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Análisis Político

Print version ISSN 0121-4705

anal.polit. vol.25 no.76 Bogotá Sept./Dec. 2012

 

EL DÉFICIT CIVILIZATORIO DE NUESTRO RÉGIMEN POLÍTICO. LA OTRA ANOMALÍA EN UNA PERSPECTIVA COMPARADA(1)

DEFICIT CIVILIZING OUR POLITICAL SYSTEM. THE OTHER FAULT IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE

Francisco Gutiérrez Sanín1

1Docente e investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia.

Fecha de Recepción: 03/08/2012
Fecha de Aprobación: 12/08/2012


RESUMEN

Este artículo se pregunta si nos encontramos frente a una anomalía genuina, a la luz tanto de los intentos de resolverla como de la literatura sobre la relación entre democracia y represión. La primera parte fija los conceptos básicos de esta anomalía: democracia, represión, y represión depredadora. A la vez, presenta la teoría básica de la relación entre democracia y represión, la llamada "teoría de la paz interna" (interior). La segunda parte discute los intentos de disolver la anomalía, eliminando uno de sus términos: sea la democracia, sea la represión. La tercera se concentra en una explicación clavede la anomalía: existe porque el país está en guerra. La cuarta debate una combinación de la disolución y la explicación: el contenido real de nuestro régimen político es la exclusión social, y eso explicaría el déficit civilizatorio de la democracia colombiana.

Palabras Clave: régimen político, democracia, represión, conflicto, Colombia.


SUMMARY

This article wonders if we are facing a genuine anomaly in the light both of the attempts to resolve it as literature on the relationship between democracy and repression. The first part sets out the basics of this anomaly: democracy, repression, and repression predatory. At the same time, presents the basic theory of the relationship between democracy and repression, the "inner peace theory" (interior). The second part discusses the attempts to dissolve the anomaly, eliminating one of its terms: is democracy, is repression. The third focuses on a key explanation of the anomaly: there because the country is at war. The fourth debate a combination of solution and explanation: the actual content of our political system is social exclusion, and that would explain the deficit of democracy Colombian civilization.

Keywords: political regime, democracy, repression, conflict, Colombia.


INTRODUCCIÓN

La anomalía colombiana, consistente en la tensión entre estabilidad institucional y diseños de corte liberal sólidamente establecidos, por un lado, y altos niveles de violencia, por el otro, ha sido desde años objeto de análisis (Pécaut, 1978; Palacios, 1995; Leal, 1995; González Fernán, 2003; Gutiérrez, 2001). Es uno de los temas fundacionales de nuestras ciencias sociales (para una excelente explicación de por qué, ver García, 2012). Uno de los aspectos más difíciles de aprehender de la anomalía, y a la vez uno de sus componentes principales, es la convivencia de larga data entre democracia y represión. Más aún, los colombianos de las últimas dos o tres generaciones hemos contemplado cómo un régimen democrático -y en trance de una democratización que bajo ningún criterio razonable se puede calificar de puramente cosmética- ha permitido, en muchas coyunturas estimulado y habilitado, una ofensiva terrorista contra la población civil de proporciones mayúsculas (algunas de las especificidades importantes de este problema se encuentran descritas en Gutiérrez, 2011). Una forma de aprehender e ilustrar dicha evolución paradojal es a través de los indicadores internacionales. Polity(2)intenta medir los niveles de democracia a través de la conjugación de cuatro criterios de carácter institucional. El Political Terror Scale (PTS), a su vez, se basa en reportes de dos entidades (Amnistía Internacional y el Departamento de Estado de los Estados Unidos) para construir una escala de 1 a 5, en donde 5 es el máximo grado de actividad terrorista del estado contra la población(3). El PTS produce un resultado agregado, pero también da las calificaciones con respecto de ambas fuentes, que es lo que uso aquí. La Figura 1 muestra la evolución de los indicadores antedichos entre 1976 y 2009, con las transformaciones lineales apropiadas(4). El contraste entre la evolución democrática institucional del país, y su nivel de terrorismo de estado es elocuente. Al comienzo de la serie (1976), el país tenía un nivel de democracia mucho más alto que el promedio de la región, y vivió una ampliación tangible en la coyuntura crítica de 1991. Por otra parte, comenzó con un nivel de represión serio, que no se podía ignorar, pero que se fue deteriorando hasta convertirse en un auténtico terrorismo de estado, de acuerdo con las dos agencias que sirven de fuente al PTS. La democracia de Polity colombiana descendió hasta 7 después de que la represión había llegado a un nivel abiertamente terrorista, pero entonces se estabilizó. En estas circunstancias, la represión disminuyó levemente. Pese al retroceso en su nivel de democracia(5), Colombia sigue siendo uno de los países más democráticos de América Latina, pero al mismo tiempo es probablemente el más represivo(6). El área gris en la Figura 1 mide el abismo entre el desempeño democrático y la calificación más optimista de nuestra deriva represiva, y podríamos llamarla el déficit civilizatorio indiscutible del régimen político colombiano.

Figura 1 - Democracia y terrorismo de estado en Colombia según los indicadores internacionales

Este artículo se pregunta si nos encontramos frente a una anomalía genuina, a la luz tanto de los intentos de resolverla como de la literatura sobre la relación entre democracia y represión(7). La exposición procede en el siguiente orden. El lector habrá notado que en estos párrafos introductorios he usado varios términos sin proponer una definición explícita de ellos. La primera parte está dedicada a hacerlo. Fija los conceptos básicos: democracia, represión, y represión depredadora. A la vez, presenta la teoría básica de la relación entre democracia y represión, la llamada "teoría de la paz interna" (interior). La segunda parte discute los intentos de disolver la anomalía, eliminando uno de sus términos: sea la democracia, sea la represión. La tercera se concentra en una explicación clavede la anomalía: existe porque el país está en guerra. La cuarta debate una combinación de la disolución y la explicación: el contenido real de nuestro régimen político es la exclusión social, y eso explicaría el déficit civilizatorio de la democracia colombiana. Concluyo que en realidad nos encontramos frente a una genuina anomalía. Estamos muy lejos de haber capturado y explicado el déficit civilizatorio de nuestro régimen político, y esto constituye una tarea urgente. A la vez, la anomalía colombiana dialoga de manera interesante con varias de las teorías comparativas vigentes (paz interior y de la amenaza) sobre las relaciones mutuas entre democracia y represión.

LAS DEFINICIONES

Por represión, entiendo convencionalmente "el uso o la amenaza de uso de la fuerza por las autoridades del estado o quienes las apoyan, contra opositores o potenciales opositores, para impedir, debilitar o prevenir su capacidad de oposición" (Stohl y López, 1984: 7). Sigo a Goldstein (1978: 16), al observar que el concepto de "autoridades" incluye a "fuerzas de seguridad y paramilitares". Estoy consciente, por supuesto, de que la relación entre el paramilitarismo y el estado colombianos ha sido objeto de una constante controversia, académica y política. Estipular los términos de esta "relación especial" (Gutiérrez, 2012) no es fácil. Sin embargo, parto del hecho de que, desde su aparición, hubo al menos -es decir, en la versión optimista- una colusión estratégica entre los paramilitares y el estado colombiano. Las evidencias de dicha colusión son del siguiente tipo:

a. Cualitativas y de tipo judicial, con una cantidad ya enorme de declaraciones, testimonios y narrativas acerca de múltiples modalidades de colaboración y apoyo mutuo entre autoridades civiles y militares y las autodefensas.

b. Cuantitativas, que -con los datos disponibles hasta el momento, incluyendo aquellas proporcionadas por la fuerza pública- revelan un claro sesgo pro-paramilitar en las actividades de las agencias de seguridad del estado colombiano (Gutiérrez, 2012).

c. Institucionales. El dato duro es que entre principios de la década de 1980 y 2002 -cuando comienza el proceso de reinserción de los paramilitares- en Colombia la constitución de autodefensas fue ilegal durante un máximo de ocho años, es decir, el lapso que va entre las decisiones del presidente Barco y la formación de las Convivir, más el que va de la prohibición de estas por parte del presidente Pastrana y 2002.

d. Por último, la posición explícita de los paramilitares de no combatir a las agencias de seguridad del Estado colombiano, regla que siguieron con pocas excepciones(8).

Vale la pena observar que el concepto de represión que adopto aquí es restringido: por ejemplo, no incluye violencias de tipo oportunista(9) o con motivaciones sociales pero no directamente políticas. De esto ha habido mucho en las últimas décadas. Encontramos por ejemplo múltiples agresiones contra las "clases peligrosas", que van desde redadas de reclutamiento forzado hasta la destrucción física en las llamadas operaciones de "limpieza social". O incluso simplemente ataques cotidianos, relativamente banales -al menos en comparación con los actos letales- pero altamente rutinizados, como la práctica policial de golpear, patear e intimidar jóvenes en los vecindarios populares que pasan el tiempo en una esquina, por considerarlos amenazantes o, posiblemente, blancos fáciles. Incluso sacando del análisis este gran universo de los actos más cotidianos que de alguna manera caen por debajo del radar, el grado y la intensidad de la represión en Colombia resultan enormes.

Precisamente por mostrar diferentes intensidades y magnitudes --es decir, por estar afectados por altos niveles de varianza tanto territorial como longitudinal, (Gutiérrez, 2012, sin publicar)- es necesario hacer diferenciaciones con respecto de la gravedad de la represión. Introduzco aquí por tanto la línea divisoria más sencilla, y a mi juicio la más importante: la de la represión exterminadora. Entiendo por éste término aquella represión que incorpora operacionalmente(10) la destrucción física (y potencialmente la expropiación) masiva de civiles. La evidencia muestra de manera muy elocuente la generalización de la represión exterminadora en el país en las últimas décadas.

Al caracterizar al régimen político colombiano como democrático, lo estoy haciendo en relación con las definiciones formalistas de democracia (Przeworski, 2000), con las que básicamente concuerdo. Esas definiciones se refieren al círculo concéntrico de diseños institucionales relacionados directamente con la rotación de las élites políticas en el poder, como elecciones, prensa libre, parlamento, o, si se tiene una mirada un poco más amplia, pesos y contrapesos institucionales(11). Desde muchas definiciones formales, Colombia clasifica más o menos cómodamente como una democracia; atormentada, anti-estética, manchada por sangre y otras sustancias menos nobles, pero democracia al fin y al cabo. Un contra-argumento que se puede dirigir contra este enunciado es que el mismo hecho de que los niveles de represión sean tan altos lo debilita críticamente. Mi respuesta sería que hay que tener en cuenta siempre la intuición encapsulada en dicho argumento, pero que no es suficiente para cambiar la definición. Según el argumento de Przeworski -que me parece muy poderoso-, al separar las definiciones de reglas de juego del régimen de las de los desenlaces, podemos establecer si hay asociaciones sistemáticas entre unas y otras (Przeworski, 2000). No se pueden confundir los presupuestos instituciones con los resultados, si se quiere en realidad entender lo que ha sucedido (y lo que podría suceder en el futuro). Lo contrario -meter todo en un mismo saco- es una invitación a la confusión mental. La implicación directa de esto es un cierto debilitamiento de la interpretación puramente normativa de la democracia. Las reglas de juego de la democracia liberal contemporánea son un importante avance civilizatorio, y -manteniendo la importante y proverbial cláusula ceteris paribus- un bien en sí, pero eso no es el fin de la historia, sino apenas su comienzo(12). Hay que analizar si esas reglas de juego están relacionadas con otros bienes sociales, como la equidad, bajos niveles de violencia o represión, o el desarrollo. La respuesta puede ser negativa, vacía (en realidad, simplemente no hay asociación) o positiva. Lo interesante es que el grueso de la teoría internacional vigente, que se apoya con pocas excepciones en la interpretación formalista de la democracia, llega a la conclusión de que estas reglas de juego deberían producir menores niveles de represión (Davenport, 2007). Si el poder absoluto mata (Rummel, 1994), el relativo mata sólo relativamente. Una vez más acudiendo a la cláusula ceteris paribus, en contextos similares las reglas de juego democráticas garantizan menos represión y menos violencia.

Davenport (2007) fija de manera muy clara y aprehensible los términos de la discusión. Primero, las democracias cuentan con diseños institucionales que tienen la capacidad de prevenir y limitar la represión: pesos y contrapesos (es decir, puntos de veto dentro del sistema político(13)), y el otorgamiento de la voz a la ciudadanía(14). En diversas situaciones --por ejemplo, en medio de una guerra civil--, los vetos y la voz pueden sufrir un serio debilitamiento. Sin embargo, para cada estado del mundo uno ha de esperar que las democracias sean menos represivas que otros regímenes. En esto consiste precisamente la tesis de la "paz interna". Vale la pena resaltar aquí la diferencia entre esta proposición y las relativas a la asociación entre democracia y violencia en general, cuya forma funcional ha sido mucho más debatida. Durante un tiempo se abrió paso la idea de que se trataba de una U invertida, en la que el punto de mayor violencia se encontraba en los regímenes semi-democráticos (presento una introducción a tales debates en Gutiérrez, 2012b). Finalmente, esta intuición resultó minada por los serios problemas de los ejercicios sobre los que se había apoyado (ver la crítica de Vreeland, 2008). En cambio, en punto a la relación entre democracia y represión la proposición dominante es por mucho la de la paz interna (Davenport, 2007).

La otra cara de la moneda es que uno esperaría que niveles de represión muy altos minaran a la democracia. La expectativa se justifica por al menos tres razones importantes. Primero, la represión alta debilita sustancialmente tanto la voz como los vetos. Segundo, fortalece la posición de miembros de agencias estatales no elegidas. Tercero, rutiniza y "banaliza", para usar la expresión de Pécaut, el uso de la violencia desde arriba, y por consiguiente puede disparar un círculo vicioso en donde aquella, la violencia, se utiliza cada vez más, y la voz cada vez menos(15).

Cuando se pone el problema en estos términos, la anomalía colombiana tiene al menos cuatro expresiones críticas. Primero, la convivencia de la democracia con niveles de represión altos y persistentes, y eventualmente con una deriva exterminadora. Segundo, el desarrollo de la oleada exterminadora bajo una bastante real y sustancial democratización del régimen (combinada además con numerosos esfuerzos de paz)(16). En efecto, a medida que el país caía en la represión exterminadora (décadas de 1980 y de 1990) su régimen se iba a abriendo, se acordaba una nueva constitución, etc. En la otra dirección, períodos de cierre institucionalizado han sido menos represivos, a veces mucho menos, y menos exterminadores que otros de apertura (basta comparar los desempeños del Frente Nacional con los del período postconstitucional). Este desarrollo paralelo de apertura del régimen y represión, sobre todo exterminadora, es difícil de aprehender. Nótese que en la Figura 1 apertura gradual del régimen e intensificación de la represión coinciden, mientras que el (leve) cierre democrático está asociado a un (levísimo) descenso en la represión, tal como se mide en el PTS. Lo que prevería la tesis de la paz interna es que a más democracia hubiera menos represión. Tercero, correlativamente, el hecho de que ni la amplitud ni la intensidad de la represión hayan debilitado al régimen democrático, por lo menos no lo suficiente como para producir un quiebre. Una vez más, observando la Figura 1 se ve que la democratización finalmente se ve truncada, pero no de una manera dramática. Cuarto, la violación de la cláusula ceteris paribus. En su guerra civil, la democrática Colombia tiene un desempeño mucho peor que el de muchas dictaduras latinoamericanas en medio de su propio conflicto(17).

¿TAN SÓLO UNA ILUSIÓN?

Para capturar bien la especificidad de Colombia con respecto de la democracia formal, vale la pena dar un paso atrás y echar una mirada sobre el conjunto de su trayectoria republicana. Colombia es uno de los pocos países -hasta donde sé, en realidad el único- que son del tercer mundo y a la vez de la "primera ola" democrática. Es decir, mientras que el país ha pasado la mayor parte de su historia en la categoría de los de nivel de desarrollo bajo, y frisando el Frente Nacional alcanzando la de nivel medio bajo, prácticamente desde el comienzo generó una institucionalidad democrática que no se puede ignorar. Destaco al menos tres características de ella. Primero, en la mayoría de las ocasiones la rotación de las élites en el poder se decidió a lo largo de la historia formalmente por medio de las elecciones. Aunque durante el siglo XIX estas estuvieron acompañadas por frecuentes guerras civiles, desde el comienzo hubo varios eventos en los que el partido en el poder entregó las llaves del palacio presidencial a su adversario. Segundo, se construyó un aparato judicial que, aunque con muchos problemas, permitió que en efecto la función de gobierno estuviera sometida al corsé de un conjunto de reglas abstractas. Aunque ha sido objeto de escarnio más bien ingenuo por parte de una cierta literatura de divulgación(18), el desarrollo de ese aparato fue sumamente importante. En consecuencia, Colombia es un ejemplo temprano de gobierno limitado. A finales del siglo XIX, un sector pequeño pero significativo de sus élites políticas estaba pensando acerca del control de constitucionalidad sobre las decisiones de gobierno, y produciendo al respecto los diseños pertinentes. Se puede demostrar fácilmente que este desarrollo más bien sorprendente no fue cosmético, y que amarró de una manera bien real a los períodos conocidos como Hegemonía Conservadora (sobre todo entre 1910 y 1930) y República Liberal (1930-1946), y también, aunque de manera mucho más controversial, al Frente Nacional. Tercero, los partidos políticos colombianos se convirtieron en actores centrales de la vida pública, y lograron echar raíces en la población (Mainwaring, 2001)(19). Junto con Uruguay, en el continente latinoamericano, y otros poquísimos ejemplos de otras latitudes, el bipartidismo colombiano es uno de los más antiguos del mundo. En la medida en que, incluso en los peores momentos de confrontación, las élites de cada partido sabían que su adversario tenía una amplia base social, tuvieron que desarrollar destrezas y normas para el gobierno compartido, o para coexistir con una oposición muy grande y estable. Una vez más, estas destrezas y normas no tienen nada de cosmético, y es más o menos claro que durante largos períodos amplios sectores de las élites de uno y otro partido se atuvieron a ellas. Y todo esto hace parte de una trayectoria que tiene muy pocos golpes militares de los cuales avergonzarse: en total tres, de los cuales en realidad uno (1905) es de difícil clasificación(20).

Es verdad que la historia democrática de Colombia ha sufrido una edulcoración que, aparte de ser insostenible, no le hace ningún bien. Por ejemplo, no veo cómo se pueda argüir que el período entre finales de 1949 y 1953 -con una brutal ofensiva que costó miles de muertes, el congreso cerrado, recortes del aparato judicial por parte del ejecutivo, brutal censura de prensa, bloqueo de facto a la participación electoral de otro partido diferente al de gobierno-pueda ser caracterizado como democrático. Pienso, igualmente, que es más o menos incontestable que el régimen político colombiano ha sufrido severos bloqueos (por ejemplo, tiene una real dificultad para tramitar las alternaciones en el poder). Con todo, en comparación con sus pares latinoamericanos, y en realidad con el conjunto del mundo en desarrollo, la especificidad democrática colombiana es bastante nítida, incluso después de ajustar por los factores antedichos. Más aún, algo que se olvida con frecuencia es que también lo fue en comparación con la mayoría de los países capitalistas avanzados en la primera mitad del siglo XX. Mientras que en Europa continental se desarrollaba una "guerra civil" (Nolte, 2001), con una teorización y una práctica que invertían el famoso aforismo de Clausewitz -es decir, miraban a la política como la continuación de la guerra por otros medios, desde Schmidt hasta Gramsci- y que alentaba un discurso explícitamente anti-democrático, Colombia parecía gradualmente orientarse en la dirección contraria. Lo que sorprendió a muchos analistas de la primera mitad del siglo XX no fue el déficit de democracia que había en esta "república agraria" (según la expresión de López Pumarejo) sino por el contrario la fortaleza de las tradiciones institucionales del país y sus bajos niveles de confrontación abierta. La primera guerra mundial hizo a Tomás Carrasquilla exclamar estas palabras memorables: " -Oh pereza- Mira cómo se matan por esa Europa, endemoniada por la sangre de la guerra. Haz por imperar en esos reinos destrozados, a ver si con tus filtros soporosos se calman y se aplacan esas fieras y cesan en su cruenta diligencia; y déjanos aquí para siempre, en esta apatía acariciante de los trópicos" (2001). La languidez tropical, en esta lectura de Carrasquilla, nos protegería de la eficiente brutalidad europea.

Estamos hoy, por supuesto, a años luz de tales discursos, y eso me lleva a la descripción de la otra cara de la moneda. Que en 2012 Colombia sea un país de una violencia endémica -criminal y política- idiosincráticamente alta está fuera de toda duda. Creo que hay un debate genuino sobre la naturaleza de esa violencia. Lo que la caracteriza es su duración, no su intensidad, y el hecho de que se dirija casi exclusivamente hacia adentro. Pero hoy en día Colombia -por cualquier medida razonable que se escoja-es uno de los países más violentos del mundo, significativamente por encima del promedio latinoamericano y de las naciones en desarrollo, para no hablar ya de las desarrolladas. Esta especificidad se vuelve mucho más flagrante cuando restringimos la mirada a la represión. Tómese el caso de los ataques contra los líderes populares. En Colombia, ser un activista sindical, campesino o indígena se convirtió en una profesión de alto riesgo. La oleada de ataques a sindicalistas cobró desde mediados de la década de los ochenta hasta el año 2010 más de 2600 muertos según la Escuela Nacional Sindical, pero seguramente esta también sea una subestimación(21). Para que se establezca el contraste, de acuerdo con las cifras con las que contamos en la actualidad todos los demás países juntos pusieron sistemáticamente la mitad de los sindicalistas asesinados que producía Colombia desde 2003 hasta hoy(22). Y con respecto de cualquier escalafón razonable, estaría entre los más represivos del continente. Si contamos sólo eventos letales, por mucho es el peor. Si contamos represión exterminadora, es el único que la sufre.

La manera más directa de disolver la anomalía es simplemente negarla. Hay dos rutas, competitivas (tanto lógica como políticamente), para hacerlo. La primera es simplemente afirmar que Colombia no es una democracia. La segunda es negar que los niveles de represión sean tan extraordinarios, y que en realidad el régimen político del país se encuentra frente al "asedio" de toda clase de agentes ilegales. En esta argumentación, la línea base de violencia es alta, y todo lo excepcional que tuviere la represión sería explicado por las violencias a las que responde.

Comienzo con la primera línea de ataque, es decir, la negación del carácter democrático del régimen político colombiano. Si no tenemos democracia, la paradoja se resuelve, y retornamos a la intuición básica de la tesis de la paz interna. A más cerrado el régimen, peor el nivel de violencia. El problema analítico consistiría simplemente en la sobre-estimación del grado de apertura real del régimen colombiano. Hay varias evidencias sobre las que se basa esta perspectiva. La primera es la intuición de que el régimen colombiano es un instrumento de las oligarquías, que han coordinado históricamente dos alas (los partidos liberal y conservador) para mantener dividido al pueblo (Guillén, 1979). Están también aquellos que piensan que aunque hay elementos de democracia formal, la relación de las élites políticas con respecto de los sectores populares es la de una dictadura, que excluye sistemáticamente. Raphael (2010), por ejemplo, toma aspectos de todas estas vertientes para llegar a la conclusión rotunda de que el paramilitarismo y la represión son simplemente formas de manipulación desde arriba pergeñadas para obtener una pátina de "negación plausible". Esta línea de argumentación es insostenible. Simplemente no casa con los hechos. Por ejemplo, en la coyuntura crítica de 1991, el régimen sufrió una ampliación sustancial, que incluía entre otras cosas limitaciones bastante reales a algunas de las prácticas más socorridas del repertorio represivo que habían utilizado sucesivos gobiernos (declaratorias de los estados de excepción, juzgamiento de civiles por militares, etc.) (Gutierrez, 2011). Dicha ampliación no hubiera ocurrido sin un sólido apoyo desde arriba (Palacios, 1995) y una simpatía difusa entre sectores amplios de las élites políticas. Por otra parte, incurre en una reificación ingenua de los actores colectivos. Es claro que múltiples individuos y tomadores de decisiones han aspirado a conseguir la "negación plausible" de las relaciones del Estado con los paramilitares, pero lo primero que le viene a uno a la cabeza cuando piensa en cosas de este tipo es que han de producir severos problemas de acción colectiva(23). Por último, a menos de que se suponga que los diseños institucionales juegan un papel puramente cosmético en la vida social, habría que explicar porqué toda esta violencia contra la población se desarrolló mientras se conservaban las reglas de juego de la democracia formal.

Una línea de interpretación más interesante es contrastar la proposición de la paz interna con la de la semi-democracia como terreno abonado para la violencia en general(24). Si no he omitido nada, el primero en presentar esta idea seminal fue Kurt Schock (1996), pero después varios trabajos han vuelto una y otra vez sobre ella. Hay mucho que decir en su favor. La lógica subyacente es fácil de entender. En las democracias plenas, los actores significativos de la vida política tienen los medios, pero no las razones, para presentar desafíos armados al Estado. En las dictaduras, los actores tienen las razones, pero no los medios, para rebelarse. En las semi-democracias, en cambio, tienen tanto los incentivos como los recursos. Por consiguiente, allí es donde se pueden esperar más oposiciones violentas. Y estas, a su vez, llaman a la violencia estatal. Emprendimientos como el State Failure Task Force llega a una conclusión parecida a la Schock, por otra vía: las semi-democracias están fuertemente asociadas a la falla estatal(25). Una vez más, una intuición de las ciencias sociales globales coincide con nuestra literatura nacional: si la democracia y el liberalismo expresan ante todo la ausencia y la incapacidad reguladora del Estado, entonces son simplemente la otra cara de la moneda de la violencia(26).

Es decir, con la categoría de semi-democracia se gana la comprensión de que, aunque la predicción básica de la relación entre democracia y violencia política se porte bien "en el extremo derecho" -esto es, a niveles muy altos de democracia-, en el resto de la gráfica su desempeño sea más bien malo. Habría una relación no lineal, una típica U invertida, entre democracia y violencia política. Todo esto suena muy bien, pero está lleno de problemas. Como ya dije arriba, Vreeland (2008) ha mostrado que la evidencia empírica en la que se ha basado esta argumentación es espuria. Además, semi-democracia termina siendo más bien una categoría cajón, que guarda regímenes muy diferentes entre sí.

Por último, al argumento de la semi-democracia como potencial explicación del alto grado de represividad le falta profundidad histórica. La existencia misma de lo que llamamos en la actualidad semi-democracia es el resultado por una parte de la amplia oleada de descolonización que siguió a la segunda guerra mundial, y por otra de la exportación exitosa de la democracia que generó la "tercera ola" de democracia (Huntington, 1989; Diamond, 2000). Hasta ese momento, la democracia había sido la panacea anti-represiva en dos coyunturas mundiales claves: las reformas que sucedieron a la segunda guerra mundial, y las transiciones democráticas que dieron al traste con las dictaduras latinoamericanas y del sur de Europa, y con los regímenes socialistas del centro y oriente de ese continente (ver por ejemplo Przeworski, O'Donnell,1986 y Linz, 1996). Pero con la tercera y sucesivas olas, en las que la democracia alcanza a países de bajo nivel de desarrollo y notable debilidad estatal, nos encontramos con un fenómeno nuevo. De pronto, y en contra de la abrumadora mayoría de teorías a la mano, el mundo se encontró con que aperturas democráticas, como por ejemplo pasar de una dictadura a una semi-democracia, o en el contexto de esta abrir la competencia electoral, podían aumentar el nivel de violencia y de represión (Snyder Jack, 2000). Para entender qué tan anti-intuitiva es esa afirmación de acuerdo con los valores aceptados por la academia en el momento más alto del entusiasmo por las transiciones democráticas, basta con leer el informe final de la comisión de violentólogos (1987). Según éste, el país había sufrido un doble problema endémico, el cierre de su sistema político y la exclusión social -pero ambos en realidad eran las dos caras de la misma moneda. El cierre y la exclusión generaban violencia. Para arribar a la paz, por tanto, había que abrir el sistema. Esta idea fue recogida de manera bastante directa por la Constitución de 1991, que pese a revisiones recientes, debe seguirse considerando un esfuerzo en gran escala por abrir el régimen. La Comisión, por lo demás, no hacía sino reproducir las conclusiones abrumadoramente mayoritarias de las ciencias sociales colombianas. Algunas voces disidentes pusieron en cuestión que el cierre explicara la violencia(27), pero de hecho la mayoría de las conclusiones de la Comisión aún no han sido reevaluadas por la generalidad de los estudiosos de la violencia en Colombia hasta el día de hoy (para un intento de evaluación, ver Gutiérrez, 2011).

La otra forma de tratar de disolver la anomalía es, como dije al principio de esta sección, asumiendo que no es el carácter democrático del régimen sino la intensidad de la represión lo que es ilusorio. No hay violencia sistemática contra la oposición ni contra los líderes de la movilización social desde abajo. De hecho, más que frente a un desafío de violencia política nos encontramos frente a uno de violencia criminal, que afecta a todos los sectores por igual. Un texto reciente que plantea explícitamente el problema en tales términos es Mejía y Uribe (2009), un análisis econométrico de la violencia contra los sindicalistas en Colombia. Los autores se proponen demostrar tres ideas centrales. Primero, que los líderes sindicales no han sido blanco sistemático de la violencia, al menos no más que otro sector de la población(28). De hecho, arriban a la conclusión de que un ciudadano del común tiene mayor probabilidad de ser asesinado que un líder sindical. Segundo, que los ataques contra sindicalistas disminuyeron durante las dos presidencias de Álvaro Uribe(29). Tercero, que la violencia contra los sindicalistas no es sistemática, y en particular que no es producto de una respuesta contra la protesta social o la lucha reivindicativa (la "actividad normal") desarrollada por los sindicatos.El texto de Mejía y Uribe fue presentado de una forma agresivamente militante -pretendía "derribar los mitos" creados por los sindicalistas para impedir la aprobación del tratado de libre comercio-por lo que generó un debate con más calor que luz. Pero el documento adolece de severos y más bien obvios problemas metodológicos (Gutiérrez, 2012, sin publicar). Y sus inconsistencias argumentales son enormes. Por ejemplo, presenta como alternativa a la tesis de que los sindicalistas han sido atacados debido a su actividad, la de que han sido atacados por efectos del conflicto armado. Tengo dificultades para imaginar una violencia más sistemática que esta. De hecho, si uno da un paso atrás, refuerza, y no debilita, la anomalía(30).

GUERRA Y DEMOCRACIA

En la primera sección hice una breve revisión de los intentos de disolver la anomalía, demostrando el carácter ilusorio de uno de sus términos. Paso ahora a considerar los intentos de explicarla. Si alguno de estos funciona, entonces sólo queda adoptarlo y usarlo tanto analíticamente como en el diseño y la interpretación de políticas públicas.

Me circunscribo en esta sección a la sencilla constatación de que el país está en guerra. Este es un buen candidato a explicar la anomalía, al menos por dos razones. Primero, en situaciones de conflicto armado, es natural que las probabilidades de ataques violentos contra la población civil aumenten. Esta parece ser una regularidad. Por ejemplo, uno de los trabajos cuantitativos más sólidos que conozco -y cuyos resultados no han sido refutados, hasta donde sé -establece que hay una íntima relación entre guerra civil y politicidios (Krain, 1999). Segundo, la explicación de la anomalía por la guerra casa bien con la principal teoría sobre el mecanismo que dispara a la represión, a saber, la de la amenaza. Según la teoría de la amenaza, el estado reacciona a diversos desafíos de acuerdo con su intensidad y el peligro que implican (ver por ejemplo la descripción crítica que hace Sullivan, 2012). Tercero, las vías a través de las cuales la guerra dispara las dinámicas represivas están bien identificados(31). Cuarto, en Colombia se han identificado algunos puntos focales a través de los cuales la amenaza desemboca en dinámicas represivas. Por ejemplo, algunos autores se han concentrado -con razón- en la fatídica estrategia de la "combinación de todas las formas de lucha", que permitió a algunos activistas, cuadros políticos y líderes de la lucha social coordinar sus simpatías o incluso nexos orgánicos con la insurgencia, por un lado, con su actividad de organización y movilización de civiles, por el otro. No creo en efecto que se pueda proponer ninguna explicación completa de nuestra represión en los últimos treinta o cuarenta años sin tener en cuenta este factor(32).

Pese a todo lo anterior, creo que hay cinco familias de razones que impiden adoptar la existencia del conflicto armado como factor que explica la anomalía. Todas ellas en el fondo se refieren a lo siguiente: explicar la anomalía -o, en otro lenguaje, el déficit civilizatorio de nuestro régimen político- por la guerra simplifica demasiado las demandas que debe cargar sobre sus espaldas cualquier proposición que se sostenga. Esta, aparte de tener al menos verosimilitud en una perspectiva comparada, debe dar cuenta no solamente de los niveles altos de represión existentes en nuestro país, sino de la coexistencia de estos con un régimen democrático, que además se abre gradualmente. Paso pues a las objeciones.

La primera es simplemente el incumplimiento de la cláusula ceteris paribus. Si el hecho de que el país está en guerra fuera la explicación de sus altos niveles de represión, e incluso del desarrollo de las modalidades exterminadoras, entonces también observaríamos fenómenos análogos en medio de las dictaduras. Pero lo que enfrentamos es un panorama mucho más complejo(33). En muchos países de América Latina hubo dictaduras -o al menos fracturas de la democracia- como respuesta a desafíos armados, pero el desenlace fue mucho menos sangriento y brutal que en Colombia. El caso más obvio es Fujimori en Perú, que combatió a una guerrilla que en muchos sentidos era mucho más amenazante que la nuestra -al fin y al cabo, a finales de la década de 1980 había varios observadores que daban a Sendero Luminoso una posibilidad real de llegar al poder-, y acabó con la democracia, pero el grado de represión letal que sufrieron los peruanos a manos de su gobierno bajo el autócrata fue mucho menor, bajo prácticamente cualquier criterio, que el que sufrieron los colombianos en esa misma década, cuando estrenaban una amplia y democrática constitución(34). Ni esta ilustración es el típico "caso aislado". En Uruguay, en Brasil y en muchos países andinos llegaron al poder los militares que habían combatido o estaban combatiendo a las guerrillas, y ciertamente no sufrieron de timidez a la hora de aplicar diversas modalidades de represión, pero ni de lejos alcanzaron los niveles de violencia letal que experimentamos aquí. Solamente en algunos pocos países latinoamericanos, bajo dictaduras abiertamente terroristas -Argentina, Guatemala- encontramos dinámicas represivas que se parangonen con las colombianas(35). Algo similar se puede decir si se aduce ya no la combinación de todas las formas de lucha, sino las teorías de la seguridad nacional, como factor explicativo. Es indudable que ella tuvo efectos importantes en Colombia (Leal, 2002) lo mismo que en otros países de América Latina (ver por ejemplo McSherry, 2005 sobre la Operación Cóndor). Desde la lógica de la seguridad nacional se lanzaron numerosos programas, varios de ellos transnacionales, de terrorismo de estado. Sin embargo, su recepción fue muy, muy diferenciada. En algunos países, se usó la seguridad nacional inclusive para alentar experimentos de reformismo militar. Y la gran mayoría de las dictaduras que invocaron explícitamente la teoría de la seguridad nacional fueron menos sangrientas que la democracia colombiana en las últimas décadas.

La segunda familia de razones tiene que ver con el problema de la precedencia temporal. Para que genuinamente pueda aspirar a causar B, el evento A debe precederlo temporalmente. Sin embargo, en Colombia es difícil identificar un punto 0, a partir del cual se pueda afirmar qué fue primero, si el huevo o la gallina. ¿Fue la represión la que antecedió al desafío contra el Estado, o viceversa? Creo que las interpretaciones de la historia colombiana como una sucesión de ataques desde arriba contra los más pobres y los más vulnerables son simplistas e insostenibles(36). Y pienso también que hay suficiente evidencia para establecer que durante el Frente Nacional (1958-1974), la represión letal tanto contra líderes sociales como contra la población en general bajó muy sustancialmente, aunque manteniéndose bastante por encima de lo que uno esperaría si se atuviera a la tesis de la paz interna. Pero el Frente Nacional estuvo precedido de una oleada extraordinariamente intensa y generalizada de ataques represivos contra civiles, en donde por otra parte la oposición armada liberal también recurrió a formas masivas y extremas de ataque terrorista. Durante ambos períodos, la Violencia y la guerra anti-insurgente, proliferaron los debates alrededor de la siguiente pregunta: ¿quién inició la espiral violenta, el gobierno o sus adversarios? Nótese que incluso si la respuesta adecuada fuera lo segundo, esto no necesariamente tendría que terminar en represión de tipo exterminador, por cuanto en principio se supone que el gobierno tiene una clara ventaja tecnológica sobre quienes lo desafían, e incentivos más o menos reales para detener la espiral homicida. La represión puramente revanchista -"si me matas 2, yo te mato 50"- es rara en el mundo moderno, y se produce casi exclusivamente en el contexto de invasiones. Por otra parte, no es claro, ni en la teoría ni en la perspectiva de los propios agentes involucrados, por qué el mecanismo no puede funcionar en la dirección contraria: si el impulso inicial proviene desde arriba, ¿podría la resistencia limitar la represión? Por ejemplo, muchos de los emprendedores iniciales de las guerrillas liberales durante la Violencia apoyaban sus actividades en la hipótesis de que, sin temer a un posible castigo, el gobierno terminaría portándose mucho peor (Ortiz, 1985)(37). Por supuesto, esta intuición también es una de las grandes razones de estado para reprimir. Desde Maquiavelo, la pregunta de qué es preferible, si ser temido o ser amado, ha rondado la cabeza de todos los actores con poder de fuego. El ejercicio de la fuerza no solamente inicia y desarrolla, sino también limita, las espirales de violencia, y esto desde hace mucho está incorporado no sólo a la teoría política y al conocimiento estratégico estándar, sino también al formato mental de los actores (Wood, 2003). Por todo ello, es claro que la guerra puede disparar mecanismos represivos, pero no porqué esos mecanismos han de ser ilimitados.

En tercer lugar, el hecho de que la guerra aumente la represión no explica por qué el régimen no sólo mantuvo su carácter democrático, sino que incluso lo amplió. En el argumento de Davenport, y en otros análogos, la guerra permite el aumento de la represión porque mina los mecanismos democráticos en general. Aquí lo que observamos es el fortalecimiento de importantes eslabones de la democracia, junto con una deriva exterminadora. El mecanismo propuesto -debilitamiento general de la democracia formal- simplemente no funciona. Nótese que no es fácil de explicar:

a. Que esta apertura se haya producido en medio del conflicto armado. Si la respuesta es como en Raphael (2010) -todas las élites a todas horas estaban interesadas en excluir y en matar a sus contendientes- entonces la única manera de lidiar con el dato es ignorándolo.

b. Que el aumento de las prácticas exterminadoras no haya logrado eventualmente echar hacia atrás dichas conquistas, y que en muchos terrenos se haya seguido avanzando.

En cuanto uno amplía el horizonte temporal del análisis, se topa con otros ciclos y episodios que no se pueden explicar simplemente desde la amenaza. Las tendencias extremistas del partido conservador durante la Violencia se apoyaron en buena parte en una amenaza creada (masones y comunistas) para la promoción de su orientación anti-liberal (en el sentido partidista y más amplio). El problema se puede enunciar de un modo un tanto más general, pero aún simple. En un país como Colombia, que ha sufrido una violencia política tan larga, y con encadenamientos entre varios de sus ciclos(38), resulta difícil establecer quién cometió el primer ataque, un dato empírico que tendría que tener la teoría de la amenaza para validarse. Tendría más sentido pensar en la perspectiva de la coevolución de los repertorios de violencia (Wood, 2003) que en una secuencia en la que los eventos en el momento inicial explican los que siguen.

En cuarto y último lugar, y en conexión con lo anterior, la teoría de la amenaza está débilmente especificada, no sólo en su aplicación a Colombia (para una excelente crítica desde el punto de vista de las fuentes de información en las que se apoya, ver Sullivan, 2012). La débil especificación de la teoría resulta muy clara cuando se considera el problema de la agregación, que enfrentan todos los enunciados que hablan de amenaza. Por definición, una de las dimensiones rutinarias y fundamentales de la estatalidad es tanto el mantenimiento del monopolio de la violencia como la provisión de la seguridad. Por tanto, e igualmente por definición, el estado siempre está enfrentando amenazas de todo tipo, con diferentes intensidades en diferentes dimensiones: movilizaciones sociales, fracturas entre las élites, ideologías adversarias, secesionismos, tumultos, guerrillas, ataques externos(39). Diversos agentes -ciertamente diversos analistas- toman este paquete de estímulos y lo agregan de manera diferencial, con operadores que corresponden no sólo a coyunturas específicas sino a objetivos del estado en determinado momento. Piénsese en los primeros años de la década de 1990. ¿Qué constituía una amenaza mayor: las grandes movilizaciones indígenas en Ecuador, Sendero Luminoso en Perú o la Coordinadora Guerrillera en Colombia? Las respuestas estatales en los tres casos variaron radicalmente (negociaciones en medio de la democracia en Ecuador, con pocas víctimas que lamentar; fin de la democracia con represión, pero no represión letal masiva en Perú; apertura democrática con profundización de la deriva exterminadora en Colombia). No es particularmente claro de qué clase de magnitudes estamos hablando, ni "a la izquierda de la ecuación" (el grado de la amenaza) ni a la "derecha" (la intensidad de la represión)(40). De hecho, si nos estamos refiriendo a lo que parecen tener en mente los teóricos de la amenaza --el grado de amenaza al establecimiento-- entonces el peligro podría haber sido mucho mayor y más real en Chile antes del golpe militar de Pinochet, o incluso en Bolivia antes de la toma del poder por parte de Evo Morales, que en Colombia. Esta comparación informal de nuevo muestra cómo la anomalía colombiana no solamente parece violar las cláusulas relativas a la magnitud de la amenaza, sino aquellas vinculadas al ceteris paribus (en toda la línea). Pero el problema de fondo de la teoría de la amenaza es que simplemente no establece ningún parámetro para comparar sus magnitudes (y ni siquiera la intensidad de la respuesta del estado). Hay muchas amenazas, cuyos perfiles son definidos diferencialmente por distinta gente, y no sabemos cómo hacen esas personas para agregarlas en sus cabezas. Para no hablar ya de que, en la vena del comentario que hice más arriba, en varios casos amenazas grandes pueden conducir más bien a la negociación, o incluso a complejas combinaciones de negociación y represión.

Recapitulando: como es natural, todo análisis de las dinámicas exterminadoras de la segunda oleada de violencia tiene que pasar por el conflicto armado. Es simplemente inverosímil suponer que las masacres, el asesinato de sindicalistas, los ataques a opositores, etc., no tengan que ver con nuestra guerra interna. Claro que están relacionados. El simple dato de la llamada "industrialización del secuestro" es esencial para interpretar nuestras dinámicas represivas. Pero señalar esta relación inmediata no debe hacer perder de vista que la respuesta de las "fuerzas pro-gubernamentales" goza de numerosos grados de libertad. Hubiera podido dirigirse en una u otra dirección: por ejemplo, hacia el cierre radical del régimen, sin represión letal masiva, o hacia una negociación. En Colombia, la respuesta fue una combinación de negociación (Aguilera, en este dossier) y una sustancial apertura del régimen con represión exterminadora. Es el cómo -no el hecho de que se tuviera que producir una respuesta- lo que no explica la teoría de la amenaza.

En síntesis, la existencia del conflicto armado:

a. No protege a la tesis de la paz democrática de las numerosas violaciones de la cláusula ceteris paribus

b. Establece que la guerra debilita los mecanismos democráticos, no que puedan coincidir una apertura democrática con un ciclo exterminador.

c. No explica la especificidad de la respuesta del régimen a la amenaza.

d. Cuando se amplía la consideración a otros períodos, uno se encuentra con que la violencia exterminadora puede preceder al conflicto, atizándolo.

EXCLUSIÓN Y REPRESIÓN

Hay aún otra ruta para debilitar la anomalía: aducir que Colombia es una democracia oligárquica. La forma es democrática, pero el contenido es la exclusión social. Hay una amplia literatura sobre democracias y partidos oligárquicos en América Latina (Vargas Machuca, 1998); Alcántara, 2001); Linz 2002); Freidenberg, 2003, 2005; y Payne et al., 2003), y en Colombia (siendo el más conocido Guillén, 1979). Más recientemente, Palacios (2000 y 2001) y otros han sugerido que la violencia colombiana se debe a la ausencia de populismo, y por tanto de las inclusiones factuales y simbólicas promovidas por éste. Palacios, por ejemplo, examinó las trayectorias de Colombia y Venezuela, afirmando que como ésta última sí había tenido populismo e inclusión, había sufrido de niveles mucho menores de violencia (2000).

Antes de proceder a discutir tales proposiciones, conviene una vez más fijar sus términos. Primero, presuponen que Colombia es un país muy desigual. Segundo, que esto está relacionado con la violencia desde arriba. Tercero, que el régimen político expresa tanto la exclusión como la violencia. Cuarto, que de no ser tan excluyente sería menos violento.

Esta línea de argumentación contiene varias verdades indiscutibles. Colombia es en efecto un país brutalmente desigual, y esa desigualdad está por encima del promedio del mundo en desarrollo, y aún de América Latina, que es el continente más desigual. Contra lo que han predicado algunos comentaristas relativamente recientes (comenzando en nuestro país por Posada y Montenegro, 1995), no es en lo más mínimo evidente que no haya relación entre la desigualdad y la violencia en general, y la política en particular (para una excelente, y relativamente reciente, revisión de la literatura, con buenas intuiciones sobre cómo avanzar, ver Blattman y Miguel, 2010; ver también Cederman, et al, 2011). Los mecanismos explicativos que vinculan desigualdad y violencia pueden ser directos o indirectos. Según los primeros, la desigualdad genera ya sea rabia y envidia (en la versión de Gurr, 1970), ya sea consciencia de clase proclive a la rebelión. Según los segundos, simplemente debilita el control del Estado sobre la población. Alguien que sea muy pobre de pronto no se forma una mentalidad rebelde, pero tampoco tendrá incentivos para mantener un nivel de lealtad muy alto para con las reglas de juego del sistema. Si por ejemplo ve a alguien violando la ley, no encontrará razones muy buenas para denunciarlo. Simplemente el gasto energético que involucra promover el castigo de los transgresores podría ser prohibitivo(41).

En cambio, no parece defendible la descripción del régimen colombiano como socialmente cerrado a cal y canto. Por ejemplo, en los últimos lustros la política colombiana se ha abierto paulatinamente al menos desde los siguientes tres criterios. Primero, en términos de diversidad política, con el descongelamiento del bipartidismo. Segundo, en términos de proveniencia social del personal político, a través de una "democratización anómala" (2005) que tuvo lugar inicialmente dentro del partido liberal(42). Tercero, desde el punto de vista de las reglas de acceso al poder. Si contra esta argumentación se exhiben los desenlaces sistemáticamente anti-reformistas producidos por nuestro sistema político, una vez más aquí encontramos problemas. Pues si bien es cierto que el régimen colombiano ha fracasado aparatosamente en términos de inclusión social, lo ha hecho, si se me permite la simplificación, en términos de la "salida", no en términos de la "entrada". Las demandas no sólo han llegado y se han tramitado, sino que a menudo han sido impulsadas desde la cúpula (piénsese en las reformas agrarias de 1936, 1961 y 1968, o en la Constitución de 1991). Por otra parte, aunque el clientelismo y la violencia significan una distorsión seria de los mecanismos democráticos, el supuesto de que los electores van a votar siempre en contra sus propios intereses es, más que fuerte, heroico. ¿Por qué tendría que ser así? El gambito argumental que ha servido de apoyo a tal supuesto es que las identidades bipartidistas eran puramente instintivas, y que a partir de cierto momento los electores simplemente decidieron venderse al mejor postor. Es decir, Colombia hizo el tránsito del homo sociologicus puro al homo economicus puro; lo que se mantuvo fue la alienación total de los electores. Esto es todavía menos creíble que el supuesto mismo. Si aceptamos por el contrario que el sistema agrega una porción significativa --aunque muy inferior al 100%-- de preferencias genuinas, entonces tendremos que aceptar que también aquí hay una tensión entre lógicas políticas y lógicas económicas. De hecho, pensaría que uno de los datos significativos de toda esta saga sangrienta de las últimas décadas son los severísimos problemas de acción colectiva dentro de las élites políticas y las económicas, y de estas entre sí. Pero esto disuelve la descripción del régimen oligárquico cerrado a cal y canto.

¿Qué tan creíble es intuición de que la violencia colombiana es inversamente proporcional a su experiencia populista? La aplicación de esta proposición al caso particular de la represión se sugiere a sí misma. Pero el argumento original tiene varios problemas de fondo. En primer lugar, su base comparativa es débil. Por ejemplo, Palacios se apoya es una mirada impresionista de las trayectorias de Colombia y Venezuela (2000), con referencias a otras experiencias latinoamericanas. Apenas se presta cuidadosa atención a estas, empero, las fáciles conclusiones que se derivan de esa comparación se caen(43). Argentina es de los países de América Latina con trayectoria populista más rica, y uno de los que tiene un desempeño represivo más aterrador. En la otra dirección, ni Costa Rica ni Uruguay pueden vanagloriarse de contar con ricas tradiciones populistas, pero a lo largo de su historia han tenido pocos eventos represivos en gran escala(44). No hablemos ya de lo que resultaría de incluir a otros continentes (por ejemplo Europa) en el análisis. ¿Quién sufrió menos violencia política (correlativamente, represión) en la primera mitad del siglo XX, la partidista y clasista Inglaterra o la vigorosamente populista Alemania? El caso simplemente no se sostiene. En segundo lugar, la categoría de populismo es una caja negra cuya interpretación es difícil, en el mejor de los casos. Se trata de un típico "perro-gato" en la terminología de Sartori. Dentro del populismo latinoamericano se incluyen rutinariamente fenómenos tan dispares como Velasco Ibarra -anti-partido, intelectualmente disperso, con una débil pulsión estatista- y Haya de la Torre -fuertemente doctrinario, orientado hacia la construcción de un gran partido histórico-(45). El "populismo" no incluyente de Velasco Ibarra tuvo lugar en un país que después experimentó alta conflictividad y muy poca violencia o represión, mientras que el de Haya se desarrolló en otro con tradiciones violentas mucho más significativas. Pero además no es posible negar que en Colombia también hubo experiencia populista. Está bien, se contra-argumenta, pero esta fue débil y trunca. Pero es que tampoco está claro cuál es el criterio para clasificar una experiencia populista como genuina o no, o como trunca o no, y cómo se relaciona esto con los niveles de violencia que después sufre el país. En Ecuador Velasco Ibarra a duras penas terminó uno de sus cinco gobiernos, y el peruano Haya de la Torre nunca llegó al poder. El "no trunco" Perón en cambio transformó a Argentina, que después tuvo una represión de pesadilla(46). Tercero, el caso colombiano también se podría describir precisamente a la inversa. Al menos un especialista serio -Herbert Braun- ha llegado a la conclusión de que nuestro estallido de violencia no es producto de la ausencia de populismo, sino de su irrupción, que desestabilizó los acuerdos entre las élites que había construido la generación del centenario (Braun, 1985).De nuevo: en política no hay regla que no admita contra-ejemplos, pero aquí parece haber muchos, en realidad más excepciones que casos que confirmen la supuesta regla, y los parámetros de la afirmación parecen irreparablemente vagos e impresionistas(47).

Creo que la única forma de recuperar el vínculo entre exclusión social y represión es considerando los mecanismos a través de los cuales un régimen que gobierna los destinos de una sociedad muy desigual se activa en sentido represivo. El primero y obvio sería la polarización. De acuerdo con Hirschman (1981), la desigualdad extrema propicia conflictos polarizados, que rápidamente escapan a los canales institucionales. De hecho, la desigualdad da incentivos fuertes a los políticos para afirmarse sobre discursos polarizantes(48). A un nivel de resolución más bajo, pero acaso más importante, la desigualdad extrema determina unos sistemas de notificación -es decir, los métodos de señalización pública a través de los cuales los actores sociales obligan al estado a identificar un problema y a hacerlo objeto de política pública (Hirschman, 1981) -radicales, y por tanto unas respuestas igualmente acerbas(49). Una visión menos interesante, a mi juicio, pero con similares consecuencias es la llamada "teoría de la deprivación relativa" de Gurr. Entre mayor la exclusión, mayor es la rabia y la envidia, y por consiguiente mayor el potencial para los conflictos violentos (y la respuesta represiva del Estado).

A mi juicio, esta línea de razonamiento explica bastante bien el tránsito de política estable a política polarizada, pero no el salto a represión masiva, y menos aún exterminadora. Empíricamente, uno puede observar que, mientras que en algunos países altos niveles de movilización popular van acompañados de respuestas duramente represivas, en otros, en cambio, una alta conflictividad coexiste durante mucho tiempo con interacciones políticas que pueden estar altamente polarizadas pero que no se resuelven consistentemente a través de la represión, y en donde no levanta cabeza la pesadilla de los ataques letales en masa contra la población. Por ejemplo, durante todo su período de transición democrática el Ecuador convivió con: a) una política muy polarizada (César Montúfar, 2008); b) sectores populares altamente organizados, con reivindicaciones de largo alcance; c) reformas neoliberales que generaban sustanciales niveles de rechazo. Este es el escenario de una típica "semi-democracia" socialmente turbulenta -pero los niveles de violencia y represión fueron, desde prácticamente cualquier indicador, bastante bajos para todo el período. Algo similar puede predicarse de un largo lapso en Bolivia. Y precisamente estos ejemplos sugieren que la vida pública colombiana no está particularmente polarizada, al menos no mucho más que la de sus vecinos, cuyos niveles históricos de represión letal son sustancialmente menores.

El segundo mecanismo, la asimetría, podría solucionar parte de los problemas implicados en la primera. Ella simplemente registraría que la desigualdad extrema da a los actores mejor ubicados los medios para poder desarrollar ataques exitosos contra los más vulnerables. Si los pobres no tienen capacidad de respuesta institucional, ni acceso a los medios de comunicación, ni recursos para la movilización, entonces podrán ser atacados impunemente, y a relativo bajo costo. Si, además de ello, hay incentivos estructurales para llevar a cabo esos ataques, entonces tenemos una puesta en escena que propicia los ataques desde arriba. Por ejemplo, si los derechos de propiedad están pobremente especificados --o especificados a través de diseños institucionales que hacen que el resultado sea una función directa de la relación de los más ricos con el poder político-- entonces tenemos un escenario ideal para la violencia desde arriba. Nótese que en este caso la represión sería casi inversamente proporcional a la amenaza. Todo esto por supuesto puede reforzarse con argumentos de tipo cultural. Creo que se trata de un criterio esencial para entender la represión en Colombia. Pero no está tan claro que a partir de cierto umbral los costos para las élites de embarcarse en aventuras represivas tan extremas sean insignificantes. La coexistencia de apertura democrática, negociaciones de paz y violencia represiva al rojo vivo apuntaría más bien en la dirección contraria.

En su conjunto, pues, hay varias rutas que permitirían vincular exclusión social con represión. Un régimen excluyente tendrá buenos motivos para reprimir, y a veces --sobre todo si la exclusión es muy grande-- sufrirá menos los costos para hacerlo, al menos debajo de cierto umbral. Por otra parte, la exclusión alienta la polarización y el conflicto. Sin embargo, esto:

a. No casa particularmente bien con la trayectoria colombiana (no está claro que tengamos más polarización que los vecinos, etc.).

b. No explica por qué la exclusión se manifiesta simultáneamente en una profundización de la democracia formal y una represión de carácter exterminador.

Adicionalmente, todos los argumentos que he presentado en esta sección adolecen a mi juicio de dos problemas. Primero, parten aparentemente del supuesto de que la violencia desde arriba no tiene costos. Sin embargo, sí los tiene, y potencialmente altos: en términos políticos, de riesgo, de coordinación, etc. Y uno supondría que son mucho mayores en un régimen con elecciones, prensa sin censura, etc. Cerrar el régimen no sólo constituye un paso previo "natural" a una escalada represiva, sino que sigue siendo perfectamente factible en el contexto internacional post-caída del muro de Berlín. Como ha demostrado la experiencia de las últimas dos décadas, la limitación de la democracia se puede implementar a través de soluciones al estilo de los "autoritarismos competitivos" (Levitzky y Lucan, 2010) como el de Fujimori, Chávez y otros semejantes. En Colombia Uribe claramente imitó esa modalidad de gobierno, y propuso soluciones en ese espíritu, pero no pudo pasar el Rubicón, básicamente porque los mecanismos intra-sistémicos se lo impidieron(50). En la otra dirección, las limitaciones de la represión por parte de sus ejecutores también son perfectamente verosímiles, aún en situaciones extremas. Esto es lo que Ron (2000 y 2003) llama "auto-control salvaje" (Ron, 2003): un acotamiento tanto del repertorio de la violencia contra los civiles como de su intensidad, incluso por parte de regímenes que están en guerra y por parte de ejércitos llenos de prejuicios étnicos contra sus adversarios. Lo que sorprende en Colombia es precisamente la ausencia de los mecanismos que pongan en acción siquiera el auto-control salvaje, una ausencia que la pura exclusión no parece explicar.

En suma: la pésima distribución de los derechos de propiedad en Colombia debe de estar relacionada tanto con la violencia como con la represión, pero no está claro aún cómo podría explicar la anomalía. La clave, como con otras proposiciones discutidas aquí, consiste en que los mecanismos que se sugieren para vincular desigualdad con represión deberían de minar también a la democracia, máxime si estamos hablando de represión exterminadora. Aunque la exclusión social permita a las élites atacar impunemente, por debajo de cierto umbral, a los más débiles, más allá se enfrentará a problemas de todo tipo, y estas (las élites) tendrán incentivos reales sea para limitar la represión, sea para limitar la democracia, o ambos. -En Colombia no se ha presentado ninguna de las dos- En eso consiste precisamente el déficit civilizatorio, y la especificidad, de nuestro régimen político.

El segundo problema -relacionado con el anterior- es la falta de una perspectiva comparada. Hay muchas sociedades latinoamericanas apenas levemente menos desiguales que Colombia, y no se ve muy bien por qué ser marginalmente menos excluyentes les permita ser mucho menos represivas. De hecho, saliendo del contexto latinoamericano, uno de los casos más radicales de exclusión institucionalizada en el siglo XX -el apartheid sudafricano- tuvo mucha represión y mucha violencia, pero probablemente significativamente menor represión letal y exterminadora que Colombia. A Nelson Mandela con seguridad no lo hubieran encarcelado por décadas, pero con una buena probabilidad lo hubieran matado (para comenzar: durante largos períodos fue amigo de los comunistas y partidario de la combinación de todas las formas de lucha). Esta simple observación debería alertarnos, en el sentido de que nos hallamos frente a un fenómeno extraordinario. Termino señalando que la relación entre exclusión social y política no es rectilínea en ninguna parte, y tampoco en nuestro país. En ese aspecto también tenemos nuestras paradojas más o menos fáciles de identificar(51).

En fin: la vía de la exclusión dice mucho, pero en el estado actual de la literatura no soluciona, la anomalía. Pero creo que es una vía que es necesario seguir explorando (Gutiérrez, 2012, sin publicar).

CONCLUSIONES: ENTENDIENDO EL DÉFICIT CIVILIZATORIO

En este artículo me concentré en un caso particular de la anomalía colombiana, a saber, la coexistencia de instituciones democráticas liberales estables con niveles altos de represión, e incluso de represión exterminadora. Otra forma de llamar al problema es el "déficit civilizatorio" de nuestro régimen político: el área gris de la Figura 1. Esta anomalía específica se expresa en los siguientes términos: niveles históricamente altos de represión en medio de la democracia; continuidad de dicha represión, e incluso caída en un ciclo exterminador, en paralelo con una real apertura democrática; estabilidad tanto de la represión, incluida la exterminadora, como de los diseños democráticos. El caso colombiano sigue siendo problemático incluso después de que se invoca la cláusula ceteris paribus. En comparación con otros países en guerra, o con el mismo nivel de desarrollo, o con similar desigualdad, Colombia sigue pareciendo "demasiado democrática" y "demasiado represiva" a la vez.

No he revisado aquí todos los factores causales que podrían invocarse(52), sino solamente las proposiciones analíticas básicas orientadas a debilitar o solucionar la anomalía (la general, y la particular que he propuesto aquí). Sugerí que había en esencia dos vías para hacerlo. La primera es tratar de disolver la anomalía. Esta no existe, pues la democracia, o la represión, resultan simples ilusiones ópticas. La segunda es tratar de explicarla. Hasta el momento, el candidato principal es la guerra. Una tercera vía de ataque combina la disolución con la explicación, mostrando que el régimen no es tan democrático como se supone, pues está apoyado sobre una exclusión social sistemática, y sugiriendo formas en que esa modalidad particular de gobierno puede o debe reprimir a los ciudadanos. Aunque la vía de la disolución parece básicamente cerrada, la literatura que intenta explicar la anomalía aporta buenos elementos para entender la especificidad represiva de nuestro país. Pero se queda corta. El problema está en la raíz: la teoría de la paz interna nos cuenta acerca de los diversos factores que pueden debilitar la democracia, y por esa vía atizar la represión. Aquí la flecha de la causalidad va en la siguiente dirección: a más guerra, menos democracia (vía el debilitamiento de la voz y de los puntos de veto), y por tanto más represión (ver Figura 2). Pero en cambio no prevé un caso en donde democratización e intensificación de la represión se presenten al mismo tiempo. Mucho menos contempla algo semejante a la radical experiencia colombiana, con represión exterminadora conviviendo con ampliación tangible de los mecanismos democráticos. El desafío consiste en explicar, en una perspectiva comparada, por qué en Colombia: han coexistido por largo tiempo niveles altos de represión, incluso exterminadora, con instituciones democráticas; por qué se pudo producir en paralelo, y durante un tiempo largo, la profundización de la democracia a medida que caíamos en un ciclo exterminador; y por qué esa intensa represión no debilitó críticamente a la democracia, ni esta permitió reducir radicalmente la represión. Estamos muy lejos de producir una respuesta sistemática y satisfactoria a tales preguntas.

Uno no estudia, ni debería estudiar, estos problemas en el espíritu del "arte por el arte". Mi interés por la represión está directamente relacionado con el déficit civilizatorio de la democracia colombiana y sus terribles consecuencias humanas y sociales. Aun teniendo en cuenta esto, y de cierta forma precisamente por esto, es interesante indagar sobre la importancia comparativa del caso colombiano. ¿Le dice algo a la teoría de la paz interior, o podemos descartarlo como un tema que nos interesa sólo en tanto ciudadanos, el proverbial outlier que se puede dejar de lado mientras se interpreta el panorama general? Me inclino por lo primero. En la medida en que las oleadas democráticas han llegado a sucesivos países con Estados débiles y niveles bajos de desarrollo, el paisaje colombiano empieza a no ser tan extraordinario. En los últimos lustros creció la preocupación por las dinámicas que pudieran conducir a desenlaces muy lejos de la prescripción liberal optimista --según la cual las violencias de todo tipo, y muy en particular la estatal, disminuyen con la democratización; ver el estupendo estudio de Snyder Jack, 2000-. La violencia política podría estar incorporada a la vida pública de numerosos regímenes formalmente democráticos en un futuro cercano. Y, no menos importante, a menudo los problemas sociales se ven con más claridad en el límite (Gambetta, 2012). Nuestros problemas pueden idiosincráticos, pero hacen parte de tendencias más generales. Aquí he intentado mostrar que ellos, aunque no tengan una solución fácil, al menos se pueden plantear con relativa claridad.

Figura 2. Sucesión causal de la teoría de la paz interior


COMENTARIOS

1. Este artículo es resultado del programa "Investigaciones en torno a la macroestabilidad política y económica y la violencia persistente en Colombia", en el marco de la Convocatoria Bicentenario - Programas Nacionales de Investigación - 9747 de la Universidad Nacional de Colombia.

2. http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm

3. Para los detalles y la base de datos, ver http://www.politicalterrorscale.org/countries.php?region=SouthAmerica&country=Colombia&year=2010
Nótese que en los dos reportes, el de Amnistía como el del Departamento de Estado, se evalúan también al menos algunos eventos prominentes de complicidad de agentes del estado con el paramilitarismo.

4. Restando de 10 el valor del PTS para cada componente multiplicado por dos, para poner a todos los indicadores en la misma dirección (escalas en las que "más es mejor") y en el mismo rango (de 0 a 10).

5. Que advino en conjunción con una evolución compleja en el vecindario.

6. Ciertamente, si el criterio es represión letal, se lleva de lejos el primer lugar.

7. Por supuesto, el intento de ofrecer una explicación propiamente dicha de la anomalía escapa con mucho los límites de este artículo. Desarrollo una propuesta explicativa en un libro en preparación.

8. Y que pudieron seguir precisamente por la pasividad de las autoridades en su persecución. Nótese que esto podría constituir un caso de "amor no correspondido", pero las evidencias de tipo a., b. y c. indican lo contrario.

9. Las que practica un individuo dentro de una agencia estatal para satisfacer sus propios intereses en tanto individuo, y no dentro de un cuadro de acción de la organización. Ver (Wood, 2009).

10. En el sentido de que incluye dentro de sus planes de actividad la posibilidad o la necesidad de la destrucción masiva de civiles. Una de las acepciones de "exterminador" del diccionario de la Real Academia es "desolar, devastar por fuerza de armas".
Nótese que al proponer este criterio estoy excluyendo la dimensión motivacional, que sí hace parte de definiciones jurídico-humanitarias como la de genocidio. El genocidio implica una voluntad y un foco de atención. La represión exterminadora puede ser eliminacionista cuando expresa la intención de acabar con un grupo político o social, de lo cual el ejemplo canónico es la destrucción de la Unión Patriótica. Pero no toda la represión exterminadora en Colombia fue eliminacionista, un punto que requiere una elaboración aparte. Agradezco a Elisabeth Wood la sugerencia acerca de precisiones sobre éste punto, además de otras valiosas sugerencias.

11. Polity incluye: instituciones y procedimientos para que la ciudadanía pueda expresar sus preferencias, y restricciones institucionalizadas al ejercicio del poder por parte del ejecutivo. Estos criterios están a su vez desglosados en cuatro grandes categorías: competitividad en el reclutamiento del ejecutivo, apertura en los mecanismos de reclutamiento del ejecutivo, restricciones al ejecutivo, competitividad de la participación política. Polity explícitamente decidió no codificar libertades civiles. Todo esto es bastante controversial, y ha sido criticado numerosas veces desde distintos puntos de vista (mi propia perspectiva sobre Polity no es particularmente entusiasta). Sin embargo, afirmar que estos indicadores son dudosos está muy lejos de implicar que no dicen nada.

12. Algo que sabía muy bien Barrington Moore (1967).

13. Para el concepto respectivo ver (Tsebelis, 2006).

14. Nótese que Davenport deja por fuera aún otros mecanismos de gran importancia. Por ejemplo, la alternación en el poder ensancha los horizontes temporales del personal político, obligando a cada operador práctico a pensar acerca del funcionamiento de las reglas cuando está en la oposición. La negociación continúa en escenarios institucionalmente especificados, como el congreso y los cuerpos colegiados subnacionales, permite desarrollar valores proclives a la negociación, y así sucesivamente.

15. Para no hablar ya de las consecuencias normativas, la destrucción del tejido social, etc.

16. La relación entre una y otros es íntima. La Constitución fue explícitamente propuesta como un pacto de paz.

17. En el límite, ya no es muy claro, al menos no para mí, si en Colombia el desempeño ha sido sustancialmente mejor siquiera que en las dictaduras terroristas del Cono Sur.

18. Dedicada a denunciar al santanderismo, etc.

19. Contrariamente a numerosas narrativas históricas, no creo que esto se pueda retratar como simplemente irracional o no político, en el sentido de puramente hereditario.

20. Y por otra parte los tres fueron leídos en su momento como instrumentos de apertura, no de cierre.

21. Por ser también una muestra de conveniencia, ver capítulo anterior.

22. Por supuesto, estas cifras, como todas las de violencia, son problemáticas (ver Ball, 1996). Con todo, es posible que un ajuste no cambie mucho el panorama relativo a este ejemplo particular. En Colombia el conteo de sindicalistas asesinados ha podido establecer algo cercano a un mínimo razonable, pero es posible que haya una diferencia grande entre éste y alguna cifra que se encuentre por métodos más avanzados. En tanto no haya evidencia en contrario, la afirmación de Colombia como el primer asesino de sindicalistas por una gran diferencia se sostiene.

23. Cosa que en efecto ha pasado, y precisamente por ello es que contamos con una enorme masa de evidencias acerca de la "relación especial" entre diversas agencias del estado y los paramilitares.

24. En este y los párrafos siguientes sigo de cerca la exposición que hice en (2011).

25. http://globalpolicy.gmu.edu/pitf/SFTF%20Phase%20I%20Report.pdf

26. Una intuición que se puede rastrear desde el clásico de Pécaut, "Orden y Violencia" (1987).

27. Ya desde muy temprano. Ver Pécaut, 1991.

28. La coyuntura para la cual se escribió el artículo era el proceso de debate sobre el TLC entre Estados Unidos y Colombia. Uno de los principales obstáculos para la aprobación del tratado era la violencia contra los sindicalistas, y los autores intentaban mostrar que dicha violencia era "tan sólo una ilusión" (en el sentido de no ser peor que la que sufría la población en general).

29. A propósito, los autores distorsionan la posición de sus adversarios, lo que siempre resulta una mala práctica. Afirman explícitamente: "Union leaders, on their part, have argued that under the current administration homicides of union members have increased"(Uribe y Mejía: 2009, p. 5). Pero después citan lo que dicen los sindicalistas, que es bastante distinto: niegan estos que Uribe hubiera logrado poner la situación bajo control (no afirman que ella haya empeorado). Como se ve, son dos cosas bien distintas. De hecho, mientras que la aserción aventurada sobre el aumento de los homicidios no se sostiene, la sugerencia de que el problema no se había solucionado sí era correcta. Seguía, y sigue, habiendo muchos asesinatos de sindicalistas.

30. Como captura incluso Polity, Colombia sufrió un debilitamiento democrático en la primera década de este siglo, y éste vino acompañado de una reducción real en el número de ataques letales a los líderes de los trabajadores. Pero por otro lado hay una ya masiva documentación sobre una gran masa de ataques extremadamente violentos contra civiles por parte de agentes del estado en el período 2002-2010.

31. De manera interesante, hay muy buenos ensayos de intelectuales y líderes políticos de la primera mitad del siglo 20 sobre el tema.

32. A la vez, tengo que decir que este debate tiene que ser afinado, y transformado en proposiciones empíricamente evaluables.

33. Creo que esto se sostiene también si se hace alguna clase de ejercicio cuantitativo.

34. De hecho, la represión letal bajo Fujimori fue también menor que la del período democrático en la década de 1980 en Perú.

35. Nótese que no parece haber en toda esta experiencia una relación lineal entre intensidad del conflicto y magnitud de la represión.

36. Entre otras cosas por suponer que el ejercicio de la violencia carece de costos, ver sección siguiente.

37. El propio Ortiz cita a un cuadro liberal que afirma: "Como colombiano me avergüenzo, me parece desastroso, terrible, que aquí hayamos tenido que valernos de personas fuera de la ley...Pero si esa guerrilla se ausentaba éramos cadáveres" (Ortiz, 1985: 211). Se podrá decir que eso no se aplica al actual ciclo, pero es en todo caso relevante para el debate del huevo y la gallina. El punto fundamental es que los agentes, estatales o no estatales, que viven del uso de la fuerza saben que a veces esta debe ser limitada si no se quiere tener resultados contraproducentes.

38. Destacar estos encadenamientos no significa aceptar la noción de violencia ininterrumpida, que no me parece correcta.

39. Esto se aplica a fortiori a los Estados de los países en desarrollo.

40. De ahí la mala especificación de la teoría.

41. Aún más, si se encuentra en el límite de la subsistencia, y cree que la denuncia tendrá un costo, será racional no denunciar.

42. Como observé en 2007, la tensión entre los operadores políticos y las élites económicas aparece muy temprano, y se puede leer en testimonios como "La Manuela", de don Eugenio Díaz. Después tuvimos sucesivas oleadas de incorporación de operadores del "pueblo y la provincia", según la fórmula de los liberales, algunas de ellas claramente asociadas a la violencia (ver al respecto por ejemplo Ortiz 1985). La democratización anómala se refiere a la última (o penúltima) oleada de esta naturaleza, no a la única.

43. El análisis comparativo basado en pares de casos puede ser muy instructivo si se tienen las precauciones suficientes, y se resiste a la tentación de incurrir en inferencias espurias. Una comparación ejemplar de este tipo se encuentra en Wood (2000).

44. Y todo esto se vuelve más claro cuando nos concentramos en la represión eliminacionista. Uruguay sufrió una larga y brutal dictadura militar, pero que en términos de víctimas letales cae muy, muy lejos de Colombia.

45. Para no hablar de Perón, el venezolano Rómulo Betancur, algunos militarismos, y la revolución mexicana, entre otros.

46. Nótese que tampoco es claro que dentro de cada país la represión o la violencia bajen durante o después de la experiencia populista. ¿Cuáles son los horizontes temporales sobre los que se está predicando la afirmación?

47. Adicionalmente, no veo cómo se pueda aducir que dentro de un mismo país la violencia o la represión bajan durante el avance del populismo.

48. Nótese que en esta lectura el populismo es producto, y posiblemente catalizador, de dinámicas que conducen a la violencia.

49. En esta pequeña dinámica, Hirschman incorpora el factor de amenaza pero va mucho más allá de la teoría de la amenaza.

50. De hecho, cuando salió seguía contando con un enorme apoyo.

51. El Frente Nacional, un sistema de exclusión política institucionalizada, disminuyó levemente la inequidad. Después de la Constitución de 1991 esta aumentó bruscamente.

52. Uno obvio que viene a la mente es el narcotráfico. Pero hasta donde sé no hay estudios que sugieran que el narcotráfico aumenta la represión (sí en cambio la violencia).


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