http://dx.doi.org/10.15446/anpol.v28n85.56244

EL GOBIERNO DE JUAN MANUEL SANTOS 2010-2015: CAMBIOS EN EL RÉGIMEN COMUNICATIVO, PROTESTA SOCIAL Y PROCESO DE PAZ CON LAS FARC*

THE JUAN MANUEL SANTOS ADMINISTRATION 2010-2015: CHANGES IN THE COMMUNICATIONS SYSTEM, SOCIAL PROTEST,AND THE PEACE PROCESS WITH THE FARC

Fabio López de la Roche**
** Historiador. Analista cultural y de medios de comunicación. Doctorado en Literatura Latinoamericana y Estudios Culturales de la Universidad de Pittsburgh, Pennsylvania. Director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales–IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá- Colombia. Miembro del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia.

RESUMEN

Poniendo de presente las articulaciones entre la comunicación, los medios, el periodismo y la democracia y el autoritarismo, con especial interés por los temas de la cultura política, el artículo presta atención a las relaciones entre el sistema político y el régimen comunicativo y a las maneras como el periodismo y los medios se relacionan desde el punto de vista informativo, con la protesta social y con el cubrimiento noticioso del proceso de paz en Colombia.

Palabras clave: Régimen comunicativo, proceso de paz, Colombia.

ABSTRACT

Considering the articulations between communications, the media, journalism, and democracy and authoritarianism, with special interest in issues of political culture, this paper weighs the relationships between the political system and communications system and the ways in which journalism and the media are related from an informational perspective with social protest and news coverage of the peace process in Colombia.

Keywords: communications system, peace process, Colombia.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo intenta analizar, de un lado, la herencia de cultura política recibida de los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez por el nuevo gobierno de Juan Manuel Santos. De otro lado, llamar la atención sobre los replanteamientos llevados a cabo en la transición del gobierno de Uribe Vélez al de Juan Manuel Santos en el "régimen comunicativo". Un tercer aspecto que será analizado en el artículo se relaciona con las grandes movilizaciones sociales ocurridas bajo el gobierno Santos. Es importante analizar estas movilizaciones y las respuestas gubernamentales, en la medida en que permiten imaginar posibles tensiones alrededor de importantes demandas ciudadanas que muy probablemente van a emerger en el contexto del posconflicto armado, si el actual proceso de paz de Santos con las FARC logra en el 2016 un acuerdo final y la dejación de armas por parte de esa guerrilla. Un cuarto tema tiene que ver precisamente con el análisis del desarrollo del proceso de paz con las FARC y los diálogos de La Habana, sin lugar a dudas la política más importante del gobierno de Juan Manuel Santos en estos cinco años de sus dos gobiernos.

El sociólogo chileno José Joaquín Brunner, estudioso de la cultura, la educación y la comunicación, ha desarrollado el concepto de "régimen comunicativo" (Brunner, 1988: 45-57 y 65-78), aplicándolo al análisis de tres períodos consecutivos de la historia chilena que evidencian transformaciones y diferencias sustanciales en las formas y contenidos políticos y culturales que caracterizan las modalidades de articulación de los medios de comunicación con el régimen político y con la puesta en escena y la concepción de la comunicación por parte del gobernante de turno en un período determinado.

El concepto, que Brunner usa para caracterizar y precisar las diferencias entre el "régimen comunicativo" del gobierno demócrata-cristiano de Eduardo Frei, entre 1964 y 1970, el de la "Unidad Popular" de Salvador Allende, entre 1970 y 1973, y el del régimen dictatorial de Pinochet entre 1973 y el plebiscito de 1980, nos resulta muy útil para caracterizar las modalidades predominantes de la comunicación pública y de la puesta en escena personal de los mandatarios, durante sus períodos de gobierno.

I. LA HERENCIA DE LOS GOBIERNOS DE ÁLVARO URIBE VÉLEZ (2002-2006 Y 2006-2010)

Un aspecto significativo en la evaluación de las democracias latinoamericanas se relaciona hoy con la manera como los presidentes conciben la comunicación gubernamental, los derechos de la oposición, y su relación en tanto gobiernos y en tanto mandatarios, con los medios de comunicación y con el periodismo. En el tipo de comunicación que construya un mandatario, hay elementos para valorar su visión del poder, de la democracia, del pluralismo, y de los derechos comunicativos de la oposición. Postularemos aquí que estos elementos son tan importantes para la evaluación de la calidad democrática del sistema político y de los gobiernos, como lo pueden ser la independencia del poder judicial, o del Congreso frente al Ejecutivo, o la existencia de elecciones verdaderamente competitivas.

Nos referiremos a continuación a los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez en Colombia que podríamos ubicar como inscritos en un tipo de populismo de derecha. Independientemente de su orientación política claramente derechista, por no decir de ultraderecha, el caso de Uribe Vélez puede expresar tendencias en la cultura política latinoamericana, que no se circunscriben necesaria y estrictamente a ese tipo de orientación político-ideológica¹.

El presidente Uribe Vélez hizo de la propaganda la modalidad dominante de su comunicación gubernamental, privilegiando audiencias y medios masivos como la televisión y la radio, en perjuicio de la prensa y de lenguajes y públicos más reflexivos y argumentativos.

La propaganda, que tiende a funcionar como tipo de comunicación y dispositivo retórico unilateral y orientado a la persuasión, se tradujo durante sus ocho años de gobierno en la producción reiterada de un mensaje gubernamental insistente en que "el país está cada día mejor", "la guerra contra la guerrilla se está ganando", y en cuanto a las FARC, la repetición de la idea de que "estamos en el fin del fin".²

Una instancia central de su comunicación gubernamental fueron los llamados "consejos comunitarios", reuniones con comunidades e instituciones regionales y locales para discutir necesidades y determinar inversiones en obras y proyectos. Los "consejos comunitarios" o "consejos comunales" se convirtieron en un espacio personalista y populista de comunicación, a los cuales el presidente llevaba a sus ministros a rendir cuentas ante la ciudadanía, donde los regañaba y los examinaba en público en cuanto a sus gestiones y las cifras que las soportaban, en modalidades tan marcadas de imposición jerárquica de su autoridad, que se llegó a decir popularmente que "Uribe no tenía ministros sino viceministros". En esa puesta en escena semanal que se extendía en jornadas de ocho y hasta 12 horas transmitidas por la televisión pública en un copamiento excesivo del tiempo de la parrilla de programación de la televisión pública, el presidente Uribe era la estrella principal de la película y a él se debían los proyectos de inversión y el progreso de las regiones. Desde su discurso y en el ejercicio de esa micropolítica, aparecía además como un líder moral y un luchador ejemplar contra la politiquería y la corrupción.

Podríamos definir, con el lingüista ruso Mijail Bajtín, el régimen comunicativo uribista como un régimen "monológico" o "monoglósico" (una sola voz), frente a uno "heteroglósico", constituido por diversas voces (Bajtín, 1993). O con Fred Evans, podríamos caracterizarlo como un régimen "oracular". Evans, en diálogo con la conceptualización bajtiniana, denomina "oráculos" a distintas formas de comunicación paternalistas, verticales y unilaterales donde el otro no cuenta o está simplemente concebido como siervo o súbdito (Evans, 2008). El carácter monoglósico y monológico de la comunicación de Uribe Vélez que ignoraba con desdén o aplastaba implacablemente a las esporádicas voces críticas u opositoras que aparecían en ocasiones en los consejos comunitarios, se podría caracterizar perfectamente con otra expresión acuñada por el lingüista ruso para denominar el principio monológico, cual es la de "voces dominantes, reconocidas y altisonantes de la época" (Bajtin, 1993: 128-129), que apañan a otras voces que intentan también ser escuchadas.

En la producción de ese régimen comunicativo monológico tuvieron un papel central el discurso gubernamental y el discurso de los noticieros de TV. Ese discurso gubernamental, con el apoyo de los grandes medios de comunicación y en particular de los noticieros de los canales privados de televisión RCN y Caracol, subordinados interesadamente a las posiciones discursivas oficiales³, desarrolló durante los ocho años del uribismo lo que podríamos denominar una homogeneización y una "redefinición afectiva de la opinión pública"⁴ desde la producción de un singular "nacionalismo antifariano", relacionado con la definición discursiva de las FARC como el enemigo #1 de los colombianos⁵. Este nacionalismo antifariano que catalizaba y usufructuaba los sentimientos de odio y rechazo de los colombianos hacia las reiteradas prácticas de secuestro y extorsión de las FARC, y hacia la arrogancia y la soberbia militaristas demostradas por esa guerrilla durante el frustrado proceso de paz con el gobierno Pastrana (1998-2002)⁶, actuaba eficazmente a través de una polarización rentable de la opinión, en la medida en que el presidente Uribe clasificaba automáticamente a políticos, intelectuales y periodistas críticos u opositores a su gobierno, en la categoría de simpatizantes de las FARC o de "cómplices del terrorismo".

Si bien hay que reconocer que la política militar de Uribe Vélez fue eficaz en la lucha contra la insurgencia de las FARC, a la cual expulsó del departamento de Cundinamarca y de las proximidades de la capital, golpeándola severamente en su capacidad ofensiva; y también en la penetración de zonas selváticas de la Orinoquia y la Amazonía colombianas donde los campamentos y las posiciones de la guerrilla eran anteriormente considerados inexpugnables; si bien hay que aceptar también que esa política contra las FARC contribuyó a recuperar la confianza de los inversionistas extranjeros en el país y de los propios colombianos para transitar por las principales troncales luego de muchos años de inseguridad y de temor por un potencial secuestro guerrillero, hay que anotar también que ese discurso diario de confrontación polarizante produjo en esos ocho años de gobierno un profundo deterioro de la confianza entre distintos sectores de la población. Familias enteras, amigos y compañeros de trabajo terminaron divididos, o con la conversación sobre política tácita o explícitamente prohibida en los hogares y sitios de trabajo, en virtud de ese discurso oficial de buenos y malos, de amigos y enemigos.

Podríamos afirmar que el presidente Uribe, cosechando una amplísima popularidad entre los colombianos en virtud de su decidida y eficaz lucha contra la guerrilla de las FARC, hizo un uso perverso de esa autoridad, varias veces lindando no sólo en lo indebido sino en lo delictivo, para estigmatizar reiterativamente desde su discurso público a críticos y opositores, para interceptar ilegalmente los teléfonos de periodistas, magistrados, intelectuales y políticos considerados como enemigos; y para organizar campañas de desprestigio contra los magistrados de la Corte Suprema que develaron las relaciones de colaboración y complicidad entre los jefes de los grupos paramilitares de ultraderecha y miembros del Congreso y abrieron procesos judiciales que llevaron a la cárcel a más de 50 parlamentarios entre senadores y representantes a la Cámara⁷.

Uno de los casos más graves fue el del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que bajo la dirección de Jorge Noguera, nombrado directamente por el presidente Uribe, le pasaba a los jefes de los grupos paramilitares operantes en los departamentos de la Costa Atlántica, listados de sindicalistas y de líderes de la izquierda que debían ser perseguidos o asesinados. Una de las víctimas de estas persecuciones fue el profesor Alfredo Correa de Andreis, reconocido sociólogo e investigador social, baleado cerca de su casa en la ciudad de Barranquilla en el 2004 por sicarios ligados a los paramilitares, luego de haber sido absuelto en un proceso judicial fabricado para hacerlo aparecer como miembro de la guerrilla de las FARC.

Resumiendo, podríamos afirmar el carácter claramente autoritario, derechista y antiliberal del régimen comunicativo uribista. Agregaríamos también la reiteración durante sus ocho años de gobierno de un discurso marcadamente antiizquierdista, contra los defensores de los derechos humanos y contra las organizaciones no gubernamentales, en un país donde la consolidación de una izquierda legal ha sido un proceso muy tortuoso en medio de la exclusión simbólica y de la aniquilación física de la misma a través de la violencia⁸. A la descalificación de la oposición liberal y de la izquierda legal se sumó la descalificación de otras voces críticas del gobierno, en particular las de los intelectuales partidarios de salidas políticas al conflicto armado a través de negociaciones de paz, agrupados en "Colombianos y colombianas por la paz", a quienes el presidente Uribe denominó públicamente el "bloque intelectual de las FARC" (El Tiempo.com, 8 de febrero de 2009). No sobra decir que ese tipo de declaraciones estigmatizantes de intelectuales, periodistas y políticos opositores en un país donde en muchas de sus regiones y de sus zonas metropolitanas marginales no existe monopolio de la violencia por el Estado y donde la autoridad efectiva la detentan grupos paramilitares de derecha, constituye una potencial pena de muerte. Varios de los acusados públicamente por el discurso intransigente del entonces presidente Uribe Vélez de ser "cómplices del terrorismo", como el periodista opositor Hollman Morris, tuvieron que vivir un verdadero calvario de intimidaciones y amenazas (Morris, Hollman, 2010; Duque, Lisandro, 2010). Vemos entonces cómo el caso del presidente Uribe Vélez bajo sus dos gobiernos ejemplifica una singular experiencia –tal vez muy parecida a la de Fujimori en el Perúde utilización abusiva de la autoridad lograda a partir de una exitosa política de contención militar de la guerrilla, para un conjunto de propósitos antidemocráticos e incluso delictivos.

Otro lineamiento político-discursivo de la retórica desenvuelta durante los ocho años de gobierno por parte del presidente Uribe en alocuciones públicas, inauguraciones de eventos, declaraciones a los grandes medios, fue la re-narración o creación de un nuevo relato de la historia del país en clave antiterrorista⁹. En ese relato Uribe Vélez aparecía luchando "contra 50 años de terrorismo"¹⁰, en cuyo saco de brujo metía no solo a los paramilitares y al narcotráfico de los carrobombas de los años 80 y 90, sino a todas las guerrillas históricas, prescindiendo de cualquier evaluación cuidadosa de tiempo y circunstancias históricas concretas; a los intelectuales críticos, a las ONG de derechos humanos, a los movimientos sociales históricos como el indígena que se le opuso frontalmente y le cuestionó su modelo comunicativo autoritario y de propaganda; a la izquierda marxista y a la nacionalista del M-19, a los periodistas críticos como Hollman Morris y Jorge Enrique Botero a los que calificó como "cómplices del terrorismo", pero también a políticos e intelectuales opositores como Gustavo Petro y León Valencia, vinculados a la vida civil y a la izquierda legal proviniendo respectivamente del M-19 y del ELN, a los que sistemáticamente denominaba desde su discurso "guerrilleros vestidos de civil"¹¹.

Vista ya la parte que le compete al propio discurso presidencial de Uribe Vélez, queremos detenernos ahora en la relación de los medios de comunicación y del periodismo frente al presidente Uribe, su ideología y su retórica.

Podemos afirmar que de parte de los grandes medios de comunicación y sobre todo de la televisión, asistimos en esos ocho años de gobierno de Uribe Vélez a un tácito pacto mediático de apoyo a ese régimen comunicativo monológico del uribismo. Los medios jugaron un papel funcional a la amplificación de la versión gubernamental de que estábamos en "el fin del fin" en cuanto al conflicto con las FARC. Los noticieros de televisión, con excepción de uno de ellos, "Noticias Uno", del periodista opositor Daniel Coronell (ubicado además en el canal "Uno", con poca audiencia y en una plataforma tecnológica pública descuidada por la política televisiva oficial), reproducían acríticamente las visiones gubernamentales y abordaban graves situaciones informativas y escándalos que en otras culturas políticas y regímenes comunicativos hubieran concluido en la renuncia del mandatario o en un fuerte desprestigio y deterioro irreversible de su popularidad, a través de "titulares indulgentes" que atenuaban la responsabilidad del ejecutivo en situaciones tan graves como el otorgamiento ilegal de millonarios subsidios a proyectos agrarios de familias pudientes de la Costa Atlántica, conocido como el caso de Agro Ingreso Seguro ("Agro Ingreso Seguro...", 2011), la aprobación fraudulenta de la reelección presidencial en 2004 a través de la compra del voto de los representantes a la Cámara Teodolindo Avendaño y Yidis Medina, o la interceptación ilegal de los teléfonos de magistrados, periodistas y políticos opositores, orquestada desde la Casa de Nariño, conocida popularmente como el escándalo de las "chuzadas" telefónicas (Gómez Maseri, Sergio, 2009).

Los grandes medios le hicieron el juego también al discurso gubernamental que convertía a las FARC en el enemigo público #1 de los colombianos, al construir una estructura inequitativa de visibilidad de las víctimas, donde los "secuestrados" por las FARC (las personas secuestradas con fines extorsivos y los soldados y policías hechos rehenes en medio de la guerra) aparecían como la víctima principal del conflicto colombiano, relegando a otras víctimas y silenciando los abusos de otros victimarios. De esa forma eran colocadas en una visibilidad secundaria o marginalizadas, las víctimas de las innumerables y brutales masacres paramilitares; las de los "falsos positivos" o desapariciones forzadas de jóvenes drogadictos o discapacitados mentales por parte del Ejército Nacional para hacerlos aparecer como guerrilleros dados de baja; las del secuestro guerrillero no ligado a motivaciones políticas, o las de los más de cuatro millones de desplazados del conflicto armado interno que se contabilizaron en aquellos años.¹².

El discurso gubernamental uribista hizo su obra también en la imposición de un tono agresivo e intolerante en la política exterior. Uno de los ministros de Relaciones Exteriores de Uribe, Fernando Araújo, fue nombrado en ese cargo con una connotación claramente simbólica, por haber sido víctima del secuestro guerrillero y habérsele fugado a la guerrilla de las FARC. Araújo no tenía mayor experiencia ni estaba familiarizado con el ejercicio de las funciones diplomáticas. Era una decisión de un alto contenido simbólico e ideológico, de poner a la cabeza de las relaciones exteriores a una figura que simbolizaba los abusos de las FARC.

Asistimos en estos años del uribismo, bajo los lineamientos políticos y discursivos que arriba hemos anotado como dominantes para la política interna, a la imposición de sentidos y estructuras de comprensión de la realidad altamente ideológicos, en la representación de las relaciones bilaterales y la política exterior.

De un lado, en su cercanía con las posiciones en política exterior del gobierno Bush y en su no diferenciación de los intereses colombianos de los norteamericanos, el gobierno Uribe anunció la firma de un acuerdo de cooperación militar con los Estados Unidos que incluía la aceptación de siete bases militares estadounidenses en el territorio colombiano (Redacción política El Tiempo, 2009), anuncio que generó una gran inquietud en la región y especialmente en el vecino venezolano que consideró la decisión como lesiva para sus intereses nacionales y atentatoria contra la revolución bolivariana. El acuerdo bilateral con su decisión de permitir las bases, que meses más tarde va a ser impugnado e invalidado por las Cortes colombianas desde sus funciones de control constitucional, va a generar una alta tensión y un fuerte deterioro de las relaciones colombo-venezolanas las que a finales del segundo gobierno de Uribe van a estar ad portas de una ruptura diplomática. El tema de las bases sin haber sido agendado como tal, va a constituirse en el tema central de la Reunión Plenaria de la Tercera Cumbre Ordinaria de la Unasur realizada en Quito en agosto de 2009 donde Colombia estuvo a punto de ser condenada a petición de Venezuela y Bolivia (Ayala, Maggy, 2009).

Ya antes de la tensión por las bases norteamericanas, la violación del espacio territorial ecuatoriano por el ejército y la aviación colombianos en marzo de 2008 con el propósito de dar de baja al jefe guerrillero de las FARC alias "Raúl Reyes", en un campamento ubicado del lado ecuatoriano de la frontera, la manipulación noticiosa de ese hecho por el gobierno Uribe, informando inicialmente que el ataque había tenido lugar en territorio colombiano y que en la persecución a los guerrilleros habían llegado al campamento de "Reyes" en suelo ecuatoriano, así como la consecuente ofensiva discursiva del gobierno colombiano acusando al gobierno del país vecino de complicidad con las FARC, erosionaron las relaciones históricas de buena vecindad con el Ecuador. En la práctica, este tipo de acciones, así como lo había sido la captura en territorio venezolano por parte de agentes de inteligencia colombianos, de "Rodrigo Granda", denominado por la prensa "el canciller de las FARC", configuraban el carácter extraterritorial de la política de "seguridad democrática" del presidente Uribe y una ruptura con la conducta histórica de la diplomacia colombiana de respeto a la soberanía territorial de los vecinos y de no intervención en sus asuntos internos.

II. EL REPLANTEAMIENTO POR EL GOBIERNO SANTOS DEL RÉGIMEN MONOLÓGICO URIBISTA Y LA RESTITUCIÓN DE UN TONO LIBERAL DEMOCRÁTICO EN LA COMUNICACIÓN DE MASAS

La llegada al poder del presidente Juan Manuel Santos para sorpresa de quienes consideraban que su gestión constituiría una línea de continuidad con las dos administraciones de Álvaro Uribe Vélez, de la cual había sido el ministro de Defensa y uno de los impulsores de la política de "Seguridad Democrática", significó un importante e inesperado replanteamiento de la política y del discurso político hegemónicos en los últimos años en Colombia.

De entrada, Santos replantea la relación conflictiva y de pugnacidad con los países vecinos, especialmente con Venezuela, característica del uribismo, propugnando por una integración del país a instancias de participación y de integración latinoamericanas como Unasur. Se distensionan las relaciones con Venezuela, se desideologizan y se favorece una relación mucho más pragmática de convivencia en la región con regímenes políticos de distintas orientaciones ideológicas. No sin cierta ironía los medios y el periodismo comienzan a denominar la relación del presidente Santos con Hugo Chávez como la de "su nuevo mejor amigo".

Internamente, impulsando una propuesta política de consenso, Juan Manuel Santos sorprende a sus críticos y a los críticos del uribismo doctrinario y cerril, afirmando en su discurso de celebración de su triunfo electoral, el 20 de junio de 2010, que "soy y seré el presidente de la unidad nacional", "Demos la vuelta a la página de los odios", "No más confrontaciones inútiles, no más divisiones".

En esa dirección, el presidente Santos avanza a través de sutiles y progresivos deslindes simbólicos con respecto a las peores aristas de la política de Uribe Vélez. Uno de sus primeros actos luego de su posesión del 7 de agosto de 2010 fue el de reunirse con la Corte Suprema de Justicia para normalizar las altamente conflictivas relaciones con el poder judicial que habían caracterizado a la era Uribe. Santos dejó claramente expresado su deseo de una relación de colaboración armónica y respetuosa con las cortes.

Otra de sus primeras medidas tuvo que ver con su decisión de respaldar la "Ley de Víctimas", diferenciación simbólica muy importante frente al uribismo, el cual había torpedeado sistemáticamente en el Congreso de la República esta iniciativa de reparación del amplio conjunto de víctimas de las violencias pasadas y recientes, impulsada por sectores progresistas del Partido Liberal.

Un deslinde simbólicamente estratégico tuvo que ver con el reconocimiento del conflicto armado interno, que su antecesor había negado sistemáticamente desde el discurso oficial, reemplazando la idea de existencia en el país de un conflicto armado por la de la "amenaza terrorista" de las FARC.

En estrecha relación con los lineamientos anteriores, el Gobierno Santos promueve una Ley de Restitución de Tierras para avanzar en la restitución de propiedades rurales usurpadas por actores militares ilegales, sobre todo por la expansión paramilitar de los años noventa y de comienzos del siglo XXI. Esa decisión le genera resistencia de parte de poderes regionales económicos, políticos y militares establecidos gracias al despojo por los paramilitares de labriegos y pequeños y medianos propietarios rurales. Las ahora llamadas bandas criminales (BACRIM), reciclaje o continuidad de los antiguos grupos paramilitares desmovilizados o simplemente reconvertidos, anuncian frente a la política gubernamental su decisión de enfrentarla en algunas regiones a través de la conformación de "ejércitos anti-restitución". Varios líderes de los procesos de restitución de tierras han sido asesinados o amenazados y otros permanecen en sus parcelas gozando de esquemas oficiales de protección a sus vidas.

Estas medidas que hemos descrito fueron claves en la recuperación de un tono liberal-democrático, pluralista, menos ideológico y dogmático y menos vinculado a una visión tradicional, rural y religiosa de la autoridad, en el discurso público del presidente.

En cuanto a la comunicación, Juan Manuel Santos, procedente de una familia de élite capitalina, con una importante tradición en el periodismo escrito, replantea el régimen monológico, personalista y hacendario del ex presidente Uribe. A diferencia de éste, no se le ha visto ni en su discurso ni en su manejo de medios como partidario de un régimen comunicativo propagandístico, obsesivamente preocupado por una comunicación mediática orientada a subrayar permanentemente el éxito irrefutable, total e irreversible de la política militar¹³.

III.GRANDES MOVILIZACIONES SOCIALES, AUSENCIA DE RESPUESTAS EFECTIVAS A SUS DEMANDAS E IMPACTO SOBRE LA IMAGEN DEL GOBIERNO Y DEL PRESIDENTE SANTOS

Nos vamos a referir en este apartado a las grandes movilizaciones sociales durante el gobierno Santos. Es importante analizar estas grandes movilizaciones en la medida en que ellas ponen a prueba la capacidad del gobierno Santos no solo de responder a las demandas coyunturales de los movimientos sociales, sino además, de formular una política social con algún grado de coherencia, en medio de los diálogos de paz con las FARC que se inauguran en La Habana en septiembre de 2012. Desde el punto de vista de los medios de comunicación y el proceso de paz, es importante prestar atención a las maneras como los medios informan acerca de estas movilizaciones pues de alguna manera sus cubrimientos periodísticos son también un termómetro importante para medir la capacidad del periodismo y del sistema de medios para ambientar un proceso de paz y de reconciliación nacional que conduciría no sólo a la clausura de la relación entre el uso de las armas y el ejercicio de la política, sino que probablemente daría paso, en el contexto del posconflicto armado, a una amplia expresión de reivindicaciones sociales y ciudadanas.

Quisiera detenerme en cuatro hechos relacionados con protestas y acciones de los movimientos sociales ocurridas entre octubre de 2011 y septiembre de 2013, en la medida en que ellas permiten evidenciar graves carencias y tomas de partido muy parcializadas en el cubrimiento periodístico de este tipo de eventos, pero también en la medida en que tales movilizaciones le plantean serias demandas a la política del gobierno Santos, en términos de inversión en educación superior, en seguridad rural para la población indígena en medio del conflicto armado interno, y en cuanto a representación social, política, cultural y comunicativa de las preocupaciones y necesidades del campesinado colombiano.

En el segundo semestre del 2011 se evidencian tensiones entre el gobierno Santos y el movimiento estudiantil universitario, preocupado por el abandono de las responsabilidades financieras del Estado frente a las universidades públicas y el privilegio de las políticas de subsidio a la demanda. El movimiento estudiantil colombiano es influenciado visiblemente por las consignas antiprivatizadoras de la movilización estudiantil chilena que le antecede con algunas semanas de diferencia. En octubre y noviembre de 2011 se desarrolla una fuerte movilización estudiantil en defensa de la educación pública que agrupó a miles de estudiantes de universidades públicas y privadas, y a algunos sectores del profesorado, los cuales desafiaron con una gran creatividad a la política de financiación de la educación superior del gobierno, apelando al uso de recursos artísticos y simbólicos para la puesta en escena de sus demandas, y derrotaron con su movilización de masas la propuesta de reforma gubernamental, obligando a la Ministra de Educación y al propio presidente de la República a reconocer al estudiantado como interlocutor legítimo y a sentarse con sus representantes a renegociar una nueva reforma a la Ley 30 de Educación Superior. El comportamiento del periodismo hegemónico en prensa, radio y televisión durante varias semanas fue el de presentar recurrentemente al movimiento como un grupo de estudiantes desinformados que protestaban supuestamente sin haber leído el texto de la reforma propuesto por la ministra. Tal actitud de los medios y del periodismo empezó a cambiar cuando en la movilización del martes 26 de octubre los estudiantes promovieron "abrazatones" (acciones simbólicamente muy impactantes de dar abrazos a los policías) que desconcertaron a los propios uniformados, muchos de los cuales respondieron también con expresiones de sorpresa y de empatía hacia los estudiantes, produciendo inmediatamente la atención de la televisión y de los medios masivos y un efecto de visibilidad mediática altamente favorable a la causa estudiantil¹⁴.

A partir de esa movilización se fue volviendo cada vez más insostenible la tesis de la ministra sobre la supuesta desinformación estudiantil. Los estudiantes empezaron a decirle a los periodistas y a la ministra, en su puesta en escena frente a los medios, "Sí estamos informados de la reforma", "Sí hemos leído la reforma". El momento clave de ruptura de la posición gubernamental se produce el 11 de noviembre de 2011, cuando una impresionante movilización estudiantil que pudo tal vez llegar a las 80.000 personas inundó las calles de Bogotá con pancartas de casi todas las universidades privadas y públicas de Bogotá, con comparsas festivas, performances y una amplia variedad de recursos artísticos y simbólicos, apoyando la defensa de la educación superior pública y condenando las políticas de privatización de la educación superior. La manifestación pacífica y muy organizada de los estudiantes ese día, que debió de recomponerse por lo menos unas tres veces debido a fuertes aguaceros que cayeron sobre la ciudad, recibió a su paso hacia la Plaza de Bolívar un impresionante respaldo ciudadano de parte de amas de casa, empleados, transeúntes, y hasta dueños y conductores de buses que colocaban en sus ventanas o en sus puertas carteles que decían: "En esta casa apoyamos a los estudiantes", "En este bus estamos con el movimiento estudiantil". Igual ocurrió con establecimientos comerciales, almacenes, tiendas y peluquerías, edificios de oficinas y apartamentos, desde los cuales se arrojaban papeles blancos o se saludaba con pañuelos y banderas nacionales el paso de la festiva movilización estudiantil. Finalmente, y gracias no tanto a la curiosidad o a las bondades de una juiciosa reportería periodística del movimiento, sino sobre todo a la fortaleza, persistencia y creatividad de los estudiantes y al amplísimo respaldo ciudadano obtenido por ellos, el gobierno tuvo que anunciar el retiro de la reforma y los medios tuvieron que reconocer el contundente triunfo de la movilización estudiantil.

El gobierno Santos no pareció ser consciente de que en ese pulso político perdió el apoyo del estudiantado, pues en los años siguientes a la movilización aquí reseñada, no mostró mayor capacidad de respuesta a las demandas del estudiantado universitario en términos de una propuesta seria y sustentable para la educación pública (Ronderos, María Teresa, 2012; Sistema Universitario Estatal, SUE, 2012).

El 23 de abril de 2012 tuvo lugar en Bogotá otra gran movilización nacional, esta vez campesina y popular, sin precedentes en muchos años¹⁵, que concentró en la Plaza de Bolívar a campesinos, colonos, pequeños propietarios y labriegos, campesinos afrocolombianos, sindicalistas provenientes de distintas ciudades, indígenas arhuacos, nasas y de otras etnias provenientes de distintas regiones del país, viejos militantes sobrevivientes del exterminio del partido político de izquierda "Unión Patriótica", militantes de base del antiguo movimiento M-19, así como jóvenes militantes del Partido Comunista. La multitudinaria manifestación, la cual transcurrió bajo claros lemas de búsqueda de la paz y en medio de un comportamiento totalmente pacífico de los manifestantes, constituyó el acto de nacimiento de un nuevo movimiento político, "Marcha Patriótica". La lectura dominante que hicieron los grandes medios de comunicación fue la de que la manifestación había sido financiada por la guerrilla de las FARC y que la marcha estaba dirigida e infiltrada por esta organización armada¹⁶. La entrevista que en el "Noticiero CM& La Noticia" le hicieron los periodistas Yamid Amat y María Isabel Rueda a la líder de izquierda liberal Piedad Córdoba y a Andrés Gil, dirigentes, junto a otras 30 personas, de la Marcha Patriótica, evidencia la intolerancia de muchos de nuestros periodistas con quienes piensan diferente, así como la autoatribución por ellos del papel de jueces que ya han dictaminado que la Marcha estuvo financiada por las FARC y pretenden forzar a como de lugar a sus entrevistados a aceptar ese supuesto hecho. Los dos periodistas dejan ver además en la entrevista, a través de varias preguntas absurdas cuando no prejuiciadas, un profundo desconocimiento y una estrecha visión clasista de las realidades internas de los movimientos populares y una incapacidad enorme para dejarse interpelar y para escuchar y aprender de sus entrevistados¹⁷. Una reportería seria y atenta de la Marcha Patriótica les hubiera revelado toda la diversidad social y política que allí se congregó y los impactantes rostros y la diversidad de estéticas corporales y vestimentarias ligadas al mundo y al rudo trabajo campesino que ese día se expresaron en la Plaza de Bolívar, imágenes de una población rural pobre y marginal que no tiene hoy ni representación política en el congreso ni representación en los grandes medios de comunicación¹⁸.

En julio de 2012 se produce un tercer hecho noticioso ligado a los movimientos sociales que puso en evidencia fuertes tensiones entre el Ejército Nacional y el movimiento indígena en el departamento del Cauca. Los indígenas paeces o Nasas, afectados reiteradamente desde hace muchos años en sus vidas y en su integridad física por los combates entre el Ejército Nacional y la guerrilla que tienen lugar en sus territorios y zonas de resguardo, decidieron desalojar a los militares del cerro Berlín, armados de machetes y de bastones de mando usados por su guardia indígena, obligando a los soldados a desmantelar sus campamentos y a salir de ese territorio. Las imágenes de los informativos de televisión se centraron en la manera como un oficial del ejército era sacado a la fuerza del lugar por un grupo numeroso de indígenas que actuaban airadamente y de manera firme y decidida en la expulsión de los soldados. El oficial del ejército, en medio de la acción de fuerza de que es objeto, movido tal vez por su sentido de la dignidad y de la autoridad, sintiéndose ultrajado por la acción de los indígenas, llora ante las cámaras. Apoyándose en el dramatismo de estas imágenes, evidenciado en las actitudes intransigentes de los indígenas en su acción de expulsión de los soldados, y en el llanto de impotencia y rabia del soldado arrastrado por los indígenas, la exposición de estas imágenes desde los informativos se lleva a cabo desde una "lectura preferencial"¹⁹ que convierte a los indígenas en villanos, y al soldado agredido en el héroe de la jornada²⁰.

En la información y análisis de los acontecimientos no se muestra ningún antecedente histórico que contextualice y problematice este hecho que está relacionado con uno de los movimientos sociales más importantes en los últimos años en Colombia, que ha levantado banderas claramente pacifistas, que luego de haber creado una guerrilla indígena (el Movimiento Armado "Quintín Lame") para la defensa de sus comunidades de los ataques de los latifundistas y de las FARC, en 1990 renuncia a la acción armada y mantiene de manera firme y decidida hasta hoy, no obstante el asesinato de muchos de sus líderes, sus convicciones pacifistas.

Sin negar la violencia presente en las acciones de los indígenas, y sin la intención de justificarla, hay que observar el escaso interés del periodismo por contextualizar esta noticia y por auscultar las razones y motivaciones de la expulsión de los soldados por parte de los indígenas. Para analistas del conflicto colombiano que conocemos las violencias que ha tenido que sufrir el movimiento indígena y campesino en el departamento del Cauca (masacres como la de Los Uvos, de 17 campesinos, por parte del Ejército nacional, en abril de 1991; asesinatos de sus dirigentes tanto por la guerrilla como por el ejército, reclutamiento forzoso de sus jóvenes por las FARC, ataques inmisericordes y reiterados por parte de esta guerrilla a poblaciones indígenas como Caldono, acusaciones estigmatizantes por funcionarios civiles y jefes militares de estar aliados con la guerrilla, efectos colaterales y muchas veces directos de la confrontación militar Ejército-Guerrilla), lo sucedido en el cerro Berlín dista mucho de las brutales y sangrientas violencias con las que estamos familiarizados los colombianos.

El tratamiento de los medios y el periodismo fue unilateral y condenatorio de la acción de los indígenas. Ha circulado profusamente por las redes sociales el video de la entrevista del entonces director de noticias Luis Carlos Vélez del canal de televisión privado "Caracol Televisión", a Luis Evelis Andrade, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y al Senador indígena Marcos Aníbal Avirama. A pesar de que los dos líderes intentan argumentar las razones que asisten a los indígenas con un discurso pausado y sereno, y no obstante que ellos reconocen que hubo una violencia de parte de los indígenas que hay que tratar de evitar hacia el futuro en la relación con los militares, la actitud del director de noticias es grotescamente autoritaria, cortando la posibilidad de cualquier diálogo medianamente horizontal y respetuoso, induciendo las respuestas desde preguntas inquisidoras, exigiendo respuestas escuetas y contundentes en términos de "sí" o "nó", con una actitud corporal y gestual de cruzado y dueño de la verdad que se refuerza por la juventud e inexperiencia del periodista²¹. Contrasta la actitud de Vélez en este interrogatorio cuasi judicial a los líderes indígenas, con una entrevista del mismo periodista al presidente Juan Manuel Santos sobre el hundimiento de la reforma a la justicia en junio de 2012, donde el entrevistador a duras penas masculla algunas sílabas, y es el presidente quien habla todo el tiempo e impone las reglas de la conversación, sin ninguna autonomía, incisividad o contrapregunta crítica de parte del periodista, frente a un discurso del presidente Santos bastante idílico y apologético no sólo sobre el proyecto gubernamental de reforma a la justicia, sino sobre el conjunto de la gestión gubernamental en sus dos años de gobierno.

Un cuarto hecho político y noticioso de particular impacto para la imagen del gobierno de Juan Manuel Santos fue el Paro Nacional Agrario que tuvo lugar entre el 19 de agosto y el 12 de septiembre de 2013. Las causas del paro tuvieron que ver entre otras, con el descontento con los costos de los insumos agrícolas y los bajos precios de compra de diferentes productos, con la exigencia por los caficultores de subsidios para poder mantener la producción cafetera, así como con la prohibición por parte del gobierno nacional del uso de semillas nacionales, favoreciendo la compra de semillas extranjeras importadas de Estados Unidos, de acuerdo con lo pactado en el Tratado de Libre Comercio con ese país. En la movilización a favor del paro participaron las principales organizaciones campesinas, los estudiantes, las centrales sindicales, los educadores y diferentes organizaciones populares. Tomaron también parte de manera muy visible, los productores cafeteros, los arroceros, los paneleros, los paperos, los lecheros, los camioneros y los mineros artesanales. El paro produjo grandes manifestaciones en Bogotá y en numerosas capitales de departamentos, bloqueos de vías intermunicipales e interdepartamentales, ocho muertos, decenas de heridos y detenidos, detenciones arbitrarias y algunas personas desparecidas.

El paro generó inéditas y espontáneas expresiones de solidaridad de la ciudad con el campo como la actitud de decenas de estudiantes de universidades públicas y privadas que en el día de su graduación, recibieron sus títulos universitarios vestidos con ruanas campesinas expresando de esa manera su apoyo a los paperos y lecheros del departamento vecino de Boyacá.

Los ejemplos de cubrimiento periodístico de los movimientos sociales que aquí hemos presentado evidencian los problemas de la concentración monopólica de la información en Colombia, así como la necesidad desde las organizaciones y los movimientos sociales de trabajar por una legislación antimonopólica y por un sistema sólido de medios públicos que haga posible el acceso de una amplia diversidad de voces y opiniones que actualmente se encuentran excluidas de la audibilidad y de la visibilidad mediáticas.

El costo para el gobierno de la movilización campesina tuvo que ver, por un lado, con tener que aceptar el pago de significativos subsidios a los pequeños y medianos cafeteros, pero sobre todo con un alto costo simbólico, producto de una salida en falso del propio presidente Juan Manuel Santos, quien a los pocos días de iniciada la protesta se le ocurrió decir públicamente que "El tal paro no existe!", intervención discursiva que enardeció los ánimos de los campesinos y generó una ola de críticas y de expresiones irónicas en las redes sociales y en los medios convencionales. La imagen pública del presidente salió así fuertemente averiada del paro agrario, a poco menos de un año de las elecciones de 2014 en las cuales Santos aspiraría a su reelección y a darle continuidad a los diálogos de paz con la insurgencia de las FARC.

IV.LOS COMIENZOS DE LOS DIÁLOGOS DE PAZ DE LA HABANA: PRUDENCIA, DESCONFIANZA Y AUSENCIA DE LA POLÍTICA SOCIAL EN LA AGENDA GUBERNAMENTAL DE PAZ

Sin lugar a dudas, tal vez la realización más importante de los dos períodos de gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014 y 2014-hasta hoy, noviembre de 2015) tiene que ver con el avance en las conversaciones de paz con las FARC en La Habana, que bajo este gobierno han llegado a acuerdos inimaginables en los anteriores intentos de negociación que se dieron en los 80, en los 90 y a comienzos del nuevo siglo.

Luego de varios meses de aproximaciones entre el gobierno Santos y las FARC, apoyadas por la mediación de Cuba y Noruega, las dos partes van a firmar el 26 de agosto de 2012, el "Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera"²², el cual va a convertirse en la hoja de ruta de las conversaciones de paz.

A través de muchas vicisitudes, de momentos de avance sustancial en las conversaciones, así como de períodos de estancamiento y crisis de las mismas durante sus tres años de desarrollo, las negociaciones de La Habana van a llegar a un punto importante de avance que algunos consideran un punto de no retorno, el 23 de septiembre de 2015, con la firma en La Habana del acuerdo sobre justicia transicional. Allí se establecieron penas de restricción de la libertad que oscilan entre 5 y 8 años, para guerrilleros, militares y civiles involucrados en crímenes y delitos relacionados con el conflicto armado interno, con la condición de colaborar con la justicia en la provisión de verdad y en la voluntad de reparación a las víctimas. El acuerdo sobre justicia transicional está orientado ante todo, a la reparación de las víctimas del largo conflicto armado interno colombiano, que se extendió prácticamente durante 50 años. Ese 23 de septiembre, el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño Echeverry, "Timochenko", comandante máximo de las FARC, divulgaron haber fijado la firma del acuerdo final para dentro de seis meses, es decir, para el 23 de marzo de 2016, y la dejación de armas para dos meses después de la firma del acuerdo final. En el acto público en que se llevaron a cabo estos anuncios, Juan Manuel Santos y "Timochenko", con la mediación del presidente de Cuba, Raúl Castro, se dieron la mano, sellando simbólicamente de esa manera, el acuerdo anunciado.

Pero antes de volver al estado actual de las conversaciones y negociaciones de paz con las FARC quisiéramos llamar la atención sobre algunos de los momentos más importantes en el proceso de paz desarrollado durante más de tres años con esa organización insurgente.

Es importante en la evaluación del proceso de paz con las FARC, dejar sentadas dos ideas claves para la comprensión simultánea del avance histórico y las dificultades del actual proceso de paz con esta organización político-militar. De un lado, que es gracias al esfuerzo militar desarrollado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y a sus contundentes resultados en la ofensiva bélica contra las FARC y sus jefes máximos, que esta organización se va a sentar esta vez seriamente, a la mesa de negociación, con intención de ceder y de llegar a un acuerdo de paz.

Como el lector puede deducirlo de la lectura de la primera parte de este escrito dedicada a los dos períodos de gobierno de Uribe Vélez, nuestra valoración del papel de la política de "seguridad democrática" en el favorecimiento de la disposición de las FARC a negociar su reincorporación a la vida civil, presta atención al efecto simultáneo de derechización de la cultura política colombiana causado por el discurso del presidente Uribe Vélez, así como a las acciones y relaciones non sanctas, los crímenes y los delitos que acompañaron el ejercicio del poder durante sus ocho años de gobierno.

La otra idea clave para la comprensión del complejo legado uribista, tiene que ver con cómo esos logros militares del presidente Uribe Vélez contra las FARC y la profunda derechización de la opinión favorecida por los propios excesos de las FARC con sus prácticas de secuestro y extorsión, por el discurso sistemático y reiterativo de Uribe Vélez contra ellas, convertido en una auténtica pedagogía del odio contra esa organización, y por la amplificación del mismo por parte de los medios de comunicación, configuraron una radical descalificación moral y afectiva de las FARC por parte de millones de colombianos, y una fuerte intransigencia política hacia ellas, que ha operado desde el inicio de las negociaciones a finales de 2012, hasta nuestros días, como un potente factor subjetivo que dificulta el apoyo ciudadano a la política de paz del presidente Santos²³.

Vamos a analizar a continuación algunos de los hechos y de los procesos más relevantes en estos tres años del proceso de paz con las FARC, llamando la atención sobre los logros y las dificultades presentadas.

Los negociadores gubernamentales, en parte debido a su comprensible afán de respetar la agenda acordada con las FARC e impedir que ella se cargue de todo lo divino y lo humano, pero también por la ausencia de una apuesta generosa de democratización política y social de parte del gobierno Santos, aparecen en su puesta en escena en la mesa de La Habana por lo menos en los primeros dos años, con un discurso defensivo, minimalista y a menudo poco generoso, frente a una guerrilla locuaz en sus ruedas de prensa, que apartada durante más de una década de los micrófonos y las cámaras, estaría tratando de recuperar el tiempo perdido en su comunicación con la sociedad.

La insistencia repetitiva y defensiva del jefe negociador del gobierno Humberto De la Calle en que el modelo económico, el modelo social, el modelo político y el modelo militar no se negocian, si bien enviaba signos de tranquilidad a la derecha conservadora y al uribismo, a los militares más oficialistas, a los latifundistas y sectores empresariales partidarios del mantenimiento del status quo, producía frente a sectores democráticos y progresistas de la opinión pública y del periodismo y frente a sectores críticos y bien informados acerca de los problemas nacionales, la sensación de que de acuerdo con las posiciones de los voceros gubernamentales, en el país no habría que cambiar nada, que esos supuestos modelos estarían funcionando óptimamente y que Colombia sería hoy casi que un paraíso o "el mejor vividero del mundo".

En un país que sufre una inequidad social de las más altas del mundo, donde los propios medios de comunicación titulan y editorializan sobre el "colapso del sistema de salud"; en el que los abusos de las empresas mineras contrastan con la incapacidad estatal y gubernamental para ponerles unas claras reglas del juego que consulten los intereses de la nación y de las comunidades; donde el modelo de seguridad no funciona en la protección de la vida de defensores de derechos humanos, líderes de restitución de tierras, sindicalistas y dirigentes magisteriales que continúan siendo asesinados; donde las elites políticas han demostrado su incapacidad para construir un proyecto de país (luego de rogardurante años por un TLC con EEUU descubren que no han construido las vías necesarias para sacar los productos a los puertos de salida); donde la corrupción campea y los grupos dominantes utilizan a menudo sus recursos económicos y sus redes de relaciones políticas y sociales para perpetuarse en el poder y para enriquecerse, resultaba mezquina la constante reiteración por Humberto De la Calle de la idea de que "el modelo no se negocia". Tal afirmación enviaba unos signos muy confusos para aquellos otros sectores sociales distintos de los privilegiados restándole vuelo y trascendencia histórica y social a la negociación con las FARC, cuyos resultados antes que concebirse como concesiones indebidas a la guerrilla, podrían proyectarse y promoverse desde el discurso de los negociadores y desde el discurso presidencial como una oportunidad para la ampliación de relaciones de justicia y democratización con un impacto real sobre el conjunto de las relaciones sociales.

La crítica a la falta de una mayor proyección política y social de la negociación de paz con las FARC a través de una política social gubernamental que favorezca a amplios grupos sociales más allá de los tradicionalmente favorecidos por el poder, se corresponde con lo que han expresado y demandado muchos líderes populares, campesinos, indígenas y afrocolombianos que han participado en los foros por la paz organizados por Naciones Unidas y la Universidad Nacional de Colombia, por mandato de la mesa de La Habana, y es que el proceso de paz no puede circunscribirse a un pacto de cúpulas gubernamentales y guerrilleras.

Ese minimalismo de los negociadores gubernamentales y la falta de una paralela política social que acompañe el proceso de paz han dificultado que la negociación de paz con las FARC se abra a un diálogo con las demandas provenientes de amplios grupos de la sociedad, lo cual le daría una mayor legitimidad y respaldo ciudadanos. Tal proyección supondría desde el punto de vista comunicativo y de la mediación periodística, darle la voz a los distintos grupos que han estado excluidos de la posibilidad de ser escuchados en sus opiniones y demandas sociales, políticas y culturales, ampliar decididamente el espacio de lo decible alrededor del país en paz y reconciliado que los colombianos quieren.

Sin embargo, muchos analistas tenemos serias dudas sobre la posibilidad del gobierno de Juan Manuel Santos de trascender estrechos intereses de grupo o de clase social y fuertes afinidades personales con los privilegiados, para promover un nuevo orden social y político más justo y equitativo.

Algunos analistas hemos reconocido los importantes cambios ocurridos en la cultura política bajo Juan Manuel Santos frente al modelo hacendario y monológico del anterior gobierno, como se evidencia en el segundo apartado de este artículo; le valoramos además, el reconocimiento franco de la existencia del conflicto armado en el país y los esfuerzos para reconocer los derechos de las víctimas a través de la aprobación de la Ley de Víctimas y de la Ley de Restitución de Tierras. Pero de otro lado, nos preocupan sus incongruencias y bandazos cuando termina haciéndole concesiones a los militares a través de un fuero militar extendido que trata con indulgencia las desapariciones forzadas o "falsos positivos" (Uprimny, 2013), o cuando plantea torpemente en julio de 2013 y en contravía de los intereses nacionales y de todas las evidencias sobre la permanencia de graves situaciones humanitarias en el país (70 asesinatos sistemáticos contra líderes de restitución de tierras, control de territorios por bandas criminales o neoparamilitares en Urabá, la Costa Pacífica y en ciudades como Medellín), la salida de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (Rodríguez Garavito, 2013; Uprimny, 2013; "No hay porqué temerle a la ONU", 2013). En esa línea de análisis, una reconocida columnista expresó en esa coyuntura que "el mando civil sobre las fuerzas militares es débil y por eso cuando la Oficina de la ONU pidió investigar si a cuatro campesinos en el Catatumbo los mataron balas de la Fuerza Pública, el Gobierno salió a recortarle su estadía en el país (Ronderos, 2013)".

En cuanto a la política económica y a la política rural aparece también la esquizofrenia gubernamental, pues mientras el presidente Juan Manuel Santos aparece como el promotor de la Ley de Restitución de Tierras y cuyos voceros gubernamentales en la Mesa de La Habana pactan con los voceros de las FARC unas Zonas de Reserva Campesina y formas de tenencia de la tierra que protejan al pequeño propietario y a las economías campesinas de la voracidad latifundista y de la de la agroindustria de los combustibles o de la palma aceitera, de otro lado, el primer mandatario aparece también con la otra faceta de cercano amigo del embajador ante los EEUU Carlos Urrutia, quien con su oficina de recursivos y sofisticados abogados Brigard Urrutia, le hace astutos esguinces a la ley para favorecer la apropiación de 40.000 hectáreas de baldíos en el Vichada por parte de la empresa azucarera Riopaila. Que el hoy ex embajador Urrutia sea su amigo no es el problema, sino que el presidente esté dispuesto a hacer pasar un proyecto de ley que haga que ese tipo de apropiaciones de baldíos por parte de los poderosos, en perjuicio de los campesinos a quienes colocarían en calidad de peones o de desterrados, se puedan ahora hacer legalmente.

V.LOS FOROS TEMÁTICOS Y LAS MESAS CON LAS VÍCTIMAS ORGANIZADAS POR NACIONES UNIDAS Y EL CENTRO DE PENSAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL DIÁLOGO DE PAZ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Una de las actividades importantes de respaldo y visibilización del proceso de paz con las FARC tuvo que ver con la realización conjunta, entre Naciones Unidas y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia²⁴, por mandato de la mesa de La Habana, de una serie de foros ciudadanos alrededor de los temas de discusión en la mesa de diálogo, los cuales se organizaron con el propósito de aportar insumos a las partes. En esa dirección se llevaron a cabo el Foro sobre "Política de Desarrollo Agrario Integral. Enfoque Territorial", los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2012; el Foro sobre "Participación Política", 28, 29 y 30 de abril de 2013; así como dos foros sobre "Solución al Problema de las Drogas Ilícitas", el uno en Bogotá, los días 24, 25 y 26 de septiembre de 2013, y el otro en San José del Guaviare, capital del Departamento del Guaviare, uno de los departamentos más permeados por el narcocultivo de la hoja de coca, los días 1, 2 y 3 de octubre de 2013.

Estos foros permitieron conocer las opiniones y percepciones sobre los temas discutidos, tanto de académicos y de funcionarios expertos, en los paneles principales, como de indígenas, afrocolombianos, campesinos y colonos provenientes de distintas regiones y departamentos del país. Algunos industriales, comerciantes, pequeños y medianos productores agrícolas, y ganaderos, participaron también en las mesas de trabajo, formulando sus propuestas para la mesa de diálogos de La Habana.

Muy importantes fueron también los Foros con Víctimas del Conflicto Armado Colombiano, organizados también por Naciones Unidas y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia, a solicitud de la Mesa de Conversaciones de La Habana²⁵. Los foros, que se realizaron el 4 y 5 de Julio de 2014 en Villavicencio (foro regional); el 10 y 11 de Julio, en Barrancabermeja (foro regional); el 17 y 18 de Julio, en Barranquilla (foro regional); y el 5 y 6 de Agosto, en Cali (foro regional y foro nacional), fueron claves para alimentar el tema del reconocimiento de las víctimas, asunto central en los diálogos de paz de La Habana entre el gobierno Santos y las FARC.

La Organización de Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional recibirían y sistematizarían las propuestas de la ciudadanía.

Fabrizio Hochschild, coordinador residente y humanitario de la ONU, en la presentación oficial de cómo irían a desarrollarse los Foros sobre Víctimas precisó a comienzos de julio de 2014, las razones por las cuales el trabajo sobre las víctimas constituía un eje clave para el logro de la paz en Colombia:

"En primer lugar, porque el tema más controvertido en el proceso de paz en Colombia es el tema de la justicia: quienes tendrán la última palabra sobre justicia –vista en su totalidad, incluyendo tanto procesos de verdad y reparación como medidas para asegurar la no repetición – son las víctimas".

"En segundo lugar, porque no habrá paz sostenible sin reconciliación. Quienes mejor pueden liderar cualquier proceso de reconciliación son las víctimas. Y en tercer lugar, porque si un proceso de paz deja insatisfecha a la mayoría de las víctimas no será ni ético ni sostenible"²⁶.

A su vez, el profesor Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, subrayó la importancia de la participación equilibrada del conjunto diverso de las víctimas del conflicto colombiano:

"Estamos buscando la participación de las víctimas de todos los hechos victimizantes; naturalmente, hay limitaciones en un universo tan grande de víctimas en Colombia, por lo cual estamos buscando el mayor equilibrio posible entre los 18 sectores sociales y poblaciones que hemos identificado [...]

Estos foros no son para sacar conclusiones ni para generar controversias; son para recibir propuestas, y todas serán incluidas en las relatorías para la Mesa de Conversaciones²⁷".

Al respecto, Fabrizio Hochschild indicó:

"Toda propuesta relacionada con el tema es válida y todas, sin excepción, serán transmitidas a la Mesa en la Habana. No se juzgará ninguna de ellas, no habrá unas más válidas que otras. Por eso estamos haciendo grandes esfuerzos para asegurar la representación de todos los sectores de la sociedad colombiana al igual que todo tipo de organización de víctimas, incluyendo los que ven con cierta desconfianza este tipo de foros"²⁸.

Los objetivos de los foros tenían que ver con "Recibir y sistematizar las propuestas de las víctimas y de la ciudadanía en general sobre el tema de víctimas teniendo en cuenta los principios sobre el tema de víctimas acordados por la Mesa de Conversaciones", como también "Constituir un espacio para el reconocimiento de los derechos y la dignificación de las víctimas del conflicto armado". Se acordó entonces que los Foros Regionales y el Foro Nacional se centrarían en el tema de las víctimas de acuerdo con los siguientes principios acordados por la Mesa de Conversaciones: reconocimiento de las víctimas; reconocimiento de responsabilidad; satisfacción de los derechos de las víctimas; participación de las víctimas; esclarecimiento de la verdad; reparación de las víctimas; garantías de protección y seguridad; garantías de no repetición; principio de reconciliación; y enfoque de derechos²⁹.

Los foros buscaban que las víctimas expresaran sus reivindicaciones y demandas, que sus voces fueran escuchadas y que el país comenzara a ver con más atención y solidaridad los distintos sectores victimizados por las violencias asociadas al conflicto armado interno. Los foros hicieron que víctimas de distintos victimarios se aproximaran y se conocieran y que fueran identificando incluso necesidades y demandas comunes frente a las instituciones. Las víctimas participantes pudieron también intercambiar sus sentimientos de dolor y rabia, sus experiencias de duelo y de resilienciao capacidad de superación del trauma. En varias de las mesas de trabajo reunidas, -como me tocó presenciar en Barrancabermeja y Barranquilla-, víctimas de diferentes victimarios (guerrilla, paramilitares, agentes del Estado) terminaron hermanadas en el dolor y en su intención de superar la tragedia familiar y personal. Varios de los participantes narraron y demostraron cómo habían sufrido doble y hasta triple victimización (por guerrilla, paramilitares y agentes del Estado)³⁰.

Estos foros que acabamos de presentar contribuyeron a aclimatar un cierto espíritu de diálogo y de deseabilidad de la paz y la reconciliación, a nivel de sectores progresistas de la opinión, de la burocracia estatal, de las ONG y de distintos sectores sociales pertenecientes al mundo popular urbano y campesino. También a nivel de cierto periodismo popular y alternativo que cubrió con mucho interés los foros temáticos y las mesas con las víctimas en las ciudades donde se realizaron. Sin embargo, el cubrimiento por parte de los grandes medios masivos y sobre todo por los canales privados de televisión fue muy superficial y poco detallado.

VI.LA DEFICIENTE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL DEL PROCESO Y LOS PROBLEMAS DE LA COMUNICACIÓN EN UN DOBLE CANAL PARA DARLE GUSTO SIMULTÁNEAMENTE A LOS AMIGOS Y LOS ENEMIGOS DE LA PAZ

Hay que reconocer que el presidente Santos lleva a cabo un importante esfuerzo de diseño de una política de paz y de construcción de un equipo competente de negociación. Pero paradójicamente, en los dos primeros años de diálogos y casi hasta mediados del 2015, la comunicación gubernamental del proceso de paz falla permanentemente en su capacidad de involucrar a los colombianos en un apoyo masivo a los diálogos de paz. De un lado, la confidencialidad de las conversaciones en La Habana obligaba a los voceros de las partes a ser muy parcos y limitados en tanto fuentes que brindaran información detallada sobre el avance de las propias conversaciones. La mesa de diálogos parecía tener el control de la información y poca disposición a involucrar a amplios sectores ciudadanos en la deliberación y en el respaldo al proceso.

El gobierno Santos, tal vez teniendo en mente el proceso de paz con las FARC de la administración Pastrana en la zona del Caguán (1998-2002), el cual transcurrió en medio de una agenda supremamente laxa y cargada de todo tipo de reivindicaciones ciudadanas por parte de poblaciones y grupos de interés que desfilaron permanentemente por San Vicente del Caguán, sin que esas visitas fueran parte de un proceso claramente concebido, resolvió ceñirse estrictamente a los puntos acordados en el texto.

Pero preso el presidente Santos quizás de sus propios prejuicios y temores y de la herencia del modelo nacionalista antifariano (que él mismo contribuyó a construir como ministro de Defensa de Uribe), falla rotundamente en esos dos primeros años del proceso de paz de La Habana, en la comunicación y en la pedagogía masiva de la paz. Pragmático, calculador y mal pedagogo (Santos no es Antanas Mockus³¹), construye su discurso en un contradictorio y problemático doble canal. De un lado, uno a favor de la paz, con poco entusiasmo y convicción, condicionado además por los vaivenes de la negociación y de la polarización interna de los colombianos alrededor de la paz. De otro lado, un canal que lo expresa el entonces ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, vociferando en marcado tono castrense, un discurso que hace referencia a las FARC como "narcoterroristas" y "bandidos" y que no les confiere ninguna motivación política y los asocia por el contrario a meros delincuentes comunes. Este segundo canal va en contravía del mensaje de la conveniencia de la paz que se construye desde el primero y no ayuda a desarrollar una pedagogía política hacia los militares, que prepare su transición de una visión de los guerrilleros como "enemigos" a una nueva y futurista percepción de los mismos, en tiempos de paz, como "contradictores".

El discurso del ministro Pinzón que muchos analistas interpretaban como una "rueda suelta" dentro de la política de paz de Santos, estaba de hecho deliberadamente orientado a darle contentillo a la opinión uribista y, en general, a los sectores de la derecha civil y militar, sin propiciar ciertas transformaciones de actitud y de mentalidad frente al enemigo, indispensables para la reconciliación. Que el retirado general Javier Rey Navas se preguntara en marzo de 2014: "¿Veremos mañana como alcaldes, gobernadores y senadores a quienes por décadas nos han enseñado a tratar como enemigos?" (Laverde, Juan David, "Planes secretos de las FARC"), era y sigue siendo una inquietud comprensible y válida. Es la misma que se hacen hoy muchos individuos y grupos sociales afectados en años anteriores por el secuestro guerrillero de las FARC en las capitales y en las regiones. A ellos había que responder con argumentos y con un discurso persuasivo y futurista acerca de la pertinencia de la negociación de paz con las FARC hacia la superación definitiva de la guerra en Colombia. Y hay que decirlo ahora, retrospectivamente, que durante los dos primeros años del proceso de paz, el gobierno Santos careció de esa disposición persuasiva y de una comunicación adecuada para ganarse a los colombianos de manera más decidida para un respaldo activo al proceso de paz.

Pero la extrañeza que expresa el general Rey, en la pregunta que arriba transcribíamos, sintomáticamente, evidencia también el desconocimiento de la historia reciente del país en cuanto a desmovilizaciones y reincorporaciones guerrilleras y a esfuerzos previos exitosos de reconciliación nacional con grupos político-militares de izquierdas.

Hace 25 años se desmovilizó la guerrilla del Movimiento Armado M-19 y varios de sus líderes se convirtieron en figuras nacionales en la Asamblea Nacional Constituyente de 1990-1991 (Antonio Navarro fue uno de sus tres copresidentes), y algunos de ellos como Everth Bustamante y Rosemberg Pabón, el famoso "Comandante Uno" de la toma a la embajada de República Dominicana en febrero de 1980 para denunciar las violaciones a los derechos humanos del gobierno de Julio César Turbay, militan hoy en el uribismo. A comienzos de la década de los 90 se reincorporaron a la vida civil además del M-19, el maoísta Ejército Popular de Liberación EPL, el Movimiento Armado Indigenista "Quintín Lame", el Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT, y la Corriente de Renovación Socialista CRS, disidencia del Ejército de Liberación Nacional ELN. Varios excombatientes del M-19, del EPL y de la Corriente de Renovación Socialista (CRS) juegan hoy un papel decoroso como políticos, defensores de derechos humanos, periodistas, académicos, analistas políticos y sociales o como funcionarios gubernamentales y del sector privado.

La ausencia de programas periodísticos y de debate político de calidad y profundidad en la televisión abierta y de mayor audiencia (los canales RCN Televisión y Caracol Televisión) o la ubicación de los pocos existentes, por razones de rating y de rentabilidad, al filo de la media noche; el papel de los noticieros de estos dos canales, proveedores de una información muy comercialista y superficial, como formadores hegemónicos de la opinión pública de masas; y la poca presencia de esa historia reciente del conflicto armado y de las negociaciones de paz en los medios y seguramente en los currículos escolares y universitarios, conduce a que el actual proceso de paz con las FARC sea percibido por amplios grupos de la población como si fuera la primera vez que el país vive un proceso de DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración de excombatientes a la vida civil).

Adicionalmente, bajo la atmósfera de derechización de la cultura política legada por el uribismo, el uso de una palabra como "dejación" de armas, en lugar de "entrega" de armas, concepto utilizado en las negociaciones de paz de los años 90 con los grupos insurgentes arriba citados como una pauta de respeto a la historia y la identidad del grupo que se reincorpora a la vida civil, se convierte ahora, en la negociación con las FARC, desde la perspectiva de las derechas civiles y militares, en un asunto sustancial, que estaría indicando la falta de compromiso de las FARC con la paz y su intención de no dejar las armas. La complejidad de los procesos de reinserción de excombatientes a la vida civil en el plano político y en el humano, cuando el liderazgo ya no depende del fusil y donde las reorientaciones de la cultura política grupal e individual son tan complejas e imprevisibles que pueden conducir a realineamientos como los casos de los dos ex comandantes del M-19 hoy uribistas, no es tematizada para nada por los medios de comunicación hegemónicos a través de programas periodísticos que pudieran darle fondo histórico y analítico a la comprensión ciudadana de los actuales diálogos de paz.

A la incapacidad del presidente Santos en estos dos primeros años de los diálogos de La Habana, como comunicador de la paz, para disipar temores frente a los acuerdos en Cuba y para "venderle" a los colombianos un país posible, pacífico y con justicia social, y a las dificultades de los medios para darle fondo a la comprensión de los procesos de diálogo con las FARC, podríamos agregar también un cubrimiento muy mediocre y superficial por parte de los canales privados de televisión e incluso de los propios canales públicos³², tanto de los foros temáticos como de las mesas con las víctimas organizadas por Naciones Unidas y la Universidad Nacional por encargo de la mesa de La Habana.

VII.LOS PROBLEMAS DE LA COMUNICACIÓN Y LA "PUESTA EN ESCENA" DE LAS FARC EN LA MESA DE DIÁLOGOS DE LA HABANA

Otro de los problemas de la comunicación del proceso de paz de La Habana tiene que ver también con la poca credibilidad que las FARC inspiran en la opinión y el poco reconocimiento discursivo de sus responsabilidades en cuanto a la crisis humanitaria colombiana. Muchos analistas creemos que ellas deberían asumir, y actuar consecuentemente, elementos de autocrítica que brillan hoy por su ausencia en sus declaraciones públicas. Interrogarse también sobre sus lenguajes y modalidades de comunicación, ancladas en retóricas gastadas y desconectadas de las necesidades más sentidas de la gente, tal vez por efecto de su inmersión en la guerra y en el monte, su falta de contacto cotidiano con la sociedad urbana, y con una amplia variedad de demandas culturales e identitarias que alimentan hoy un horizonte posible de democracia.

De un artículo de Henry Robinson (2013), ex militante del Ejército Revolucionario Irlandés (IRA), sobre la posición y la manera como aparecen los líderes de las FARC en la mesa de negociación, del cual no comparto algunas tesis, rescato sin embargo su crítica a la "puesta en escena" de las FARC en la mesa de La Habana. El irlandés les dice a "Iván Márquez" y a sus compañeros de la guerrilla que aparecer públicamente con las camisetas con las fotos de sus compañeros muertos como expresión de luto y de recordación pero también de beligerancia revolucionaria (con las imágenes de "Raúl Reyes" y de Jacobo Arango, un ex combatiente amigo de Iván Márquez, muerto a comienzos de 2013), si bien es respetable desde el punto de vista de sus sentimientos, envía unas señales problemáticas con esos "mensajes en código, no muy ingeniosos, al otro bando de colombianos en las conversaciones de paz". El ex combatiente del IRA cuestiona ante todo, como inconveniente para el avance del proceso de paz, el mensaje presente en esas actitudes y esas imágenes, de vigencia de la revolución armada. Si bien Robinson no dice nada sobre el asunto de los retos comunicativos que estarían teniendo que afrontar las FARC, por la necesidad de comunicarse en dos canales, con dos destinatarios, de un lado, por la necesidad de mandar unos mensajes de dignidad y resistencia en la negociación a sus propias tropas guerrilleras, y de otro, por la exigencia de enviar unos signos claros a la amplia opinión pública colombiana, desarrollando el argumento del irlandés, creo que los voceros de las FARC no han reflexionado sobre lo problemáticas, y seguramente dolorosas y agresivas, que resultan esas imágenes para la inmensa mayoría de los televidentes, por lo que ellas significan y por los actos a los cuales se asocian en la memoria de los colombianos (tomas y destrucciones violentas de pueblos, declaraciones agresivas defendiendo el secuestro como instrumento legítimo de financiación y de lucha política, reclutamiento forzado de niños y adolescentes, etcétera).

En este punto tendríamos que subrayar el lentísimo y difícil descubrimiento de la comunicación y de la opinión pública por parte de la insurgencia de las FARC. No les ha ayudado a lograrlo pensar, como lo expresaban durante el Caguán, que la comunicación era la única guerra que no habían podido ganar. Con un pensamiento tan instrumental y tan funcionalista sobre la comunicación, difícilmente van a poder manejar la comunicación y los medios con inteligencia, asertividad y retroalimentación. Su visión instrumental de la comunicación es muy similar a la visión típica de los militares, no sólo en Colombia sino en muchos países del mundo, concibiendo con frecuencia la comunicación como "operaciones psicológicas" vistas de manera muy unilateral (énfasis en los efectos ideológicos deseados, prioridad al mensaje y al significado construido por el emisor, por encima del mundo y los sentidos del receptor y de una consideración seria y compleja del proceso de la recepción de los mensajes).

Sobre este punto y volviendo a la "puesta en escena" criticada por Robinson, sería importante que los voceros de las FARC tuvieran en cuenta que la comunicación tiene que ver no sólo con los mensajes que queremos transmitir a otros grupos sociales de manera instrumental y persuasiva, sino también con el desarrollo de una capacidad de indagar y darnos cuenta cómo somos percibidos por los otros.

Si bien es respetable y comprensible una comunicación orientada a su militancia, las FARC tendrían que empezar a hablarle al grueso de la sociedad colombiana, a las inquietudes, cuestionamientos, desconfianzas, rabias y dolores que numerosos sectores de colombianos tienen frente a esta organización (algunos tienen también odios irracionales y actitudes viscerales de descalificación, inculcadas por los odiadores profesionalesque ha producido el conflicto, a los cuales también tendrían que saber responder con inteligencia, argumentos e ideas y no sólo con fáciles y rígidas respuestas ideológicas).

Estoy de acuerdo también con quienes piensan que los dirigentes de las FARC tienen que pedir perdón a sus víctimas, pero que una expresión de ese tipo no puede provenir de presiones de los negociadores gubernamentales o del presidente Santos, sino de una propia reflexión y de una propia convicción sobre la necesidad de reparar, al menos simbólicamente, a sus víctimas.

Sin esa convicción sincera y auténtica de parte suya, y simultáneamente, de parte de los otros perpetradores en el conflicto colombiano, que tiene que ver con profundas reflexiones humanas y existenciales de tipo personal, pero también colectivo, no va a haber paz ni una auténtica reconciliación nacional.

La sociedad colombiana, en la que muchas víctimas de la violencia de muy distintas clases y estratos sociales han dado muestras fehacientes de su generosidad y su capacidad de perdón, apreciaría todos los gestos de autocrítica, de reparación simbólica y discursiva a sus víctimas y de solicitud de perdón, provenientes de los dirigentes de las FARC. Pero esto tiene que ser el resultado de un proceso propio, sentido y auténtico, y no de un ultimátum a dicha organización. El logro de esa convicción y su expresión seguramente tienen sus ritmos propios de maduración.

El otro elemento importante de la crítica de Robinson a la puesta en escena de las FARC en la mesa de La Habana, y que personalmente comparto, es que deben dejar de mirar al pasado y construir un discurso que mire hacia el futuro. Por más cruda que sea esta crítica, el irlandés tiene toda la razón. Hace unos años tuvimos oportunidad de ver una película que estaba en la cartelera cinematográfica, nominada como mejor película extranjera en los Óscares, la cinta "No", del director chileno Pablo Larraín, dedicada a recrear la coyuntura histórica de las campañas por el "sí" o el "no" en el referéndum que tuvo que hacer el dictador Augusto Pinochet en 1988, presionado por la comunidad internacional, para decidir su permanencia en el poder. La historia gira alrededor de las conversaciones, contradicciones y tensiones entre la visión conceptual del publicista René Saavedra, el cual es contratado por la campaña del "No" para orientar el desarrollo de la misma, y la concepción de los intelectuales, dirigentes políticos y militantes de los partidos de izquierda, participantes en la organización de la campaña por el "No". Básicamente, la contradicción se desarrolla entre el concepto de Saavedra, el que después de muchas discusiones y tensiones finalmente se impondrá, de una campaña orientada a mostrar con fe, alegría y optimismo un horizonte de futuro posible en democracia para todos los chilenos, en diálogo con jingles y estéticas comerciales contemporáneas sintonizadas con la cultura juvenil y la vida urbana, y la visión marcadamente racionalista de los militantes y dirigentes de la izquierda política, partidarios de una campaña denuncista de la violencia y la represión de la dictadura, orientada hacia el pasado y visual y conceptualmente triste.

Cuando vi la película, salí de la sala de cine pensando que este film deberían verlo los voceros de las FARC en la mesa de negociación, pero también muchos de los militantes de nuestros grupos y partidos de izquierda, que siguen anclados aún en nuestros días a visiones instrumentales, tristes y denuncistas de la comunicación.

Las FARC, como ha sucedido con todas las otras organizaciones que han vivido procesos de reincorporación a la vida civil, y ellas no serían la excepción en caso de producirse finalmente ese proceso, van a tener que revisar muchas de sus concepciones políticas, de sus interpretaciones del país y de la sociedad colombiana y sus instituciones. Los viejos esquemas ideológicos del marxismo soviético o de otros marxismos ortodoxos y anquilosados no sirven hoy para pensar la sociedad. Lo cual no significa que el marxismo como una entre varias interpretaciones de lo social (más no como la única, y mucho menos como verdad) no pueda contribuir a comprenderla.

Algunas posiciones y argumentaciones de los voceros de las FARC en la mesa de negociaciones repiten viejas visiones totalizantes, monolíticas y clasistas del Estado, las instituciones y del sistema de justicia desde las cuales no se puede comprender la complejidad de la institucionalidad y de la vida colombiana, donde si bien se producen algunas apropiaciones clasistas de las instituciones o de las políticas públicas (y en este artículo nos hemos referido a algunas de ellas), no necesariamente esa lógica se extiende al conjunto de la sociedad y de todas y cada una de las instituciones estatales. A comienzos de mayo de 2013 en una declaración pública al cierre de la 8ª. Ronda de Conversaciones de La Habana, Iván Márquez leyó un comunicado donde las FARC expresaron de la siguiente manera las razones por las cuales no están dispuestas a someterse a la justicia colombiana:

"Cualquier error que se hubiese cometido en desarrollo del conflicto y de la resistencia armada a la que nos ha obligado el terror de las élites en el poder, estamos dispuestos a revisarlo en función de la reconciliación. Pero ninguna autoridad moral tienen los victimarios y sus tribunales para juzgarnos ("Las FARC, dispuestas a revisar "errores" ...", 2013...)".

Ante esa visión estrechamente clasista del poder judicial, habría que recordarles que esa justicia que vilipendian supuestamente por corresponder a estrechos intereses de clase, es la que ha procesado, juzgado y encarcelado a más de medio centenar de parlamentarios vinculados a los grupos paramilitares, y la que impidió la segunda reelección de Uribe Vélez, no obstante la abrumadora popularidad del líder populista de derechas entre la población colombiana.

El discurso de los "errores" que se habrían cometido "en desarrollo del conflicto y de la resistencia armada a la que nos ha obligado el terror de las élites en el poder", no sólo resulta minimizador y autoindulgente frente a los delitos, crímenes y abusos de las FARC contra la población civil, sino que transfiere cómodamente parte de su parte de responsabilidad en el conflicto a las elites políticas.

La nota del periódico mexicano destaca también sobre el mismo pronunciamiento de Iván Márquez que

"Sobre la sugerencia de algunos medios colombianos de que las FARC pidan perdón por los daños derivados del conflicto armado, las FARC afirmaron que esa actitud equivale al "cálculo de la perfidia para ocultar a los verdaderos victimarios".

"Perdón debe implorar un Estado que ha suprimido tantos seres humanos de manera desalmada con su política económica", puntualizó".

Ese discurso público de no aceptar o de aceptar a medias, con eufemismos como el uso de la palabra "errores", sus responsabilidades por violaciones a los derechos humanos y de reiterar que los victimarios son fundamentalmente los otros, el enemigo, las instituciones, los militares, las elites dirigentes, la burguesía, etc, genera un profundo rechazo en amplios círculos de opinión (Samper, María Elvira, 2013 ) y refuerza el odio y la animadversión de los millones de enemigos viscerales de las FARC en el país.

VIII. LA SIGNIFICACIÓN DE LA REELECCIÓN DEL PRESIDENTE SANTOS EL 15 DE JUNIO DE 2014 Y DE LA DERROTA DEL CANDIDATO URIBISTA OSCAR IVÁN ZULUAGA

La campaña electoral a la presidencia en el primer semestre de 2014 estuvo marcada por una gran pugnacidad entre el candidato del Centro Democrático Oscar Iván Zuluaga y el jefe de esa colectividad, el ex presidente Uribe Vélez, de un lado, y el Presidente-candidato Juan Manuel Santos, de otro. El ex presidente Uribe, como es ya costumbre en él desde hace muchos años, sin disponer de ninguna prueba concreta y con el solo fin de desprestigiar a su oponente, acusó a la campaña del presidente y candidato Juan Manuel Santos, de haber recibido 2 millones de dólares del narcotráfico. La campaña del candidato Oscar Iván Zuluaga, contrató a Andrés Sepúlveda, un hacker con experiencia de trabajo informático y de inteligencia con policías y militares, para infiltrar al equipo negociador del gobierno Santos en La Habana y para obtener información privilegiada de inteligencia sobre los diálogos de paz con las FARC. El propósito de la campaña de Zuluaga, articulada con los intereses del ex presidente Álvaro Uribe, era contribuir a desprestigiar y a abortar el proceso de paz con las FARC. El hacker Sepúlveda estuvo relacionado también con un centro informal de inteligencia informática conocido como "Andrómeda", cercano a altos sectores de las Fuerzas Militares afectos a las posiciones políticas del ex presidente Uribe, que desarrollaba trabajo de inteligencia entre legal e ilegal sobre los diálogos de La Habana y que incluso infiltró las comunicaciones personales del propio presidente Santos³³. Como lo expresa en medio de su testimonio autoinculpador, Sepúlveda hacía todo esto convencido como lo estuvo durante diez años, de la justeza de la visión uribista, de estar obrando en beneficio del país y de tal forma, actuando como un patriota ejemplar.

Hay que precisar en este punto de nuestro análisis que el arraigo que el ex presidente Uribe Vélez mantiene sobre la opinión de los colombianos se expresó en las elecciones parlamentarias del 9 de marzo de 2014, donde el ex presidente encabezó una lista cerrada al Senado que le permitió convertirse en senador opositor y obtener junto con la suya 20 curules en el Senado de la República, y en las elecciones para la Cámara de Representantes, 19 escaños. Con un total de 39 parlamentarios en el Congreso, el "Centro Democrático" se convirtió, en vísperas de las elecciones presidenciales de junio, en la segunda fuerza política del país en el Congreso, después del Partido de la U, la agrupación de partidos y organizaciones políticas nucleadas alrededor del presidente Santos.³⁴

La fuerte ideologización que atraviesa en los últimos 13 años la cultura política colombiana, mantenida y estimulada por el ex presidente Uribe, condujo a que buena parte de los votantes adhirieran al discurso de Uribe Vélez y del candidato Zuluaga contra el proceso de paz de La Habana y al sentimiento de miedo instigado por ese discurso ideológico, ante la amenaza del "castrochavismo" y de la entrega del país al mismo, representada supuestamente por el candidatopresidente Juan Manuel Santos.

En medio de una fuerte polarización y de los graves antecedentes que hemos analizado, el 15 de junio de 2014 el presidente Juan Manuel Santos fue reelegido como presidente en una muy reñida elección frente al candidato del uribista "Centro Democrático". Un poco más del 50% por ciento de los colombianos le reconoció al presidente, ante todo, su liderazgo en el proceso de paz y sus esfuerzos por la reconciliación. No obstante el importante logro electoral de la oposición uribista, expresado en el 45 % de los votos por Zuluaga, la reelección de Santos expresó también un avance significativo en la desuribización de la cultura política colombiana, leída de manera moralista por los sectores de opinión uribistas como "traición" a la "seguridad democrática"³⁵. El reconocimiento del conflicto armado y de las víctimas del mismo, la Ley de Restitución de Tierras y el posicionamiento del tema agrario y de la modernización del campo en la agenda pública, la normalización de las relaciones del ejecutivo con la justicia, la recomposición de las relaciones externas con los países vecinos, la transformación del régimen comunicativo monológico y hacendario y la distensión del clima de pugnacidad y de polarización en la cultura política, evidenciaron efectivamente, un distanciamiento filosófico y político importante frente al militarismo de derechas, el autoritarismo, la democracia plebiscitaria y el caudillismo uribista.

Hay que destacar en la adhesión a la candidatura de Santos, la madurez del comportamiento electoral de la izquierda democrática (del Polo Democrático y su líder Clara López, de sectores del "Progresismo" del alcalde capitalino Gustavo Petro y de la centrista Alianza Verde), poniendo por sobre todo la paz y tomando distancia de tradicionales y dogmáticas posiciones de principios. El voto decisivo de estos sectores sociales, sin los cuales hubiera sido imposible el triunfo de Santos, en la medida en que le aportaron alrededor de dos millones de votos, evidenció esta vez el peso y la capacidad de decisión electoral de la izquierda.

Frente a esta realidad fue muy evidente la ambigüedad del presidente reelecto para reconocer en su discurso de celebración ante sus partidarios y electores, la noche del 15 de junio, el aporte a su triunfo del progresismo y de la figura de Gustavo Petro. Se lo tuvieron que recordar con doble insistencia los sectores petristas desde el auditorio, coreándole "Petro", "Petro".

Traigo a cuento este episodio porque me parece que una de las condiciones para el éxito del proceso de paz en Colombia y sobre todo de la futura reconciliación entre los colombianos, debe pasar por un reconocimiento discursivo y simbólico desde la cultura política hegemónica, del legítimo lugar de la izquierda en la tradición y la cultura política nacionales. Los ocho años de uribismo no solo llevaron a cabo una derechización de la cultura política colombiana sino una sistemática pedagogía del odio no sólo contra las FARC, sino contra la izquierda democrática, que resultaba muchas veces metida en el mismo saco junto a las guerrillas, el paramilitarismo y el narcotráfico, en las ficciones discursivas construidas por Uribe Vélez en torno a su lucha "contra 50 años de terrorismo". El país tiene que pensar en cómo preparar el clima afectivo para la reincorporación de las FARC y del ELN a la vida civil. Las reacciones hostiles a la propuesta hecha por esos días por el alcalde Gustavo Petro, de incorporar excombatientes guerrilleros a las Fuerzas Militares, dejaron ver también un fuerte clima de pugnacidad en la discusión de un tema que en los años 90 pudo abordarse de manera mucho más tranquila y distensionada en medio de los procesos de reinserción de excombatientes guerrilleros a la vida civil.

Los resultados electorales le plantearon también a Santos la necesidad de rectificar muchas de sus políticas, reconociendo el hecho de que un alto porcentaje de su votación no fue justamente un premio a sus políticas sociales, sino un voto por la paz y contra la amenaza de retorno del uribismo retardatario al poder.

El resultado electoral tan apretado evidenció que se requería de una comunicación gubernamental de la política de paz más fluida y asertiva, y de una hasta entonces inexistente pedagogía de la paz. También que la ambigua comunicación gubernamental de la paz en doble canal, un canal pacifista en boca del ejecutivo y de los negociadores gubernamentales, y otro guerrerista y estereotipante del interlocutor guerrillero como "narcoterrorista" o "bandido", debería ser transformada a favor de una comunicación capaz de profundizar la confianza de las partes en la mesa. Para muchos observadores críticos del discurso gubernamental, la mejor manera de responder a las críticas legítimas de sectores de la derecha al proceso de paz no debería ser el discurso antiguerrillero beligerante del ministro Pinzón, sino una política persuasiva capaz de dar respuesta a legítimas inquietudes de esos sectores sobre las implicaciones efectivas para la vida regional y local de la incorporación de las FARC a la vida civil y a la política nacional. Si bien Santos no es Mockus y su pragmatismo se aviene poco con la estrategia pedagógica, debería intentar más bien frente a esos sectores una política argumentativa y persuasiva sobre la conveniencia nacional de la paz. La respuesta del santismo a ese 45% de votantes opositores expresado en el zuluagismo (que distan de constituir un grupo homogéneo) tendría que ser cuidadosa, inteligente y diferenciada.

La gran derrotada, en esas elecciones, a pesar del estrecho margen del resultado electoral y de todo lo que está por hacerse en esa dirección, fue la política del odio del expresidente Uribe.

Como balance de esa elección también nos quedó la certeza de que los medios de comunicación y sobre todo los electrónicos, tienen que repensar su agenda de país: la difusión de mitos y de la propaganda sucia de la derecha asociando a Santos y su política de paz con un supuesto castrochavismo, fue posible por todas las omisiones estructurales de los medios electrónicos en la generación de una opinión pública de calidad y de profundidad en torno a los problemas nacionales.

IX. 2015 COMO UN AÑO DE CRISIS Y ÁLGIDOS MOMENTOS DE INCERTIDUMBRE EN EL PROCESO DE LA HABANA, PERO TAMBIÉN DE AVANCES Y DECISIONES FUNDAMENTALES PARA LA PAZ

Mientras todos los hechos y procesos que hemos venido narrando y analizando sucedían en Colombia, los equipos negociadores de las dos partes en La Habana lograban acuerdos parciales sobre asuntos claves de la agenda como el tema agrario, cultivos ilícitos, la participación política y la reparación a las víctimas.

Ha sido paradójico que mientras el proceso de paz a lo largo de estos tres años gana cada vez más un respaldo político y simbólico a nivel de la comunidad internacional, en Colombia la polarización interna y la acción opositora y la política de odio hacia las FARC y hacia los diálogos de paz de La Habana de parte del expresidente Uribe, con su enorme influencia sobre la opinión pública, dificultan la construcción de un consenso y de un sólido apoyo ciudadano a la política de paz. El procurador Alejandro Ordóñez, aliado del uribismo en la cruzada contra el proceso de paz, contribuye también permanentemente a la descalificación del proceso de diálogo de La Habana y a alimentar un clima de desconfianza en la negociación con las FARC. Nos detendremos a continuación en esos momentos de crisis y de avance de los diálogos de paz en el 2015.

Las crisis de los diálogos de paz y los riesgos de dialogar en medio del conflicto armado

La captura del general Rubén Alzate por las FARC el 16 de noviembre de 2014 en una población ribereña sobre el río Atrato, en el departamento del Chocó, significó la primera gran crisis en el proceso de diálogos de paz. Por este motivo se interrumpieron las conversaciones entre las partes en Cuba. El 30 de noviembre de 2014 el líder guerrillero Pastor Alape entregó al general Alzate y la guerrilla de las FARC liberó a dos soldados en el departamento de Arauca, acciones que condujeron a la reanudación de los diálogos en La Habana el 10 de diciembre³⁶.

En diciembre de 2014 las FARC decidieron adoptar una tregua unilateral del fuego probablemente con la intención de propiciar progresivamente la adopción en la mesa de diálogos de la decisión de acordar un cese bilateral del fuego. Este cese unilateral se mantuvo hasta el 15 de abril de 2015, cuando la muerte de 11 soldados por parte de las FARC en Buenos Aires, Cauca, condujo a la reanudación por el presidente Santos de los bombardeos sobre los campamentos de las FARC, los cuales habían sido suspendidos en reciprocidad con la declaratoria y observancia por las FARC del cese unilateral del fuego. La guerrilla acusó al ejército de desarrollar acciones de hostigamiento y sobre ese argumento justificó el ataque a los soldados. A partir de este momento arreciaron los ataques de las FARC contra la infraestructura eléctrica y algunos acueductos en el sur del país, dejando sin agua y sin luz a varios pueblos y ciudades. En el Putumayo, departamento limítrofe con Ecuador, unidades de esa guerrilla causaron sucesivos derrames de crudo de decenas de camiones transportadores que causaron pérdidas no solo a la industria petrolera, sino sobre todo graves afectaciones a las aguas de los ríos y a muchas áreas de cultivo³⁷.

Ante la gravedad de estos ataques a la infraestructura petrolera y la afectación del clima de la mesa de diálogos por estos graves hechos, que se extendieron de manera cruenta durante los meses de abril, mayo, junio y hasta mediados de julio, debieron mediar los voceros de los países garantes, Cuba y Noruega, y los de los países acompañantes, Chile y Venezuela, para detener la confrontación militar. Las FARC respondieron a esta mediación con el anuncio de un nuevo cese unilateral del fuego a partir del 20 de julio de 2015³⁸.

Otro hecho que generó zozobra para el proceso de paz fue la explosión el jueves 2 de julio de 2015, de dos bombas en Bogotá, que posteriormente fueron atribuidas por las autoridades policiales al Ejército de Liberación Nacional ELN, organización con la cual el gobierno viene adelantando aproximaciones para un eventual diálogo de paz³⁹. Más allá de la autoría de la explosión de estas bombas es importante decir que ellas generan mucha inquietud en la medida en que traen a la memoria de los bogotanos las peores épocas del terrorismo de Pablo Escobar a comienzos de los años 90. Adicionalmente, el uribismo, las otras fuerzas de la derecha política como el Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez, los opinadores de derecha y los enemigos del proceso de paz, aprovechan este tipo de acciones terroristas para atribuirlas automáticamente y sin esperar alguna confirmación de las autoridades, a la guerrilla de las FARC, y como demostración de su supuesta incoherencia o de su falta de voluntad política para avanzar en la negociación de paz (Vélez, 2015).

Un hecho importante para el proceso de paz se produjo a mediados de mayo de 2015 con la salida del Ministerio de Defensa del ministro Juan Carlos Pinzón y la llegada del industrial Luis Carlos Villegas, quien había hecho parte del equipo negociador en La Habana y representa una figura más conciliadora para la etapa final de los diálogos de paz. La salida del Ministro Pinzón significó también el final de la comunicación en doble canal a la cual nos referimos arriba: uno que le confería a las FARC estatus de negociador legítimo, y un segundo que al mismo tiempo los destituía como interlocutores válidos, al tildarlos de "narcoterroristas" y "bandidos"⁴⁰. De esta manera, el gobierno Santos empezó a mostrar un discurso más coherente con la política gubernamental de paz. Otro hecho coincidente con esta decisión fue la promoción de nuevos mandos militares, más favorables al proceso de paz, como parte de los procesos de relevo de los altos mandos en las Fuerzas Militares, la Fuerza Aérea Colombiana y la Armada Nacional⁴¹.

Un anuncio importante a comienzos del mes de junio de 2015 fue el del acuerdo logrado entre las partes en la Mesa de Conversaciones para crear una Comisión de la Verdad sobre el conflicto ("La hora de la verdad", 2015).

Otro acontecimiento simbólicamente importante para la paz en el 2015, que se ha venido llevando a cabo paralelamente al avance de los diálogos de La Habana, fue el acuerdo para iniciar el desminado conjunto entre las Fuerzas Militares y las FARC, de zonas afectadas por las minas antipersonas y el inicio de las labores para ese fin en una región piloto en el departamento de Antioquia.

El "descubrimiento" de las FARC por los medios de comunicación a mediados de febrero

El análisis del comportamiento informativo de los medios y del periodismo en las coyunturas de guerra y en las coyunturas de diálogos de paz con la guerrilla, nos ha mostrado que durante los ciclos de paz se abre el espectro informativo, se produce cierta curiosidad y atención hacia el enemigo que empieza a verse entonces más como un adversario y un interlocutor válido en la búsqueda de vías para la reconciliación. Los ciclos de confrontación armada, por el contrario, cancelan la referencia al adversario como alguien con el cual se pueden establecer líneas de conversación, exacerban la percepción del enemigo como monstruo, despojándolo así de cualquier rasgo de humanidad.

A mediados del mes de febrero de 2015 nos sorprendió observar en varios de nuestros medios masivos, algunas expresiones de apertura comunicativa hacia las FARC que evidenciaban un intento de parte del periodismo hegemónico, de darles la palabra en formatos menos controlados y editados que aquellos en que han venido apareciendo los líderes y voceros de las FARC en la mesa de La Habana, desde que se inició el proceso de diálogo hace más de dos años. Un programa de "Hora 20", importante espacio nocturno de opinión radial de Caracol Radio, del grupo español Prisa, se realizó en directo, sin ediciones ni censuras, con participación de los negociadores de las FARC desde la Habana. La misma semana, el domingo 15 de febrero de 2015, el programa de reportaje televisivo "Los informantes", en Caracol Televisión, del grupo empresarial Santodomingo, le dedicó una de sus tres historias a entrevistar a los miembros de un frente guerrillero de las FARC, actuante en los límites entre los departamentos de Caquetá y Meta. Mientras tanto, el mismo domingo 15 de febrero, el periódico El Espectador, también del grupo Santodomingo, dándoles primera página completa a un guerrillero y a una guerrillera jóvenes pertenecientes al mismo frente de las FARC, publicita el programa que se emitirá en la noche por Caracol Televisión y publica en páginas interiores un artículo sobre el encuentro realizado con la columna móvil de la guerrilla, titulado "Las Farc hoy, selva adentro (pp. 8-9)".

Personalmente me sorprendieron estos programas en la medida en que pese a los más de dos años que tienen ya los diálogos de La Habana, la información sobre las FARC ha sido hasta ahora muy controlada y limitada con frecuencia a las intervenciones de sus voceros en las ruedas de prensa cuando se abren o se cierran los ciclos de la negociación, las cuales se presentan generalmente editadas. Hay que anotar en este punto que ya desde el comienzo de los diálogos de paz auspiciados por Cuba y Noruega, en el segundo semestre de 2012, a los observadores atentos de los medios y el periodismo nos sorprendió negativamente el hecho que el día en que se instalaron las conversaciones de paz en La Habana, mientras los canales televisivos privados colombianos transmitieron la rueda de prensa ofrecida por los negociadores gubernamentales liderados por Humberto De la Calle, decidieron no transmitir la rueda de prensa ofrecida por los voceros de las FARC. Paradójicamente, muchos televidentes interesados en escuchar el punto de vista de la guerrilla, tuvimos que ver la rueda de prensa de las FARC a través del canal venezolano Telesur y otras personas a través del canal público bogotano Canal Capital, que con una concepción más abierta y quizás más consciente de lo que estaba en juego para el país en el inicio de los diálogos de paz, decidió transmitir completo y sin censuras el acto de instalación de la mesa de conversaciones. A muchos analistas nos pareció inaceptable dicha censura justo cuando comenzaban unos diálogos de paz cuyo objetivo era tratar de poner fin al conflicto armado, y donde un principio fundamental desde el cubrimiento mediático tendría que haber sido el de tomarse en serio a la contraparte, brindándole un trato digno y la necesaria consideración como interlocutor para la búsqueda de la paz.

El cambio en el comportamiento de los medios a partir de mediados de febrero no pasó inadvertido para algunos columnistas de opinión. Tal vez el primero en notarlo fue Alfredo Molano (2015: 63) quien reaccionó recordándonos el valor del diálogo y de la apertura informativa para acercar a las partes y poder acabar con la guerra:

El programa Hora 20 de Caracol permitió a la audiencia oír, por fin, a las Farc sin ser traducidas, filtradas o falsificadas y, sobre todo, defendiéndose sin armas.

De las guerrillas ha sabido el país lo que a los gobiernos les conviene, y ese hecho ha contribuido a que la pólvora se oiga más. El que permitió oír en directo a los comandantes de las Farc frente a reconocidos periodistas en un intercambio de preguntas y respuestas al aire fue un espacio de opinión verdaderamente democrático.

[...]

Hoy los jefes de las Farc han ido cambiando poco a poco los énfasis de su lenguaje por una simple razón: no pueden apelar a frases de cajón ni a argumentos autoritarios frente a un país cada día más deliberante; tienen que vérselas con una opinión de mil acentos. Programas como Hora 20, al que fueron invitados por Caracol, demuestran la utilidad de la palabra como sustitución de las armas. También creo que los medios han modificado un tanto la imagen sobre las guerrillas, teniendo en frente personas de carne y hueso que pueden sonreír y que saludan de mano. Una cosa es mirar a las guerrillas desde las salas de redacción y, otra, encontrárselas en un set. Tampoco es lo mismo mirar a los periodistas desde las trincheras que enfrentarlos mirándoles los ojos.

La columnista María Elvira Bonilla (2015: 28) se refirió también a esta aún incierta apertura informativa frente al interlocutor guerrillero en la mesa de negociación, con un diciente titular, "La llegada de las FARC a los medios", con los argumentos siguientes los cuales suscribo en sus líneas generales:

Por compartir esta concepción sobre la información libre, el respeto a la opinión ajena, la urgencia de abrir compuertas mentales para darles cabida a nuevas visiones y escuchar distintos puntos de vista, desde orillas distintas, aplaudo el espacio que los grandes medios radiales y televisivos les han empezado a dar a los comandantes de las Farc. Así sucedió con Carlos Castaño, jefe de las Auc, cuando gracias a la entrevista que Claudia Gurisatti le hizo en su momento para RCN, el país pudo entender el propósito de su cruzada de violencia y muerte y tener de frente al ser humano que estaba detrás de ésta.

Igual ocurre con los comandantes de las Farc. Hay que oírlos. Hay que conocer y respetar sus puntos de vista, que no significa compartirlos. Que produzcan rabia o asombro, pero frente a frente, en la radio, frente a la pantalla de la televisión. Verlos como seres humanos de carne y hueso, cara a cara, con todos sus gestos, con tolerancia y sin tantos odios enconados. Conocer de primera mano, desde su experiencia existencial, 40 años de una opción de vida cuestionable, pero que tiene un sentido para quienes la asumieron y están hoy negociando una salida a un conflicto del que han sido protagonistas. Si no los escuchamos y conocemos lo que piensan, sus propósitos y aspiraciones, no habrá paz posible, por más acuerdos que se firmen en La Habana.

CONCLUSIONES

El anuncio del 23 de septiembre de 2015 sobre el acuerdo de justicia transicional entre el gobierno Santos y las FARC y de que a más tardar en seis meses, es decir antes del 23 de marzo de 2016, se realizará la firma del acuerdo final de paz, y que en dos meses a partir de ese acuerdo final, se llevará a cabo la dejación de las armas, constituyó un hecho trascendental para el logro de la paz en Colombia. Si bien en los días posteriores se suscitaron fuertes polémicas con el ex presidente Uribe, el procurador Ordóñez y sectores de la oposición al proceso de paz que nuevamente fustigaron el proceso en virtud de ciertos puntos concretos relacionados con las penas de privación de la libertad y las condiciones de reclusión o de restricción de la libertad de los guerrilleros culpables de delitos, que no habían quedado claramente establecidos en el acuerdo⁴², ese anuncio creó un nuevo clima de opinión más optimista frente a la paz y mejoró un poco la actitud de escepticismo de los colombianos frente a los diálogos de La Habana. El apoyo por los mismos días a los diálogos de paz por parte del presidente Obama, del papa Francisco y de la Unión Europea, la cual nombró un delegado especial para los diálogos de paz, significó también un espaldarazo al proceso de conversaciones. Unas semanas más tarde el gobierno Santos anunció que si se llega a firmar el punto de la agenda de negociaciones relacionado con "terminación del conflicto" en lo que resta del año 2015, el gobierno consideraría la posibilidad de decretar conjuntamente con las FARC el cese bilateral del fuego con veeduría internacional, probablemente del Consejo de Seguridad de la ONU, a partir del 1º. de enero de 2016⁴³.

Las elecciones del 25 de octubre de 2015 a gobernaciones y asambleas departamentales, como también a alcaldías y a concejos municipales, mostraron un triunfo importante de las fuerzas políticas cercanas a la coalición gubernamental que apoya el proceso de paz, y la derrota del uribismo que aunque obtuvo unas 100 alcaldías municipales en todo el país, perdió en sus zonas de mayor influencia como el departamento de Antioquia, la ciudad de Medellín y en Manizales, capital del departamento de Caldas. Estas elecciones eran muy importantes en la medida en que en ellas se estaban eligiendo los alcaldes y gobernadores del posconflicto armado o del posacuerdo.

Si bien hemos llamado la atención sobre los avances en las negociaciones de paz y finalizando el 2015 hay una mayor confianza en la culminación exitosa del proceso de diálogos con las FARC, en este artículo hemos mostrado también la complejidad de la situación colombiana en la cual están presentes poderosos intereses opuestos a un desenlace positivo del proceso de paz.

Al presidente Uribe Vélez no le conviene la paz con las FARC en la medida en que el modelo de justicia transicional impulsado por el presidente Santos en los diálogos de La Habana conduce necesariamente a una visibilidad más o menos equitativa de las distintas víctimas y de los distintos victimarios responsables por las violencias y la crisis humanitaria colombianas. Las responsabilidades judiciales de Uribe Vélez por violaciones a los derechos humanos como gobernador de Antioquia y como presidente de la república serían por lo tanto necesariamente consideradas por la justicia transicional y por la Comisión de la Verdad. Por esa razón y movido además por el odio hacia las FARC, Uribe Vélez anhela profundamente y promueve la ruptura del proceso de paz de Santos con las FARC para volver a la confrontación militar, para regresar a su apuesta por una política de derrota militar de la insurgencia que impondría una "paz de vencedores", la cual cargaría fundamentalmente el grueso de la culpa por el conflicto armado colombiano a las FARC y relativizaría o descargaría de responsabilidad a otros perpetradores, sobre todo a aquellos ligados a sectores de la clase política, al estamento militar, al empresariado, y por supuesto, al propio ex presidente, ungido de nuevo como el salvador de la nación frente a la amenaza terrorista.

Los demócratas y partidarios de la paz con las FARC y el ELN consideramos que el actual modelo de negociación ofrece unas posibilidades no solo de reparación integral a las víctimas, sino de construcción de una verdad ligada a una estructura más o menos equitativa de visibilidad de un amplio conjunto de víctimas y de victimarios.

Tenemos la esperanza de que este proceso de diálogo y de verdad conduzca a un punto central de quiebre en la política y en la cultura política de los colombianos, que le reste espacio a la acción violenta, que rompa las relaciones históricas entre la violencia y el ejercicio de la política, que genere progresivamente una sociedad civil menos intimidada y más organizada, y que desterrado el conflicto armado del lugar central que ha tenido en la vida y en la agenda pública, los colombianos podamos construir una agenda social rica y plural que posibilite avanzar en la lucha contra la desigualdad y crear una sociedad con mayores oportunidades.

Los medios de comunicación privados y públicos van a jugar un papel muy importante en la aplicación de la justicia transicional, en la comunicación del trabajo y las conclusiones de la Comisión de la Verdad, en la reparación simbólica de las víctimas y en la sanción ética y simbólica a los victimarios. No sobra advertir que dados los fuertes intereses económicos y políticos que atraviesan a los grandes medios comerciales, ellos van a ser también un terreno de lucha entre las fuerzas que propenden por la paz y la reconciliación y las que están a favor del odio y la continuidad de la guerra.

El posacuerdo o posconflicto armado no va a ser un camino de rosas y seguramente muchas de las polarizaciones e intolerancias a las que hemos aludido en este escrito se van a reciclar en las nuevas condiciones del posacuerdo. Sin embargo, abrigamos la esperanza que con el cierre del ciclo histórico de cincuenta años de confrontación armada interna, la sociedad colombiana pueda reorientar su cultura política hacia formas de mayor tolerancia y negociación que superen los desgarramientos históricos producidos por la guerra y que permitan desarrollar las potencialidades de un país rico en recursos naturales y humanos.

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"En un acalorado debate Piedad Córdoba y Andrés Gil explican alcances de la Gran Marcha Patriótica" (2012). En: www.rpasur.com www.youtube.com/watch?v=DMowyECqhFY (consultado el 25 de julio de 2012)

Origen del paramilitarismo en Antioquia, en www.youtube.com/watch?v=iqEf717TTJE (consultado el 14 de octubre de 2012)

Fecha de recepción: 11/11/2015
Fecha de aprobación: 18/12/2015

NOTAS

* El presente artículo es un producto de la investigación: "El proceso de paz del gobierno Santos con las FARC: cultura política y medios de comunicación", IEPRI, Universidad Nacional de Colombia.

1 Compartimos con Ernesto Laclau (2010) la idea de que "la razón populista" y la manera populista de hacer política en tanto forma de interpelación a lo popular y como modalidad de encadenamiento de demandas sociales, tiene versiones, no sólo en América Latina, sino en Europa y otras latitudes, tanto de izquierda como de derecha.

2 Sobre el uso de esa noción propuesta por el general Freddy Padilla de León, de que frente a la insurgencia de las FARC estábamos ya en "el fin del fin", puede verse Sierra, Álvaro (2008).

3 Interesadamente, en la medida en que constituyen un duopolio televisivo, ligado a dos grandes grupos económicos, el Grupo Ardila Lulle y el Grupo Santodomingo.

4 Debo la precisión de la idea de "redefinición afectiva", aplicada a la labor de influencia del discurso presidencial de Uribe Vélez y de su amplificación por los medios, en la reorientación política de los sentimientos de los colombianos, al profesor Hermann Herlinghaus, director de mi disertación doctoral (López de la Roche, 2009) y a su aguda lectura de los capítulos dedicados a los noticieros de televisión.

5 Es importante prestar atención en las experiencias neopopulistas latinoamericanas de derechas o de izquierdas o en los regímenes comunicativos que acompañan los sistemas políticos de los gobiernos del socialismo del siglo XXI, a los procesos de construcción discursiva desde el poder de reales o supuestos "enemigos nacionales" y al uso de la noción de "enemigo" para los propósitos de cohesión de la población en apoyo a las políticas internas de los gobiernos.

6 En la lógica planteada por Laclau (2010) acerca del populismo como modalidad de articulación de sentidas demandas sociales, Uribe Vélez supo catalizar las demandas de orden y seguridad de los colombianos frente a la situación de conflicto armado y las sensaciones de inseguridad experimentadas por amplios grupos de la población en sus viajes por las carreteras y principales troncales del país. La guerrilla de las FARC, con su manejo desacertado e impolítico del proceso de paz con Pastrana y con sus abusos con el secuestro como forma de financiación, intentando presentar discursivamente el secuestro y la extorsión como un "impuesto social", se granjeó una profunda animadversión de amplios grupos de la sociedad colombiana, ofreciéndole todos los argumentos al candidato Uribe para una campaña electoral exitosa de "mano dura contra la amenaza terrorista de las FARC".

7 La gran mayoría de esos parlamentarios eran miembros de la coalición uribista mayoritaria en el Congreso de la República y el cinismo gubernamental llegó al punto de que el presidente Uribe les solicitara a los parlamentarios investigados que antes de irse para la cárcel votaran a favor los proyectos gubernamentales de ley impulsados por el ejecutivo.

8 Además de esas violencias simbólicas y físicas de las cuales ha sido objeto la izquierda en Colombia, procedentes desde la derecha y el bipartidismo liberal-conservador, en esa debilidad histórica y marginalidad de la izquierda en la cultura política colombiana han pesado también sus propios problemas internos, su dogmatismo, sus fragmentaciones, sus intolerancias y sus apuestas militaristas. Sobre esta compleja y dual historia, de idearios libertarios y luchas emancipatorias, junto a apuestas dogmáticas, verdades absolutas, autoritarismos internos y militarismos, puede consultarse mi libro Izquierdas y cultura política. ¿Oposición alternativa?, CINEP, Bogotá, 1993 .

9 Tomo el concepto de "re-narración" del libro de Hermann Herlinghaus, Renarración y descentramiento. Mapas alternativos de la imaginación en América Latina, Iberoamericana-Vervuert, Madrid-Frankfurt am Main, 2004

10 En su alocución presidencial del 13 de mayo de 2008 para explicar la extradición a Estados Unidos de 14 jefes paramilitares (que en verdad eran grandes narcotraficantes que pagaron "franquicias" para aparecer como comandantes paramilitares y poder acogerse así a la Ley de Justicia y Paz), Uribe Vélez se refirió a "el dolor causado en 50 años de terrorismo" (Noticias Caracol, 13 mayo 2008, 12:30 A.M. Transmisión en directo en encadenamiento de canales públicos y privados. Notas de mi libreta de campo).

11 Gustavo Petro, economista, ex guerrillero del M-19, senador en ese entonces por la izquierda democrática, y a partir del primero de enero de 2012 Alcalde Mayor de la ciudad de Bogotá, le hizo en el Senado el 17 de abril de 2007 un argumentado debate al presidente Uribe, mostrando con cifras y nombres concretos cómo numerosos miembros de las "cooperativas de seguridad" creadas por Álvaro Uribe Vélez cuando había sido gobernador de Antioquia, terminaron haciendo parte de los futuros grupos paramilitares (www.youtube.com/watch?v=iqEf717TTJE). León Valencia, ex guerrillero del ELN (Ejército de Liberación Nacional), escritor, investigador y periodista, ha sido el director de la "Corporación Arco Iris" desde la cual se adelantaron importantes investigaciones académicas que contribuyeron a develar las articulaciones políticas, militares y electorales entre numerosísimos congresistas y los grupos paramilitares en muy diversas regiones del país. Buena parte de esos políticos regionales ligados al paramilitarismo constituyó y constituye la base política del entonces presidente y del hoy ex presidente Álvaro Uribe.

12 Ver la entrevista a Christophe Beney, Director del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, en la cual cuestiona la precaria visibilidad de los desaparecidos en los medios masivos de comunicación colombianos, frente a la visibilidad conferida por los grandes medios a algunas de las víctimas del secuestro guerrillero, en: "El conflicto se ha movido a zonas que no estaban afectadas". Entrevista a Christophe Beney, Semana.com. Martes 22 de septiembre. 2009. [Consultada: domingo 1º. de noviembre de 2015].

13 Estos replanteamientos que valoramos ante todo sectores democráticos ilustrados, de clases medias o grupos sociales políticamente cultos o formados, no se traducen necesariamente en popularidad. En la práctica el presidente Santos aparece como un hombre formal y acartonado, poco carismático y distante de la gente.

14 Sobre la "abrazatón" del 26 de octubre de 2011 en Bogotá puede verse el siguiente video: Abrazaton marcha estudiantil en Bogotá, Colombia: www.youtube.com/watch?v=aagb9qauA_o

15 El sociólogo e investigador social Francisco Reyes, quien presenció la manifestación de la "Marcha Patriótica", me manifestó en una posterior conversación, que no se veía una manifestación campesina de esa envergadura desde el año de 1974, cuando se realizó una gran concentración con motivo de la Cuarta Conferencia Nacional de la Asociación de Usuarios Campesinos, ANUC. Conversación con Francisco Reyes, Bogotá, agosto de 2012.

16 Si bien es muy probable que la Marcha Patriótica haya contado con el respaldo y participación de simpatizantes de las FARC, hay que tener en cuenta que en la Marcha Patriótica confluyen más de 1.500 organizaciones sociales de todo el país, representantes de muy distintas vertientes del movimiento popular. Algunos analistas consideraron que la Marcha podría constituir hacia el futuro, en caso de que las negociaciones de paz con las FARC se desarrollaran exitosamente, un posible espacio de reincorporación de esa guerrilla, convertida en una organización política legal, en el juego político-electoral.

17 La entrevista completa puede consultarse en: "En un acalorado debate Piedad Córdoba y Andrés Gil explican alcances de la Gran Marcha Patriótica", en www.rpasur.com o: www.youtube.com/watch?v=DMowyECqhFY

18 Como investigador de los medios y de la política, estoy convencido de que los grandes medios de comunicación y el periodismo hegemónico desde hace mucho tiempo no realizan en nuestro país una reportería seria, respetuosa y pormenorizada de los movimientos y de las movilizaciones sociales, que consulte con profesionalismo y respeto las opiniones de los líderes y de las bases. Por el contrario, se quedan casi siempre en visiones muy superficiales producidas desde fuera o desde los prejuicios ideológicos de los periodistas y de sus jefes en las redacciones. Esto me ha llevado a realizar el ejercicio de asistir con libreta de campo y cámara fotográfica a algunas de las más importantes movilizaciones sociales, a hacer observaciones y registros cuidadosos de lo que allí se expresa, para compararlos luego con las representaciones televisivas o de la prensa escrita sobre esos mismos acontecimientos. Este ejercicio permite ver muchas de las ligerezas y el facilismo que hoy día caracterizan la práctica de la profesión periodística en un entorno complejo, turbio, conflictivo y muchas veces altamente polarizado, como es el colombiano, que demandaría por lo tanto un ejercicio más atento, serio y profesional del oficio. El relato de algunos aspectos de la "Marcha Patriótica" del 23 de abril de 2012, así como el de la movilización estudiantil del 11 de noviembre de 2011, es producto de mi observación participante y de mi propia reportería, entre académica y periodística, de dichas movilizaciones.

19 En los estudios de teoría de la recepción, la "lectura preferente" o "preferencial" tiene que ver con la lectura o interpretación que el emisor del mensaje quiere que el radioescucha o televidente haga. Otras modalidades de la recepción pueden ser la "lectura de oposición" en la que el receptor controvierte o toma distancia de la lectura preferente que el noticiero o el medio propone, o la "lectura negociada", en la que se produce una negociación de sentidos o interpretaciones de los hechos narrados o analizados, donde el receptor le da la razón al emisor en algunas de sus interpretaciones y simultáneamente toma distancia frente a otros de sus argumentos o aseveraciones. Sobre el uso analítico de estas categorías, ver Hall, Stuart (1980) y Morley, David (1996).

20 Véase la portada del diario El T iempo, con la foto del sargento Rodrigo García, titulada "El sargento que se volvió un símbolo", en la edición del domingo 22 de julio de 2012

21 La entrevista puede consultarse en http://www.lasillavacia.com/elblogueo/ccortes/34822/el-interrogatorio-de-luis-carlos-velez

22 El texto del acuerdo, escaneado y con las firmas de los integrantes de las dos partes, puede verse en: https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf

23 Una evaluación compleja y pormenorizada de la influencia de los dos gobiernos de Uribe Vélez sobre la cultura política colombiana, puede consultarse en mi libro Las ficciones del poder. Patriotismo, medios de comunicación y reorientación afectiva de los colombianos bajo Uribe Vélez (2002-2010), IEPRI-Penguin Random House, Bogotá, 2014.

24 El Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia fue creado y es dirigido por el investigador Alejo Vargas Velásquez y es integrado por profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, la carrera de Ciencia Política, el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, y la Facultad de Ciencias Humanas de dicha universidad.

25 Ver http://nacionesunidas.org.co/blog/2014/07/02/comienzan-foros-sobre-victimas/]

26 Ver http://nacionesunidas.org.co/blog/2014/07/02/comienzan-foros-sobre-victimas/]

27 Ver http://nacionesunidas.org.co/blog/2014/07/02/comienzan-foros-sobre-victimas/]

28 Ver http://nacionesunidas.org.co/blog/2014/07/02/comienzan-foros-sobre-victimas/]

29 Ver http://nacionesunidas.org.co/blog/2014/07/02/comienzan-foros-sobre-victimas/]

30 Asistí, como miembro del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de La Habana de la Universidad Nacional de Colombia, en calidad de moderador de mesas de trabajo, tanto a los Foros temáticos como a las mesas de trabajo con las víctimas. El análisis que hago de estos dos tipos de eventos y la valoración de su significación, es resultado también de mi propia experiencia como moderador de las reuniones de los participantes en las mesas de discusión y de recepción de propuestas.

31 Antanas Mockus es un político, matemático y filósofo colombiano de ascendencia lituana. Alcalde de Bogotá en dos ocasiones, ha sido candidato a la Presidencia de la República en 2006 y 2010. Pedagogo, ha sido un impulsor de la política de "cultura ciudadana", orientada a la regulación de las relaciones interpersonales en ámbitos urbanos, a través de estrategias de intervención simbólica.

32 La excepción es sin lugar a dudas Canal Capital, el canal público de televisión de Bogotá, orientado por el periodista Hollman Morris y posteriormente por el cineasta Lisandro Duque, durante la administración del alcalde Gustavo Petro, ex miembro del M-19 y decidido partidario de la paz con las FARC. Hay que reconocer también el intento de Noticias RCN, bajo la dirección de Rodrigo Pardo (enero de 2012 a enero de 2015), y antes del regreso a la dirección de noticias del Canal RCN, de Claudia Gurisatti, de cubrir con una cierta atención las mesas con las víctimas a través del periodista Jairo Gómez como enviado especial.

33 Ver el informe especial de la revista Semana "El ventilador del 'hacker' " (Edición No. 1686, 24 – 31 de agosto de 2014, pp. 26-34). El hacker Andrés Sepúlveda fue investigado y condenado por la justicia y en el proceso judicial en su contra denunció todos los pormenores y los responsables de la campaña orquestada por el uribismo contra el proceso de paz con las FARC.

34 Del twitter al Congreso", en Edición Especial revista Semana, "Resumen 2014. Colombia y el mundo", p.62.

35 La interpretación de los replanteamientos introducidos por Juan Manuel Santos al modelo uribista de la "seguridad democrática" como traición, es propia de la polarización ideológica experimentada por la cultura política colombiana durante y después del uribismo. El hecho de que Juan Manuel Santos triunfara con una promesa electoral de continuidad con la política de "seguridad democrática" de Uribe Vélez y con los votos del candidato-caudillo, y luego replanteara sustancialmente los postulados de la política de Uribe Vélez, le ha acarreado de parte del uribismo más recalcitrante, esa condena de "traidor". Sobre mi propia interpretación de esa supuesta "traición", ver López de la Roche, 2015, en: http://www.semana.com/opinion/articulo/fabio-lopez-de-la-roche-santos-traidor-proposito-de-odios/436513-3

36 Sobre el secuestro y entrega del general Rubén Alzate, ver "¿Qué sigue ahora?", Semana, Edición No. 1699, 23 al 30 de noviembre de 2014, pp.28-31.

37 " 'Jugando con fuego' [...]",

38 "¿Cese bilateral del fuego?", Semana, Edición 1732, 12 al 19 de julio de 2015, pp.22-26.

39 "¿Quién pone las bombas?", Semana, Edición 1731, 5 al 12 de julio de 2015, pp. 18-20. Es importante precisar en este punto que aunque el ELN es una organización mucho menor que las FARC, conserva una presencia militar importante sobre todo en el departamento de Arauca y en otros departamentos del país. Para la consolidación definitiva de la paz en Colombia se requiere también un proceso de paz con esta organización.

40 "Cuatro años de Pinzón", Semana, Edición1728, 14 al 21 de junio de 2015, pp. 36-37.

41 "Guerreros para la paz", Semana, Edición 1732, 12 al 19 de julio de 2015, p.40.

42 Sobre el acuerdo del 23 de septiembre de 2015 acerca de una "Jurisdicción Especial para la Paz" y los puntos álgidos que están sujetos a precisiones, relacionados con las amnistías y las penas de restricción a la libertad, pero también con los mecanismos de nombramiento de los magistrados que integrarían esa jurisdicción, ver: Laverde, Juan David, "Los detalles del pacto de justicia con las FARC", El Espectador, domingo 1º. de noviembre de 2015, pp. 4, 6 y 8.

43 García, Hugo y Marcela Osorio, "El meollo de la verificación. Intríngulis del cese del fuego bilateral", El Espectador, domingo 1º. de noviembre de 2015, p. 10.