http://dx.doi.org/10.15446/anpol.v29n87.60757

Fuerza Pública, negociaciones de paz y posacuerdo en Colombia

Edwin Cruz Rodríguez, candidato a Doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales e investigador de la Universidad Nacional de Colombia acaba de publicar una obra de gran relevancia a propósito del conflicto armado interno en Colombia y las actuales negociaciones de paz en La Habana. El texto evidencia avances y retos significativos para la búsqueda del fin del conflicto representado entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Estas evidencias se enmarcan en las actuales negociaciones de paz desarrolladas en La Habana-Cuba cuyo principio se basa "nada está acordado hasta que todo esté acordado" y por tanto no necesariamente implica la terminación del conflicto ya que este no se limita a la violencia política entre el Estado y la insurgencia, tampoco se reduce a la violencia organizada y aún menos circunscribir el conflicto armado interno a una "amenaza terrorista", todo lo contrario y como lo afirma el mismo autor obedece a "fenómenos estructurales a nivel socioeconómico, político y cultural los cuales alimentan de distintas maneras el ejercicio de la violencia política" (pág. 11) que no se resolverán en un eventual posacuerdo. En este contexto y complejidad del conflicto armado interno en Colombia el autor se remite a revisar la posición y estrategias de terceros actores de dicho conflicto como los son las Fuerzas Armadas (FF.MM) y la Policía Nacional. Así propone analizar desde una perspectiva histórica el papel de la Fuerza Pública, las Fuerzas Militares y la Policía, en el contexto de las negociaciones de paz para una eventual resolución del conflicto armado interno en Colombia retomando los primeros acercamientos de negociación de 1982 hasta las actuales negociaciones de paz en La Habana y comprender la situación actual de las negociaciones para establecer retos y desafíos de las Fuerzas Armadas en el posacuerdo.

El profesor Cruz organiza el libro en dos grandes partes. La primera parte, "Fuerzas Armadas", establece un análisis histórico de 1982 hasta el 2002 reconstruyendo las relaciones cívico-militares de las primeras negociaciones de paz para así comprender las actuales negociaciones de paz desde el punto de vista de las Fuerzas Militares y sus retos en el posacuerdo. En la segunda parte, "La Policía", analiza el problema de la militarización de esta a partir de las reformas institucionales, operativas y doctrinarias para así establecer la traducción y efectos que tienen estas reformas en cuanto a la contención y represión de la protesta social, y general el debate de las posibles reformas que debe enfrentar que debe enfrentar la Policía en el posacuerdo.

En la primera parte reconstruye, desde una perspectiva histórica, el rol de las Fuerzas Militares bajo el esquema analítico de las relaciones cívico-militares en Colombia. Cruz argumenta que es debido a la prolongación del conflicto armado lo que no ha permitido y no ha posibilitado la ruptura del esquema de las relaciones cívico-militares establecido en el Frente Nacional. Esto implicó una subordinación del poder militar con respecto al poder civil a cambio de una autonomía relativa por parte de las FF.MM para el manejo interno de su campo. Paralelamente, el contexto de la Guerra Fría coadyuvó a reproducir una mentalidad de ofensiva militar contrainsurgente causando un ascenso de los niveles de represión política. Por tanto, las constantes tensiones entre civiles y militares, el "ruido de sables", en dicho periodo y bajo el esquema de las relaciones cívicomilitares recrudecen la contrainsurgencia debido a la gestación de políticas para mantener, reducir o ampliar la autonomía de las FF.MM.

Por otra parte, el autor examina las relaciones cívico-militares en el marco del actual proceso de paz que se gesta en La Habana para luego establecer una identificación de los retos que deben afrontar las Fuerzas Armadas en una posible consolidación del posacuerdo. De esta manera el argumento se centra en que la Política de Seguridad Democrática (PSD) de los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) produjo una "subordinación desinstitucionalizada" de las Fuerzas Militares al poder civil reactivando la Doctrina de Seguridad Nacional reduciendo la mirada del conflicto armado interno en Colombia como una amenaza terrorista lo cual provoco "ruidos de sable" en el primer gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014) y las FF.AA. El esquema de las relaciones cívico-militares no presentó cambios sustanciales en el marco de la PSD debido a que persistió una subordinación relativa de los militares al poder civil, es decir, esta política se centró en los parámetros de seguridad sin política militar tomando como foco la doctrina contrainsurgente del "enemigo interno" no solo de la guerrilla sino de grupos defensores de derechos humanos, la vinculación de ciudadanos a través de redes de informantes y el reforzamiento de los niveles técnicos y operativos de las FF.AA, esto es el incremento del pie de fuerza y de unidades militares en el país. El carácter desinstitucionalizado de las FF.MM se redujo a la subordinación de la figura del presidente como persona más que al régimen democrático institucionalizado, subordinación de lo político a lo militar aumentando su autonomía con respecto al poder civil. De esta manera las relaciones cívico-militares en el actual proceso de paz no persiste en la subordinación como se planteó en el primer gobierno de Juan Manuel Santos sino se estableció como un divorcio, un desencuentro entre lo político y lo militar ocasionado por el escepticismo de los militares al proceso de paz y el legado de la "subordinación desinstitucionalizada" junto con los intentos del expresidente Uribe de politizar las FF.AA. en contra de las negociaciones de paz en La Habana. Al eventual acuerdo de paz es necesaria una reforma estructural de las FF.AA. que garantice "un control democrático del estamento militar", redefiniendo la Doctrina de Seguridad Nacional, la reducción del pie de fuerza en el mediano plazo, así como la reducción del gasto militar, cambios en la educación militar, reforma en sus funciones basada en criterios de justicia en cuanto a la violación de los derechos humanos, se "requiere una política militar y no solo una política de seguridad y defensa para la transición" (p.61).

En la segunda parte pone en debate el problema de la militarización en la "forma de organización, acción y doctrina de la Policía" (p. 74) cuyo efecto es la dificultad de consolidar una política de seguridad ciudadana, en otras palabras, la militarización de la Policía desencarriló su función constitucional, esta es la generación de condiciones necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas para que la población colombiana conviva pacíficamente. La militarización de la policía, como fuerza civil, se debe principalmente a dos fenómenos. Por un lado, la confusión de roles entre las Fuerzas Militares y la Policía debido a la persistencia y prolongación del conflicto armado, y por el otro a la subordinación de la Policía a los militares; una forma de despartidizarla el gobierno de Rojas Pinilla la adscribe al Ministerio de Guerra militarizándola expresándose actualmente en los ámbitos institucional, operativo y doctrinal. En el ámbito institucional se generó dificultades en relación con los civiles, el gobierno y la ciudadanía; al tratar de despartidizarla se convirtió en una rueda suelta en el Ministerio Defensa ya que se desdibujó la "Política de la Policía" centrándola en un problema de la defensa bajo la misma estructura jerárquica de los militares confundiendo sus funciones basada en la DSN, un segundo problema es el alto nivel de corrupción vinculado a la política antinarcóticos lo que la hizo propensa a la infiltración de los carteles del narcotráfico, un tercer problema es la fuerte militarización de carácter centralizado y jerarquizado lo que dificultó controles democráticos como de control interno en que la PSD la intensifico haciendo un énfasis en la seguridad nacional sobre la seguridad ciudadana. La militarización en el ámbito operativo, la más notoria, es la "extensa cadena de mando jerarquizada" (p.82) ya que la eficiencia del cuerpo civil no es equiparable a la de tipo militar, es decir, al cumplimiento de reglas, órdenes y códigos culturales internos impiden la interacción con la comunidad o la ciudadanía, planteando el problema de aplicación del fuero militar a la policía. En el ámbito doctrinal, al igual que las FF.AA. al tratar de despolitizarlas se generó una politización paralela de la Policía bajo los principios de la Guerra Fría y el sentimiento anticomunista y anti-izquierdismo propia de la Doctrina de Seguridad Nacional haciendo énfasis en que la seguridad ciudadana se debe entender como la seguridad nacional y el orden público, es decir, la seguridad estatal es la seguridad ciudadana. Una reforma a la Policía en estos tres ámbitos debe estar encaminada a la desmilitarización de la Policía en búsqueda del fortalecimiento de la seguridad ciudadana lo que constituye condiciones para el posible posacuerdo y la consolidación democracia.

Dicha militarización de la Policía tiene efectos negativos como lo son la criminalización y contención de la protesta con altos niveles de represión. El argumento central en este tema es que uno de los efectos más notorios de la militarización es la contención de la protesta, son los movimientos sociales y la acción colectiva la que coadyuva a la democratización en la sociedad, sin embargo, la persistencia del conflicto armado en Colombia sustentado en los principios contrainsurgentes se les da tratamiento desde un marco normativo punitivo y un modelo de represión policial con uso intensivo de la fuerza. Edwin Cruz sostiene que para la democratización de la sociedad y el mantenimiento del sistema político son necesarios los movimientos sociales y la protesta social, en otras palabras, para la construcción de paz se debe garantizar la protesta social como un derecho respetando las diferentes formas de participación política de los movimientos sociales abandonando las practicas punitivas que se ejerce legalmente al derecho de la protesta. En Colombia, este tipo de derecho se ha marcado fuertemente por la contención y criminalización de todo tipo de manifestación particularmente en los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez y del actual presidente Juan Manuel Santos utilizando la violencia física como mecanismo para la represión de la protesta social. Ese tipo de represión y criminalización de la protesta varía de acuerdo a los lugares, a los repertorios de la acción colectiva y al grado de las afectaciones a terceros. La represión de la protesta no solo se explica por asuntos coyunturales, sino también por razones de las políticas contrainsurgentes ejercidas en el marco del conflicto armado, por razones del marco jurídico colombiano y por el espíritu militarizado que permea al aparato policial en el país. Así, el autor establece que en los escenarios del posacuerdo se debe garantizar el derecho a la participación política, es decir, el derecho a la protesta y a los movimientos sociales excluyendo todo recurso violento en la forma de hacer política que se debe plantear en los escenarios del posible posacuerdo.

Cruz plantea que en la transición hacia la paz la Policía debe redefinir sus roles y funciones en un mediano y largo plazo con vista a las políticas de seguridad ciudadana para la consolidación de la democracia, ello requiere una reestructuración en tres niveles, institucional, doctrinario y operativo. A nivel institucional se debe desmilitarizar la policía vía separación de las funciones policiales del Ministerio de Defensa ya sea asignándola al Ministerio del Interior o al Ministerio de Justicia o creando una instancia civil encargada a la seguridad ciudadana como un Departamento Administrativo y así garantizar un control democrático, de gestión y de las políticas de la Policía. En su aspecto doctrinal, el espíritu que debe cobijar el aparato policial en los escenarios del posacuerdo es el de la seguridad ciudadana procurando el respeto de las libertades y de los derechos humanos en la Policía, abogar por un orden ciudadano democrático permitiendo la convivencia segura y pacífica de la población colombiana. A nivel operativo la reforma de la Policía se debe hacer en dos frentes, el pie de fuerza es un interrogante debido a que no es claro cuántos policías se necesitarían para garantizar la seguridad ciudadana, pero el incremento del pie de fuerza no necesariamente garantiza un orden ciudadano democrático y su disminución genera otras formas de violencia como lo evidencia los casos en países de Centroamérica por tanto la eficacia de la Policía no depende del aumento del pie de fuerza. La segunda cuestión se refiere a la garantía de la seguridad democrática en que subsisten otras formas de violencia especialmente en zonas rurales donde operan contextos dominados por las mafias económicas ilegales como lo son los cultivos ilícitos, minería ilegal, entre otros. Se requiere Policía especializada en garantizar la seguridad democrática en zonas rurales como fortaleciendo la Policía de Carabineros o la creación de una guardia rural.

La intención del profesor Cruz con esta obra es ampliar e iniciar el debate del rol de la Fuerza Pública en la posible firma del posacuerdo de paz que se gesta actualmente en La Habana-Cuba y que es de gran trascendencia actual parar el conjunto de la sociedad colombiana. Este debate está centrado en la redefinición de los roles de las Fuerzas Armadas y la Policía desde un corte politológico e histórico. Sin embargo, el debate que propone el autor es un tanto limitado en cuanto diagnostica históricamente el rol de la Fuerza Pública en términos de las negociaciones de paz desde 1980 hasta hoy. Es relevante el debate que inicia el profesor Cruz cuyo tema no se ha incluido en la agenda pública del posacuerdo de paz para pensar y materializar el rol de la Fuerza Pública en términos de Administración Pública, es decir reformas institucionales y organizacionales de la Fuerza Pública encaminadas a las garantías del posacuerdo de paz para la formulación, implementación, seguimiento, control y evaluación de una Política Pública Militar y una Política Pública de Seguridad Ciudadana con presupuestos democráticos en zonas urbanas y rurales del país estableciendo una convivencia pacífica de la población colombiana.