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Análisis Político

Print version ISSN 0121-4705

anal.polit. vol.26 no.78 Bogotá May/Aug. 2013

 

LA GUERRA COMO NEGOCIO Y LOS NEGOCIOS DE LA GUERRA CIVIL DE 1851

WAR AS A BUSINESS AND THE CIVIL WAR BUSINESSES IN 1851

Juan Carlos Jurado Jurado*

* Profesor de la Universidad EAFIT. Doctor en Historia Universidad de Huelva,España. Historiador y Magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín. Email: jjurado@eafit.edu.co

Fecha de Recepción: 12/08/2012
Fecha de Aprobación: 15/03/2013


RESUMEN

Tradicionalmente las guerras civiles hispanoamericanas han significado un importante factor de inestabilidad política e inseguridad económica,a las que se les ha endilgado hasta la exageración el atraso y el subdesarrollo nacional durante el siglo XIX. Sin embargo,estas representaciones han sido construidas con muchos prejuicios y poco estudio,por parte de extranjeros y observadores internacionales. Nuevas investigaciones han logrado precisar el significado político y económico de las guerras, y en este sentido , el presente artículo ofrece un panorama de la Guerra Civil de 1851 desde sus costos económicos y sociales, el problema financiero y de administración que implicó para el Estado neogranadino , sus nefastos efectos sobre el gasto público y la forma como trastocó los ritmos del trabajo y la producción nacional. Sin embargo ,esta contienda ,como toda situación apremiante asumida por el Estado decimonónico , también indujo a sus dependencias y burócratas a desempeñarse con eficiencia y racionalidad , con sensibilidad por la "cosa pública" y a fungir como ente de administración y control sobre la población y el territorio. En todo caso y a pesar de sus temidos efectos ,la guerra no fue un total desastre para la economía nacional,aunque estimuló un cuestionado escenario para negociantes ,especuladores y contratistas que pretendían acceder a los recursos públicos ,en un contexto económico bastante restringido.

Palabras clave: guerra civil ,costos de la guerra,negocios de la guerra, desarrollo nacional


SUMMARY

Hispano-American civil wars traditionally have been an important factor of political instability and economic insecurity. They had been pointed out as an important cause of national backwardness and underdevelopment in the nineteenth century. However,these representations have been built with many prejudices and little study, by foreigners and international observers. New research has succeeded in clarifying the political and economic significance of the wars , and in this sense , this article provides an overview of the Civil War of 1851 from its economic and social costs,the financial and management problems involving the State of New Granada,its harmful effects on public spending and how it disrupted the rhythms of work and domestic production. Even so , this conflict,like every plight assumed by the nineteenth-century state ,also led to its agencies and bureaucrats to work efficiently and rationality, with sensitivity to public matters,and serve as a body for the management and control over the population and the territory. In any case , despite its feared effects , the war was not a total disaster for the economy. It stimulated a questionable scenario for traders,speculators and contractors who sought access to public resources in a rather restricted economic context.

Keywords: civil war,cost of war,war businesses ,national development


Entre mayo y septiembre de 1851, tuvo lugar en la Nueva Granada una guerra civil en la que el partido Conservador se levantó en armas contra las reformas progresistas del Gobierno del liberal José Hilario López (1849-1853). Éste lideró una serie de políticas de modernización en ruptura con el persistente pasado colonial, denominadas en la historiografía colombiana como las "Reformas Liberales". Se trataba de poner el país a tono con las exigencias de la economía mundial, y de darle a la sociedad un carácter más democrático y laico, lo que suponía quebrantar los viejos sistemas de dominio social y cultural de la aristocracia colonial y de la Iglesia Católica. No obstante que la Guerra Civil de 1851 tuvo muy poca duración -132 días-, su impacto en la vida política nacional se ubica en todo el quiebre de mitad del siglo XIX. Dado que su contenido político e ideológico fueron las Reformas Liberales, adquiere un significado complejo y amplio referido a los procesos de construcción de la nación y el Estado, durante tal centuria1.

La Guerra Civil de 1851 fue la más corta del siglo XIX, y como tal duró entre el 1 mayo -con los levantamientos de los terratenientes y esclavistas conservadores Julio Arboleda y Manuel Ibáñez en las provincias del Sur-occidente-, y el 10 de septiembre, con la derrota del general caleño Eusebio Borrero en la antigua provincia de Antioquia, en la localidad de Rionegro, iniciada el 1 de julio. Entre estos dos hechos se sucedieron dos levantamientos regionales más, los principales en las provincias de Mariquita y Neiva planeados para el 20 de julio, por el coronel y hacendado Mateo Viana, Francisco de Paula Diago y el general José Vargas Paris, así como los hermanos Francisco y Domingo Caicedo y sus peones y labriegos reclutados en sus haciendas. En el movimiento insurgente del centro Oriente los rebeldes también fueron importantes hacendados del hinterland dominado por la capital de la República, entre los que se destacó el popular terrateniente José María Ardila, dueño de la hacienda Corito en Facatativa, Pastor Ospina (hermano de Mariano Ospina Rodríguez, líder nacional de la oposición al Gobierno), quien se levantó en la localidad de Guasca, con gran influjo político en las localidades de Guatavita, Sopó y Gachetá donde reclutó tropas de campesinos y propietarios con las que armó guerrillas. Por último, Juan Nepomuceno Neira, experimentado político regional, afamado abogado y profesor de Derecho, representante ante el Congreso por la ciudad de Tunja.

Son muchos los aspectos y problemas para indagar que dan cuenta del significado de la contienda en cuanto a la construcción del orden nacional, lo que implica reconocer las motivaciones y determinantes políticos, económicos y sociales de la misma, los mecanismos militares, políticos e ideológicos de participación y movilización de los sectores populares2, del clero y las elites3, que fueron claves en la configuración de los partidos políticos y las regiones4, procesos que fueron más nítidos en la coyuntura de mitad de siglo. Entre los múltiples temas de interés que suscita la Guerra Civil de 1851, y que constituye el objeto de este artículo, me interesa indagar la manera como la guerra comprometió el funcionamiento del Estado como sistema de administración y poder, los costos de la misma y los problemas administrativos y financieros que suscitó, la manera como afectó la vida cotidiana y la economía con los ritmos del trabajo y la producción nacional, y la forma como se constituyó en un invaluable escenario los negocios por para oportunistas empresarios, especuladores, contratistas del Estado y un mecanismo de ascenso social.

I. PRECARIEDAD DEL ESTADO Y COSTOS DE LA GUERRA

No es posible comprender la guerra sin sus efectos económicos, sus costos, los negocios que suscitó y el clima de inestabilidad que generaba. Este tema, así como la inseguridad, no son nuevos para explicar el retraso y la falta de desarrollo de los países hispanoamericanos pero, inspirados por el neo-institucionalismo (Summerhill, North, Weinsgat), parecen reactivarse como una "nueva leyenda negra" sobre los procesos políticos y las instituciones decimonónicas; una tesis equivocada según el historiador Malcolm Deas5. La inestabilidad política en Hispanoamérica se hizo más evidente después de la Independencia y entrado el siglo XIX, con la instauración de una tradición constitucional que daba lugar al cambio permanente de reglas y normas políticas con la finalidad de que personas y partidos se perpetuaran en el poder. Se trataba de un sistema político poco seguro y especificado en cuanto a los derechos económicos y políticos que aseguraran un compromiso creíble, lo cual era un factor fundamental para el desarrollo de mercados eficientes. Salomón Kalmanovitz indica que la inestabilidad se afincaba en conflictos político regionales o en los cambios radicales de reglas de juego constitucionales, que:

    "(...) generaban un sistema inestable donde los derechos políticos de unos quedaban extinguidos cuando los otros alcanzaban el poder, y sus bienes podían ser expropiados, ya fuera en la forma de préstamos forzosos o de confiscaciones de bienes para atender las necesidades de los grupos en armas. Más aún, derechos, favores y concesiones económicas concedidos por un Gobierno eran anulados cuando era desplazado por el partido opositor, mientras que cambiaron también las atribuciones tributarias y legales de las circunscripciones regionales (.)"6.

No obstante la importancia del tema, para Deas, desorden e inseguridad no sólo no son equivalentes, sino que no fueron determinantes en los bajos índices de desarrollo alcanzado por los países del hemisferio durante el siglo XIX: "es probable que no ayudaran al progreso del país, pero no fueron unos estorbos muy grandes", es decir, que el impacto del desorden y la inseguridad pudo ser marginal en el crecimiento económico, lo que no significa que no importaran, en un sentido más amplio7.

Para desvirtuar tales señalamientos Deas argumenta que los críticos no discriminan en sus estadísticas impresionistas golpes, revueltas y cambios de gobierno, con lo cual confunden inseguridad con inestabilidad y sobredimensionan la magnitud del problema y por ende, discriminan a Hispanoamérica por su violencia en comparación con lo sucedido en otros países como los Estados Unidos y Francia. Finalmente, y de forma errónea, se tiende a asumir que la causalidad va del desorden a la falta de desarrollo y no al revés, sin considerar que las recesiones económicas, que con frecuencia se originaron por fuera de la Nueva Granada, "aumentaron la proclividad a la guerra civil, con el debilitamiento de los Gobiernos y la mayor disponibilidad de la gente a guerrear"8. Deas enfatiza que es necesario matizar el asunto, cuando insiste que sin duda "las guerras civiles fueron bajo muchos aspectos dañinas", lo que no implica negar "la influencia por lo general negativa del desorden, sino fijar su debida proporción, hacer un examen crítico del argumento de que el desorden es la razón principal del pobre desempeño de la economía colombiana a lo largo del siglo XIX"9.

En cuanto a los nefastos efectos de las guerras para el sistema económico, Kalmanovitz, sin los matices de Deas, es más directo al destacar su papel como freno a la inversión, el trastocamiento de iniciativas empresariales, el bloqueo de obras de infraestructura y del sistema financiero mismo. El autor sostiene que los conflictos electorales y las guerras civiles causaban pérdidas físicas y deprimían la escasa demanda agregada de un sistema económico débil, necesitado de reglas de juego claras y consistentes para consolidarse y, parece acogerse a la tesis de la historiografía conservadora, que adjudicó inestabilidad política y jurídica al proceso federalista de mediados del siglo XIX seguido de la centralización a la fuerza de la Regeneración. Él, sí cree que el desorden político y constitucional malograron, a largo plazo, "las condiciones necesarias para el desarrollo económico" de Colombia10.

Para valorar mejor los costos económicos de la Guerra Civil de 1851, es necesario referir las condiciones estructurales del Estado en la primera mitad del siglo XIX, caracterizado por un permanente deterioro fiscal heredado de la Independencia y las magnas deudas externas para sostener las guerras y sus ejércitos. Tal déficit se financió con endeudamiento público debido a la flaqueza del sistema tributario que no logró captar un importante caudal de rentas de la población, de manera que el Estado se vio agobiado por la deuda interior que fue necesario adquirir con la finalidad de financiar su gasto militar y su funcionamiento, que no pudo sostenerse con la carga fiscal que se redujo gradualmente a lo largo de la centuria11.

Para explicar la compleja situación de la institucionalidad colombiana en la época, la economista Ángela Rojas plantea que es necesario considerar las guerras, las crisis productivas, la legislación monetaria inadecuada, las políticas fiscales laxas y políticas monetarias contracíclicas que impedían la adopción del patrón metálico puro, y por ello: "(.) se conformó un sistema monetario híbrido en el que circularon monedas metálicas, notas de deuda pública con características de papel moneda y billetes de bancos privados que expandieron irregularmente la masa monetaria"12. Todo lo anterior explica que la adopción de un "patrón metálico impuro" expresara las limitaciones estructurales de las instituciones nacionales lo cual se debía, además, a la falta de acuerdos políticos, la baja integración del mercado interno y el cierre del crédito internacional, de modo que en la condiciones de la época fue lo más conveniente para facilitar "cierto grado de actividad productiva y comercial en el corto plazo"13.

Acorde con la bibliografía citada, en la coyuntura de mediados del siglo XIX asociada a la Guerra Civil de 1851, se manifiesta la penuria económica del Estado debida a sus precarias condiciones fiscales y al desangre económico que significaban sus ingentes gastos14. Según críticos como el conservador y líder rebelde Manuel Ibáñez, en ello influían las mismas Reformas Liberales, que dieron por resultado el recorte de rentas del Estado central provenientes de capitales a censos y la falta de créditos y recursos del Tesoro público y por la cesión de rentas centrales a las provincias como los estancos de aguardiente, diezmos, quintos, derechos de fundición, peajes provinciales y derechos y registros15. Como consecuencia, se dio el cierre de colegios nacionales y establecimientos de beneficencia, lo que también afectó la administración del culto católico que se sustentaba con dichas rentas16. De igual forma argumentó, que las rentas municipales se encontraban en franco deterioro, puesto que la ley de Descentralización de Rentas (1850) las habían cargado de asfixiantes gastos que antes asumía la Administración nacional, por lo que se encontraban estancadas las inversiones en caminos, cárceles, cementerios, puentes y demás obras públicas locales. En igual sentido, el intelectual conservador Manuel José Restrepo afirmó de manera tendenciosa que tal ley no era más que el traslado del déficit de la nación a las provincias17.

La precariedad administrativa del Estado central a mediados del siglo XIX, se comprende mejor si se sabe que al finalizar la contienda, la Secretaría de Guerra no podía ofrecer informes concluyentes sobre sus costos, y ello estaba muy relacionado con la fragmentación de los aparatos estatales de las provincias y la heterogeneidad de sus procedimientos administrativos18. En su informe al Congreso de la República, en marzo de 1852, el secretario de Guerra, Valerio F. Barriga, respondió al respecto: "Pidiéronse en circular de este despacho (.) todas las noticias necesarias i al efecto, pero de mui pocas provincias se ha obtenido lo que se deseaba (.)"19. De ahí que el conocimiento sobre los costos de la guerra provenga de cálculos aproximados de particulares o de algunos juiciosos funcionarios, como se expondrá más adelante.

Así las cosas, durante y después de la contienda, fue visible la imagen del Estado como aparato administrativo precario y débil en su fisco y en sus finanzas, en medio de una aporreada economía nacional, ya por la acuciante deuda extranjera e interna de principios del siglo, la reducción de los impuestos y la falta de recursos en general. Esta situación fue vista de forma acertada por críticos como Restrepo, como el resultado de la nefasta gestión de los Gobiernos y los administradores de las oficinas estatales, los causantes de los desangres económicos agravados con las guerras y revoluciones. Este fue el sentido de su irónica intervención en marzo de 1852, frente a las desacertadas acciones del secretario Manuel Murillo Toro:

    "La posición rentística de la Nueva Granada era, pues, muy triste, y se aproximaba a una bancarrota. A pesar de esto Murillo nada proponía para aumentar los productos de las rentas públicas, y su proyecto era vivir el porvenir cubriendo el déficit con el arbitrio de admitir las redenciones de censos, sobre el Tesoro, y contratando empréstitos ruinosos dentro y fuera del país. 'Él decía que confiaba en los principios democráticos y en las mejoras que el tiempo y las riquezas de los ciudadanos introducirían en las rentas de la Nueva Granada', sin embargo, de que bajo la administración del 7 de marzo era un delito ser ricos y se les perseguía como agiotistas y monopolistas. Las esperanzas de Murillo eran verdaderas y tardías ilusiones, que podían no realizarse en un país tan expuesto a revoluciones como el granadino"20.

De la cita anterior vale resaltar lo que han mostrado las investigaciones sobre la economía granadina durante el siglo XIX, que ante las evidentes restricciones fiscales, los funcionarios estatales optaron por el crédito interno (deuda pública) para financiar el déficit fiscal, es decir, el desbalance entre ingresos y gastos, mecanismo que fue muy recurrido antes de 1880, cuando la emisión de dinero se implementó como alternativa al financiamiento fiscal. De allí que, según lo indica Ángela Rojas, la deuda interna aumentara en coincidencia con las guerras civiles y por ello los gastos se ejecutaban contra los ingresos futuros, pues los corrientes habían sido pignorados por cuenta de la precedente contienda21.

Se dimensiona mejor la gravedad de la situación denunciada por Restrepo, pues antes de la guerra misma de 1851 la Nueva Granada vivía una gravosa situación de estancamiento económico y de ello hacían parte las obligaciones de la deuda existente hacia 1850, cuyo servicio comprometía alrededor del 50% de los ingresos corrientes nacionales asimilados a las exportaciones22. Así las cosas, la guerra venía a agravar la endeble situación fiscal ya existente, pero la misma situación fiscal expresaba condiciones de inestabilidad política ligadas, en parte, a la precedente contienda, la Guerra de Los Supremos (1839-1842).

En particular, Restrepo fue reiterativo en su crónica acerca de la responsabilidad que cabía al Gobierno de José Hilario López y a la Guerra Civil de 1851, respecto de la situación económicadel país. En distintos apartes de su texto, la nación granadina aparecía como sujeto político cuyo devenir estaba inserta la tragedia de las revoluciones periódicas tan propias de Hispanoamérica, ella era su víctima y principal afectada, con lo cual la causalidad iba de la guerra hacia el desorden y el atraso nacional. Al citar la preocupante deuda externa de 1850, Restrepo decía: "Esta suma debía crecer año por año, y conducirnos a la bancarrota; aun sin contar con las revoluciones periódicas, y con los daños y perjuicios que ellas causan a la nación". Respecto de la rebaja del impuesto a la sal "que hiciera imprudentemente el Gobierno", la tildó de populista e indiscreta, pues "Obaldía y Murillo no consideraban que se disminuía una renta de las más pingues, y que por esto se causaba un grave perjuicio a la Nación que no tenía con que satisfacer los gastos civiles y militares de su administración". Al referirse a los altos costos militares de la larga guerra que el Gobierno tuvo que asumir con las guerrillas de Pasto hasta entrado el año de 1852, Restrepo indicó que éstos se debían a la prolongada permanencia de las tropas en el Sur del país, al mando de los generales José María Obando y Manuel María Franco, y a lo poco que pudo hacer el primero para "(...) restablecer la tranquilidad en aquel país [Ecuador] que consumía improductivamente la sustancia y las rentas de la Nueva Granada"23. Todo lo cual estaba asociado al desorden general en que se hallaba la Administración pública:

    "Estos ahorros eran absolutamente necesarios por el estado lamentable en que se hallaba la hacienda pública (.) he aquí los resultados de la guerra que el Gobierno de López quiso hacer en el Sur subrogándose una intervención impolítica y ruinosa en los negocios internos del Ecuador y los efectos que producían las doctrinas disolventes de la Administración del 7 de marzo, con las cuales decían los rojos que iban a fundar la verdadera República en la Nueva Granada. En lugar de esto causaron la ruina y el desorden en casi todos los ramos administrativos"24.

De igual forma, en febrero de 1852, Restrepo aludió al balance fiscal, es decir, al estado de las Rentas y Gastos Públicos, correspondiente al año económico 1851/1852, para señalar que: "Las primeras ascendieron en el último año económico a 20.000.000 reales y los gastos a 28.591.516 reales, dando por consiguiente un déficit de 8.591.516 debido en su mayor parte a la guerra de rebelión que por desgracia se suscitara"25. Con ello, la guerra fue representada por Restrepo y muchos de sus contemporáneos como un problema económico de orden nacional, en medio del cual el Gobierno liberal aparecía como ilegítimo debido a su impericia política y administrativa.

De otro lado el liberal Salvador Camacho Roldán hizo un balance económico de la guerra, muy útil para tener una mirada global de la misma en materia financiera, debido a la precariedad de fuentes oficiales que permitan hacerlo. En su informe, subestimó la persistencia de un orden premoderno en la Nueva Granada representado en la cultura política de los hacendados, esclavistas y de la Iglesia Católica, al decir que la insurrección conservadora había quedado completamente vencida, y que aunque no tuvo una causa importante, "sí ocasionó una notable pérdida de vidas, un gasto inútil de más de dos millones de pesos al Tesoro nacional, desmoralización y rencores profundos". Indicó que una vez se inició la revuelta, el pie de fuerza nacional comenzó a elevarse, desde el mes de marzo de 1851 cuando se presentaron los primeros alzamientos en la provincia de Túquerres, y subió de manera sucesiva a los 10.000 hombres permitidos como máximo por la ley. Ésta fue una fuerza bastante considerable, pues el máximo para tiempos de paz estaba limitado a sólo 1.500. Hay que recordar que al iniciar la administración del presidente López, el ejército sumó una fuerza de 2.500 hombres, pero mediante la Ley de 5 de mayo de 1849, se ordenó fuese de 1.500 hombres el pie de fuerza en tiempos de paz. En caso de guerra civil podría elevarse a 10.000 hombres y de invasión exterior, al doble26.Según la información suministrada por Camacho Roldán, el pie de fuerza aproximado por provincia durante la guerra fue el siguiente:

En cuanto al gasto por soldado, Camacho Roldán lo estimó en no menos de un peso diario por cabeza, si se tiene en cuenta "(.) el pré del soldado, municiones, correaje, vestuario, traslación de sus diversos acantonamientos, marchas, hospitales, etc. (.) sobre todo teniendo en cuenta que en esas épocas de desorden sube de proporción el número de jefes y oficiales"27. En definitiva, estimaba el costo total de la contienda en una suma de $ 2.000.000 de pesos, si se consideran los $ 10.000 diarios para un período de seis meses28. Si se relacionan esta cifras con las aportadas por Roberto Junguito, se tiene que los costos de la guerra fueron equivalentes al gasto púbico anual a cargo de la nación durante la década de los años de 1850, que era de alrededor de $ 2.000.000 de pesos, lo que significaba un ingente esfuerzo financiero para un Estado enclenque29.

Así las cosas, era claro que inevitablemente la guerra afectaba la composición del gasto público, con la finalidad de ampliar la capacidad del Estado para la financiación de todo lo relativo al ejército y otras fuerzas armadas dirigidas desde la Secretaría de Estado del Despacho de Guerra y Marina30. En este sentido, indagaciones sobre el tema apuntan en la misma dirección, y es que la deuda interna a cargo del Estado:

    "(...) reflejó los costos de las guerras civiles y el déficit operacional de la administración pública. Estos costos comprendían suministro de particulares a los ejércitos (ganado, armas, municiones, bienes raíces, etc.), empréstitos voluntarios y contribuciones forzosas. El déficit primario incluía obligaciones de Tesorería por cubrir, como salarios, pensiones, pagos por servicios administrativos, contratos y adjudicaciones, así como los intereses generados por la misma deuda interna. Gran parte de esta deuda fueron compromisos de carácter compulsivo y ex post y sólo una parte pequeña, un porcentaje bajo de la deuda flotante), constituyó un verdadero endeudamiento, en cuyo caso, quienes proporcionaban dinero al gobierno lo hacían libremente exigiendo una alta tasa de interés que compensara el riesgo de la operación y una recuperación casi inmediata de los fondos cedidos"31.

Es importante estimar las dimensiones económicas de esta institución, pues los costos aumentaban y los ingresos disminuían en tiempos de guerra, gastos que era incapaz de solventar el Estado por su excesivo peso dentro del gasto público nacional, de modo que al decir de Frank Safford, entre 1832 y 1845 la organización castrense absorbió cerca de la mitad del presupuesto nacional, mientras que después de 1845 este rubro descendió a un cuarto y a finales de la década de 1850, al 12%, como resultado de la disminución efectuada por el Radicalismo sobre el ejército nacional dentro de su concepción del "Estado mínimo"32.

Es posible estimar mejor la situación y concepción del ejército granadino, respecto a sus costos y su lugar dentro de la institucionalidad nacional, si se considera que para el caso de México, Fernando Escalante Gonzalbo sugiere que además de los grandes costos para el precario erario público, la reducción del ejército puede explicarse porque era visto más como una institución frente al Estado que podía hacerle contrapeso, más que como una institución del Estado, o un digno representante del pueblo y la democracia. Con ello se sugiere que la soberanía popular y el ejército podían ser dos polos antagónicos33. Situación que no parece haberse presentado con la Guardia Nacional Auxiliar, que por el contrario, generó en varios países de Hispanoamérica la representación de la nación en armas y un espacio para la práctica cívica de la ciudadanía, el patriotismo y la inclusión política por parte de sectores medios y bajos34.

Un mes después de finalizada la guerra, el 22 de septiembre, el gobernador de la Provincia de Medellín, Sebastián J. Amador impuso el empréstito forzoso de $50.000 para subsidiar los gastos de regreso de las tropas, en su mayoría oriundas de otras provincias, que sometieron a los sublevados en Antioquia. Como era de esperarse, recayó sobre los individuos "acomodados" que participaron en la insurrección y sobre los conservadores que permanecieron indiferentes durante la contienda. Se repartió de forma tal que el cantón de Medellín aportara $35.000, el de Amagá $10.000 y el del Nordeste $5.00035. El autor del volante denunció que:

    "En los diversos cantones se conformaron 'Juntas repartidoras del empréstito forzoso' que manejaron a su antojo las cuotas impuestas a los opositores, excluyendo a sus familiares o favoreciendo a sus adineradas clientelas de poder: 'para saciar con ella raquíticas i miserables venganzas de pueblo, degradándose hasta el extremo de bajar al campo de la más vil e infamante parcialidad"36.

La medida levantó las más enconadas resistencias y evasivas, pues muchos conservadores de las jurisdicciones de Amalfi y Medellín, escaparon de sus localidades o pretendieron pasar por liberales, ante lo que las autoridades argumentaron con ironía: "ya dizque no hay ni un solo conservador y todos se dicen liberales"37. Sobre los empréstitos forzosos hay que tener en cuenta que no fueron impuestos solamente a los rebeldes o a sus colaboradores, pues sucedía que algunos liberales, en medio de la contienda, se negaron a prestar sus servicios al Gobierno, con lo cual se hicieron acreedores a las sanciones correspondientes. Este parecer ser el caso del sargento mayor, Clemente Jaramillo, quien durante la guerra se negó varias veces a apoyar al gobernador de la provincia de Medellín con la ocupación de cargos militares, según Miguel Díaz Granados, jefe político encargado en Medellín, por lo que se le impusieron cuatro multas de $50 mil pesos cada una y el respectivo sumario38.

Debido los excesivos costos de la contienda, el secretario de Hacienda, Murillo, declaró la necesidad de imponer algunos empréstitos. Legalizó el que impusiera la gobernación de la provincia de Medellín, por $ 50.000 pesos el 22 de septiembre, e impuso uno más por $ 100.000, "para auxiliar el tesoro nacional, que por la causa expresada se halla en un estado de lamentable penuria"39. Como lo he sugerido, entre los mecanismos de "venganza económica" implementados por el Gobierno liberal, estaban los empréstitos forzosos, cuya imposición tenía lugar en medio de un inestable equilibrio entre la retaliación legítima del Estado por medio de la imposición de exacciones económicas a sus opositores, y la no exacerbación a los vencidos para lograr la restauración de la paz. Se trataba de un "recurso fiscal de emergencia" cuyo fin también apuntaba a la apremiante consecución de recursos económicos. Fue muy común que en medio de los afanes propios de la guerra, el Gobierno tuviera que conceder a descuentos a quienes pagaran prontamente los empréstitos forzosos e hiciera arreglos "bajo la mesa" con miras a conseguir capitales de los que dependían urgentes decisiones. Ya indiqué antes que los más recalcitrantes a pagar los empréstitos buscaron todo tipo de artimañas para resistirlos, cuando no huían de sus vecindarios y localidades, casos en los que el Gobierno amenazaba con rematar sus propiedades o ponerlos presos.

Coherente con estas medidas, el 8 de noviembre el vicepresidente de la República, Obaldía, expidió un decreto que complementaba el del 2 de octubre sobre indulto, y en él legitimó los empréstitos impuestos por los diferentes gobernadores en sus respectivas provincias. El punto 8 de tal decreto rezaba:

    Art. 8° Exonérese de toda responsabilidad hacia la República a título de daños y perjuicios causados por la rebelión en las tres provincias de la antigua Antioquia responsabilidad que se dejó vigente en decreto de 2 de octubre ya citado, a todos los individuos sometidos a ella, y cuyas fortunas no excedan de ochenta mil reales. Los de una fortuna mayor sólo serán eximidos de tal responsabilidad a condición de entregar en las cajas nacionales las sumas que les asignaron los respectivos gobernadores, con el carácter de empréstito sin interés, pagadero en el término de tres años [...]40.

En el punto opuesto de las víctimas de los empréstitos forzosos estaban los afectos al Gobierno, que lo apoyaron con suministros, todo tipo de recursos y "empréstitos voluntarios" que recibieron manejo preferencial para ser pagados, una vez finalizada la contienda41.

Como los costos de toda guerra también se miden con la cantidad de hombres y mujeres sacrificados, Camacho Roldán calculó los muertos sobre un máximo de 300, lo que es una cifra creíble, si se coteja con lo expuesto en las memorias consultadas y los informes oficiales del Gobierno sobre magnitudes de los ejércitos y de los combates. Pero en total, dijo que la cifra final de víctimas ascendió a más de 1.500, debido a las enfermedades, las heridas y las marchas forzadas. Estas cifras son apenas indicadores de tendencias generales, pues no es fácil tener cifras confiables por razones de la misma guerra y de la precariedad de los organismos administrativos de la época para aportar información al respecto. Fernando Gaitán y Malcolm Deas ofrecen la cifra aproximada de 1.000 muertos efectivos, lo que implica que la Guerra Civil de 1851 fue la menos impactante en términos de cifras en comparación con las más representativas del siglo XIX: Guerra de los Supremos, 3.366 muertos; Guerra de 1860, 6.000 y Guerra de Los Mil Días, 80.00042.

El aumento definitivo en la cantidad de víctimas puede explicarse debido a la precariedad de la atención médica de los heridos, lo que generaba infecciones, mutilaciones y muertes, pasadas unas horas o días de haber sido heridos en combate. Al respecto es importante agregar que durante las guerras civiles del siglo XIX, la alta mortalidad de soldados y reclutas estuvo bastante relacionada con el tipo de armas usadas en los combates, pues mientras más precarias, menos letales fueron para causar la muerte, pero más posibilidades existían para la proliferación de heridas con efectos letales. Como lo testimonia la documentación investigada, tanto entre las fuerzas del Gobierno pero, sobre todo, entre las de los rebeldes, debido a que no disponían de los parques de armas oficiales, proliferaron armas muy precarias como cuchillos, bayoneta calada, machetes, lanzas, palos y piedras. Éstas, en comparación con fusiles y carabinas, escasos por su alto costo pero más frecuentes entre las tropas gobiernistas, suelen ser menos efectivas para causar la muerte inmediata. El tema no es superfluo dentro de la guerra y por el contrario, el tipo de armas no sólo refleja el tipo de guerra, sino también el tipo de sociedad que las usa, en este caso una sociedad profundamente campesina y agraria, con muy precario desarrollo tecnológico para emprender la guerra, pues se solía convertir las herramientas del trabajo agrícola en armas de ataque, como fue corriente durante el siglo XIX.

A las heridas como factores letales, se agregan las enfermedades propias de climas tropicales húmedos sobre las cuales no he hallado referencias documentales, debido tal vez a la brevedad de la contienda. Las enfermedades solían diezmar rápidamente una tropa mal alimentada y agotada y fueron comúnmente la viruela, fiebre amarilla, paludismo, tifo (negro o amarillo), disentería, fiebres infecciosas y el mismo cólera que asoló algunas regiones de la Nueva Granada, desde 1849, y cuya presencia mortífera se conjugó con la contienda. No obstante la precariedad de la atención médica, generalmente las tropas gobiernistas contaron con mejores posibilidades de sobrevivir, debido a la provisión de recursos, la infraestructura oficial del Estado y a la disposición de hospitales fijos y de campaña43.

Más allá de las pérdidas económicas, los costos de la guerra también fueron estimados en la época por el liberal Juan de Dios Restrepo, con el viejo axioma de que, finalmente, en ellas, "todos pierden": los ricos sus propiedades, tranquilidad y placeres, y los pobres su economía, su penoso trabajo y la esperanza del porvenir44. Para el autor: "Los sufrimientos en los hogares abandonados son superiores a toda ponderación" económica, tema que ha sido recurrente en la literatura del siglo XIX, donde se recreaba la crudeza de la guerra, su impacto en la psicología de los individuos, así como su papel desestructurante de los hogares y de la trama de vínculos sociales. En consecuencia, fue muy común durante el siglo XIX colombiano e hispanoamericano la publicación de crónicas, novelas y cuentos donde militares, intelectuales y literatos narraban con vivacidad y dramatismo aspectos de la guerra, en los que la figura central eran los reclutas de los ejércitos45. Esta producción literaria fue "directamente proporcional" a la duración, importancia y crueldad de las diferentes guerras46. En este sentido la guerra fue asumida como un drama nacional, lo que contribuye a construir representaciones de una comunidad imaginada con una tragedia compartida y un devenir político tormentoso y accidentado por la persistencia de los conflictos y las revoluciones civiles, asociadas a la incipiente modernidad de la época, vista como atraso (falta de "civilización"), y que hoy denominamos "subdesarrollo". En cuanto al ritmo de la economía y el trabajo, Camacho Roldán consideró que sus efectos negativos no fueron nada despreciables, pues "La paralización de las empresas y trabajos, por consecuencia de la inseguridad, vale algunos millones". Pero lo peor lo estimó con los odios heredados que nutrieron la identidad de los nacientes partidos de acuerdo con lo expresado en la siguiente cita:

    "Lo peor de todo es el odio feroz que se alimenta con esas escenas de sangre, con las violencias y brutalidades que acompañan a la marcha de los ejércitos, al ejercicio de autoridad sin freno, de que se encarga a los peores caracteres en todos los pueblos. Esa saña inexplicable que se traduce luego en oposición a todo y en aplauso a los sentimientos brutales y pasiones salvajes, es lo que se denomina 'espíritu de partido"47.

Todo lo anterior lleva a preguntarnos por el significado que pudo tener la guerra para la mayoría de la población granadina, en su mayor parte campesinos y trabajadores, hombres y mujeres de las clases bajas, los sectores plebeyos o el "pueblo llano", el que finalmente acarreaba con los mayores costos y sufrimientos de la misma. Como lo indica Alonso Valencia Llano, la pregunta sobrepasa nuestras capacidades, pues no es nada simple, y apenas permite aportar las respuestas de los contemporáneos48. Los testimonios del periódico liberal El Neogranadino expresan la desestructuración de la vida social y económica que significaba la guerra para los campesinos e inocentes labriegos, ubicados en el centro del torbellino social que era aquella, con el consecuente abandono de sus trabajos y labores productivas, la desarticulación de sus familias y entornos vitales y las embestidas del hambre y la enfermedad de que eran objeto:

    "(...) empiezan las levas y reclutamientos, los pacíficos labradores tienen que abandonar sus familias, sus labranzas y ocupaciones y huir a los montes; paran los trabajos de la agricultura y la minería, pierden sus cosechas enteras, y arruinan sus costosas y lucrativas empresas; [se reúnen] las ingentes sumas que representan el trabajo productivo de tantos hombres laboriosos reducidos a la pobreza por la violencia, son pérdidas para la riqueza y prosperidad de la nación.

    "Las tropelías, vejaciones y ultrajes que a pretexto del reclutamiento se prodigan a las desgraciadas familias de aquellos hombres inocentes y pacíficos, apenas son creíbles para los que han tenido ocasión de observarlos. Muchos de esos infelices expuestos sin abrigo a la inclemencia del tiempo, acosados del hambre y de la miseria en los bosques y en los páramos donde huyen, contraen enfermedades penosas que los invalidan por toda su vida. No hay nada más capaz de citar una profunda indignación contra los que promueven el desorden y fomentan las revoluciones, que el espectáculo que ofrecen en el campo de las privaciones, la angustia, el desamparo y el dolor que oprime a tantos centenares de familias desdichadas, cuya subsistencia dependía del trabajo de su padre, de su hijo o de un hermano, que huyendo de la persecución han abandonado la tierra, o lo que es más común, que arrastrado como un criminal, sin otro delito que ser inocente y desvalido, ha ido a perecer a un campo de batalla o bajo la influencia de un clima enemigo para [satisfacer] la ambición o defender las depravaciones del actual demagogo, que lleva su descaro hasta llamarse defensor de derechos del pueblo"49.

Como lo expresan citas de este tenor, la guerra es un escenario privilegiado, que por su carácter desestabilizador, hace visibles las valoraciones y los ideales sociales centrados en el orden social de los "hombres laboriosos y honrados", del trabajo y las empresas productivas, necesarios para "la riqueza y la prosperidad de la nación". De manera que al realzar los ideales de estabilidad, paz y prosperidad a los que se asociaba el destino de la comunidad política, la guerra misma era significada como inseguridad e inestabilidad dentro del proceso de "civilización"; un accidentado evento de odios y antagonismos heredados, que alimentaron la idea que de ella deriva, finalmente, el destino de la nación. En este sentido, la guerra implicaba persistentes imágenes e imaginarios de oposición y violencia en que se debatió el espacio nacional de la vida en común, de allí que los partidos, definidos en la lógica de amigo-enemigo, fueran incapaces de generar "universos simbólicos de cohesión y de identidad" nacional. Según lo planteara María teresa Uribe, por ser tan fuertes en comparación con la nación, los partidos políticos fueron los que crearon los vínculos de pertenencia y representación a los sujetos, a las localidades y a las regiones con un sentido de nación recortada, pues se confundió la pertenencia a la nación con la pertenencia a una de estas colectividades políticas50. Esta profunda escisión entre los partidos que atravesó la vida nacional, fue planteada de manera dramática y temprana por Manuel Joaquín Bosh en 1855, quien asoció la resolución del conflicto partidista con las posibilidades reales de progreso del país:

    "Por último, que realice el Gobierno el gran problema político de hermanar el órden con la libertad, escrito siempre i nunca resuelto por desgracia, pues hemos visto que cuando ha mandado el partido conservador ha habido órden, pero no ha habido libertad, i cuando ha mandado el partido liberal ha habido libertad, pero no ha habido órden. Oue se trabaje, pues, necesariamente porque marchen unidos i compactos estos dos grandes principios, únicos que pueden salvar i hacer feliz la sociedad, i que los gobiernos, sean cuales fueren, tengan siempre presente que: orden sin libertad es tiranía, i libertad sin orden es, anarquía.

    "Estos medios, unidos con otros tantos que le son consiguientes, muchos de los cuales ya se han puesto en planta, alejarán de nosotros los odios, las divisiones sistemáticas i hasta las denominaciones de partido, que tanto influyen en nuestro devenir; i la nación tendrá un verdadero progreso que traerá consigo el órden, la libertad y la paz, fuentes inagotables de dicha i de ventura."51

La cita referida a las levas y reclutamientos se constituía en una denuncia de los liberales contra las nefastas consecuencias de la guerra para el mismo "pueblo" que decían representar y defender los rebeldes conservadores, sin embargo, el Gobierno tampoco se sustrajo a tales señalamientos, como actor político responsable, según el siguiente testimonio de igual fuente:

    "El gobierno se ve forzado a levantar ejércitos para sostener el orden y establecer las leyes y la seguridad; necesita también hacer reclutamientos, y aquellos enormes males se duplican. La voz sola de reclutamiento derrama en los campos la alarma y la desolación: las calamidades más duras, las epidemias más devastadoras son menos sensibles para los agricultores que un reclutamiento; (.) A los reclutamientos síguense las campañas, es decir las incursiones de las hordas indisciplinadas que arrasan todo lo que invaden. Como las sumas arrebatadas de las oficinas de rentas y arrancadas por la violencia a los ciudadanos pasan por lo general al pecunio de los que figuran como jefes, las montoneras que estos conducen tienen que ser alimentadas a costa de los agricultores. Los víveres, los ganados, las caballerías están a merced de un enjambre de bandidos que usan de estos bienes como de un legítimo botín de guerra, creyéndose tanto más autorizados por apropiárselo cuanto más honrado y patriota sea su dueño. Las personas de algún valimento suelen por medio de amaños para con los jefes salvar en parte sus haciendas; pero para los desvalidos labradores no hay arrimo; las pocas cabezas de ganado, y las caballerías que poseían su capital, y que han sido el fruto del trabajo de toda la vida son arrebatadas en un día; y desgraciados de ellos si se atreven a reclamarlos. Pero son aquellos bienes los únicos objetos de la rapiña, con frecuencia se ha visto a esos hombres asaltar las casas de los ciudadanos y entregarse al saqueo de un pueblo entero: la capital de la república estuvo amenazada de este azote. Al verse los rebeldes forzados por la autoridad pública destinada a sujetarlos, uno de sus recursos de defensa es destruir los medios de subsistencia y de movilidad; es decir arrebatar o destruir las propiedades de los agricultores, cegar los caminos, arruinar los puentes. Las hordas nacionales atravesando pueblos que tienen que subsistir; las reservas públicas agotadas no pueden suministrar góndolas bastantes para sacar los víveres y las caballerías necesarias; y es forzoso tomarlos donde primero se hallan, con la obligación de pagarlos cuando sea posible; el préstamos de usarlos, necesario e irremediable son al mismo grado riesgosos para cada agricultor; porque ellos recaen las más veces sobre personas infelices que con la perdida de algunas reses quedan reducidos a la miseria. No faltan tampoco los hombres perversos que a pretexto de sostener el orden público y de procurar [conservar] sus ejércitos, llegan a los pueblos y cometen depravaciones y ultrajes, que en medio del tumulto y del desorden en que entran todas las cosas no es posible ni impedir, ni remediar."52

Como puede verse, el significado y las consecuencias de la guerra para el pueblo, implicaba una vorágine hecha de reclutamientos forzosos, saqueos, violaciones, robos, pillaje, defraudación del erario público, la corrupción de los ejércitos que lograba más que el cumplimiento de las leyes, ultrajes y expropiaciones a poblaciones y desplazamientos de campesinos y trabajadores hacia zonas inhóspitas, donde se sometían al hambre, el abandono de sus familias y la enfermedad, por huir de las levas de las facciones y de los entes gubernamentales. La guerra era un remolino de destrucción a la que poco escapaba, sobre todo si se trataba de los más débiles, nombrados reiteradamente como "infelices" y "desvalidos". Sin embargo, este tipo de testimonios tienen el tono dramático derivado de haber sido producidos al calor del momento, de modo que es necesario decir que a pesar de todas sus afecciones, la guerra no era un desastre completo pues la vida cotidiana y la economía no quedaban totalmente afectadas ni interrumpidas y, de igual forma, no afectó de la misma manera a una familia, localidad o región que a otras.

II. LOS NEGOCIOS DE LA GUERRA

Hablar de los costos de la guerra nos lleva a hablar de ésta como una excepcional oportunidad para hacer muy buenos negocios; unos y otros, parecen las dos caras de la misma moneda. Como lo dice Escalante Gonzalbo, lo que salta a la vista con las guerras decimonónicas es que se trataba de un negocio para unos cuantos, pues la inmensa mayoría de la sociedad permanecía al margen de las contiendas políticas. Ello se explica en gran medida por las constantes sospechas que recayeron sobre la política como un negocio de aspirantes oportunistas y arribistas. Con un pronunciamiento, cualquiera que fuese el resultado, todos menos los líderes principales, quedaban confirmados en sus cargos y los militares de ambos partidos, por ser tan necesarios, generalmente fueron ascendidos y mejorados sus sueldos y prebendas. Después de pronunciarse, generalmente los rebeldes se hacían a los mejores recursos del Estado y de los particulares del partido opuesto, con préstamos forzosos, confiscaciones, multas y medidas de fuerza de diverso orden en las que no fue posible diferenciar con nitidez la guerra del bandolerismo, y la venganza política del saqueo y el robo53. Congruente con ello y según Bosh, al referirse a las acciones rebeldes de Manuel Ibáñez y Julio Arboleda en las provincias del Sur: "Aquellos fanáticos, naturalmente belicosos i enemigos jurados de todo gobierno, sea cual fuere, no tuvieron embarazo para ponerse en armas prontamente, i con tanto más gusto, cuanto que están acostumbrados a especular con las revoluciones, porque entonces el gobierno manda ejércitos que derraman sobre ellos mismos fuertes sumas de dinero"54.

Así las cosas, las negociaciones políticas se confundían con las transacciones económicas, y los ingentes costos de la contienda para el Estado y la sociedad fueron la otra cara de la guerra como una gran oportunidad económica para algunos particulares. Entre ellos comerciantes, prestamistas, proveedores del ejército y del Gobierno, y los variados oportunistas que medraron en medio de oscuras transacciones y pescaron en el río revuelto de las revoluciones. Al respecto no ha sido posible aclarar el papel del comerciante antioqueño Marcelino Restrepo, pues pareciera que apoyó la rebelión conservadora al vender armas a los facciosos, al tiempo se prestaba para ser enviado por el rebelde de Antioquia, Pedro Antonio Restrepo Escovar, como negociador con los gobernadores liberales de las provincias de Córdoba y Antioquia para su rendición ante el rebelde Borrero55. De modo que detrás del patriótico fervor de muchos combatientes, lo que en verdad hubo fue el afán calculador de un buen negocio, de manera que algunos empresarios supieron trasladar su pragmatismo al campo de las transacciones y las intermediaciones políticas.

Según el general Braulio Henao, los rebeldes contaban con el apoyo financiero de los principales capitalistas conservadores de Medellín, José María Uribe y Pedro Vásquez cuyas fortunas "se dice que pasan de un millón de pesos, estaban a disposición nuestra". Vásquez compró unas escopetas en el almacén del ya mencionado comerciante Restrepo, por encargo de Rafael María Giraldo, lo que indica que el conflicto era una inigualable oportunidad para estimular un mercado de bienes de alto costo56. Será necesario indagar con mayor detalle el papel de comerciantes y empresarios, sus prácticas de acceso a los recursos públicos y la forma como "el manejo de las autoridades locales, los sobornos y las evasiones fiscales, el contrabando y hasta los golpes de Estado eran una forma de hacer negocios en un mercado inestable e intervenido por la política"57.

Respecto de estos temas, habría que decir que, compleja, como fenómeno de desorden general para la vida económica y social, la guerra también dio inesperadas oportunidades a quienes pretendieran resolver una crisis económica, como se decía del líder rebelde de la provincia de Mariquita, Mateo Viana. Éste fue uno de los más importantes propietarios de tierras, cultivador de cacao y ganadero de los cálidos valles del Alto Magdalena58. Según se decía, Viana, tenía una gran fortuna y pasaba por una grave situación económica, quien arrastró a la guerra a algunos de sus deudores, según correspondencia de un liberal de la Villa de Honda: "Viana tiene un motivo poderoso para rebelarse i ese motivo es un dilema mui significativo para él -'o triunfa la revolución i mi situación se mejora, o sucumbe i entonces mi quiebra aparece como efecto de la persecución': a Viana no quedaba otro sendero que el que ha tomado"59. Tal versión se sustentó en un informe de la misma fuente: "Mateo Viana tiene ingentes deudas, i no pudiendo cubrirlas, busca en la rebelión un saldo para ellas. -Diago, engañado lo ha seguido, i decimos engañado, porque [sic] no lo creemos tan bajo, tan miserable que turbase la paz pública de su país por el interés particular de un perdulario"60.

Este tipo de citas refiere algo muy importante respecto de las motivaciones de las guerras civiles por parte de las elites del siglo XIX, y es que se acudía a ellas como forma de resolver un diferendo político, pero también porque existía la expectativa de acceder a recursos económicos. Pero, para emprenderlas, se requerían importantes recursos económicos de forma que la expectativa de acceder a medios que aseguraran su sostenibilidad económica fue muy importante para que integrantes de las elites se decidieran a comprometerse en ellas. Los caudillos y gamonales que lideraron la Guerra Civil de 1851, como otras tantas, requerían de dinero, disponer de ganados, armas y hombres de sus haciendas y redes de poder para sostener las tropas, inversiones que podían recuperarse asegurando el acceso al Tesoro público. Tal expectativa de control sobre los recursos del Estado garantizaba la disposición y fijación de reglas sobre recursos en especie como terrenos baldíos y concesiones, o la expedición de notas de deuda interna, garantizadas en aduanas, a favor de los acreedores públicos que no eran más que prestamistas y agiotistas61. Como lo indica Angela Rojas:

    "La existencia de un medio para financiar la guerra civil y reducir sus costos monetarios hace que la confrontación armada sea sostenible como salida al conflicto político.

    Consecuentemente, la causalidad entre guerras civiles y crecimiento de la deuda pública no se presenta en un único sentido. La deuda crece porque hay guerras, pero las guerras tienen lugar en parte, porque será posible financiarla a través de la emisión de deuda. Debido a que las reglas fiscales para servir esta deuda difícilmente podían ser neutrales con los acreedores, esta deuda aportó incentivos adicionales para lanzarse a la siguiente guerra civil"62.

Pero no sólo las clases altas encontraron en la guerra una oportunidad para acceder a los recursos del organismo estatal, hacer un buen negocio o para resolver una crisis económica (con lo que jugar a la política resultaba ser el negocio más rentable), pues las clases bajas también podían buscar en ella la manera de medrar y ascender social y económicamente, lo que fue posible mediante los tan comunes ascensos militares a que dio lugar su destacada participación en milicias y tropas, el robo y el pillaje. De forma que muchos usaron de este afán arribista del populacho, para cautivar de entre ellos a los más audaces y ambiciosos reclutas y soldados. El general Eusebio Borrero denunció que el comandante liberal Miguel Alzate había llegado a las localidades de Neira y Salamina con 150 hombres, "casi desnudos, armados de unos pocos fusiles, sin oficiales. Que allí logró aumentar su jente con algunos perdidos de aquel distrito i con algunos infelices a quienes alucinó ofreciéndoles terrenos, que han cometido mil atrocidades (..y63. El texto manifiesta que en aquella zona de frontera, al Sur de Antioquia, de activa colonización y movilización de campesinos colonizadores de tierra, esta pudo ser una forma de movilización popular utilizada por los grandes propietarios. De igual forma, fue usual durante las contiendas decimonónicas, impregnadas de ilusiones "revolucionarias", que muchos pobres y miserables esperaran con ellas, saldar las viejas deudas con un orden social de desigualdades e injusticias, por medio de la repartición de las riquezas de los ricos64. Tales rumores de igualación social que encendían la imaginación y las fantasías por la liberación popular, parecen un certero indicio de las extremas condiciones de pobreza y subordinación del campesinado, con lo cual la guerra parecía darles lo que la política y las instituciones les negaban en la vida diaria.

Todo ello manifiesta que la guerra podía ser una inmejorable oportunidad para hacerse a atractivos recursos económicos (ganado, cosechas, metales preciosos, armas, mercancías, etcétera) por medios extraeconómicos, es decir, por la violencia, característica común a toda sociedad precapitalista, como nos lo han enseñado Max Weber. Esa inquietante expectativa de las clases bajas sobre la guerra como escenario de inversión de las jerarquías sociales y económicas, sugiere que esta podía ser representada como "revolución" en el sentido contemporáneo de la palabra, es decir, como una prometedora transformación política "dignificada", pues, al decir de Gonzalo Sánchez, trae la promesa de "algo que se realiza en beneficio colectivo" a diferencia de la guerra civil que de entrada, está asociada con la disolución del cuerpo social65. Pero se trataba sólo de eso, de una exacerbación idealista del populacho y sus esperanzas económicas en la guerra, pues acá vale el señalamiento de Malcolm Deas para las guerras civiles de la centuria, en el sentido de que con ellas no hubo nada como una gran clase de gente enriquecida ni una arruinada66.

Se concluye, entonces que las motivaciones para ir a la guerra no siempre fueran políticas o ideológicas, sino también económicas. Todo ello le hacía decir a finales del siglo XIX a un testigo de excepción de la vida republicana, José María Cordovéz Moure, que una vez pasadas las guerras, la multitud de reclamos al Estado causadas por acciones legales o de hecho de sus militares y funcionarios civiles, daban lugar a la proliferación de agencias especializadas en entablar litigios para reclamarle al Estado los consecuentes pagos e indemnizaciones:

    "(...) más los gajes que los beligerantes de uno y otro bando pescan en el río revuelto, con otras menudencias, que, por sabidas, se callan, y el lector convendrá con nosotros en que no hay razón para escandalizarse con las numerosas revoluciones que nos han sumido [se refería a todo el siglo XIX] en la sima sin salida donde yacemos, desde el momento en que ellas se hallan elevadas a la categoría de negocio productivo para los corifeos, a costa de los hombres pacíficos y trabajadores"67.

Tales agencias especializadas en vivir a costa de la política, las revoluciones y la cosa pública, sugieren la existencia de larga data de un tipo de empresario hispanoamericano, surgido a partir de la Independencia, dirigido al manejo de créditos, concesiones, contratos, privilegios, préstamos de usura, maniobras de especulación con bonos de deuda pública y demandas de indemnizaciones68. Los más llamativos de estos fueron los denominados usureros o agiotistas, que se hacían a "notas de deuda pública" con alta liquidez expedidas por el Tesoro y cuyo respaldo eran los ingresos fiscales corrientes. Aquellas se pagaban en moneda metálica al modo de un billete o un vale expedido por un banco o una casa comercial de manera que tenían atributos monetarios y expandía la disposición de capitales líquidos en un medio de severas restricciones de capital, debido al ya mentado predominio del "patrón metálico impuro". Como lo indica Angela Rojas, tales "notas" fueron muy comunes a mediados del siglo XIX, y expresan los desesperos del Tesoro público por acceder rápidamente a capitales que se hacían impagables, debido a que sobrepasaban la capacidad fiscal del Estado:

    "Las notas son un medio de transacción para un círculo reducido de comerciantes, agiotistas y banqueros. Para el acreedor original, pequeño y común, el valor de las notas era muy incierto y cobrarlas implicaba muchos costos de transacción. En consecuencia, estos acreedores pronto cedían sus derechos por una parte del valor primitivo a otros dispuestos a exigirlos en su lugar. En los centros urbanos como Bogotá y Medellín y en las ciudades cercanas a los puertos como Cartagena y Barranquilla, surgen los intermediarios especializados en comprar estas notas al público general en la década de 1850. Posteriormente, los bancos comerciales también demandarán vales de deuda pública; ya sea porque sostienen operaciones con el gobierno, o representan a comerciantes dedicados a la importación y exportación"69.

Este sistema implicó el poder estratégico de los intermediarios para la provisión de capitales, dada la comodidad que representaban para el Estado contar con medios de pagos menos restrictivos que el impuesto por el patrón metálico. En países de la región, muchos logreros empresarios, que hicieron de vicios virtudes, no se conformaron con prestarle una parte de sus capitales al gobierno establecido, sino que también empeñaron parte de ellos con el gobierno futuro, de modo que se cobraban sendos réditos a los políticos y presidentes caídos y a los rebeldes en ascenso. Así las cosas, lo mejor que podía sucederle a los agiotistas era la prolongación de las guerras y, una vez terminadas, era claro que de todas formas habían ganado influencia política y económica como "intermediarios", finalmente los más beneficiados del conflicto. Con ello queda claro que la violencia política podía ser funcional a ciertas empresas y negocios, de modo que aquella no era sólo un simple obstáculo para la economía. Al respecto, agrega Escalante:

    "En varias oportunidades he dicho que los agiotistas -por darles un nombre- lucraban con el crédito del Estado. Pero eso puede resultar engañoso. En realidad, lucraban con el descrédito del Estado. Lo mismo que los intermediarios políticos ganaban influencia por falta de legitimidad del Estado, por su debilidad, por su ineficiencia, y eran causa a su vez de esa debilidad y de esa ineficacia, también esos intermediarios económicos podían lucrar por la bancarrota hacendaria, por la penuria y la inestabilidad. Y en su interés estuvo, por bastante tiempo, que las cosas no cambiaran mucho"70.

No obstante el papel benéfico que jugaron los intermediarios en el sistema económico que implicó el patrón metálico imperante con la provisión de capitales en un sistema sumamente restrictivo en el que ellos asumieron los riesgos financieros, había que contar con los efectos negativos de la inestabilidad política71. En este sentido, los mismos intermediarios hicieron parte de las inestables alianzas que incentivaron el manejo privatizado de los fondos públicos72.

Cabe señalar que los usureros no se conformaron con proporcionar oportunos créditos al Estado y, como se expondrá más adelante, estuvieron atentos a hacerse a buenos contratos para proveerlo de todo cuanto fuera necesario durante la Guerra Civil de 1851. Como ésta fuera un río revuelto muy propicio para la ganancia de oportunistas, donde no era fácil aclarar el destino de los fondos públicos, autoridades y altos funcionarios del Estado trataron de proteger el erario público, pero ello no fue suficiente para un aparato burocrático de escaso profesionalismo, y tan débil ante la inmensidad de gastos y gestiones que demandaba la contienda. De modo que hacia mediados de julio de 1851, en medio de aquella, el secretario de Hacienda, Murillo Toro, dictaminó que ningún deudor de la Hacienda pública consignara a nombre de las autoridades de las provincias insurreccionadas y que los auxilios que se prestaran en defensa del Gobierno, serían reconocidos por él, como deuda de empréstito voluntario, con sus consiguientes intereses, una vez terminada73. También decretó sostener los gastos de la guerra con los bienes de los insurrectos, ocupar sus propiedades para establecer cuarteles en sus casas y haciendas, y tomar sus ganados y bienes para el sostenimiento de las tropas del Gobierno. Estos aspectos refieren los mecanismos financieros de la guerra, la violencia económica dirigida a la población combatiente, consistente en los "préstamos voluntarios" dirigidos hacia los simpatizantes del Gobierno, y los "préstamos forzosos", que fueron realmente confiscaciones, con las que solía castigarse a los desafectos al Gobierno, definidos con un alto grado de subjetividad por funcionarios civiles y militares74. Sobre el particular, es pertinente indagar con más juicio hasta dónde fueron afectados los derechos de propiedad de los particulares, algo sobre lo cual los investigadores (y los documentos consultados) han descartado para las guerras civiles colombianas.

Como era bastante difícil que los ejércitos oficiales se sostuvieran con los dineros y recursos provistos por el Estado, militares y combatientes recurrieron con frecuencia a las confiscaciones efectuadas en el campo de batalla y a los empréstitos forzosos, cuando no al pillaje. Fue así como Obando y las autoridades locales dispusieron de las encomiendas de barras y onzas de oro confiscadas a las tropas del rebelde Manuel Ibáñez en Pasto, provenientes de la Administración de Correos, que se cargaron a los gastos de la Gobernación de Barbacoas. La suma ascendió a $ 6.000 pesos y "fue invertida en raciones i en otros suministros indispensables al soldado que de todo carecía". Las tropas también fueron dotadas con las 350 bestias que se tomaron en Pasto y Túquerres a varios particulares. Según la versión de sus hombres, Obando fletó caballerías en Pasto para sus propias tropas "pagadas de su propio peculio porque no se le dio auxilio alguno para su marcha i no faltó oficial que viniese de a pie"75. Éste, como otros tantos testimonios, nos recuerda que la relación de los caudillos decimonónicos respecto de los ejércitos, tenía un sentido patrimonialista, en un contexto en que la dotación y disposición personalista de aquellos, se debía a que eran un importante "recurso político" y la escasez de medios y la fragmentación geográfica lo facilitaba: "Los jefes manejaban las tropas como ejércitos patrimoniales, de los cuales solían disponer al margen de las instituciones jurídicas y de las autoridades civiles"76.

Capturar fondos de oficinas nacionales o locales para sostener las tropas fue una práctica recurrente entre los actores combatientes, sin embargo, el problema posterior era hacerle el seguimiento a los dineros públicos y asegurar procedimientos burocráticos formales, cuando la informalidad era la norma. Por ello, una vez pasada la guerra o en medio de ella, muchos funcionarios civiles y militares fueron objeto de sospecha y señalamiento público o enfrentaron procesos disciplinarios y judiciales para dar cuenta del uso de tales recursos. Todo lo cual expresa que existía una consideración especial y respeto por la "cosa pública", valor cívico fundamental para la construcción del orden estatal. Este fue el caso de Obando, acusado de corrupción y malos manejos de fondos y recursos de oficinas estatales según el folleto de su opositor, el General Manuel María Franco, titulado "A la Nación y al Gobierno", el cual fue contestado por el mismo Obando o por un simpatizante suyo, bajo el seudónimo de "Fénix"77. No obstante que el asunto estaba motivado en gran medida por rencillas personales entre los generales, lo importante es que el referente imaginario de las mismas, fuera el respeto y salvaguarda de la Res-pública.

El caso de Obando es apenas un leve indicio de variadas y complejas situaciones que sí pudieron ser más graves y oscuras, e indica que las guerras "(...) hacían de las finanzas públicas un río revuelto: unos y otros tomaban los recursos donde los había, y los empleaban sin mucho cuidado por las formas administrativas. Mucho era lógico e inevitable, y mucho habría también de confusión voluntaria y malintencionada. Es difícil medirlo"78.

Un ejemplo más de la sensibilidad y cuidado por los recursos públicos, lo ofrece el pronunciamiento de uno de los más destacados intelectuales y políticos liberales antioqueños, Camilo Antonio Echeverri, en medio del debate que se suscitó al finalizar la guerra sobre si se aplicaba a los derrotados conservadores medidas draconianas o lenitivas. Echeverri, sugirió que los costos de la guerra fueran asumidos por los derrotados, que era necesario "asegurar el triunfo de los principios democráticos en las provincias de la antigua Antioquia", ahorrar al tesoro público la mayor parte posible de los "gastos que la rebelión pasada haya causado", y arbitrar los medios de satisfacer al tesoro público o a los particulares tales recursos79. Frente a quienes proponían que el partido Conservador de Antioquia pagara los gastos de la guerra con el argumento de que fue hecha por la oposición de allí, propuso establecer diferencias entre los opositores, con el fin de no medir con el mismo rasero a todos los conservadores. Sugirió mantener el principio de la "oposición" y aplicar lo que la ley penal prescribía:

    "(...) que las satisfacciones pecuniarias por resarcimiento de daños e indemnización de perjuicios, corran de manera mancomunada i solidariamente, a cargo de los autores, cómplices, auxiliadores o encubridores del delito: todos los individuos, que se encuentren en cualesquiera de estas circunstancias, han concedido pues, i querido conceder al fisco i a los perjudicados una hipoteca tácita o legal sobre la masa de sus bienes"80.

A pesar de haberse dictaminado indulto para los facciosos, el 20 de septiembre apareció en Medellín un texto firmado por "un amante de la paz" en que solicitaba al general Herrera que emitiera un indulto general, excluyendo sólo a los caudillos principales y exigiendo a los oficiales una fianza de su futura conducta. Para ello se argumentaba la necesidad de finalizar "los males que esta provincia ha sufrido con la revolución", males que serían mayores si no cesaba "la persecución contra los individuos comprometidos; los cuales se hallan actualmente ocultos y fugitivos por los montes, estando por esto paralizados la industria y el comercio, que son las fuentes principales del progreso y civilización de los pueblos"81. De esta forma se imponía otro de los mecanismos de exacción económica a los vencidos, las fianzas, muchas de ellas pagadas por prohombres del partido conservador no involucrados en la contienda, y que por ello se constituían en garantía del acatamiento y subordinación de los antiguos sublevados, al gobierno legítimo. Se supone que este tipo de multas implicaría el derecho a residir en la Nueva Granada y, por lo tanto, la suspensión de un posible destierro del país, pero no era así, como lo evidencia el caso del cabecilla de la rebelión nacional, Borrero, a quien el 8 de noviembre de 1851 Obaldía decretó ocho años de destierro. Éste se presentó en diciembre a las autoridades de Medellín y pagó una fianza de 32.000 reales, salió para Jamaica a finales del año en una goleta de nombre "Desengaño" y murió en el extranjero el 26 de marzo de 185382.

Los testimonios documentales indican que definitivamente la guerra implicaba una generalizada y profunda afectación a la propiedad, tanto de los rebeldes mismos como del Estado y los particulares. Pero definitivamente los derrotados, por definición, podían ser los más afectados. Así lo expresa uno de los líderes rebeldes Manuel Ibáñez, en un folleto publicado en 1853 desde la ciudad de Lima, donde hacía un balance general de la administración del presidente José Hilario López83. Allí, Ibáñez estableció una línea de continuidad entre los Retozos Democráticos, con su destrucción de cercas, sementares, ganados y propiedades de los conservadores, con los empréstitos y confiscaciones hechas por las autoridades liberales en medio de la guerra. Para él, se trataba de un "vasto plan de expolición" de la plebe liberal, potencializado por la contienda:

    "Hasta entonces el gobierno no había intervenido de un modo ostensible y directo en la persecución de la propiedad, limitándose a dejar que las democráticas obrasen libremente; más sobrevino la revolución de mayo de 1851, y ya entró el poder supremo a desempeñar el papel que se había reservado en el vasto plan de expolición. Las contribuciones se sucedían unas a otras, impuestas ya por el gobierno, ya por sus agentes civiles o militares, recayendo únicamente, como es de suponerse, sobre las personas y familias que pertenecían al partido conservador. En Popayán fueron embargados todos los bienes de los señores Julio y Sergio Arboleda, coronel Jacinto Córdoba, capitán Pedro Córdova, Manuel María Luna; en Pasto tomó el general Franco todas las mercancías existentes en los almacenes de los señores Zaramas, y fueron destruidas o vendidas por la autoridad militar y en general se tomaron autoritariamente de las haciendas de los conservadores las caballerías, los ganados para montar y mantener la tropa, sin asegurar la indemnización, sin guardar en ello igualdad, ni orden, ni economía, y sin reparar en que destruyendo así los haberes de una partido destruían la pública riqueza"84.

El texto contiene la denuncia al supuesto atentado contra algo que parece significarse casi como sagrado desde las valoraciones burguesas y del régimen republicano: los derechos de propiedad. Los embargos, confiscaciones y contribuciones forzosas hacían emerger la imagen, no tanto política de la nación, sino económica: "su riqueza", que asimilaba la de los particulares. Con la finalidad de lograr el indulto del presidente López a los principales cabecillas rebeldes (Sergio Arboleda, Julio Arboleda, Jacinto Córdova, Antonio José Chávez, José María Ardila y el mismo Ibáñez), éste apeló al carácter humanitario con que los conservadores del Sur lideraron la guerra, su acogida al derecho de gentes y el respeto a la propiedad:

    "En la reacciones y consiguientes campaña de pasto y de Túquerres, en que figuramos los señores Arboleda, Chávez y yo, hubo la más severa moralidad: no corrió otra sangre que la derramada en los combates: los prisioneros fueron tratados con la mayor consideración, y la propiedad [ilegible] respetada. El mismo Obando a su regreso de Pasto para el Norte, dijo en Popayán la regularidad con que los conservadores hacían la guerra"85.

A renglón seguido, Ibáñez enfatizó la importancia que las propiedades de los rebeldes tenían en la resolución y financiación de la guerra por parte del Gobierno (más allá de la propiedad raíz), en medio de una mitología de conspiración muy propia de tales denuncias:

    "La historia presentará a su tiempo una carta del Presidente López, dirigida a un gobernador de provincia, en la cual le dice en sustancia lo siguiente: 'Obre U. con energía que tenemos todo lo necesario para matar una revolución si la hacen: lo único que nos falta es dinero, pero la expropiación nos lo dará'. Existe esta carta en poder de una persona respetable de Bogotá. El Gobierno y los rojos negaron constantemente estos cargos y el mismo general Herrera a quien he citado negó (...) que los señores Arboledas hubiesen sido despojados de sus propiedades, y esto que él debía saberlo porque acababa de transitar por la provincia de Popayán teatro de aquellos hechos. Yo voy a demostrar ahora que la persecución a la propiedad llegó hasta el estreno de restablecer e imponer arbitrariamente la pena de confiscación, pena borrada de todos los códigos del mundo civilizado como injusta y bárbara, y mi demostración consistirá nada menos que en un documento oficial auténtico; pero antes de trascribirlo citaré algunos principios de nuestra constitución política para que mejor se comprenda la magnitud del atentado"86.

Descartada la falsedad o veracidad de lo argumentado por Ibáñez basado en la legislación, lo fundamental que la cita pone de manifiesto es la importancia que tenía, aun para el Gobierno, la expectativa de disponer de medios (en este caso, las propiedades de los rebeles) para decidirse a la guerra. De igual modo, se pone de manifiesto la naturaleza estratégica de los derechos de propiedad en el balance político entre derrotados y triunfadores, un tema que los trascendía a ambos, pues hablaba de la estabilidad del sistema en general y de la seguridad de tales derechos en medio y a pesar de los conflictos nacionales. Los derechos de propiedad definen la propiedad privada y establecen las limitaciones a la expropiación por parte del Estado y son los que hacen posible que el Estado pueda proteger a los particulares de las acciones oportunistas de terceros. Como puede verse, este asunto comprometía la confiabilidad del sistema jurídico político de la Nueva Granada, tanto para nacionales como para extranjeros, fueran personas, empresarios o empresas. En todo caso se trata de una variable económica que no hay que desestimar, para evaluar el sentido económico y político de las guerras. Al respecto, las evidencias muestran que durante la Guerra Civil de 1851 (como en las de Independencia y en la de Los Supremos), hubo robos y expropiaciones, como fue normal durante la centuria, no obstante que había límites para no afectar la propiedad raíz, toda la demás, sí, como lo ilustra Deas:

    "En relación con los 'poperty rights', como en todas las guerras, hubo expropiaciones y robos. Pero en el caso de las expropiaciones había límites. Las expropiaciones típicas eran de semovientes, de ganado y de bestias, para el mantenimiento de la tropa y su movilización. Esa práctica era notoria: '¡Viva la guerra, muera el ganado!' Era tan acostumbrada que no suscitaba ninguna sorpresa, y los hacendados y otros dueños de semovientes trataban de esconder sus animales, como también trataban de proteger a sus peones de ser reclutados. Todas las guerras sin duda redujeron el stok, a veces y en ciertas partes de de una manera drástica (...) La práctica era reglamentada, y figura en los Códigos Militares. Los expropiadores debían expedir vales, que en teoría se pagaban después de la victoria del Gobierno. Vales que valían poco, pero poco era mejor que nada.

    "Sin embargo, el detalle tiene su significado en relación con los derechos de propiedad. En la era republicana no era ni lícita ni común la expropiación de la propiedad raíz. Hubo expropiaciones de propiedades de españoles en el curso de las guerras de independencia, pero no era la costumbre en las guerras civiles"87.

Documentos consultados sobre la Guerra Civil de 1851 indican que no se presentaron las tan indeseadas expropiaciones de propiedades rurales o urbanas a los vencidos conservadores de parte del Gobierno liberal, pues este tipo de medidas no contaba con aceptación dentro de las reglas del juego entre las elites. Con ello y con la lenidad que tuvieron finalmente con los derrotados para impartirles indultos y amnistías hasta bien entrado el año de 1852, los liberales se ajustaron a un patrón de conducta de realismo y pragmatismo político indicado por Deas: "En un país de política tan inestable, no era aconsejable exagerar el castigo del enemigo. Todo el mundo en las altas y medianas esferas de la política, sabía que el ganador de hoy podría ser el perdedor de mañana, y esa sabiduría resultó en cierto grado de prudencia"88. Los liberales no vieron conveniente someter a los conservadores a las tan indeseadas "medidas de seguridad" y fusilamientos, con que habían sido tratados en la Guerra de Los Supremos, y que tanto habían denunciado, lo cual además no parecía compatible con su modernista ideología de derechos y libertades89.

Contextualizada como parte de la vida nacional, y según lo expresado por algunos protagonistas de la guerra, ésta se encontraba signada en relación de oposición con el trabajo productivo (y lo que hoy llamaríamos el tan ansiado "desarrollo económico"), con lo que se revelaba su capacidad para accidentar el curso de la nación hacia "la civilización", como se decía en la época. En otro sentido, la fórmula implicaba relacionarla con un legendario tema republicano, la vagancia y la ociosidad (lo que hoy denominaríamos falta de oportunidades económicas y desempleo), pues con suspicacia se suponía que las contiendas nacían y eran lideradas por quienes estaban ociosos y sin ocupación. La asociación entre la disposición para la guerra y la falta de ocupación se halla con reiteración en la documentación histórica de la época y era todo un imaginario de gran extensión social, con lo que asistimos a otras de las dimensiones económicas de la guerra. Si bien el tema tenía un matiz moral, sobre todo entre los conservadores, allí había condiciones objetivas que los contemporáneos supieron leer de manera acertada al relacionarla con la decadente situación económica que acusaban las provincias del Sur-occidente, particularmente las localidades circunvecinas a Pasto y Popayán, y las inmediaciones de la ciudad de Tunja, desde finales de la época colonial.

Al tratar de explicar la participación de los sacerdotes, mujeres y jóvenes de la ciudad de Tunja en el conflicto bélico, la prensa liberal la asoció con la proliferación de bienes de manos muertas en poder de la Iglesia y el preponderante clericalismo, que actuaba como un verdadero antídoto contra la modernidad. Con ello se aludía a la decadencia y quietismo (atraso) económico de la región, como lo ilustra la siguiente cita: "Pero no es de extrañar este orden de cosas, en un lugar donde la producción se halla tan atrasada por ser de manos muertas una gran parte de las propiedades territoriales, i hallarse una multitud de personas de ambos sexos, sin oficio alguno. La ociosidad, engendra todos los vicios, i prepara la imaginación para criminales combinaciones"90. De esta manera la inseguridad y la falta de empleo implicaban la guerra misma91. Acá se asiste a otra vertiente económica de la guerra, y es que ésta no era representada como causante del atraso económico, sino como su consecuencia.

Como se mencionó anteriormente, en medio de la Guerra Civil de 1851, las diferentes dependencias del Estado, y particularmente la Secretaría de Guerra, debieron proveer a sus cuerpos armados de los recursos necesarios con el máximo de economías posibles, por lo que se vieron forzadas a responder con una sorprendente capacidad administrativa y de gestión, lo que contribuyó al funcionamiento del Estado como órgano centralizado de poder. Ello implicaba la elaboración de diligentes y enormes contratos con particulares, que pudieron hacer jugoso negocios como proveedores del Estado, lo cual se concluye del informe de la Secretaría de Guerra al Congreso de 1852, donde se registró la gestión de dicha dependencia durante el año previo de 185192. El informe refiere los contratos con proveedores nacionales y extranjeros para dotar a los cuerpos de veteranos y a los guardias nacionales de los más diversos implementos para su desempeño: vestuario y uniformes, armamento, correajes, el arrendamiento y adecuación de edificios y, por supuesto las raciones de comida, la organización y paga de hospitales y medicinas, y el transporte de personal, correos y víveres. Para dar una idea de los cuantiosos gastos que esta amplia variedad de implementos suponía, el secretario de Guerra mencionaba que en sólo las provincias de Bogotá, Popayán, Córdova y Medellín, la cifra pagada por vestuario, a diciembre 31 de 1851, ascendía a casi $ 552.000 pesos, lo que parecía corresponder a un cuarto del gasto público anual, según los estimados citados anteriormente. Mientras que las armas, fornituras, medicinas y otras tantas dotaciones en otras provincias ascendieron a un costo de $ 353.000 pesos. El documento refiere que en semejante situación tan crítica se había comprado a un comerciante extranjero 2.000 fusiles, 300 carabinas, 300 rifles de percusión y 400 sables. Como clara muestra de que estas adquisiciones significaban excepcionales y jugosos negocios para algunos intermediarios y comerciantes, decía el funcionario:

    "El no haber llegado a tiempo los vestuarios, ha hecho necesario hacer contratas para proveer del cuartel a los cuerpos veteranos, i como no se había calculado, sino el necesario para el píe de fuerza en tiempo de paz [o sea la cifra de 1.500], ha sido indispensable contratar para las guardias nacionales que tan importantes servicios han prestado a la República. Las contratas se han celebrado con la urgencia que lo exigía por que no podía ser de otra manera, i aunque el interés privado, procurase como siempre sacar en su favor todas las ventajas posibles, puede asegurarse que jamás contratas de esta clase se han hecho en esta tierra con más economía"93.

Hay que considerar la racionalidad y eficiencia de la burocracia estatal como significante de modernidad, sin embargo, muchos contratos no eran tan claros y transparentes, de forma que predominaban los intereses de un grupo de particulares, generalmente comerciantes y especuladores con estratégicos contactos en las oficinas del Estado, que practicaban la corrupción: "una forma de influencia informal de los grupos de dominio económico" sobre los agentes públicos94. Sin embargo, antes de condenar estas prácticas, es necesario saber que se desarrollaban en el contexto de la estrechez de la demanda y de la formación de una economía de mercado, donde la inseguridad y la desconfianza hacía, como sucedía en el México del siglo XIX, que las élites empresariales buscaran el amparo de políticos y funcionarios para reducir la incertidumbre, asegurar "negocios protegidos" y lograr de los entes estatales las sustanciales demandas de artículos que no generaba un restringido mercado95. En consecuencia, se traficaban capitales, hombres, armas, mercancías, pasiones políticas y oscuros intereses, que se ensañaban en un Estado famélico y un fisco paupérrimo, mientras los negociantes "se lucraban con el descrédito del Estado". Todo ello expresa que definitivamente "la política era la clave de incontables negocios"96 y que la corrupción podía ser un sustituto de la representación97.

Será necesario indagar con más detalle por los protagonistas y las voces que, en medio del torbellino social de la guerra, hicieron llamados de atención hacia lo que pudiera llamarse una conciencia de la importancia de la paz como elemento fundamental para la modernidad y el desarrollo nacional. Sentimiento de realismo político que tomó forma de manera más evidente hacia principios del siglo XX, después de la más cruenta guerra civil del país, la Guerra de los Mil Días (1899-1902). De igual modo, la identidad ciudadana con el Estado y el desarrollo de una burocracia más moderna y profesional, ayudaron a construir una representación de la naturaleza pública de los recursos del Estado.

III. CONSIDERACIONES FINALES

A modo de síntesis sobre lo expuesto en este artículo, puede decirse que en el corto plazo, la Guerra Civil de 1851 afectó las condiciones del desarrollo nacional, en cuanto significó un evento más del deterioro financiero del Estado central, mientras que debido a su corta duración y su localización en algunas regiones, sus efectos en la economía y las actividades productivas pudo ser ínfimo en comparación con los generalizados y nefastos efectos de las clásicas guerras del siglo XIX, la de 1860 y la de Los Mil Días. En este sentido la guerra implicó un deterioro del gasto público del Estado dirigido al sostenimiento de las tropas y ejércitos, rublo que llegó a pesar entre la mitad y un cuarto del presupuesto nacional, lo que agravó la crisis fiscal que ya era preocupante desde la época de la Independencia, el aumento de la deuda interna y puso de manifiesto la debilidad política del Estado por su falta de recursos y de disposiciones administrativas unificadas.

A pesar de que la guerra fue un conjunto de rebeliones desarticuladas y fue muy corta, no debe subestimarse lo que significó para localizadas poblaciones en cuanto a la pérdida de vidas, el trastocamiento de los ritmos de trabajo y de la producción con los saqueos y reclutamientos de trabajadores, la pérdida de ganados, cosechas y capitales, y el deterioro de haciendas y fincas, principalmente de los derrotados, más no la afectación de los derechos de propiedad. A estos efectos de desorden sobre la vida social y la economía, deben agregarse los odios heredados que toda contienda significa, principalmente de los frustrados conservadores y de los sectores recalcitrantes de la Iglesia, cuyo sentimiento religioso quedó bastante exacerbado a pesar del triunfo militar del partido Liberal. Todos estos efectos, que no son más que la guerra misma, la posicionaron como un espacio político que permitía hacer visible el destino deseable para la nación como de progreso, riqueza y prosperidad, ideales que pueden sintetizarse en la anhelada "civilización", como se decía entonces. De modo que la guerra fue representada por algunos de sus actores, como una más de las revoluciones que obstaculizaron la "civilización" de la nación.

No obstante sus efectos desestabilizadores, o precisamente por ello mismo, la guerra fue una extraordinaria oportunidad para que algunos particulares, prestamistas, agiotistas y comerciantes nacionales y extranjeros, hicieran jugosos negocios a costa del crédito del Estado, lo que implicó la debilidad fiscal del mismo y el posicionamiento de fortalecidos intermediarios. En este sentido la guerra estuvo asociada con una serie de actividades cuestionadas como negocio, lucro privado, corrupción, fraude al erario público y oportunismo para ascender en medio del torbellino social y político. Esta amplia gama de asuntos se explican como parte de la debilidad del Estado y la falta de profesionalismo de la clase burócrata que lo administraba

A pesar de los escasos testimonios documentales sobre el tema, existen indicios de que la contienda fue un escenario para que fluyeran las transacciones políticas y económicas, para medrar y pretender acceder por las vías de lo político-militar, a capitales y recursos que no ofrecía la restringida economía. De igual forma, hay indicios que confirman lo sugerido por algunas investigaciones previas, en el sentido de que la guerra tenía lugar por los conflictos políticos que requerían ser resueltos por la vía armada, pero ella misma era posible, precisamente, porque existía la expectativa de acceder al control de recursos públicos (o privados) para financiarla, lo que implicaba el deterioro de los mismos recursos del Estado, por la vía de la deuda pública, principalmente.

No obstante que es necesario acopiar más elementos para ponderar las dimensiones y el impacto económico de esta guerra en comparación con las grandes guerras del siglo XIX, es posible sugerir que la Guerra Civil de 1851 fue de corta duración, de mediana proporciones en cuanto a sus desestabilizadores efectos en la sociedad, que implicó una modesta movilización de recursos económicos y que no tuvo efectos catastróficos en la demografía regional o nacional de entonces, como si sucedió con las guerras magnas de 1860 o la de Los Mil Días.

COMENTARIOS

1 Sobre la Guerra de 1851 existen varios trabajos de diverso orden: HELGUERA, J. León, "Antecedentes sociales de la revolución de 1851 en el Sur de Colombia (1848-1849", Anuario de Historia Social y de la Cultura, número 5. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1970, pp. 53-63. ORTIZ MESA, Luis Javier, El Federalismo en Antioquia. Aspectos políticos, 1850-1880, Bogotá, Editorial Gente Nueva, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 1985. VALENCIA LLANO , Alonso, "La guerra de 1851 en el Cauca" , Memoria de la II Cátedra Anual de Historia "Ernesto Restrepo Tirado". Las guerras desde 1830y su proyección en el siglo XX. Bogotá, Museo Nacional de Colombia, 1998, pp. 37-57; y Dentro de la ley. Fuera de la ley. Resistencias sociales y políticas en el Valle del Cauca. 1830-1855, Cali, Centro de Estudios Regionales Región y Universidad del Valle , 2008. URIBE, María Teresa y LÓPEZ, Liliana, Las palabras de la guerra. Un estudio sobre las memorias de las guerras civiles en Colombia, Medellín, La Carreta, Instituto de Estudios Políticos , Universidad de Antioquia y Corporación Región, 2006. GONZÁLEZ, Fernán, Partidos, guerras e Iglesia en la construcción del Estado Nación en Colombia (1830-1900), La Carreta Editores , Medellín, 2006, pp. 36-57.

2 JURADO ,Juan Carlos , "La participación del pueblo liberal en la Guerra Civil de 1851: la ciudadanía en armas" , en Estudios Políticos, IEPRI. No 71, enero-abril de 2011 , pp. 3-28.

3 JURADO , Juan Carlos , "Reinventar la nación a partir de la fe católica. De la religión el clero y la política en la Guerra civil de 1851", en Historia y Sociedad, Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín, No 15, julio-diciembre de 2008, pp. 43-88.

4 JURADO , Juan Carlos, "La división de la provincia de Antioquia en medio de la Guerra Civil de 1851" , en Historia y Sociedad, Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín , No 17, julio-diciembre de 2009, pp. 121-158.

5 DEAS , Malcolm, "Inseguridad y desarrollo económico en Colombia en el primer siglo de vida republicana independiente: unas consideraciones preliminares" , en MEISEL ROCA, Adolfo y RAMIREZ, María Teresa (eds.), Economía colombiana del siglo XIX, Fondo de Cultura Económica y Banco de la República, Bogotá, 2010, p. 675.

6 KALMANOVITZ , Salomón , "Constituciones y crecimiento económico en la Colombia del siglo XIX" , en MEISEL ROCA , Adolfo y RAMIREZ, María Teresa (eds.), Economía colombiana del siglo XIX,Fondo de Cultura Económica y Banco de la República, Bogotá, 2010, p. 582.

7 DEAS , Malcolm, "Inseguridad y desarrollo económico en Colombia en el primer siglo de vida republicana independiente (...)" , pp. 675-676.

8 Ibídem, p. 680.

9 Ibídem, p. 686.

10 KALMANOVITZ, Salomón, "Constituciones y crecimiento económico en la Colombia del siglo XIX" , pp. 610-611.

11 JUNGUITO , Roberto , "Las finanzas públicas en el siglo XIX" , en MEISEL ROCA, Adolfo y RAMÍREZ, María Teresa (eds.), Economía colombiana del sigloXIX,Fondo de Cultura Económica y Banco de la República, Bogotá, 2010 , p. 126.

12 ROJAS , Angela Milena, "Deuda pública interna, patrón metálico y guerras civiles: interconexiones institucionales, la Colombia del siglo XIX", en Lecturas de Economía, No 67 , julio-diciembre de 2007, Universidad de Antioquia, pp. 205-206.

13 Ibídem , p. 217.

14 Acerca de los costos de la guerra y el desorden de la administración militar: Biblioteca Nacional de Colombia (B.N.C). Fondo: Pineda. BARRIGA, Valerio F. Informe del Secretario de Estado del Despacho de Guerra de la Nueva Granada al Congreso Constitucional de 1851, Colombia. (República de Nueva Granada, 1832-1858). Secretaría de Guerra, Bogotá, 1851 , pp. 3-23. BARRIGA, Valerio F. Informe del Secretario de Estado del Despacho de Guerra de la Nueva Granada al Congreso Constitucional de 1852. Secretaría de Guerra,Bogotá, 1852y, RETREPO,José Manuel,Historia de la Nueva Granada,Tomo II, Editorial El Catolicismo , Bogotá, 1963, pp. 145, 207, 214, 217 y 234-235.

15 Sólo se mantuvieron como rentas nacionales las aduanas, correos , amonedación , salinas , arrendamiento de baldíos, multas, arrendamientos, ingresos de capital y arrendamiento de vías nacionales. JUNGUITO, Roberto , "Las finanzas públicas en el siglo XIX", p. 62.

16 Archivo General de la Nación (A.G.N.). Sección: República. Fondo: Folletería. IBÁÑEZ, Manuel, Nuevas observaciones sobre la Administración del General José Hilario López en la Nueva Granada, Lima, 24 de abril de 1853, pp. 25-26.

17 RETREPO , José Manuel, Historia de la Nueva Granada, Tomo II, Editorial El Catolicismo, Bogotá, 1963, pp. 141-142. A contrapelo de lo afirmado por Restrepo , en 1850 se habían cedido rentas de la nación a las provincias, estimadas en $500.000 anuales , derivadas de aguardientes y diezmos. "Esto unido al establecimiento del impuesto único directo a nivel de las provincias , fortaleció sus fiscos. Con base en las cifras disponibles se puede estimar que entre 1851 y 1870 el aumento de las rentas de los estados fue de 165%. Por su parte , el aumento de las rentas de la nación entre 1851 y 1870 fue de 118%"; posteriormente se reversaron las tendencias. JUNGUITO, Roberto, "Las finanzas públicas en el siglo XIX" , p. 112.

18 El Estado puede ser considerado como "La organización constitucional y la jerarquía de las normas jurídicas, los poderes públicos y los aparatos administrativos que le permiten actuar en calidad de tales". LEMPÉRIÉRE, Annick, "La historiografía del Estado en Hispanoamérica. Algunas reflexiones" , en PALACIOS, Guillermo (coord.), Ensayos sobre la nueva historia política de América Latina,S. XIX,El Colegio de México , México , 2007, p. 52.

19 B.N.C. Fondo: Pineda. BARRIGA, Valerio F. Informe del Secretario de Estado del Despacho de Guerra de la Nueva Granada al Congreso Constitucional de 1852. Secretaría de Guerra, Bogotá, 1852, p. 47.

20 RESTREPO , José Manuel, Historia de la Nueva Granada, Tomo II, p. 217; también pp. 209-217. Las cursivas son mías.

21 ROJAS , Ángela Milena, "Deuda pública interna, patrón metálico y guerras civiles (...)" , p. 199. El mecanismo es perverso "(...) cuando los gobiernos se endeudan sistemáticamente sin preocuparse por el pago futuro y aumentan sus obligaciones contratando nuevos préstamos para cancelar el servicio de los existentes. El examen detallado de los balances de crédito público y las Memorias de Hacienda y del Tesoro revela que éste último fue el caso de Colombia. Por supuesto, la frecuencia de las guerras civiles (...) explica este comportamiento"; p. 200.

22 Ibídem, p. 202.

23 RETREPO , José Manuel , Historia de la Nueva Granada, Tomo II , p. 217; también p. 207.

24 Ibídem , pp. 234-235. El apoyo de López al liberal José María Urbina en Ecuador para evitar la invasión de Flóres implicó el envío de Manuel Ancízar, del General Thomás Herrera y de tropas cuyo costo subió a los $ 5.000 pesos semanales para mantenerlas , mientras el salario de cada uno de estos empleados civiles por semana ascendía a $16.0 pesos; Ibídem , p. 235.

25 RETREPO , José Manuel, Historia de la Nueva Granada, Tomo II , p. 214. También pp. 207 y 217. "El balance fiscal de la nación fue negativo en los años cincuenta como resultado de las reformas introducidas por el Radicalismo. A fines de los años cincuenta y durante los sesenta se registraron varios años de déficit. No obstante , durante la primera mitad de los años setenta se lograron equilibrar las finanzas públicas y aun registrar superávit". JUNGUITO, Roberto, "Las finanzas públicas en el siglo XIX" , p. 119. De igual forma Junguito señala que: "Con la descentralización fiscal promovida por el Radicalismo durante los años cincuenta, el gasto público a cargo de la nación se vio reducido y se mantuvo alrededor de los dos millones anuales. Luego de la reducción forzada del gasto a fines de los cincuenta, éste se incrementó durante los sesenta y aún más durante los setenta por decisión política deliberada de estimular la inversión pública en ferrocarriles y otras obras de fomento"; p. 113. Las cursivas son mías.

26 B.N.C. Fondo: Pineda. BARRIGA , Valerio F. Informe del Secretario de Estado del Despacho de Guerra de la Nueva Granada al Congreso Constitucional de 1851, Colombia. (República de Nueva Granada, 1832-1858). Secretaría de Guerra, Bogotá, 1851 , p. 2. B.N.C. Fondo: Pineda. BARRIGA , Valerio F. Informe del Secretario de Estado del Despacho de Guerra de la Nueva Granada al Congreso Constitucional de 1852. Secretaría de Guerra , Bogotá, 1852, pp. 3, 4, 30-31. Desde junio de 1850 se buscó elevar el pie de fuerza, según el "Cuadro del contingente de hombres con que deben contribuir las provincias de la República en el próximo año económico [se refiere a 1851]" , bajo la Ley de 1 de julio de 1850. A.G.N. Gaceta Oficial. No 1137. 14 de julio de 1850, p. 339.

27 A.G.N. Sección: República. Fondo: Secretaría de Guerra y Marina. Tomo 799 , fols. 107, 122-124. Los hospitales se denominaban "hospitales de sangre" , y usualmente fueron atendidos por un médico cirujano en cada localidad, capital de provincia o batallón. Sobre la precariedad del vestuario de los soldados , véanse varios informes en el documento citado , fols. 102-110.

28 Al respeto dice Roberto Junguito: "Uno de los resultados más interesantes que se desprenden de este trabajo es la incidencia que tuvieron las guerras civiles en las finanzas públicas y, particularmente, en el monto y composición del gasto público. Es claro que los gastos militares, incluyendo remuneraciones al ejército y armamentos y provisiones, fueron los principales responsables de las necesidades de endeudamiento externo luego de la Independencia". JUNGUITO , Roberto , "Las finanzas públicas en el siglo XIX", pp. 115-116.

29 Ibídem, p. 113.

30 Gasto que para los años de 1842-1843 , que cubría la Guerra Los Supremos, ascendió al 60% del total y una vez terminada , descendió

al 38%. JUNGUITO, Roberto, "Las finanzas públicas en el siglo XIX" , p. 116.

31 ROJAS, Ángela Milena , "Deuda pública interna, patrón metálico y guerras civiles (.)" , pp. 203-204. Vale la pena aclarar que la "deuda flotante" era aquella definida por los pagos más urgentes a corto plazo , mientras que la "consolidada" implicaba obligaciones y pagos de capital a largo plazo.

32 SAFFORD , Frank, El ideal de lo práctico: el desafío de formar una elite técnica y empresarial en Colombia, Universidad Nacional de Colombia-El Áncora Editores , Bogotá , 1989, p. 70.

33 Según Escalante Gonzalbo, en el México del siglo XIX , el ejército fue visto con recelo y odio y como una amenaza para la población rural , debido a las levas tan resistidas por los labradores y trabajadores del campo; a ello se suman las arbitrariedades , la dureza de la vida militar y lo deshonroso que era pertenecer al ejército, pues la condición social y cultural de los reclutados estaba asociada con los vagos y delincuentes. Pertenecer al ejército era un castigo y como no había suficientes soldados para los regimientos , las poblaciones ponían de manera forzosa el resto , de allí que "pocos eran los que sentían que el ejército fuese suyo , o los que pudieran imaginar un nexo entre los derechos de ciudadanía y la participación en la fuerza armada. Con las milicias era algo distinto (.)". ESCALANTE GONZALBO , Fernando , Ciudadanos imaginarios, México , El Colegio de México , 2009, p. 177; "Los crímenes de la patria. Las guerras de construcción nacional en México (Siglo XIX)" , en Metapolítica. Volumen 2, No 5, enero-marzo de 1998, pp. 30 y 37. De forma similar al caso mexicano, para el argentino , Hilda Sabato dice que desde muy temprano las milicias se ganaron el reconocimiento en el discurso patriótico nacional, con los regimientos coloniales de Buenos Aires que actuaron contra los ingleses y luego en la Revolución de Mayo, y con ello conquistaron un lugar mítico en la historia republicana. La pertenencia a la virtuosa milicia y más tarde a la Guardia era a la vez un derecho , un deber y un privilegio, y la población lo distinguía con respecto al rol del soldado de línea , asociado con mercenarios y pobres que se alistaban por falta de medios para vivir o con los delincuentes destinados a la fuerza por las autoridades. SABATO, Hilda, Buenos Aires en armas. La revolución de 1880, Argentina, Siglo XXI Editores Argentina S. A., 2008 , p. 51. El ejército regular como institución reclutadora de vagos, miserables y delincuentes es de herencia colonial y le confirió a la misma un carácter de penalidad correctiva que "tergiversó" su identidad profesional de ejército profesional. JURADO JURADO, Juan Carlos , Vagos, pobres y mendigos. Contribución a la historia social colombiana, 1750-1850, Medellín, Editorial La Carreta, 2004, pp. 114-121.

34 Así lo manifiestan varios casos: JURADO JURADO, Juan Carlos, "La participación del pueblo liberal en la Guerra Civil de 1851: la ciudadanía en armas" , en Estudios Políticos, IEPRI. No 71 , enero-abril de 2011 , pp. 3-28. SABATO , Hilda. "El ciudadano en armas: violencia política en Buenos Aires (1852-1890), en Entrepasados,Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires , N 23, 2003, pp. 150-151. SABATO , Hilda. Buenos Aires en armas. La revolución de 1880. Argentina, Siglo XXI Editores Argentina S. A. , 2008. IRUROZOJUI VICTORIANO, Marta, La ciudadanía en debate en América Latina. Discusiones historiográficas y una propuesta teórica sobre el valor público de la infracción electoral, Lima , Instituto de Estudios Peruanos-IEP, 2004. Documento de trabajo No 139. Serie Historia, 26. CHUTS , Manuel y MARCHENA, Juan (eds.) , Las armas de la nación. Independencia y ciudadanía en Hispanoamérica (1750-1850), Madrid , Iberoamericana, 2007.

35 La Estrella del Occidente 28 de septiembre de 1851, N° 257 Trimestre XXI. Biblioteca Central Universidad de Antioquia. Sala de Patrimonio. Fondo: Hojas Sueltas. ARISTIPO, "Sufrimiento del partido conservador", Medellín, Imprenta de Jacobo Faciolince, 1851.

36 Biblioteca Central Universidad de Antioquia. Sala de Patrimonio. Fondo: Hojas Sueltas. CARDONA , José María (et. all.), "Hay Siegres en Amalfi" , Medellín, 4 de octubre de 1852 , Imprenta de Jacobo F. Lince.

37 Archivo Histórico de Antioquia (A.H.A.). Medellín, República. 1851. Gobierno , Tomo 1653.

38 ORTIZ, Luis Javier, El Federalismo en Antioquia, p. 34.

39 A.G.N. Sección: República. Fondo: Copiadores. Tomo 1649. Correspondencia dirigida por Murillo al gobernador de la provincia de Medellín, el 11 de octubre de 1851 , fols. 54r-55.

40 La Democracia, 23 de noviembre de 1851 , N° 101 Trimestre 9°.

41 DEAS, Malcolm, "Inseguridad y desarrollo económico en Colombia en el primer siglo de vida republicana independiente (...)", p. 688.

42 DEAS , Malcolm y GAITAN, Fernando , Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1995, pp. 201-202.

43 SOTOMAYOR TRIBIN, Hugo Armando, Guerras, enfermedades y médicos en Colombia, Escuela de MedicinaJuan N. Corpas , Santafé de Bogotá, 1997. GAITAN CRUZ, María Cecilia, La enfermería en Colombia. Orígenes de audacia y compromiso, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, 1999.

44 El Neogranadino 22 de agosto de 1851. N° 170. KASTOS, Emiro , "No hay que desesperar" , en Artículos escogidos, Biblioteca Banco Popular, Bogotá, 1972, p. 75.

45 JURADO JURADO , Juan Carlos, "Reclutas, pobres y soldados en las guerras civiles colombianas", en Revista de Indias. Volumen LXIV , número 232 de 2004, pp. 673-696.

46 Son conocidas dos obras literarias que tienen por motivo la Guerra Civil de 1851, la segunda de ellas también trata la Guerra de 1854: "El Rejo de enlazar" de Eugenio Díaz y "Amores en Guerra: Amor y codicia" de Martín Restrepo Mejía. ESPAÑA, Gonzalo, et. al. , Narrativa de las guerras civiles. Guerra civiles colombianas. Volumen 6. 1851-1854, Ediciones Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga , 2008. Según la historiadora Estela Córdoba, las novelas escritas con motivo de la Guerra Civil de 1851 son: "Amelia y Laura" de Juan José Molina y "Amor y codicia" de Martín Restrepo. CORDOBA, Estela María, Antioquia -salto, sobre-salto: Un siglo de literatura, guerra y violencia. 1839-1949, Medellín, 2003, pp. 55-56.

47 CAMACHO ROLDÁM, Salvador, Memorias, dos tomos , Editorial ABC, Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, Bogotá, 1946, tomo II , p. 90.

48 VALENCIA LLANO , Alonso , Dentro de la ley. Fuera de la ley. Resistencias sociales y políticas en el Valle del Cauca. 1830-1855, Cali, Centro de Estudios Regionales Región y Universidad del Valle , 2008 , pp. 205-206.

49 Citado en Ibidem , pp. 206-207. Las cursivas son mías.

50 URIBE, María Teresa, "De la ética en los tiempos modernos o del retorno de las virtudes públicas", Nación, ciudadano y soberano, Corporación Región , Medellín , 2001 , pp. 167-173.

51 B.N.C. Fondo: Pineda. BOSH, Manuel Joaquín, Reseña histórica de los principales acontecimientos políticos de la ciudad de Cali, desde el año de 1848 hasta el de 1855, inclusive, Cali, 1856, p. 117. Las cursivas son del texto original. No sobra advertir que el actual escudo de Colombia, tiene por leyenda estas dos palabras -libertad y orden- que sintetizan la tradicional escisión de la nación entre los partidos.
52 Citado por VALENCIA LLANO, Alonso, Dentro de la ley. Fuera de la ley, pp. 207-208.

53 ESCALANTE GONZALBO, Fernando , "Los crímenes de la patria. Las guerras de construcción nacional en México (Siglo XIX)", pp. 28, 32. CARO BAROJA, Julio, Realidad y fantasía en el mundo criminal, CSIC, Madrid, 1986, p. 17.

54 B.N.C. Fondo: Pineda. BOSH, Manuel Joaquín , Reseña histórica de los principales acontecimientos políticos de la ciudad de Cali, desde el año de 1848 hasta el de 1855, inclusive, Cali , 1856 , p. 40.

55 CAMACHO ROLDÁN, Salvador, Memorias, tomo II,p. 78. La Estrella del Occidente 20 de julio de 1851, N° 254 Trimestre XVI. El Neogranadino 10 de octubre de 1851 , N° 177 Año IV.

56 B.N.C. Fondo: Pineda. HENAO , Braulio , A mis conciudadanos, Bogotá, 20 de junio de 1852 , p. 7.

57 ESCALANTE GONZALBO, Fernando , Ciudadanos imaginarios, México, El Colegio de México, 2009, p. 218.

58 El Neogranadino 22 de agosto de 1851, N° 170 Año IV. A.G.N. Sección: República. Fondo: Hojas de Servicios. Tomo 14, Hoja de Servicios del Coronel Diago, fols. 63-192.

59 El Neogranadino 1 de agosto de 1851 , N° 167 Año IV.

60 El Neogranadino 1 de agosto de 1851 , N° 167 Año IV. Entre los principales acreedores de Viana se encontraba el presbítero Juan Nepomuceno Duque, con quien tenía un largo litigio desde 1848 por deudas en dinero y 750 cargas de cacao. Entre sus propiedades embargadas estaba la hacienda La Unión. A.G.N Sección: República. Fondo: Curas y Obispos. Tomo 50. Documento 10: En cualquier parte del mundo que haya leyes i derechos. Bogotá, 1848. El señor Enrique Berbeo como apoderado de Juan N. Duque denuncia las violaciones de las leyes cometidas por el juez de Honda, en el juicio ejecutivo seguido por Mateo Viana como deudor del señor Duque.

61 ROJAS, Angela Milena, "Deuda pública interna, patrón metálico y guerras civiles (...)", p. 218.

62 Ibídem, pp. 218-219. Según la autora, a pesar de que el asunto de las ganancias y las pérdidas económicas de las guerras sigue abierta, debido a la falta de fuentes que ofrezcan cifras confiables , sus costos monetarios no parece que fueran muy altos , debido a la relativa facilidad de organizar una masa de campesinos pobremente armados, lo cual fue más común entre hacendados y comerciantes; pp. 218-219, nota 9.

63 A.H.A. Sección: República. Fondo: Copiadores. Tomos 1661. Carta de Eusebio Borrero desde Aguadas, al gobernador de la provincia de Córdova, el 16 de agosto de 1851 , fols. 102-103.

64 En medio de la Guerra de Los Supremos María Martínez de Nisser comentó que el partido Ministerial (posteriormente llamado Conservador) estaba conformado por la "gente decente" , mientras que la plebe pertenecía a "la facción" , es decir, al bando sublevado, a virtud de que han trabajado mucho diciendo: [•] que Córdova y su partido se han armado para defender la religión; que los bienes de los ricos serán distribuidos entre los pobres , y que sus jornales serían aumentados y mejor pagados , razón por la cual toda esa gente ignorante ha abrazado ciegamente ese odioso partido". TISNÉZ JIMÉNBEZ, Roberto , María Martínez de Nisser y la revolución de Los Supremos, Bogotá, Biblioteca del Banco Popular, 1983, p. 324.

65 SANCHEZ, Gonzalo, Guerras, memoria e historia, La Carreta Editores , Universidad Nacional de Colombia, Medellín, 2006, p. 48.

66 DEAS , Malcolm, "Inseguridad y desarrollo económico en Colombia en el primer siglo de vida republicana independiente (...)", p. 689 , nota 31.

67 CORDOVÉZ MOURE,José María, Reminiscencias de Santa Fe y Bogotá, Fundación para la Investigación y la Cultura-FICA, Cali, 1997, pp. 1394-1395.

68 ESCALANTE GONZALBO, Fernando , Ciudadanos imaginarios, p. 226.

69 ROJAS, Angela Milena, "Deuda pública interna, patrón metálico y guerras civiles (...)", pp. 208-209. "Antes de la década de 1860 un grupo reducido de agiotistas y comerciantes aseguraron una existencia mínima, aunque costosa , al gobierno nacional. En la década de 1860 las organizaciones de intermediarios dinamizaron el mercado financiero y monetario"; p. 217.

70 ESCALANTE GONZALBO , Fernando, Ciudadanos imaginarios,p. 231.

71 ROJAS , Angela Milena , "Deuda pública interna , patrón metálico y guerras civiles (...)" , pp. 217-218.

"Dondequiera que el Estado comprometía su crédito , había oportunidad para lucrar. Si , en un caso , el gobierno no podía pagar la nómina de sus empleados en metálico , entregaba a cambio papales de adeudo que los agiotistas compraban (con descuento) para revenderlo al Estado o para usarlo en nuevos préstamos.

72 "Pero la forma habitual de hacer dinero era prestarle al gobierno. La precaria situación de los más de ellos los obligaba a aceptar intereses exagerados y condiciones poco menos que humillantes. Pero no era fácil salir de ahí: por lo común , los gobiernos no podían pagar sus adeudos en efectivo , por lo cual sólo un pequeño grupo de prestamistas disponía de fondos para aceptar moratorias y prestar nuevamente." ESCALANTE GONZALBO, Fernando , Ciudadanos imaginarios,p. 227.

73 A.H.A. Sección: República. Fondo: Copiadores. Tomo 1649. Resoluciones comunicadas por el secretario Murillo al gobernador de la provincia de Medellín , el 14 de julio fols. 44-45 , y el 24 de julio , fols. 47-51.

74 AGUILERA PEÑA, M: "El delincuente político y la legislación irregular" , en SÁNCHEZ, G. y AGUILERA, M. (Ed.): Memoria de un país en guerra: los Mil Días. 1899-1902, Planeta, Bogotá, 2001 , pp. 307-314.

75 B.N.C. Fondo: Pineda. FENIX, Contestación al folleto del General Franco titulado "A la nación y al gobierno", Popayán 26 de junio de 1852, p. 3.

67 ESCALANTE GONZALBO, Fernando. Ciudadanos imaginarios, p. 166.

77 B.N.C. Fondo: Pineda. FENIX, Contestación al folleto del General Franco titulado "A la nación y al gobierno", Popayán 26 de junio de 1852. El folleto de la autoría de Franco no se ha podido hallar en archivos históricos colombianos.

78 ESCALANTE GONZALBO , Femando, Ciudadanos imaginarios, p. 249.

79 Biblioteca Central Universidad de Antioquia. Sala de Patrimonio. Fondo: Hojas Sueltas. ECHEVERRI, Camilo Antonio, "La transformación" , Medellín, 17 de septiembre de 1851, Imprenta de Jacobo F. Lince.

80 Biblioteca Central Universidad de Antioquia. Sala de Patrimonio. Fondo: Hojas Sueltas. ECHEVERRI, Camilo Antonio, "La transformación" , Medellín, 17 de septiembre de 1851, Imprenta de Jacobo F. Lince.

81 Biblioteca Central Universidad de Antioquia. Sala de Patrimonio. Fondo: Hojas Sueltas. Un amante de la paz. "C. General Tomás Herrera" , Medellín, 20 de septiembre de 1851, Imprenta de Jacobo F. Lince, 1851.

82 RESTREPO, Jorge Antonio , Retrato de un patriarca antioqueño. Pedro Antonio Restrepo Escobar, 1815-1899, Banco de la República, Bogotá, 1992, p. 121 , nota 23. La Estrella de Occidente 14 de diciembre de 1851. N° 266. Ejemplo de una fianza es la impuesta al sacerdote Manuel de Posada Ochoa de Medellín, quien debía pagar y devolver 41.283 reales y 25 céntimos que giró contra las cajas nacionales de Medellín y responder por otros empréstitos. ORTIZ MESA, Luis Javier, El federalismo en Antioquia, p. 38.

83 A.G.N. Sección: República. Fondo: Folletería. IBANEZ , Manuel. Nuevas observaciones sobre la Administración del General José Hilario López en la Nueva Granada. Lima, 24 de abril de 1853.

84 A.G.N. Sección: República. Fondo: Folletería. IBANEZ, Manuel, Nuevas observaciones sobre la Administración del General José Hilario López en la Nueva Granada, Lima, 24 de abril de 1853, pp. 8-9.

85 A.G.N. Sección: República. Fondo: Folletería. IBANEZ , Manuel, Nuevas observaciones sobre la Administración del General José Hilario López en la Nueva Granada, Lima , 24 de abril de 1853 , pp. 23-24.

86 A.G.N. Sección: República. Fondo: Folletería. IBANEZ , Manuel, Nuevas observaciones sobre la Administración del General José Hilario López en la Nueva Granada, Lima, 24 de abril de 1853, pp. 9-10. Las cursivas son mías.

87 DEAS , Malcolm, "Inseguridad y desarrollo económico en Colombia en el primer siglo de vida republicana independiente (...)" , pp. 686-687.

88 Ibídem , p. 687.

89 Los mismos conservadores reconocieron que la guerra no había generado ninguna discontinuidad en el programa liberal que se venía desarrollando y a ello pudo contribuir su desprestigio temporal y el inmediato clima de persecuciones y castigos que los hizo resignarse y aceptar el cambio , pero finalmente la continuidad de las reformas se facilitó por la lenidad con que fueron tratados los rebeldes , como lo expresa el siguiente texto de la autoría de un conservador: "Ellos [se refiere a los conservadores rebeldes] creían seguro su triunfo , olvidados de sus propios principios; ellos eran ahora los que tenían en contra el principio de legitimidad; y como la metalización y el egoísmo habían cundido rápidamente , fueron abandonados por sus copartidarios y tuvieron pronto que sucumbir. No se levantaron patíbulos , es verdad: la patria no tuvo que llorar sobre los restos ensangrentados de sus hijos , sino en los campos de batalla; pero , como era natural , el vencedor marchó entonces más seguro por la misma senda que había emprendido". ORTIZ, Venancio, Historia de la Revolución del 17 de abril de 1854, Biblioteca Banco Popular
90 El Neogranadino 8 de agosto de 1851, N° 168 Año IV, "Conspiración de Tunja. Historia".

91 Se consideraba que el trabajo (mediado por la propiedad privada) tenía efectos moralizantes sobre el individuo , ayudaba a su dignificación , a la riqueza nacional y a la estabilidad política del Estado, de allí que se adujera reiteradamente, y no sin razón , que la ociosidad y la vagancia eran causas de las guerras civiles , como lo indica un informe oficial de 1838: "No hai otra medida conocida de la población que los medios de existencia, ni mejor garantía de orden i estabilidad, que la riqueza acumulada. La pobreza es inquieta i movediza de ordinario , i el que tiene una heredad i la cultiva , une su suerte a la del Estado que le da protección i seguridad, adquieren la virtud que el hábito del trabajo inspira i el sentimiento de su propia fuerza i dignidad , que le hará oponerse a las agresiones externas i a las conmociones del interior". Biblioteca Central Universidad de Antioquia. Sala de Patrimonio. Fondo: Folletos Misceláneos. No 112, doc. 42.

92 B.N.C. Fondo: Pineda. BARRIGA, Valerio F. , Informe del Secretario de Estado del Despacho de Guerra de la Nueva Granada al Congreso Constitucional de 1852. Secretaría de Guerra, Bogotá, 1852, pp. 33-40, y 28-29.

93 B.N.C. Fondo: Pineda. BARRIGA , Valerio F., Informe del Secretario de Estado del Despacho de Guerra de la Nueva Granada al Congreso Constitucional de 1852. Secretaría de Guerra, Bogotá, 1852, pp. 33-34.

94 ESCALANTE GONZALBO, Fernando , Ciudadanos imaginarios, p. 224.

95 Ibídem , p. 224.

96 Ibídem , p. 256.

97 BENDIX, Reinhard, Trabajo y autoridad en la industria. Las ideologías de la dirección en el curso de la industrialización, Buenos Aires, EUDEBA, 1966, p. 159 , nota 64. , Bogotá, 1972, p. 30. Biblioteca Central Universidad de Antioquia. Sala de Patrimonio. Fondo: Hojas Sueltas. Echeverri, Camilo Antonio, La Transformación, Imprenta de Jacobo F. Lince , Medellín , 17 de septiembre de 1851.

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