólo hasta el año de 1990 las comunidades indígenas empezaron en el departamento a ser titulares de sus territorios, incrementándose la asignación de predios en el año 92, para luego decaer y volver a repuntar hacia el año de 1996, decayendo nuevamente y volviéndose a reactivar en el año de 1998, pero con menor ímpetu que en los años anteriores.

Ahora bien, varios factores podrían contribuir a este hecho. En primer lugar, la lucha histórica de los Pueblos Indígenas por el reconocimiento de la sociedad mayor, que en el marco de la Campaña de Autodescrubrimiento les permitió hacer su entrada a la década del 90, sobre la base de la herencia política acumulada en décadas anteriores en torno al Movimiento Campesino. En segunda instancia se podría referir la creación del CRIC en el año de 1971 y posteriormente las otras organizaciones regionales Indígenas. Otro aspecto trascendente lo constituye la Constitución política de 1991 y la incorporación Integracionista en el orden social y político del país de las comunidades Indígenas, pasando por otras dinámicas sociales como la desmovilización de la guerrilla Indígena Manuel Quintín Lame y su reincorporación a la vida civil.

Finalmente, como un elemento trascendental se cuentan los ejercicios de movilización social y política que les ha permitido agenciar propuestas como el Mandato Indígena y Popular, la Consulta Popular sobre el TLC en conjunto con organizaciones Campesinas y comunidades urbanas; la Campaña de Liberación de la Madre Tierra y recientemente la instalación del Parlamento Indígena y Popular, sumado todo esto a la movilización de más de 30.000 indígenas al resguardo Indígena de la María en Piendamó Cauca y la marcha a Cali en octubre de 2008 como la Minga Indígena y Popular que marcho desde el Cauca hasta la ciudad de Bogotá(29). En su conjunto, estas acciones han mantenido vivo en el imaginario nacional como en el escenario político no sólo a los Pueblos Indígenas, sino el problema de tierras en particular. Empero, desde una perspectiva más amplia, se podría pensar que la sociedad demanda una política de ordenamiento del territorio que parta de la configuración diversa de la sociedad nacional; eso sin contar las demandas políticas en materia de inversión pública, tratados de libre comercio, políticas de desarrollo rural, códigos mineros y forestales elevadas por los pueblos indígenas, las comunidades Afrocolombianas y Campesinas al gobierno nacional.

Derivado de muchos de estos procesos, otro elemento importante lo constituye la configuración de organizaciones partidistas, que debatidas entre el movimiento y el partido concebido desde el ideario liberal, buscan insertarse en la democracia formal de la sociedad mayor(30). Vale la pena anotar que éste último hecho se realiza a partir de la desmovilización de la Guerrilla Indígena Quintín Lame, como de la tradición de lucha de los pueblos indígenas en Colombia, logrando no sólo el reconocimiento como pueblos en la Constitución Política de 1991, sino además circunscripciones electorales especiales para formar parte de las estructuras políticas formales del Estado Colombiano. De esta manera, constituyeron organizaciones de partido para ingresar a los cuerpos colegiados del Congreso de la república: Cámara y Senado, surgiendo la Alianza Social Indígena (ASI) y Autoridades Indígenas de Colombia AICO como representantes de los intereses políticos de los Indígenas para acceder a la circunscripción especial, obtenida luego de la constituyente de 1991.

Por otra parte, vale la pena destacar como elemento articulador de todo este proceso la estrategia política del movimiento Indígena que logró convertir en lineamientos de política y organización social, principios culturales, éticos y filosóficos, sintetizando en cuatro aspectos trascendentes su que hacer social y político: Territorio, Cultura, Autonomía y Gobierno Propio, rigen como base, la acción del Movimiento Indígena, condensando los principios estratégicos del Movimiento, constituyéndose estos elementos en los pilares que sostienen y ordenan la acción social y política de los Pueblos Indígenas, tendiendo a subordinar las prácticas en las organizaciones de partido.

Entre tanto, a pesar de las fuertes y significativas movilizaciones recientes del campesinado Caucano, sucedidas en 1989, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006,2007 y 2008, como de las dinámicas promovidas por el Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA y en otras oportunidades por la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria Fensuagro, el campesinado pareciera haber ido desapareciendo del espectro político regional y nacional, languideciendo incluso la más reciente plataforma Política del Campesinado y la población rural expuesta en el Mandato Agrario que vio la luz en el año 2003, dando paso a los movimientos cívicos, las organizaciones no gubernamentales, las de desplazados y ahora a las organizaciones de víctimas. Esta dinámica de aparente ocaso, no puede ser entendida sin apelar a las dinámicas de violencia organizada contra el campesinado, que escapan a la reflexión central de este ensayo.

Ahora bien, si retomamos uno de los aspectos enunciados anteriormente, y particularmente el que hace referencia a la Constitución Política de Colombia, encontramos que los Indígenas fueron reconocidos en sus derechos como Pueblos, sumándose este reconocimiento a los derechos comunes a todos los ciudadanos y ciudadanas colombianas. En el marco de este proceso, los contenidos expuestos en el Convenio 169(31) de la Organización Internacional del Trabajo, consideraban de manera particular que:

(Art. 13... 1. al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna manera y en particular los aspectos colectivos de esa relación. 2. La utilización del término "tierras" en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo cual cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de a alguna manera.

En el artículo 14 el mismo convenio señala que: 16 1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente utilizadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.

En el artículo 19, se señala que: Los Programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de: a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico, b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya poseen .)

Luego de muchos años de lucha, los Pueblos Indígenas vieron realizado su derecho constitucional a existir y ser diversos, (art 7); a la Autonomía Territorial y a la conformación de Entidades Territoriales Indígenas, (art. 1, 286 y 329); a la autonomía política a partir de la configuración de autoridad propia, (art. 287 y 330); a la fundamentación y ejercicio de la justica propia y su jurisdicción (art. 249 y 330), así como a la construcción de una autonomía económica que posibilitara la formulación de Políticas y Planes de Desarrollo propios (art.287 y 330).

Para ello, facultaba la Constitución la asignación de recursos propios mediante las transferencias del presupuesto general de la nación a los resguardos Indígenas reconocidos por el Estado Colombiano, fundamentando la determinación en los artículos 287, 330 y 357 de la carta política. Además de esto, consideraba como principio la participación con voz de las comunidades Indígenas en la determinación sobre la exploración y explotación de recursos naturales en territorios indígenas. En materia de autonomía cultural, se reconocía constitucionalmente la Educación y la lengua propia (art. 10), como los derechos sobre las riquezas arqueológicas de los territorios y de la nación. Finalmente, se abría después de mucho tiempo la oportunidad de acceder a la representación política de los Indígenas en el Congreso Nacional. En el Senado, mediante el art. 171 de la CP y en la Cámara, a través del art. 176, definiendo la circunscripción especial reglamentada posteriormente. En el caso de las comunidades indígenas residentes en zonas de frontera y particularmente en el caso de los Indígenas Wayuu de la Costa Norte Colombiana, se reconocía la doble nacionalidad. (art. 96)

En cada una de las áreas en las cuales la Constitución Nacional y la lucha del Movimiento Indígena realizaron estos presupuestos, fueron expedidas leyes y decretos, alimentados la mayoría de las veces para su realización a través de la Movilización Social Indígena. Así entonces entre otras muchas normas destaca en materia de Tierras, Territorios y resguardos Indígenas, la legislación considera desde el Decreto de 1820 que ordena devolver a sus naturales dueños los resguardos, firmado por el Libertador Simón Bolívar, hasta la normatividad más reciente: Decreto 2303 de 1989(32); Ley 44 de 1990 (33); Decreto 2388 de 1991 (34); Ley 41 de 1993 (35); Ley 160 de 1994 (36); decretos 2663 de 1994 (37) y 2164 de 1995 (38). Así sucesivamente en otros temas: resguardos y transferencias indígenas, Ley 60 de 1993; Ley 80 de 1993; Decretos 1980 de 1993, 840 de 1995, 2680 de 1993, 1386 de 1994 y Ley 48 de 1993.

Con relación a Cabildos Indígenas fueron promulgadas hasta el año de 1940 las siguientes normas relacionadas con el tema: ley 89 de 1890; Decreto 74 de 1898; Decretos 162 y 357 de 1920; Decretos 700 de 1936 y 50 de 1937. Con respecto a otros temas como Salud y Educación en Comunidades Indígenas, la legislación es igualmente prolífica. Así en Salud cuentan con la ley 10 de 1990, el decreto 1811 de 1990; la resolución ministerial Nº 005078 de 1992; la circular Nº 07 del 9 de abril de 1997 y la Ley 691 de 2001, sin referir las disposiciones que en materia de salud tiene la Ley 100 de 1993. En materia de Educación, se cuentan entre muchos otros los decretos 812 de 1961, 2230 de 1986, 804 de 1995, 1490 de 1990; la ley 115 de 1994; y la resolución ministerial 9549 de 1986. En materia de recursos naturales y medio ambiente se fundamenta su acción en las leyes 99 y 70 de 1993; como en los decretos 2665 de 1998 y 710 de 1990.

No se trata de hacer una descripción detallada ni mucho menos un análisis minucioso de la legislación Indígena, ni tampoco de cuestionar los logros derivados de procesos socio políticos tan significativos para la nación en su conjunto y para los pueblos Indígenas en particular. Simplemente quiero dar un panorama general sobre el universo normativo que cobija a las comunidades y pueblos indígenas, fruto del espíritu de multiculturalidad que embargó al país en la década del 90. Justamente, muchos de estos presupuestos se encuentran cuestionados en la actualidad y se tejen procesos de reforma constitucional y normativa para retroceder en el tiempo e incluso, negar las conquistas alcanzadas hasta la fecha, no solo por los pueblos indígenas, sino también por la sociedad en su conjunto.

Este proceso no sólo cobijo a las comunidades indígenas. También los afrocolombianos se vieron beneficiados, aunque con cierto tinte de discriminación, al destacarse las comunidades negras del pacífico bio geográfico, sobre las demás de la costa Caribe y los Raizales. Igualmente los gitanos o comunidades Room. En el caso de los Afrocolombianos, sin que la legislación sea tan extensa, vale la pena resaltar la Ley 70 del 93, se constituyo en el pilar fundamental en torno al cual se tejió el andamiaje político que hace realidad el articulado transitorio de la Constitución Política de 1991 (39).

El rápido repaso efectuado por la normatividad asociada a los pueblos Indígenas, obedece más bien a la idea de intentar establecer las implicaciones prácticas de estos postulados en territorios compartidos por comunidades diversas, y en las que los principios de acción afirmativa o discriminación positiva terminan afectando la convivencia y la multiculturalidad, justamente a partir de las ideas de integración, homogenización y reconocimiento de la particularidad, atentando contra la diversidad socio cultural, que en este caso, caracteriza al departamento del Cauca, como a otras regiones y zonas insulares del País.

1.1.4.1.El territorio para las comunidades afrocolombianas y campesinas
En desarrollo del mandato constitucional del artículo transitorio 55, el Congreso de Colombia promulgo la ley 70 de 1993 por medio de la cual reconoció a las comunidades negras el derecho a la propiedad colectiva sobre los territorios ocupados ancestral e históricamente, refiriéndose esta caracterización en la ley, de manera exclusiva al pacífico colombiano, dejando por fuera a las comunidades raizales como a los pobladores afrocolombianos de las zonas continentales del interior y la costa Caribe colombiana.

La ley reconoció a estas comunidades como grupo étnico con identidad cultural propia, señalando la obligación del Estado para diseñar mecanismos y promover su bienestar, así como su autonomía con relación a la administración y aprovechamiento de los recursos naturales y de sus territorios. En 1995 fue expedido el decreto 1745 adoptándose los procedimientos para hacer efectiva la titulación de los territorios a estas comunidades, asignado la competencia Estatal al desaparecido Instituto Colombiano para la Reforma Agraria Incora, reglamentándose adicionalmente en este decreto la creación de los Consejos Comunitarios. En febrero del mismo año se creó en el Incora la División de Atención a Comunidades Indígenas y Negras, adscrita a la subgerencia del instituto. Actualmente esta responsabilidad está en manos de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, con dos subdirecciones que atienden separadamente las necesidades de los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas. De forma similar a la ZRC, el Territorio de Comunidades Negras (TCN) se propone como un mecanismo de conservación y protección ambiental, viéndose a los ojos del Estado la titulación de territorios colectivos como una estrategia de etnodesarrollo, fortalecimiento de la territorialidad Afrocolombiana, reconocimiento y protección a la diversidad étnica del país. En estas unidades territoriales, la administración y manejo del territorio se promueve entre otros instrumentos a través de la construcción de planes de ordenamiento y manejo ambiental y la constitución de Consejos Comunitarios. A julio de 2002, el Estado Colombiano a través del Incora había otorgado 87 títulos colectivos con una extensión aproximada de 3.939.454 hectáreas, beneficiando a 39.702 familias (216.186 personas).

Para el caso del campesinado, sin contar con normativas constitucionales particulares que lo favorezcan, en los años noventa se propuso como instrumento para la conservación ambiental y la preservación de la comunidad campesina la Zona de Reserva. A partir de los evidentes problemas de la sociedad que afectaban y afectan al campesinado, relacionados con la concentración de la tierra, la ampliación de la frontera agrícola, el deterioro ambiental de ecosistemas, la expulsión y desplazamiento del campesinado por la presión del latifundio y el narco latifundio (que ya empezaba en los años noventa a ser evidente en las regiones del país), el desestimulo estatal a la producción campesina y el conflicto armado interno, se propuso la Zona de Reserva Campesina (ZRC) como una figura que más allá de asignar tierras, constituyera una forma organizativa para la defensa del territorio; es decir un espacio de protección e impulso a la economía campesina. (Incora: 2001; 196)

A juicio de Darío Fajardo, los antecedentes de esta figura se encontraban en:

"(...) los diversos modos de organización de los campesinos en su lucha por la tierra, lo mismo que los mecanismos para defenderla, conservarla y trabajarla, señalando que una propuesta inicial con ese mismo nombre se acordó en la región del Duda (Meta) cuando se inició la aplicación de la ley 30 de 1988."

La constitución de la ZRC podría darse a solicitud de los representantes de la comunidad y organizaciones sociales que expresaran los intereses de colonos y campesinos de una región; por parte de las entidades oficiales que hicieran parte del Sistema Nacional de la Reforma Agraria y del Sistema Nacional Ambiental; de los Gobernadores y Alcaldes; de los Comités Departamentales de Desarrollo Rural y de Reforma Agraria y de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Campesino. Con la figura de la ZRC el campesinado se comprometía a defender los recursos naturales a cambio de la permanencia en sus territorios con el apoyo del Estado. En esencia, la ZRC se constituía como propuesta, en una forma de organización y defensa del territorio, de la economía campesina y de los recursos naturales, creada con base en la organización de la comunidad rural campesina. En la ley 160 de 1994, las ZRC eran definidas como:

"(...) áreas geográficas seleccionadas por la Junta Directiva del Incora, teniendo en cuenta las características agroecológicas y socioeconómicas regionales, y donde el Estado deberá tener en cuenta la efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los campesinos, incorporando una propuesta de origen campesino, en la cual se establece un conjunto de actividades encaminadas a la estabilización y el desarrollo empresarial de las economías campesinas en las áreas de colonización. Este planteamiento fue concebido en sus orígenes como una estrategia productiva y ambiental, en la medida en que fue motivada por el propósito de estabilizar la frontera agrícola y la preservación de los ecosistemas frágiles." (Incora: 2001; 197)

No fue sino hasta el año de 1996 que el gobierno nacional reconoció la importancia de las ZRC expidiendo el decreto 1777, a través del cual les concedió condiciones preferenciales en cuanto al otorgamiento de subsidios, incentivos y estímulos para estabilizar la economía campesina. Esta determinación coincidió con las marchas campesinas efectuadas en los departamentos del Amazonas, Orinoco y Magdalena Medio en el marco de las fumigaciones áreas contra cultivos de uso ilícito y la agudización del conflicto armado. Así entre 1996 y 1997 se constituyeron las primeras zonas de reserva. El extinto Incora a través del acuerdo 024 de 1996 fijo los procedimiento para la constitución y delimitación de las ZRC. Posterior a la expedición de estos decretos reglamentarios y resoluciones fundadas en la ley 160 de 1994 se constituyeron las ZRC de El Pato Balsillas (40) (San Vicente del Cagúan); ZRC del Guaviare (41) (Guaviare); ZRC del Sur de Bolívar(42) (Bolívar), posteriormente en esta región se impulsaría la constitución de la ZRC del Valle del Rio Cimitarra. En el año 2000 fueron constituidas las ZRC Bajo Cuembí y Comandante, en el departamento del putumayo, municipio de Puerto Asís(43) y la ZRC de Cabrera en Cundinamarca. Esta última tenía una extensión de 43.000 hectáreas y una población estimada de 9.300 habitantes.

Luego de ser constituidas las primeras zonas, el gobierno Colombiano con apoyo del Banco Mundial, formuló y desarrollo el proyecto piloto de evaluación y sistematización de las experiencias de ZRC en el país, con el objetivo de construir una metodología replicable que permitiera la implantación generalizada de las ZRC en Colombia. (Incoder - Minagricultura) El proyecto evaluaba que:

"Cuando se conforma una ZRC, los beneficiarios pueden actuar efectivamente junto a las organizaciones y personas que representan sus intereses, así como junto a las entidades públicas y privadas que las apoyen; las comunidades pueden actuar por sí mismas y para sí mismas, teniendo en cuenta sus necesidades específicas y sus propias maneras pacíficas de resolver los conflictos. De igual modo, cuando se crea una ZRC se tienen en cuenta intereses particulares y comunes que, puestos en juego, sirven para llegar a acuerdos que beneficien a todos. Sobre la base del respeto mutuo, la participación activa y decida de todos los interesados y el cumplimiento de los acuerdos y compromisos adquiridos las reservas campesinas no sólo cumplen los objetivos planteados en la legislación vigente sino que se convierten en espacios valiosos para la implementación de políticas de desarrollo rural sostenible en el país con miras a mejorar las condiciones de vida del campesinado en el país." (Incoder-Minagricultura.)

Sin embargo, a pesar de la importancia que esta figura puede revestir para el país y las comunidades campesinas, el Estatuto de Desarrollo Rural o ley 1152 de 2007:

"(...) deja las ZRC reducidas a áreas de periferia, cada vez más alejadas de los mercados y con menos posibilidades de articularse a la economía nacional y al desarrollo institucional. Es un entierro de tercera de las ZRC, concebidas en los noventa." (Procuraduría: 08)

En la actualidad, la mayoría de ZRC fueron suspendidas sin mayor argumentación gubernamental. Este hecho sin embargo no implica que la figura no constituya una herramienta absolutamente importante para contribuir a la resolución de los problemas rurales del país.

1.2. Proyecto Educativo Propio
La educación para el caso de las comunidades indígenas es fundamental, en tanto ellos ubican el proceso educativo dentro todos los ejes estratégicos de construcción de su movimiento. En este sentido, la Autonomía, el fortalecimiento de la Cultura, la lucha por el Territorio y la búsqueda de la Unidad, se construyen a través de la educación. Ésta construye Cultura, recupera y fortalece la identidad y la autonomía; permite el reconocimiento del Territorio y posibilita la construcción de la Unidad entre los pueblos indígenas y de éstos con otros sectores de la población. En el caso concreto que nos ocupa para el departamento del Cauca, la educación permite confrontar tres contradictores históricos de los pueblos indígenas a saber: la Iglesia, el Estado y los Terratenientes.

Por otro lado, la educación permite edificar el pensamiento propio y reconocer el pasado de lucha, contribuyendo estos aspectos al fortalecimiento organizativo de los pueblos indígenas. Por esta razón se ha buscado que la educación deje de estar en manos de la Iglesia, (para el caso de Tierradentro - Cauca(44), e incluso del Estado. La disputa por la administración de instituciones y centros educativos por parte de los Indígenas es percibida igualmente como parte de esta estrategia; aunque en este aspecto el Movimiento Indígena ha cabalgado durante muchos años sobre las favorabilidades otorgadas por la ley, o mediante la movilización han logrado que la legitimidad de sus reivindicaciones se positivice en el derecho. Éste es el caso del decreto 804 sobre etnoeducación, que aplica también para comunidades Afrocolombianas. Igualmente al lograr erigirse en oferentes del servicio público de la educación, las organizaciones indígenas han logrado materializar aspiraciones políticas.

En el departamento del Cauca particularmente, el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, en el contexto actual de las políticas educativas, ha optado por convertirse en oferente del servicio de educación en los territorios indígenas (léase Resguardos legalmente constituidos y en proceso de legalización, saneamiento o ampliación), implicando este hecho varias cosas: por un parte, el nombramiento de docentes avalados por cabildos indígenas. Por otro, la disputa por la administración de las instituciones educativas de los territorios indígenas y la construcción de una propuesta Educativa propia que incluya todo el proceso de formación desde la básica primaria hasta la Universidad, transitando por la constitución de centros de investigación.

Desde varias organizaciones campesinas se juzga el hecho tangible de que el Cric se convierta en oferente del servicio educativo como algo que contribuye a la privatización de la educación. Si bien pudiera ser cierto, debe a la vez aceptarse que la estrategia del movimiento indígena considera como presupuesto el aprovechamiento de espacios institucionales que les permitan materializar sus objetivos colectivos. El problema concreto es que esta dimensión del problema, vuelve a incorporar el Territorio pues se disputa la prestación del servicio educativo no sólo en aquellos resguardos constituidos y reconocidos por el Estado, sino también en aquellas zonas en las que la definición territorial está referida al campesinado. Además de esto, se suma el hecho de incidir en las comunidades campesinas a partir de la oferta de puestos de trabajo, para el caso de los docentes, convirtiéndose ellos en agentes políticos del movimiento indígena en territorios campesinos. Así es percibido por el campesinado.

Sobre la base de éstos elementos, las comunidades Campesinas y Afrocolombianas juzgan varios aspectos. Uno de los más trascendentales y que atraviesa transversalmente todas las dificultades es el problema de la definición de Territorio Indígena en aquellas zonas en las que no existe resguardo (45) legalmente constituido, pero en la que se aspira a organizarlo por parte de las comunidades indígenas, para lo cual se ha constituido Cabildo (46). Regularmente esto sucede en zonas ocupadas por comunidades Campesinas, que ante la oferta económica realizada por los cabildos sobre sus predios, terminan vendiendo al resguardo su predio, favoreciendo este hecho no solo la ampliación de la influencia política y organizativa en la comunidad, sino también el territorio; realizando su estrategia política. El problema educativo, se relaciona entonces con el del Territorio. Por otro lado, la contratación de docentes por parte de los cabildos Indígenas es vista por el Campesinado como parte de la estrategia de ampliación de resguardos y de cooptación de población no indígena para el Movimiento, atentando esto contra la identidad del Campesinado.

Siguiendo con este asunto, la educación en el proyecto Indígena tiene otro fundamento: la enseñanza de la lengua mediante la etnoeducación, según sea la comunidad Indígena. En el caso del Pueblo Páez la enseñanza del Nasa Yuwe es asumida como algo esencial en la construcción de la identidad indígena. Esto debe ser imperante en los territorios indígenas. Hasta aquí muy bien. Pero para el Campesino aprender Nasa es algo que potencialmente "ofende", en tanto se percibe que la aspiración del movimiento indígena es que la gente campesina se vuelva indígena. Argumento discutible, pero a la vez parte fundamental de la tensión que se respira en el Cauca entre indígenas y campesinos.

El proyecto educativo según sea la comunidad indígena es nombrado de diversa manera, ya sea Proyecto Educativo Comunitario PEC, ya Proyecto Educativo Social PES. Lo cierto es que se funda en la educación contextual, siendo está el presupuesto trascendental para garantizar una armónica relación entre la Escuela y la Comunidad. En esta línea de ideas reviste gran importancia la experiencia adelantada por las comunidades indígenas a partir del trabajo agenciado en pro de la construcción de los Proyectos Educativos Comunitarios PEC, orientados hacia la formulación de un Sistema Educativo Propio, entendido como: (47)

"... una red que articula procesos, interrelaciona dinámicas, espacios, tiempos experiencias, niveles educativos y modalidades en función del perfil de sociedad y proyecto de vida  individual y colectivo que buscamos. Supone una construcción colectiva a partir del territorio como fuente de vida, donde todos los aspectos se relacionan y manejan de manera integral.  Así mismo, identifica y construye una educación comunitaria, intercultural y bilingüe, fundada en una relación de armonía y equilibrio con nuestra madre tierra; creativa y autónoma, que brinda espacios de aprendizaje y reconstrucción del saber colectivo para la formación de niños, jóvenes, adultos y comunidades en general, propugnando el pleno desarrollo personal y colectivo"(48). (Gráfico Nº 2)

Gráfico Nº 2
Sistema Educativo Propio

El proyecto educativo planteado por los pueblos indígenas se estructura en base a los siguientes aspectos:

a. Construcción a partir de experiencias y procesos reflexionados y construidos por la misma comunidad. En esta dinámica la "educación es un proceso que convierte a cada persona y colectivo en sujeto de su propia historia".

b. La Construcción colectiva de conocimiento. Saberes, tradiciones y vivencia colectiva se constituyen en el fundamento de este aspecto, en el que el trabajo colectivo propicia la construcción de mingas de pensamiento con el objetivo fundamental de conocer y formar a la comunidad en estrecha relación con su pasado y el territorio.

  • La Investigación como recursos de aprendizaje y como contenido formativo. En este sentido, desde "una visión participativa, el proceso pedagógico asume la investigación como el recurso principal para el desarrollo de los aprendizajes".
  • El papel de las lenguas en la dinámica del sistema educativo. Este aspecto en la dinámica pedagógica exige que en las escuelas y procesos de enseñanza se sucedan con fundamento en las lenguas originarias que contribuyan a reproducir el pensamiento y la cultura propia.
  • Formulación de Proyectos Educativos Comunitarios como unidad básica de desarrollo educativo a nivel de las comunidades y resguardos.
  • Educación fundamentada en los procesos organizativos y de reivindicación social alternativos a la educación oficial.
  • Concebir a los maestros como articuladores de los procesos educativos.

h. Construcción de escuelas comunitarias como instancias del accionar colectivo de las comunidades.

En esencia el PEC pretende realizar el proyecto de vida indígena(49) en un contexto nacional, ajustado a la especificidad socio cultural de los pueblos indígenas, pero que perfectamente puede propiciar una reflexión trascendente para las comunidades rurales, indistintamente de si son o no Indígenas pues sus fundamentos pedagógicos y conceptuales así lo indican. El PEC busca relacionar cuatro dimensiones ligadas a la necesidad del ser Humano, dentro de una visión del desarrollo o mejor del contra desarrollo, divergente de lo que domina, de lo hegemónico. Dichas dimensiones se presentan a continuación: (Figura 2)

Fuente: CXAYUCE. Ídem, p. 25.

El Proyecto busca finalmente impulsar y consolidar la formación comunitaria escolarizada y semi escolarizada garantizando el acceso a la educación con calidad y cobertura total a partir del reconocimiento de la tradición, la cultura propia y el fortalecimiento del territorio.

Acercándonos a otra experiencia desarrollada en el Cauca, concretamente en el municipio de Cajibío, el proyecto educativo se nombra Comunitario y se construye pensando en la población Campesina. Parte de un criterio en el que se "actúa localmente y se piensa globalmente" (50). Esta propuesta define los siguientes aspectos:

"- Sujetos de la educación: los niños, las niñas y los jóvenes, los maestros y los padres y madres, todos aquellos actores que conforman idealmente la Comunidad Educativa. Entendiendo que en esta propuesta, todos aprendemos de todos, aprendemos en comunidad a través de las relaciones que estas comunidades han establecido con el contexto social, económico, político y cultural.

  • La Educación como derecho. Es de vital importancia comprender las responsabilidades que le tocan al Estado y a la comunidad en el diseño e implementación de un modelo educativo que le aporte al fortalecimiento de la organización social. Es necesario que nos quede claro cuál es el papel del Estado y cual el papel de la comunidad educativa, cuáles son nuestros deberes y cuales nuestros derechos, así como la identificación de los marcos jurídicos que nos abrigan como comunidad.
  • Educación Contextual. Esto es, repensar las prácticas pedagógicas en los contextos sociales, políticos, culturales, ambientales y económicos que viven nuestras comunidades, nuestra región, nuestro país" (51).

En este contexto, la propuesta educativa es una apuesta incluyente de educación no homogenizante, pues es una iniciativa que surge del seno de las comunidades, nutriéndose de sus saberes, su cultura y sus prácticas sociales; construyendo de manera dinámica un modelo pedagógico que sustente el pensamiento de los que han abordado lo comunitario como proceso social. Este proyecto promoverá la convivencia y no el conflicto, en tanto parte de la comprensión del contexto en el cual se construye, comprendiendo que las comunidades diversas comparten territorios construidos socialmente desde hace décadas, sin que este aspecto se convierta en una contradicción irreconciliable entre unos y otros.

La experiencia de trabajo construida en torno a los PEC Indígenas y las apuestas del campesinado por la construcción de su proyecto educativo, deben necesariamente converger en el Territorio. Encaminados hacia este horizonte, desde hace más de 13 años la organización no gubernamental Maestra Vida en el departamento del Cauca viene agenciando un proyecto de formación campesina. Nacida de la experiencia adelantada por el Colegio Verde de Villa de Leyva, fundamenta su trabajo en la educación ambiental del Campesinado en campos como la agro ecología y la producción agropecuaria, reconociendo el territorio como el eje central del proceso de formación y, a la vida, como la dinámica que aporta los elementos esenciales para el aprendizaje a partir de la experiencia y la cultura. De esta manera, lo pedagógico se arraiga en la cotidianidad de los niños y niñas que participan en esta experiencia. La escuela es concebida como un espacio abierto, "sin puertas ni muros" que posibilita el flujo del cocimiento interiorizado en la vida cotidiana, permitiendo establecer una conversación entre este saber y el conocimiento científico. Esta dinámica se teje a partir de la formulación de proyectos de aula en la que los presupuestos de la agro ecología guían el que hacer tanto de docentes como de los jóvenes y jovencitas vinculados al proyecto educativo.

Igualmente se fomenta la formación artística, partiendo de la idea que todos los niños y niñas tienen capacidades para asumir dinámicas de autoaprendizaje o desarrollar los programas acelerados de aprendizaje. Pedagógicamente se parte del gusto y el interés del joven, configurando una institución educativa de carácter comunitario que busca enamorar nuevamente a los jóvenes del campo. La formación estimula procesos mentales en los que se debe comparar, analizar, profundizar en la lógica, la resolución de problemas y la formulación de propuestas, estimulando a la vez la comprensión y la lectura. Los valores, la formación ética y la relación con la comunidad son otros de los pilares sobre los cuales se construye esta experiencia pedagógica. No se forman individuos, se promueve la formación en comunidad y la autonomía. Este aspecto en particular se potencia a partir del desarrollo de talleres con la comunidad campesina y los padres de familia en virtud de los cuales se realizan ejercicios tales como inventarios de flora y fauna, recuperación de suelos, cultivos limpios, cuidado de cuencas hidrográficas, mejoramiento de vivienda sobre la base del cultivo de la guadua, entre muchos otros. La escuela se constituye entonces en un espacio que vincula el mundo real con la formación y no en un espacio que le da la espalda a la realidad.

Visto este panorama, los Pueblos Indígenas no son los únicos que agencian la construcción de proyectos educativos contextuales, pues comparten la iniciativa con el campesinado y las comunidades afrocolombianas. De todos ellos, el Campesinado pareciera estar en desventaja en virtud de la estructura de oportunidades derivada del ordenamiento jurídico - político sintetizado en la Constitución de 1991, las leyes y decretos reglamentarios como en los programas de entidades públicas y privadas que buscan materializar los presupuestos de la "discriminación positiva o de las acciones afirmativas", en una suerte de discriminación que intentando reforzar a una comunidad, termina contribuyendo a la marginación y discriminación de quienes no son indígenas o negros, y que a la vez demandan como seres humanos, de procesos de formación ajustados a dimensiones socio - culturales y ambientales.

1.3. La prestación de los servicios de Salud
En movilizaciones anteriores los indígenas han logrado una suerte de favorabilidades en materia social que efectivamente el campesinado no tiene, en tanto su capacidad de movilización y su poder de negociación han sido minados militar y políticamente de diversas maneras por el Estado y por agentes privados mediante el ejercicio de la violencia paramilitar. Fuera de esto, los indígenas cuentan con una especie de doble ciudadanía: una por ser colombianos y otra por su condición de indígenas, mientras el campesinado pareciera ser un ciudadano de tercera categoría.

A este respecto y luego de la promulgación de la Constitución Política de 1991 como anotábamos anteriormente, las comunidades indígenas soportan sus acciones en una serie de leyes y decretos que facultan la toma de decisiones. Tenemos entre algunas de las normas las siguientes: Ley 10 del 10 de enero de 1990, por medio de la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud; el Decreto 1811 de agosto 6 de 1990, a partir del cual se reglamenta la Ley 10 de 1990 en lo concerniente a la prestación del servicio de salud para las comunidades indígenas, atendiendo usos, costumbres y determinaciones de las autoridades tradicionales; Resolución 005078 de junio 30 de 1992, del Ministerio de Salud, mediante la cual se adoptan normas técnico administrativas en materia de medicina tradicional, terapias alternativas y se crea el Consejo Asesor para la conservación y el desarrollo de las mismas. En el mismo sentido se aplica la Ley 691 de 2001, mediante la cual se reglamenta la participación de los grupos étnicos en el Sistema General de Seguridad Social en Colombia.

En este sentido, los indígenas dentro del sistema actual de salud han construido su propia ARS manejando los recursos de salud asignados por régimen subsidiado, significándoles el acceso a recursos económicos, pero a la vez la promoción de la medicina tradicional. Como se maneja la noción de capitación por número de personas afiliadas, muchas cosas entran a jugar.

i. El crecimiento de los recursos económicos que permitan el desarrollo de programas específicos, significando en la práctica el incremento en el número de afiliados indígenas, con el ánimo de mejorar la capitación.

ii. Incrementar la población censada como indígena, implica fundamentar mucho más la necesidad de territorio y a la vez, los censos de salud se emplean para justificar ante el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio del Interior el incremento de población indígena, lo que redunda en el aumento de los recursos de transferencias del Sistema de General de Participaciones a los resguardos indígenas.

iii. Al crecer el censo poblacional de indígenas, para muchos resguardos se incrementa también su potencial electoral, incidiendo no solo a nivel nacional en Cámara y Senado, sino también en la configuración de los poderes regionales como el CRIC, la ACIN, AICO y la Alianza Social Indígena.

Es probable que estas estrategias sean impulsadas por algunos líderes indígenas de manera perversa en tanto no defienden los intereses del común indígena, sino su propio beneficio, o por líderes que terminan sirviendo a los intereses hegemónicos de las elites regionales y nacionales, a partir de su filiación liberal - conservadora, pasando por encima de los principios ordenados por el Movimiento Indígena. Si esto es así, no importa con quienes se haga alianza, ni las implicaciones para el movimiento social en general. En esta medida, se ha impulsado la afiliación de las comunidades campesinas a los cabildos y el traslado de población campesina a la ARS indígena. Esto ha suscitado en el movimiento indígena muchos problemas, pues efectivamente la gente, ante la carencia de salud y de otros servicios, ha buscado resolverse la situación vinculándose al cabildo. Cuando el movimiento indígena exige cumplir con las responsabilidades, la gente se niega y viene el problema concreto: se deslegitima la autoridad indígena y se erosiona el movimiento. Se afecta entonces la estrategia, pues la vinculación al cabildo no se gesta en virtud de los planteamientos estratégicos del movimiento, sino que se realiza fundamentalmente por la satisfacción de una carencia material, que no es política, ni mucho menos socio cultural.

Por otro lado, el Campesinado argumenta que los indígenas "compran conciencias e incitan a la gente a meterse al cabildo sin ninguna consideración", afectando la construcción del proceso organizativo Campesino. Lo mismo sucede en la actualidad con los docentes. Ante el concurso docente planteado por el Estado, los docentes de varias regiones optaron por inscribirse en el cabildo y buscar su aval, con tal de conservar la plaza de trabajo, más no de potenciar el movimiento indígena, ni su construcción socio - política.

2. Consideraciones finales
Luego de la promulgación de la Constitución de 1991 pareció tomar forma jurídica la diversidad social y cultural de la nación Colombiana, mediante el reconocimiento de la multiculturalidad en la que los pueblos Indígenas primero y posteriormente las comunidades Afrocolombianos, Raizales y Room fueron reconocidas como pueblos y comunidades respectivamente, derivando este hecho en la expedición de leyes y decretos y la formulación de programas particulares para atender desde el Estado las demandas y necesidades de estos grupos excluidos, discriminados, marginados y explotados históricamente. Esta iniciativa fue igualmente asumida por instituciones privadas que como en el caso de algunas Universidades buscaron mediante la oferta de becas y/o programas especiales de admisión, hacer realidad la norma constitucional. Sin embargo, luego de casi dos décadas de promulgación, los efectos colaterales de estas medidas se hacen visibles, evidenciando la dificultad para alcanzar los objetivos buscados a pesar del amplio reconocimiento que comunidades Indígenas y Afrocolombianas han ganado en el escenario nacional, contribuyendo este ordenamiento jurídico a la generación de disputas y contradicciones entre comunidades que buscan resolver sus necesidades compartidas y ser social y culturalmente, a partir de la favorabilidad de la norma jurídica, que reconoce la particularidad, más no la diversidad.

Por otra parte a juicio de las comunidades Campesinas, pareciera que con la aplicación de estas normas se han profundizado las desigualdades y la segregación social y espacial, en virtud del "favorecimiento de unos" en un contexto de desigualdad e injusticia social generalizada. Con la situación actual de toma de tierras en el departamento del Cauca y las acciones que han impulsado comunidades Indígenas y Campesinas, muchas de esas tensiones empiezan a ser canalizadas a favor de los poderes locales y en contra de las mismas organizaciones que promueven acciones legitimas. El 18 de octubre de 2005 se promovió en el municipio de Silvia, Cauca una movilización de las comunidades "urbanas" en las que se rechazaba la toma de tierras por parte de las comunidades Guambianas y de Quizgo. En el municipio de Caloto, a propósito de la toma de tierras agenciada por las comunidades del resguardo de Huellas Caloto, la administración de esa municipalidad en conjunto con la gobernación del departamento promovieron la movilización del Campesinado y de las comunidades Afrocolombianas en contra de la toma de tierras por parte de los indígenas. Lo mismo aconteció con la toma de la hacienda el Hapio en el norte del Cauca, sin contar las acciones policiales que dejaron varias personas heridas y detenidas.

Empero, las comunidades Afrocolombianas de otros municipios se movilizaron igualmente para reclamar, sin rechazar las acciones de los pueblos Indígenas, su derecho a la tierra. Las comunidades de los municipios de Buenos Aires, Santander y Jamundí, en carta enviada al Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, anotaban que:

"(...) resaltamos la ardua lucha que vienen adelantando nuestros compañeros indígenas, pero que "los derechos de unos mueren cuando empiezan los de otros", por ello y solo por ello estamos dispuestos a adelantar todas las acciones necesarias hasta que con justicia social se nos adjudiquen las tierras mencionadas tenidas en cuenta a través del PLAN DE COMPRAS de presidencia de la república para comunidades afro, o por los terrenos de la nación producto del programa de Extinción del Dominio".(52) 

El reclamo de las comunidades Afrocolombianas y Campesinas expresado a través de la toma de entidades públicas en algunos municipios del Cauca, condujo a que el gobierno nacional en conjunto con la gobernación del departamento del cauca, instalaran la mesa de negociación y concertación de tierras de comunidades negras y campesinas el 19 de enero de 2006. En la carta pre citada, las comunidades Afrocolombianas referenciaban una serie de predios usufructuados y ocupados por comunidades afro, aspirando a que estos fueran incluidos en un plan de compra de tierras por parte del gobierno nacional para ser adjudicados. (53) Condujo igualmente a la constitución en abril de 2006 de la Asociación Afrodescendiente y Campesina del Cauca Afrocauca, para la defensa de los intereses del campesinado y los afrocolombianos, sin propiciar la generación de contradicciones con los pueblos indígenas.

"Los Afrodescendientes, reconocemos en los compañeros indígenas una etnia al igual que nosotros discriminada y somos y seremos respetuosos de sus logros, acuerdos y principalmente de su territorio, de igual manera solicitamos se nos respete los territorios de asentamiento afrodescendiente.  Y los invitamos a que nos coadyuvemos para el desarrollo de nuestros pueblos." (54)

Si bien es cierto que ha tenido preponderancia el Movimiento Indígena en cuanto hace referencia al tema de adjudicación de tierras, también es cierto que ha sido a través de la movilización y de su reconocimiento socio político. Por otro lado, es una verdad de apuño que uno y otro sector requieren tierra y que a la vez demandan territorio para sus comunidades. Pero la dinámica política y electoral del país y de las regiones, ha conducido a que la elite tradicional aproveche estos aspectos para agenciar la construcción de contradicciones entre comunidades indígenas, campesinas y afro colombianas, contribuyendo esto al sostenimiento de las relaciones de poder tradicional y a la reproducción de clientelas políticas, más no a la resolución de las reivindicaciones enarboladas tanto por Indígenas como por Campesinos y Afros.

Este aspecto por ejemplo, pudiera ser evidente a partir de la persistencia de altos indicadores de pobreza, medida a través del índice de necesidades básicas insatisfechas NBI. Así entonces:

"La pobreza es un problema transversal en todo el Cauca. Todos los caucanos, sin importar su ubicación o etnia, enfrentan una seria situación de pobreza. Popayán y Puerto Tejada son los únicos municipios con un índice NBI por debajo del 20%. De manera contraria, Argelia, Almaguer y Guapi son los municipios con los peores indicadores de pobreza, superando el 80%. La mayoría de los municipios tienen un porcentaje de NBI entre el 50 y el 80%. La peor situación se registra en la zona del Pacífico, en donde se presentan los mayores índices de NBI. Al norte del departamento se registra un grupo de municipios con indicadores por debajo del promedio. Vale destacar que estos municipios tienen suelos con mejores fertilidades, mayor participación agrícola, mayor disponibilidad de carreteras y fueron cobijados con los beneficios de la Ley Páez.... Al revisar las cifras de NBI desagregadas entre las zonas urbanas y rurales, sobresale el hecho que los indicadores de pobreza en las zonas rurales son el doble que las de las zonas urbanas. Esta es una situación preocupante, ya que en este departamento hay más personas en las zonas rurales que en las urbanas. En estas zonas la pobreza es el doble que en las cabeceras municipales. Son muy pocos los municipios con indicadores de pobreza rural menores que los de las zonas urbanas, ellos son: Miranda, Puerto Tejada, Guapi y López de Micay. Nuevamente, la mayoría están al norte del departamento. (Gamarra:07;27 y ss)

En este sentido, las comunidades Campesinas han quedado relegadas en esta materia, en tanto la reforma agraria es un tema de tercera para el gobierno nacional y en la medida en que su capacidad de gestión política colectiva se ha visto minada mediante el ejercicio de la violencia contra sus líderes, hombres y mujeres. A la vez, la satisfacción de necesidades de un grupo étnico sobre el resto de la población produjo un fenómeno similar al registrado en los años setenta y ochenta en el que el indígena se campesinizaba para acceder a tierras y otros bienes y servicios, fruto de las políticas de reforma agraria y desarrollo rural. Ahora parecen indigenizarce los campesinos y los afros para satisfacer necesidades de salud y educación entre otras. El punto central del asunto radica en la formulación de políticas públicas fundadas en conceptos de discriminación y acciones afirmativas que en su aplicación, derivan en daños colaterales no estudiados o previstos, contribuyendo a que este tipo de tensiones mal ubicadas (y manejadas), terminen alimentando la escisión de los sectores sociales sin garantizar alternativa colectiva para las comunidades rurales en un contexto cada vez mas adverso. Pareciera entonces que las "compensaciones" otorgadas a un grupo social, conduce a otros a reclamar lo mismo, contribuyendo a la formulación de políticas públicas parciales que terminan cobijando a aquellos más dinámicos social y políticamente. La reclamación del campesinado en torno al reconocimiento de un espacio territorial vital, a partir de la configuración de zonas de reserva campesina, refuerzan esta interpretación.

2.1. Un haz de derechos...
El Fondo Mundial de la Alimentación, FAO por sus siglas en inglés, se preguntaba en el año 2003 lo siguiente: por qué es importante la tenencia de la tierra? que es la tenencia de la tierra? porque se debe tener en cuenta la tenencia de la tierra en el diseño de proyectos de desarrollo? Procurando dar respuesta a algunas de estas preguntas, aborda el problema de los conflictos derivados de la tenencia de la tierra, intentando además aportar referentes de solución para la puesta en marcha de políticas institucionales que contribuyeran a solucionar problemas asociados a la seguridad alimentaria y el acceso a la alimentación de personas vulnerables: mujeres, minorías y grupos indígenas. Igualmente que contribuyeran a la mitigación de la pobreza, la autosuficiencia de la población. Para esta organización, los conflictos por la tenencia de la tierra:

"(...) suelen ser consecuencia de la existencia de reivindicaciones opuestas. Así entonces la tenencia de la tierra constituye una red de intereses interelacionados figurando entre ellos los siguientes: intereses dominantes (...); Intereses superpuestos (...); Intereses complementarios (...); e Intereses enfrentados (...)"(55)

Estos conflictos se pueden establecer indagando además por las relaciones más frecuentes de tenencia de la tierra, entre las que se cuentan: formas privadas; comunales; de libre acceso y estatales. Cada una de ellas, genera una pléyade de derechos, que pueden ser exclusivos y excluyentes o que pueden posibilitar la configuración de un "Haz de Derechos" a partir del cual:

"En la política pueden haber numerosos derechos ostentados por diferentes personas o grupos. Ello puede dar lugar al concepto de ´Haz de Derechos´. Los diferentes derechos a la misma parcela de tierra, como el derecho a vender la tierra, el derecho a utilizarla mediante arrendamiento o atravesarla, podrían describirse como astillas del mismo haz. El titular de cada derecho puede ser una persona diferente. Este conjunto de derechos puede compartirse por ejemplo entre el propietario y un arrendatario para crear un mecanismo de arrendamiento o de aparcería que reconozca al arrendatario o al aparcero el derecho a utilizar la tierra en condiciones previamente especificadas (...) (56)

Esta caracterización es importante, en vista de que es posible que los niveles de complejidad y conflictividad se agraven en virtud, por ejemplo, de la declaratoria de propiedad estatal y otorgamiento de dominio o arrendamiento estatal de un predio, sin consultar a los propietarios consuetudinarios (a quienes no se considera como ilegales) o cuando invasores se apropian de la tierra. (FAO: 2003: P. 50) o en otros casos, como hemos venido relatando, fruto de la conjugación de diversos procesos: económicos, políticos, sociales y culturales en los que además de intereses irreconciliables entre empresarios y comunidades Afrocolombianas, Indígenas y Campesinas, también se han venido configurando tensiones sociales y políticas entre pobladores rurales expresadas a través de sus organizaciones sociales.

Estos rasgos generales en los que se disputa el derecho sobre una porción de tierra, dan lugar a la definición del conflicto agrario, como:

"(...) Un desacuerdo sobre los derechos, límites o usos de la tierra. Se producen estos conflictos cuando existe contradicción entre los distintos intereses individuales o colectivos sobre la tierra." (FAO: 2003.)

En este caso, la tenencia de la tierra es fundamental, en tanto se trata de una relación definida en

"(...) términos legales o consuetudinarios entre personas, sean individuos o grupos, con respecto a la tierra y los recursos naturales asociados (agua, árboles, minerales, fauna y flora silvestre, etc.) las normas sobre tenencia de la tierra definen de que manera deben asignarse dentro de la sociedad los derechos de propiedad de la tierra. Los sistemas de tenencia de la tierra determinan quien puede utilizar los recursos y cuáles son los recursos que se pueden utilizar, durante cuánto tiempo y en qué condiciones (....) (FAO: 2003; 55)

Anota además la FAO, que en la mayor parte de las sociedades las mujeres no tienen igualdad de acceso a la tierra rural ni a los correspondientes recursos naturales. Al respecto dice que:

"(...) en muchos casos, las sociedades han protegido quizá en el pasado los intereses de la mujer mediante disposiciones consuetudinarias, leyes de inspiración religiosa y la legislación general, pero el cambio de la situación socio económica muchas veces hacia que las antiguas normas no puedan garantizar que la mujer tenga acceso a los recursos necesarios para crear y atender a sus familias. Las comunidades que experimentan ahora situaciones de escasez de tierras o de rápido aumento de su valor, a veces no pueden o no quieren impedir que los familiares varones reclamen tierras sobre las que tienen derechos las mujeres, en particular las viudas solteras." (FAO: 2003; 30)

Así entonces, establece que existe de manera normal una vinculación entre conflicto y tenencia de la tierra. En una sociedad, las reivindicaciones opuestas sobre el control y utilización de la tierra pueden provocar conflictos. El crecimiento demográfico y las transformaciones de los factores económicos pueden a su vez aumentar la competencia por el acceso a la tierra (57). (FAO: 2003;33) en otros casos, los conflictos que se presentan en una sociedad pueden involucrar agentes externos.

"(...) con mucha frecuencia las sociedades aceptan migrantes que luego disfrutan de seguridad, siempre que respeten las condiciones de los acuerdos de tenencia y otros contratos sociales. Su acceso a la tierra quizá no tenga un límite temporal determinado, aun cuando puedan ser considerados como residentes temporales. Luego, pueden producirse conflictos cuando se modifiquen las circunstancias. Por ejemplo en períodos de deterioro económico o de escasez de tierras puede desaparecer la aceptación demostrada por las sociedades locales hacia los migrantes. Pueden producirse también los conflictos cuando <los de fuera> obtienen acceso a la tierra de la comunidad en forma que no corresponde a la normatividad tradicional. Los conflictos más violentos y graves proceden de una combinación explosiva de manipulación política de la competencia por la tierra y de enfrentamientos por el origen nacional en un contexto de divisiones étnicas.  Como el acceso a la tierra muchas veces está relacionado con la identidad social, los derechos a la tierra de determinados grupos sociales pueden impugnarse en relación con la identidad nacional y étnica, lo que ofrece un caldo de cultivo para la explotación política de esas tensiones. Los problemas de tenencia normalmente son de carácter político o suelen ocupar lugar importante en los discursos y debates. Al mismo tiempo, las relaciones sobre la tenencia están insertas en las relaciones inter étnicas, al mismo tiempo que se ven afectadas por ellas. En otras palabras, podría decirse que los problemas de tenencia de la tierra pueden tener connotaciones políticas y las cuestiones políticas pueden tener resonancias étnicas. (FAO:2003;34)

En el caso de la migración rural - urbana de los jefes de hogar, se propicia que la mujer quede a cargo de la parcela, sin que ella tenga condiciones sociales reconocidas para la toma de decisiones al interior de la comunidad, derivando en vulnerabilidad mayor para madres solteras, viudas, divorciadas, esposas de trabajadores, migrantes, ancianas y enfermas.(58) Para la FAO otra fuente de conflicto se asocia con la migración y la disputa entre nacionales e inmigrantes por el acceso a la tierra en condiciones de escasez, o de uso productivo por parte de los nacionales o de los extranjeros.

Por otra parte, pueden también producirse conflictos cuando los proyectos de desarrollo, lejos de resolver los problemas de la comunidad local, regional o nacional los acrecienta, afectando los equilibrios existentes, al afectar por ejemplo en el incremento del valor de la tierra; crear incertidumbre al incidir sobre las relaciones políticas de poder local con respecto a las reglas del juego que definen el uso y control de los recursos; o incuso, incidir en el desplazamiento de los titulares de los derechos sobre la tierra. Por otra parte, las cuestiones asociadas a la relación de la tierra con el medio ambiente son también fuente de conflicto. Asociadas con el género se constituyen en grandes puntos de tensión.

En esencia:

"(...) como la tenencia de la tierra es una relación entre personas, las normas que definen los derechos de acceso a la tierra, reproducen en buena medida, el equilibrio o desequilibrio de poder. El cambio de normas no consiste simplemente en facilitar el acceso de algunos, puede dar lugar a un desplazamiento fundamental en las estructuras de poder existentes (59). El mayor interés por la situación de la mujer ha dado lugar en varios países a la promulgación de las medidas legislativas que permiten a ésta disfrutar de derechos legales a la tierra. No obstante, en ausencia de mecanismos eficaces de gobernancia y administración por conseguir la observancia de dicha legislación, es probable que continúen las prácticas tradicionales. Las campañas de promoción sin importantes, pero debe tenerse en cuenta que muchos de los cambios que se proponen quizá no se lleven a cabo a corto plazo. La promoción de cambios como la igualdad entre género en cuanto al acceso a la propiedad de la tierra, podría requerir no sólo cambios en la política y en la legislación sobre tierras, sino también en las actitudes de gran parte de la población." (FAO:2003;36)

La perspectiva ofrecida por la reflexión citada anteriormente, podría permitir a las comunidades rurales partir de la identificación de los derechos consuetudinarios tanto de los pueblos indígenas como de las comunidades Afrocolombianas y Campesinas, de tal suerte que se partiera de un punto común en el que todos tienen derecho, no por ley, sino por tradición y por el proceso histórico de construcción social del territorio. Además de esto, permitiría entender de manera global cuales son los factores de carácter económico, político, social y cultural que inciden negativamente en la agudización de las contradicciones al interior de sus comunidades, en tanto el modelo de ordenamiento económico del territorio, las relaciones de carácter político tradicional y en general el modelo de desarrollo se consolidan, mientras las comunidades rurales se encierran en disputas internas sin mirar más allá.

Por otra parte, vale la pena anotar que en la actualidad existen una serie de procesos de inversión de capital que potencialmente pueden incidir en la agudización de las tensiones entre comunidades rurales. Este tipo de tensiones, ordenadas desde los poderes hegemónicos, posibilitan aún más que el modelo de ordenamiento del territorio, como las políticas del desarrollo generadoras de la inequidad, sigan su curso, sin que las comunidades rurales en su conjunto logren la fuerza suficiente para interpelarlas.
La empresa minera Kedahda S.A. filial en Colombia de la multinacional Anglo Gold Ashanti AGA (60), ha presentado solicitudes de contratos de concesión en 21 departamentos y 335 municipios del país, para un total de 2114 solicitudes, siendo los departamento con mayor nivel de solicitudes en su orden: Antioquia, Bolívar, Cauca, Nariño, Chocó y Huila. Estas solicitudes en tan sólo los departamentos de Antioquia y Bolívar superan las 2’300.000 hectáreas. En el país el total de hectáreas solicitadas puede llegar a los cuatro millones de hectáreas. (61) En el departamento del Cauca, las solicitudes de exploración y explotación ascienden a 305, cubriendo a 28 de los 42 municipios. Tanto unos como otros se encuentran habitados por comunidades Afrocolombianas, Campesinas e Indígenas. La mayoría de los municipios solicitados para explotación minera por parte de la multinacional Ashanti, están afectados por graves problemas de expulsión poblacional y violencia. De tal suerte que al problema de la tenencia y concentración de la tierra se suma el del acceso a los recursos naturales por parte de los pobladores tradicionales de la región, sin contar la discusión, sobre la permanencia o no de las comunidades en sus territorios y las implicaciones de estas políticas en la construcción de planes de ordenamiento territorial y de desarrollo, los cuales terminan afectando a las comunidades rurales entre muchas otras cosas, en materia de inversión pública, tributación y normatividad que regula el uso del suelo. (Tabla Nº 8)

Tabla Nº 8
Número de solicitudes de contratos de exportación y explotación minera y desplazamiento por municipio.
Departamento del Cauca, por multinacional Kadhaha. 2008

Por otro lado, en el caso de las plantaciones forestales, Smurfit Cartón Colombia empresa Irlandesa perteneciente al grupo Jefferson Smurfit Group plc, tiene grandes inversiones y cultivos de pino y eucalipto, que van desde el Macizo Colombiano hasta el Eje cafetero por las dos cordilleras, central y occidental. Hoy, Smurfit Kappa Cartón de Colombia pertenece en un 30% a inversionistas colombianos y en un 70% al Grupo Smurfit Kappa, uno de los más grandes productores de empaques de papel y reciclaje en el mundo. Según información oficial de la empresa Smurfit, está tiene cultivos forestales en más de 43.000 hectáreas, tendiendo a aumentar.

En el libro titulado "El Imperio de Cartón", el autor anota que la empresa Smurfit:

"... se ha aprovechado de una legislación tributaria redactada de acuerdo con sus intereses, depredo hasta el arrasamiento las selvas naturales del Bajo Calima, fracturo la estructura social y convirtió en miseria la pobreza de los chocoanos, entró en contradicción con los indígenas Paeces en el departamento del Cauca y diseño formas de contratación calculadas para desvalorizar el precio de la mano de obra de sus trabajadores... Ya para 1991, el 37.5% de las ganancias de Smurfit a nivel mundial provenían de México, Venezuela y Colombia;  en 1993 los mismos tres países habían llegado a producir más del 70% de esas ganancias. Otras sucursales de la Smurfit vendían volúmenes más grandes de cartón, pero en América Latina el margen de ganancia era mayor."(62)

Las comunidades rurales de diversas partes del país han expuesto en diversos escenarios, entre ellos el Tribunal Permanente de los Pueblos, realizado recientemente en Bogotá y otras ciudades del país, las consecuencias de las plantaciones forestales en sus territorios y comunidades. Para el caso que nos ocupan, un documento anotaba que:

"Igual suerte que las selvas del Bajo Calima tuvieron las que se encontraban en la parte baja de Malvasá, en Gabriel López en Inzá, Cauca, las de las veredas de Córdoba y Tierras Blancas, zona vital para la protección de la cuenca del rio Cauca, arrasada en la década de los años setenta. Impacto similar se produjo en la zona boscosa de los Cabildos de Tacueyó, Jambaló y Guambia en el mismo departamento". (63)

En el documento citado se anota que la empresa:

"... ejerce control sobre las zonas de nacimientos de aguas que nutren la mayoría de los acueductos veredales, desde Pereira hasta Palmira por la cordillera Central y desde Yumbo hasta Trujillo por la Occidental. Este control se ejerce mediante la propiedad de la tierra y se expresa en el manejo de los terrenos,. Incluso desconociendo muchas veces las Juntas Administradoras de Acueductos, situaciones que suceden en Yotoco y Vijes en el Valle  y Corozal en Risaralda."

"Una de las situaciones es la provocada en el municipio de Buenos Aires (Cauca), donde la empresa vendió predios reclamados por los indígenas Paeces como parte de su resguardo  a la sociedad agroforestal el Naya S.A. conformada por campesinos de la región y tras cuya formación  está el accionar de Cartón Colombia, como estrategia para trasladar el conflicto y los enfrentamientos con la compañía a los habitantes de la región, mientras la papelera asegura la producción de madera para pulpa, sin los gastos y la responsabilidad que suponen tanto la propiedad de la tierra, como una nómina de trabajadores. Esta situación ha provocado severas divisiones y enfrentamientos entre los distintos grupos sociales que habitan en la región"(64)

Visto de esta manera, la explotación forestal de la empresa Smurfit en el departamento del Cauca, como en otras zonas del país, ha generado una serie de conflictos de diversa índole: ambientales, sociales, económicos y políticos a las comunidades rurales. Este tipo de conflictos ha conducido incluso al enfrentamiento entre miembros de las mismas comunidades, en tanto la empresa impulsa la constitución de cooperativas y asociaciones conformadas por campesinos e indígenas que habitan las zonas de cultivo. Cuando miembros de la comunidad que no pertenecen a estas asociaciones, pero que habitan la región y que evalúan el impacto negativo del monocultivo interpelan la empresa, los miembros de las asociaciones salen en defensa del cultivo. Valdría la pena establecer el impacto en el departamento del Cauca de este tipo de explotación maderera, en cerca de 17 municipios del Macizo Colombiano, en los que la multinacional lleva ya más de 20 años. La expansión de estos cultivos en zonas de alta fragilidad ambiental como de colonización campesina, está contribuyendo al deterioro de recursos ambientales, al desplazamiento y despojo de comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas.

Sumado a lo anterior, la ampliación de los cultivos de caña hacia el sur del departamento del Valle del Cauca y el norte del Cauca, han derivado necesariamente en disputas profundas por espacios habitados tradicionalmente por comunidades afrocolombianas principalmente, pero también campesinas e Indígenas. El área cultivada en caña para ser empleada en la producción de azúcar y etanol, paso de 133.187 hectáreas en 1980 a 186.473 en el año 2000 y 202.926 hectáreas en el año 2007.(Gráfico Nº 3).(65)

La expansión del cultivo plantea no sólo la discusión sobre el monocultivo, sino también sobre el aprovechamiento de una de las zonas más ricas del país en términos agroecológicos, además de la discusión sobre la disposición de los recursos naturales que como el agua, son vitales para la humanidad. Solamente para el Valle del Cauca, estudios ambientales demuestran que en riego, los ingenios consumen aproximadamente el 80% del agua de la región.

Gráfico No.3
Valle, área cultivada en caña 1980-2007

Por otra parte, en la década de los ochenta fue construida en el norte del departamento la represa de la Salvajina, generando transformaciones profundas en el territorio y las comunidades rurales.

"Al cambiar drásticamente y por imposición de las autoridades las condiciones de vida y de trabajo de la población campesina (como ha ocurrido en la zona inundada por el embalse) se van creando nuevas situaciones para las cuales los antiguos moradores no estaban ni cultural ni técnicamente preparados, pero que, en cambio, abren posibilidades de enriquecimiento para quienes dentro de la población misma o venidos de otras partes, no tienen escrúpulos para explotar la miseria recién creada, utilizar influencias para conseguir préstamos ventajosos, montar negocios especulativos, monopolizar el transporte, acaparar los alimentos, adueñarse de las tierras productivas, etc. en poco tiempo los campesinos independientes de antes pasan a ser asalariados de los nuevos ricos o tienen que abandonar el lugar en busca de trabajo (...) las características del embalse de  la Salvajina impondrán  forzosamente nuevas modalidades de pesca y equipos y artes distintos de los tradicionales, lo cual facilitará la concentración de los recursos en unos pocos avivatos que gozarán de todas las prerrogativas, como el sistema lo tiene establecido... en unos pocos años, como ha ocurrido en otros embalses, (Calima en el Valle, Prado en el Tolima, etc) los terrenos circundantes pasarán a manos de ricos de Cali y Popayán quienes levantarán lujosas mansiones para fines de semana, cruzarán el embalse en lanchas deportivas, organizarán concursos de pesca para exhibir sus trofeos y comercializarán el turismo hacia la zona. Es así como las inversiones hechas con dinero de los contribuyentes colombianos va pasando, como por un tubo, a engrosar las cuentas bancarias de los privilegiados." (Patiño: 91; 295) (66)

Este tipo de procesos, a juicio de Aníbal Patiño no eran nuevos en la región.

"Los habitantes de la cuenca del rio Cauca a lo largo del eje Timba – Suarez fueron víctimas hace 60 años (67)de abusos, arbitrariedades e injusticias (...) a causa de la explotación aurífera del lecho y vegas del rio por parte de una compañía extranjera. Centenares de pequeños agricultores, en su mayoría negros, fueron desposeídos de sus fincas y mejoras porque la empresa tenía autorización para aforar a su amaño el valor de los predios expropiados. La población nativa tuvo que emigrar hacia otros lugares y hacia el Valle. Como testimonio de este despojo tolerado por los gobiernos de entonces, quedaron enormes montones de piedra y grava a lado y lado del río, en un tramo de 25 km. Algunos campesinos (o sus hijos) que volvieron una vez retiradas las dragas, tuvieron que abrir huecos entre los pedregales y llenarlos con tierras extraída del piedemonte de la Cordillera Occidental y llevada en costales hasta los surcos, para sembrar en ellos unas matas de plátano o de yuca. Esta tragedia colectiva fue documentada por mí durante varias jornadas ecológicas efectuadas con estudiantes de la Universidad del Valle, de la Nacional de Palmira y de la del Cauca en 1972 y años siguientes." (Patiño: 1991; 302)

Las referencias a la construcción de infraestructura, la ampliación del monocultivo de la caña, la explotación forestal y finalmente la exploración y explotación minera a gran escala, no sólo tienen en común la participación de empresas multinacionales y la violación de derechos humanos. También tienen en común profundos impactos en las comunidades rurales, que en esencia trascienden el problema de la tierra, en tanto se afectan dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas y ambientales de las comunidades rurales y de la naturaleza, a tal punto que se termina alterando dramáticamente la relación de la sociedad con la naturaleza, y de la sociedad misma. En otras palabras, sin resolver el problema de la tierra, en el nuevo contexto del desarrollo en general y del desarrollo rural y regional en particular, la sociedad enfrenta un problema mayor: el del territorio como fuente de vida o recipiente para la extracción de recursos.

Para el conjunto de las comunidades rurales la tierra es algo más que un simple factor de producción. Para las comunidades campesinas,

"(...) el territorio se constituye en fuente de Vida. Visto desde una dimensión regional, es el espacio en el que se construyen condiciones de permanencia para vivir dignamente en una relación con la naturaleza que prolongue la existencia de la comunidad. Para ello, la Movilización como principio se convierte en una herramienta para la  defensa del patrimonio ambiental, como el AGUA y LOS BOSQUES, para de esta manera aprender a ser soberanos como Sociedad. El territorio es el espacio en el que se reproduce la Vida y este sentido el campo y lo rural, es  parte fundamental de nuestra existencia, pues de ella se derivan los bienes materiales que sustentan nuestra  comunidad, así como nuestra lengua y nuestro pensamiento.

También para las comunidades Campesinas, el Territorio tiene un doble significado: Por un lado la Tierra que se asocia al trabajo material y la producción de alimento y por otro el que se relaciona con la IDENTIDAD y la TRADICIÓN, es decir sobre su esencia Campesina y la relación que desde allí se construye con otras dimensiones de la realidad nacional. Bien a partir de su trabajo, de la cultura, de la política y obviamente del aporte a la preservación del patrimonio ambiental." (68)

En el caso de las comunidades afrocolombianas, el territorio está estrechamente vinculado con sus formas de organización social y aprovechamiento del entorno.

"La Organización,  la concebimos como la posibilidad y condición para alcanzar orden y autonomía. El territorio, como el espacio para desarrollar o ejercitar nuestro pueblo. Es cierto que existen pueblos sin territorio, pero luchan por él, con el territorio y otros elementos, nosotros vamos a garantizar nuestra permanencia como pueblo (...) Para nosotros los hombres y las mujeres negras pertenecientes a una comunidad y grupo étnico, el Territorio Región del Pacífico está constituido por nuestros ríos, montes, esteros, fincas y veredas, así como por los conocimientos y las costumbres que tenemos para cuidar y utilizar cada espacio. El Territorio también está constituido por las diferentes formas cómo nos organizamos para salir a pescar, hacer minería, cazar, buscar madera en la montaña, sembrar y cosechar en las fincas. Nuestro territorio también está constituido por los saberes que tenemos de las plantas medicinales para curar los males del cuerpo y del alma. El Territorio también es saber reconocer en el monte el canto del pájaro y el rastro del animal. También es cada una de las maneras como nos relacionamos entre nosotros y con los de afuera. El territorio es una herencia que hemos recibido de nuestros ancestros y mayores la cual debemos y tenemos que garantizar para nuestros renacientes."(69)

"La comunidad negra reafirma su condición de grupo étnico, con una lógica cultural y cosmovisión propia, sin asumir los recursos naturales por fuera del territorio; recursos naturales, conocimiento y territorio son una unidad ambiental y cultural. Desde esa perspectiva afirman la siguiente ecuación:

TERRITORIO + CULTURA = BIODIVERSIDAD

Desde esa lógica se plantea la reivindicación de los derechos culturales, económicos, sociales, territoriales y políticos en cada momento del accionar colectivo; desde la participación en la más mínima reunión hasta la ejecución del gran proyecto. Así entonces, el proceso organizativo de las comunidades negras va de la mano con las dinámicas de poblamiento, ocupación y relación con el entorno y en general con el espacio y el territorio" .(70)

Para las comunidades campesinas como se ha visto, la Zona de Reserva se puede constituir en un instrumento a través del cual se preserve su comunidad rural y la vez se proteja el medio ambiente. En el caso de los pueblos indígenas, la noción de territorio va ligada a su ser social. Para ellos, la tierra es la madre, es identidad, tradición, cultura y vida. Como se ha anotado tenemos entonces un doble problema: el que se relaciona con las tensiones entre comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas a partir del ordenamiento del territorio y el ordenamiento jurídico y político derivado de las acciones afirmativas del estado Colombiano; el segundo, de carácter estructural y que afecta a las comunidades rurales en su conjunto, relacionado con las políticas del desarrollo y la concepción que sobre el territorio que se ha impuesto hegemónicamente, favoreciendo intereses de carácter económico, a costa del bienestar de la sociedad.

La consideración sobre la configuración real de la sociedad, de la nación y su realización en materia normativa, deja muchas cosas para reflexionar en términos de observar su aplicación en territorios compartidos por diversas comunidades continentales e insulares, sin que se exacerben tensiones derivadas de prácticas políticas e incluso de políticas púbicas, que pareciera, se orientan más a estimular la tensión social que a resolver problemas cotidianos y estructurales de las comunidades rurales. Estos hechos son de singular importancia en tanto municipios como Silvia, Caldono, Inzá, Páez, Toribio, Jámbalo, Buenos Aires y muchos otros del Macizo Colombiano pueden ser caracterizados como municipios multiculturales en los que las comunidades organizadas y no organizadas comparten territorialmente un espacio socialmente construido, desarrollan dinámicas productivas comunes y a la vez diversas social, económica y culturalmente. Aunque evidencian diferencias, lo común del territorio compartido, las vivencias materiales y los medios de supervivencia como sus necesidades, los hacen comunes social y territorialmente. En el caso de las experiencias de proyectos educativos, tanto de comunidades campesinas como indígenas, se muestra la potencialidad que existe para comprender el territorio que se habita y las particularidades de contexto que alimentan las relaciones sociales, culturales, políticas, económicas y ecológicas de las comunidades, de tal suerte que se puedan resolver las tensiones.

Esta reflexión debería importar a las comunidades y organizaciones rurales, los académicos y políticos y en general a la sociedad, en tanto la mayoría de conflictos tienden a agudizarse en un contexto en el que se privilegia una concepción economicista del desarrollo, materializada a través de programas y proyectos de desarrollo, que en no pocas ocasiones ha recurrido al ejercicio de la violencia para el logro de sus objetivos. De hecho, recientemente líderes de las organizaciones indígenas del Cauca fueron nuevamente amenazados de muerte por un grupo autodenominado "campesinos embejucados". Mientras las comunidades rurales se trenzan en una serie de conflictos locales, los intereses de empresarios y políticos se van materializando, apalancándose en las tensiones y diferencias de las comunidades rurales. La experiencia del Cauca debería entonces servir como referente para evaluar las implicaciones de este tipo de políticas, máxime si se están discutiendo temas trascendentales en el país, asociados al ordenamiento territorial, las representaciones políticas en los espacios corporativos de senado y cámara; sin contar aquellos aspectos relacionados con la distribución de los ingresos corrientes de la nación, el aprovechamiento del patrimonio ambiental, los tratados de libre comercio y en últimas, las políticas del desarrollo y el mercado mundial. Este tipo de conflictos empiezan a ser generalizados no solo en ámbitos rurales e insulares, sino también urbanos: basta recordar las implicaciones de la constitución de resguardos indígenas en ciudades como Cali y Bogotá. Nos enfrentamos entonces a la compresión de una sociedad que en sí misma es diversa y en la que las diferencias son la esencia de lo que somos como nación, pero también las cosas comunes que nos unen como el territorio compartido, una historia y una tradición. Si bien somos diversos, también somos comunes.  


COMENTARIOS

1. El presente documento es producto de la conferencia titulada: Discriminación positiva y tensiones sociales entre indígenas y campesinos en el sur occidente Colombiano, presentada en el marco del Seminario: Desafíos interculturales: pluralismo religioso y etnopolíticas; Santiago de Cali. Universidad ICESI, abril 24 de 2007. Dicha reflexión se deriva a su vez de mi permanencia en el Oriente y norte del Cauca durante el periodo comprendido entre los años 2004 y 2006; tiempo en el cual realice trabajos de acompañamiento a organizaciones sociales campesinas e indígenas.

2. Sociólogo, Universidad Nacional de Colombia. Se ha desempeñado como asistente de investigación del grupo Democracia, Nación y Guerra del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI de la Universidad Nacional; Joven Investigador de Colciencias; docente catedrático de Sociología en las universidades Nacional y Santo Tomas. Igualmente ha desarrollado procesos de acompañamiento a organizaciones sociales del sector rural y urbano. Ha publicado diversos artículos sobre problemas Rurales y regionales. Miembro Correspondiente de la Academia Tolimense de Historia. Actualmente se desempeña como Investigador del Área de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR, en el proyecto Tierra y Conflicto.

3. Si bien es cierto que fueron las comunidades indígenas las que iniciaron de manera reciente este proceso, vale la pena destacar que comunidades Campesinas de los Municipios de Inzá, Totoró, Corinto y Miranda entre otros municipios del departamento, también hicieron parte de esta dinámica, en la que buscaron reivindicar, al igual que los indígenas su derecho a la Tierra.

4. Desde diversos puntos del departamento del Cauca las comunidades indígenas iniciaron en el año 2005 acciones pacíficas de liberación de la Madre Tierra en las Fincas Ambaló y Los Remedios en el municipio de Silvia; Fátima, Santa Teresa, San Ignacio y la Selva en el municipio de Popayán; predios Pisochago, Achaquío, El Acuario y los Rincones, en el municipio de Puracé, así como la finca El Hapio en el municipio Caloto, con las cuales los pueblos indígenas Nasa, Guambiano, Kokonuko y Totoró de manera persistente, reclaman del gobierno nacional celeridad en el cumplimiento de los diversos pactos y acuerdos firmados por el Estado colombiano con las organizaciones y autoridades indígenas. Dicho proceso ha continuado con menor intensidad a lo largo de los años 2006 y 2007, concentrándose principalmente en el norte del departamento del Cauca. http://www.nasaacin.net/. Consultada el día 1 de junio de 2007.

5. Organización social surgida en el año 2005 con sede en la ciudad de Popayán, compuesta por dirigentes y bases sociales de los partidos Liberal y Conservador y configurada en torno a los siguientes aspectos: contra la expansión de los territorios indígenas, en defensa de la propiedad privada y derecho a la existencia del Campesinado; Negación de la Justicia Tradicional y de la Educación propia (etnoeducación) de los Pueblos Indígenas.

6. La discriminación positiva opuesta a la discriminación negativa, se soporta en la tradición del derecho Europeo, a partir de la cual se busca resarcir las consecuencias impresas en un grupo social, étnico, minoritario, que históricamente han sufrido la discriminación a causa de injusticias sociales estructurales, que les impide el acceso a bienes y recursos de la sociedad en su conjunto. La discriminación positiva aplicada a estos grupos, busca entonces garantizar mejores condiciones y oportunidades de estos grupos para la satisfacción de necesidades y reconocimiento de sus derechos. Por otra parte, las Acciones afirmativas, se refieren a actuaciones positivas del Estado o los particulares. Surgida en los Estados Unidos como concepto, a partir de las luchas sociales por derechos civiles y políticos agenciadas por los Afroamericanos, se orienta a reducir o eliminar las prácticas discriminatorias en contra de sectores sociales históricamente discriminados y excluidos, tales como las mujeres o también de grupos étnicos y/o raciales. La aplicación de estos dos conceptos se ha extendió en diverso países del mundo a grupos sociales discriminados y excluidos. Sin embargo su aplicación ha conducido a una serie de consecuencias colaterales que a la vez que contribuyen a mejorar o no las condiciones del grupo que buscan favorecer, estimulan el resentimiento y la reacción o como se conoce la discriminación Inversa, de los grupos sociales no beneficiados o favorecidos, en contextos de conflicto social y político, alta pobreza y vulnerabilidad y exclusión social.

7. Sustentada entre otras cosas, en un discurso de ancestralidad sobre el territorio.

8. Argumento retomado por el periódico el Tiempo en edición de circulación nacional a propósito de las tomas de tierras adelantadas por los indígenas en el Cauca durante el mes de octubre del año 2005.

9. Las referencias son tomadas del Acta firmada entre la comisión facilitadora de los Municipios de Páez e Inzá y los delegados de las comunidades Campesinas de Páez e Inzá, junio 28 de 2005. Puerto Valencia, Inzá - Cauca, junio 28 de 2005. Estas demandas se suceden en el contexto de regionalización de la prestación del servicio de Salud y concentración de los centros de atención en la capital del departamento como en la localidad de Páez, distante una hora y media de Inzá. Con respecto a la educación, la reclamación se deriva del cierre de centros educativos en virtud de la carencia de docentes como de las políticas educativas que posibilitan la prestación del servicio por parte de Oferentes privados como la Universidad Autónoma y el Consejo Regional Indígena del Cauca. Sobre este aspecto en particular volveremos más adelante.

10. Acta firmada... ídem, pp. 1-3.

11. Acta firmada entre la Comisión facilitadora de las Municipios de Páez e Inzá... Ob. Cit., pp 2-3.

12. El documento citado hace referencia a que desde el año 2000, el gobierno nacional estaba comprometido mediante la conformación de una comisión del alto nivel, a abordar el problema, sin que hasta la fecha se hubieran resuelto las expectativas del campesinado. Igualmente se evoca el acuerdo firmado en la María - Piendamó, en el año 2002, en el que el gobierno nacional y el departamental firmaron acuerdos, incumplidos a la fecha sobre los mismos temas.

13. Las entidades involucradas son: Incoder, Planeación Nacional, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Antropología e Historia ICANH, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Interior - Dirección de Etnias; IGAC, Contraloría General de la Nación, dos delegados de cada organización campesina entre otros. Dicha comisión debería ser impulsada en su constitución por los Alcaldes municipales como por la Gobernación del Departamento.

14. Este es el caso reciente de Polindara, al nor oriente del Cauca y del municipio de Silvia, resguardo de Ambalo, hace algunos años.

15. La Movilización y las Tomas de Tierras dan cuenta de éste proceso. Pero a la vez se han dado batallas legales en los estrados judiciales del país, con el fin de convalidar los títulos coloniales de los que disponen las comunidades indígenas.

16. En este aspecto cabe destacar la adquisición de predios por parte del Estado en el municipio de Caloto, Cauca, para la comunidad indígena Páez, derivados de los acuerdos de Munchique y Huellas, luego de masacre de indígenas cometida en esa localidad a finales de la década del 80. Dicha masacre fue realizada por miembros activos del ejército y fuerzas paramilitares en el año de 1989. Por dichos hechos fue condenado el Estado Colombiano. La acción agenciada por las comunidades indígenas en la Hacienda el Hapio, entre los municipios
de Villa Rica y Caloto a finales del año 2005, se asocia con el reclamo de la comunidad Páez, en torno al cumplimiento de los acuerdos derivados de las acciones adelantadas para resarcir la masacre.

17. Vale anotar que a nivel nacional, la población campesina se estima entre 12 y 13 millones de personas, correspondiendo esta cifra al estimado nacional de población rural, de entre el 27% y el 30%. Del total de la población nacional.

18. A este respecto citaba el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC en un documento lo siguiente: "Un estudio realizado por el IDEAM en el año 2001, referente a la relación entre comunidades indígenas y área asignada para el caso de la Amazonía Colombiana muestra que en esta región habitan 20 etnias con una población total de 50.167 habitantes, para un área total asignada de 13.846.884 has. Si analizamos la relación territorial en términos de las variables Extensión de hectáreas / Población tendríamos que cada indígena dispondría de aproximadamente 276,015 has. para usufructo. Área considerablemente amplia para un solo propietario máxime si es indígena. Pero cuando se analizan las condiciones naturales y biofísicas de dichas áreas, nos encontramos con un uso potencial estrictamente forestal, lo que indica un impedimento para el manejo productivo intensivo ajustado a la racionalidad de la producción capitalista, exigiendo para su manejo amplios periodos de descanso de la tierra entre una etapa productiva y otra, si no se quiere afectar radicalmente el ecosistema. Al ser eliminado el bosque, los nutrientes se incorporan al suelo y son rápidamente lavados, o se descomponen debido a la alta temperatura y humedad. Por esta razón las tierras sometidas a prácticas agrícolas se deterioran progresivamente siendo necesario que el usuario las abandone, adecuando otras mediante el sistema de tala y quema, aplicado por las comunidades indígenas y campesinas que en la dinámica de colonización han sido impulsadas hacia el interior de las selvas. Entendiendo las limitaciones y condiciones naturales propias del ecosistema, tenemos entonces que las actividades principales de las etnias relacionadas se circunscriben a la caza, la pesca y la recolección de frutos y raíces. Actividades que tradicionalmente se realizan en estos territorios." La Campaña de Liberación de la Madre Tierra en el Cauca. Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Mimeo, Popayán, Cauca. 2005.

19. En Comunicado que circula por la página de Internet, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN, anota al respecto lo siguiente: Los indígenas tenemos título (lo cual no significa posesión porque en la selva y en el resguardo U'wa hay tierras en manos de colonos que no han sido "saneadas") sobre el 27 % (no el 30%) del territorio colombiano, pero, la mayoría del territorio indígena legalmente reconocido está en la selva amazónica (el 67%) en zonas de caza, recolección y horticultura itinerante donde no puede haber sino -como en el caso de los Nukak- una familia en mil hectáreas a riesgo de destruir la selva; en la selva del Pacífico (un millón de hectáreas de selva) y el desierto guajiro (un millón de hectáreas). No están entonces la mayoría de estas tierras en la zona andina: el Cauca, Nariño, Tolima, Córdoba o Caldas donde hay gran cantidad de indígenas viviendo en minifundios. Gran parte de los resguardos del Cauca y Nariño están en tierras no aptas para la agricultura ni la ganadería; incluso en nevados. http://www.nasaacin.net octubre 18 de 2005.

20. Las siguientes reflexiones se fundamentan en la información suministrada por el Plan de Gestión Ambiental del Cauca, citado en el documento "La Campaña de Liberación de la Madre Tierra en el Cauca". Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Mimeo, Popayán, Cauca. 2005.

21. Con respecto a las Asociaciones Campesinas de Miranda, Corinto y Caloto, desde el año 2000, apoyadas por Fensuagro, empezaron a exigir la creación de Zonas de Reserva Campesina ZRC, creando para ello organizaciones que a su vez potenciaron la formulación de planes de desarrollo campesinos en sus zonas de influencia, como propuesta política para el ordenamiento del territorio. "Sin embargo la creación de esas ZRC ha sido hasta el momento bloqueada por la fuerte oposición de los latifundistas, unidos en su organización SAC. Las instituciones gubernamentales también obstaculizan el deseo de estas asociaciones, alegando las mismas razones con que se niegan a adjudicar tierras de comunidades negras en el norte del Cauca: la región tiene otro destino oficial, es decir aquel de territorio especial de desarrollo económico". Citado en Hacia una solución de la problemática de la tenencia de la tierra en el norte del Cauca. IKV PAX CHRISTI, junio de 2008. Folleto. Página 34.

22. Sobre el tema del Campesinado en el Sur occidente Colombiano y particularmente en el Departamento del Cauca, ver: MEJÍA Eduardo, Origen del campesinado Caucano en los siglos XVIII y XIX. Cali. S.f. Rojas José María y Sevilla Casas Elías: El Campesinado en la formación territorial del Sur occidente Colombiano. En Territorios, regiones y sociedades. Renán Silva, Editor. CEREC - Universidad del Valle. 1994.

23. En este caso por ejemplo, en Guapi - Cauca, habitada mayoritariamente por población Afrocolombiana, se encuentra la plantación de Palma Africana más grande del pacífico, bajo la modalidad de concesión de territorios por 17 años.

24. "Aunque en la jerarquía normativa está en uno de los niveles más bajos, el decreto 982 de 1999 ha sido tomado como uno de los mecanismos más importantes para el movimiento indígena Caucano ya que es resultado de movilización de las comunidades que logran por medio de el mismo, que la constitución y la ley vayan asumiendo características de políticas públicas y logren concretar programas e inversiones. El decreto 982 de 1999, aunque integro una serie de acuerdos realizados durante la década del 90 las cuales se referían a predios y áreas específicas, tuvo su principal contenido en el hecho de que el gobierno nacional se comprometía  a trabajar con las comunidades indígenas en la solución de la emergencia social, económica y cultural de los pueblos indígenas del Cauca; creando para tal efecto una comisión de alto nivel entre comunidades y gobierno nacional". CRIC: 2005. Ob. cit.

25. La Corporación Nasa Kiwe fue creada por el gobierno nacional en el departamento del Cauca, luego de la avalancha del Río Páez, que afecto a comunidades indígenas y campesinas del departamento durante la segunda mitad de la década del noventa.

26. Para el periodo 2007-2010, el gobierno tiene presupuestados $18.612 millones de pesos para cumplir los compromisos adquiridos con las víctimas de la masacre la hacienda "El Nilo" (DNP, 2006).

27. Organización con Personería Jurídica Nº 1749 de Min-Justicia y Resolución nº 00054 del Ministerio de Agricultura, Constituida en Granada Meta en noviembre de 1984, con presencia en el Departamento del Cauca, en (22) municipios y en el norte en los Municipios de Caloto, Buenos Aires y Santander.

28. Los cálculos se derivaban de la siguiente reflexión: "La región Norte del Cauca con asentamiento de comunidad afrodescendiente tiene una población de 303.125 habitantes, de los cuales 176.678 corresponden a comunidad afro lo que equivale 58%. La población está asentada en el área rural en un 54% (94.000 Habitantes), lo que equivale a 18.985 familias. Teniendo en cuenta que la unidad agrícola familiar está definida en 6 hectáreas, hoy en poder de la comunidad afro se encuentra en promedio por familia 0.8 hectáreas para un total de 15.188, por tanto, la necesidad de tierra para nuestras comunidades es de 98.722." Carta enviada al Ministro de Agricultura. Ob. Cit. Los datos con respecto a la población, comparados con los del Censo efectuado en el año 2005 para población Afrocolombiana en el Norte del Cauca, difícilmente coinciden con los estimativos efectuados por las comunidades Afrocolombianas en la carta, pues es su gran mayoría superan los datos oficiales. Pero más allá de las cifras, lo concreto es que la comunidad afro, también demanda tierra.

29. A partir del 12 de octubre del año 2008, la Organización Indígena Nacional de Colombia ONIC, logro concertar a autoridades tradicionales de diversas regiones del país, para que participaran de la movilización nacional que los pueblos indígenas desarrollarían en Colombia. De esta manera, pueblos indígenas de los Departamentos de Norte de Santander, Antioquia, Chocó, Caldas, Risaralda, Nariño, Valle del Cauca y Tolima, se unieron a las acciones agenciadas por los Nasa en el Cauca. Sin embargo con el paso de los días, solo se mantuvo la movilización del sur del país, protagonizada por el pueblo Páez y por comunidades campesinas del Movimiento de Integración del Macizo Colombiano CIMA.

30. Se hace referencia a los partidos políticos Alianza Social Indígena ASI y a Autoridades Indígenas de Colombia, AICO.

31. El convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes versa sobre temas de tierras, contratación y condiciones de empleo, formación profesional, artesanías e industria, seguridad social y salud, educación y medios de comunicación, contactos y cooperación a través de fronteras y administración de recursos entre otros temas.

32. Por el cual se crea y organiza la jurisdicción agraria. Octubre 7 de 1989. Tomado de Cartilla de Legislación Indígena. Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC - MSD Colombia, Programa de Derechos Humanos. Popayán, Cauca, Cuarta edición. 2005. Páginas 167 y ss.

33. Por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre propiedad raíz, se dictan otras disposiciones de carácter tributario y conceden unas facultades extraordinarias. Ibídem.

34. Decreto de octubre 21 de 1991, por el cual se reglamentan los Capítulos 1 de la Ley 14 de 1983, II Título X del decreto extraordinario 1333 de 1986 y la Ley 44 de 1990.

35. Enero 25 de 1993, por la cual se organiza el subsector de adecuación de tierras y se establecen funciones.

36. Ley de Reforma Agraria y Desarrollo Rural.

37. En los capítulos IV y V, sobre deslinde de tierras de propiedad de la Nación y deslinde de tierras de resguardos indígenas y las adjudicadas a las comunidades Negras.

38. Por el cual se reglamenta parcialmente el capítulo XIV de la Ley 160 de 1994 en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las Comunidades Indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas en Territorio Nacional.

39. Sin embargo, se podrían relacionar las siguientes leyes y decretos referidos exclusivamente a población Afrocolombiana: Decreto 1332 de 1992, agosto 11. por el cual se crea la Comisión espacial para las comunidades Negras, de que trata el artículo transitorio número 55 de la C.P. sobre reconocimiento de los derechos territoriales y culturales, económicos, políticos y sociales del pueblo Negro en Colombia y se establecen las funciones y atribuciones de la misma. Ley 70 de 1993, agosto 276, por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la C.P de 1991. Decreto 2313 de 1994, de octubre 13, por el cual se adiciona la estructura interna del Ministerio de Gobierno con la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras y se le asignan funciones. Decreto 1745 de 1995, de octubre 12, por el cual se reglamenta el Capítulo III de la Ley 70 de 1993, se adopta el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las tierras de las Comunidades Negras y se dictan otras disposiciones. Decreto 2248 de 1995, de diciembre 22, por el cual se subroga el decreto 1371 de 1994, se establecen parámetros para el registro de organizaciones de base de las comunidades negras y se dictan otras disposiciones. Decreto 2249 de 1995, de diciembre 22, por el cual se conforma la Comisión Pedagógica de Comunidades Negras de que trata el artículo 42 de la Ley 70 de 1993. Decreto 1627 de 1996, de septiembre 10, por el cual se reglamenta el artículo 40 de la Ley 70 de 1993.

40. Constituida por 36 veredas, mediante resolución Nº 055 de diciembre 18 de 1997, con una extensión aproximada de 88.401 hectáreas y una población de 7.500 campesinos.

41. Constituida mediante resolución Nº 054 de diciembre 18 de 1997; extensión aproximada de 460 hectáreas y una población de 38.600 habitantes.

42. Conformada en 1997 bajo resolución Nº 054 del 22 de junio de 1999, con un área aproximada de 29.110 hectáreas y una población de 3.300 habitantes, cobijando los municipios de Arenal y Morales.

43. Conformada mediante resolución Nº 069 del 18 de 2000. Tenía una extensión de 22.000 hectáreas y una población estimada de 4.700 habitantes.

44. El Vicariato Apostólico de Tierradentro, tutelaba la educación en la sub región de Tierradentro, a través de una red de colegios seminarios y normales mediante las cuales complementaba su campaña evangelizadora. Durante la gobernación de Floro Tunubala en el departamento, se impulsa un proceso de secularización en el que el Vicariato pierde la tutoría de la Normal Superior de Belalcazar, siendo entrega a la Secretaria Departamental de Educación y ganando incidencia la Asociación de Cabildos Nasa Chacha y el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC.

45. Es la Unidad Político territorial en la que el cabildo ejerce su jurisdicción.

46. El cabildo es la Autoridad Indígena Tradicional, y se define como la Unidad Político - Administrativa del Resguardo. Esta integrado, según el número de miembros del Resguardo, por un Gobernador Indígena, un Gobernador suplente, un Capitán, un Alguacil, un Fiscal y un Tesorero. La Autoridad Tradicional, se acompaña igualmente por el Médico Tradicional.

47. Las ideas expuestas a continuación son tomadas de Rincón García John Jairo y Otros: (2004) Plan Territorial para el Mejor estar de los Comuner@s de Inzá, Tierradentro 2004 - 2007. Inzá, Cauca, Alcaldía Municipal. 2004. Páginas 82 y ss.

48. CXAYUCE. Semillas y mensajes de Etnoeducación. No. 7 - 8. SIN-123-3513.

49. La idea del proyecto de vida indígena se materializa a través de ejercicios de planeación prospectiva, que combinados con la movilización permanente de las comunidades, el ejercicio de la administración pública y otra serie de procesos, permiten hacer realidad los principios políticos y socio culturales del movimiento indígena a saber: Territorio, Unidad, Gobierno Propio y Autonomía.

50. Movimiento Campesino de Cajibío. Plan educativo Comunitario. S.F.

51. Idem.

52. Carta enviada al Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias por las comunidades Afrocolombianas del municipio de Buenos Aires, Cauca. Enero 23 de 2006.

53. En la carta escrita al Ministerio de Agricultura y citada anteriormente, las comunidades afro expresaban textualmente con relación a la campaña liberación de la Madre Tierra que: "Lo anterior conllevó la movilización y toma de Alcaldía de varios Municipios por las comunidades afro exigiéndole al gobierno Departamental y Nacional se nos tuviera en cuenta en la distribución y adjudicación de tierras. Esta presión llevo a que el Gobierno Nacional por primera vez en la historia de este país se sentara con las comunidades afro y campesinas y se hiciera la instalación de la Mesa de Negociación y Concertación de Tierras de Comunidades Negra y Campesinas del Cauca el 19 de enero de 2006 en el Salón de los Espejos de la Gobernación del Cauca con presencia del Señor Ministro de Agricultura, el Gobernador del Departamento, algunos Alcaldes y con presencia masiva de la comunidad afro y campesina fundamentalmente del Norte y Sur del Cauca (... el documento sigue citando una serie de predios que la comunidad afro espera les sean adjudicados así) Corcovao, Barrancón, Playa Rica, Santa Helena, Casa Blanca, el Alemán en el Corregimiento de La Balsa; la finca San Rafael en la Vereda Mazamorrero corregimiento de Palo Blanco que viene siendo ocupada con consentimiento del dueño por los afro de esa comunidad y la Finca el Recreo en el Corregimiento del Porvenir; las fincas la Custodia, la Primavera, la Laguna, las pirámides, Iscuande, Finca Nicolás Balanta, Santa Marta en el corregimiento de Lomitas municipio de Santander y las fincas la Camelia y la Ferreira en los corregimientos de Robles y Timba del Municipio de Jamundí, sean tenidas en cuenta solo para adjudicarlas a la comunidad afro de la zona.

54. Carta enviada. Ob. Cit.

55. FAO. Tenencia de la tierra y desarrollo rural. FAO. Estudios sobre tenencia de la Tierra, Nº 3, Roma, 2003.

56. ídem., p. 50 y ss. 

57. Esta competencia normalmente está regulada en las normas adoptadas por la sociedad, que se elaboran en respuesta a las relaciones sociales, económicas y políticas dinámicas. "Cuando estas normas no pueden adaptarse con la rapidez necesaria a las nuevas circunstancias, aumenta la posibilidad de que se produzcan conflictos. Por ejemplo, los sistemas de tenencia consuetudinarios normalmente surgieron en zonas donde los recursos eran muy considerables en comparación con la población y lo que también es importante, donde había un consenso social compartido entre los distintos titulares de los derechos. Cuando este consenso social se descompone, se abre la puerta a los conflictos". (FAO:2003;33)

58. Este elemento es resaltado con el objetivo de que los Estados reconozcan en sus políticas la vulnerabilidad de la mujer con relación al acceso a la tierra, además de la importancia de ella en la estructura social. Según un estudio citado de la FAO, "(...) las mujeres campesinas tienen la responsabilidad de producir alimentos, siendo las responsables de la mitad de la producción alimentaria mundial, produciendo entre el 60 y el 80% de los alimentos en la mayor parte de los países en desarrollo. Entre tanto, los hombres se dedican a la producción de cultivos comerciales. En el África subsahariana y en el Caribe, producen hasta el 80% de los alimentos básicos. En Asia, entre el 50 y el 90% de trabajo en arrozales es realizado por mujeres. Después de las cosechas, las campesinas de los países en desarrollo son casi las únicas encargadas de las actividades de almacenamiento, manipulación, comercialización y elaboración." (FAO:2003;31)

59. Subrayado nuestro.

60. Esta empresa es una de las mayores empresas mineras del mundo, con 21 operaciones en 10 países y cuya sede principal está en Johannesburgo. Su filial en Colombia: la Kedahda S.A.

61. Consultado en Primer Encuentro Nacional Agrominero Inter étnico. Área internacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos www.sinaltrainal.org/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=1 http://www.omal.info/www/article.php3?id_article=1200. 25 de septiembre de 2007.

62. BRODERICK Joe. El Imperio de Cartón. Impacto de una multinacional papelera en Colombia. Editorial FICA. 2007. Cali, p. 8 y ss.

63. Acusación contra Smurfit Kappa Cartón de Colombia. S.A. Mimeo. Sin fecha de edición.

64. ídem.

65. MACHADO Absalón de Jesús y Rincón García John J. Tierra, Poder y Violencia. Desarrollo Agrícola Regional, Organización Campesina y Violencia en el Valle del Cauca. 1960 - 2008. Documento del Área de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR. Versión preliminar. Bogotá, septiembre de 2008. Mimeo, p. 16.

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67. El documento del que se toma la cita se titulaba: Las fallas de la Salvajina. Carta enviada al Dr. Diego Castrillón A. Gobernador del Cauca, Popayán, desde Cali, el 8 de julio de 1985. Ibídem. Páginas 299 y ss.

68. Definición tomada de documentos producidos por el Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA. Sin fecha editorial.

69. Proceso de Comunidades Negras, Palenque Regional El Congal. Citado en MACHADO y Rincón. Ob. cit., p. 95.

70. MACHADO y Rincón, Ob.cit., p. 95.


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