http://dx.doi.org/10.15446/anpol.v29n86.58047

COLOMBIA INSULAR: CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD Y MOVILIZACIÓN DEL PUEBLO RAIZAL DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA

IDENTITY AND SOCIAL MOBILIZATION OF THE RAIZAL PEOPLE FROM THE SAN ANDRES ARCHIPELAGO IN THE COLOMBIAN CARIBBEAN

Miguel Andrés González Palacios*

^* Politólogo y Profesional en Lenguajes y Estudios Socioculturales, Universidad de los Andes, Colombia. Estudiante de último año de máster en Comunicación Multilingüe, Université libre de Bruxelles, Bélgica. Correo electrónico: mig.gonzalezp@gmail.com

RESUMEN

En numerosas regiones del mundo, las diferencias culturales y las tensiones con el Estado central han llevado a que minorías étnicas subnacionales se movilicen en busca de su independencia. Sin embargo, en el archipiélago de San Andrés y Providencia estas circunstancias no han conducido a que los nativos raizales conformen un movimiento separatista fuerte. Sostengo que la forma en que se ha dado su relación con el Estado les ha generado a éstos un conflicto identitario, el cual impide que se consolide una oposición radical contra la soberanía colombiana. Además, la ausencia de formas de autogobierno y la dependencia para el sostenimiento económico hacen que el separatismo no se perfile como un motivo contundente de movilización entre la población raizal.

Palabras Clave: movimientos sociales; identidad; nacionalismo étnico; autodeterminación; raizales; Caribe

ABSTRACT

In many regions of the world, cultural differences and political tensions with the state have led ethnic minorities to mobilize for the secession of their territories. However, in the archipelago of San Andrés y Providencia these circumstances have not led the native raizal people to form a separatist movement. I argue that the relationship between the state and the raizal people has created an identity conflict in the latter, hindering the consolidation of radical opposition to Colombian sovereignty. Furthermore, the absence of self-governing institutions as well as the dependence for economic sustenance prevents separatism from being a strong cause for collective action.

Keywords: social mobilization; identity; ethnic nationalism; self-determination; Raizals; Caribbean

INTRODUCCIÓN

Lejos de los Andes y del río Magdalena hay un pedazo de Colombia en medio del Caribe. Conocido por la belleza de sus paisajes, el archipiélago de San Andrés y Providencia es la única región completamente insular del país, con lo cual las características de su medio natural y de su población son sustancialmente distintas del resto de la geografía nacional. Los nativos de las islas, conocidos hoy en día como raizales, son en su mayoría descendientes de africanos traídos como esclavos por holandeses y británicos, su lengua es un creole del inglés y su sistema de valores se asienta sobre la fe Bautista. La distancia geográfica propició una presencia estatal débil mientras que las diferencias culturales hicieron que la inclusión de la población nativa en el proyecto nacional fuera un proceso conflictivo, pues se fundamentó en el desconocimiento sistemático y la represión de la cultura autóctona¹.

El paisaje y la vida social en las islas cambiaron radicalmente a partir de la declaratoria de San Andrés como Puerto Libre en 1953. La llegada sostenida y descontrolada de nuevos pobladores se combinó con la precariedad de la infraestructura y la debilidad de las instituciones estatales, resultando en una complicada situación para el sostenimiento ecológico y para la vida de los habitantes de las islas. A esto se sumó el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que en noviembre de 2012 cedió más de la mitad del mar continental a Nicaragua, generando una pérdida sustancial del territorio ancestral de los raizales además de causarles mayores complicaciones para asegurar sus medios de subsistencia. Esto puso en evidencia las graves consecuencias que implica para ellos el no contar con la autonomía suficiente para intervenir en las decisiones que los afectan directamente a ellos y a su territorio.

Se trata entonces de un pueblo con una lengua, una cultura y una historia diferentes a las del imaginario nacional, cuya supervivencia y libertad de vivir de acuerdo a sus costumbres se ve amenazada por la acción estatal en su territorio. En circunstancias similares, numerosas minorías étnicas del mundo se han movilizado en búsqueda de su independencia². Sin embargo, hasta el momento los raizales sanadresanos no han conformado un movimiento que se oponga radicalmente a la soberanía del Estado colombiano en las islas. ¿Por qué en este caso las diferencias estructurales y las tensiones con el Estado central no han llevado al surgimiento de un movimiento separatista fuerte?

Sostengo que la forma en que se ha dado la relación entre el Estado y los nativos isleños les ha generado a éstos un conflicto identitario, el cual impide que se consolide un nacionalismo raizal lo suficientemente fuerte para movilizarlos en contra de la soberanía colombiana. Además, la falta de formas sólidas de autogobierno y la dependencia para el sostenimiento económico hacen que el separatismo no se perfile como un motivo contundente de movilización entre la población nativa.

Para poder explicar la ausencia de un movimiento separatista fuerte, debemos comenzar haciendo un recorrido por las teorías sobre el nacionalismo étnico, para luego adentrarnos en la particularidad del caso sanandresano a través de los estudios empíricos que se han hecho sobre el archipiélago.

REVISIÓN DE LITERATURA

El nacionalismo es un fenómeno variado y recurrente, por lo cual es objeto de una vasta producción académica en las Ciencias Sociales. De manera general, el cuerpo teórico clásico se asienta sobre los planteamientos de Benedict Anderson (1983) y Ernest Gellner (1983), quienes lo explican a partir del proceso de modernización que llevó al surgimiento de los Estados-Nación en Europa. Más recientemente, los académicos han puesto su atención en la reemergencia de las identidades nacionales y su expresión en movimientos políticos en las sociedades multiculturales contemporáneas. Dentro de este grupo destacan los trabajos Will Kymlicka (2004), Walker Connor (1994) y David Brown (2000).

Por un lado, Kymlicka enmarca las reivindicaciones de las minorías en una discusión amplia sobre la democracia liberal, y distingue dos tipos de derechos que éstas persiguen: de representación política especial, que buscan una mejor representación de sus intereses en el sistema político, o de autogobierno, que le apuntan a obtener algún tipo de autonomía que les permita el libre desarrollo de su cultura en su territorio (2004). Por el otro, Connor ofrece un concepto amplio de autonomía, que varía desde unas atribuciones muy limitadas hasta el control total de los asuntos locales, y señala además que las reacciones que pueden tener los miembros de las minorías subnacionales son múltiples y corresponden con las diferentes formas en que se puede dar su interacción con el Estado central (1994). Por último, Brown hace un examen asiduo de los componentes ideológicos del nacionalismo y de su papel en la construcción de identidad tanto de los individuos como de los colectivos. Asimismo, propone una aproximación constructivista que busca resolver la aparente dicotomía entre el nacionalismo cívico y el etnocultural (Brown, 2000).

No obstante, es importante resaltar que el estudio de estas dinámicas en el Sur global es incipiente, y suele reducirse a estudios de caso concretos que suelen ser categorizados bajo el rótulo de tribalismo, lo cual introduce un sesgo que no contribuye a asir el fenómeno en su diversidad, a la vez que obstruye su inclusión en teorías explicativas amplias.

Por otro lado, la producción teórica sobre la movilización social es extensa y se ubica entre un nivel psicológico que explica su origen y desarrollo a partir de la elección racional de los individuos (Lichbach, 1995; McAdam, John, & Mayer, 1999), y un nivel sociológico que lo hace a partir de factores estructurales (Tarrow, 1998; Fligstein & McAdam, 2011). Otros autores han propuesto una vía intermedia con un interés particular por el papel de la identidad en los procesos de movilización (Benford & Snow, 2000; Klandermans, 1984; Melucci, 1999) Sus aportes son especialmente relevantes para el caso estudiado, pues la reafirmación de una identidad particular diferente a la nacional parece ser un motivo central de la movilización raizal. .

Por último, dentro de los estudios empíricos sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia se reconocen tres tendencias. Por un lado están los estudios del poblamiento, de las dinámicas socioeconómicas y de su impacto en el medio ambiente insular (Charry, 2001; Meisel, 2003; Sánchez, 2013). El trabajo de Charry ofrece en particular un detallado análisis histórico de cómo la acción estatal ha reconfigurado en diferentes momentos la vida social en las islas. Por el otro, otros estudios han hecho lo propio con la construcción de identidad del pueblo raizal, sus formas de resistencia y la lucha por sus derechos (Cano, 2004; Martínez, 1998; Ortiz, 2013). Dentro de esta tendencia jurídico-política, el trabajo de Ortiz sobresale en cuanto permite entender qué papel juega la idea de autodeterminación en la movilización social de los nativos isleños. Un último grupo de autores se han concentrado en las particularidades culturales de las islas, resaltando las diferentes formas que puede adoptar allí la institucionalidad, y abordando las tensiones que existen entre la identidad del isleño como sujeto afrocaribeño y la cultura de las demás comunidades que habitan la isla (García Taylor, 2010; Guevara, 2006; Ramírez & Restrepo, 2002; Valencia, 2008).

En este escenario, con mi trabajo busco contribuir al estudio del nacionalismo étnico en el Sur global en general y el Caribe en particular, así como ofrecer una perspectiva sobre la construcción del Estado-Nación en Colombia desde un rincón remoto del país, donde contrario a lo que sucede en la gran mayoría de sus regiones marginales, las tensiones con el poder central no se han expresado por la vía armada.

MARCO TEÓRICO Y ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Mi argumento principal es que la forma en que se ha dado la relación entre el Estado y los nativos isleños les ha generado a éstos un conflicto identitario, el cual impide que se consolide un nacionalismo raizal lo suficientemente fuerte para movilizarlos en contra de la soberanía colombiana. Además, la falta de formas sólidas de autogobierno y la dependencia para el sostenimiento económico hacen que el separatismo no se perfile como un motivo contundente de movilización entre la población nativa.

Lo primero es entonces definir qué se entiende por movimiento separatista fuerte. Se trata de una organización social constituida en el seno de una minoría subnacional, que logra movilizar sostenidamente un sector representativo de ella para luchar por la separación del Estado del cual forman parte. Es una forma de etnonacionalismo, orientado a alcanzar unas condiciones que garanticen su libertad de expresarse en su lengua y de vivir de acuerdo a sus costumbres en un territorio que reclaman como propio (Connor, 1994). En función de los derechos que persiguen se pueden distinguir dos tipos de movimientos etnonacionalistas: moderados, si buscan una mayor inclusión y mejor representatividad en el sistema político, y fuertes, si su propósito es una reducción de la jurisdicción estatal en su territorio y en caso extremo la independencia (Kymlicka, 2003).

Es importante hacer dos aclaraciones al respecto. Primero, afirmar que no existe un movimiento de este tipo no implica desconocer los procesos organizativos que se han producido para reivindicar los derechos de la población nativa isleña. Por el contrario, es a partir de sus características y sus trayectorias particulares que pretendo explicar por qué no han tomado la forma de un movimiento como el descrito, que se oponga de forma radical a la soberanía del Estado colombiano en el archipiélago. Segundo, hablo aquí de movimientos separatistas y no de nacionalistas para evitar cualquier confusión con movimientos que pudieran surgir en defensa de la soberanía colombiana frente a las pretensiones expansionistas de Nicaragua.

En cuanto a los actores, el Estado y el pueblo nativo isleño son entendidos a partir de una lectura constructivista que reconoce el papel activo de los agentes en la definición de su identidad, de modo que ésta no está determinada por las condiciones estructurales de su relación sino que es construida por medio de su interacción constante (Wendt, 1999). Asimismo, la presencia estatal se entiende más allá de una dicotomía entre presencia efectiva y ausencia absoluta, y se asume como un asunto gradual y sectorial donde el Estado funciona y provee beneficios para algunos grupos sociales mientras que ignora y se muestra hostil frente a otros. Del mismo modo, la población raizal no se entiende como una unidad homogénea con una identidad clara y compartida, sino que por el contrario se reconoce la multiplicidad de posturas y de formas en las que se puede dar su experiencia de la acción estatal.

En cuanto a la identidad, ésta se entiende a la luz de los planteamientos de Klandermans (1993) y Melucci (1999) como el marco de referencia a partir del cual el individuo se define a sí mismo e interpreta el mundo que lo rodea. Este marco es el resultado de un proceso colectivo en el cual las comunidades se construyen y se definen a sí mismas a partir de una visión compartida de su entorno, de modo que cuando se percibe un desfase entre lo que éste les ofrece y las expectativas que tienen sobre él, la población decide movilizarse para corregirlo. La construcción de este marco de acción colectiva –framing– es un proceso dinámico y constante en el cual los actores –dirigentes, activistas y los movimientos sociales mismos– participan activamente en la producción y el mantenimiento del significado. Para su estudio, Benford y Snow (2000) proponen un análisis a partir de seis dimensiones, las cuales explico transformándolas en una serie de preguntas que son a su vez los interrogantes transversales de mi estudio de caso (Ver Cuadro 1, p.10).

En este proceso de construcción del marco de acción colectiva intervienen variables de naturaleza muy diversa, de un modo y con una intensidad que no son constantes en el tiempo. Esto hace necesario utilizar un enfoque metodológico cualitativo que permita entender la forma en que éstas interactúan en una perspectiva longitudinal. El rastreo procesual, conocido como process tracing, consiste en analizar la evidencia sobre las secuencias de eventos con el fin de probar y generar hipótesis sobre los mecanismos causales que pueden explicar la ocurrencia del fenómeno observado –en este caso, la ausencia de un movimiento separatista fuerte. Por medio de un diálogo constante entre teoría y caso empírico, los eventos se entrelazan en una narrativa explicativa, similar a la explicación histórica, pero que se diferencia de ella al regresar constantemente a la teoría para explicar cada paso importante que contribuye a causar el efecto observado (Bennet y Checkel, 2014).

Estos pasos importantes o coyunturas críticas de la cadena casual son períodos de tiempo relativamente cortos, durante los cuales las decisiones de los agentes tienen un mayor impacto sobre el resultado de interés que el que tendrían en el desarrollo normal de la trayectoria. No obstante, las transformaciones no resultan de las coyunturas críticas por sí mismas, sino que éstas tienen un efecto acumulativo e incremental (Capoccia y Kelemen, 2007). En el caso particular de mi investigación, las coyunturas críticas dentro del proceso de construcción de la identidad raizal lo son también para la transformación del descontento en acción colectiva.

La elaboración de la narrativa explicativa que presento a continuación incluyó la realización de entrevistas semiestructuradas con especialistas en Bogotá y con líderes sociales, religiosos y políticos en San Andrés, para un total de diez entrevistas. La visita al archipiélago también fue la ocasión para hacer una observación participante abierta de la vida cotidiana y de los momentos de encuentro de la población nativa, entablando conversaciones con mototaxistas, pescadores y vendedores informales. Esta información fue complementada con un seguimiento constante de la prensa local en Internet y de las redes sociales virtuales.

El recorrido analítico que propongo comienza con los años que rodearon la declaratoria del Puerto Libre y sigue con las décadas del sesenta, setenta y ochenta, años de particular agitación en el mar Caribe. Luego aborda los cambios que produjo la Constitución de 1991 en la relación entre los nativos y el Estado, y en última instancia se adentra en la coyuntura actual, marcada por el Fallo de la Haya de 2012. Como conclusión expongo las razones que explicarían por qué no existe actualmente un movimiento separatista fuerte en las islas.

1. EL PUERTO LIBRE

En el año de 1953 San Andrés se convirtió en el primer puerto colombiano exento de obligaciones aduaneras, con lo cual obtuvo una ventaja competitiva frente al proteccionismo que se aplicaba en el resto del país. Los incentivos al comercio y al turismo produjeron la llegada masiva de colonos del continente y del Medio Oriente, con lo cual el archipiélago salió de su anonimato en el imaginario nacional mientras que la vida insular empezó a verse cada vez más influida por su realidad como territorio colombiano.

Durante la primera parte del siglo XX, el Estado se hizo presente en el archipiélago a través de sus políticas de colombianización, con las cuales buscó integrar los nativos al proyecto de Nación por medio de la imposición del español, del catolicismo y de los valores mestizos del interior del país, pilares fundamentales de la "cultura nacional". Utilizando como principal instrumento la educación pública –dejada en manos de la Iglesia Católica– la colombianización pretendía homogeneizar la población desconociendo y reprimiendo su cultura autóctona. Sin embargo, esto más que producir una aculturación efectiva resultó en la deculturación de los nativos isleños (Clemente, 1991:207).

Este paradigma de país se sustentaba en el discurso nacionalista conservador conocido como la Regeneración, el cual prolongó los imaginarios raciales de la colonia y concibió una nación mestiza donde el elemento africano ocupa una posición marginal (De Friedemann, 1992). Este discurso se consolidó con la Constitución de 1886 y fue refrendado décadas más tarde por el gobierno de Laureano Gómez en 1950, cuando éste reafirmó la implementación del catolicismo y del español como un asunto prioritario para el Estado en las islas, orientando la mayor parte del presupuesto para este fin dejando de lado las necesidades reales de la población (Charry, 2001:113).

Bajo el gobierno del General Rojas Pinilla, la acción estatal cambió sustancialmente a través de un proyecto de colombianización modernizadora declarando la isla de San Andrés como Puerto Libre. El objetivo era aliviar la economía local tras la crisis causada por los bajos precios de los productos agrícolas, fomentando el comercio y el turismo. Sin embargo, la medida también respondía al interés de ejercer un mejor dominio sobre este territorio geográficamente estratégico.

En efecto, el Gobierno central temía que la historia de la pérdida de Panamá se repitiera y que una sublevación de los isleños fuera un pretexto para que los Estados Unidos se hicieran con su control. Por ello, veía con desconfianza los estrechos vínculos culturales que tenía la población nativa con ese país desde la llegada de la Iglesia Bautista en 1846, la cual se convirtió desde entonces en el actor central de la sociedad isleña. Este temor también estaba influido por los imaginarios raciales de la colonia, que veían las revueltas como algo propio de los descendientes de los esclavos africanos (Charry, 2001:89-112).

Sin embargo, no existe evidencia de algún levantamiento de los nativos que pudiera respaldar este temor; por el contrario, el precedente más importante de movilización social data de 1912 y buscó una mayor presencia del Estado central, que corrigiera el descontento que generaban las administraciones corruptas de los gobernantes cartageneros. Liderado por Francis Newball, este movimiento hizo escuchar su voz y logró que el archipiélago fuera declarado como Intendencia, administrada directamente por Bogotá. Esto revela que a pesar de la distancia, el Estado ya contaba por ese entonces con una simpatía importante entre la población nativa, la cual fue reforzada por los puestos en la administración pública que se crearon con la Intendencia (Charry, 2001:37).

Ahora bien, con la declaratoria del Puerto Libre empiezan a definirse unos motivos de movilización a partir de un sentimiento generalizado de marginación, el cual se sumó al resentimiento que ya generaba la colombianización tradicional. En efecto, la construcción de tiendas y hoteles causó el repliegue de la población nativa hacia el sur de la isla y el sector de la Loma, mientras que el español se afianzó como lengua local en detrimento del creole. Los nuevos puestos de trabajo fueron ocupados en su mayoría por migrantes continentales, a la vez que los comerciantes sirio-libaneses se convirtieron rápidamente en los actores centrales de la vida económica y política en las islas (Bush, 1992:2) (Sánchez, 2008:69-70). En consecuencia, la declaratoria fue ampliamente percibida como una imposición más del Estado central, que buscaba generar riqueza para los continentales a expensas de la población nativa.

Por esta razón, los nativos isleños veían con desconfianza la llegada de nuevos pobladores, los cuales tenían unas características culturales y un sistema de valores diferentes a los suyos. Es aquí cuando nace la imagen del pañaman, nombre con el que los isleños comenzaron a referirse a los continentales, a partir de la cual se empieza a construir discursivamente la identidad colectiva isleña con la intención de diferenciarse de ese Otro invasor (Vollmer, 1997:88-89). No obstante, el Puerto Libre generó al mismo tiempo unas circunstancias que complejizaron este proceso de definición identitaria a nivel individual. Por un lado, los nuevos empleadores continuaron exigiendo a los nativos la conversión al catolicismo para poder acceder a los puestos de trabajo, lo cual favoreció la penetración del español y de los valores continentales. Por el otro, los colonos trajeron consigo una gran cantidad de expresiones de la cultura continental, las cuales enriquecieron el paisaje cultural del archipiélago y terminaron atenuando las tensiones con los nativos pues éstas fueron recibidas con agrado por muchos de ellos.

Paralelamente, el Puerto Libre incidió en una mayor fragmentación del pueblo nativo, produciendo un proceso contrario a la construcción del marco de acción colectiva. Desde mucho antes de la Declaratoria, los isleños se dividían en una clase de terratenientes de pieles más claras y en otra compuesta por pescadores, cultivadores, artesanos y pequeños propietarios. La influencia y relativa cercanía con el Gobierno nacional le permitió al sector dominante obtener mayores beneficios de la medida, entablando sociedades comerciales y uniones familiares con los colonos (Charry, 2001:109-122). Esto hizo más grandes las diferencias sociales en un pueblo que señala la igualdad como uno de sus valores fundamentales, y generó una coincidencia de intereses particulares que impidió que se diera una respuesta colectiva única frente a los efectos nocivos que trajo el Puerto Libre para la mayoría de la población (Price, 1954:31-32).

A partir de 1957, el pacto consocionalista conocido como el Frente Nacional aumentó la distancia entre la institucionalidad estatal y los nativos isleños. Además de la pérdida de legitimidad del sistema político que se dio en todo el país, en el archipiélago los partidos políticos comenzaron a centrar su atención en los colonos continentales, los cuales tomaron el lugar que tenían algunos nativos en la burocracia y en las redes clientelares. Esto aumentó el sentimiento de marginación y debilitó la capacidad del Estado para crear simpatías entre la población por medio de cargos públicos y de beneficios selectivos (Martínez, 1998:63).

El descontento siguió creciendo y alcanzó un punto crítico en 1964. La tensión y la desconfianza frente a la acción estatal se hicieron evidentes a la llegada de una misión del INCORA, que tenía por objeto reglamentar la confusión que reinaba tras un incendio aparentemente accidental en la casa de la Intendencia en el se quemaron los títulos notariales de propiedad. La visita despertó un ambiente generalizado de protesta, pues los nativos vieron en ella una avanzada para despojarlos de sus tierras declarándolas baldías y se volcaron masivamente a las calles para defenderlas (Charry, 2001:124). Con esto quedó al descubierto la conflictualidad latente que ya se configuraba entre los nativos y el Estado colombiano, la cual se expresaría más claramente en los años siguientes (Ortiz, 2013:45).

2. LA IDEA DE AUTODETERMINACIÓN

"El Puerto Libre nos abrió la puerta al mundo", afirman dos jóvenes activistas raizales entrevistados³. En efecto, la apertura económica permitió que los nativos isleños entraran en contacto con las transformaciones culturales y políticas que se daban por ese entonces a nivel mundial. De entrada, el triunfo de la Revolución Cubana en 1957 sentó un precedente importante de movilización y de lucha popular a pocas millas náuticas del archipiélago. Además, la Carta Magna de Descolonización de las Naciones Unidas de 1960⁴ reconoció el derecho a la autodeterminación de los pueblos y desencadenó el desmonte de los sistemas coloniales que aún existían en el mundo, incluyendo el Caribe. La idea de autodeterminación fue integrada rápidamente en la conciencia colectiva de los isleños y comenzó a configurar una interpretación de la realidad donde la causa de sus dificultades provenía de la negativa del Estado a reconocerles este derecho (Ortiz, 2013:45).

Adicionalmente, el movimiento rastafari –originado en la vecina isla de Jamaica– condujo al nativo isleño a pensarse como sujeto afrocaribeño, tomando consciencia de su historia, sus raíces y su cultura particular. Además, le proporcionó una gran cantidad de insumos simbólicos para la expresión de su identidad, de fácil difusión y estrechamente ligados a la idea de libertad y de emancipación. Así, la identidad propia del nativo isleño comenzó a hacerse más elaborada, logrando hacer contrapeso a las numerosas influencias culturales del continente⁵.

Este fortalecimiento de la identidad isleña dotó de sentido a la movilización a nivel individual y se conjugó con la apropiación de la idea de autodeterminación, dando lugar a formas más elaboradas de acción colectiva. Es así como a mediados de la década de 1960 surgió el primer movimiento isleño moderno liderado por Marcos Archbold, un providenciano reconocido en el archipiélago por su defensa del derecho a la autodeterminación del pueblo nativo isleño. Refugiado en Estados Unidos luego de recibir amenazas contra su vida, Archbold buscó encender las alarmas de la comunidad internacional sobre la marginación de los nativos en la administración de su territorio, para lo cual envió una carta a los presidentes de EE.UU. y de Colombia proclamando la necesidad de crear un Estado independiente con el nombre de Federal Republic of Old Providence (Charry, 2001:122).

Esta carta fue la primera aparición de la idea de separación en el discurso de resistencia del pueblo nativo isleño. Sin embargo, no representaba una opinión consensuada entre ellos, pues algunos miembros del sector más privilegiado, cercano al Gobierno central, no tardaron en desmentir en la prensa nacional la existencia de algún movimiento que se opusiera a la integridad territorial de Colombia (Ortiz, 2013:45-47). Esta lealtad revela lo firmes que eran los lazos del Gobierno nacional con un sector de la población nativa y la importancia que éstos le daban a respaldar la soberanía estatal.

En todo caso, el movimiento de Archbold sentó un precedente importante de movilización que estimuló un ambiente de creciente inconformidad con el Gobierno central. Éste respondió aumentando la presencia militar y cambiando nuevamente el régimen administrativo del archipiélago, declarándolo Intendencia Especial en 1972 y dándole una discreta autonomía fiscal. No obstante, esto no produjo ninguna mejora sustancial en las condiciones de vida, con lo cual el descontento alcanzó de nuevo un punto crítico en 1976 al difundirse entre los isleños un supuesto plan del gobierno para despojarlos de sus tierras y reubicarlos en el continente⁶. La indignación se propagó rápidamente entre ellos y por medio de marchas y caravanas enviaron mensajes contra el gobierno y alentaron a los demás isleños a tomar consciencia de su situación (Ortiz, 2013:49).

El año de 1984 marcó otro momento clave en la movilización del pueblo nativo isleño con la aparición de Sons Of the Soil (SOS), la primera organización formalmente constituida para la reivindicación del pueblo isleño. Apelando a las raíces históricas y al vínculo ancestral sobre el territorio, el SOS buscaba unir y movilizar a los nativos en aras de defender sus derechos como grupo étnico, y para exigir medidas que frenaran el poblamiento de la isla de San Andrés, que ya alcanzaba un nivel preocupante. Sus líderes eran jóvenes isleños inspirados por el movimiento en defensa de las libertades civiles de los afroamericanos de Martin Luther King, del cual tomaron un bagaje ideológico y un conocimiento organizativo. Su capacidad de convocatoria se respaldaba en la autoridad de la Iglesia Bautista, lo cual favoreció la centralización del descontento e incentivó la movilización dotándola de sentido con unas metas más claras (Ortiz, 2013:50).

Es importante señalar que el activismo del SOS se orientaba a lograr un arreglo más justo dentro de la institucionalidad colombiana y no fuera de ella; era una forma de etnonacionalismo moderado que buscaba una mejor representación sin detrimento de la soberanía estatal. Esto es coherente con los resultados de un estudio académico del año 1989, que reveló que el 52% de los sanandresanos tenían alguna simpatía con Colombia mientras que un 95% de providencianos se reconocían como colombianos. De acuerdo con los autores, "la televisión y la radio, así como la importancia económica del Estado colombiano como fuente de empleo municipal, han resultado en una efectiva presencia de la nación" (Bush y Oligastri En Clemente, 1991:251).

Esta orientación moderada quedó plasmada en un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes a finales de la década de 1980. Impulsado por el SOS, la iniciativa legislativa buscaba un reconocimiento institucional que legitimara la particularidad cultural de los isleños en el seno de la Nación colombiana. Y aunque no fue aprobado, en su texto el pueblo nativo se autodenominó por primera vez como raizal, nombre que lleva implícito un vínculo ancestral con la tierra. Adicionalmente, se establecieron uno criterios para pertenecer a él, basados en la sangre pero que no eran excluyentes de la nacionalidad colombiana (Ortiz, 2013:51). Estas propuestas terminaron incluidas en la Constitución de 1991, en la cual Colombia se declaró como una nación multicultural, reconociendo a los raizales como parte de ella y adquiriendo además la obligación de proteger su diversidad cultural.

Sin lugar a dudas, la nueva Constitución cambió sustancialmente la identidad de los agentes y los términos de su relación. De entrada, con la descentralización del poder en entidades territoriales el archipiélago se convirtió en departamento, ganando autonomía para el manejo de una variedad de asuntos locales y una mayor representatividad política a través de cargos de elección popular. Pero a diferencia de los demás departamentos, San Andrés, Providencia y Santa Catalina cuenta además con un artículo que establece un régimen administrativo exclusivo, dentro del cual se permite, entre otras cosas, la regulación de los derechos de circulación y residencia, además de darle a la Asamblea Departamental la facultad de crear los municipios necesarios para asegurar la expresión institucional de la población raizal⁷. Debido a que el archipiélago no contó con una participación directa en la Asamblea Nacional Constituyente, todas estas ganancias son atribuibles al intenso trabajo de lobby que realizó el SOS en la Comisión de Derechos Humanos, lo cual dejó en claro la importancia de la acción colectiva para el aprovechamiento de coyunturas políticas que pudieran contribuir al avance de sus demandas.

3. EL MOVIMIENTO RAIZAL EN EL CAMBIO DE SIGLO

Con una identidad étnica consolidada y legitimada a nivel constitucional, el pueblo raizal logra posicionarse como actor político para hacer demandas más concretas al Gobierno central. A pesar de las reformas estructurales, el reconocimiento de su diferencia cultural fue limitado en comparación con lo ganado por los indígenas con la Constitución y por las comunidades afrodescendientes del Pacífico en la Ley de Negritudes de 1993 (Martínez, 1998:7-8). Pero el problema fundamental fue que en la práctica sus problemas siguieron sin resolverse. En efecto, las medidas concebidas para frenar la sobrepoblación resultaron ineficaces debido a la falta de cooperación de la fuerza pública y a la corrupción en la Oficina de Control y Circulación y Residentes (OCCRE). Esto permitió la llegada de una nueva ola de migrantes provenientes de zonas deprimidas de Cartagena y Barranquilla, los cuales se instalaron en barrios subnormales sin un proyecto claro en la isla y sin ningún sentido de pertenencia con ella. Su llegada agravó la competencia por los recursos y las oportunidades y aceleró el deterioro del medio ambiente y del tejido social.

Asimismo, la sobrepoblación de San Andrés impidió que se diera un aumento real de la representatividad política, pues convirtió a los raizales en una minoría numérica. Esto implica que los cargos de elección popular representan los intereses de las demás comunidades, y que los raizales que llegan a ocuparlos tienen unos incentivos importantes para dejar de lado la defensa de su pueblo y concentrarse en obtener beneficios para su clientela electoral. Y aunque la participación de los nativos en la burocracia departamental pública aumentó considerablemente, en los cargos directivos su presencia sigue siendo muy reducida y las decisiones siguen tomándose en Bogotá, sin tener en cuenta las particularidades del contexto geográfico ni las necesidades reales de la población. Adicionalmente, el Estado continúa enviando militares, policías y jueces del continente, que por no manejar el creole ni el inglés estándar generan una tensión cotidiana con los raizales, quienes además ven con desconfianza que no sea gente de su pueblo la que cumpla estas funciones.

Es así como se consolidó entre los nativos una visión de un Estado incongruente con sus propias disposiciones e incapaz de resolver los problemas de la población (Martínez, 1998:102). Los líderes raizales comenzaron a interponer tutelas como forma de exigir lo que la Constitución les había prometido y a convocar manifestaciones públicas cada vez más masivas, que incluyeron frecuentemente el bloqueo de las vías arterias y del aeropuerto. En estas protestas confluyeron reclamos muy diversos así como raizales de diferentes credos, lo cual evidencia una mayor resonancia e inclusividad del marco de acción colectiva. En medio de una de estas manifestaciones, organizada en 1999 con ocasión del Día de la Adhesión Voluntaria de Providencia a la Gran Colombia, hizo su primera aparición el Archipielago Movement for Ethnic Natives Self Determination (AMEN-SD), una organización que resultó de la unión del SOS con otras iniciativas entorno a la lucha por la autodeterminación del pueblo raizal (Ortiz, 2013:75-76).

La llegada del AMEN-SD fortaleció el marco de acción colectiva en su capacidad para centralizar el descontento y en su dimensión estratégica, sumando las voces de los pastores bautistas con las de otros líderes raizales. Sin embargo, también es cierto que provocó la radicalización progresiva del discurso y sus demandas. En efecto, la narrativa del colonialismo fue llevada más lejos y ahora denuncian en foros y organismos multilaterales que el Estado colombiano comete un "etnocidio" contra el pueblo raizal. Por su parte, los reclamos se han hecho cada vez más fuertes, pidiendo la declaratoria de emergencia ambiental al archipiélago y de emergencia sociocultural al pueblo raizal, así como la reubicación de los migrantes ilegales en el continente y la restitución de tierras como mecanismo de reparación (Ortiz, 2013:79-80).

Este endurecimiento responde a la negativa del Gobierno central de reunirse con sus líderes, reconociéndolos como representantes legítimos del pueblo raizal, y a su frecuente señalamiento por parte de las autoridades como una amenaza para la seguridad y la integridad territorial. La tensión siguió en aumentó y alcanzó un punto crítico en 2002 con la destitución del gobernador raizal Ralph Newball Sotelo, acusado de haber atentado contra la salud pública durante una crisis en la recolección de basuras en San Andrés, y quien finalmente se exilió temiendo por su vida. El AMEN-SD convocó manifestaciones públicas y durante una de ellas profirió una Declaración de Autodeterminación, convocando a la organización del I Congreso del Pueblo Indígena Raizal como foro para discutir colectivamente la defensa de este derecho, e invocó la necesidad de crear la Autoridad Nacional Raizal como institución única de autogobierno y de interlocución con Bogotá (Ortiz, 2013:80-82).

El I Congreso Raizal se realizó en diciembre de ese año y eligió a líderes del AMEN-SD como miembros de la Autoridad Nacional Raizal, los cuales leyeron una Declaración de Independencia cinco años más tarde en medio de una protesta multitudinaria que incluyó la izada de una bandera propia. Sin lugar a dudas, la postura del AMEN-SD es la más radical registrada en la historia de la movilización del pueblo nativo isleño y representa un cambio hacia un nacionalismo fuerte, pues le apunta a una disminución de la soberanía del Estado en el archipiélago. Empero, de sus propuestas no se desprende aún una idea clara de una forma de autogobierno, pues lo que buscan en un primer momento son unas condiciones de autonomía suficientes que el pueblo raizal decida el mejor camino hacia su autodeterminación.

En un sentido más amplio, las manifestaciones públicas de estos años funcionaron como un ritual comunitario para la reafirmación del sentido de pertenencia, contribuyendo significativamente al afianzamiento de la identidad colectiva. Sin embargo, otros sectores comenzaron a ver en la radicalización del discurso promovido por AMEN-SD una contradicción con los valores de hospitalidad y convivencia pacífica que tradicionalmente han caracterizado su cultura. Asimismo, la críticas contra la OCCRE empezaron a subrayar cómo su trabajo reproduce un sistema de definiciones esencialistas que excluyen una parte importante de la población, que tiene un fuerte sentido de pertenencia con la isla pero que no cumple con los requisitos legales para acceder a los derechos exclusivos adquiridos por los raizales. Es por esto que desde los sectores híbridos, conocidos como half-and-half o fifty-fifties, que concentran una gran parte de los jóvenes del archipiélago, se van a generar fuerzas para la ampliación y la renovación del marco de acción colectiva (García Taylor, 2010).

4. EL FALLO

El 19 de noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia emitió su veredicto acerca de la disputa territorial que mantienen Colombia y Nicaragua, confiriéndole a este último la soberanía sobre más de la mitad del mar continental del archipiélago de San Andrés y Providencia. Esto redujo drásticamente el espacio para la pesca y la navegación, afectando seriamente la economía local y llevando a una situación de descontento generalizado entre los sanandresanos. Sin embargo, para los raizales el Fallo significó una pérdida sustancial de su territorio ancestral sin que hubieran podido hacer nada para evitarlo.

En efecto, la defensa colombiana nunca incluyó entre sus miembros un representante de los raizales, desconociendo sus derechos sobre el territorio que han habitado desde antes que Colombia y Nicaragua existieran como Estados. Pero tampoco mencionó que había un pueblo que dependía de estas aguas para su subsistencia, lo cual equivale a negar la existencia del pueblo raizal, dejando de lado un argumento de peso que podría haber cambiado el sentido del Fallo (Ortiz, 2013:95). Es por esto que durante los últimos años la tensión entre el Estado y los raizales ha venido empeorando, pues se hicieron evidentes las graves consecuencias que implica para ellos el no poder ejercer su derecho a la autodeterminación para intervenir en una decisión que los afecta directamente.

El gobierno central respondió poniendo en marcha el Plan San Andrés, el cual incluyó un aumento del gasto en obras públicas para generar empleo y la entrega de subsidios a pescadores como forma de reparación. También se reforzó la presencia militar en la zona con el objetivo de reafirmar la soberanía estatal y de hacer frente a la escalada de inseguridad, exacerbada tras la llegada de las llamadas bandas criminales del continente y que alcanzó un punto crítico a mediados de 2014. En términos generales, ésta ha sido una forma efectiva de controlar el descontento, pues a pesar de todo los últimos años han transcurrido sin que se registre una gran manifestación popular en las calles. No obstante, este efecto parece estar agotándose, pues más allá de los beneficios selectivos en el corto plazo, el Plan San Andrés se revela ante los ojos de los raizales como una imposición más del Gobierno Nacional, pensada por y para los continentales, y que continúa con el desconocimiento histórico de la particularidad de su medio geográfico y de sus derechos sobre él.

En esta coyuntura, la posición del AMEN-SD sigue radicalizándose en la medida en que el gobierno central continúa sin concederles la oportunidad de reunirse con ellos para discutir sobre el futuro de la isla, mientras que sus miembros y otros activistas raizales suelen ser descalificados públicamente como enemigos del desarrollo e incluso de subversivos. Por ello, sus líderes parecen estar desistiendo de la lucha a nivel interno y ahora concentran sus esfuerzos en denunciar la situación de su pueblo ante la comunidad internacional, y en estrechar autónomamente sus vínculos con sus hermanos creole de las costas centroamericanas, asumiendo la gestión de sus relaciones internacionales como un acto de desobediencia.

Asimismo, esta también ha sido la ocasión para que otras iniciativas más moderadas tomen fuerza dentro del marco de acción colectiva. Este es el caso del Estatuto Raizal, un proyecto de ley que busca garantizar el derecho a la autodeterminación del pueblo raizal en el marco de la institucionalidad colombiana bajo la figura de autonomía regional: "Ser un Estado autónomo no significa ser independiente. Es tener unas instituciones y unas regulaciones más acordes a nuestra realidad particular"⁸. Aunque inicialmente fue propuesto por el AMEN-SD, hoy en día es la bandera de algunos antiguos representantes ante la Comisión Consultiva Departamental y de una parte considerable de la población raizal que aún cree posible alcanzar una solución por medio del diálogo con el Gobierno nacional. Este último ha mostrado su interés en esta iniciativa, lo cual la convierte en un instrumento de negociación importante para lograr la garantía del derecho a la autodeterminación en la escala interna (Ortiz, 2013:93-94).

Sin embargo, fuera de estos escenarios organizativos los jóvenes raizales comienzan a forjar espacios alternativos para la acción colectiva, asumiendo su responsabilidad con el futuro del archipiélago. Este es el caso de R-Youth, una organización formada en 2014 con el objetivo de empoderar a todos los jóvenes de las reivindicaciones de su pueblo, a través de la promoción de su historia y su cultura bajo la bandera de la autonomía como condición necesaria para el futuro de las islas. Pese a encontrarse en proceso de construcción, su creciente resonancia –debido en gran parte a su presencia en las redes sociales virtuales– le ha permitido obtener el apoyo del gobierno departamental, e incluso el reconocimiento del gobierno nacional a través del premio Jóvenes Innovadores para la Paz.

Coherente con este relevo generacional, en el discurso de R-Youth se evidencia una renovación de las demandas dentro del marco de acción colectiva. En su primera declaración pública, durante un cabildo abierto organizado en la Asamblea Departamental con ocasión del Día Nacional de las Víctimas, sus voceros denunciaron que la llegada de centenares de familias desplazadas por el conflicto armado agudiza los problemas ligados a la sobrepoblación, y expresaron la necesidad de que el pueblo raizal también sea considerado como víctima de la violencia del narcotráfico y del Estado. Asimismo, pidieron que se declare la isla de San Andrés como Zona Franca para dinamizar su economía en un escenario de Tratados de Libre Comercio.

De igual modo, los jóvenes están impulsando una reformulación de la identidad étnica a partir de una definición amplia de "raizalidad", pues consideran que "la línea entre la diferenciación y la xenofobia es bastante tenue"⁹. Esto corresponde con el hecho de que actualmente la mayor parte de ellos tienen un origen híbrido, y por ende tiene afectos y lealtades tanto con las islas como con el continente. En esta ampliación de la identidad, la imagen del pañaman parece haber sido remplazada por la del champetúo, nombre que designa de forma peyorativa a los migrantes que han llegado en los últimos años de los barrios marginales de Cartagena y Barranquilla. El rechazo hacia ellos parece generalizado entre los sanandresanos, debido a sus habitus y a la participación de muchos de ellos en la economía informal y la delincuencia, e ilustra el estado crítico que alcanzó la sobrepoblación y la degradación del tejido humano en el archipiélago.

Al mismo tiempo, gracias al creciente acceso a Internet en las islas, las redes sociales se consolidan como un escenario importante para la expresión del descontento y para la reafirmación del sentido de pertenencia. Este es el caso de Yo también quiero lo mejor para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, un grupo de discusión en Facebook donde sanandresanos de todas las comunidades expresan su indignación y difunden iniciativas orientadas a la preservación del ecosistema y al emprendimiento empresarial, un elemento clave para reducir la dependencia para el sostenimiento económico del archipiélago.

En síntesis, la generación de nuevos espacios y mecanismos de convocatoria significa que la movilización está trascendiendo los canales tradicionales de la Iglesia Bautista. Este fortalecimiento estratégico responde a la toma de consciencia colectiva sobre el poder de agencia de la población que se está produciendo en la coyuntura actual. Esto último lo confirma la asistencia masiva con la que contó el II Congreso Raizal, realizado en noviembre de 2014, en el cual estuvieron presentes tanto el gobierno departamental como los líderes del AMEN-SD. En este foro se hizo clara la importancia de lograr una acción colectiva consensuada para producir cambios estructurales y no más 'paños de agua tibia' frente a los problemas que aquejan al pueblo raizal y al archipiélago. Sin embargo, en el horizonte de soluciones la obtención de derechos de autogobierno parece estar mejor posicionada que la búsqueda de la independencia, de modo que por el momento no se ha consolidado entre los raizales una oposición radical a la soberanía colombiana en las islas.

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

De esta narrativa explicativa sobre el proceso de construcción de identidad y de movilización del pueblo raizal se desprenden tres razones que explican la ausencia de un movimiento separatista fuerte en el archipiélago de San Andrés y Providencia.

En primer lugar, la interacción entre el Estado y los nativos isleños les ha generado a éstos un conflicto identitario, en el cual su identidad étnica raizal compite con un arraigado sentido de pertenencia a la Nación colombiana. Tras décadas de colombianización, los elementos que tradicionalmente definían la frontera entre la cultura isleña y la de los migrantes continentales se han ido debilitando. Por un lado, la fe Bautista ha perdido su preponderancia frente al catolicismo y a las iglesias cristianas que llegaron a las islas en los últimos años. Por el otro, la lengua creole se encuentra en situación de diglosia¹⁰ frente al español, relegada en lo fundamental al ámbito familiar y del barrio. Esto es un punto sensible, pues dificulta tanto la transmisión intergeneracional como la difusión de un patrimonio cultural propio sobre el cual reafirmar la identidad. Pero aún más importante es el efecto que ha tenido la inmigración, pues hoy en día una parte importante de la población que podría considerarse como raizal tiene un origen híbrido. Todo esto significa que entre la población local la dicotomía sobre la cual se construyó la identidad del nativo se ha ido desdibujando; ser colombiano y raizal no parecen ser dos adscripciones irreconciliables ni mutuamente excluyentes.

En efecto, si bien las tensiones existentes no son despreciables, en términos generales los nativos parecen haber recibido con hospitalidad a los migrantes del resto del país. Siguiendo lo propuesto por Shyrock, ésta es el lenguaje de interacción y de contacto entre locales y forasteros, y en la medida en que permite la comunicación entre ellos, despierta emociones –muchas veces contradictorias– que influyen en las evaluaciones que hacen el uno del otro (2012:22-25). Dicho de otro modo, al mismo tiempo que han rechazado la presencia de migrantes en su territorio, los raizales también han asimilado e incluso hecho propios algunos elementos de la cultura colombiana continental –música, gastronomía, costumbres, usos del lenguaje–, que no solo han enriquecido el paisaje cultural del archipiélago sino que complejizan la construcción de identidad del sujeto isleño; las celebraciones del 20 de julio y del 7 de agosto, momentos emblemáticos de la vida cultural del archipiélago, son un claro ejemplo en este sentido. En esta actitud receptiva, los valores de tolerancia y de convivencia pacífica, promovidos tanto por la tradición bautista como por el movimiento rastafari, han jugado un papel fundamental. Por lo demás, esto es un indicio de que la complejidad del proceso de construcción de identidad justifica una lectura de tipo constructivista, que trascienda los definiciones esencialistas para dar cuenta de su dinamismo y de la constante negociación que ésta implica.

En segundo lugar, y como consecuencia del punto anterior, los nativos isleños tienen una postura ambigua frente a Colombia, la cual se traduce en el marco de acción colectiva en un nacionalismo étnico moderado. En efecto, contrario a la lógica de polarización que caracteriza a la retórica separatista, en el discurso de movilización raizal no se observa una narrativa de amigo/enemigo, que posicione al colombiano como un Otro con el cual existirían unas diferencias irreconciliables que harían insostenible seguir haciendo parte de una misma comunidad imaginada. Por el contrario, el grueso de las críticas se dirigen fundamentalmente hacia el accionar de las instituciones estatales y no hacia los colombianos en concreto. Esta postura ambigua también se hace evidente en la identidad que asumen los nativos isleños para hacer sus reclamos al Estado: por un lado, como raizales, exigen el respeto de su diferencia a través de medidas afirmativas y derechos exclusivos; por el otro, como colombianos, piden mayor inclusión, más inversión y programas asistenciales que les provean beneficios selectivos. Por lo tanto, a lo largo de su historia la movilización ha buscado más o por lo menos un mejor y no menos Estado, lo cual corresponde con un nacionalismo moderado, orientado a alcanzar una mejor representación de sus intereses y no una reducción de la soberanía estatal.

Por último, existen dos factores que refuerzan el efecto de este conflicto identitario para que la reivindicación del derecho a la autodeterminación no se oriente hacia la búsqueda de la independencia. Primero, la falta de una institución de autogobierno, capaz de erigirse en un posible competidor de la autoridad del Estado y de asumir progresivamente sus funciones, ha impedido articular un proyecto político radical; la creación de la Autoridad Nacional Raizal es algo reciente, y sus atribuciones de poder aún no son claras. Esto es un punto sensible, pues sin un contrapeso visible al Estado la población difícilmente puede percibir la independencia como una causa viable por la cual movilizarse. Tampoco existe –debido a las reglas del sistema electoral y a la influencia histórica de los partidos políticos tradicionales, en especial del Liberal– un partido raizal independiente que le dé una voz propia a los raizales en el sistema político. Por ende, la representación de sus intereses colectivos en él se ve distorsionada por los intereses particulares de las elites políticas. A esto se suma la falta de coordinación entre las autoridades tradicionales, los representantes en los cargos de elección popular y los líderes cívicos en los barrios, de modo que la fragmentación alcanza un nivel problemático para la acción colectiva, en especial si se tiene en cuenta que el número de potenciales participantes es bastante reducido. En palabras de un joven activista raizal: "Unos untados de cocada, los otros de mermelada...el discurso raizal es deficiente, la muestra más clara es que no estamos unidos"¹¹.

Segundo, la dependencia económica y para el manejo de las relaciones internacionales hacen que el separatismo sea visto con escepticismo y que no logre posicionarse como un motivo sólido de movilización masiva. El modelo de desarrollo vigente acabó con la rentabilidad de las formas de autosubsistencia –pesca, agricultura, industria del coco–, mientras que las ganancias del comercio y del turismo son apropiadas por particulares foráneos, por lo cual no existe una base financiera propia que pueda respaldar un proyecto de autonomía radical. Asimismo, con las reglas del juego actuales los raizales sólo podrían ser tenidos en cuenta en los diferendos limítrofes que los afectan a través de Colombia, mientras que alcanzar un reconocimiento internacional que les permita hacerlo autónomamente es algo improbable. Pero este escepticismo ilustra también hasta qué punto el Estado es capaz de naturalizar su dominación, ofreciendo un marco interpretativo de la realidad tan fuerte que impide a los individuos pensarse a sí mismos y a su territorio fuera de él (Bourdieu, 1999).

Para terminar, ofrezco una breve perspectiva de la dirección que pueden tomar los procesos estudiados en el futuro inmediato. Debido a lo delicada que es la coyuntura actual, los movimientos sociales raizales parecen estar obligados a superar la fragmentación estructural, en aras de lograr una postura sólida y coordinada para hacer una defensa efectiva de sus intereses a nivel local, nacional e internacional. Asimismo, para que sus reclamos e iniciativas tengan resonancia suficiente resulta indispensable ampliar la base de movilización, atrayendo participantes tanto en los sectores híbridos como en las demás comunidades. Esto implica trascender el ámbito de lo étnico para convertirse en movimientos cívicos, que integren sin distinción de origen a todos los sanandresanos que se identifican con el archipiélago y que quieren hacer algo por él. Ésta parece ser una opción ineludible, pues la inferioridad numérica obliga a buscar apoyos y aliados estratégicos para robustecer la acción colectiva y darle fuerza a sus reclamos. Para ello, el Fallo de La Haya y la inminente construcción de un nuevo canal interoceánico ofrecen una oportunidad inigualable, pues la falta de un origen común puede ser reemplazada en el discurso de movilización por un destino problemático para todos.

En todo caso, la ausencia de un movimiento separatista fuerte sugiere que la soberanía colombiana en la región insular no se enfrenta a una amenaza interna mayor, por lo cual otorgarle mayor autonomía a la población nativa no implica abrirle las puertas a una nueva pérdida territorial. Por el contrario, la aprobación de un estatuto autonómico y la creación de la municipalidad raizal podrían ser formas de ejercer un gobierno más legítimo y acorde a las necesidades locales, respetando el derecho a la autodeterminación de un pueblo pacífico que, a pesar de todo, todavía cree en la posibilidad de tener un mejor futuro como parte de Colombia. Esto también puede ser útil para atenuar las tensiones con los líderes y la población nativa, favoreciendo un esfuerzo conjunto frente a la complicada situación ambiental y de orden público, así como para encender las alarmas de la Comunidad Internacional sobre el impacto que traería para el ecosistema y para la población del Caribe Occidental la construcción de un canal transoceánico que involucre estas aguas. Pero más importante aún, estas reformas se inscriben en la necesidad de un cambio estructural para la paz y para la renovación de la democracia en Colombia, atendiendo la deuda histórica que tiene el país con sus regiones y reconociéndole a las minorías étnicas su mayoría de edad.

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Fecha de recepción: 31/07/2015
Fecha de aprobación: 09/03/2016

NOTAS

1 Sobre las características estructurales del archipiélago y la historia de su poblamiento ver los trabajos de James Parsons (1964) y de Gustavo Bell (2007).

2 Son ilustrativos los casos de los kurdos en Turquía, Siria e Irak, del País Vasco y Cataluña en España, de Irlanda del Norte y Escocia en el Reino Unido, de la comunidad flamenca de Bélgica, de los rusoparlantes de Ucrania, así como de los movimientos independentistas de Martinica y de Puerto Rico en el Caribe. Para una aproximación teórica general sobre el nacionalismo como expresión política del derecho a la autodeterminación de los pueblos, ver Tilly (1993).

3 Entrevista Jóvenes Activistas. San Andrés, 16 de abril de 2014.

4 Resolución 1514-XV de 1960.

5 Entrevista Especialista Cooperación Regional en el Caribe. Bogotá, 4 de marzo de 2014.

6 Entrevistas Voceros AMEN-SD y Estatuto Raizal. San Andrés, 11 de abril de 2014.

7 Constitución Política de Colombia, artículos 309 y 310.

8 Entrevista Vocero Estatuto Raizal. San Andrés, 11 de abril de 2014.

9 Apuntes Reunión General de Activistas de R-Youth. San Andrés, 8 de abril de 2014.

10 Introducido por Ferguson (1959), la diglosia es un término de la sociolingüística que designa una situación relativamente estable, en la cual una variedad A, estandarizada y gramaticalmente más compleja, se impone sobre los dialectos o variedades regionales B. Se caracteriza por una distribución funcional desigual: mientras la variedad A es la lengua de escolarización, las instituciones públicas y la literatura, la variedad B es la 'lengua del pueblo', empleada en la esfera íntima, las calles y el comercio informal. En consecuencia, la variedad A está asociada a representaciones positivas mientras que la variedad B suele tener una representación negativa, lo cual impacta significativamente en el uso que hacen de ellas los hablantes. No obstante, es importante resaltar el uso extendido del creole entre los habitantes de Providencia, así como las iniciativas de algunos centros escolares y actividades culturales para fomentar su uso.

11 Apuntes Reunión General de Miembros de R-Youth. San Andrés, 8 de abril de 2014.