http://dx.doi.org/10.15446/anpol.v28n84.54637

ENCUADRES RETÓRICO-POLÍTICOS EN LA LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN COLOMBIA*

POLITICAL RHETORIC FRAMING IN THE LAW OF VICTIMS AND LAND RESTITUTION IN COLOMBIA

Catalina Montoya Londoño**
Maryluz Vallejo Mejía***

* Este artículo forma parte de una investigación patrocinada por la Pontificia Universidad Javeriana, que analiza la cobertura de los medios impresos nacionales y regionales en la promoción de debates sobre las implicaciones de la ley para la paz y el agro en Colombia, en el marco de la Justicia Transicional y en medio del proceso de paz con las FARC que avanza en La Habana.
** Lecturer in International Relations, Department of History and Politics, Liverpool Hope University Liverpool, United Kingdom. Liverpol, Inglaterra. Correo electrónico: montoyc@hope.ac.uk
*** Profesora Titular, Departamento de Comunicación, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. Correo electrónico: maryluz.vallejo@javeriana.edu.co

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RESUMEN

La Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras, vigente desde enero de 2012, es una de las banderas del reelecto presidente colombiano de Juan Manuel Santos para pagar una deuda histórica a las víctimas del conflicto armado. Este artículo identifica los encuadres retóricos en pugna a partir del análisis cualitativo de las estrategias discursivas de los representantes de cinco sectores de la esfera pública (político, gremial, académico, ONG y FARC) en contrapunteo con el Gobierno. El artículo ilustra la contribución de la retórica al estudio de los marcos interpretativos en el caso estudiado, así como la eficacia de los encuadres cuando estos se fundamentan en tropos y figuras retóricas, como la metáfora y la ironía, y cuyos esquemas argumentativos suponen una operación crítica y creativa que contribuye a despejar la verdad.

Palabras clave: Conflicto armado colombiano, Política de tierras, Encuadre retórico, Estrategias argumentativas, falacias

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ABSTRACT

The Law 1448 of Victims and Land Restitution, in force since January 2012, is one of the main flagship programmes of the reelected Colombian President Juan Manuel Santos aimed at settling an historical debt with the victims of the armed conflict. Drawing on qualitative analysis, the article identifies competing rhetorical frames embedded in the discursive strategies of politicians, economic groups, academics, NGOs and FARC. The Article illustrates the contribution of rhetorical analysis to framing analysis. At the same time, it argues for the effectiveness of frames when these are based on tropes and rhetorical figures such as the metaphor and the irony, whose argumentative schemes result from a critic and creative exercise contributing to unveil the truth.

Keywords: Colombian Armed Conflict, Land policy, Rhetorical Framing, Argumentative Strategies, Fallacies

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1.  REFLEXIÓN SOBRE EL MODELO DE ANÁLISIS

Uno de los propósitos teóricos de la presente investigación es explorar convergencias entre la teoría del encuadre o Framing Analysis (Entman, 2004, Goffman, 2006) y de la Teoría de la Argumentación o Nueva Retórica (Perelman, 1989, 1997; Kuypers, 2009). Nuestra propuesta es que si bien la perspectiva de encuadres permite reconocer los paquetes argumentativos de los discursos de los actores políticos, el análisis retórico devela los ‘ganchos afectivos’ que activan la resonancia cultural de los encuadres y aseguran su efectividad. Así mismo, la dimensión retórica permite evaluar la calidad de los debates políticos en términos de los esquemas de razonamiento y las falacias del discurso, lo cual es esencial en contextos de alta polarización política, como el de la implementación de la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras en Colombia, mediante la cual el gobierno espera resolver "una deuda histórica" con las víctimas de la violencia en las zonas rurales restituyendo de dos a tres millones de hectáreas de tierras expropiadas a sus propietarios originales durante el conflicto armado desde el 1º de enero de 1991.

Chaïm Perelman (1997, p. 51), redescubridor de la retórica aristotélica, propuso una nueva retórica o teoría de la argumentación que se instala en la lógica informal propia del razonamiento práctico, cuyos enunciados parten de hechos, valores, verdades y presunciones. Para efectos de esta investigación, valga aclarar que los valores se dividen en concretos y abstractos: los concretos se atribuyen a todo aquello que es cuantificable, medible e intercambiable; los abstractos se asocian con ideas de libertad, justicia, etc. La tierra, valor concreto, representa el statu quo y pone en tensión el discurso de la esfera pública y del Gobierno frente a la nueva ley de tierras. Por ello, aunque la Ley 1448 corresponde a un valor abstracto –entendida como un acto de justicia, verdad y reparación de las víctimas–, el debate real nos sitúa en encuadres que aluden a valores concretos como la tierra, defendida por terratenientes, políticos, empresarios y campesinos.

Tales luchas por la significación nos llevan al problema de los marcos de interpretación, definidos como una idea organizativa formada por un conjunto de artefactos simbólicos y argumentativos que definen eventos, sugieren causas y cursos de acción basados en principios o metas más amplias sobre eventos, problemáticas o actores sociales (Entman, 1993, p. 52; 2004, p. 5; Gamson & Modigliani, 1989, pp. 3-4; Pan & Kosicki, 1993, p. 64).

Los marcos de interpretación funcionan como esquemas cognitivos que filtran y ayudan a dar sentido a la realidad social tal y como ha sido percibida por sus actores. Igualmente, se refieren a las características de textos noticiosos y discursos de actores políticos que reflejan los intereses de los actores que los promueven. Los marcos contienen dispositivos retóricos que se apoyan en la organización jerárquica de los textos, así como en sus estructuras narrativas; despliegan cadenas argumentativas basadas en esquemas de inferencia u operaciones de pensamiento (definir, comparar, contrastar, clasificar, sintetizar, analizar, ilustrar, inferir, implicar, establecer analogías y relaciones causales, predecir consecuencias, formular hipótesis, entre otras (Díaz, 2009, p. 46). Asimismo, utilizan símbolos como tropos y figuras retóricas, dichos y proverbios populares, ejemplos e imágenes visuales que permiten condensar los significados.

Claro que como afirma Francisco José Sánchez (2012, p. 272), el discurso parlamentario no debe su eficacia exclusivamente al uso más o menos brillante de recursos retóricos, sino al armazón que da eje estructural y coherencia argumentativa al discurso garantizando su poder persuasivo. Pero no cabe duda de que la metáfora es una útil estrategia de enmarque conceptual, en particular aplicada al discurso político en tanto permite enmarcar realidades con base en principios morales y políticos, como lo ha evidenciado en sus estudios pioneros George Lakoff (2004, p. 158).

Entendemos con Perelman que la argumentación es la búsqueda de los medios idóneos de persuasión para lograr la adhesión de un auditorio a la tesis propuesta. Allí se instalan los topos—reservorios de argumentos, lugares comunes compartidos culturalmente— al igual que las otras tres nociones inherentes a las prácticas retóricas: ethos (carácter que proyecta el emisor y relación de credibilidad que establece con su auditorio); pathos (pasiones que el emisor moviliza entre el público con su discurso) y logos (razones que fundamentan la tesis o punto de vista). A propósito de la primera de estas nociones, Silverstone nos recuerda que,

En el núcleo de la persuasión y la raíz de la retórica están los tópicos, los topoi, sin los cuales no puede haber conexión ni creación: ni memoria ni invención. Los tópicos son las ideas y valores, marcos de sentido, compartidos y compartibles por hablantes y oyentes […] Convocan un marco de cognición y reconocimiento sin el cual los intentos persuasivos resultan infructuosos. Los tópicos enuncian lo que podría pasar por opinión pública. También dependen de ella (2004, p. 63).

En esta investigación exploramos el modelo de activación en cascada del Framing (Entman, 2003, p. 419) que empieza en el Gobierno Nacional, sigue en los actores políticos, en los medios, los gremios, continúa en la academia, en Organizaciones no Gubernamentales y las FARC para retornar al origen. Según Entman, para activar la cascada y lograr imponer un marco se requieren cuatro factores: motivación, poder, estrategia y congruencia cultural. Si como dicen Rodríguez y Castro (2012, p. 443), la mayoría de los asuntos públicos derivan en una lucha de frames, los actores buscan consolidar su poder mediante una estrategia que consiste en planificar deliberadamente la activación de determinadas asociaciones mentales, contando con un saber cultural compartido (congruencia), entonces también estamos hablando de una activación retórica. En este sentido, proponemos que los dispositivos retóricos conforman los "ganchos" donde se activa la resonancia cultural de los marcos de interpretación.

Esta activación comienza con un análisis retórico de los textos para examinar cómo se elaboran los significados mediante tropos y figuras del discurso y cómo expresan la favorabilidad o la oposición a la ley. Volviendo a Entman, mediante recursos simbólicos y argumentativos se definen eventos, temas y actores, se sugieren causas y se invocan principios para promover ciertas acciones (1993, p. 52; 2004, p. 5).

Jim Kuypers (2010, p. 298), quien ha explorado en años recientes la noción de encuadres retóricos preguntándose cómo las opciones de lenguaje permiten entender un asunto o evento, se enfoca en tópicos emergentes en las narrativas políticas y noticiosas y su encuadre desde la crítica retórica. Su enfoque ha sido no sólo qué se dice en estas narrativas, sino cómo se dice. Para ello, el autor aplica la crítica retórica, que consiste en saber interpretar los artefactos retóricos que operan con símbolos útiles para persuadir a las audiencias y convencerlas, por ejemplo, de que una política podría ser mejor que otra. Cuando se ejerce la crítica retórica mediante el análisis de los artefactos es posible ver cómo opera la persuasión.

Al respecto, y retomando la noción de dispositivos argumentativos de Entman, planteamos que la definición del problema se asimila al esquema de razonamiento por definición o etimología, que busca restituir el sentido original de las palabras. Según la clasificación de Perelman, corresponde a los argumentos cuasi-lógicos que establecen conexiones similares a las de la lógica formal. Para esa redefinición, que puede contrarrestar falacias lingüísticas como los eufemismos o el lenguaje enrevesado para restituir el sentido original de los términos, los autores también suelen echar mano de los tropos y figuras retóricas.

En las atribuciones causales se emplea el esquema de razonamiento por el nexo causal que, en la clasificación de Perelman (1997, p. 90) corresponde a argumentos basados en la estructura de lo real, que remiten a los nexos de sucesión. En esa causalidad se funda la coherencia de la argumentación.

En las recomendaciones de acción se apela al logos y ethos del autor, a la credibilidad que proyecta por su conocimiento del tema. Asimismo, los principios y juicios de valor están regidos por el ethos y pathos del autor con el que se identifican sus lectores e interlocutores. No olvidemos que la retórica es un escenario de intercambio de valores porque se mueve en el ámbito de la moral pública.

Asimismo, en este análisis retórico se evalúa si los encuadres contienen razonamientos ilegítimos o falacias, entendidas como estratagemas y trampas del lenguaje que usan los distintos actores para lograr la adhesión a sus ideas a expensas de la verdad, y que los analistas procuran develar.

Erving Goffman también se refirió a las tramas y fabricaciones para aludir a los encuadres engañosos o "desencuadres" de modo que se induzca a otros a formarse una creencia falsa de lo que está sucediendo. Se trata de un proyecto inicuo, de una trama innoble que –cuando se cumple– conduce a la falsificación de alguna parte del mundo" (2006, pp. 89-90). Explica Goffman que las fabricaciones requieren el uso de un modelo que ya tiene sentido en términos de un marco de referencia primario. Los que Goffman califica de "maquinadores" e "impostores" fueron conocidos como sofistas hace más de 2500 años, cuando Aristóteles puso en evidencia sus artimañas discursivas en el libro Argumentos sofísticos.

A finales del siglo XX, Irving Copi (Nocetti, 1990, p. 14) retomó los dos grandes tipos de falacias: las de atinencia o relevancia (basadas en la forma del razonamiento) y las lingüísticas (basadas en la forma de expresión). A partir de ahí, se han sucedido inventarios de falacias que superan el centenar, pero los razonamientos incorrectos más comunes se pueden sintetizar en una veintena, a saber, en el primer grupo de falacias de atinencia: petición de principio (petitio principii), ad personam o ad hominem circunstancial, falso argumento de autoridad (ad verecundiam), generalización, falacia de composición, falsa analogía, falso nexo causal, apelación a la piedad  (ad misericordiam), apelación a la fuerza (ad baculum), definición persuasiva, falso dilema, apelación a la ignorancia, pendiente resbaladiza, falsa apología y satanización, entre otras. En el segundo grupo de falacias lingüísticas encontramos los eufemismos, la anfibología, la ambigüedad de términos, apelación emocional por el lenguaje, etc.

Según Óscar Nocetti, el análisis de discurso se enfoca en las falacias por la frecuencia con la que aparecen y por su utilidad para develar las argumentaciones mañosas. Aclara que no siempre resulta sencillo establecer en qué caso un argumento es falacia o paralogismo (error involuntario) y dice que para ello es esencial conocer el contexto en que se plantean las cuestiones. "Las argumentaciones escritas exigen –en la medida de lo posible– conocer o discernir la intencionalidad del autor" (1990, p. 13).

La retórica contemporánea estudia el rol de los argumentadores en los debates públicos donde los esquemas o patrones argumentativos están más institucionalizados. "Los patrones, las reglas sobre las que descansan los discursos, posibilitan iluminarlos y reconocer en ellos un determinado campo argumentativo" (Marafioti, 2006, p. 12). Al analista le corresponde descubrir esas reglas de inferencia para comprobar la legitimidad o ilegitimidad de los medios de prueba y para verificar si no se han distorsionado los planteamientos de los contrincantes mediante argumentos falsos o erísticos.

Volviendo a los orígenes de la retórica, que nació en Siracusa en el siglo V (A.C) para resolver los litigios sobre la propiedad de la tierra ante los jurados populares, advertimos que surgió como una necesidad jurídica: enseñar a los litigantes a ganar una causa en favor de los desterrados (Díaz, 2009, p. xi) Desde entonces, la lucha por la tierra ha sido consuetudinariamente una lucha por el poder, y en Colombia ha dado origen a sucesivas guerras desde el siglo XIX. En este sentido, nuestra investigación aporta a una comprensión más profunda del flujo de marcos en el debate público a través del estudio de los dispositivos retóricos usados por sectores clave de opinión en el tema de tierras.

2. METODOLOGÍA

Sobre la base de un análisis documental de comunicaciones públicas de los actores, páginas web institucionales, piezas de la prensa nacional y regional y portales web especializados¹ caracterizamos los encuadres retóricos que han hecho los voceros de seis sectores de la opinión con amplia resonancia en los medios en torno a la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras, desde comienzos de 2011, cuando comenzó la discusión parlamentaria hasta mediados de 2013, cuando se cumplieron dos años de su aprobación.

Los sectores incluidos son: Gubernamental (enfocado en el Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo²), Político (partidos de oposición como el Centro Democrático con el expresidente Álvaro Uribe y el Polo democrático con el senador Jorge Robledo³), Gremial (José Félix Lafaurie, presidente de la Federación de Ganaderos de Colombia); Académico (Alfredo Molano Bravo, cronista y columnista de El Espectador); Organizaciones No Gubernamentales (con el representante de la Corporación Arco Iris) y las FARC.

Este artículo se detendrá en los dispositivos retóricos de los discursos y los relatos sobre la ley de tierras para establecer qué tanto opera la identificación como factor decisivo en la persuasión del público. Esa identificación comienza con la selección de los datos y los mecanismos de enunciación, sobre todo en el uso de figuras y tropos de alta recordación como son la metáfora y la ironía, y en el empleo de dichos y refranes como acervo de la cultura popular. El análisis explora cómo los dispositivos retóricos apoyan los marcos en los discursos de los distintos sectores, teniendo en cuenta las cuatro funciones del Framing, según Entman (1993, p. 52): a) definiciones del problema; b) atribuciones causales o de responsabilidad, c) juicios morales o invocación de principios en relación con el marco promovido; d) acciones, políticas o reformas propuestas. Igualmente, el análisis explora la calidad del debate promovido por estos sectores, con base en la detección de las falacias.

3. SÍNTESIS DE LOS MARCOS RETÓRICOS POR SECTORES

Sector gubernamental

Desde que estaba en discusión en el Congreso, el proyecto de Ley de víctimas y restitución de tierras fue calificado por el gobierno como el proyecto bandera, metáfora que resalta su relevancia en la administración de Santos. Para el conservador Juan Camilo Restrepo, Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural que sacó adelante la ley, los grupos armados ilegales han sido responsables del despojo forzado en la medida en que la tierra ha sido su botín y ha estado en el corazón del conflicto.

Y es que en el discurso del ministro sobresale la profusión de metáforas que logran una conexión inmediata con las audiencias: se refirió a la formalización de los títulos sobre la propiedad de la tierra "para salir de la trampa de la pobreza", y reiteró que no se entregarían tierras improductivas o peladas. Afirmó en varias ocasiones que "la locomotora del agro estaba cogiendo fuerza". Bautizó como titulación express, el procedimiento de restitución en el que el Estado puede entregar tierras por la expedita vía administrativa y no por la judicial. En otra ocasión respondió con una construcción alegórica a partir de la misma imagen de la locomotora: "No vamos a velocidad de crucero, pero la vieja locomotora de la agricultura, que encontramos parada en un taller, la volvimos a sacar a la carrilera y se mueve" (ET, 2013, mayo 11, p. 11). Y ante la violencia contra los líderes de tierras, el ministro emplea otra construcción alegórica con metáforas encadenadas: "La decisión política, inquebrantable del Gobierno, de proseguir con la restitución de tierras ha tenido el efecto de revolver un hormiguero que hasta ahora había estado tapado por la arena de la indiferencia y del cual están saliendo multitud de peligrosas hormigas venenosas" (RC, 2011, marzo 27).

Restrepo acude a la metáfora de la mano negra de la derecha, que no está interesada en asumir el problema de la restitución, y de la izquierda, que descree de las cifras del Gobierno sobre la aplicación de la ley; pero esta metáfora se torna eufemística en su discurso cuando son conocidas las identidades de los enemigos de la restitución. Según él, la ley enfrenta tres enemigos: los violentos, que con hechos de sangre quieren enterrar el proceso; un grupúsculo que busca dejar las cosas como están, y los testaferros (RC, 2011, mayo 12). Por otra parte, se refirió a los asesinos de líderes campesinos como "unos pocos que con hechos de sangre quieren sabotear una política que no tiene reversa" (RC, 2011, abril 26), con lo que incurre en falacia de énfasis minimizando el número de enemigos.

Afirma que la ley tendría en cuenta a todas las víctimas del despojo, "cualquiera sea el pelambre del despojador". Frente a los hostigamientos contra los campesinos, el ministro reafirmó el compromiso del Gobierno con un dicho tras otro: "No vamos a caer en la trampa de generar un clima de desazón para echar atrás, arriar las velas y dejar el compromiso de restituir las tierras a los despojados" (RC, 2011, mayo 12). Y reitera que la política de restitución "no tiene reversa" a pesar de quienes quieren poner "palos en la rueda" al proceso, expresiones que repite como un mantra los dos años siguientes. MinAgricultura defiende este proyecto porque "no es camorrero contra los empresarios honestos que trabajan el campo (RC, 2011, marzo 11), utilizando una sugerente figura de personificación.

La falacia de pensar con el deseo predominó en el discurso del ministro encargado de la ley con variedad de expresiones, como cuando dijo que los procesos de restitución que antes demoraban de 10 a 15 años, ahora serían de año y medio máximo (EC, 2012, febrero 26: 2A). Así como afirmó que la ley pisaría intereses "oscuros y turbios" y que no habría "restituciones a dedo" porque serían los jueces quienes decidieran (EC, 2012, marzo 9: 6A). Pero antes de dejar el ministerio, en mayo de 2013, Restrepo aclaró que en adelante el éxito de la restitución dependería ya no del Gobierno Nacional sino de los jueces agrarios, incurriendo en falacia de desviación de la atención o sofisma de distracción porque los jueces están adscritos a las Oficinas Regionales de Restitución, que a su vez dependen del Ministerio de Agricultura.

Si bien las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos corresponden al encuadre gubernamental del encargado de la cartera de Agricultura, quien siempre acudió a expresiones demagógicas sobre la ley como "un propósito nacional" y un "clamor generalizado" (RC, 2011, enero 24), el mandatario utiliza expresiones retóricas de alto impacto en su discurso. Ante tantos enemigos "de izquierda y de derecha", advirtió coloquialmente que defendería la Ley de víctimas "con alma, vida y sombrero". En ese mismo tono, con expresiones emotivas, se reconoció populista en uno de sus discursos de plaza pública: "Si ser traidor es entregarle a los campesinos desplazados por la violencia su pedacito de tierra para que puedan tener una vida digna me declaro traidor. Si ser populista es enfocar las políticas del Gobierno para que por fin los más pobres puedan ser beneficiados por esas políticas entonces me declaro populista"
(AC, 2012, abril 25). Y reivindicó la ley como una "reforma agraria pero no a punta de fusil sino con la Constitución y las leyes" (EC, 2012, enero 30, p. 3).

Sector político

En este análisis destacaremos a dos líderes de la oposición: Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del partido Puro Centro Democrático, quienes han sido férreos detractores de la Ley 1448 de 2011.

Jorge Enrique Robledo hizo un debate en el Congreso en mayo de 2012 para manifestar que, siendo amigo de la restitución de tierras, consideraba que la política del gobierno Santos era engañosa. Según él, "agrupa varias políticas de tierras, como la titulación de baldíos a colonos, la ampliación de resguardos indígenas, las tierras de la Dirección Nacional de Estupefacientes y la restitución de tierras en un solo paquete. Ese es el truquito" (RS, 2012, mayo 28).

Muy dado al uso de frases coloquiales, pone en duda que el Gobierno Santos vaya a cumplir su promesa bombardeando con cifras amañadas a los colombianos: "Recuerda a las gallinas que ofrecen poner diez huevos, ponen dos, pero cacarean treinta". En mayo de 2012 denunció que el gobierno no había restituido ni una sola hectárea de tierra a las víctimas de la violencia, pero sí había impulsado el libre comercio y la concentración de la tierra remarcando así la paradójica situación (JR, 2012, mayo 29). Por eso le sorprende que MinAgricultura defina esta ley con frases propagandísticas como "verdadera revolución agraria", "un esfuerzo monumental que está cambiando la faz del país", "revolución sin fusiles"; para él definiciones de apelación ad populum. El senador de izquierda subraya con tono indignado que "es un chiste que Santos se exhiba como el presidente de los campesinos y se jacte de estar haciendo la revolución agraria en Colombia" (JR, 2012, febrero 21).

En un debate en el Senado sobre la restitución de tierras expresó con ayuda de la analogía que esta ley "tiene como concepción convertir a los pobres del campo, no en campesinos libres, sino más bien en una especie de siervos, que nos recuerdan las relaciones feudales del Medioevo" (JR, 2012, mayo 29). Continúa definiendo la ley con una seguidilla de metáforas: un fraude, una cascada de mentiras, una ley en el papel, una cortina de humo que ni humo echa (JR, 2012, mayo 29). A propósito del empleo de recursos expresivos, encontramos esta analogía con hipérbole cargada de ironía: "No se ve la plata para hacer esa Ley de Tierras y el gobierno dice que es una locomotora. Si mucho tendrá un Renault 4". Su lenguaje suele ser gráfico, coloquial, y acude a los adjetivos y los tropos para darle mayor expresividad. Utiliza dichos y expresiones coloquiales: "Mucho tilín, tilín, con todas las campanas al aire, y de paletas pocón"; "todo ha sido montado para meterle a la gente gato por liebre (es decir, mostrar como restitución lo que es simple titularización) (JR, 2012, mayo 29).

Para el senador de izquierda, el Gobierno ha manipulado las cifras, como en el caso de la entrega a 304 familias campesinas de la finca Las Catas, en Ayapel (Córdoba), en enero de 2012. En el acto de entrega, el presidente Santos anunció que "tenemos para este año, solamente de aquí al 31 de diciembre, 50 casos como Las Catas". ¡¿Otras cincuenta Catas?!" (JR, 2012, enero 8), pregunta retórica con la que Robledo subraya la regla de enormidad en el discurso de Santos.

Cual analista retórico, desmonta el discurso oficial sobre la ley de tierras, no atacando sus principios —que comparte— sino su reglamentación. Se infiere que para él, la gran falacia que recorre el discurso oficial es la de énfasis porque el Gobierno Santos ha sobredimensionado las cifras, que no se compadecen con los resultados. Atento a los matices semánticos, Robledo aclara que los términos restituir y formalizar no son sinónimos, aunque la oficina de prensa de Palacio los utilice indistintamente (JR, 2012, mayo 29). Subraya así la falacia de ambigüedad del término restitución, que no significa que el campesino recupere la tierra porque la Ley contempla que si en el predio existe un proyecto agroindustrial productivo, el beneficiario de la restitución tendrá que arrendarlo al usufructuario. Sin embargo, el discurso oficial equiparaba el derecho al retorno con la restitución como si tuvieran irrestricta relación causal.

Lo cierto es que el senador del Polo Democrático le amarga el dulce al gobierno con un sistema argumentativo basado en criterios técnicos, cifras, y expresiones cargadas de sentido común.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, senador de la República por el Centro Democrático, desde que se aprobó la Ley de Víctimas dijo que iba a revivir odios contra los empresarios del campo, incurriendo en un falso nexo causal y en una falacia de satanización. Para Uribe, la ley ataca el principio de la confianza inversionista, sagrado en su gobierno. Que los desplazados y despojados recuperen sus tierras es un asunto de justicia que Uribe no discute, pero sí el procedimiento legal para alcanzarlo, y por ello asume la vocería de sectores como el ganadero y el bananero, que se sienten estigmatizados como despojadores ilegales de tierras (EC, 2012, febrero 27, p. 2ª ) , con lo que Uribe refuerza esa falacia de apelación a la emoción (ad misericordiam) de los gremios "afectados".

Para los uribistas con tribunas de opinión, como Francisco Santos, el exministro Fernando Londoño Hoyos y el exasesor presidencial y actual senador, José Obdulio Gaviria, leyes anteriores como la de Justicia y Paz y de Extinción de Dominio definieron mecanismos para expropiar a quienes se apropiaron indebidamente de tierras, por lo que califican con la metáfora de adanismo lo que está haciendo Santos con la ley de tierras. Uribe afirma que la restitución no es un asunto nuevo y que en su administración se restituyeron 5 millones de hectáreas a 223 mil familias (EC, 2012, febrero 27, p. 2ª ).

El exministro de Interior, Fernando Londoño Hoyos, afirmó con tono apocalíptico: "Nos opusimos con todas nuestras fuerzas a la Ley de Víctimas y Tierras, la mayor locura nunca acometida en Colombia, dijimos. Una intención hermosa que nos sepultaría a todos, agregamos" (ET, 2011, agosto 24, p. 15). Tras esta falacia de pendiente resbaladiza con sostenida ironía, se pregunta cuánto valdrá "obra tan bella […] De nuestro lado, insistíamos en que la sola reparación administrativa, dispuesta en veinte millones de pesos por víctima, alcanzaría para dejar quebradas varias generaciones", afirma volviendo a la falacia de pendiente resbaladiza propia de su discurso.

Mediante un título metafórico y de juego de palabras "Ley de guerras" (AC, 2012, febrero 2) dice que Santos es el primero que no cree en la ley de tierras: "Sabe que para quitarle la tierra a los bandidos, en lo que todos le haríamos barra sin concentraciones ridículas, no hacen falta esos alardes. Pero si se trata de quitarle la tierra al que es su legítimo propietario para despojarlo con argucias jurídicas y el uso indebido de la Policía, jamás justificará esa iniquidad con marchitas o concentracioncitas como la de Barranquilla. Para eso se necesita una dictadura tan insensata y destructiva como la de Chávez, su nuevo mejor amigo". Con el uso falaz de los diminutivos para restarle importancia a las marchas campesinas por la restitución y la falsa analogía con el Gobierno de Chávez, Londoño pretende deslegitimar el discurso del adversario.

Cuando Uribe señala que el problema del ministerio de Agricultura, "es que cree que todo el que tiene un pedazo de tierra es mafioso o paramilitar, de ahí se deriva lo demás", comete falacia de énfasis —al exagerar y generalizar la situación— y falacia de apelación a la emoción, porque da a entender que todos los poseedores de tierras son ciudadanos honrados, lo que tampoco es cierto. Para él, las empresas compradoras de extensos terrenos baldíos son terceros de buena fe, con lo que cae en falacia de generalización y en eufemismo por ocultar la existencia de poderosos expropiadores.

En general, subyace una falsa apología en la retórica de la derecha que representa el líder del Centro Democrático, quien en lugar de hacer propuestas en relación con la nueva ley, se dedicó a reivindicar las políticas del agro de su gobierno.

Gremios

José Felix Lafaurie, presidente de Fedegán (gremio ganadero que posee 38 millones de los cerca de 44 millones de hectáreas del campo y que representa a unos 400.000 ganaderos), manifestó desde el comienzo del debate que su gremio no se oponía a la ley porque los ganaderos eran víctimas y no victimarios, y el Estado tenía una deuda con ellos. Como se ve, un discurso de fuerte apelación a la emoción (ad misericordiam) donde también comete falacia de accidente o composición porque pide aplicar principios o reglas de carácter general a situaciones que son atípicas y deben considerarse de modo particular. Esta inversión de los términos –de presuntos victimarios a víctimas– será redundante en su discurso. Opina que el mayor peligro para los ganaderos son las falsas víctimas (los avivatos apoyados por las ONG), haciendo un señalamiento o ataque ad personam a estas organizaciones sociales por prejuicios y estereotipos.

Una y otra vez alude a la estigmatización de su gremio apelando a la piedad. "Hay quienes piensan que los ganaderos somos unos ricos paramilitares y eso es totalmente falso (ET, 2013, enero 20, p. 2). Según Lafaurie, desde la vigencia de la Ley 1448, "6.554 ganaderos han acudido a Fundagán por extorsión, abigeato, desplazamiento, secuestro y homicidio" (EC, 2012, diciembre 9, p. 36). Cabe recordar que Fundagán es la Fundación Colombia Ganadera dedicada a las víctimas del gremio, que presidía María Fernanda Cabal, esposa de José Félix Lafaurie y actual Senadora de la República del Centro Democrático. Incluso, Lafaurie califica de "genocidio" y despojo masivo lo que las Farc han hecho con los ganaderos ante la indolencia del Estado (2012, diciembre 28: web). Por ello habla de realizar una cruzada para llegar a las víctimas del gremio en todo el país (EC, 2012, julio 7, p. 36). Niega las acusaciones de voceros de la izquierda para quienes los ganaderos financiaron la formación y expansión paramilitar y dice que esos críticos hacen falsas generalizaciones, que enlodan el buen nombre de ganaderos honestos.

A propósito de la no asistencia de Fedegán al Foro de Desarrollo Agrario convocado por la Universidad Nacional y la ONU entre el 17 y el 19 de diciembre de 2012 en Bogotá para discutir el primer punto de la agenda del proceso de paz, Lafaurie reiteró que el gremio apoyaba la ley sin reservas, pero "una cosa es la ley y otra la realidad en que esta va a ser aplicada. En ese limbo, el gobierno de Santos anda atrapado" (RS, 2012, abril 16, pp. 50-51). Además, sostiene que la política de tierras no se debería discutir con la guerrilla, para él responsable de la destrucción del campo.

Aunque reconoce que la ley reivindica derechos innegables para las víctimas, entre las cuales se cuentan las del gremio ganadero, víctima de las FARC, considera que su priorización se ha hecho en detrimento del crecimiento económico y de la confianza inversionista. En segundo lugar, critica la ley en términos procedimentales y se refiere metafóricamente a la titulación de baldíos como un bulto de anzuelos (EC, 2013, junio 24, p. 23).

En el Congreso de Fedegán, realizado en Santa Marta a finales de noviembre de 2012, Lafaurie antepuso una falacia de apelación a la piedad (ad misericordiam) a una sonora expresión seguida por una falacia de petición de principio: "No quiera Dios que hoy, los ganaderos tengamos que tragarnos el sapo de una reforma agraria impuesta por las Farc" (RS, 2012, diciembre 15, p. 88).

Para el presidente de Fedegán, más que entregar títulos —que no alivian la pobreza— hay que llevar al campo vías, escuelas, salud, crédito, vivienda, justicia, asistencia técnica e insumos, como dice demagógicamente, incurriendo en apelación ad populum. Este argumento lo recoge en una carta dirigida al negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de La Calle (2013, junio 26), para que el Estado también reconozca a los ganaderos como sociedad civil víctima del despojo y con derecho legítimo a reclamaciones, y admita que "lo que aquí se llaman latifundios en realidad son minifundios", afirma con una falacia de definición persuasiva, a la que añade dos falacias de negación del antecedente cuando declara que no hay problema de concentración de tierras en Colombia ni existe el ejército antirrestitución.

Academia

Alfredo Molano, sociólogo y periodista que conoce las causas y manifestaciones del conflicto armado en cada palmo del territorio colombiano, duda de que el Establecimiento vaya a hacer cumplir la Ley de Tierras considerando, como dice él, que la guerra en Colombia se hace para mantener el statu quo. "El Gobierno de Santos ha jugado la carta de las víctimas y poco a poco se muestra más decidido a devolver a sus dueños legítimos la tierra usurpada, pero ahí, en Córdoba, en Urabá, en Cesar, tierras ubérrimas, están los ejércitos antirrestitución asesinando campesinos" (así como los Urabeños y los Rastrojos) (EE, 2013, abril 14, p. 35). Con la alusión metafórica a tierras ubérrimas —como se llama la hacienda ganadera del expresidente Álvaro Uribe Vélez — deja sentir ese tono irónico que acompaña su discurso.

Si algo caracteriza los escritos de Molano Bravo es el contexto histórico, el permanente ejercicio de memoria en estos relatos de país en los que recoge la memoria individual y colectiva, por lo que su esquema de razonamiento dominante es el nexo causal. Utiliza a menudo el razonamiento silogístico que hace más convincentes sus tesis. Por ejemplo: Si todos los intentos de reforma agraria han fracasado (desde Alfonso López Pumarejo en 1936) y han terminado convertidos en titulación de baldíos para no tocar las tierras de los latifundistas, pronostica que pasará algo muy parecido con las tierras que el gobierno logre restituir en el actual proceso (EE, 2012, diciembre 16, p. 31.) Una vez devuelto y titulado el predio, el campesino puede entrar en una de esas siniestras alianzas productivas (que lo convierten en jornalero en sus propias tierras) o tendrá que venderle —a las buenas o a las malas— a un gran propietario de la zona. "En cualquier caso, la titulación es una forma de intermediación para que todo siga igual"⁴, afirma con una definición irónicamente persuasiva.

Asimismo, utiliza el razonamiento causal en un encadenamiento argumentativo inexpugnable gracias a la fuerza de las evidencias, que suele derivar en acertadas predicciones. Para él está claro que el eje de la guerra es la tierra, la misma que se sigue concentrando: "El campo ha sido un campo de batalla donde se juega la guerra desde hace 65 años […] En el campo —sobre todo en las zonas de colonización— la sangre sigue corriendo; la coca ha sido sustituida por la extorsión que implica a todos los actores armados. Es el alimento regular de la guerra irregular" (EE, 2013, abril 7, p. 33). Por eso considera que pedir la restitución en zonas conflictivas como Urabá es un suicidio (EE, 2012, octubre 14, p. 22).

Molano explica el problema de la titulación con la metáfora de una cadena que va diluyendo el testaferrato desde el que usó la motosierra —utilizada por los paramilitares para el desmembramiento de sus víctimas a fin de impedir la identificación— hasta el titular de la tierra. De este modo, a medida que aumenta la cadena, aumenta la buena fe y disminuye la criminalidad, con lo cual apoya la propuesta del gobierno de clarificar los títulos. Sin embargo, el Gobierno no tiene armas para oponerse a la buena fe que alegan los tenedores (razonpublica.com, 2012, junio 19: web). El problema mayor que le ve a la aplicación de la Ley de Tierras es la conformación de la trinca formada por el uribismo, la gran ganadería latifundista y el poder creciente de los Urabeños, banda criminal conformada tras la desmovilización de las autodefensas. Esta metáfora de la trinca es reiterativa en los escritos de Molano, para quien los responsables de los hechos no suelen actuar solos.

Al evaluar las propuestas de las FARC en La Habana, Molano Bravo celebró que su discurso fuera más flexible porque ahora hablan de lo socioambiental y lo territorial. Y sintetiza así el discurso: "Las FARC saben que el Gobierno está atrapado como un mosco en la telaraña jurídica tendida por el latifundio y que se inclina más hacia la formalización de la propiedad que hacia la restitución de tierras" (EE, 2013, enero 20, p. 29). Otra vez la cadena de metáforas en construcción alegórica. Y pronostica en el mismo artículo con ironía: "Si Santos cede a los dueños de Urabá, también se irán a pique sus promesas y ‘no bajará tranquilo al sepulcro’" (en alusión a la promesa que hizo a los colombianos cuando anunció su programa insignia).

Molano Bravo es hábil para señalar las falacias de sus adversarios ideológicos. Frente a la primera restitución que hizo el presidente Santos antes de que entrara en vigencia la ley, citó a Fernando Londoño Hoyos: "Las Pavas significan, para este millonario abogado, la prueba adelantada de la Ley de Tierras. O, como él mismo dice: la cuota inicial de un proceso de violencia que —vocifera— nos va a llevar hasta la guerra de los Mil Días (falacia ab ovo del exministro). Su argumento es venenoso: en vez de aplicar la Ley de Extinción de Dominio, que permite quitarles la tierra mal habida a los bandidos, ahora, con la Ley de Tierras, se la van a quitar a los legítimos propietarios y por eso la llama Ley de Guerras" (EE, 2102, diciembre 12: 39). Desnuda así Molano esta falacia de alegación tendenciosa para desviar la atención sobre el meollo del asunto: que los latifundistas se hicieron a muchas tierras por la vía del despojo.

Organizaciones No Gubernamentales

León Valencia, director de la Corporación Arco Iris hasta marzo de 2013, duda de que la Ley de Tierras sea una "revolución agraria", como la anunció el presidente, porque no hubo una alianza con la sociedad civil y difícilmente ve que se vayan a cumplir las metas de reparación para el año 2022. El analista tiene dos grandes preocupaciones frente a la política: 1) que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario apenas inició su trámite en el Congreso a comienzos del 2010 (y a la fecha no ha entrado en la agenda legislativa), 2) y que no se adoptó la vía administrativa para la restitución, por lo que el proceso judicial implica grandes dificultades y riesgos para los campesinos, sobre todo por la nube de abogados que acompaña a los usurpadores de tierras (RS, abril 2, p. 50), metáfora con la que alude a los verdaderos beneficiarios de la ley.

Para él, reinsertado de la Corriente de Renovación Socialista (CRS) e investigador del paramilitarismo en Colombia, la reforma agraria comienza por la restauración y la reconciliación en el marco del proceso de paz. Por eso antes de que entrara en vigencia la Ley de Tierras citó una frase de Gandhi, como argumento de autoridad: "Lo que se conquista con violencia, se defiende con violencia", refiriéndose a los despojadores que podrían desatar una defensa jurídica y política y violenta.

Desde que se comenzó a discutir la ley de tierras, manifestó sus dudas frente a la denominación de "tenedores de buena fe", refiriéndose a quienes terminaron como propietarios de tierras arrebatadas o abandonadas en zonas rurales bajo la intimidación del paramilitarismo. Desnuda así una falacia lingüística (eufemismo), para ocultar la realidad. También devela una falacia de énfasis en el discurso gubernamental, que minimiza el poder de las élites del campo y sus aliados naturales: los paramilitares.

Su estrategia discursiva en las columnas es hacer memoria del contexto histórico de las autodefensas y de la colaboración que les dieron empresarios, políticos, militares, funcionarios del Estado y parte de la sociedad (RS, 2012, abril 7, p. 62). En todos sus pronunciamientos ha sido valiente al afirmar que en la corporación que lidera saben con nombre propio quiénes están haciendo una cruzada para oponerse a la restitución (RS, 2012, abril 9: web), aunque el Gobierno prefiera referirse con eufemismos a manos negras de la ultraderecha y la izquierda a enemigos soterrados, pero ya es hora de descubrirlos mediante labores de inteligencia y desenmascararlos. Al igual que Molano, considera que "Urabá es el corazón del despojo de tierras", utilizando una metonimia (la parte por el todo).

Identifica como los principales enemigos de la restitución a José Félix Lafaurie y a Álvaro Uribe Vélez. En una columna sobre Fedegán se va lanza en ristre contra su líder, mencionando sus vínculos con el paramilitarismo y su férrea campaña contra la restitución de tierras, aunque ni el gobierno nacional ni las autoridades judiciales se atreven a investigarlo (RS, 2012, mayo 12, p. 88).

Por lo anterior, Valencia considera que para alcanzar los propósitos de la ley es necesaria una transformación radical del aparato administrativo, del Ministerio de Agricultura y del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y "meterle mano a los ganaderos, principales poseedores de tierras usurpadas o acaparadas en los largos ciclos de violencia del país" (RS, 2012, abril 2, p. 50). "O se pacta con los grandes terratenientes o se los doblega, no hay otra alternativa", dijo en una de sus columnas utilizando su característico lenguaje coloquial y planteando el indiscutible dilema que le queda al Gobierno.

FARC

Para las FARC, que desde su creación hace 50 años han pregonado la "revolución agraria", esta política del presidente Santos Calderón deja muchas dudas, y algunos ideólogos del grupo insurgente la denominaron "farsa derechista". En respuesta, el presidente afirmó que las FARC se oponían a la restitución de tierras porque "les quitamos el discurso según el cual la tierra es para los campesinos". Aun así, en la mesa de diálogo de La Habana, el equipo negociador del Gobierno firmó con el grupo guerrillero el primer punto del acuerdo sobre tierras en mayo de 2013.

Antes de comenzar los diálogos, el vocero de las FARC, ‘Mauricio Jaramillo’, dijo en entrevista a El Espectador: "El gobierno tiene una ley de tierras y cree que ahí está contenida nuestra reforma agraria, pero nosotros creemos que el asunto va más allá. Se necesitan cinco reformas agrarias para solucionar el problema", utilizando la hipérbole para subrayar su intención (EE, 2012, septiembre 23, pp. 10-11). Sin aceptar sus responsabilidad en el despojo, las FARC fijaron posición frente a la tierra, que "propende por un manejo de interrelación humanidad-naturaleza, que entraña respeto a la tierra, a las aguas, a la flora, a la fauna, elementos todos de la espacialidad […] Nuestra concepción tierra-territorio se opone al desafuero del capitalismo por dominar y manipular la naturaleza sin medir o sin que le importen las consecuencias, que ya han generado irreparables daños" (ET, 2012, octubre 29, p. 2), declaración con carga simbólica por el uso de la personificación, pero también falaz y cínica porque no existen tales nexos de coexistencia de las FARC con la naturaleza (siembran minas antipersona, contaminan el agua, destruyen los recursos naturales, etc).

En el discurso de instalación de la mesa de diálogo en Oslo (Anncol, 2012, octubre 19: web), el comandante Iván Márquez culpó a los terratenientes y grupos económicos locales, así como las transnacionales por el desplazamiento forzado de campesinos y el despojo. Y señaló que la ley de restitución estaba entregando baldíos codiciados por los grupos económicos y las multinacionales vampíricas.

Según reveló el Gobierno, en los computadores de Tirofijo —Manuel Marulanda Vélez, fundador de las FARC^—, encontraron evidencias de las fincas que tenían los dirigentes del grupo guerrillero. Frente a esas denuncias no hubo pronunciamientos de las FARC. Meses después, ‘Mauricio Jaramillo’ reconoció que el Bloque Oriental tenía tierras y ganado. Alias ‘El Médico’, del equipo negociador, aceptó que sí tenían unas tierras, poquitas (litote) en el páramo de Sumapaz, pero que las habían vendido y ahora las estaba comprando el Estado para venderlas a las multinacionales (EE, 2012, septiembre 23, pp.10-11). Asimismo, reconoció que eran dueños de tierras en Caquetá y Meta, donde han tenido ganado, pero que no fueron expropiadas ni robadas. "Era una directriz de Marulanda que debíamos pagar las tierras. Somos dueños de pedacitos de tierra y de poco ganado, unas reses que se consumen y se reemplazan, entre otras cosas porque el ganado no es negocio", afirmó incurriendo en apelación a la emoción y falacia de énfasis para minimizar el asunto. Incluso, antes de la apertura del proceso en Oslo, El Tiempo publicó un completo informe sobre despojo de tierras que no quieren reconocer las FARC (2012, octubre 28, p. 2).

Asimismo, Iván Márquez incurre en falacia de énfasis cuando ante el señalamiento que hizo el Gobierno a las FARC por el despojo de tierras, reduce todo a "manipulaciones mediáticas" y cuando les preguntaron en La Habana si estaban dispuestos a devolver las tierras despojadas, contrapreguntó: " ¿Cuáles tierras ? ", evidente sofisma de distracción remarcado con cinismo. Márquez, el ideólogo más dado a los recursos retóricos, habló de liberar 20 millones de hectáreas de ganadería para proyectos productivos (EE, 2013, febrero 7) utilizando una metáfora del lenguaje bélico, como si la tierra fuera su secuestrada o "retenida".

La siguiente tabla sintetiza los marcos retóricos y estrategias argumentativas utilizadas por los sectores en pugna: TABLA 1

CONCLUSIONES

Si bien ninguno de los actores involucrados en el debate desconoció el espíritu humanitario de la ley y la necesidad de reparar a las víctimas de la guerra, todos señalaron los vacíos de la que Santos ha llamado "la gran revolución agraria", y sus efectos contraproducentes en medio de un conflicto que no ha cesado, aunque la ley se instala en el marco de la justicia transicional (postconflicto).

Comprobamos que el discurso de la Ley de Restitución de Tierras está sembrado de metáforas convencionales, entre las cuales sobresale la de la tierra como el corazón del conflicto armado, empleada por los actores políticos, los académicos y el Gobierno. También como botín de guerra, bolsa de anzuelos y cortina de humo, usadas por varios actores, quienes coincidieron en la necesidad de crear alianzas productivas, aunque las condiciones de esas alianzas cambian según el proponente, así como se califica a los compradores de buena fe o mala fe –según la orilla ideológica– y se habla de cruzada de los ganaderos para reivindicar su condición de víctimas, y de anticruzada de sus opositores. Creemos que los encuadres más eficaces son aquellos que se fundamentan en tropos y figuras retóricas, como la metáfora y la ironía, y cuyos esquemas argumentativos suponen una operación crítica y creativa que contribuye a despejar la verdad.

En la revisión de los argumentos de parte y parte se constata la tendencia muy extendida en nuestra cultura política de emplear el lenguaje figurado para nombrar y calificar hechos y personajes. Y esa propensión garantiza la inmediata adhesión a las tesis por parte de audiencias que responden de manera automática a un lenguaje simbólico, el cual, a manera de topois aristotélicos, encierra matrices de sentido y compendia la historia del conflicto armado.

Así puede constatarse en la relación pormenorizada de los encuadres retóricos de los seis actores concurrentes en el debate, donde se presenta un fenómeno curioso de alineamiento ideológico frente a la ley en el cual los distintos actores entran en pugna con el Gobierno Nacional. Con la particularidad de que enemigos acérrimos quedaron en el mismo bando, como el expresidente Álvaro Uribe y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, con el senador Jorge Robledo y el académico Alfredo Molano, ambos de izquierda. Y si bien podría presumirse que estarían del mismo lado en razón de la circunstancia histórica del proceso de paz que se adelanta en La Habana, al menos en términos del discurso, las FARC no se alinearon con el Gobierno. Sus representantes expresan posiciones críticas frente a la ley, aunque hayan coincidido en los derroteros del primer punto de la mesa de diálogo sobre el acuerdo agrario.

En los discursos a favor de la Ley predomina el tono populista y las falacias ad populum, acompañadas de pensar con el deseo, mientras en los discursos en contra sobresalen las falacias de pendiente resbaladiza, de falso nexo causal y de ataque ad personam.

Las posiciones fueron mudando a lo largo del debate, en un periodo de año y medio que comprendió la muestra de análisis. Si bien en un comienzo la voz cantante de los gremios, José Félix Lafaurie y el líder de la oposición, Jorge Robledo, manifestaron su apoyo a la ley –el primero porque reconocía la condición de víctimas de los ganaderos y el segundo de las víctimas del desplazamiento armado–, con el paso del tiempo se convirtieron en críticos implacables debido a sus vacíos conceptuales, falta de instrumentos y de financiación. En este sentido se confirma la teoría de Goffman sobre las reenmarcaciones de los hechos dado que los marcos son objeto de revisión constante.

De otra parte, el fenómeno de la polarización política que se vive en Colombia lleva a que en la síntesis de los marcos retóricos las definiciones de la ley sean opuestas, así todas funcionen como contramarcos del marco oficial.

En relación con la calidad del debate propuesto, llama la atención la profusión de falacias en el discurso del Puro Centro Democrático y de los gremios, en particular el ganadero, en comparación con otros sectores. Ello se explica por un discurso altamente defensivo respecto al tema de la tierra y de la responsabilidad de los empresarios en el despojo. En este sentido, la Ley 1448 y el proceso de paz han sido vistos como amenazas al statu quo y la concentración de la tierra, lo cual explica la carga defensiva y ofensiva de la derecha frente a la implementación de la ley. Mientras tanto, otros sectores intentaron develar las falacias en el discurso de sus adversarios, en un ejercicio más racional, pero menos efectivo que la apelación emocional.

Las limitaciones del presente análisis radican en su naturaleza cualitativa. El análisis de encuadres retóricos no es un método científico, sino interpretativo que, siguiendo a Kuypers (2009, p. 372), comienza con la intuición del crítico y su reacción instintiva frente al artefacto retórico. Pero permitió demostrar que cuando un gobierno democrático promueve la aplicación de una ley de alto impacto social, como la de restitución de tierras, la tendencia de los distintos sectores de la opinión es a adherir a los principios que la fundamentan, pero a discrepar en todo lo demás de la postura oficial para preservar los linderos ideológicos, tan inamovibles como los cercos de la tierra.

Y es que los encuadres retóricos apuntalados en figuras retóricas a fuerza de multiplicarse en los medios de comunicación se legitiman e institucionalizan, así como los encuadres sesgados por falacias tienen la misma fijación en la memoria ciudadana. Concluimos entonces que los marcos anti-oficialistas —de derecha y de izquierda— tienen mayor fuerza argumentativa que los oficialistas, que en Colombia suenan a promesas inalcanzables.

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Fecha de recepción: 24/09/2014 Fecha de aprobación: 5/02/2015

Notas

1 El corpus de prensa consultado para este artículo abarca piezas de los periódicos nacionales El Tiempo (ET) y El Espectador (EE); la revista Semana (RS), el periódico regional El Colombiano (EC) y la agencia de noticias Colprensa (AC). Los portales web incluyen verdadabierta.com., razónpublica.com, ciendias del Cinep, lasillavacia.com

2 Para las respectivas citas de la Red de Comunicaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se utilizará la convención RC.

3Los comunicados de la oficina de prensa del senador Jorge Robledo aparecerán con la convención JR.

4 PENDIENE CITA???