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Análisis Político

Print version ISSN 0121-4705

anal.polit. vol.23 no.70 Bogotá Sept./Dec. 2010

 

Posibilidades de Acción Politíca no Violenta en Sociedades Fragmentadas por Múltiples Conflictos: A Propósito del Caso Colombiano

Likelyhood of non-violent political action in societies fragmrnted by multiple conflicts: on the colombian case

Freddy Cante

Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor principal de la Facultad de Ciencia Política y de Gobierno de la Universidad del Rosario, e integrante del Observatorio de Redes y Acción Colectiva del CEPI de la misma universidad. Agradezco las sugerencias de Roddy Brett, y el apoyo financiero otorgado por la ONG estadounidense International Center on Nonviolent Conflict, los que fueron decisivos para una versión menos acabada de este trabajo. Las fallas que puedan persistir son de mi completa responsabilidad.


RESUMEN

Existen sociedades fragmentadas por múltiples conflictos, cercanas a la guerra de todos contra todos, marcadas por relaciones sociales autoritarias y violentas, con un débil Estado nación y una propensión de algunos gobernantes a la criminalidad y al autoritarismo, y la presencia de tiranías fragmentarias (señores de la guerra, guerrillas, y mafias). Semejante ambiente hace en extremo difícil la opción de la noviolencia. Este tema se analiza en seis secciones: 1) planteamiento del problema; 2) discusión sobre la fragmentación y el disenso en la democracia y en la acción colectiva; 3) relación entre acción política noviolenta y democracia; 4) síntesis de la situación en Colombia; 5) algunas posibilidades para la acción noviolenta en el país, que resulten apropiadas para luchar contra actores violentos y autoritarios estatales y no estatales.


SUMMARY

Ethere are societies fragmented by multi ple conflicts, close to war of all against all, characterized by authoritative and violent social relations, with a weak State nation and the propensity of some rulers to criminality and authoritarianism, and the presence of fragmentary tyrannies (warlords, guerrilla groups, and mafia). Such environment makes extremely difficult the adoption of nonviolent ways. This topic is analyzed in six sections: 1) proposal of the problem; 2) discussion on fragmentation and dissent in democracy and collective action; 3) relationshi p between non-violent political action and democracy; 4) synthesis of the Colombian situation; 5) some possibilities for the non-violent action in the country, ones proving to be adequate for fighting against violent and authoritatian state and non-state actors. Key words: No violence, democracy, society, Colombia.


"… ¡Hijo de dieciséis años, despoja al viejo cojitranco de tu padre de su muleta aforrada y sírvete de ella para saltarle los sesos! ¡Que la piedad, el temor, la religión hacia los dioses, la paz, la justicia, la verdad, el respeto de la familia, el descanso de las noches, las relaciones de vecindad, la instrucción y los modales, los cultos, los oficios, las jerarquías, las tradiciones, las costumbres y las leyes, se desvíen en las contrarias anarquías, y reine la confusión! …! ¡Que el aliento infecte al aliento, para que su sociedad, como su amistad, no sea más que veneno!"

William Shakespeare, Timón de Atenas

De la misma manera que es un déspota en su hogar y descarga sobre su hijo todo el terror que él experimenta desde la más tierna infancia ante su propio padres; del mismo modo que en su fábrica trata a gritos a sus obreros y aprueba el que un soldado de la guardia apostado a la puerta de la casa del gobernador dispare sobre un proletario adolescente que no ha querido "circular", Diederich se inclina ante quien aparece ante sus ojos como superior, bien sea por el poder de sus riquezas, por su "sabiduría" … obedecer e inclinarse ante los poderosos, humillar a los humildes y desvalidos: los proletos, los enfermos, las mujeres, he ahí el programa reactivo del autoritario.

Rubén Jaramillo Vélez. (1984)(1)

"Una de las cosas que algunos aprendimos fue que para entender el poder autoritario no bastaba… concentrarse en los grandes procesos políticos. Sobre todo en situaciones represivas tan agudas, en las que los miedos se alimentaban de una constante incertidumbre acerca de quién y por qué sería la próxima víctima, uno aprende, con rabia impotente, que se sueltan los lobos: los pequeños déspotas que hay entre nosotros, los que en contextos sociales menos brutales tienen que reprimir su voluntad de reprimir a otros, obtienen desde el Estado apoyo ideológico y amplio permiso para ejercer sus microdespotismos. Esto se vio en lugares de trabajo, en escuelas, en la cotidianidad de la calle y en muchos otros espacios donde, según los gobernantes y los microdéspotas, había tantos "infectados por la subversión" que debían ser eliminados o, al menos, "puestos en su lugar"."

Guillermo O’Donnell, Contrapuntos


INTRODUCCIÓN

En algunos lugares del mundo, las relaciones sociales - aún las más íntimas y personales - tienen un carácter marcadamente autoritario y violento. Estos conflictos al interior de la sociedad se retroalimentan con la débil presencia del Estado y la peligrosa propensión de algunos gobernantes al autoritarismo y al crimen, y con la proliferación de gobiernos ilegales locales (mafias, señores de la guerra, guerrillas que venden servicios de justicia como si este fuese un bien posicional). Como Albert Hirschman (1995) lo había sugerido, estos conflictos podrían catalogarse como explosivos y desintegradores pues fragmentan a la sociedad, y como lo advertiría Jon Elster (1989), hacen en extremo difícil la cooperación social. Aunque en semejante escenario la vida continúa en gran parte siendo breve, brutal, sucia y desagradable, persisten algunos resquicios de cohesión social y algunas posibilidades para generar acciones noviolentas.

  1. ¿Durmiendo con el enemigo?
    1. La mayor parte de las experiencias (y también de los estudios empíricos y exploraciones teóricas) en materia de acción política noviolenta, ha estado enfocada en tres tipos de acciones colectivas contenciosas que, además, no son conjuntos mutuamente excluyentes. Estas, según el énfasis de la lucha, han estado enfocadas principalmente: contra actores estatales nacionales (en particular contra dictadores), como los casos de Irán (1978-79), Filipinas (1983-86), Yugoslavia (2000); contra actores estatales internacionales (en particular imperios expansionistas), como los casos de India (1919-1947) y Polonia (1980-1989); y contra actores estatales que actúan en coalición con algún sector privilegiado de la sociedad, como los casos de la lucha por los derechos de los negros liderados por M. L. King en los años sesenta, y la lucha contra el Apartheid en Sudáfrica (1983-1990) liderada por N. Mandela y D. Tutu.
    2. En la medida en que no existen bienes públicos puros (caracterizados por ínfimos o inexistentes niveles de rivalidad y exclusión), no hay acciones colectivas exentas de conflictos y que beneficien a toda la sociedad. Por lo general, los bienes colectivos se ubican en una zona gris e intermedia entre los bienes públicos y los bienes privados (estos últimos con elevados niveles de exclusión y rivalidad que, sin embargo, están propensos a externalidades negativas y positivas). En nuestro mundo hay bienes públicos impuros (con ínfimos niveles de exclusión y gran rivalidad), bienes club (con altos niveles de exclusión y poca rivalidad), y recursos comunes locales y globales (propensos a la tragedia de la escasez) (Cárdenas, 2009; Cornes & Sandler, 1986; Schelling, 1978). Las acciones colectivas tienden a ser más contenciosas debido a los mayores grados de impurezas, de congestión y de tragedia de los bienes colectivos (Cante, 2006). Una acción colectiva contenciosa existe porque un grupo social tiene rivalidad con otra colectividad, a tal punto que lo que para unos constituye un "bien" para otros equivale a un "mal". Al referirse a la lógica del conflicto entre grupos, R. Hardin (1997) mostró que hay exitosas acciones colectivas (contenciosas) donde la prosperidad de un grupo social se produce gracias a la desgracia de su antagonista: por ejemplo el éxito de la acción colectiva de una raza, religión o nación, se logra muchas veces destruyendo a colectividades antagonistas (minorías raciales o religiosas, inmigrantes, naciones enemigas, etc.).
    3. Las acciones colectivas mencionadas en el punto (1.1.) son populares (contrarias a las elites gobernantes); contenciosas (suelen ocurrir por fuera de los canales institucionalizados de política pública y afectan intereses importantes de otros grupos de presión); y son generalizadas (con masiva participación social), y por tanto se ajustan a las movilizaciones sociales explicadas por Tarrow (1998). Algunas de sus principales características son: a) han estado enfocadas contra actores estatales (nacionales o extranjeros) y sectores privilegiados de la sociedad, los cuales constituyen minorías organizadas a quienes se atribuye la responsabilidad por el malestar que sufre la sociedad; b) los males sufridos por la sociedad son de extrema gravedad (alcanzan niveles inusuales de violencia, explotación y corrupción) y son de carácter extraordinario (contrastan con una historia de relativa normalidad); c) toda la sociedad o gran parte de ella resulta afectada significativamente por tales males y, además, se puede diferenciar nítidamente de sus agresores. Esto se esboza en el gráfico 1. Existen otros casos de sociedades polarizadas, por ejemplo sectores opulentos versus sectores pobres, como suele ocurrir en las complejas situaciones que viven países como Venezuela, Bolivia y Ecuador, esto se esboza en el gráfico 2.
    4. Resulta sintomático que sociedades como la hindú y la sudafricana hayan reaccionado ante graves agresiones de minorías fácilmente identificables, y que hoy persistan a su interior realidades como: el hambre, la desigualdad, la participación en la carrera nuclear, la discriminación racial, y otras formas de colaboración con la violencia y la ilegalidad (e incluso la inmoralidad).
    5. La acción colectiva contenciosa contra actores estatales supone que estos están enfrentados a una sociedad que actúa (o que potencialmente puede actuar) como un todo. Se asume que una inmensa mayoría de la sociedad tiene motivaciones suficientes para luchar decididamente en contra de una cúpula de minorías organizadas (de origen nacional o foráneo), quienes a veces actúan en complicidad con ínfimas minorías sociales. En tales situaciones el conflicto es simple y binario (se está a favor o en contra de los agresores), y los temas de disputa se pueden acotar o concentrar en unas pocas reivindicaciones concretas: cambio de régimen político, derrocamiento de un dictador, expulsión de invasores foráneos, conquista de derechos para un amplio sector excluido de la sociedad, etc.
    6. Por el contrario, la presencia de actores no estatales (mafias, señores de la guerra, guerrillas, etc.) supone que la sociedad está profundamente fragmentada, y que hay diversos conflictos entre diferentes sectores sociales (los cuales se causan daño mutuamente). Tal fragmentación social es evidente por la existencia de situaciones cercanas, o al menos evocadoras de la hipotética jungla hobessiana (la anárquica guerra de todos contra todos). En parte del mundo (principalmente en países subdesarrollados) existen formas predemocráticas, autoritarias y zonas grises entre la criminalidad y el Estado como lo han sugerido Olson (2000) y Tilly (1985).
    7. El autoritarismo, de acuerdo con Dahl (1988), consiste en que un sector de la sociedad (mayoritario o minoritario) carece de controles externos, es decir, cuando no hay poder de contrapeso por parte de la gente afectada. Aún en sociedades con algún grado de democracia, existen diversas situaciones de tiranía fragmentada (Tilly, 2004); estructuras mafiosas (Gambetta, 1988); señores de la guerra (Duffield, 1998); autoritarismos subnacionales (Gibson, 2006) y situaciones de guerra civil (Kalyvas, 2006 y 1999). Los estados nación pueden ser autoritarios cuando estos tienen alta capacidad de gobierno pero hay nulo poder de contrapeso por parte de la ciudadanía (Tilly, 2004 y 2007).
    8. Cuando la guerra civil abarca la totalidad o al menos parte de un país (como el caso colombiano), la sociedad (o parte de ella) está dividida en fragmentos (poblaciones asentadas en territorios), los cuales son controlados y apoyan (aún voluntariamente) a violentos actores paraestatales que luchan entre sí, y contra el gobierno. La fragmentación social puede afectar a los grupos más pequeños (familias, empresas, barrios y comunidades). Esto ocurre, en parte, debido a unas arraigadas estructuras sociales de autoritarismo, lo cual produce una violencia intragrupal que se ejerce contra la gente más marginada y vulnerable de cada colectividad. Se trata, literalmente, de una sociedad despedazada por conflictos intergrupales e intragrupales, donde la violencia se ejerce simétricamente (entre grupos aproximadamente iguales) y asimétricamente (desde grupos e individuos más poderosos en contra de los más débiles y excluidos). Kalyvas (1999 y 2006) ofrece argumentos para entender conflictos como el colombiano, tales como: a) La vida en comunidades se acerca al dicho "pueblo chiquito, infierno grande", pues aún en los grupos supuestamente más integrados y fraternos (familias, barrios, pueblos) persisten serios conflictos intragrupales; b) en las guerras civiles tales querellas son resueltas violentamente, pues ciertas personas "utilizan" a los grupos violentos para que eliminen a sus enemigos personales (y esto aparece a la luz pública como un crimen político); c) en las guerras civiles son borrosas las fronteras entre combatientes y civiles, y también son tenues entre víctimas y victimarios; d) cuando los civiles se involucran en la guerra y colaboran con grupos violentos, muchas veces lo hacen movidos por causas personales y aún oscuras emociones (lejanas de la política); y f) los grupos violentos usan la más cruda estrategia negociadora (en el sentido de Schelling, 1960), recurren a sobornos (premios) para preservar lealtades y a violencia (masacres, terror, amenazas) para reprender a la gente que no es leal. Es de tal intensidad el grado de acoso que ejercen los actores armados sobre la población civil, que en las zonas donde es más persistente la guerra civil estos últimos no tienen siquiera la opción de no cooperar con sus verdugos (Kalyvas, 2008). Esto se puede ver simplificadamente en la gráfica 3.
    9. Autores como Duncan (2006) insisten que en Colombia existen señores de la guerra (o paramilitares), los cuales tendrían cinco características, a saber: a) hegemonía político-militar pues son ejércitos privados fieles a un líder que hace las veces de gobernador local; b) toma del Estado local y respeto por el Estado Nación (las guerrillas como las FARC y el ELN no son señores de la guerra puesto que buscan la toma del poder nacional); c) administración privatizada de la justicia, la cual viola los más elementales derechos humanos; d) explotación de una economía particular (impuestos a las empresas legales, y apropiación mayoritaria de empresas ilegales como el narcotráfico y el saqueo del presupuesto público local); e) coerción y control violento a la ciudadanía. Por su parte Gibson (2006) muestra contundentes hallazgos como los siguientes: 1) la política nacional de casi cualquier democracia revelaría que la distribución territorial de las prácticas e instituciones democráticas al interior del Estado Nación son desiguales; 2) quienes controlan el poder local suelen implementar estrategias de alcance nacional, y así acceder a cargos estratégicos en el gobierno nacional (a nivel legislativo, ejecutivo o judicial) o hacer coaliciones con las elites gobernantes; 3) las elites autoritarias locales buscan que la oposición quede atrapada en luchas locales y fragmentadas (sin alcance nacional, aislada y sin aliados estratégicos). En consecuencia, pueden existir importantes sinergias entre autoritarismos locales y autoritarismo nacional y, por si fuera poco, generación de relaciones sociales autoritarias.
    10. Cuando existen situaciones de fragmentación social es imposible o extremadamente difícil coordinar una acción colectiva masiva y persistente contra actores estatales. También lo es cuando la represión es muy fuerte, o la habilidad de cooptación de los gobernantes es extremadamente inteligente. Una sociedad fragmentada expresa la ausencia de un proyecto colectivo incluyente, y la proliferación de grupos que persiguen bienes privados y bienes club. La privatización y venta de la justicia como un bien posicional (sólo al alcance de los muy pocos que puedan pagar por acceso privilegiado y, por tanto, con grandes externalidades negativas que perjudican al resto de la sociedad) incrementa la exclusión y la rivalidad. Los diversos fragmentos e individuos de la sociedad están enfrentados entre sí, y no se movilizarán contra algún actor estatal a menos que, previamente, se resuelvan los diversos conflictos y violencias sociales. Una prolongada lucha contra tiranías locales, regionales y subnacionales, y en contra de arraigadas estructuras autoritarias son requeridas para la movilización social contra actores estatales y para el avance hacia la democracia. Esto significa que hay que generar relaciones sociales y estructuras organizativas democráticas (abiertas al pluralismo, a la crítica, a la participación, a la oposición), en todos los ámbitos locales y subnacionales, lo cual exige una coordinación de acciones colectivas y el empleo de estrategias noviolentas creativas. Una vez se alcance una sociedad civil democrática (una eliminación de las tiranías locales y de las relaciones sociales autoritarias), esta colectividad se podrá enfrentar al autoritarismo de actores estatales.
    11. Semejante proceso -como lo veremos- implica una profunda y prolongada formación prioritariamente en los valores de la acción noviolenta y en la cultura democrática y, secundariamente, en las estrategias y métodos del conflicto noviolento estratégico. Puesto en breve: sin valores colectivos y sin propuesta política, poco o nada valen las estrategias. Esto último implica que más que una profunda dicotomía, podría existir una gran complementariedad entre acción noviolenta basada en principios y acción noviolenta estratégica. Autores como Schelling (1978), Elster (1989), y Dixit and Nalebuff (1991) muestran que los cooperadores incondicionales son imprescindibles para el éxito de una acción colectiva, y suelen estar motivados por razones y principios de orden moral y profundamente altruista. Por cierto, en Colombia son importantes algunos valores del cristianismo y otras creencias religiosas compatibles con la noviolencia.

  1. Acción colectiva y democracia: ¿es inevitable la fragmentación?
    1. Una de las más grandes dificultades empíricas y teóricas de la acción colectiva (y por tanto de la acción política noviolenta) es que los individuos logren algún consenso sobre objetivos colectivos y, además, se decidan a actuar en pro de sus finalidades colectivas. Autores como Arrow (1951) y Olson (1965) han dejado planteado un problema aún no resuelto por los investigadores sociales, a saber: puede existir una brecha a veces insalvable entre decisiones (y acciones) individuales, y decisiones (y acciones) sociales. Las colectividades, con frecuencia, distan de ser unificadas, coherentes y racionales. Por su parte, otros estudiosos como Elster (1989, 1999) y Tilly (1985, 2003), han hecho énfasis en que las colectividades (y las sociedades) están integradas por individuos heterogéneos, que tienen diferentes motivaciones (interés, pasión o razón), que poseen diferentes preferencias y estas varían en grado de intensidad. Ellos subrayan que antes de cualquier movilización colectiva hay que construir una colectividad, lo cual implica activación de estructuras colectivas previamente existentes y construcción de redes y coaliciones (tarea no exenta de negociaciones al interior del colectivo).
    2. Quizás todas las sociedades son propensas al disenso. J. K. Arrow (1950, 1951) demostró que la noción de "bien común" es profundamente falaz. En un escenario hipotético de suma pobreza informativa (ausencia de comparaciones interpersonales y un enfoque ordinal de las preferencias), mostró que tres individuos enfrentados a la escogencia de tres estados sociales distintos no podían alcanzar un consenso (era imposible agregar de una manera coherente sus preferencias individuales). Si se insiste en evitar los juicios de valor inherentes a las comparaciones interpersonales, el consenso sería producto de una dictadura: un individuo o minoría de individuos deberían imponer un estado social determinado al resto de la sociedad. Décadas más tarde, J. Barrow (1999), mostró que la imposibilidad de consensos arrowianos se elevaba por encima del 8% cuando se incrementaba el número de electores, y se disparaba al 100% al incrementar el número de opciones o estados sociales a escoger.
    3. Previamente J. Schumpeter (1947), había mostrado que la democracia directa resulta inviable, y que la noción de "bien común" no es siquiera realizable. Tal economista argumentó que los individuos que hacen parte del pueblo no pueden conocer todos y cada uno de los temas políticos, que no son el mejor juez en materia de asuntos públicos y que no pueden tomar decisiones completamente racionales sobre tan complejos asuntos. También hizo énfasis en que grandes diferencias (particularmente los desacuerdos en materia de principios) no se podrían resolver por la democracia sino más bien por prolongados cambios culturales. Hoy la razón está aún más del lado de Schumpeter, a juzgar por evidentes realidades como: la creciente división social del trabajo y del conocimiento (cada individuo sabe más de menos, y es ignorante de más asuntos); las asimetrías de información; y la opinión pública manipulada por parte de partidos políticos y empresas publicitarias. En la democracia invertida sugerida en el poema "la solución" de Bertold Brecht, los gobernantes ordenan disolver al pueblo inconforme y elegir otro; hoy al menos es posible que la clase dirigente y empresarial modifique o al menos influencie las preferencias electorales de la ciudadanía rasa. En un trabajo reciente, R. Dahl (1999), ofrece contundentes argumentos para mostrar que la democracia directa (y la argumentación) sólo son viables en pequeñas colectividades, en tanto que la democracia a gran escala se limitaría a la escogencia de representantes por parte del pueblo. Los asuntos más complejos y las decisiones más complicadas, por razones de tiempo y rigor analítico, sólo podrían ser tratados por grupos minoritarios.
    4. El legado teórico conservadurista y elitista de Schumpeter fue enriquecido por autores como M. Olson (1965), J. Buchanan y G. Tullock (1965) y A. Downs (1973). De sus aportes se puede destacar que: la esencia de la política es la comparación interpersonal de ganancias y esto exige un tratamiento cardinal de las preferencias electorales para saber cual es el peso relativo de los votos (Downs, 1973); en una democracia indirecta o representativa las minorías organizadas dominan a las mayorías dispersas, en razón de los astronómicos costos de organización, información y de comunicación inherentes a los grandes grupos (Olson, 1965); los votos o preferencias de las minorías tienen más peso (son más intensas y decisivas) que los de las mayorías, dado que las primeras poseen más conocimiento político, más información y más recursos económicos (a lo que se agregan sus poderes de coerción y publicidad) (Downs, 1973); las minorías organizadas son coaliciones de políticos (buscadores de reelección), imponentes grupos y gremios económicos (buscadores de rentas) y tecnócratas (mercenarios del conocimiento); y las mayorías dispersas se limitan a escoger gobernantes y, raras veces, a decidir sobre temas públicos muy delimitados y de alta sensibilidad (por ejemplo mediante referendos).
    5. Aún las sociedades democráticas están divididas en clases sociales: la desigual distribución de la riqueza y de los ingresos, junto con la proliferación de valores individualistas (el denominado individualismo posesivo), generan profundas grietas en la sociedad. Autores como Kaleki (1977), C. B. MacPherson (1962, 1981, 1991, 1997) y Tilly (2003) muestran, respectivamente, que: a) las democracias capitalistas están divididas entre consumidores (gastan lo que ganan) e inversionistas (ganan lo que gastan); b) la propiedad privada y el individualismo posesivo hacen de la política un mercado de compra y venta de votos al servicio de los poseedores de capital; c) aún en las democracias existe explotación, aunque una sociedad más igualitaria y unos individuos menos egoístas podrían generar una auténtica democracia que permita el libre desarrollo de todas las personas.
    6. Dahl (2002) ha mostrado que la otrora paradigmática democracia estadounidense (y su constitución) serían viables en un ámbito de pequeños propietarios agrícolas como el que conoció Alexis de Tocqueville. En el mundo actual, caracterizado por monstruosos imperios empresariales (y donde las empresas son jerárquicas y pueden llegar a ser comparables en su poder a los Estados), no es factible la democracia a menos que se implemente el autogobierno del pueblo no sólo en los Estados sino también en las empresas. Un mayor igualitarismo (en cuanto a la propiedad) y un control democrático de las empresas (y presumiblemente de otras organizaciones sociales) podrían ayudar a generar una auténtica democracia. Esto significa que aún en las denominadas "democracias avanzadas" existen tiranías ejercidas por empresas y gigantescas corporaciones y que, por tanto, para generar una auténtica democracia es importante que los trabajadores y empleados luchen por generar relaciones democráticas al interior de tales organizaciones. Además, dado que los votos más intensos (con mayor peso electoral) son los de la gente rica, hay que reducir la desigualdad en materia de distribución de riqueza y de ingreso.
    7. Las naciones y las democracias constituyen bienes club imperfectos y excluyentes (con altas barreras étnicas, culturales, económicas y sociales a la entrada) que reducen en algún grado la rivalidad a su interior. No hay sociedades completamente abiertas y plurales. La nación es una especie de comunidad o tribu imaginada, y el territorio del estado nación es más excluyente y finito que la posesión de recursos como el capital o el trabajo. No sin razón Adolfo Hitler dijo que él simplemente estaba siguiendo los pasos de la civilizada democracia estadounidense, al exterminar a razas inferiores y bárbaras. La democracia significa el gobierno del pueblo, pero este tiene dos connotaciones: demos (población) y ethnos (grupo étnico que comparte una cultura común). En consecuencia, existe una tiranía de la mayoría étnica contra minorías étnicas, las cuales son objeto de exterminio, o de humillante asimilación y cruel explotación y discriminación. A esto se suma que la mayor parte de las guerras civiles son de naturaleza étnica, y se estima que el 80% de las víctimas de estas son civiles. Ver Mann (2005).

  1. Acción política noviolenta y democracia:
    1. La lógica de la acción política noviolenta nos permite entender que el poder (en sus modalidades económicas, políticas, militares, sociales y aún afectivas) es una relación de interdependencia estratégica: el poder de quien supuestamente "manda" depende del consentimiento (aceptación o aquiescencia de carácter voluntario o involuntario) de quien se supone que "obedece". A esto se agrega que quienes mandan dependen de fuentes de poder, las cuales con frecuencia dependen de la colaboración (directa o indirecta) de quienes obedecen. Tal enseñanza es el legado ya clásico de autores como E. de la Boetiè, H. D. Thoreau, M. Gandhi y G. Sharp (1973). El clásico juego del ultimátum ayuda a representar, aunque de manera algo simplista, al poder político como una relación social de interdependencia: la estrategia de quien hace una oferta puede ser validada gracias a la estrategia de aceptación de quien recibe la oferta, o invalidada debido a su estrategia de rechazo.
    2. Una colectividad (desde una minoría hasta toda una sociedad) puede ejercer su poder de contrapeso (negar u otorgar consentimiento a los gobernantes), si previamente se ha liberado cognitivamente. Infortunadamente la acción política noviolenta dista de una elección completamente libre y voluntaria, debido a importantes obstrucciones de orden cultural, psicológico y aún organizativo (Schock, 2005). Una liberación cognitiva supone la existencia de un poder de coordinación (Hardin, 1995): para cada individuo agraviado (o al menos para una gran mayoría) es más viable participar en una acción colectiva que abstenerse de hacerlo. Así las cosas, una colectividad no se rebelará contra una tiranía, a menos que tenga una opción (un orden social mejor, una propuesta política o al menos un liderazgo nuevo y alternativo a los líderes de la clase política tradicional). Tal poder de coordinación significa que existe algún consenso en torno a unos valores alternativos (cultura, metapreferencias y visiones del mundo diferentes a los dominantes y hegemónicos) (Cante, 2007).
    3. Si se examinan otras formas más sutiles y arraigadas de poder político, entonces la lógica del poder como un ejercicio de consentimiento (voluntario) presente en los desarrollos de autores como La Boetié y H. Arendt pierden validez. Una de las grandes dificultades para la liberación cognitiva y, por tanto, para los ejercicios de acción colectiva y acción política noviolenta, radica en que las personas explotadas y oprimidas suelen profesar las ideologías y valores de sus dominadores. El problema de las dimensiones invisibles del poder (manipulación de la agenda e influencias ideológicas y psicológicas) y de la obediencia involuntaria ha sido examinado por Lukes (2005).
    4. Si existen la liberación cognitiva, las opciones ideológicas adecuadas y, además, suficientes oportunidades políticas y organización, entonces es posible que los sectores populares puedan ejercer su poder de contrapeso. La acción política noviolenta estratégica abarca un conjunto de estrategias y tácticas, y aproximadamente 200 métodos de acción noviolenta, estudiados por autores como G. Sharp (1973), Ackerman y Kruegler (1994) y Helvey (2004), los cuales se agrupan en tres conjuntos, a saber: publicidad y denuncia; no colaboración económica, social, política y aún afectiva con el adversario político; y acciones directas de carácter coercitivo y creativo (opciones económicas solidarias e incluyentes, modalidades de justicia restaurativa, formas de desarrollo sostenible ecológicamente).
    5. La democracia es en sí misma un ejercicio institucionalizado de algunas acciones noviolentas. El legado de Popper (1945) se resume así: a) la pregunta pertinente no es quien es el mejor gobernante (el representante de Dios, el representante de la mayoría, la clase o raza elegidas y sabias), sino más bien, cómo liberarse de la potencial tiranía de los gobernantes; b) la democracia (el menos peor de los regímenes políticos conocidos) permite que los gobernados puedan cuestionar y aún derrocar a sus gobernantes sin derramamiento de sangre. En una democracia, a diferencia de regímenes tiránicos y mafiosos, es más factible que el poder de las minorías gobernantes (la clase política en el sentido de Mosca (2004)), dependa del consentimiento de las mayorías gobernadas y de la división de poderes (Olson, 2000; Dahl, 1999). Si los gobernantes tuviesen acaparado todo el poder (y no tuviesen controles externos) serían tiranos. La mayor división del poder permite que las minorías organizadas (la clase política) sean más fácilmente controladas y reguladas por las masas gobernadas. Una democracia ayuda a generar más poder de contrapeso a favor de las mayorías, gracias a: la descentralización de las decisiones, el pluralismo (libertades de prensa y de pensamiento), y la división y competencia de poderes políticos (ejecutivo, legislativo y judicial), al igual que los sistemas de frenos y contrapesos. En una democracia los gobernantes (la elite que maneja al Estado y que supuestamente manda) depende del consentimiento y de la competencia con otros poderes, incluido el del pueblo que es gobernado (Ver Dahl 1988, 1999).
    6. Dahl (1988) muestra que el poder de la mayoría aún es una ilusión. Las preferencias electorales (políticas) de las mayorías son menos intensas que las de las minorías gobernantes y su participación política es marginal. Las modernas democracias, en gran parte, tienden a ser madisonianas(2): gracias a la división de poderes y al pluralismo, permiten que unas minorías organizadas (y rara vez algunos movimientos sociales masivos), ejerzan algún control (o al menos alguna influencia) sobre las elites gobernantes. En modernas democracias constitucionales gran parte del poder de contrapeso es ejercido por minorías organizadas (e independientes del gobierno) con valores y fines contrapuestos a los de los gobernantes. Tal oposición, con frecuencia, es fiel a la constitución (valores e instituciones estatales), pero puede divergir de las políticas de los gobernantes (más aún si estas se desvían de la constitución, y son injustas y diseñadas para servir a intereses de privilegiados). A esto se agrega que los gobernantes no son un bloque monolítico, a su interior existen diferencias importantes y grados significativos de pluralismo. Se destacan el poder judicial de las cortes que vigilan la constitución, el imperio de la ley, y suelen propender por la justicia social. También se resalta el papel del poder legislativo representado en el congreso. Además existen otras instituciones independientes y controladoras del gobierno (banco central, universidades, centros de estadística, procuraduría, contraloría, etc.). Y, al interior del heterogéneo y extenso conjunto de la denominada sociedad civil, existen grupos organizados e independientes (de los partidos políticos y de los gobiernos), se trata de los periodistas y artistas; los intelectuales independientes; las ONG’s independientes y, ocasionalmente, los movimientos sociales.
    7. A pesar de su pesimismo, Dahl (1988, 1999) ha insistido en el importante rol que, quizás en un futuro, podrían ostentar las mayorías en las democracias. Este autor ha sugerido que la poliarquía (moderna democracia) depende de: 1) funcionarios electos, 2) elecciones libres e imparciales, 3) sufragio inclusivo, 4) derecho a ocupar cargos públicos, 5) libertad de expresión, 6) variedad de fuentes de información, 7) autonomía asociativa. Por su parte Tilly (2003) ha hecho énfasis en que una democracia supone que la ciudadanía (la sociedad) puede controlar a sus gobernantes no sólo mediante las elecciones periódicas, sino también mediante otros mecanismos institucionales como: rendición de cuentas, acciones populares en contra de leyes y políticas, y aún objeción de conciencia. No obstante, siguiendo a Rawls y Dworkin, cuando hay injusticias y algunas leyes están en cuestión se precisan otros procesos más radicales como la desobediencia civil. Más aún, cuando hay personas en situaciones de carencia extrema (que ni tan siquiera ostentan el estatus de ciudadanía), entonces está en cuestión la totalidad del contrato social y es oportuna la resistencia civil (Gargarella, 2006).
    8. En América Latina, particularmente en los últimos años, existen notables déficits en la democracia. Un estudioso de los regímenes políticos latinoamericanos, G. O’Donnell (1997), afirma que las democracias de tales países no son representativas sino delegativas, y define así sus rasgos principales: a) los presidentes electos se comportan como seres todopoderosos que encarnan la nación y pueden definir los intereses de esta, además actúan por encima de los partidos políticos y de los intereses organizados; b) no existe rendición de cuentas (accountability) pues los gobernantes no están sujetos a la obligación de rendir cuentas de su gestión ni a responsabilizarse legal y políticamente por ella.

  1. Una interpretación de la situación colombiana:
    1. Pocos hechos contundentes indican la existencia de alguna tradición democrática en el país, se destacan: las elecciones periódicas de gobernantes; el derrocamiento de un dictador a fines de los cincuentas; la presión social exitosa en pro de la nueva Constitución política de 1991; y la elección popular de alcaldes y gobernadores(3) (y algún ascenso de pocos líderes progresistas) desde fines de los ochentas. También se subraya que el pueblo colombiano ha aportado al repertorio de la acción noviolenta modalidades como los paros cívicos nacionales (Parkman, 1997) y últimamente formas de resistencia comunitaria (asambleas constituyentes y comunidades de paz). A esto se agrega la existencia de cierta democracia (en el sentido madisoniano), gracias al comportamiento (a veces discontinuo, algo tímido y todavía muy reactivo) de las Cortes (Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional), la Fiscalía, la Defensoría del pueblo, algunos intelectuales, periodistas y artistas, y algunos movimientos ciudadanos exitosos (principalmente indígenas).
    2. Gran parte de las acciones colectivas populares (y contenciosas) en Colombia, son efímeras (con frecuencia duran sólo un día), fragmentadas (se circunscriben a un municipio, barrio o poblado). Las movilizaciones nacionales son superficiales (más intensivas en típicas protestas como marchas masivas o votaciones por la paz, que en acciones colectivas sostenidas que usan amplios repertorios de la acción política noviolenta). Se destaca que muchas de estas acciones son reactivas y van dirigidas contra violentos grupos ilegales (guerrillas y paramilitares). Muchas de estas dicen promover la paz, la cual, en una sociedad fragmentada, se presta a muchos significados (muchas veces derivados de intereses opuestos). Se pueden subrayar los siguientes hechos: 1) las acciones más duraderas y con algún repertorio en métodos de acción noviolenta (creativa y de no colaboración), son minoritarias (comunitarias) y aún circunscritas a lo local; 2) las acciones más masivas y de alcance nacional son efímeras y se reducen a marchas o superficiales protestas simbólicas (comparables a un inofensivo pasatiempo); 3) la sociedad colombiana está profundamente dividida y es excluyente, no todas las víctimas son igualmente importantes; 4) a juzgar por la magnitud y publicidad de las movilizaciones nacionales, pesan más las víctimas ricas y las de grandes centros urbanos (secuestro, extorsión y atentados a la infraestructura) que los pobres del campo (masacres, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado de infantes, minas antipersonales) y de la izquierda y el sindicalismo (desaparición forzada y destrucción de partidos políticos) como la Unión Patriótica); y 4) hay sectores que por oponerse a unos actores no estatales violentos se alían a otros grupos autoritarios ilegales y nocivos y, además, legitiman el autoritarismo de los actuales gobernantes (los paramilitares y el Presidente Uribe han gozado y gozan de amplio apoyo social).
    3. La sociedad colombiana ha sido y es profundamente fragmentada, autoritaria y violenta. La fragmentación de Colombia ha sido facilitada por una complicada geografía (selvas, montañas, etc.) y una desconexión entre muchos municipios y regiones del país. Gran parte de las personas se identifican más con su región que con una noción de país. En novelas como Cien años de soledad de G. G. Márquez, se advierte cuan provinciano y aislado es el pueblo colombiano. En cuanto a la fragmentación social aún siguen siendo válidos algunos planteamientos centrales del informe de la Comisión de Estudios sobre la violencia (1987). Se destacan tres de sus afirmaciones categóricas: a) El principal conflicto es la desigualdad socioeconómica, y el conflicto armado es, en parte, derivado de este (y, por tanto, resulta urgente e imperativo mostrar el alcance beneficioso del conflicto noviolento estratégico y la cultura democrática); b) la violencia no es meramente política, es también social y económica, y llega a las familias y las vecindades; c) la gente se agrede aquí más por razones de la calidad de sus vidas y de sus relaciones sociales que por lograr el acceso al control del Estado.
    4. Los últimos veinte años han estado marcados por una más profunda fragmentación social y el imperio de tiranías de guerrillas y paramilitares. Tal enfrentamiento tiene algunos tintes de guerra civil, y se evidencian hallazgos como los indicados por Kalyvas (2006): la excesiva muerte de civiles ocurre, en parte, porque los enfrentamientos entre grupos armados (y el enrolamiento de combatientes) se nutren de algunas disputas y fragmentaciones sociales locales. De izquierda a derecha, la clase política y algunos sectores de la oposición han implementado la combinación de todas las formas de lucha, y han privilegiado la violencia, el crimen y la corrupción (hoy emergen escándalos como la parapolítica y la farpolítica). Los últimos ocho años de una política de Seguridad Democrática, liderada por el popular presidente Uribe, marcan nítidas tendencias hacia un autoritarismo (excesiva concentración y manipulación de todos los poderes por parte del presidente), y hacia una política neoliberal que genera aun más desigualdad. Los grupos paramilitares han sido útiles para el caudal electoral que ha propiciado dos elecciones consecutivas de Uribe (escándalo de la parapolítica), y son sus aliados (implícitamente) en cuanto a su preservación del status quo (desigualdad) y su lucha contra la insurgencia, aunque sean inconvenientes por sus profundos vínculos con el narcotráfico. Las torpes guerrillas izquierdistas (¡si no existieran habría que inventarlas!), han justificado el gasto armamentista de la seguridad democrática y el "mal necesario" del paramilitarismo, e involuntariamente han ayudado al favoritismo por Uribe. La torpeza y demencia estratégica de las FARC y el ELN podrían llegar a tal punto que, no obstante su discurso izquierdista, han motivado a miles de personas para que militen en filas de la extrema derecha. Un electorado maleable, y una historia de fracasos del pacifismo hoy favorecen a uno de los presidentes más autoritarios de la historia colombiana.
    5. No se pueden ocultar algunos avances en materia de seguridad de la administración Uribe como sus triunfos sobre las FARC, la desmovilización parcial de algunos frentes de paramilitares, y una demasiado tímida comisión de reparación y reconciliación que opera aún en medio del conflicto. Por cierto, la clase política (y obviamente los grandes propietarios) han sido los grandes beneficiarios del conflicto. Guerrillas y paramilitares, debido a sus limitaciones estratégicas, y a su falta de cohesión y coherencia (con frecuencia muchos guerrilleros y ex-guerrilleros se han pasado a las filas del paramilitarismo), han sido más perpetradores de violencia que, directa o indirectamente, acrecienta el poder de los beneficiarios. Y muchos sectores de la sociedad colombiana (y aún del resto del mundo) han sido y son colaboradores (patrocinadores) voluntarios o involuntarios, o sirven de mano de obra, a las organizaciones perpetradoras de violencia. La complejidad del conflicto que no se reduce a simplistas esquemas binarios de víctimas y victimarios, apenas queda esbozada en la gráfica #4.
    6. El narcotráfico ha sido y aún es una fuente de poder económico de los grupos violentos ilegales (guerrillas y paramilitares) e, incluso, de un sector de la clase política. Como lo plantea Thoumi (2005), sólo sociedades fragmentadas, con escaso control estatal e ínfimo imperio de la ley, como Colombia y Afganistán, han sido ambientes privilegiados para los mercados negros de cocaína y heroína. Hoy existe un círculo vicioso, una retroalimentación entre grupos ilegales violentos (guerrillas y paramilitares), políticos corruptos y sanguinarios carteles de la droga: a mayor criminalidad más narcotráfico, y a mayor prosperidad de tal mercado negro más proliferación de empresas violentas y criminales. La economía del narcotráfico (con laboratorios clandestinos y cultivos ilícitos de coca y amapola), tan esencial para las maquinarias ilegales de guerra, es factible por la misma geografía, y por una mentalidad (una cultura) de la servidumbre y el feudo. El narcotráfico es una forma de vida (de subsistencia y aún de enriquecimiento) para mucha gente, es compatible con una arraigada cultura del atajo (todo vale, el fin justifica los medios), y lejos de haberse mermado es un sector próspero de la economía.
    7. Existen fuertes y arraigados intereses y pasiones que, al menos en el corto y mediano plazo, hacen risible cualquier quijotada como "postconflicto" y "reconciliación", y aún hacen difícil la generación de acciones políticas noviolentas(4). Los sectores más opulentos (grandes grupos económicos, empresarios de megaproyectos, firmas multinacionales, y grandes terratenientes) no han sido ni son permeables a reformas que tiendan a democratizar la propiedad. Una historia de guerra prolongada y de exterminio silencioso (comparable en crueldad a las dictaduras de Centro América y del cono sur), mantiene vivas las heridas que alimentan emociones como el odio, la rabia, el resentimiento y la venganza. Quizás la totalidad de combatientes y gran parte de sus bases de apoyo social ostentan el doble rol de víctimas y victimarios. Pasiones como las mencionadas, de acuerdo con Petersen (2006), pueden propiciar acciones violentas, aunque, quizás, si existen adecuadas políticas de justicia penal (castigo para los perpetradores y beneficiarios de la violencia), se puede neutralizar la potencial agresión. Por cierto, uno de los retos para los teóricos de la acción noviolenta es, justamente, el de diseñar acciones que pudiesen servir para enfrentar intereses y pasiones como los mencionados.

  1. ¿Qué hacer? Algunas posibilidades de acción noviolenta
    1. En términos generales se requiere avanzar significativamente hacia la construcción de Estado y de sociedad civil. En Colombia el régimen político está más en las zonas de autoritarismo que de democracia (ver la figura roja e irregular en la gráfica #5). En el país se debe avanzar hacia un escenario de democracia (con alta capacidad de gobierno, y alta capacidad democrática que se origina en una sociedad civil cohesionada y movilizada). La novedad de la administración Uribe es su avance hacia la capacidad de gobierno, con una alta intensidad de represión y autoritarismo que, por cierto, convive con cierto autoritarismo fragmentado (guerrillas y paramilitares aún no han desparecido del mapa)(5).
    2. El aporte significativo de una acción política noviolenta, en cuanto a la capacidad de gobierno, estaría representado en mayores niveles de justicia social (más igualdad socioeconómica, más pluralismo político) y mejor administración de la justicia (menos impunidad, más reconciliación). Obviamente es urgente promover una rigurosa investigación en materia de estrategias de seguridad noviolentas y en un modelo de seguridad que no dañe la democracia. Además hay que fomentar investigaciones para, en un futuro, generar políticas estatales noviolentas y brindar oportunidades políticas para movimientos noviolentos.
    3. La acción política noviolenta es pertinente no sólo para acabar la guerra (e implementar estrategias del conflicto noviolento estratégico) sino, fundamentalmente, para implementar relaciones sociales más justas y propender por una mayor cultura democrática. Es imperativo entonces trabajar en la promoción de los valores de la noviolencia y en la formación en la cultura de la democracia. En cuanto a la mayor capacidad democrática, se requiere un conjunto de acciones noviolentas para suprimir los autoritarismos y las violencias locales, mejorar la convivencia social, y promover formas organizativas democráticas al interior de empresas y otras organizaciones sociales. A esto le sigue la ardua tarea de generar acciones colectivas nacionales, mediante la estructuración de redes y proyectos colectivos más incluyentes. Esto último supone un trabajo en materia de acciones noviolentas creativas, en particular en el tema de la economía de la noviolencia (empresas solidarias, empresas con objetivos sociales). Esto último se insinúa en el gráfico 6. La tarea es gigantesca: en términos de tiempo no es una campaña de unos meses o años, sino una labor intergeneracional de décadas; en términos espaciales es descentralizada, pues debe llegar a los ámbitos más micro (la familia, la comunidad, etc.)
    4. Una de las batallas más prioritarias, en lo académico y en lo mediático, es la de posicionar el tema de la acción política noviolenta como una alternativa factible y diferente (y superior) al tortuoso vaivén del país entre pacifismo laxo (negociación y diálogo) y mano dura (seguridad democrática). Esto último implica una ardua tarea en materia de educación y traducción a un lenguaje popular de algunos de los principios, conceptos, e instrumentos más importantes de la acción política noviolenta y del conflicto noviolento estratégico.

Gráfica 1: acción coletctiva contra actores estatales




Gráfica 2: acción colectiva en sociedades fragmentadas




Gráfica 3: acción colectiva contra actores no estatales (y estatales)




Gráfica 4: los beneficiarios de la violencia y la sociedad fragmentada

Gráfica 5: Tipos de régimen (tomado y adaptado de Tilly (2003)).





Gráfico 6: de la fragmentación hacia la cohesión social




COMENTARIOS

1.Ver su ensayo Los orígenes del autoritarismo, publicado en Argumentos, Sociología, Universidad Nacional de Colombia, 1984. La cita es un comentario a propósito de la célebre novela El súbdito, del escritor alemán Luiz Heinrich Mann.

2.En el sentido del constitucionalista norteamericano James Madison.

3.No obstante Gutiérrez y Barón (2007) muestran que la descentralización y la elección popular de alcaldes y gobernadores han facilitado la toma del poder político y económico en las regiones por parte de guerrillas y paramilitares.

4.Shock (2005) ha mostrado algunas de las dificultades institucionales y de las restricciones históricas para la implementación de la acción política noviolenta. Si las personas fueran completamente racionales (sin emociones, sin historias turbias y sin valores violentos) muy seguramente sería fácil implementar acciones noviolentas.

5.Quizás la Seguridad Democrática es mero ruido y furia (como en Macbeth), a lo sumo puede encerrar a algunos cabecillas y cómplices de guerrillas y paramilitares, pero no pone fin ni al fenómeno de la justicia privada ilegal ni mucho menos a sus causas sociales y culturales.


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