Conflicto

Los procesos sociales de la guerra civil: la transformación de redes sociales en tiempos de guerra (1)

The social processes of civil war: the wartime transformation of social networks

Elisabeth Jean Wood
Investigadora y docente del Departamento de Ciencia Política, Universidad de Yale, New Haven, Connecticut 06520; 06520; and Santa Fe Institute, Santa Fe, New Mexico 87501; correo electrónico: elisabeth.wood@yale.edu

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RESUMEN
Se ha prestado poca atención a los procesos sociales de la guerra civil -la transformación de actores sociales, estructuras, normas, y prácticas- que a veces dejan legados duraderos para el periodo de la posguerra. En este artículo exploro los cambios originados por seis procesos sociales: la movilización política, la socialización militar, la polarización de identidades sociales, la militarización de la autoridad local, la transformación de los roles de género, y la fragmentación de la economía política local. Algunos de estos procesos sociales ocurren en tiempos de paz, pero la guerra puede cambiar radicalmente su ritmo, dirección, o consecuencias, con efectos tal vez irreversibles. Rastreo la amplia variación en estos procesos durante las guerras en cuatro países: Perú, El Salvador, Sri Lanka, y Sierra Leona. Analizo los efectos de estos procesos como transformaciones de las redes sociales que las reconfiguran de maneras variadas: crean nuevas redes, disuelven algunas, y cambian la estructura de otras.
Palabras clave:violencia, polarización política, movilización política, desplazamiento, militarización, roles de género.

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SUMMARY
Little attention has been paid to the social processes of civil war —the transformations of social actors, structures, norms, and practices— that sometimes leave enduring legacies for the postwar period. In this article, I explore the changes wrought by six social processes: political mobilization, military socialization, polarization of social identities, militarization of local authority, transformation of gender roles, and fragmentation of the local political economy. Some of these social processes occur in peacetime, but war may radically change their pace, direction, or consequences, with perhaps irreversible effects. I trace the wide variation in these processes during the wars in four countries: Peru, El Salvador, Sri Lanka, and Sierra Leone. I analyze the effects of these processes as transformations into social networks. These processes reconfigure social networks in a variety of ways, creating new networks, dissolving some, and changing the structure of others.
Keywords: violence, political polarization, political mobilization, displacement, militarization, gender roles.

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INTRODUCCIÓN

Recientemente, los académicos abrieron la "caja negra" de las guerras civiles, al explorar los aspectos de negociación de la guerra, la lógica de la violencia en tiempos de guerra, el forjamiento de instituciones capaces de contribuir a acuerdos de paz durables, y los retos de la desmovilización y reconstrucción en la posguerra. Un importante avance reciente es el énfasis en el análisis de la variación en los patrones de violencia, la participación, y la construcción de instituciones a través de las distintas guerras civiles.

A pesar de estos avances en el entendimiento académico, se ha prestado menos atención a los procesos sociales de la guerra civil -por los cuales entiendo la transformación de los actores, estructuras, normas, y prácticas sociales a nivel local-, que a veces dejan cambios sociales profundos a su paso. La literatura que describe y analiza estos procesos en sus patrones divergentes está dominada por estudios de caso y discusión sobre políticas, prestando aún una atención insuficiente al análisis causal y a la comparación entre casos.

En este artículo, exploro seis procesos sociales: la movilización política, la socialización militar, la polarización de las identidades sociales, la militarización de la autoridad local, la transformación de los roles de género, y la fragmentación de la economía política local. Estos son procesos que en ocasiones dejan legados duraderos. Por ejemplo, la polarización en tiempos de guerra puede conducir a polarización electoral, a la segregación, y a una cultura política de desconfianza en el periodo de posguerra.

Las guerras civiles difieren en la medida en que estos procesos operan en ellas. Así como las formas de violencia varían entre una guerra civil y otra y al interior de las mismas, estos procesos también lo hacen. Sin duda, algunos de los procesos sociales que discuto también se presentan en tiempos de paz, pero la guerra puede cambiar radicalmente el ritmo de los procesos existentes, redireccionarlos, o alterar sus consecuencias, con efectos quizás irreversibles. Al enfocarse en procesos sociales distintos de la violencia, algunos de los cuales preceden el conflicto, este artículo amplía el trabajo del antropólogo Stephen Lubkemann (2007, 2008), quien afirma que, con su énfasis en la violencia en tiempos de guerra, los académicos han ignorado la agencia de la gente del común, que lucha por realizar sus proyectos de vida en el contexto de la guerra en formas moldeadas tanto por normas sociales y patrones previos a la guerra como por la violencia. En contraste con Lubkemann, quien se enfoca en la manera como los proyectos de vida en escenarios particulares conducen a patrones contrapuestos de inmigración durante la guerra, yo amplío el enfoque para discutir una variedad de procesos sociales. Sin embargo, no hago referencia a los legado dejados por la guerra civil para los procesos de formación de estado y de régimen político.

Al igual que con otros aspectos de la guerra civil, es extremadamente difícil medir la extensión de estos procesos sociales. Yo rastreo la variación en estos procesos durante las guerras en cuatro países escogidos para ilustrar las amplias diferencias en estos procesos, a saber: Perú, El Salvador, Sri Lanka, y Sierra Leona. Como veremos, los patrones de violencia, los procesos de movilización y reclutamiento, y la medida a la que las autoridades locales resultaron militarizadas, los roles de género transformados, y las economías fragmentadas variaron ampliamente entre uno y otro de estos conflictos. Este artículo se basa en investigación de campo que realicé durante 26 meses en El Salvador, al igual que en viajes cortos a Sri Lanka y Perú.

Aquí, analizo los efectos de estos procesos como transformaciones de las redes sociales. Estos procesos reconfiguran las redes sociales de formas variadas, creando nuevas redes, disolviendo algunas, y cambiando la estructura de otras, como cuando los clientes locales de un patrón son movilizados al interior de una red armada con una nueva figura central. Una red social consta de personas (nodos de red) vinculadas por distintos tipos de relaciones (enlaces). Por ejemplo, la polarización en tiempos de guerra puede remoldear las redes de amistad en una aldea, fracturándolas en dos redes distintas sin enlaces entre ellas.

Comienzo por describir las guerras civiles en estos países, particularmente las diferencias en las estrategias de los actores armados, que son evidentes en sus distintos patrones de violencia. Luego describo los seis procesos sociales, contrastando su aparente incidencia en los cuatro conflictos y realizando algunas observaciones acerca de otros conflictos. En la conclusión, discuto brevemente sus distintas consecuencias para el periodo de posguerra.

GUERRAS CIVILES EN EL SALVADOR, PERÚ, SRI LANKA, Y SIERRA LEONA

Los procesos sociales en tiempos de guerra están fuertemente moldeados por las estrategias de los actores armados, particularmente por los patrones de violencia que ellos ejercen, que incluyen el hecho de si la violencia contra civiles es llevada a cabo de manera desproporcionada por uno de los bandos, si la violencia es generalmente indiscriminada o selectiva (los individuos son atacados por su conducta individual), la intensidad de la violencia, y el repertorio de violencia desplegado por las facciones de guerra. Por repertorio de violencia entiendo el subconjunto violento de lo que Tilly (1978, 2003, 2008) llama el repertorio de la contención, a saber, ese conjunto de prácticas violentas que un grupo armado lleva a cabo rutinariamente mientras hace reclamos a otros actores políticos o sociales. Un grupo particular puede incluir en su repertorio alguna o todas las prácticas siguientes: secuestros, asesinatos, masacres, tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado, etcétera. Aunque Kalyvas (2006), Weinstein (2006), y otros académicos han analizado la variación en la violencia letal, la variación en otras formas de violencia permanece subanalizada [pero ver Wood (2009b) sobre violencia sexual, Steele (2007) sobre desplazamiento, y Hoover (2007) para una teoría de la organización del grupo armado y de repertorios de violencia].

En particular, la manera como distintos repertorios de violencia dan forma a otros procesos sociales no se entiende adecuadamente. Los efectos sociales de una forma particular de violencia dependen del contexto; en particular, su significado para los actores sociales depende del entorno cultural (Ellis 1995, 1999). El mismo acto de violencia, por ejemplo, la violación de una joven por parte de un vecino que es miembro de una milicia local, puede ser entendida en un contexto como parte de la limpieza étnica del vecindario, y en otro como un acto privado no relacionado con los objetivos de guerra de las facciones. El patrón de violencia varía profundamente entre nuestros cuatro casos en cuanto a la intensidad, el repertorio, la mezcla de violencia selectiva e indiscriminada, y el grado de simetría en el ejercicio de la violencia por parte de las facciones armadas.

En la guerra civil de El Salvador, los insurgentes de izquierda influenciados por la ideología marxista-leninista y por la teología de la liberación se rebelaron contra un estado autoritario cuyos jefes militares connivieron con las élites económicas para mantener una sociedad altamente inequitativa basada en un modelo de agricultura con relaciones laborales opresivas(2) (Wood 2000). La violencia durante la guerra civil de El Salvador fue extremadamente asimétrica: los agentes del estado fueron responsables del 85% de las muertes, mientras que el grupo insurgente, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMNL), fue responsable del 5% (el resto no pudo ser atribuido; Comisión de la Verdad para El Salvador, 1993). La violencia contra civiles por parte de los agentes del estado fue generalizada, particularmente al comienzo de la guerra: más de cincuenta mil civiles -en un país de cinco millones de habitantes- fueron asesinados durante la guerra (Seligson & McElhinny 1996)(3).

Con frecuencia, la violencia fue indiscriminada; familias y aldeas enteras eran blancos de ataque en respuesta a actividades proinsurgentes realizadas por unos pocos miembros. La violencia sexual, aunque lejana a ser tan extendida como en otros conflictos, también fue cometida de manera desproporcionada por los agentes del estado. De hecho, la Comisión de la Verdad para El Salvador no incluye ningún caso perpetrado por el FMLN entre los 150 casos que yacen en los anexos no publicados de su informe (Wood 2009b). El patrón general de violencia durante la guerra consistió en la restricción por parte del FMLN y en una violencia crecientemente selectiva por parte de los agentes del estado (con excepción de la respuesta del estado a la ofensiva del FMLN de 1989 en San Salvador). El patrón de relativa restricción en la violencia por parte de los insurgentes fue notable, dada la complicada estructura de mando del grupo (el FMLN era una coalición de cinco organizaciones distintas).

En agudo contraste, la violencia letal en la guerra civil de Perú fue mucho más simétrica. El grupo insurgente Sendero Luminoso fue responsable del 46% de las fatalidades reportadas, y los agentes de estado del 30% de ellas (Ball, Asher, Sulmont & Manrique 2003, p. 2). La violencia se concentró en las regiones indígenas de Los Andes (tres cuartos de las víctimas de violencia letal hablaban Quechua como su lengua nativa), en la región amazónica, y en Lima. La responsabilidad en los casos de violencia sexual reportados a la Comisión de Verdad y Reconciliación fue asimétrica, siendo Sendero Luminoso responsable del 11% de los casos de violación reportados y los agentes de estado del 83% de esos casos (CVR 2003, Vol. 6, Cap. 1, pp. 274- 79). Los insurgentes se volvieron cada vez más abusadores de los civiles en la medida en que la guerra progresaba, y particularmente después de ser expulsados de sus bastiones iniciales (lo cual ocurrió en muchas áreas de la región andina para 1984 ó 1985). A lo largo de los años ochenta, Sendero llevó a cabo un gran número de masacres, mientras que las fuerzas del estado se volvieron mucho más selectivas en su violencia (Degregori, 1999, p. 79). Las unidades de Sendero forzaron a comunidades enteras a desplazarse a campos bases para trabajar en nombre de la insurgencia; a los miembros de comunidad no les era permitido salir. En ciertos campamentos, los líderes insurgentes forzaron a niñas y mujeres jóvenes a tener relaciones sexuales con ellos (CVR 2003, Vol. 6, Cap. 1, pp. 287-92).

La guerra civil de secesión étnica de Sri Lanka enfrentaba a un grupo tamil secesionista, los Tigres de Liberación de Tamil Eelam (los LTTE, por sus siglas en inglés), contra un estado dominado por dos partidos cingaleses, que desde la independencia han competido por votos en un modelo clásico de subasta étnica. Cada partido ha usado los esfuerzos del otro encaminados a lograr un compromiso étnico para reunir votantes contra el otro. La violencia en la guerra de Sri Lanka parece ser casi simétrica, pero no conozco estimativos creíbles de muertes de civiles clasificadas por grupo perpetrador(4).

Los LTTE cometían violencia significativa contra civiles a través de un patrón complejo. Los asesinatos selectivos de líderes nacionales y locales, particularmente rivales tamiles, frecuentemente resultan en la muerte de números importantes de civiles inocentes; además, los aldeanos cingaleses son el blanco de la violencia indiscriminada de carácter ocasional (a menudo en represalia por la muerte de tamiles en el área), al igual que lo son los civiles de Sri Lanka en general. Las fuerzas del estado y sus aliados paramilitares llevan a cabo un amplio repertorio de violencia, incluyendo el desplazamiento forzado, las masacres ocasionales de civiles tamiles, las desapariciones, las detenciones de largo plazo y la violencia sexual. La violencia sexual por parte del estado ocurre a través de dos patrones: la violación oportunista de mujeres y niñas tamiles en puntos de control, y un patrón recurrente, aparentemente sistemático, de tortura sexual de prisioneros tanto políticos como criminales. En agudo contraste, los LTTE casi no llevaron a cabo actos de violencia sexual (excepto como parte de la tortura de tamiles que apoyan a grupos rivales), incluso durante la limpieza étnica de musulmanes en el norte de Sri Lanka en 1990 (Wood 2009a).

La guerra civil en Sierra Leona se caracterizó por niveles extremadamente altos y repertorios inusualmente amplios de violencia, el reclutamiento forzado de combatientes (incluyendo el reclutamiento de muchos niños por los insurgentes), y lo que la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sierra Leona (TRC por sus siglas en inglés) llamó la "fluidez faccional", consistente en el frecuente cambio de alianzas y bandos por parte de unidades y grupos (TRC 2004, especialmente Vol. 3A, Cap. 4, pp. 550-52). La violencia por parte del grupo insurgente, las Fuerzas Unidas Revolucionarias (RUF por sus siglas en inglés) fue inusualmente indiscriminada. El amplio repertorio de violencia de las RUF incluía la violación colectiva, amputaciones, mutilaciones, masacres, reclutamiento forzado, desplazamiento forzado y abducción para esclavitud, incluyendo la esclavitud sexual (TRC 2004, Vol. 2, Cap. 2). Las RUF también fueron altamente inusuales en cuanto a la proporción de combatientes reclutados forzosamente: 87%, de acuerdo con Humphreys y Weinstein (2006). Mucha de la violencia pareció no tener un propósito distinto que aterrorizar a la población (TRC 2004, Vol. 2, Cap. 2, p. 34). Los agentes del estado llevaron a cabo un amplio repertorio de violencia pero fueron responsables por menos violencia contra civiles que las RUF.

Las estrategias de los actores armados y sus distintos patrones de violencia dan forma a otros procesos sociales en grados distintos, al acelerar algunos procesos en curso y al poner en marcha otros. Me refiero a cada uno de estos procesos a la vez.

MOVILIZACIÓN POLÍTICA

A menudo, la movilización política precede a la guerra civil en tanto que la contestación se profundiza en relación con las reclamaciones hechas por actores no estatales (o por actores disidentes del estado) por recursos, poder, y voz. Tanto en El Salvador como en Sri Lanka tuvo lugar una amplia movilización política antes del comienzo de la guerra civil, dado que grupos sociales no violentos intentaban persuadir a los actores estatales de atender sus reivindicaciones. Con la emergencia de la violencia de estado en El Salvador a finales de los setenta y de la violencia étnica extendida en Sri Lanka en 1983, la movilización política fue suplantada por el conflicto armado. En El Salvador, la intensa e indiscriminada violencia del estado llevó a un crecimiento rápido en las filas insurgentes de 1979 a 1981, cuando muchos activistas previamente no violentos , desilusionados con las formas políticas convencionales, reaccionaron con indignación moral (Wood, 2003). Incluso allí donde la movilización social abierta no es evidente, casi siempre tiene lugar una movilización política secreta, pues los actores no estatales intentan expandir sus números, territorio y recursos en anticipación de la lucha por venir, armada o no. En Perú, Sendero Luminoso se organizó secretamente, y sus metas y actores mostraron poca continuidad con formas previas de movilización política. En Sierra Leona, las RUF también reclutaron en secreto a sus miembros iniciales, con pocos esfuerzos encaminados a la construcción de redes de apoyo civiles; de hecho, gran parte del reclutamiento y entrenamiento iníciales ocurrió en Liberia y Libia (TRC 2004, Vol. 2, Cap. 1, p. 9; Vol. 3A, Cap. 3). En contraste con la movilización social previa, la acción colectiva que los civiles desarrollan durante muchas guerras civiles ha sido menos analizada . Por ejemplo, los civiles que apoyaban a los insurgentes en El Salvador llevaron a cabo invasiones de tierra a gran escala (Wood, 2003).

Aproximadamente la mitad de guerras civiles desde la segunda guerra mundial han sido peleadas como guerras irregulares, en las cuales los combatientes no estatales se mezclan con civiles y rara vez forman una masa significativa para entablar batallas (Balcells y Kalyvas 2007). Hay ciertas excepciones a este patrón general entre nuestros casos: los insurgentes en El Salvador combatieron en batallas convencionales hasta 1983, y algunas de las mayores batallas campales en la guerra civil de Sri Lanka han sido combatidas en líneas convencionales, como en la lucha por el control del Paso Elefante. La contienda armada ha sido predominantemente irregular en los cuatro casos, con la posible excepción de Sri Lanka. El desarrollo de la guerra irregular se basa en el apoyo continuo de al menos algunos civiles, salvo que una extraordinaria disponibilidad de recursos haga a los combatientes efectivamente autosuficientes. El contacto frecuente con civiles en la mayoría de casos de guerra irregular implica que los procesos sociales del día a día pueden ser remoldeados por los procesos del conflicto. Sin embargo, muchos de los procesos aquí analizados ocurren en una forma bastante similar durante las guerras civiles convencionales, a pesar de la diferencia significativa de los patrones específicos. Por ejemplo, los civiles en la en buena medida convencional guerra civil española fueron movilizados a áreas de retaguardia para contribuir comida y para trabajar como voluntarios en apoyo directo a los grupos armados (L. Balcells Ventura, comunicación personal).

En las guerras irregulares, los combatientes no estatales se esconden entre los civiles, y además los civiles les proporcionan inteligencia, provisiones, transporte, y reclutas frescos. Aunque los últimos tres se pueden obtener a través de la coerción de forma relativamente efectiva, como resulta evidente en el patrón de reclutamiento forzado en Sierra Leona, obtener inteligencia de alta calidad a través de la coerción es mucho más problemático (Wood, 2003). La coerción, como la tortura, da origen a incentivos perversos para proporcionar información falsa a fin de satisfacer a los intimidadores, particularmente si el civil no conoce en realidad los datos requeridos. Los agentes del estado y los actores aliados con el estado también intentan movilizar respaldo político, o al menos interrumpir la movilización a favor de los actores no estatales. Una consecuencia común de este patrón en la guerra es el aumento de la polarización política en áreas de conflicto o de conflicto anticipado en tanto que los civiles se sienten atrapados "entre dos fuegos" (Stoll, 1993).

La forma de movilización de civiles varía significativamente de un conflicto a otro, entre los actores de un mismo conflicto, y con el transcurso del tiempo . El FMLN dependió de la provisión voluntaria de inteligencia; construyó redes de colaboración de civiles encubiertos que producían una inteligencia que el gobierno no podía igualar en calidad, a pesar de varios esfuerzos para construir apoyos gubernamentales a través de programas de reforma agraria y de reubicación (Wood, 2003). La movilización en El Salvador también varió con el transcurso del tiempo. La movilización política abierta reemergió a mediados de los ochenta gracias a dos conjuntos de actores que tenían lazos encubiertos variados con los insurgentes: los residentes rurales llevaron a cabo extensas ocupaciones de tierra, y los sindicatos organizaron demostraciones y marchas masivas. En Perú, Sendero Luminoso inicialmente se basó en la persuasión para reclutar miembros, pero el grupo se volvió cada vez más coercitivo. Sus cuadros actuaron con cada vez más violencia en las comunidades de Los Andes, forzándolas a asistir a reuniones y asesinando públicamente a líderes comunitarios y a personas sospechosas de ser informantes (Starn, 1995; CVR 2003). Aunque los insurgentes de Sri Lanka también atrajeron números significativos de voluntarios tras la violencia étnica contra los tamiles de 1983, pronto desarrollaron relaciones altamente coercitivas con los civiles, asesinando a élites tamiles rivales, así como a habitantes locales que favorecían a los grupos rivales (Tambiah, 1986; Somasundaram, 1998; Narayan, Swamy 2004).

Las élites locales generalmente movilizan las redes sociales existentes, particularmente los lazos familiares y clientelares, para contrarrestar a los actores opuestos que cercenan sus intereses -no sólo las organizaciones insurgentes sino también las élites rivales que buscan obtener ventaja en el contexto desorganizado de la guerra. La movilización inicial incluye a menudo no sólo la dotación de armas a estas redes, sino también ataques a los grupos de civiles percibidos como colaboradores de las organizaciones insurgentes, como en el caso de los grupos paramilitares en Colombia (Leal Francisco, 1990; García 1996; Romero, 2003). En Sierra Leona, las sociedades tradicionales kamajor fueron movilizadas por las élites locales contra los insurgentes en la forma de Fuerzas de Defensa Civil, las cuales desplegaron una violencia generalizada en la parte meridional del país contra quienes eran percibidos como colaboradores de las RUF (TRC 2004, Vol. 2, Ch. 2). En El Salvador,durante los años setenta, las élites terratenientes dirigieron a grupos informales de clientes para que, con una violencia cada vez mayor, suprimieran las protestas que clamaban por una reforma agraria, logrando así acabar con una iniciativa de reforma agraria en 1976 (Brockett 1990, pp. 147-48). Con frecuencia, las milicias se originan en tales redes, pero rápidamente pueden escapar al control de sus fundadores, tal como ocurrió con los grupos paramilitares en Colombia.

Los actores estatales también pueden reforzar sus fuerzas acudiendo a redes clientelistas de aliados locales o a organizaciones de soldados retirados para fundar milicias civiles o fuerzas de defensa. En El Salvador, mucho antes del estallido de la guerra civil, el estado extendió ampliamente sus redes paramilitares. Muchos de los campesinos pertenecientes a estas redes eran clientes de patrones poderosos o de ex soldados, y suministraban inteligencia sobre los activistas rurales a cambio de préstamos, acceso a servicios de salud, inmunidad frente a cualquier consecuencia de sus actividades paramilitares, e insumos agrícolas tales como tierra y fertilizantes (Stanley, 1996). En Perú, el estado armó a grupos de residentes -las rondas campesinas que organizaron una resistencia local contra Sendero Luminoso, una forma de defensa civil que mostró ser muy efectiva contra los insurgentes (Starn, 1995; Degregori, 1999; Del Pino, 2005). En Ruanda, las élites locales acudieron a las redes familiares y sociales para reclutar participantes en la matanza genocida de vecinos (Fujii, 2009).

Tanto el estado como los grupos insurgentes pueden obtener combatientes de estas redes de civiles simpatizantes por medio de una variedad de mecanismos. Las organizaciones armadas a menudo acuden a grupos particulares, por ejemplo, a un grupo étnico específico, no sólo porque es mucho más probable que los reclutas entrantes aprueben una agenda particular de secesión o redistribución, sino también porque es probable que traigan con ellos normas y creencias que conciban apropiado ejercer violencia contra otros grupos. Por supuesto, estas normas y creencias pueden ser alteradas radicalmente a través de la socialización para ingresar al grupo armado, tanto por medio del entrenamiento formal como por medio de dinámicas informales de grupos pequeños, tal como los rituales degradantes (ver abajo). Los insurgentes salvadoreños se basaron en la persuasión, como también lo hicieron inicialmente los insurgentes peruanos. La participación en la movilidad social que ofrecían las insurgencias salvadoreña y peruana consistía precisamente en la contribución al reclutamiento de jóvenes. (Degregori, 1999; Wood, 2003). (Sendero Luminoso también reclutó un significativo número de estudiantes universitarios por medio de la seducción sexual de nuevos miembros por parte de cuadros más experimentados). Más tarde en la guerra, Sendero Luminoso reclutó miembros de manera forzada, incluyendo niños -un patrón observado también en Sri Lanka, donde los LTTE exigían al menos un miembro de cada hogar tamil en las áreas que controlan. Sin embargo, las organizaciones insurgentes no siempre obtienen reclutas de las redes sociales. Las RUF en Sierra Leona reclutaron forzosamente miembros sin atención a las redes sociales locales, resultando en una fuerza heterogénea con débiles lazos sociales internos entre miembros cuando éstos eran reclutados (Humphreys y Weinstein, 2006). El conjunto de reclutas de la organización también puede reflejar su base de recursos: es más probable que los grupos sin recursos económicos atraigan reclutas dispuestos a hacer compromisos de largo plazo con metas ideológicas, mientras que es más probable que aquellos con flujos de ingresos provenientes del control de recursos atraigan reclutas oportunistas (Weinstein, 2006).

En contraste, los ejércitos estatales a menudo intentan obtener o reclutar soldados de una amplia gama de subculturas a fin de construir unidad nacional (Weber, 1976). Por ejemplo, el ejército guatemalteco reclutató forzosamente soldados indígenas como parte de su programa de integración nacional (Black, 1984). En particular, el estado puede reclutar miembros enemistados de una comunidad étnica en nombre de la cual una organización insurgente está buscando autonomía o secesión, una práctica llamada "deserción étnica" (Kalyvas, 2008). Por ejemplo, en Sri Lanka, los grupos rivales militantes tamiles derrotados por los LTTE se han convertido en organizaciones paramilitares al servicio del estado (incluida la facción Karuna, un grupo que se separó de los LTTE en Sri Lanka oriental). En Perú, la conformación de las rondas campesinas condujo a nuevos lazos entre los agentes del estado y los residentes indígenas locales en muchas comunidades de la región montañosa, a pesar de la violencia previa por parte del estado (Starn, 1995: 562-63). Los actores estatales también pueden crear milicias por medio de la militarización de una división social, política, o étnica, como en el caso de Sri Lanka, donde los esfuerzos estatales por desarrollar Guardias Musulmanas Locales incrementaron bruscamente la tensión entre los musulmanes y los hindúes tamil-parlantes en Sri Lanka oriental, y condujeron a la decisión de los LTTE de expulsar a los musulmanes del norte de Sri Lanka en 1990 [Hasbullah, 2001; International Crisis Group (ICG), 2007].

Por supuesto, no todos los civiles se movilizan. Allí donde la violencia es intensa o indiscriminada, o comprende un repertorio amplio, es probable que las implicaciones sociales sean severas para los residentes del común. Las víctimas de violencia política, particularmente de violencia sexual y tortura, a menudo sufren no sólo por los daños físicos sino también por vergüenza, miedo, ostracismo, desconfianza (tanto de otros como por otros), y por la incapacidad de recordar pero también de olvidar lo que pasó (Levi, 1988; Pedersen, 2002; Human Rights Watch, 2003; Denov, 2006; Mookherjee, 2006). Como resultado, las víctimas frecuentemente se retiran de la interacción social, y viven aisladas incluso de su familia y su vecindario. Así, muchas formas tradicionales de ayuda mutua se debilitaron o desaparecieron en la región montañosa de Perú durante los años de la guerra; el efecto general fue desmovilizar, no movilizar. Ahora bien, algunos de quienes sufren violencia política contra ellos o contra miembros de su familia se movilizan en lugar de retirarse. Fundan organizaciones de la sociedad civil para abogar por el retorno de sus seres queridos (o al menos para saber qué les sucedió y poder recuperar sus cuerpos), o se unen a organizaciones armadas.

Así, la movilización política de las redes de civiles hacia redes de apoyo a los grupos armados remoldea las redes sociales. En El Salvador y Perú, por ejemplo, las redes de apoyo a los insurgentes llegaron a ejercer un poder significativo en algunas áreas, desplazando a redes que vinculaban a clientes con terratenientes y a ciudadanos locales con las autoridades de gobierno. En el caso de Perú, en muchas de esas áreas, emergieron más adelante redes que vinculaban a los residentes con el estado a través de las rondas campesinas. Sin embargo, la disolución de las redes tradicionales no siempre se logra con el surgimiento de nuevas redes. El patrón de disolución puede consistir en uno de un aislamiento social cada vez mayor, en lugar de la emergencia de nuevos lazos de red, particularmente allí donde los grupos armados exigen apoyo a través de la coerción. Como se discute a continuación, la movilización política también remoldea indirectamente las redes sociales a través de mecanismos de polarización y militarización de la autoridad local.

SOCIALIZACIÓN MILITAR

Cuando la movilización política toma la forma de movilización en apoyo de un grupo armado, el resultado es una forma distintivamente militar de socialización que tiene consecuencias tanto para combatientes como para civiles (Bourke, 1999). Las consecuencias de la socialización militar para combatientes no están bien documentadas, pero seguramente incluyen los efectos del reclutamiento y de los procesos de entrenamiento así como los efectos de atestiguar y ejercer violencia (Sofsky, 2003). Bien sea que sean voluntarios o que hayan sido coercionados, los reclutas de grupos armados tienen que ser socializados para que usen la violencia con fines grupales, no privados, si es que los líderes del grupo han de controlar la violencia desplegada por sus combatientes, típicamente por medio de la edificación de organizaciones fuertemente jerarquizadas (Huntington, 1957; Siebold, 2001). El entrenamiento y la socialización al grupo armado tienen lugar tanto formalmente, a través de la experiencia de inmersión en el "campamento de entrenamiento" (que es sorprendentemente similar entre ejércitos estatales y grupos insurgentes por igual), e informalmente, a través de rituales degradantes. En los ejércitos estatales, las poderosas experiencias del entrenamiento interminable, la deshumanización a través del abuso en manos del sargento instructor, y la degradación seguida por el "renacimiento" como miembros de un grupo por medio de rituales de iniciación normalmente fusionan a los reclutas individuales en una unidad cohesionada en donde las lealtades del uno al otro se sienten más fuertes que lealtades previas, tales como las de familia (Holmes, 1985; Dyer 2004). Una vez desplegados, los combatientes experimentan (a niveles bastante variados) la violencia como perpetradores, testigos, y a menudo como víctimas. De manera consistente, las memorias de los combatientes relatan los efectos traumáticos de presenciar la muerte o lesión de compañeros, así como los efectos, desgarradores para muchos, de ejercer violencia ellos mismos (O'Brien, 1999; Beah, 2007). Entre los mecanismos psicológicos que posiblemente operan en estos procesos de socialización para la membrecía al grupo y el ejercicio de la violencia se encuentran la conformidad, la adopción de roles, la internalización de las normas del grupo, la reducción de la disonancia cognitiva, la habituación a la violencia, la difusión de la responsabilidad hacia el grupo, la desindividualización, y la deshumanización del grupo victimizado (ver Straus 2007 y Lynch 2007 para análisis de estos mecanismos y para la evidencia relacionada con su contribución a los asesinatos masivos). Algunos de estos procesos pueden también apoyar transformaciones psicológicas prosociales, tal como la solidaridad altruista con no familiares, como sucede con la emergencia de una nueva cultura política insurgente de solidaridad en las áreas disputadas de El Salvador (Wood, 2003).

Los profundos efectos que estos procesos pueden ejercer conjuntamente sobre los combatientes son ilustrados de la manera más aguda por la violencia extrema desplegada por niños insurgentes forzosamente reclutados en Sierra Leona. Los jóvenes reclutas eran forzados por sus comandantes de las RUF a ejercer violencia letal, a veces contra miembros de su familia; algunos eran forzados a cometer violencia sexual, unos cuantos contra miembros de su familia (Human Rights Watch, 2003: 35- 42; TRC 2004, Vol. 2, Cap. 2, p. 17 y Vol. 3A, Ch. 4: 486-530ss). La violencia sufrida, observada, y ejercida era una parte integral del proceso de socialización de los combatientes de las RUF (Maclure y Denov, 2006; Denov y Gervais 2007; Honwana, 2005 en Angola y Mozambique). Como resultado de la socialización traumática que recibieron los jóvenes reclutas, muchos llegaron a ver a sus comandantes como figuras paternas, y a la organización armada como familia (Maclure y Denov, 2006).

De manera similar, los procesos de socialización de la vida ordinaria fueron desplazados y transformados entre aquellos que peleaban en el otro bando: el tradicional rito de paso a la edad adulta para los hombres jóvenes en muchas áreas se convertió en el ritual de inducción para unirse a las Fuerzas de Defensa Civil, en la medida en que las sociedades tradicionales kamajor se transformaban en milicias paramilitares (Hoffman, 2003).

La frecuentemente observada ampliación de los repertorios de violencia en el transcurso de la guerra también refleja los efectos continuos de estos mecanismos subyacentes, particularmente de la deshumanización, la difusión de la responsabilidad, la habituación, y la desindividualización, todos los cuales tienen la potencialidad de socavar las restricciones al ejercicio de la violencia (Hoover, 2007). Como se anotó anteriormente, Sendero Luminoso se volvió cada vez más abusivo en relación con los civiles y coercitivo en relación con sus propios miembros a medida que la guerra continuaba. Esto puede haber sido reflejo del debilitamiento de la comunicación con el liderazgo que ocurrió cuando el grupo fue forzado a abandonar sus bastiones iniciales, así como de la evolución de la estrategia del grupo, que cada vez alienaba más a antiguos simpatizantes. La aparente divergencia de repertorios entre una y otra unidad de Sendero es consistente con esta sugerencia; a medida que el control central se debilitaba, las unidades desarrollaron elementos particulares de su repertorio. De manera similar, en los años finales del conflicto en Sudáfrica, en su contienda por el control de KwaZulu Natal, el Congreso Nacional Africano y el Partido de la Libertad Inkatha ampliaron el repertorio de violencia, y en particular añadieron a éste la violencia sexual (y en los años inmediatamente siguientes; ver Bonnin, 2004). En el caso de Sudáfrica, los efectos de participar en y atestiguar la violencia parecen haber contribuido al socavamiento de las normas tradicionales que contenían la violencia sexual.

La socialización militar tiene consecuencias para los civiles así como para los combatientes. Como lo veremos en mayor detalle más adelante, el reclutamiento de combatientes tiene varios efectos sobre la sociedad civil local: un mayor énfasis en las identidades políticas particulares; la huída de jóvenes de sus casas (y a veces de su país, como en el éxodo masivo de salvadoreños a Estados Unidos) debido al miedo al reclutamiento forzado y a la violencia; cambios en el perfil demográfico de los hogares rurales, particularmente el paso de nuevos tipos de responsabilidad y trabajo a las mujeres, y a veces la presencia de antiguos combatientes que retornan después de su servicio. En El Salvador, por ejemplo, en ocasiones los cuadros insurgentes se movían entre los roles de combatientes y civiles; su presencia en las aldeas reforzaba las redes civiles de apoyo a los insurgentes (Wood, 2003). De forma similar, la presencia de ex soldados en otras aldeas reforzaba las redes de civiles leales al estado.

La socialización de reclutas a la vida militar remoldea las redes sociales de muchas maneras. En vez de hacer una transición a la vida adulta por medio de rituales culturales tradicionales de maduración, aprendizaje de ocupaciones particulares, y participación en redes migratorias de trabajo, los reclutas jóvenes son socializados a la edad adulta a través de su integración a grupos armados y del ejercicio de la violencia. En Uganda, los niños que se desempeñaron como soldados resultaron significativamente desaventajados por cuenta de su pérdida de instrucción escolar y desarrollo de habilidades, y una minoría de ellos quedó además traumatizada (Blattman y Annan 2007). La substitución de complejos vínculos cotidianos, formados por múltiples redes traslapadas de familia, empleo, y comunidad, por lazos con miembros del grupo armado constituye un patrón dominante.

TRANSFORMACIÓN DE IDENTIDADES Y POLARIZACIÓN

La violencia, la movilización política, y la socialización militar suelen tener el efecto conjunto de polarizar las identidades locales, tal como se ha argumentado ampliamente en relación con el caso de las identidades étnicas (Kaufmann, 1996; Fearon y Laitin, 2000), pero el proceso es complejo. Antes de que el conflicto comience, con frecuencia sucede que las divisiones locales son distintas de aquellas que se enfatizan en la retórica de las partes del conflicto. La que en el plano nacional parece ser la cuestión clave -por ejemplo, las relaciones de clase, las constituciones, o la secesión étnica- puede no ser sobresaliente en el nivel local, el cual puede estar dominado por conflictos entre familias o clanes u otras agrupaciones sociales en relación con ciertos agravios locales (Harding, 1984; Degregori, 1999; Kalyvas, 2003; Lubkemann, 2008). Incluso allí donde las divisiones locales son similares a las nacionales, la política local refleja la historia específica del escenario y sus actores. Por ejemplo, en El Salvador, la división fundamental era de clase, dado que los pobres, especialmente los pobres rurales, se organizaron contra los duraderos privilegios de las elites rurales. Sin embargo, los campesinos sin tierra no siempre apoyaron a los insurgentes, y los mecánicos y conductores de camiones se contaban entre los partidarios de los insurgentes (Wood, 2003). Los civiles partidarios de la insurgencia distinguieron entre "buenos" terratenientes y "malos" terratenientes con base en la historia de relaciones pasadas.

A medida que los actores extralocales empiezan a movilizar a los residentes o a ejercer violencia contra ellos, la división local se puede alinear cada vez más con la nacional, como resultado de por lo menos tres procesos. El primero ocurre cuando los actores locales toman partido de forma oportunista, tal vez como un medio para lograr una ventaja local, como sucede cuando una facción local denuncia ante un partido nacional a otra facción como colaboradora de la contraparte (Kalyvas 2003 y 2006). Un segundo proceso es más sencillo: es posible que los civiles tengan que apoyar a una parte a fin de obtener protección contra la otra. Esta situación ocurre con particular intensidad cuando la violencia ejercida por un bando es indiscriminada; si el comportamiento propio no proporciona seguridad contra la violencia indiscriminada, la medida más segura puede ser unirse al otro bando (Mason & Krane, 1989; Goodwin, 2001; Kalyvas & Kocher, 2007). Obviamente, la violencia puede ser contraproducente de otras formas, como cuando lleva a buscar venganza mediante la pertenencia a la organización rival. Se dice que la venganza era una motivación común para que los tamiles se unieran voluntariamente a los LTTE, y otros tamiles se han unido a grupos rivales o a las fuerzas del estado para vengar la violencia ejercida por los LTTE.

Un tercer mecanismo de alineación, a menudo ignorado, es la indignación moral como respuesta a la violencia. Como se mencionó anteriormente, a raíz de la violencia extrema ejercida por el estado, algunos activistas hasta entonces no violentos de El Salvador se sumaron a la organización insurgente. En Sri Lanka, la violencia étnica contra los tamiles de "hacienda" (tamiles cuyas familias emigraron desde la India a partir de mediados del siglo XIX a trabajar en las haciendas de té) llevó a algunos a apoyar a los LTTE, que anteriormente habían obtenido reclutas exclusivamente de los llamados tamiles de Sri Lanka (asentados principalmente en el norte). En contraste con los motivos oportunistas o de búsqueda de protección, la indignación moral alinea lealtades no sólo públicas sino también privadas con uno de los lados de la división nacional.

Más en general, los civiles atrapados "entre dos fuegos" deben elegir -con base en información insuficiente y en un contexto de alta incertidumbre- a cuál lado apoyar, especialmente cuando los combatientes fuerzan a los residentes a declarar esas elecciones. Las partes armadas pueden intentar influenciar la elección de los civiles con incentivos así como con castigos. Incluso en conflictos mayoritariamente étnicos, las lealtades no necesariamente reflejan la división étnica; con frecuencia los estados intentan crear milicias partidarias del régimen y bases civiles de apoyo, ofreciendo incentivos (incluida la protección) para la deserción étnica, como lo vimos anteriormente con la transformación de grupos militantes tamiles rivales en organizaciones paramilitares del estado.

Sin embargo, esa polarización no siempre ocurre. En las zonas disputadas de El Salvador, a partir de mediados de los ochenta, era posible ser neutral (Wood, 2003). Los residentes tenían que dar agua y a veces alimentos a los combatientes de cualquiera de los grupos que pasaban por el barrio, y ambas partes actuaban contra los residentes si los identificaban como colaboradores activos del otro bando. Pero, por lo demás, los residentes no estaban obligados a tomar partido. En varias zonas de la provincia de Usulután, por ejemplo, aproximadamente un tercio de los residentes apoyaba activamente al FMLN más allá de ese mínimo coaccionado, proporcionándole inteligencia de alta calidad así como provisiones. Dos tercios de los residentes no actuaron de esa manera, pero en todo caso se les permitió permanecer en la zona dado que cumplían con el mínimo coaccionado. Este inusual patrón fue posible porque en los últimos años de la guerra el conflicto enfrentó a una insurgencia que era inusualmente contenida en su uso de la violencia contra un ejército que dependía de la financiación de Estados Unidos, que (gracias a la movilización popular que condujo a una oposición sustancial de los congresistas a la guerra) los Estados Unidos amenazaron con suspender a menos que las violaciones derechos humanos por el estado se redujeran severamente.

Incluso cuando la polarización sí ocurre, las lealtades locales públicas pueden invertir la relación de polaridad. En las montañas de Los Andes, cuando la violencia por parte de los cuadros de Sendero superó las normas locales, algunas aldeas invirtieron su lealtad y se alinearon con las fuerzas del estado. Este patrón se propagó rápidamente a medida que la violencia estatal se volvió menos represiva y la violencia de Sendero más indiscriminada a finales de los ochenta (Degregori, 1999; Theidon, 2000; CVR, 2003).

Uno de los resultados del patrón general de polarización creciente de las lealtades públicas -y, en diversos grados, también de las identidades privadas- es la segregación cada vez mayor de las comunidades. Una razón de esto es, por supuesto, la huida. La magnitud del desplazamiento de civiles en tres de estos conflictos es asombrosa. En El Salvador, en 1987 un ∼10% de la población estaba conformado por desplazados internos, al menos un 10% se encontraba en los Estados Unidos, y otro 5% en México y otros países de América Central (Gersony 1986; Montes, 1987: 34). En Sierra Leona, al menos 800,000 personas (∼20% de la población) abandonaron sus hogares y se fueron a otras partes del país y ∼400,000 se fueron a países vecinos (Amowitz et al., 2002: 514; otras estimaciones son significativamente más altas, sugiriendo que el 50% de la población fue desplazada). En Perú, entre 500,000 y 1,000,000 de personas fueron desplazadas, la gran mayoría de las comunidades indígenas de Los Andes (ESE, 2007). En Sri Lanka, los niveles de desplazamiento son mucho más bajos: ∼460,000 personas (2%) son desplazadas, con otras 125,000 registradas como refugiadas en otros países (ESE, 2007b; ACNUR, 2007). Por supuesto, no todas fueron desplazadas por el ejercicio directo de la coerción o incluso en un contexto inmediato de miedo; algunas se fueron porque juzgaban que sus proyectos de vida podrían realizarse mejor en otros lugares, como también sucedió en Mozambique (Lubkemann, 2007 y 2008).

Si uno de los bandos se percibe como dominante, la huida de quienes se sienten amenazados por ese grupo conduce a una creciente homogeneidad de la comunidad dado que aquellos aliados al grupo se quedan allí. Un bando armado puede intentar crear esa homogeneidad, forzando a todos, excepto a sus aliados, a salir de la zona. Esa "limpieza" política ocurre a nivel local en muchas guerras civiles, no sólo en las guerras étnicas de secesión o genocidio. Las organizaciones también pueden ser purgadas, como sucede cuando los cuerpos comunitarios locales son tomados por los residentes leales a un bando, obligando a aquellos leales al otro bando a abandonar la zona. En Sri Lanka oriental, por ejemplo, una zona donde antes de la guerra familias tamiles, cingaleses, y musulmanas vivían y trabajaban juntas con poco antagonismo, las aldeas tendieron a ser cada vez más homogéneas en el transcurso de la guerra, a medida que los vecinos huían de la ocurrencia o la posibilidad de violencia contra ellos y sus coétnicos (ICG, 2007). En algunos conflictos, los barrios urbanos también segregan con base en criterios políticos, ya sea porque los individuos y familias que llegan se asientan preferentemente en zonas donde los residentes comparten lealtades o aversiones políticas, o porque los actores armados les prohiben asentarse en barrios particulares (Steele, 2007).

Aun cuando residentes de diversas lealtades permanecen en la zona, la movilización, la violencia, y la polarización suelen conducir a una segregación social cada vez mayor. En El Salvador, los residentes de zonas disputadas que no apoyaban a los insurgentes fundaron y se sumaron a iglesias evangélicas locales, en gran parte porque percibían que algunos elementos de la Iglesia Católica apoyaban a los insurgentes. Esta percepción se debía al papel de la teología de la liberación en la movilización de personas pobres antes de la guerra y a la extrema violencia estatal contra ese movimiento y sus defensores, incluido el asesinato del Arzobispo Oscar Romero (Wood, 2003).

La polarización de las identidades políticas que frecuentemente ocurre durante la guerra civil rompe las redes previas a la guerra, pues los antiguos vecinos son rechazados y los copartidarios son favorecidos. Incluso comunidades con altos niveles de matrimonio mixto antes del conflicto pueden escindirse con base en las líneas de división, como ocurrió en Bosnia, Croacia, y Rwanda. Las recientemente distintas redes también pueden moverse a través del espacio en la medida que aquellos con identidades particulares huyen o segregan.

MILITARIZACIÓN DEL GOBIERNO LOCAL

En la mayoría de las guerras civiles, la autoridad local se militariza con el surgimiento de la movilización política, la violencia, y la polarización. Con militarización quiero decir la suplantación de las formas locales del gobierno por nuevas formas que reflejan la influencia de los actores armados. En ciertos conflictos, las élites locales huyen de las áreas disputadas. Estas pueden ser el blanco particular de los actores armados, y es más probable que tengan los recursos para viajar y los medios para asentarse en otra parte, incluyendo propiedades y conexiones urbanas, e incluso a veces visas para viajar al extranjero, como sucedió en el éxodo de los profesionales tamiles y sus familias de Sri Lanka que comenzó en 1983 (Human Rights Watch, 2006). La huida de las élites constituye una oportunidad para que otros ocupen su lugar -muy probablemente actores armados, dado el riesgo y la incertidumbre que llevaron a las viejas élites a escapar. Los insurgentes y sus partidarios pueden construir nuevos órdenes locales en una variedad de patrones, dependiendo de la estrategia insurgente, la estructura de la comunidad, y las lealtades políticas locales (Arjona, 2007). La militarización del gobierno local tiene lugar al menos en algunas áreas de casi todas las guerras civiles, en la medida que los actores armados desplazan a las autoridades civiles o que las fuerzas militares o paramilitares de línea dura desplazan a las autoridades "más blandas", tales como la policía, cuando el conflicto se intensifica.

Aún cuando los civiles continúan gobernando, su dominio es a menudo militarizado. Es posible que dependan de sus lazos con las fuerzas coercitivas más que antes, o que el lugar donde se ejerce la autoridad efectiva sea desplazado a las bases o campos militares cercanos. En Perú, a mediados de los ochenta, las bases militares gobernaban el territorio circundante, a menudo con extremo abuso del poder, incluyendo la detención arbitraria, la tortura, y la violencia sexual contra los residentes (CVR, 2003). En Sri Lanka, los LTTE controlaban estrictamente la administración civil local; aquellos que se cree colaboran con el estado o apoyaban inadecuadamente a los LTTE eran castigados, y a veces asesinados, como está documentado en muchos informes de los Maestros Universitarios por los Derechos Humanos (Jaffna). En Colombia, tanto los insurgentes de izquierda como los paramilitares insisten en que las autoridades municipales sigan ciertas reglas y normas (Arjona, 2008; véase también Leal Buitrago, 2002). Es posible que se lleven a cabo elecciones u otros procesos de selección en circunstancias consideradas ilegítimas por ciertos residentes, dado que es posible que los candidatos o partidos favorecidos no participen. También es posible que las elecciones sean aplazadas durante años, manteniendo en su lugar a líderes nominales vistos como ilegítimos dada su ausencia de la zona o su inadecuado manejo de los desafíos en tiempos de guerra. En El Salvador, por ejemplo, las elecciones municipales en zonas de conflicto a menudo no se llevaban a cabo en el municipio sino en otro pueblo o ciudad, con candidatos que ya no vivían cerca del municipio. Usualmente sólo una fracción de los posibles votantes participaba, una fracción que representaba desproporcionadamente a aquellos que ya no residían en el municipio.

Allí donde los actores armados desplazan a las autoridades civiles, un resultado común es la inversión generacional de la autoridad, con lo cual quiero decir que la juventud armada suplanta a los ancianos tradicionales y a las autoridades locales. Esto ocurrió en la zona andina de Perú (Degregori, 1999: 64), en áreas de Sierra Leona dominadas por las RUF (TRC, 2004 Vol. 2 , Cap. 2: 34-45), y en Darfur (Flint&deWaal, 2005). Esta inversión puede significar que las normas sociales tradicionales que contienen la violencia ya no son aplicadas. En Medellín, Colombia, los jóvenes miembros de grupos armados rivales controlaban diferentes vecindarios, y ejercían profundas injerencias en la vida de los habitantes, como se retrata en el documental La Sierra.

La inversión también puede ocurrir a lo largo de líneas de clase o étnicas, en particular cuando los grupos insurgentes que gobiernan la zona reclutan principalmente de grupos subordinados étnicos o de clase. En las áreas controladas o disputadas por el FMLN, por ejemplo, los residentes ordinarios llegaron a ejercer una autoridad sin precedentes ante la ausencia tanto de las élites económicas como de las autoridades civiles. Su autoridad estaba limitada, sin duda, por la autoridad dominante del FMLN, y en las áreas disputadas también por aquella de los militares. No obstante, los residentes locales tomaron decisiones sobre quién podía residir en el área y quién no, qué tierras podían ser ocupadas (algunas clandestinamente, otras formalmente), y si permitían o no el retorno de ciertos antiguos residentes, incluidos los terratenientes y el alcalde (Wood, 2003). En Perú, el conflicto generacional trajo enorme violencia a algunas áreas de Los Andes, pues los adolescentes armados aliados con Sendero Luminoso se rebelaron contra sus padres y otras autoridades tradicionales (CVR, 2003 , Vol. 1, Cap. 2: 95-96; Vol. 2, Cap. 1: 451). El gobierno insurgente también tenía connotaciones étnicas y de clase en muchas áreas, pues los residentes aliados de los insurgentes que gobernaron algunos pueblos brevemente a principios de los ochenta eran generalmente más pobres y más indígenas que aquellos a quienes suplantaron.

Sin embargo, la inversión generacional no siempre ocurre. En el sur de Sierra Leona, las milicias tradicionales kamajors se convirtieron en efectivas fuerzas de defensa civil (TRC, 2004, Vol. 2, Cap. 2: 76-78). Los grupos inicialmente dependían de los rituales tradicionales de adoctrinamiento bajo la dirección de ancianos respetados. Sin embargo, esos lazos con la tradición fueron cada vez más perturbados por un anciano particular que llegó a controlar muchas milicias, introduciendo rituales violentos distorsionados que otros ancianos vieron como una perversión de las prácticas tradicionales (TRC, 2004, Vol. 2, Cap. 2: 77-79).

El gobierno insurgente adoptó una forma inusual en Sri Lanka. Comenzando en 1987 e intensificándose después de 1990, los LTTE desarrollaron una extensa administración civil en las áreas bajo su control (Byman et al. 2001; Wayland, 2004; Stokke, 2006; Mampilly, 2007). La administración insurgente se proveía de la administración del estado; el grupo cooperaba con la administración pública proporcionando servicios de salud y educación. (El estado cooperaba con este acuerdo porque rehusar habría significado que ningún servicio fuese proveído por el estado, fortaleciendo con ello el argumento de los LTTE de que un estado tamil separado era necesario). Sin embargo, los insurgentes mantenían un control exclusivo sobre la seguridad, incluyendo nuevas agencias de vigilancia y judiciales. Parecían hacer particular énfasis en la educación, insistiendo en currículos que se enfocaran en la historia, los agravios, y las aspiraciones tamiles. También exigían participación en el entrenamiento militar: todos los colegiales mayores de 14 años eran obligados a participar en ejercicios que incluían roles de seguridad y batallas simuladas (De Mel, 2007). El grupo llevaba a cabo actos de "limpieza social", amenazando o asesinando a violadores y ladrones locales, y establecía sanciones contra la violencia doméstica (Gomez, 2005). Los LTTE recaudaban impuestos de los funcionarios públicos (el 12% de su sueldo pagado por el gobierno) y de los profesionales en las áreas bajo su control, y en algunas otras áreas del país también, y además cobraban impuestos a los miembros de la diáspora tamil, manteniendo registros elaborados de las contribuciones, los ingresos, y las promesas de pagos aplazados ((Human Rights Watch, 2006). En Perú, Sendero Luminoso inicialmente llevó a cabo actos de limpieza social populares a nivel local, pero pronto acudió a la limpieza política, a menudo a través de sesiones de rendición pública de cuentas, en las cuales las comunidades locales expresaban quejas sobre los líderes locales -quejas frecuentemente seguidas por su asesinato, a pesar de las llamadas al castigo en vez de la muerte (Degregori, 1999).

El ejemplo de civiles tomando decisiones locales en El Salvador -con el respaldo implícito del FMLN- indica que el grado de militarización de la autoridad local varía significativamente. De hecho, hay importantes excepciones a este patrón general. En El Salvador, el pueblo de Tenancingo - abandonado en dos ocasiones a causa del conflicto en el pueblo mismo, incluyendo bombardeos de la fuerza aérea- se reasentó como zona inerme (zona desarmada) con base en un acuerdo entre el FMLN y los militares negociado bajo los auspicios de la arquidiócesis de San Salvador (Wood, 2003). Aunque ambos bandos pronto volvieron a transportar armas a través del pueblo y el conflicto se reanudó muy cerca de allí, el pueblo no padeció la reanudación de un conflicto severo a lo largo de los años restantes de la guerra.

La militarización de la autoridad local frecuentemente desplaza las redes de gobierno prebélicas, reemplazándolas por nuevos lazos entre algunos residentes y la nueva autoridad local (o autoridades, si hay presencia de dobles autoridades -un acontecimiento frecuente en El Salvador y Perú). La nueva red de gobierno puede ser dirigida por civiles pero normalmente depende de los actores armados por su autoridad coercitiva y a veces por su legitimidad, como en El Salvador, donde los civiles locales trabajaban estrechamente con el FMLN.

LA TRANSFORMACIÓN DE LOS ROLES DE GÉNERO

La guerra transforma los roles de género mediante una variedad de mecanismos. El más dramático, por supuesto, es el porte de armas por parte de mujeres insurgentes, que constituían el ∼30% de los combatientes en las insurgencias peruana, salvadoreña, y srilankesa, y ∼25% en la insurgencia de Sierra Leona, fracciones inusualmente altas entre los grupos armados (Mason, 1992: 250; Barrig, 1993; citado en CVR 2003, Vol. 8, Cap. 2.1, P. 56; Bouta 2005, p. 7; Humphreys y Weinstein, 2004, p. 14). Las mujeres insurgentes rompieron normas sociales tradicionales en estas sociedades. Algunas proporcionaron hogar, logística, o servicios médicos, pero algunas sirvieron como combatientes; la combinación varió de un grupo a otro. Aunque entre los miembros de los consejos de mando de alto nivel había mujeres en Perú, El Salvador y Sri Lanka, en Perú y El Salvador las mujeres generalmente servían bajo el mando de comandantes varones (con más excepciones en Perú que en El Salvador). En Perú, el acceso al poder parecía depender en gran parte de las relaciones sexuales con hombres poderosos (incluido Guzmán; CVR 2003). En El Salvador, ese no fue el caso; más bien, las mujeres de alto rango en la organización insurgente eran miembras fundadoras de las organizaciones constituyentes del FMLN, o ascendían en las filas. Las reclutas eran generalmente niñas y jóvenes solteras, lo cual reflejaba sus menores responsabilidades familiares (lo que los sociólogos denominan la disponibilidad biográfica), especialmente para las que vivían en campos de refugiados, donde las expectativas sociales de enrolarse eran elevadas (Viterna, 2006).

En Sri Lanka, las mujeres y niñas conformaban unidades separadas, entrenaban en sus propias bases, y realizaban misiones por separado así como conjuntas con las unidades masculinas (Ann 1993, Balasingham, 2001; Trawick, 2007). Las mujeres también llevaban a cabo misiones suicidas, incluido el asesinato de Rajiv Gandhi (Narayan Swamy, 2004). Las motivaciones de niñas y mujeres para unirse a los LTTE parecían muy similares a las de sus homólogos masculinos, incluyendo la venganza por la violencia estatal y el nacionalismo. La emergencia de aspiraciones feministas entre algunos cuadros experimentados aparentemente refleja su experiencia bélica y no su motivación para ingresar (Alison 2003). La presencia de mujeres combatientes no parece, sin embargo, desplazar las nociones de feminidad de los combatientes masculinos; los cuadros masculinos parecen preferir como esposas a mujeres y niñas tamiles tradicionales, no a sus compañeras combatientes. Aunque los cuadros femeninos visten uniformes de guerrilla con pantalones y frecuentemente tienen pelo corto, los LTTE exigen el uso del vestido tradicional tamil entre niñas y mujeres no combatientes (Trawick, 2007).

Los roles de género de los civiles también pueden cambiar dramáticamente durante la guerra. En El Salvador, Perú y Sri Lanka, las mujeres se convirtieron en interlocutoras primordiales del estado en vista de que buscaban noticias de sus hombres detenidos o desaparecidos. Especialmente en Perú, donde muchas de las mujeres indígenas de Los Andes no hablaban español y habían tenido poco contacto previo con las autoridades estatales, el desempeño de esta necesaria tarea implicó grandes dosis de riesgo y sufrimiento (CVR 2003, Vol. 8, Cap. 2.1 Theidon, 2007). Importantes números de mujeres que indagaban por sus parientes varones fueron detenidas, y algunas sufrieron violencia sexual durante la detención (CVR 2003). Algunas fundaron o se unieron a grupos de derechos humanos; para la mayoría de quienes lo hicieron, este era un rol en la sociedad civil que no tenía precedentes (Cordero 1998). En Sri Lanka, algunas viudas tamiles no cumplen con las normas sociales tradicionales de la viudez, negándose a retirarse al ámbito privado e insistiendo en llevar el putee, una marca tradicional en la frente que suele negarse a las viudas (Rajasingham-Senanayake 2001, pp. 106-7).

Las redes patriarcales a menudo son radicalmente remoldeadas durante la guerra porque las mujeres y niñas asumen roles sin precedentes como combatientes e interlocutoras de la autoridad, y (como se discute abajo) desempeñan nuevas formas de trabajo. El alcance de la transformación de las redes de género varía mucho entre zonas y conflictos pero es, no obstante, frecuentemente evidente en la alta proporción de hogares encabezados por mujeres tanto en zonas disputadas como en zonas donde personas refugiadas y desplazadas se congregan. En El Salvador, los hogares encabezados por mujeres conformaban aproximadamente una cuarta parte de los hogares desplazados en 1985 (USAID, 1987). Muchos hogares encabezados por mujeres están profundamente empobrecidos pese a que las niñas y mujeres asumen nuevas funciones como trabajadoras y agricultoras sin tierra.

FRAGMENTACIÓN DE LA ECONOMÍA POLÍTICA LOCAL

Con el desplazamiento de las elites locales, la suplantación de las autoridades tradicionales, y la salida de miembros de la familia a servir en los grupos armados, emergen nuevos patrones de producción y trabajo. Particularmente en zonas rurales altamente disputadas, los miembros de la familia toman decisiones difíciles en el contexto de incertidumbre y riesgo de la guerra (Collier, 1999; Humphreys, 2003).

En algunos conflictos se presenta un patrón consistente en la campesinización de la agricultura anteriormente comercial. En ausencia de inversión y gestión por parte de la élite, las grandes propiedades son cultivadas en pequeñas parcelas sembradas por hogares rurales individuales. Dado que los productos alimenticios son cada vez más escasos para la compra en mercados, bien porque estos no funcionan o porque los ingresos en efectivo han disminuido, típicamente los miembros de la familia siembran alimentos en lugar de cultivos comerciales, ya sea con el permiso de un terrateniente ausente (negociado a través de algún agente local o en viajes riesgosos a las zonas urbanas), o ilegalmente, como sucedió en las zonas disputadas en tiempos de guerra en El Salvador (Wood, 2003). La excepción a este patrón de producción de alimentos y de feminización del trabajo agrícola es la producción de cultivos ilícitos como el opio o la coca en zonas de Perú, Colombia, Birmania y Afganistán. Incluso en esos casos, la producción ocurre predominantemente en minifundios, cuya pequeña escala hace menos probable que sean detectados por autoridades estatales o grupos rivales.

En contraste con el patrón general de supresión de la mayoría de los mercados, los procesos del conflicto pueden alimentar los mercados de tierras. Los propietarios pueden estar dispuestos a vender si el uso productivo de sus propiedades es improbable, si los pagos de alquiler son bajos o inexistentes, y si los compradores están dispuestos a pagar un precio aceptable. En El Salvador, durante la guerra, muy pocos compradores estaban dispuestos a adquirir grandes propiedades (aquellas no nacionalizadas con la reforma agraria) a un precio que el propietario aceptaría porque el comprador enfrentaría los mismos riesgos propios de la guerra que el actual propietario. Por otra parte, algunos residentes sin tierra o con poca tierra recibían remesas de familiares que habían huido a los Estados Unidos. Así, la subdivisión de una gran propiedad para la venta local proporcionaba un mayor rendimiento que la venta de toda la propiedad (Wood, 2000).

En El Salvador, los mercados de tierra florecieron en los años tardíos de la guerra alrededor de pequeños pueblos y ciudades. Hubo dos razones principales: primero, la ocupación formal de las propiedades cercanas por partidarios de los insurgentes, junto con las percepciones de los terratenientes de que las relaciones laborales serían difíciles al final de la guerra; y segundo, la capacidad de los residentes pobres para comprar, gracias a las remesas de familiares en los Estados Unidos. Aunque muchas de las propiedades se subdividieron y se vendieron para vivienda, otras fueron vendidas para minifundios. Las Figuras 1 y 2 ilustran los cambios forjados en el paisaje alrededor del pueblo de San Jorge, un pequeño pueblo sobre la ladera de un volcán en el oriente de El Salvador. Estos mapas (originalmente publicados en Wood 2003) fueron dibujados para mí al final de la guerra por los miembros de la Cooperativa Candelaria, Un Nuevo Amanecer.

Antes de la guerra ( Figura 1), la zona estaba compuesta principalmente en fincas cafeteras de mediano tamaño. El pueblo se muestra en el borde inferior del mapa. Cada campo y bosque están etiquetados con el nombre del propietario, y los cultivos se indican con símbolos. La Figura 2 es la representación del paisaje de la posguerra hecha por los cooperativistas. Los campesinos militantes fundaron la cooperativa durante la guerra y al final de esta reclamaron 322 hectáreas de las fincas cafeteras ahora deterioradas, incluida una importante fracción de los sembrados de café al norte del pueblo. Esas propiedades están etiquetadas como "propiedad de la cooperatiba" [sic]. Las fincas cafeteras abandonadas (que aparecen en la parte superior de la Figura 2) eran más bosque que granja, como lo indica la serpiente cerca de la esquina superior derecha, las ramas de café quebradas cerca de la esquina superior izquierda, y anotaciones como "propiedad destruida" y "vosque destruido" [sic]. La mayor parte de las plantaciones era de maíz (no resulta evidente en la figura, pero era fácilmente observable cuando visité la cooperativa).

En otros escenarios, las grandes ganancias de los narcotraficantes pueden estimular los mercados de grandes propiedades. En Colombia, por ejemplo, los cultivos ilícitos son producidos en minifundios, pero las ganancias suelen utilizarse en la adquisición de bienes raíces (Reyes 1997, Romero 2003). Las actividades económicas controladas por los insurgentes pueden conducir a la emergencia o al fortalecimiento de mercados, como sucedió con la producción ilícita y el transporte de coca en algunas zonas de Perú (Weinstein, 2006). En el norte de Sri Lanka, los contrabandistas cruzaban regularmente los estrechos entre la costa india y las zonas controladas por los LTTE, transportando armas, efectivos, y suministros (Balasingham, 2001; Narayan Swamy, 2004).

Una transformación de la tierra agraria y de las relaciones sociales también puede ser impuesta por los actores armados. Los insurgentes pueden exigir la producción de ciertos cultivos o procedimientos particulares de trabajo, como cuando el FMLN intentó introducir algunos cultivos colectivos en zonas bajo su control en el norte de El Salvador durante los primeros años de la guerra. En Perú, tanto los insurgentes como el ejército repetidamente confiscaban ganado, diezmando los ahorros de los hogares rurales, un patrón evidente en muchos de los testimonios presentados ante la Comisión de Verdad y Reconciliación. Sendero Luminoso no sólo trató de imponer la producción colectiva en algunas zonas de Los Andes sino que también intentó prohibir la participación de los campesinos en los mercados (Starn, 1995; Degregori, 1999: 66). El estado también reasentó forzosamente algunas comunidades como una medida de contrainsurgencia (Starn, 1995).

En El Salvador, el estado llevó a cabo una reforma agraria en un esfuerzo por socavar el atractivo del FMLN. Aproximadamente una cuarta parte de la tierra cultivable fue entregada a trabajadores sin tierra y a pequeños arrendatarios, incluidos cientos de latifundios donde se había producido café, algodón y carne antes de la guerra. Aunque los planes iniciales requerían la continuación de la producción a gran escala bajo un modelo cooperativo con acceso al crédito del estado, en el transcurso de cinco años la mayoría de propiedades estaban siendo trabajadas como minifundios por miembros de la cooperativa, pues la corrupción y el manejo inadecuado condujeron rápidamente a altas deudas operacionales. Una parte distintiva de la reforma resulta evidente en la Figura 2: dos propiedades en San Jorge fueron distribuidas a los residentes a principios de los ochenta bajo la fase de la reforma agraria llamada "tierra para el agricultor"; una está etiquetada como "parcelas de FINATA", (las siglas de la agencia administradora) y la otra simplemente como "FINATA".

Los esfuerzos contrainsurgentes también pueden adoptar la forma de proyectos de desarrollo distintos de la reforma agraria, incluyendo el crédito y el apoyo técnico para la sustitución de cultivos ilícitos cuya comercialización pueda financiar grupos armados, para el desarrollo de infraestructura y para la prestación de servicios de salud. La literatura clásica sobre contrainsurgencia señalae dichos medios no militares para ganarse a las poblaciones civiles (véase, por ejemplo, Trinquier 1964 y Galula 1964). Además de la reforma agraria, el gobierno salvadoreño intentó reiteradamente reasentar familias desplazadas en nuevas aldeas ubicadas en sitios estratégicos. Estos esfuerzos no fueron exitosos porque las familias fueron a menudo desplazadas nuevamente, o su lealtad al estado resultó ser menos confiable de lo que se suponía (Wood, 2003). Los beneficiarios de la reforma agraria no necesariamente se volvieron leales al estado; los combatientes insurgentes solían descansar y reagruparse en varias fincas de la reforma agraria en el sur de El Salvador. En Sri Lanka oriental, el estado favoreció los reclamos de tierras de agricultores cingaleses, que con frecuencia habían llegado a reasentarse en la zona de manera relativamente reciente, a través de varios programas de desarrollo. Esta política llevó a un conflicto cada vez mayor con las familias tamiles por la tierra y al continuo desplazamiento de familias tamiles de sus tierras y aldeas (Peebles, 1990; ICG 2007). En contraste, el estado peruano inició relativamente pocos proyectos de desarrollo durante la guerra civil de ese país, y aquellos desplazados por el conflicto fueron en gran parte abandonados a su suerte en las periferias de Lima y de las ciudades provinciales (Kirk, 2005).

La guerra fragmenta la mayoría de los mercados rurales, en tanto que la producción comercial se estanca, las redes de transporte de entrada y salida dejan de funcionar, y las instituciones financieras retiran sus servicios. También se fragmentan, como resultado, las redes sociales que vinculan a propietarios de grandes propiedades con sus trabajadores y proveedores de insumos. De manera similar, las redes sociales que aseguran la provisión de servicios públicos y privados a los pobres rurales también se debilitan. Así, los residentes de las zonas disputadas giran cada vez más hacia la producción familiar de alimentos y servicios. En el clima de incertidumbre, desconfianza y polarización de la guerra, las redes sociales tradicionales de ayuda mutua pueden debilitarse de igual forma. En algunos casos emergen nuevas redes sociales con funciones económicas, como en los casos de las cooperativas insurgentes en El Salvador, y las redes ilícitas de producción y transporte de coca en Perú y de transporte marítimo entre la costa india y las zonas controladas por los LTTE en el norte de Sri Lanka.

CONCLUSIÓN

Los procesos sociales en tiempos de guerra aquí discutidos ocurrieron en grados variados y en diferentes formas en las guerras civiles de El Salvador, Perú, Sierra Leona y Sri Lanka. La movilización política, la socialización militar, la polarización de las identidades sociales, la militarización de la autoridad local, la transformación de los roles de género, y la fragmentación de las economías políticas locales reformaron una amplia gama de redes sociales locales, destruyendo algunas, dividiendo otras en subredes, y creando nuevas.

¿Qué legado durable, si es que alguno, dejan estos procesos para el periodo de la posguerra? La reciente emergencia en España del debate sobre si la guerra civil debería ser recordada y cómo, y en particular la controversia sobre la excavación de fosas comunes, sugiere que el legado de movilización, violencia, polarización y militarización de la autoridad puede haber permanecido latente durante los años de dictadura y del inicio del gobierno democrático. De hecho, Balcells Ventura (2007) encontró que los patrones de violencia letal durante la guerra civil española estaban asociados con patrones de votación en las elecciones en Cataluña cuatro décadas más tarde.

Cualquier evaluación de los legados debería ser muy prudente en cuanto a la extracción de conclusiones firmes. Por ejemplo, la transformación de los roles de género durante la guerra es a menudo revertida una vez la guerra llega a su fin. Las normas sociales pueden reafirmarse en la medida que las mujeres salen o son obligadas a salir de sus puestos de trabajo cuando los hombres vuelven a sus roles civiles, como fue el caso tanto en los Estados Unidos como en Francia tras la Segunda Guerra Mundial. Los actores institucionales, incluidos aquellos que trabajan en pos de la reconciliación, pueden estructurar incentivos o procedimientos tales que los nuevos roles de las mujeres sean socavados, como sucede cuando los programas de transferencia de tierras se ocupan de emitir títulos a nombre de las mujeres así como de los hombres, y cuando los programas de desmovilización favorecen a los hombres combatientes sobre las mujeres, cuyo rol puede no ser reconocido. Las mujeres pueden ser desplazadas de las posiciones de liderazgo en los partidos políticos y en las organizaciones de la sociedad civil cuando los hombres combatientes, particularmente los oficiales, regresan a la sociedad civil.

Sin embargo, a veces los procesos sociales de la guerra civil dejan cambios perdurables a su paso. En El Salvador, la guerra dejó un legado de organizaciones de la sociedad civil de izquierda y una nueva cultura política insurgente basada en reclamaciones democráticas y redistributivas sustanciales en las zonas de fuerte influencia del FMLN (Wood 2003). De hecho, la transformación del FMLN en un partido político señaló una representación de la izquierda política sin precedentes. El proceso fue conflictivo, dada la compleja estructura interna y la diversidad ideológica del grupo. Tras un proceso gradual de buen desempeño en las elecciones municipales y legislativas, y de ejercer como líder de la oposición en el parlamento, finalmente el partido ganó las elecciones presidenciales en 2009.

En otros casos, en marcado contraste, el legado de polarización de la época de guerra puede inhibir la reintegración de los combatientes y de sus supuestos partidarios. En Perú, existe una importante oposición a cualquier reconocimiento del sufrimiento de los familiares de los combatientes de Sendero, vistos por muchos como terroristas cuya reintegración no es ni moralmente deseable ni políticamente aceptable. Una generación de líderes locales fue diezmada por la guerra; los líderes comunitarios fueron asesinados por sus supuestas lealtades políticas, particularmente por los cuadros de Sendero, tanto en Los Andes como en los barrios de Lima (Burt, 1998; CVR, 2003). En Sri Lanka, los procesos sociales de la guerra en buena medida eliminaron cualquier articulación de la autonomía tamil excepto por aquella adoptada por los LTTE.

Un patrón común de cambio perdurable es de carácter demográfico. La guerra cambia la estructura de la población de los países, a menudo de forma profunda. En El Salvador, por ejemplo, la proporción 60:40 de zonas rurales versus urbanas se invirtió en el curso del conflicto, una importante aceleración de la tasa de urbanización previa a la guerra. Parece que la guerra también puede acelerar la transición hacia hogares nucleares de formas más extensas de familia en tanto que las redes familiares se dispersan durante la guerra. La guerra deja a menudo un mayor número de hogares encabezados por mujeres, no sólo debido a la mayor tasa de mortalidad de los hombres sino también debido a la dispersión de las familias y al trastorno de patrones estables de migración laboral. Las relaciones laborales pueden transformarse, incluso si hay algunos retrocesos hacia formas previas a la guerra. No siempre sucede que las mujeres y niñas se retiran a sus roles de preguerra; ellas pueden permanecer en cierta medida en las nuevas ocupaciones, especialmente en ausencia de parejas masculinas. Y las mujeres pueden continuar desempeñando roles de liderazgo en nuevas organizaciones de la sociedad civil tales como grupos de derechos humanos, particularmente en entornos donde los combatientes de ninguno de los bandos son bienvenidos a la sociedad civil, como en Perú.

Este artículo plantea muchas más preguntas de las que responde. Más investigaciones sobre los procesos sociales de la guerra civil constituirían una valiosa contribución. ¿Bajo qué condiciones ocurre cada proceso con particular fuerza? ¿Bajo qué condiciones estos procesos tienen consecuencias duraderas e importantes? ¿En qué medida las respuestas dependen de quién gana la guerra? ¿En qué medida dependen de la intensidad del conflicto, o de su duración? ¿Es posible distinguir los legados de los distintos procesos de la guerra? El desafío consistirá en desarrollar diseños de investigación que permitan desentrañar las consecuencias de distintos procesos, un desafío que puede ser enfrentado de la mejor manera a través de estrategias de investigación que aprovechen la variación subnacional.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Ana María Arjona, Laia Balcells Ventura, Regina Bateson, Samuel Bowles, Francisco Gutiérrez Sanín, Amelia Hoover, Sashini Jayawardane, Meghan Lynch, y Abbey Steele por sus comentarios. Agradezco a Emma Einhorn y Sashini Jayawardane por su asistencia en la investigatición, y a la Fundación Harry Frank Guggenheim, el Instituto de Paz de los Estados Unidos, el Centro MacMillan de Estudios Internacionales y de Área la de la Universidad de Yale y el Instituto de Santa Fe por la financiación de la investigación en proyectos relacionados. Las opiniones, hallazgos y conclusiones o recomendaciones expresadas en este artículo son de la autora y no reflejan necesariamente los puntos de vista del Instituto de Paz de los Estados Unidos (United States Institute of Peace).

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COMENTARIOS

1. Este artículo es una revisión del articulo "The Social Processes of Civil War: The Wartime Transformation of Social Networks", traducida y re-publicada, con autorizacion, del Annual Review of Political Science, Volume 11, ©2008 by Annual Reviews www.annualreviews.org.Se agradece a María Paula Saffon la lectura y comentarios sobre la traducción.

2.Siguiendo a Barrington Moore (1966), por agricultura en el cual se regulan las relaciones laborales a través de la represión de la fuerza laboral y no del mercado laboral.

3.El estándar dorado de la estimación de mortalidad en las guerras civiles, eso es, la estimación por sistemas múltiples (MSE por sus siglas en inglés), aún no se ha hecho para la guerra civil salvadoreña, por lo cual las cifras pueden ser significativamente diferentes. La MSE superó por más del doble el número de muertos y desaparecidos en el caso de Perú, mientras que la misma técnica redujo en la mitad el número en Timor Oriental (Ball et al. 2003, Silva & Ball 2006, Lynch & Hoover 2007).
FMLN: Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional, grupo insurgente de la guerra civil de El Salvador.
LTTE: Los tigres de liberación de Tamil Eelam, grupo secesionista en la guerra civil de Sri Lanka.
RUF: Fuerzas Revolucionarias Unidas, grupo insurgente en la guerra civil de Sierra Leona.

4.Ver las distintas ediciones de Sri Lanka: Estado de los derechos humanos, un Informe Anual de Law and Society Trust, los diversos informes sobre Sri Lanka por Human Rights Watch y Amnistía Internacional, y muchas publicaciones de la University Teachers for Human Rights ( Jaffna).

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