http://dx.doi.org/10.15446/anpol.v27n80.45613

OPINIONES CIUDADANAS ANTE LAS POLÍTICAS ANTIDROGAS EN SEIS CIUDADES DE AMÉRICA LATINA*

OPINIONS CITIZENS TO THE DRUG POLICY IN SIX CITIES OF LATIN AMERICA

Miguel García Sánchez**
Andrés Mauricio Ortiz Riomalo***

*El proyecto de investigación que dio origen a este artículo fue financiado por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes, con fondos de Open Society Foundation. Agradecemos los comentarios de Eduardo Vergara a una versión previa de este trabajo.

** Profesor Asistente. Departamento de Ciencia Política. Universidad de Los Andes. Bogotá. Colombia. Email: m.garcia268@uniandes.edu.co

Fecha de Recepción: 12/10/2013
Fecha de Aprobación: 18/02/2014

RESUMEN

El objetivo del trabajo es explorar las opiniones y actitudes que los ciudadanos de seis ciudades latinoamericanas tienen frente a las drogas –su consumo y producción–, y las políticas antidrogas. El trabajo se pregunta sobre qué tan liberales son las opiniones de los ciudadanos sobre las drogas y políticas de drogas, si hay alguna diferencia con respecto a este tema entre las distintas ciudades latinoamericanos, y cuál es la relación entre factores socio-demográficos, ideológicos y contextuales con estas opiniones y actitudes. Los datos indican que estas opiniones son función de su posición ideológica, qué tan liberales son sus actitudes morales, la características del entorno social con respecto a los niveles de consumo de drogas y los niveles de inseguridad de los barrios donde viven.

Palabras Clave: Opinión pública, drogas ilícitas, América Latina.

ABSTRACT

The aim of the paper is to explore opinions and attitudes of citizens in six Latin American cities from drugs- consumption and production-and drug policies. This paper asks how liberals are the opinions of citizens about drugs and drug policy, if any difference to this issue among the various Latin American cities, and what is the relationship between socio-demographic and contextual factors with ideological these opinions and attitudes. The data indicate that these opinions are based on their ideological position, how liberal are moral attitudes, characteristics of the social environment with respect to the levels of drug use and unsafe levels of their neighborhoods.

Keywords: Public opinion, illicit drugs, Latin America.

INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años el aparente consenso en torno a la manera de enfrentar el fenómeno de las drogas ilícitas en América Latina parece haberse terminado. Si bien la totalidad de los gobiernos de la región continúan aplicando el modelo estadounidense de "guerra en contra de las drogas", las voces de escepticismo hacia éste son cada vez más frecuentes y resonantes. Recientemente, un grupo de expresidentes latinoamericanos –César Gaviria de Colombia, Fernando Cardoso de Brasil y Ernesto Zedillo de México– puso en duda la efectividad y conveniencia de la actual estrategia de lucha contra las drogas. En la misma línea los presidentes de Costa Rica, Laura Chinchilla; de Guatemala, Otto Pérez Molina; y de Colombia, Juan Manuel Santos, han sugerido en distintos escenarios, que es necesario cambiar el rumbo de las políticas públicas relacionadas con las drogas ilícitas. Finalmente, dando un paso más allá de los pronunciamientos, el gobierno de José Mujica promueve actualmente en el Congreso uruguayo un proyecto que regula la producción y venta de marihuana. Todo lo anterior, parece sugerir que en la región se están abriendo paso una visión y unas políticas públicas liberales sobre la manera más adecuada de enfrentar el problema de las drogas.

Aunque el debate público ante un tema como el de las drogas ilícitas típicamente refleja las opiniones de unas élites políticas, quienes proponen o abogan por una u otra visión, asumen que son representativos de amplios sectores de la ciudadanía. Así, en un contexto de eventual transformación del discurso dominante sobre el tema de las drogas ilícitas, es de gran relevancia indagar sobre las opiniones y actitudes de los ciudadanos latinoamericanos en relación con este tema y qué factores inciden sobre la variación de ellas. Al estudiar estas opiniones será posible saber hasta qué punto los latinoamericanos se acercan a una visión más liberal del fenómeno de las sustancias ilícitas, y hasta qué punto un posible cambio en el discurso oficial sobre la materia contaría con el respaldo de la ciudadanía. De manera específica este documento pretende responder dos preguntas de investigación: ¿Cuáles son las similitudes y diferencias de las opiniones de los individuos residentes en seis ciudades de la región en relación con las drogas y políticas públicas para enfrentarlas? Y ¿cuál es la relación entre factores sociodemográficos, ideológicos y contextuales, y las opiniones ciudadanas sobre las drogas y las políticas antidrogas?

La mayor parte de la producción académica sobre el fenómeno de las drogas se ha concentrado en el nivel agregado, donde se destacan estudios sobre las consecuencias políticas y económicas del narcotráfico (Camacho 1988, 2009; Thoumi, 2002), la efectividad de las políticas públicas para combatir la producción, el tráfico y la distribución de drogas (Mejía, 2011), o las estructuras mafiosas (Duncan, 2009). Desde una perspectiva individual los estudios sobre el tema son menos numerosos, la mayoría de ellos centrados en describir y explicar los patrones de consumo de sustancias prohibidas (Pérez, 2007, Camacho et al., 2011). Los análisis sobre las opiniones ciudadanas respecto a las políticas antidrogas son escasos y los de carácter comparado son prácticamente inexistentes. Por eso, un trabajo como el que proponemos resulta bastante innovador pues permitiría identificar hasta qué punto la liberalización de las posturas de algunas élites políticas, sobre la lucha contra las drogas, coincide o está respaldada por las opiniones de la ciudadanía.

Para abordar nuestras preguntas de investigación, proponemos: (i) describir la variación, de ciudad a ciudad, de las opiniones y actitudes respecto al consumo y las políticas antidrogas; y (ii) explicar la variación individual de estas opiniones y actitudes. Para ello utilizaremos información proveniente de seis encuestas de opinión realizadas a personas jóvenes (18 a 35 años) de las ciudades de Bogotá, Buenos Aires, La Paz, México D.F., San Salvador y Santiago de Chile. Esas encuestas fueron realizadas durante el primer semestre de 2012, y trabajaron con muestras de aproximadamente 600 individuos de todos los estratos socioeconómicos¹. En todas las ciudades se usó el mismo cuestionario, el cual fue elaborado conjuntamente con Daniel Mejía, director del Centro de Estudios de Seguridad y Drogas, y el centro de pensamiento chileno Asuntos del Sur. Dicho cuestionario incluyó preguntas que capturan las opiniones, actitudes y comportamientos de los encuestados en relación con las drogas. Específicamente, el cuestionario incluyó preguntas sobre: relación y experiencias con las drogas, las opiniones sobre las políticas antidrogas, actitudes hacia el consumo, y conductas vinculadas con el consumo de drogas.

Además de esta introducción, este informe consta de cinco partes. En la segunda parte, presentamos un breve balance de la producción académica sobre opiniones y actitudes ciudadanas en relación con las drogas y las políticas para enfrentarlas. Posteriormente, presentamos un análisis descriptivo de las actitudes y opiniones de los encuestados sobre diversos aspectos relacionados con las drogas ilícitas. En la cuarta sección analizamos los factores relacionados con las opiniones y actitudes en relación con las drogas, los consumidores y las políticas para enfrentar el problema de las drogas ilícitas. Particularmente analizamos la incidencia de factores socio-demográficos, ideológicos y contextuales sobre las actitudes y opiniones hacia las drogas y las políticas antidroga de los jóvenes en las ciudades de Bogotá, Buenos Aires, La Paz, México D.F., San Salvador y Santiago. Finalmente presentamos algunas conclusiones.

1. OPINIONES Y ACTITUDES CIUDADANAS SOBRE EL FENÓMENO DE LAS DROGAS ILÍCITAS

Las investigaciones, basadas en encuestas, para identificar patrones de consumo de drogas y opiniones y actitudes frente a las sustancias ilícitas tienen varios antecedentes en América Latina (Laufer, 1996; Míguez, 1999; Camacho, Gaviria y Rodríguez, 2011; Zamudio y Castillo, 2012). Muchos de estos estudios se ocupan de un único país usando muestras de carácter nacional, otros se enfocan en una subunidad nacional. La totalidad de estos antecedentes utilizaron preguntas directas para estudiar el fenómeno del consumo de drogas, las opiniones de los ciudadanos sobre estas sustancias, y las políticas para enfrentarlas. De estos antecedentes, ninguno presenta resultados de tipo comparado. Teniendo como punto de referencia los estudios previos, el presente trabajo hace parte de una tradición de análisis descriptivos, basados en encuestas, sobre incidencia del consumo y opiniones en relación con las drogas ilícitas. A diferencia de los trabajos anteriores, nuestra aproximación supone una innovación en tanto presenta una perspectiva de tipo comparado.

Por otro lado, los estudios que indagan por los factores asociados con las actitudes y opiniones ciudadanas sobre las drogas ilícitas y las políticas para enfrentarlas son prácticamente inexistentes en el contexto latinoamericano. Los trabajos existentes se enfocan en países desarrollados. Algunos de estos trabajos ha demostrado que el apoyo ciudadano hacia políticas antidrogas más liberales ha ido ganando terreno muchos países europeos, Canadá y Australia. Lo contrario ha sucedido en Estados Unidos (Newcombe, 2004). Según estos estudios, algunas variables que parecen asociarse con las opiniones respecto de las drogas ilícitas son: género, edad, experiencias personales, y contexto social (Newcombe, 2004, Cirakoglu e Isim, 2005). Así, estudios enfocados en estudiantes de colegio demostraron que los hombres y los jóvenes de mayor edad expresan actitudes más liberales hacia las drogas (Brook, Feigin, Sherer y Geva, 2001; Cirakoglu e Isim, 2005). Por otro lado, algunos estudios han demostrado que las actitudes progresistas en materia de drogas las profesan personas con visiones liberales sobre política y quienes han consumido sustancias ilícitas previamente (Hawkins, Catalano y Miller, 1992, Furnham y Thomson, 1996). En síntesis, aunque se ha encontrado que existen algunos factores sociodemográficos asociados con las actitudes hacia las drogas ilícitas, los principales factores asociados con estas actitudes parecen ser la ideología y el consumo previo de drogas ilícitas.

2. LAS DROGAS ILÍCITAS EN SEIS CIUDADES LATINOAMERICANAS: UNA APROXIMACIÓN DESCRIPTIVA.

Esta sección se divide en tres partes. En la primera analizamos los patrones de consumo de sustancias psicoactivas. Específicamente presentamos el porcentaje de consumo de alcohol, tabaco, marihuana y cocaína en cada ciudad, y la edad promedio del primer consumo. En esta parte también presentamos las opiniones sobre el consumo recreativo de marihuana. La segunda sección explora las opiniones de los entrevistados sobre las drogas ilícitas y los consumidores de las mismas. La última presenta las visiones sobre los organismos encargados del diseño e implementación de la política antidroga, y sobre las políticas públicas para enfrentar el problema de la droga.

2.1. Patrones de consumo y opiniones sobre el consumo de sustancias psicoactivas

En términos generales los resultados de la encuesta revelan que el alcohol es la sustancia con mayores niveles de consumo entre los encuestados. Aproximadamente el 80% reportó haberlo consumido alguna vez en su vida, y el 60% afirmó haber consumido alcohol, al menos una vez, en los 30 días anteriores a la encuesta. Al comparar los patrones de consumo de alcohol para cada una de las ciudades incluidas en este estudio (Gráfica 1), vemos que, con la excepción de San Salvador, entre el 83% y el 98% de los encuestados de cada ciudad reportaron haber consumido alcohol por lo menos alguna vez en la vida. Buenos Aires es la ciudad en donde los encuestados reportaron el nivel más alto de consumo de alcohol (Gráfica 1).

En el caso del tabaco, es evidente que la incidencia del consumo de esta sustancia es menor que la del alcohol. Las personas que reportaron haber consumido tabaco alguna vez en su vida representan el 63% de los encuestados, y quienes dijeron haber consumido tabaco en el último mes son aproximadamente el 42%. Como se puede ver en la Gráfica 2, aparecen dos grupos de ciudades en función de los patrones de consumo de tabaco. Por un lado, Buenos Aires, Santiago y México D.F. tiene un porcentaje mayor de personas que dicen haber fumado tabaco. Este porcentaje de consumo es superior al 70%. Por otro lado, en La Paz, Bogotá y San Salvador la incidencia del consumo de tabaco es bastante menor al ubicarse cerca del 50%

Pasando a los patrones de consumo de sustancias ilícitas, particularmente de marihuana y cocaína, es claro que sus niveles de consumo son mucho menores que los de las drogas lícitas como el alcohol y el tabaco. En el caso de la marihuana, el 40% de los encuestados acepto haberla consumido al menos una vez. La incidencia del consumo de cocaína es significativamente menor, solo el 12,5% de los encuestados la ha consumido alguna vez en su vida.

Al hacer la comparación entre ciudades, se mantienen los dos grupos que aparecieron al comparar los patrones de consumo de tabaco. En los casos de Santiago, México y Buenos Aires, más del 50% de los encuestados aceptó haber consumido marihuana (Gráfica 3), y cerca del 20% de los habitantes de esas ciudades aceptó haber consumido cocaína al menos una vez (Gráfica 4). En San Salvador, La Paz y Bogotá el consumo de marihuana es menor al 30% y el de cocaína no llega al 8% de los encuestados (Gráficas 3 y 4).

El contraste entre los patrones de consumo de sustancias psicoactivas que muestra la comparación de las seis encuestas resulta bastante interesante. Inicialmente, sugiere que existe una mayor incidencia del consumo de alcohol, tabaco, marihuana y cocaína en Santiago, México D.F. y Buenos Aires. Sin embargo, este contraste puede ser el reflejo no solo de una brecha en el consumo, sino también de una mayor aceptación social del consumo de drogas. En otras palabras, es posible que en San Salvador, La Paz y Bogotá, las personas sean más resistentes a revelar su consumo de sustancias psicoactivas o se abstengan a consumirla dadas las implicaciones sociales negativas que esto conlleva. Particularmente llamativo resulta el caso de San Salvador, pues los patrones de consumo de sustancias psicoactivas de esta ciudad presentan la mayor desviación con respecto a las demás ciudades. En general son significativamente menores. Por ejemplo, los ciudadanos que reportaron nunca haber consumido alcohol son poco más de la mitad de los individuos encuestados.

A las personas que aceptaron haber consumido sustancias psicoactivas les preguntamos a qué edad fue el primer consumo. Los resultados muestran que la edad promedio de iniciación en el consumo de drogas lícitas (alcohol y tabaco) es aproximadamente 16 años en todas las ciudades estudiadas, con excepción de La Paz donde el promedio del primer consumo de alcohol y tabaco es 17 años.

En el caso de las drogas ilícitas estudiadas, la edad promedio del primer consumo de marihuana se ubica en 17 años, y la del primer consumo de cocaína en 19 años. A diferencia del consumo de drogas lícitas, en el caso de marihuana y cocaína, se observó una mayor variación entre ciudades, en las edades del primer consumo. Buenos Aires es la ciudad donde, en promedio, más tarde se inicia el consumo tanto de marihuana (19 años) como de cocaína (21 años). Esta ciudad es seguida por La Paz. Finalmente, las ciudades en donde los encuestados reportan, en promedio, una edad más temprana en el consumo de marihuana y cocaína son San Salvador (16,1 años para marihuana y 17.5 para cocaína) y Bogotá (16.6 para marihuana y 17.7 para cocaína).

Más allá del reporte de consumo de sustancias psicoactivas, la encuesta también indago por las opiniones de los encuestados sobre el consumo recreativo de marihuana definido como un derecho individual y por los patrones de consumo de marihuana en el evento de que fuera legal. Los resultados generales indican que existe una división ante la pregunta sobre el consumo de marihuana definido como un derecho individual. Poco más de la mitad de los encuestados lo desaprueba (54%), y poco menos de la mitad (46%) lo aprueba.

Esta división desaparece al analizar los datos por ciudades. Para cada ciudad se da un patrón de respuestas similar al que apareció en la pregunta sobre consumo de marihuana. De esta manera, en San Salvador, La Paz y Bogotá, ciudades que reportan un bajo consumo de cannabis, el 68%, 57% y 60% respectivamente, considera que el consumo recreativo de esta droga no debería considerarse un derecho individual (Gráfica 5). Por otro lado, Buenos Aires –en mayor medida–, Santiago y México D.F., son las ciudades en donde por lo menos el 60% de la población considera que el consumo de marihuana sí debería considerarse como un derecho individual (Gráfica 5).

Finalmente, la última pregunta de esta sección indagó sobre si los encuestados consumirían más marihuana en el evento de que esta droga estuviera despenalizada. Cerca del 80% de los encuestados no lo harían y sólo el 16% de los entrevistados sí lo harían. Desagregando los datos por ciudades, la Gráfica 6 revela que en San Salvador, La Paz y Bogotá la absoluta mayoría de los encuestados (más del 80%) no consumirían cannabis una vez fuera legalizado. Cosa distinta sucede en las demás ciudades donde más o menos la mitad de las personas opinan que consumirían más después de la despenalización.

2.2. Opiniones y actitudes frente a las drogas ilícitas y los consumidores

Un segundo tema abordado por la encuesta se relacionó con las opiniones de los encuestados sobre las drogas y los consumidores de sustancias ilícitas. Lo primero que quisimos establecer fue hasta qué punto los encuestados ven el problema del consumo de drogas como un asunto de salud pública o uno de seguridad ciudadana. La mayor parte de los encuestados (47%) consideran a las drogas ilícitas como un problema de salud pública; sin embargo un 39% de los encuestados las ven como un asunto de seguridad ciudadana. Si bien estas cifras capturan el promedio de las seis ciudades estudiadas, como lo revela la Gráfica 7, existe una variación importante, de ciudad a ciudad, en las opiniones sobre la definición del problema de las drogas. En Santiago, La Paz, México D.F. y Buenos Aires, la mayoría de los encuestados consideran que el consumo de drogas ilícitas es un problema de salud pública. En Buenos Aires esta visión la comparten el 70% de los encuestados. En oposición, la mayoría de los encuestados residentes en San Salvador y Bogotá perciben el problema del consumo de drogas como un asunto de seguridad ciudadana. En San salvador esta es la visión de más del 60% de los encuestados.

Si bien no existe consenso en las seis ciudades estudiadas sobre cómo definir el consumo de drogas ilícitas, cuando indagamos sobre la visión de los encuestados con respecto a los consumidores de estas sustancias apareció claramente una visión dominante: los consumidores son vistos masivamente como enfermos. Así, aproximadamente el 82% de los encuestados percibe al consumidor como un enfermo, en comparación con el 47% que consideraba el consumo de drogas ilícitas como un asunto de salud pública. Como lo revela la Gráfica 8, la variación de esta visión, de ciudad a ciudad, es pequeña siendo Santiago la ciudad donde menos personas perciben a los consumidores como enfermos (80%) y La Paz el lugar donde más encuestados (90%) tienen esta visión.

Regresando al tema del consumo de drogas ilícitas, la encuesta también indagó por la opinión de los encuestados sobre los problemas asociados con el consumo de drogas y por el presunto vínculo entre consumo de drogas y delincuencia. En general, el poder adictivo de las drogas (40%), y el consumo por parte de menores (16%) fueron los principales problemas que los encuestados asociaron con el consumo. La Gráfica 9 revela que si bien en todas las ciudades estudiadas el principal problema asociado con las drogas es el poder adictivo de estas sustancias, no hay un consenso sobre el problema que ocupa el segundo lugar. En este punto llama bastante la atención que en México D.F. y en Buenos Aires, la corrupción asociada con el consumo de drogas aparece como el segundo problema, después del poder adictivo de las sustancias ilícitas.

Finalmente, indagamos por las opiniones de los encuestados sobre el presunto vínculo entre consumo de cannabis y la comisión de delitos. En promedio, sólo el 34% de los encuestados considera que no existe ningún vínculo entre consumir marihuana y cometer un delito. El 37% considera que el vínculo consumo-delito es directo, y el 27% restante cree que la relación es indirecta. Al desagregar las respuestas por ciudades, aparecen unas diferencias bastante interesantes. Como lo muestra la Gráfica 10, en San Salvador, La Paz y Bogotá, más de la mitad de los encuestados cree que el consumo de marihuana está directamente vinculado con actos delincuenciales. En esas ciudades apenas entre el 14% y el 26% de los entrevistados no relacionan consumo de marihuana y delincuencia. En otra orilla se ubican los ciudadanos de Santiago y Buenos Aires. En estas ciudades una minoría (entre el 6% y el 15%) cree que existe una relación directa entre consumo y delincuencia; y más de la mitad de los encuestados no creen que consumir marihuana se relacione con cometer delitos. Finalmente, en un punto intermedio se ubican los entrevistados de Ciudad de México. Allí, quienes creen que la relación entre consumo de cannabis y el delito es indirecta y quienes no ven relación alguna, representan porcentaje similares.

Estos resultados describen un patrón muy similar al del consumo de marihuana. Es en San Salvador, La Paz y Bogotá donde se registran menores niveles de consumo y donde hay una visión más generalizada sobre el presunto vínculo directo entre consumo de marihuana y comisión de delitos. Lo contrario sucede en ciudades donde el consumo de marihuana tiene mayor incidencia. Posiblemente, para quienes el consumo de marihuana es un evento ajeno –porcentaje de personas que puede ser mayor en lugares donde se reporta un menor consumo–, es más probable que compartan la visión estereotípica que asocia el consumo con actos de delincuencia. Igualmente, en ciudades donde el consumo se lo descifra como un crimen los ciudadanos consumen menos o al menos no reportan su uso de sustancias ilícitas.

2.3. Opiniones sobre las agencias encargadas del tema de las drogas ilícitas y sobre las políticas antidroga

Un tercer aspecto por el que indagó la encuesta sobre drogas ilícitas se relaciona con: la opinión de los entrevistados en relación con el ente gubernamental encargado de la política antidroga, y la percepción los ciudadanos sobre las campañas y políticas para combatir el fenómeno de las drogas ilícitas.

Sobre el primer tema les preguntamos a los entrevistados su opinión respecto al organismo del gobierno nacional que debería definir las políticas sobre drogas ilícitas. Las opciones de respuesta eran el Ministerio de Interior y de Seguridad (Defensa), el ministerio de Salud, o ambos. Agrupando las respuestas de las seis ciudades, el 59% de los encuestados opina que debe existir un esfuerzo conjunto entre los ministerios de salud y de defensa a la hora de diseñar las políticas sobre drogas. Después de este grupo aproximadamente el 24% de los entrevistados considera que sólo el Ministerio de Salud debe encargarse de este tipo de políticas. Finalmente sólo el 11% de la población considera que la política de drogas debe ser diseñada y articulada desde el Ministerio de Defensa exclusivamente.

Al desagregar por ciudades, como lo muestra la Gráfica 11, en Santiago, la Paz, México D.F. y Bogotá, las opiniones de los encuestados describen patrones de respuesta similares al descrito anteriormente. En San Salvador, una cuarta parte de los encuestados –el mayor porcentaje de las 6 ciudades– cree que las políticas antidroga se deben articular desde el Ministerio de Defensa y apenas el 13.5% cree que el Ministerio de Salud debe liderar la política pública sobre drogas. En el otro extremo, los bonaerenses creen mayoritariamente (44.6%) que las políticas sobre drogas se deben diseñar desde el Misterio de Salud, y sólo el 7.8% cree que este asunto es responsabilidad del Ministerio de Defensa (Gráfica 8).

Pasando a las percepciones ciudadanas sobre las políticas públicas para enfrentar los problemas de las drogas ilícitas, la encuesta sobre drogas indagó por aspectos como la política antidroga, las campañas de prevención del consumo, el involucramiento de los militares y la policía en la lucha contra las drogas, y posibles alternativas para controlar el consumo de drogas.

Una evaluación general sobre las políticas antidroga vigentes reveló que aproximadamente el 17% de los encuestados considera totalmente positivas o positivas las políticas antidroga actuales y quienes tienen una visión negativa o totalmente negativa de las mismas representan el 46% de los encuestados. Los resultados por ciudades (Gráfica 12) muestran que, con la excepción de San Salvador, un grupo importante de los habitantes de las otras ciudades comparten una visión negativa sobre las actuales políticas antidroga. Santiago, México D.F. y Buenos Aires, son las ciudades donde los encuestados tienen las visiones más negativas sobre la política antidroga.

En el caso de la opinión ciudadana sobre las campañas de prevención del consumo, el patrón de respuesta es similar al descrito anteriormente. Agrupando todas las ciudades, el 19% de los encuestados considera las campañas totalmente positivas o positivas, y el 40% las evalúa como negativas o totalmente negativas. La Gráfica 13, que desagrega este resultado por ciudades, deja claro que en la mayoría de las ciudades los ciudadanos tienen una visión negativa de estos esfuerzos gubernamentales. La excepción nuevamente es San Salvador, donde las opiniones positivas sobre las campañas de prevención las comparten cerca del 38% de los encuestados. En síntesis, la ciudadanía evalúa menos negativamente las campañas de prevención del consumo que la política general antidroga. Sin embargo, en uno y otro caso las visiones de la ciudadanía no son muy positivas.

Junto con las campañas publicitarias diseñadas para prevenir el consumo de drogas, bajo el esquema actual de lucha antidroga, la intervención policial juega un papel importante en el propósito de prevenir el consumo de sustancias ilícitas. Con esto en mente, indagamos por las opiniones de los encuestados sobre la acción policial como mecanismo para prevenir consumo. Ante esta pregunta, 41% de los encuestados considera no efectiva la intervención policial, y sólo el 10% cree que es la política más eficaz para reducir consumo. Comparativamente, los ciudadanos con una visión más negativa ante la intervención policial son los habitantes de Santiago, Bogotá, México D.F. y Buenos Aires. En estas ciudades, como lo muestra la Gráfica 14, entre el 45% y el 63% de los encuestados considera que la intervención policial no es una política eficaz para reducir consumo. En La Paz este porcentaje cae a 34% y el San Salvador apenas llega al 20% de los entrevistados. En esta última ciudad es donde se registra el mayor porcentaje de entrevistados (24%) que considera la intervención policial como una política efectiva para reducir consumo.

También preguntamos a los encuestados sobre su opinión en relación al papel que juegan las fuerzas militares en la lucha contra el narcotráfico. El 33% de los encuestados consideran que esta política no es efectiva, y el 14.5% la calificó como la acción más efectiva en contra del narcotráfico. Nuevamente la comparación entre ciudades muestra un contraste interesante que se materializa en los dos grupos de ciudades que ya hemos destacado al describir otras respuestas. Según la Gráfica 15, los encuestados de Santiago, México D.F. y Buenos Aires son quienes ven más negativamente la intervención militar para combatir el narcotráfico. Entre el 44% y el 51% de los entrevistados la considera poco efectiva. Del otro lado, se encuentran los habitantes de San Salvador, La Paz y Bogotá donde quienes consideran la intervención militar como poco efectiva representan menos del 25% de los entrevistados.

Más allá de las opiniones sobre las estrategias vigentes para combatir las drogas ilícitas y su consumo, quisimos indagar por alternativas para enfrentar el consumo de drogas. Por esta razón les preguntamos a los entrevistados por la alternativa que prefieren para reducir el consumo de marihuana y luego indagamos directamente por la legalización de la marihuana. En el primer caso pedimos a los encuestados que escogieran entre tres opciones: mantener la prohibición total, legalización de la marihuana y la legalización del autocultivo de la marihuana. Tomando los resultados de las seis ciudades en su conjunto apareció una división entre mantener la prohibición y la legalización del cannabis. La primera opción la prefirió el 42% de los entrevistados y la segunda el 36%. Sin embargo, considerando que un 15% de los entrevistados optó por el autocultivo, es claro que la mayoría de los habitantes de las seis ciudades estudiadas se inclinan por políticas distintas a la prohibición para prevenir el consumo de marihuana. A pesar de este resultado, la comparación de las ciudades muestra una realidad más compleja. Nuevamente los ciudadanos de San Salvador, La Paz y Bogotá, aparecen como los más alineados con el statu quo en materia de políticas para controlar el consumo de drogas. Como lo refleja la Gráfica 16, la opción de mantener la prohibición sobre el consumo de marihuana encuentra el respaldo de más de la mitad de los encuestados (entre el 52% y el 71%). El caso contrario lo representan las opiniones de los residentes de Santiago, México D.F. y Buenos Aires. Para los encuestados de estas ciudades la prohibición no es una opción mayoritaria, pues más del 65% de los entrevistados optarían por la legalización total o la despenalización del autocultivo.

Finalmente, indagamos sobre las opiniones de los encuestados sobre si la marihuana debiera ser legal. Al igual que en el caso de la pregunta anterior, las opiniones agregadas están balanceadas a favor y en contra de la posible legalización del cannabis. Para el 42% la marihuana debería seguir prohibida y para el 38% se debería legalizar. Al hacer el análisis por ciudades este balance desaparece, y las opiniones se dividen en los dos grupos de ciudades ya mencionados. Como ya hemos visto para otras preguntas, más del 50% de los ciudadanos de San Salvador (76%), La Paz (54%) y Bogotá (57%) están de acuerdo o totalmente de acuerdo con mantener la prohibición sobre el consumo de marihuana (Gráfica 17). Lo contrario sucede en Santiago, México D.F. y Buenos Aires, donde un porcentaje importante (entre el 47% y el 82%) de personas respondieron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con la legalización.

El análisis descriptivo presentado hasta este punto permite concluir que la relación de los ciudadanos con las drogas ilícitas y sus opiniones respecto a esas sustancias, los consumidores y las políticas públicas sobre drogas varían sustancialmente de ciudad a ciudad. Además, los patrones de consumo de drogas, particularmente de marihuana, parecen estar alineados con cierto tipo de opiniones respecto a los consumidores y las políticas públicas. La mayor incidencia del consumo de sustancias psicoactivas se reporta en las ciudades de Santiago, México D.F. y Buenos Aires. Igualmente, en esas ciudades se registran tanto las actitudes más liberales frente los consumidores y el consumo de drogas ilícitas, como las opiniones más críticas sobre la efectividad de algunos aspectos relacionados con el modelo actual de lucha antidroga. En oposición, los encuestados de San Salvador, La Paz y Bogotá, reportaron menores niveles de consumo de drogas, exhiben opiniones más conservadoras respecto al consumo de estas sustancias y están más alineados con el statu quo en cuanto a las políticas antidrogas.

La coincidencia que encontramos entre mayor incidencia del consumo de drogas y actitudes liberales sobre las mismas, nos sugiere que las opiniones y actitudes de los individuos sobre las drogas ilícitas y las políticas antidrogas pueden estar relacionadas con las experiencias de las personas con las sustancias ilícitas. Para explorar esta opción, así como la incidencia de otros factores de tipo sociodemográfico e ideológico sobre las actitudes y opiniones de los encuestados sobre las drogas ilícitas, la siguiente sección presenta algunos análisis de regresión.

3. FACTORES ASOCIADOS CON LAS ACTITUDES Y OPINIONES SOBRE LOS CONSUMIDORES, LAS DROGAS Y LAS POLÍTICAS ANTIDROGAS

Esta sección explora la relación entre factores sociodemográficos, el consumo de drogas, las opiniones de las personas en materia moral y algunas características del entorno del encuestado, con las actitudes de los entrevistados acerca de varios temas relacionados con las drogas ilícitas. Más específicamente buscamos identificar los factores que se relacionan con la forma como los ciudadanos perciben a los consumidores de drogas, cómo descifran el problema de las drogas, la forma como evalúan las políticas de drogas actuales, qué Ministerio debe estar encargado del diseño y la articulación de la política de drogas, y finalmente, su apoyo a alternativas políticas para enfrentar y solucionar el problema. Para realizar este análisis utilizamos una serie de modelos de regresión.

Así, esta sección trabaja con las siguientes variables dependientes:

Consumidor como criminal: A partir de las respuestas a la pregunta sobre cómo ven los encuestados a los consumidores de drogas, construimos una variable dicotómica la cuál toma el valor de 1 para las personas que respondieron que ven al consumidor como un criminal.

Para identificar la forma como los entrevistados descifran el problema de las drogas construimos dos variables dicotómicas. La primeraProblema de seguridad toma el valor de 1 para quienes respondieron que el consumo de drogas es un problema de seguridad. La variable Problema de salud codifica como 1 las respuestas que identifican el consumo de drogas como un problema de salud pública.

Para identificar las opiniones de los encuestados sobre el ente gubernamental que debe liderar la política antidroga usamos la siguiente pregunta: ¿Desde cuál Ministerio, Secretaría o Departamento cree usted debe ser diseñada y articulada la política de drogas en su país? A partir de las opciones de respuesta creamos dos variables dicotómicas: Salud, identifica con 1 a las personas que creen que este ministerio debe ser el responsable de las políticas sobre drogas. Interior/Defensa toma el valor de 1 si las personas respondieron que este ministerio debe diseñar y articular las políticas sobre drogas.

Un cuarto grupo de variables dependientes captura las opiniones de los entrevistados en relación con la legalización de la marihuana y el consumo recreativo de esta sustancia. Así, Legalización es una variable dicotómica que se construyó utilizando la pregunta sobre cuál es la política más efectiva para controlar la venta y consumo de marihuana. Toma un valor de 1 si el encuestado considera que la política más efectiva para enfrentar el problema del cannabis es su legalización. Por otra parte, la variable Consumo recreativo es también de tipo dicotómico, tomando el valor de 1 cuando el entrevistado considera que el consumo recreativo de marihuana debería ser un derecho individual de los mayores de edad.

Finalmente, para identificar la opinión de los encuestados sobre la efectividad de las actuales políticas antidrogas se creó un índice aditivo a partir de dos preguntas. La primera, captura las opiniones de los encuestados sobre las campañas del gobierno para la prevención del consumo de drogas. La segunda, mide las opiniones de los entrevistados sobre la política antidrogas vigente. Cada una de estas preguntas fue codificada originalmente en una escala de 1 a 5, donde 1 significaba una opinión totalmente negativa y 5 una opinión totalmente positiva. Para la creación del índice se sumaron los valores para cada pregunta. Así, se obtuvo un índice de evaluación de las políticas antidrogas medido en una escala de 2 a 10, que posteriormente se recodificó de 0 a 100. El alfa de Cronbach² para las dos preguntas incluidas en el índice fue de 0,82.

Cada una de las variables dependientes fue analizada como una función de: factores sociodemográficos (edad, género y clase social), los patrones de consumo de alcohol y marihuana de los encuestados, las opiniones de los encuestados en materia moral, las opiniones de los entrevistados sobre el consumo recreativo de marihuana, la evaluación de las políticas antidrogas y la incidencia del consumo de drogas en el entorno del encuestado. Evaluamos también la relación entre incidencia del crimen (homicidio, robo de vehículos y robo a personas) y las opiniones y actitudes hacia las drogas y las políticas antidrogas. Estas variables independientes fueron medidas a nivel del barrio. Este análisis sólo se hizo para los encuestados de Bogotá, pues sólo tuvimos información sobre crimen para esta ciudad. Una descripción de las variables independientes se presenta en el Anexo 1.

Los modelos sobre visión del consumidor, visión del problema de las drogas y opinión sobre la entidad que debe encargarse del tema de las drogas, incluyeron todas las variables independientes mencionadas. Los modelos sobre alternativas a las políticas antidrogas actuales y el modelo sobre evaluación de las políticas antidrogas vigentes, excluyeron de los análisis la variable consumo recreativo para evitar problemas de endogeneidad en los modelos de regresión. Todos los análisis incluyeron una serie de variables dicotómicas que identifican la ciudad del entrevistado. Las variables dicotómicas se analizaron a través de modelos de regresión logística (Long, 1997), y el índice de evaluación de las políticas antidroga drogas, se estudió a través de un modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), dado el carácter continuo de esta variable. Finalmente, el análisis de la relación entre incidencia barrial del crimen y las opiniones sobre las drogas, se modeló a través de regresiones multinivel dada la combinación de variables medidas a nivel individual y a nivel contextual (barrial) (Raudenbush y Bryk, 2002).

3.1. Resultados de los análisis de regresión

El Cuadro 1 presenta los resultados de los análisis de regresión. El modelo 1 busca identificar los factores que se relacionan con la probabilidad de que una persona considere a un consumidor de drogas como un criminal que debe ser juzgado. Según los resultados del modelo de regresión, esta probabilidad disminuye significativamente para personas que han consumido marihuana en algún momento de su vida, tienen puntajes altos en la escala de actitudes progresistas, y consideran el consumo recreativo de marihuana como un derecho individual. Por su parte, la probabilidad de ver al consumidor como un criminal aumenta significativamente entre quienes evalúan positivamente las políticas antidrogas actuales.

Cuadro 1.

Los modelos 2 y 3 (Cuadro 1) analizan, respectivamente, los factores que están relacionados con descifrar el problema de las drogas bien como un asunto de salud o como un problema de seguridad ciudadana. Los resultados del modelo 2 establecen que la probabilidad de percibir el problema de las drogas como un asunto de seguridad disminuye significativamente entre las personas de clase media-alta y alta,³ si el encuestado ha consumido marihuana previamente, si tiene un puntaje alto en el índice de actitudes progresistas, y si considera el consumo recreativo de marihuana como un derecho individual. En la misma línea, los resultados del modelo 3 indican que, la probabilidad de que un individuo considere el consumo de las drogas como un problema de salud pública aumenta con la clase social,⁴ y si considera que el consumo recreativo de marihuana es un derecho individual.

En el caso de las opiniones de los encuestados sobre qué entidad gubernamental debe ser la encargada de articular las políticas antidrogas, los modelos 3 y 4 (Cuadro 1) sugieren que la probabilidad de que un individuo comparta la idea de que el mejor articulador de las políticas sobre drogas es aquel que maneja temas de seguridad y orden público, aumenta sólo si el individuo hace una evaluación positiva de las políticas actuales sobre drogas. En otras palabras, la aceptación del statu quo sobre el ente articulador de las políticas antidrogas depende de aprobar las actuales políticas en esta materia. Por otro lado, la probabilidad de nombrar al Ministerio de Defensa como el más adecuado para articular las políticas sobre drogas disminuye con la clase social⁵ y si el encuestado comparte la idea de que el consumo recreativo de marihuana es un derecho individual.

El modelo 4 (Cuadro 1) indica que quienes consideran que el Ministerio de Salud es el organismo más adecuado para manejar las políticas antidrogas, son personas que favorecen consumo recreativo de marihuana e individuos para los cuales más del 50% de su entorno social consume drogas. Este resultado resulta muy interesante pues indica que cuando una persona tiene más contacto con consumidores de drogas, es más probable que adquiera una perspectiva sobre el impacto que tienen las drogas en la salud de los consumidores y que desmitifique la idea del vínculo consumo-delincuencia. Así, esta persona favorecerá una aproximación de salud pública al problema de las drogas.

Los modelos 6 y 7 del Cuadro 1 exploran los factores que inciden sobre el apoyo o el rechazo de los encuestados a lo que se pueden considerar visiones alternativas frente al consumo de drogas. Así, exploramos los determinantes del apoyo a la legalización de la marihuana y el apoyo a definir el consumo recreativo de la marihuana como un derecho individual. En el primer caso, los resultados del modelo 6 indican que la aceptación de la legalización de la marihuana se relaciona positivamente con haber consumido esta sustancia, y con valores altos en el índice de actitudes progresistas. Es decir, las personas más liberales en temas morales y quienes han tenido alguna experiencia de consumo de marihuana, favorecen su legalización. Por otro lado, para las personas mayores dentro de la muestra y quienes tienen una evaluación positiva de las políticas antidrogas vigentes, la probabilidad de favorecer la legalización del cannabis disminuye significativamente.

La probabilidad de definir el consumo recreativo de marihuana como un derecho aumenta significativamente entre quienes han consumido alcohol y marihuana, tienen puntajes altos en el índice de actitudes progresistas, y entre individuos para los cuales más del 50% de su entorno social consume drogas. Esta probabilidad disminuye a medida que aumenta con la edad del entrevistado y ente las mujeres. Es interesante que la aceptación del consumo recreativo de marihuana se relacione con el consumo de drogas lícitas, como el alcohol, y con el consumo de drogas en el entorno social. Esto sugiere que las personas que validan el derecho al consumo recreativo de marihuana, posiblemente hacen parte de entornos en los que el uso recreativo de drogas es frecuente.

El último modelo del Cuadro 1 evalúa los factores asociados con una evaluación positiva de las políticas antidrogas vigentes. Lo primero que llama la atención aquí es que ninguna variable se relaciona positivamente con la dependiente. Por otro lado, lo que es evidente es que las personas que han consumido marihuana, quienes tienen un mayor valor en la escala de actitudes progresistas, y quienes viven en un entorno social donde más del 50% de éste consume drogas, reportaron puntajes más bajos en el índice de calificación de las políticas antidrogas vigentes; es decir, evalúan estas políticas más negativamente. Este resultado no resulta sorprendente si se tiene en cuenta que la política antidroga vigente criminaliza a los consumidores. Entonces quienes consumen drogas y quienes se relacionan regularmente con consumidores, apoyan menos esta visión como una manera de rechazar una política que los descifra como criminales y no como consumidores recreativos o como adictos.

En síntesis, el primer grupo de modelos de regresión sugieren que las actitudes liberales en materia de drogas y políticas públicas para enfrentarlas se relacionan con las experiencias de consumo de drogas, una visión progresista en materia moral, las características del entorno social del entrevistado y su evaluación de las políticas antidrogas vigentes. Así, las personas que aceptan una visión distinta a la imperante, en relación al tema de las drogas ilícitas, no son sólo consumidores, son también quienes tienen una visión liberal en temas como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo o la eutanasia. Igualmente son personas con una evaluación negativa de la forma como se ha combatido el consumo y el tráfico de drogas durante los últimos 40 años.

Si bien el primer grupo de modelos indica que las opiniones y actitudes de los ciudadanos sobre las drogas ilícitas y las políticas públicas para enfrentarlas están relacionadas con factores de tipo individual, creemos que existen variables de tipo contextual que pueden incidir sobre estas opiniones y actitudes. Particularmente, decidimos explorar el papel de factores contextuales relacionados con la inseguridad en los barrios donde viven los encuestados (homicidios, robo de vehículos y robo a personas). La mayor o menor incidencia de la criminalidad en el entorno del ciudadano puede afectar sus opiniones sobre el fenómeno de las drogas. Quienes habitan espacios más inseguros podrían expresar opiniones y actitudes más conservadoras hacia las drogas, pues temen que con una liberalización del consumo o las políticas antidrogas aumente la criminalidad; especialmente si se asocia el consumo de drogas con actos de criminalidad.

Dado que trabajamos con opiniones medidas a nivel individual y datos de criminalidad medidos a nivel barrial, para analizar la relación entre contextos de inseguridad y opiniones y actitudes ciudadanas sobre las drogas ilícitas estimamos varios modelos multinivel. Este tipo de metodología es la más adecuada para trabajar con estructuras de datos que combinan unidades de observación individuales y unidades de observación agregadas (Raudenbush y Bryk, 2002).

Un modelo multinivel o jerárquico de dos niveles funciona como un sistema de ecuaciones, donde en el nivel-1 la variable dependiente es una función de factores de tipo individual. A diferencia de los modelos tradicionales de regresión, en los modelos multinivel una ecuación de nivel-1 es estimada para cada unidad de nivel-2, en este caso para cada barrio (j) incluido en el estudio. Esto significa que tanto el intercepto (β_0j) como las pendientes (β_1j) de la ecuación de nivel-1 varían entre unidades de nivel-2. En el nivel-2, los parámetros (intercepto y pendiente) de la ecuación de nivel-1 son funciones de las variables contextuales o de nivel-2. En otras palabras, en una estimación multinivel las ecuaciones del nivel individual (nivel-1) se encuentran anidadas en el nivel-2, que aquí corresponde a barrios.

El primer paso de los análisis multinivel fue identificar si existía variación de cada una de nuestras variables dependientes entre barrios. Si la variación en las opiniones y actitudes de los encuestados de un barrio a otro es significativa, está variación estaría asociada a factores contextuales, lo cual justifica el uso de una estrategia analítica multinivel. De lo contrario, la variación en las opiniones de los ciudadanos está asociada a factores de tipo individual, lo que haría innecesaria esta estrategia analítica.⁶ En este punto pudimos establecer que únicamente dos de las variables dependientes varían de manera significativa de un barrio a otro. Ese es el caso de la variable que identifica las personas que creen que el ministerio de salud debe ser el responsable de las políticas sobre drogas, y aquella que captura una opinión favorable hacia la legalización de la marihuana. Las demás variables dependientes no varían significativamente entre unidades de nivel-2 (barrios).⁷ Por esta razón, solamente exploraremos la relación entre factores contextuales y opiniones sobre el fenómeno de las drogas para las dos variables mencionadas anteriormente.

El cuadro 2 muestra que los contextos de inseguridad afectan las opiniones sobre sobre la entidad gubernamental que debe encargarse de las políticas antidrogas. Particularmente, aquellos ciudadanos que viven en barrios con una mayor incidencia de robo a personas tienen una menor probabilidad de aceptar al ministerio de salud como la entidad que debe encargarse de diseñar la política antidroga. De la misma manera, quienes viven en contextos afectados por la violencia homicida no aceptan la legalización de la marihuana. En síntesis, las personas que viven en contextos más afectados por la inseguridad expresan opiniones sobre la política antidrogas más conservadoras que aquellos ciudadanos que viven en áreas menos inseguras. Es probable que las personas que viven en contextos más afectados por problemas de inseguridad rechacen una liberalización de las políticas antidrogas, pues, ya sea porque relacionan la inseguridad con la comercialización o consumo de drogas, temen que con ella la inseguridad que afecta a sus comunidades aumente.

4. CONCLUSIONES

Los análisis presentados en este documento permiten formular varias conclusiones. En primer lugar, desde un punto de vista descriptivo encontramos que existen variaciones significativas de ciudad a ciudad en las opiniones y actitudes sobre el tema de las drogas ilícitas. Así, los ciudadanos de Buenos Aires, Ciudad de México y Santiago poseen opiniones y actitudes sobre el tema de las drogas, significativamente más liberales que los entrevistados de Bogotá, La Paz y San Salvador.

Estos resultados deben interpretarse con cuidado debido a que pueden estar afectados por el sesgo de deseabilidad social. Esto quiere decir que en algunas ciudades ciertas actitudes hacia el fenómeno de las drogas pueden estar sancionadas socialmente, de tal forma que las personas responden las encuestas siguiendo lo que se considera socialmente aceptable. Ese podría ser el caso de las capitales de países afectados por el narcotráfico. En estos contextos es esperable encontrar actitudes más conservadoras hacia el fenómeno de las drogas, dado el impacto que han generado las mafias de las drogas en estos países. En el futuro, sería ideal explorar las opiniones de los ciudadanos respecto de las drogas con preguntas que permitan solucionar el sesgo de deseabilidad social.

También, los resultados presentados en este documento demostraron que las opiniones de las personas hacia las políticas antidrogas están significativamente asociadas con: las experiencias personales con las drogas, los contextos sociales, y los valores morales de las personas. Estos resultados coinciden con los hallazgos de estudios previos que analizaron este tema para otros contextos. De manera más específica, encontramos que quienes consideran que las drogas ilegales deben concebirse como un problema de salud pública suelen ser las mujeres, las personas de alto estatus socioeconómico y quienes apoyan el consumo recreativo de la marihuana. El apoyo a la legalización y el uso recreativo del cannabis están positivamente asociados con: haber consumido marihuana, tener actitudes morales liberales, y un entorno en el que hay una alta incidencia de consumo de drogas. De otro lado, el rechazo a la legalización y el uso recreativo del cannabis están asociados negativamente con la edad, la aprobación de las actuales políticas antidrogas y una alta incidencia de homicidios en el entorno del encuestado.

1. Dado el tamaño y selección de la muestra, no existe representatividad en términos de estrato socioeconómico.

2. Este coeficiente mide si existe algún grado de consistencia entre las respuestas de dos o más preguntas.

3. Comparados con los encuestados de clase baja.

4. Comparados con las personas de clase baja, las personas de clase media-alta y alta tienen una probabilidad significativamente más alta de ver el problema de las drogas como un asunto de salud pública.

5. Comparados con las personas de clase baja, las personas de clase media-alta y alta tienen una probabilidad significativamente menor de aceptar que el ministerio de Defensa maneje la política antidrogas.

6. En este primer paso se estimaron los que se conocen como los modelos no condicionales, los cuales predicen la variable dependiente, dentro de cada unidad de nivel-1, con tan sólo un parámetro de nivel-2 (el intercepto β_0j)_. Este tipo de modelo proporciona información acerca de la variabilidad de la variable dependiente para cada uno de los dos niveles (dentro-de-barrios y entre-barrios). Así, los componentes de varianza de este modelo representan la variabilidad de la variable dependiente dentro de cada barrio (σ²) y de barrio a barrio (τ₀₀). Al comparar los componentes de varianza, este modelo permite medir el cambio en la variable dependiente que se puede atribuir a factores de nivel-2 (barriales) versus factores de nivel-1 (individuales), y por tanto proporciona información sobre si los factores de nivel contextual son relevantes para modelar la variable dependiente (Raudenbush y Bryk, 2002, 23).

7. Los modelos no condicionales para todas las variables dependientes pueden ser solicitados a los autores.

ANEXOS

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