Mauricio Hernández Pérez¹

¹Filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, Diplomado en Cultura de Paz de la Escuela de Cultura de paz de la Universidad Autónoma de Barcelona y Magister en Estudios políticos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia. Correo electrónico: maurohernandez77@yahoo.com

Este artículo tiene como objetivo proponer una definición y caracterizar el conjunto de Experiencias Civiles de Construcción de Paz que se ha sucedido en Colombia desde 1978 y con especial énfasis durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002 - 2006) en el marco de su Política de Defensa y Seguridad Democrática. Se describe y analiza el nivel de incidencia que el conjunto de oportunidades políticas han tenido sobre estas experiencias de paz. Para esto, se toma como marco de análisis algunos de los aportes más significativos de las teorías empleadas en el estudio y caracterización de los movimientos sociales y nuevos movimientos sociales; fundamentalmente los desarrollos presentados por Alberto Melucci.

Palabras clave: Movimientos sociales, nuevos movimientos sociales, acción colectiva, paz, seguridad democrática.

Keywords: Social movements, new social movements, collective action, peace, Democratic Security.

INTRODUCCIÓN

El artículo que aquí se presenta deriva de una preocupación por rescatar y hacer visible parte de los esfuerzos que, históricamente, han realizado múltiples sectores y personas que en diversos escenarios se han enfocado en la promoción, construcción y búsqueda de la paz en Colombia.

En este sentido se pretende tanto de manera descriptiva como analítica dar respuesta a un conjunto de interrogantes; a saber: ¿Qué son las Experiencias Civiles de Construcción de Paz (ECCP)? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Pueden las ECCP en Colombia entenderse en términos de algunos de los aportes teóricos presentados por quienes han hecho de los nuevos movimientos sociales su objeto de estudio?

El artículo se encuentra dividido en dos partes. La primera presenta los desarrollos más significativos que en materia de construcción de paz se han dado en Colombia frente al conjunto de oportunidades políticas sucedidas históricamente desde 1978 y hasta 2006. La segunda procura entrever cómo los avances teóricos sobre los denominados Nuevos Movimientos Sociales (NMS) se constituyen como un marco de referencia adecuado para la definición, comprensión, identificación y cualificación de las ECCP en Colombia.

En términos generales el artículo pretende, más que una contribución al significativo y grueso número de publicaciones de los "violentólogos" y que ha ido in crescendo en los últimos tiempos, constituirse en un aporte a la "irenología", la cual, curiosamente, ha estado al margen de los análisis y reflexiones realizados desde la academia, ora por desinterés en la materia, ora por descuido.

1. OPORTUNIDADES POLÍTICAS Y DINÁMICA DE LA PAZ EN COLOMBIA

Colombia se ha caracterizado por mostrar una historia ciclotímica, pendular y sucesiva que se ha desenvuelto entre la búsqueda fallida de intentos de concertación, negociación y pacificación hasta grandes empeños de una guerra directa contra los grupos armados ilegales y el narcotráfico (PNUD, 2003).

Durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) se llevó a cabo la creación de una de las primeras Comisiones de Paz. Sin embargo, tal iniciativa fue opacada mediante la aplicación de instrumentos jurídicos especiales como el Estatuto de Seguridad el cual trajo consigo un caos en la institucionalidad al otorgar libertad a la fuerza pública en lo concerniente a sus atribuciones y acciones en pro de la seguridad nacional. En el periodo Betancur (1982-1986) la expectativa de paz no fue más que eso: una expectativa que adquirió un carácter mucho más realista durante el mandato de Virgilio Barco (1986-1990) al lograrse la desmovilización del M-19 y la apertura de procesos de negociación con el Ejército Popular de Liberación (EPL), el PRT y el Quintín Lame así como uno que otro acercamiento con las FARC, pero que poco a poco se fue desvaneciendo en el gobierno de César Gaviria (1990-1994) donde el conflicto y la violencia se intensificaron, fundamentalmente, por la lucha contra el narcotráfico.

Posteriormente el clima de conflicto se acentuó durante la administración de Ernesto Samper (1994-1998) donde las FARC dieron cuenta de su poderío y desarrollaron violentas acciones militares a lo largo y ancho del territorio nacional. Frente a esto, Andrés Pastrana (1998-2002) invirtió gran parte de su administración en intentar un proceso de paz con el grupo guerrillero aunque a la par, paradójicamente, logró la consecución de uno de los mayores apoyos económicos obtenidos por el gobierno colombiano de parte de los EEUU en la lucha contra el narcotráfico: el Plan Colombia(2).

1.1. La Política de Defensa y Seguridad Democrática

A mediados del año 2003 la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa dieron a conocer ante la opinión pública el documento marco de la PDSD. Para algunos analistas el documento representó un esfuerzo importante y casi único en la historia contemporánea del país en materia de asignación de responsabilidades en temas de seguridad al interior de las diferentes instancias gubernamentales. Aun cuando podrían rastrearse antecedentes e intentos similares en gobiernos precedentes (tal como sucedió durante el gobierno Gaviria mediante su denominada "Estrategia nacional contra la violencia"), la PDSD, como política estatal, no se vio condenada al fracaso en términos de su implementación (Leal, 2004: 99).

Una de las polémicas más sobresalientes desatadas durante el gobierno para ese entonces consistió en que nunca se hizo un reconocimiento de la existencia de un conflicto armado sino que se hizo referencia a este como una amenaza terrorista(4), término que, desde una decisión presidencial, se consideró como el más adecuado a punto que la expresión "conflicto armado" fue abolida del lenguaje oficial(5). Para algunos analistas la política fue poco realista al no reconocer la existencia del conflicto armado (Leal, 2010).

Desde la institucionalidad, la PDSD se definió como:

"(...) el documento marco mediante el cual el Gobierno Nacional traza las líneas básicas de la Seguridad Democrática para proteger los derechos de los colombianos y fortalecer, con la solidaridad de la ciudadanía, el Estado de Derecho y la autoridad democrática, donde quiera que esté amenazada. La Política de Defensa y Seguridad Democrática es una política de Estado de largo plazo, que se desarrollará en coordinación con todas las entidades del Gobierno y las demás ramas del poder" (Ministerio de Defensa Nacional, 2003: 12).

Mediante esta política la seguridad (y más exactamente la seguridad militar que no la seguridad humana(6)) fue concebida como la prioridad fundamental a ser tomada en cuenta dentro del orden territorial a través de una fuerte presencia institucional en boga de las fuerzas militares. Desde esta perspectiva, para la Seguridad Democrática, la presencia y fortaleza estatal es sinónimo de ocupación militar del espacio geográfico colombiano y así la estrategia de pacificación del gobierno de turno adquirió su razón de ser a través de un exacerbado componente militar.

Como política pública, la Seguridad Democrática trajo consigo una triunfante aceptación por parte de diversos sectores políticos, sociales y económicos de la sociedad colombiana así como de la comunidad internacional; pero igualmente una afectación sobre el accionar y la dinámica de las personas, agrupaciones, colectivos y entidades que han trabajo por la paz a través de alternativas conducentes a la promoción de esta, la mayoría de las veces, desde la propuesta de la acción política noviolenta.

1.2. Las apuestas por la paz

Desde la visión de la sociedad civil, para obtener la paz no es suficiente el componente de seguridad militar; a ello hay que sumarle una serie de condiciones estructurales que dignifiquen la condición humana de las personas. En este sentido, las iniciativas de paz apelan hacia un concepto de paz positiva(7); de reducción de la violencia que conduzca hacia mayores niveles de justicia y que permitan o traigan consigo cierta armonía social que procure cambios favorables en la sociedad.

El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), se ha preocupado por diseñar y alimentar un instrumento investigativo que permita "visualizar el actuar colectivo de la sociedad colombiana en rechazo de la violencia y a favor de la paz, permitiendo hacer una medición cuantitativa, aunque también cualitativa, de dicha dinámica social" (García, 1995: 1). Este instrumento, conocido como DATAPAZ y que reúne dos bases de datos (la base de Acciones Colectivas por la Paz y la base de Experiencias de Paz) abre paso hacia la identificación, investigación y análisis de las iniciativas locales, regionales y nacionales de paz en Colombia.

De la sistematización provista por CINEP se pueden resaltar algunas de las características más importantes de la dinámica de las apuestas por la paz en la historia del país en términos de su movilización.

Para CINEP esta dinámica se explica en virtud de factores tales como las políticas de paz adoptadas por los diferentes gobiernos, la respuesta de la sociedad civil ante estas políticas así como el nivel de apertura dispuesto por el gobierno para que la sociedad civil participara en diferentes espacios provistos en su momento. De esta manera, el conjunto de oportunidades políticas ha sido determinante en el comportamiento del accionar por la paz. Así por ejemplo, durante el periodo Turbay (1978 - 1982) se adoptó la política del estatuto de seguridad frente a la que la sociedad civil (y especialmente grupos de derechos humanos que surgieron en ese momento) mostraron su rechazo por los atropellos que resultaron de la aplicación de la misma junto con el nulo espacio que se les abrió para explorar posibles salidas negociadas al conflicto armado existente.

Betancur (1982 - 1986) abrió paso a la propuesta de "Diálogo Nacional" que contó con el respaldo de la sociedad civil así como con una significativa participación en la denominada "Comisión de paz". Adicionalmente se sucedieron grandes marchas en reacción a un conjunto de asesinatos políticos ocurridos en la época.

El periodo Barco, por su parte, (1986 - 1990) favoreció la protesta social pero adicionalmente en el marco del Plan Nacional de Rehabilitación llevó a cabo la creación de la "Consejería de Reconciliación, Normalización y Rehabilitación" encargada de manejar la política de paz y donde se abrió espacio de participación a la sociedad civil junto con otros escenarios favorables para ello tales como el proceso de descentralización y la elección popular de alcaldes.

Durante el gobierno Gaviria (1990 - 1994), pese a que se intensificó la violencia, la Constitución de 1991 abrió escenarios favorables para la consolidación de acciones de paz democráticas desde la sociedad civil así como la apertura de modelos de negociación con los actores armados.

La administración de Samper (1994 - 1998) aunque procuró un modelo de negociación y en el que se concedieron valiosos espacios desde la institucionalidad como fue la creación del "Consejo Nacional de Paz" (ley 438 de 1998) tales escenarios se vieron opacados por los efectos del proceso 8.000 que trajo consigo una pérdida de legitimidad del gobierno, razón por la cual la sociedad civil decidió promover, por su cuenta, grandes iniciativas de paz en medio de la crisis dirigente.

Por otra parte, y contrario a lo que se piensa comúnmente, la administración Pastrana (1998 - 2002), en contraste con los gobiernos precedentes, no propició escenarios claros de participación de la sociedad civil en los temas de construcción de paz pese a la existencia de una política de paz y para la que se adoptaron mecanismos concretos como el diálogo y la negociación, el Plan Colombia y la denominada Diplomacia para la paz. Esta situación desincentivó notablemente el accionar por la paz e hizo que la sociedad civil no demostrara favorabilidad por la iniciativa gubernamental. Adicionalmente durante este periodo se sucedieron una serie de circunstancias dentro del movimiento por la paz que contribuyeron a su desarticulación entre las que se destacaron la proliferación de organizaciones de derechos humanos y ONG que antes que trabajar de manera conjunta competían entre sí. En esta misma vía se presentaron diferencias entre las organizaciones que tenían incidencia en el nivel nacional con aquellas cuya incidencia era más regional o local. Todo esto trajo consigo que, pese a la existencia de una iniciativa gubernamental por promover la paz, se sucediera un desencanto de la sociedad civil al no encontrar lugar en dicha iniciativa, razón por la cual su accionar como movimiento se viera notablemente opacado y disminuido.

El gobierno Uribe (2002 - 2006) por su parte, y como sucedido durante el gobierno Turbay, implementó la PDSD en la que se sucedieron pocos o nulos espacios de participación de la sociedad civil, lo que provocó un notable rechazo por parte de esta hacia aquella.

Así las cosas, si de hacer un balance se trata, podría señalarse que durante más de veinte años Colombia ha experimentado gran parte de los escenarios posibles que podrían darse en medio de un conflicto armado en la búsqueda de soluciones al mismo. Se han experimentado políticas de tipo represivo con poca o nula participación de la sociedad civil. Asimismo se han adoptado políticas proclives al diálogo y a la negociación con una participación mayoritaria, menguada o nula de la sociedad civil. Pese a esto, la historia ha demostrado que ninguna de las alternativas ha sido suficiente en la consolidación de una paz firme y duradera.

Todo lo anterior afianza la idea de que en Colombia, frente a las salidas de mano dura al conflicto armado, han persistido una serie de experiencias, iniciativas y acciones que han procurado una apuesta firme por la paz en sentido positivo y cuya caracterización y accionar se ha visto determinada por la coyuntura política del momento así como por las dinámicas propias del conflicto armado.

Por otra parte, las alternativas noviolentas y promulgadas desde la sociedad civil, aunque han dado algunas muestras positivas y significativas en términos de su persistencia, movilización y consecución de algunos de sus objetivos, tales expresiones ciudadanas se han visto como instancias y mecanismos necesarios mas no suficientes en dicha empresa.

Pese a existir una sociedad civil que se ha movilizado en pro de la paz y pese a que se han generado dinámicas interesantes, el accionar que se ha tejido desde la sociedad civil ha sido poco visible y, en el peor de los casos, desconocido, ya bien por las instancias que eventualmente podrían convertirse en poleas de transmisión de sus acciones (los medios de comunicación), ya bien desde de la institucionalidad o bien dentro del conjunto de la opinión pública:

"A la comunidad nacional le ha faltado voltear más los ojos hacia esos proyectos y - de alguna manera - apoyarlos más, tanto el Estado como el mismo país; me parece que no han sido muy consecuentes en ese sentido (...) Son proyectos muy valiosos que deberían ser ejemplo para el país, pero como son iniciativas chiquitas, tan vulnerables en la mitad del fuego cruzado que no nos detenemos a aprender de ellas" (Martha Cárdenas. Directora de Fescol. Revista Semana, septiembre 5 de 2005, p.56).

2. EXPERIENCIAS CIVILES DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ: UN INTENTO DEFINITORIO

Los pocos trabajos que se han encargado de hacer de la movilización y las iniciativas de paz en Colombia su objeto de estudio pueden, sucintamente, organizarse en dos bloques: obras de enfoque metodológico y de reflexión histórica y; segundo, obras que describen y sistematizan algunas de las Iniciativas Civiles de Paz existentes a través de estudios de caso.

Como parte de las obras de enfoque metodológico y de reflexión histórica sobre el movimiento de paz, García (2006) presenta una de las mejores aproximaciones conceptuales y sistemáticas. El estudio presenta una visión histórica y pormenorizada sobre las características y elementos fundacionales del movimiento por la paz desde 1978 y hasta 2003(8).

Villegas (2005), por su parte, en un sucinto pero enriquecido trabajo, esclarece el lugar que ocupan, frente a la Acción Colectiva (AC), los MS:

"Acciones colectivas hay de todo tipo, pero no todas conducen a la conformación de movimientos sociales, que se caracterizan por formas más complejas de organización y mayor duración. Todos los movimientos sociales son formas de acción colectiva, pero no todas las formas de acción colectiva se convierten en movimientos sociales" (Villegas, 2005: 11).

Esta distinción es importante en tanto -indirectamente- invita a prestar atención hacia aquellas formas de acción colectiva que, si bien no son propiamente movimientos sociales (como ocurre en el caso de las ECCP), no por ello su trabajo ha de considerarse como irrelevante en el proceso de construcción de paz.

De otro lado, un conjunto de autores han tratado el tema de la acción política noviolenta tomando como referente el legado histórico de la noviolencia materializando su reflexión en textos relativamente "nuevos" donde indagan por la incidencia de este legado histórico en las experiencias colombianas de resistencia y movilización en pro de la paz(11).

Pese a la anterior sucinta referencia de trabajos sobre las iniciativas de paz y la acción colectiva por la paz en Colombia, el tema no ha sido suficientemente explorado desde la Academia y, por el contrario, se ha sucedió una especie de descuido por hacer de ello una unidad de análisis prioritaria como lo ha llegado a ser la violencia. A este respecto, los aportes conceptuales y teóricos en la materia provienen de la literatura internacional.

2.1. Movimientos sociales y Nuevos Movimientos sociales

Variados han sido los intentos definitorios, explicativos, clasificatorios y de caracterización que sobre los MS se han dado como objeto de estudio. A guisa de ejemplo basta con mencionar, entre las más destacadas: la Teoría del Comportamiento Colectivo (Mc Adam, 1982), la Teoría Económica de la Acción Colectiva (Olson, 1992), la Teoría de Movilización de Recursos (Mc Carthy, Meyer, 1973; Oberschall, 1973), el modelo del Proceso Político u Oportunidad Política (Tilly, 1978) así como el modelo europeo de los denominados Nuevos Movimientos Sociales (Touraine, 1987; Melucci, 1999; Neveu, 2000).

Las diferentes teorías sobre los MS han dado cuenta de un rico y complejo debate sobre esta materia. La sucesión del conjunto de teorías explicativas demuestra que la categoría de movimiento social es tan rica como ambigua y para nada definitiva; en parte, porque muchos de los autores mencionados divergen sobre cuáles podrían ser los elementos sustantivos y explicativos así como en torno a la clarificación sobre lo que hace que ciertas formas de acción colectiva se conviertan en un movimiento social.

Asimismo las diferentes teorías han presentado múltiples elementos explicativos en torno a la naturaleza de los fenómenos, la actividad de los actores sociales inmersos, su génesis así como el objetivo a alcanzar y los medios a utilizar para este propósito. Frente a esta gran riqueza ofrecida por la literatura foránea, ¿cómo podría entenderse un movimiento social para efecto de lo que nos encontramos analizando en este artículo?

Como sucede en la mayoría de los fenómenos sociales, múltiples han sido las definiciones y caracterizaciones hechas sobre los MS. Pese a ello, grosso modo, podría sostenerse que este fenómeno social se concibe como una categoría analítica "dinámica" de los estudios políticos y sociales y que por tanto es

"el producto de una red de relaciones sociales que evoluciona constantemente (...) no se trata de un autor homogéneo sino plural heterogéneo fruto de alianzas dinámicas en el que están en juego permanentemente la definición de su estrategia y de su identidad colectiva" (Massal, 2006: 110).

De esta manera un MS puede entenderse como una construcción social dinámica; una práctica social que se edifica constantemente y, específicamente, un MS es una forma de acción colectiva en la que individuos y agregados de individuos homogéneos o heterogéneos se asocian en la consecución de un objetivo dentro de un contexto social, político y económico determinado.

Sin embargo, la dinámica de los movimientos sociales en diferentes contextos trajo consigo el que hacia los años setenta se configurara y adaptaran nuevas formas de acción colectiva (principalmente en Europa), las cuales eran protagonizadas por grupos claramente diferenciados en sus objetivos, formas de actuar y propósitos frente a los movimientos sociales que les precedieron. En otros términos, se abrió paso así hacia una nueva significación y orientación de la acción social colectiva.

Surgieron entonces los movimientos ambientalistas, feministas, pacifistas y antinucleares, entre otros, los cuales pese a que continuaban siendo MS, su análisis no podía hacerse a la luz de las teorías explicativas hasta ahora existentes: "la emergencia y el estilo político de estos movimientos es difícil de explicar con las teorías existentes sobre la lucha social y la acción colectiva" (Dalton, Russel et al, 1992: 24).

Nacieron así nuevas formas de acción colectiva: los NMS que recurrieron al uso y manejo de lógicas diferentes de acción en el que los factores ideológicos, políticos y culturales abrieron paso hacia la consolidación de una nueva cultura política(12) disímil a la concebida en los MS precedentes.

Dentro de los lineamientos teóricos y conceptuales de quienes han hecho de los NMS su objeto de estudio, Alberto Melucci (1999) presenta un enfoque crítico y completo en tanto dispone un énfasis en la importancia que adquieren los elementos y códigos culturales en la acción colectiva y que sin embargo son ocultos en la trama de la vida cotidiana, planteando con esto nuevas problemáticas. Melucci toma en cuenta que para que una acción sea posible existen tanto recursos como límites y propende por rescatar la construcción social entre sectores heterogéneos; esto es, indagar qué los une, quiénes están dentro, quiénes fuera y, adicionalmente, por qué dentro de una acción colectiva pueden coexistir acciones diferentes con actores diferentes y movimientos diferentes con lo que identidad colectiva no necesariamente se traduce en homogeneidad.

Esta visión, para el contexto colombiano parece ofrecer elementos interesantes de análisis pues, según el autor:

"Los enfoques recientes con respecto a la acción colectiva, en términos de movilización de recursos, estructura de la oportunidad política o elección racional, tienden a reducir la acción a sus rasgos más evidentes y a aquellas dimensiones que son fácilmente mensurables (...) más aún, hace a un lado aquellas dimensiones específicamente culturales de la acción que están arraigadas en la experiencia cotidiana de la gente y que son tan significativas para los "nuevos movimientos" (Melucci, 1999: 14).

De esta manera, el autor enfatiza sobre aquellos elementos analíticos antes no considerados y que, por ende, se muestran como complementarios a lo que las visiones tradicionales sobre el estudio de los MS habían presentado hasta el momento.

Lo que Melucci identifica como NMS remite más hacia a una serie de interacciones o construcciones sociales (sistemas de acción) en los que se llevan a cabo asociaciones de personas o grupos de personas entre los cuales se entabla comunicación y se producen una serie de significados con el objeto de tomar decisiones o llevar a cabo acciones frente a situaciones consideradas como problemáticas y donde los elementos simbólicos y los códigos culturales manifestados en sus diversas prácticas dan cuentan de un papel cohesionador o de creación de identidad como movimiento:

"Yo preferiría hablar de redes de movimientos o de áreas de movimiento, esto es, una red de grupos compartiendo una cultura de movimiento y una identidad colectiva (...) Mi definición incluye no sólo las organizaciones "formales" sino también la red de relaciones "informales" que conectan individuos y grupos clave a un área más extensa de participantes y "usuarios" de servicios y bienes culturales producidos por el movimiento" (Melucci, 1999: 73).

Visto así, lo que Melucci entiende por NMS se asocia más a una categoría compleja de mayor envergadura que da cuenta de un conjunto de interacciones y acciones entre individuos e instituciones que va más allá de lo considerado por las visiones tradicionales de los MS.

La perspectiva de Melucci nos permite sostener entonces que las ECCP aparecen como una construcción social, como un sistema de acción que da cuenta de un conjunto de relaciones conducentes a la consolidación de una cultura de paz y a la creación de una identidad colectiva a favor de la paz.

Por otra parte, la visión de Melucci nos permite identificar que las ECCP se manifiestan no solamente a través de acciones concretas y visibles propias del actuar de los MS (marchas, concentraciones, huelgas, foros, diálogos, etc.) sino también mediante acciones poco visibles, coyunturales o de corta duración (de tipo cultural o simbólico) incentivadas por actores individuales o grupales (que se encuentran agregados o dispersos en los ámbitos local, departamental, nacional o internacional) y que comparten una visión en cuanto a la construcción de paz.

De esta manera la perspectiva de Melucci es mucho más amplia; actúa, podría afirmarse, como una categoría paraguas que cubre una multiplicidad de acciones (iniciativas, proyectos, actividades coyunturales o duraderas), actores (individuales, institucionales, formales e informales) así como un conjunto diversificado de significados y valores, permitiendo con esto hacer de esta una visión mucho más completa y consecuente con la vida y el accionar de las experiencias, instituciones y personas que trabajan por la paz en Colombia.

Ante el tan creciente número de acciones colectivas e individuales, redes, interacciones, asociaciones, agrupaciones y personas que trabajan a favor de la paz en el contexto colombiano, la visión de Melucci parecería entonces ser tan apropiada como completa en aras de una nueva lectura y comprensión de aquella parte de la sociedad civil que, históricamente, ha trabajado por la paz.

Tomando en cuenta el marco conceptual y analítico de los MS y especialmente de los NMS considerado anteriormente, es posible presentar ahora una definición de las ECCP para el caso Colombia:

Las ECCP son fenómenos sociales individuales o colectivos que bajo el incentivo de ciertas oportunidades y/o estructuras políticas, se manifiestan a través de un amplio repertorio de formas de operación que van desde acciones promovidas por los movimientos sociales (huelgas, marchas, ocupaciones, etc) hasta acciones desarrolladas por los nuevos movimientos sociales y las organizaciones de paz (acciones de protección, acciones de negociación y mediación, acciones de reconciliación, acciones de democracia y desarrollo, programas de desarrollo y paz, acciones culturales o pedagógicas) las cuales pueden ser tanto coyunturales como sostenibles en el tiempo. Su objetivo fundamental consiste en retar, según sea el caso, la lógica militar estatal y el accionar de los grupos armados legales (ejército y policía) e ilegales (FARC, ELN y paramilitares). Su base social encuentra apoyo en el trabajo de una persona, una organización social o un conjunto asociado de organizaciones conformado por diferentes sectores poblacionales de la sociedad civil (campesinos, indígenas, negritudes, mujeres, jóvenes, entre otros) o de sectores directamente afectados por los embates del conflicto armado (desplazados, asociaciones de víctimas, etc) y que trabajan por la construcción de una paz positiva y la consolidación de la democracia mediante múltiples y variados medios generalmente noviolentos. (Definición del autor)

Las ECCP pueden entonces así identificarse en términos de lo que Melucci plantea sobre los NMS. Veamos con detenimiento algunas de estas características.

a) Nuevos actores y nuevos modelos organizativos: Dentro de los actores implicados, al igual que en los NMS, las ECCP gozan de una naturaleza plural; esto es, de una variedad de actores (mutables y cambiantes en algunas oportunidades), cuya militancia puede ser temporal o sostenida. Convergen así cantantes, artistas, actores y personas del común junto con colectivos de trabajo con diversos referentes identitarios: comunidades eclesiales, grupos indígenas, movimientos de mujeres, movimientos de derechos humanos y organizaciones sindicales. Estos, entre muchos más, son quienes hacen parte de esa red de grupos que trabajan por la paz ya bien a nivel local, regional, nacional o internacional. Se presenta así una suerte de adhesión múltiple o policentrismo (Sandoval, 2004) en los que no se suceden necesariamente liderazgos sino antes bien relaciones e interacciones elásticas entre individuos y organizaciones por lo que en algunas oportunidades en lo que se refiere a su organización esta no llega a ser del todo clara(13).

b) Nuevos repertorios de acción: Marchas, paros y huelgas son, entre otros, los repertorios de acción empleados habitualmente por los MS. Frente a estos, las ECCP plantean una innovación y enriquecimiento por lo que la protesta queda relegada como condición sine qua non. Así, la protesta pasa a convertirse en un elemento de acción pero no es, en lo absoluto, EL referente último y único constitutivo de acción.

Las ECCP presentan novedosas formas de acción colectiva en las que se gestan construcciones simbólicas de identidades mediante técnicas y formas representativas, nuevos lenguajes, nuevos usos de la información y nuevas formas estratégicas e innovadoras de acción. En términos de Lederach (2005), dentro de los rasgos distintivos de las ECCP se detecta una suerte de "imaginación moral"; esto es, la capacidad de generar respuestas e iniciativas creativas con las que una persona o un conjunto de personas hacen frente a un contexto de violencia. Las ECCP demuestran así una superación de la protesta como único repertorio de acción(14).

c) Nuevas interacciones con la política: Antes que llevar a cabo una asociación directa con instancias políticas (llámese partidos políticos, idearios o líderes), las ECCP pretenden influir en el quehacer de la vida pública a través de formas poco convencionales y en lo posible ajenas a las tradicionales formas de actuar en la arena política. Las ECCP abren paso hacia una nueva cultura política. Este es el caso, por ejemplo, de las Asambleas Constituyentes en el país(15), las cuales, pese a que cuentan con una actuación en la arena política, plantean un "viraje" en torno a cómo concebir la misma. Mediante espacios como estos, lo que se busca es, entre otras cosas, una democratización de las instancias locales, un aumento protagónico de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones así como un rompimiento de los esquemas y prácticas tradicionales de la política muy recurrentes en las regiones (clientelismo, compra de votos, etc).

Resumiendo, se podría ilustrar esquemáticamente el lugar que ocupan las ECCP en relación con los MS y los NMS bajo el marco de la Acción Colectiva (AC) en el contexto de una oportunidad política determinada así:

Sin embargo, como una alternativa a las formas de acción colectiva convencionales, y en el marco de un conflicto armado como el vivido en Colombia, las ECCP aunque comparten elementos comunes con las formas convencionales de acción colectiva (en el gráfico los puntos de intersección) cuentan a su vez con elementos que le son propios en términos de sus protagonistas, modelos organizativos, repertorios de acción y el establecimiento de relaciones con la política - entre otras cosas más - lo que deja clara su particularidad como objeto de estudio.

¿A qué tipo de iniciativas se hace referencia cuando se utiliza el rótulo de ECCP? Principalmente a aquellas experiencias cuyas líneas de trabajo, discursos, agendas y acciones recaen directamente en la promoción de la paz mediante diferentes líneas temáticas tales como la ampliación y el fortalecimiento de la democracia; la educación para la paz y la convivencia; la comunicación para la paz y la convivencia; el desarrollo comunitario; el apoyo a procesos de diálogo y negociación de conflictos; la protección, defensa y resistencia (noviolenta) frente al conflicto; la atención y apoyo a víctimas del conflicto armado; y la prevención del reclutamiento entre otras más.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Podría llegarse a un acuerdo más o menos general sobre las ECCP en el sentido en que estas han contado con una fluctuación en su comportamiento, caracterización y aparición dentro de la opinión pública en relación con un conjunto de oportunidades políticas presentadas.

Igualmente podría señalarse un déficit desde las instancias gubernamentales por reconocer el valor y las enseñanzas que en materia de paz ofrecen experiencias de este estilo. En este sentido, una política de seguridad "integral", máxime si se trata de una política de seguridad que se autodenomina como democrática (y que se ha señalado como oportunidad política en este artículo), se muestra como incompleta en razón del rechazo o la estigmatización que manifestó en algunas oportunidades hacia ciertos sectores de la sociedad civil que trabajaban por la paz. En este sentido, mientras no haya un acompañamiento y participación de la sociedad civil en la consolidación de políticas de seguridad, la legitimidad y éxito de las mismas no será la mejor.

Así las cosas, la construcción de la paz no debería ser potestad exclusiva del gobierno de turno a través del papel protagónico de sus fuerzas armadas. Se hace necesaria la presencia y la participación de múltiples sectores de la sociedad colombiana mediante la apertura de otras alternativas (complementarias a las militares) para hacer frente a la situación de conflicto armado.

El involucramiento de diferentes sectores de la sociedad civil en la consolidación de políticas públicas en materia de seguridad y paz sigue siendo una deuda que, al día de hoy, cobra los más altos intereses. Los gobiernos de turno no han logrado materializar una política de paz con los potenciales aportes que los diferentes sectores que conforman a la sociedad civil y en particular las ECCP pueden llegar a ofrecer. Aunque se han hecho algunas aproximaciones y avances interesantes en la materia, tales han sido insuficientes.

Como se señaló a lo largo de este artículo, las ECCP en Colombia cuentan con un gran potencial proclives a hacerlas atractivas tanto desde el punto de vista académico como del cubrimiento informativo para los medios de comunicación. Este potencial está asociado, entre otras cosas, a la multiplicidad de actores que hacen parte de estas acciones, a la geografía en la que se suceden las mismas, al repertorio de acciones y estrategias empleadas y a sus discursos promovidos mediante los cuales entablan nuevas relaciones con la política.

Pero para que lo anterior sea posible las ECCP enfrentan unos retos. Por una parte han de explotar mucho más las estrategias y las acciones que les caracterizan, a punto de hacerlas más llamativas desde el punto de vista informativo y que les permita una mayor claridad en sus propuestas, agenda, visión de país y unificación del discurso ante la aparente desarticulación existente entre las mismas y que tan críticamente ha sido señalada desde diferentes sectores de la sociedad. Igualmente las ECCP han de procurar hacerse más visibles y llamativas a los medios de comunicación tanto nacionales así como locales, regionales, nacionales e internacionales. Las ECCP tienen que comprender que la "visibilización", a través de los medios de comunicación, es una de las tantas estrategias que les permitirá cobrar reconocimiento y legitimidad dentro de la opinión pública.

Resumiendo, en materia de construcción de paz, se presentan grandes retos para las ECCP. El cómo los superen es un interrogante que aun hoy permanece abierto.

1. Este artículo hace parte del trabajo de grado presentado por el autor en la Maestría en Estudios políticos intitulado: "Apuestas de paz frente a la guerra: un estudio sobre la información en prensa escrita de las experiencias civiles de construcción de paz durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002 -2006)". Agradezco al Doctor Manuel Elkin Patarroyo y su familia por el sólido apoyo prestado durante el proceso de elaboración del mismo.

2. La caracterización del Plan Colombia no ha estado exenta de múltiples análisis e interpretaciones. Sin embargo, hay coincidencia en que "el Plan Colombia pasó de ser un plan antinarcóticos, en su concepción, a un plan contrainsurgente en la práctica, y de allí a un plan antiterrorista en su denominación" (ROJAS, 2006: 90).

3. Vale la pena recordar el contenido del "Manifiesto Democrático", también conocido como los 100 puntos de Álvaro Uribe Vélez en los que la Seguridad Democrática (puntos 26 a 40) era apenas una de las tantas demandas a cubrir y entre las que se destacaban la consolidación del denominado estado comunitario, la reforma política y administrativa, la lucha contra la corrupción, la erradicación de la miseria y la justicia social, la salud para los pobres, entre otros temas más.

4. "Sí hay guerra, señor Presidente". Revista Semana, 6 de febrero de 2005, edición 1188.

5. Esto se hizo explícito mediante el texto: "Lineamientos para el enfoque de los proyectos de cooperación internacional" publicado hacia mediados de 2005 por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y en el que se leía: "Se debe tener presente que Colombia es una democracia pluralista donde se cuenta con los cauces apropiados para dirimir las diferencias. El aceptar la existencia de un conflicto armado interno, implica la negación de dichos canales, lo cual es utilizado por los grupos armados ilegales para polarizar y capitalizar su estrategia de poder".

6. Ello se hace evidente al detectar en el contenido del documento un conjunto de amenazas para la seguridad del ciudadano y de la democracia colombiana entre las que se encuentran el terrorismo, el narcotráfico, el secuestro y la extorsión, el homicidio, el tráfico de armas y las finanzas ilícitas.

8. Sin embargo habría que destacar una serie de artículos que dan cuenta del amplio repertorio de las acciones por la paz: García (1998), Londoño (1998), Restrepo (1998), Angulo, Escobar (2000 - 2001), Bernal (2000 -2001), Izquierdo (2000 - 2001), Medina (2000 -2001), Sanguino (2000 -2001), Villarraga (2003), Escobar (2004), García (2004), Varios (2004b), Santander (2005), entre otros.

9. Esta visión es, vis a vis la ofrecida por Sandoval (2004) quien realizó una juiciosa labor de sistematización y caracterización del movimiento social por la paz en la década de los noventa.

10. Este es el caso del profesor Moncayo (entre otros casos más pero mucho menos visibles a nivel mediático) quien a cuenta propia y con un interés particular: mediar por la liberación de su hijo, condujo hacia una toma de conciencia nacional frente al tema del secuestro, tema que tiempo atrás estuvo relegado de la agenda del país.

11. A este respecto se pueden consultar: Varios 2003; Cante, Ortiz 2005; Cante, Ortiz 2006; Cante 2007.

12. Por cultura política se entiende al conjunto de creencias, actitudes, valores, ideales, sentimientos, pautas y valoraciones que predominan en los ciudadanos respecto al sistema político de su país y como parte de una sociedad en un momento determinado (Almond Y Verba, 1963).

13. Sin embargo este punto constituye a su vez el talón de Aquiles de las ECCP en tanto al no contar con una organización clara, la efectividad de sus accionar puede llegar a verse menguada. Sin embargo, aunque las estructuras son en su mayoría descentralizadas y autónomas, existe en Colombia, como sostiene Villegas (2005) un "Movimiento ciudadano por la paz" que agrupa un conjunto de organizaciones tales como: Redepaz, el Comité de Búsqueda de la paz, la Comisión de Conciliación Nacional, la Ruta Pacífica de las Mujeres, Destino Colombia, la Red de Universidades por la Convivencia y la Paz, Empresarios por la paz, Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, el Consejo Nacional de Paz, Colombia va, Paz Colombia, Planeta Paz y el Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad.

14. En su clásica obra de la noviolencia agrupada en tres volúmenes, Gene Sharp (1973) presenta una serie de 198 métodos de acción noviolenta que, de acuerdo al contexto, a los actores que se hacen partícipes y contra quién(es) se manifiesta pueden llegar a ser empleados bajo una u otra circunstancia. Para el caso de las ECCP en Colombia, algunos de estos métodos o repertorios de acción son comúnmente utilizados. Sin embargo una gran parte de estos son desconocidos por lo que bien valdría la pena ser revisados, valorados, implementados y por qué no, reelaborados por parte de quienes hacen parte de las ECCP.

15. Actualmente existen más de un centenar de asambleas constituyentes en el país entre regionales, municipales, departamentales y locales.