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Análisis Político

Print version ISSN 0121-4705

anal.polit. vol.29 no.88 Bogotá Sep./Dec. 2016

http://dx.doi.org/10.15446/anpol.v29n88.63639 

http://dx.doi.org/10.15446/anpol.v29n88.63639

 

La tormenta perfecta: crisis e impeachment en el segundo mandato de Dilma Rousseff*

THE PREFECT STORM: CRISES AND IMPEACHMENT DURING DILMA ROUSSEFF'S SECOND TERM

Ariel Goldstein**

*El autor agradece los comentarios y lecturas a este trabajo a Fernando Azevedo, Cintia Rodrigo, Mario Toer, Pablo Martínez Sameck, Nicolás Damin, Esteban De Gori, Fernando Collizzolli, Eduardo Nunomura y Vicente Russo

*** Becario posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.


RESUMEN

Este artículo se propone analizar la emergencia de las distintas crisis –económica, política y social– y el modo en que las mismas se fueron amalgamando, conduciendo al impeachment durante el segundo mandato de la presidenta Dilma Rousseff (2014-2016). Con la confluencia de estas crisis en una "tormenta perfecta", se terminaría desarmando el pacto social lulista que había garantizado la gobernabilidad de la coalición liderada por el Partido de los Trabajadores (PT) en estos años. Para ello, se realiza una breve reconstrucción del itinerario de los cuatro gobiernos del PT en Brasil. En tanto el éxito del impeachment concluye con un ciclo de trece años de gobiernos petistas en el poder, consideramos apropiado elaborar un balance provisorio acerca de los límites y las posibilidades que habilitaron este proceso político. El trabajo, si bien no cuenta con perspectiva histórica ni análisis sistemático, puede brindar unas primeras explicaciones para los acontecimientos de relevancia que se produjeron en el país de mayor gravitación geopolítica de Sudamérica.

Palabras clave: Brasil, crisis política, gobernabilidad, gobierno.


ABSTRACT

This article seeks to analyze the advent and consolidation of the different economic, political and social crises which led to the impeachment of President Dilma Rousseff (2014-2016) during her second term. With the convergence of these crises in a "perfect storm", the "Lulist" social contract, which had assured the coalition led by the Partido de los Trabajadores (the Workers' Party, PT)'s ability to govern during this period, would be dismantled. To accomplish the foregoing analysis, a brief review of the trajectory of the four PT governments will be undertaken. Insofar as the successful impeachment ended a thirteen year cycle of PT governance, the elaboration of an interim account concerning the possibilities that this political process enabled, as well as its limitations, was considered appropriate. While this effort lacks both historical perspective and systemic analysis, it provides preliminary elucidation concerning events relevant to occurrences in the country with the greatest geopolitical weight in South America.

Keywords: "political crisis", governance, government.


INTRODUCCIÓN

El proceso de conjugación de múltiples crisis que condujo en mayo de 2016 a la destitución de la primera presidenta mujer de Brasil, Dilma Rousseff, con el apartamiento de su cargo por 180 días y la asunción en su lugar del vicepresidente Michel Temer, perteneciente al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), concluye un extenso y relativamente estable ciclo político en Brasil. Nos referimos a aquel que se inició el primero de enero de 2003 con el primer gobierno de Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores (PT).

En este marco, el artículo se propone analizar de manera exploratoria las circunstancias que condujeron a la crisis económica, política y social del segundo gobierno de Dilma Rousseff (2015- 2016) que habría de culminar en el impeachment de la mandataria. Cabe aclarar que la cercanía temporal del fenómeno analizado nos impide elaborar una fundamentación y una metodología más sistemáticas, aunque creemos que esta contribución –más allá de su carácter provisorio– puede suponer un aporte y se justifica como una primera respuesta a los significativos acontecimientos que se están produciendo en el país de mayor relevancia geopolítica de Sudamérica. Los mismos son susceptibles de explicación, tanto desde una perspectiva de corta duración referida a sus aspectos coyunturales, como desde una perspectiva de mediana duración que incluya como parte de las explicaciones consideraciones históricas.

El análisis realizado procura establecer un diálogo con los distintos trabajos de referentes del campo de estudios brasileños a partir de la discusión de bibliografía secundaria. Serán considerados los estudios que parten de notas periodísticas cercanas en el tiempo y otros trabajos de más largo alcance de intelectuales de relevancia en el campo académico brasileño. En este sentido, el análisis se sitúa en un diálogo con el marco de trabajos previos que han abordado los últimos años del proceso político en Brasil, como son los de Anderson (2011, 2016), Secco (2011), Fortes y French (2012), Singer (2012, 2015), Tible (2015) y Tible y Moraes (2015). Las discusiones que estos autores proponen se retomarán a lo largo del texto.

Para explicar la formidable crisis política que llevó al proceso de impeachment a la presidenta Dilma Rousseff, poniendo fin a un ciclo de cuatro gobiernos del PT en el periodo 2003-2016, es necesario atender al proceso de confluencia de múltiples factores críticos que condujeron a este final. Así, consideraremos el deterioro del ciclo económico nacional-desarrollista, originado por la crisis internacional y las manifestaciones de junio de 2013, y también por el viraje en la política económica del gobierno. Así mismo, la crisis político-institucional, con el auge del PMDB y el final del sistema organizado en torno del presidencialismo de coalición con hegemonía petista. A su vez, se tendrá en cuenta la crisis social, alimentada con la polarización emergente luego de las elecciones de 2014.

La vastedad de temas a los que alude este artículo probablemente exceda las posibilidades de remitirnos a mayores referencias empíricas para su análisis. Sin embargo, consideramos central que solo puede entenderse el proceso que ha conducido al fin de los gobiernos del PT desde una óptica integral que nos permita reconstruir la causalidad de las múltiples crisis y las conjugaciones de unas con otras. También, como se habrá de desarrollar en el tercer apartado, creemos que una breve comparación en términos de similitudes y diferencias (Becker, 2016; Skocpol, 1994) con otros procesos latinoamericanos contemporáneos puede brindar nuevas distinciones sobre los rasgos específicos del caso brasileño, así como reflexiones más generales sobre la crisis de estos procesos políticos.

Se finalizará el artículo considerando los debates en torno al impeachment de la mandataria, así como las perspectivas que se abren hacia el futuro para el PT y las fuerzas políticas progresistas en Brasil ante un gobierno pemedebista de Michel Temer.

DEL APOGEO A LA CRISIS DEL LULISMO: LAS MANIFESTACIONES DE JUNIO DE 2013 Y LAS ELECCIONES DE OCTUBRE DE 2014

El ciclo de crecimiento económico que abarcó los dos mandatos de Lula (2003-2010) proyectaría en la autoestima de los brasileños el imaginario de un "país potencia". El exsindicalista era capaz de establecer una conexión única con los sectores populares en función de su origen social, situación que le permitía llegar a las capas de la población más desposeídas, a la vez que simbolizar las posibilidades de realización de sus expectativas de ascenso social. Durante sus mandatos, las políticas sociales, la principal de ellas el Bolsa Familia, así como el crecimiento económico y la activación del consumo popular, produjeron el ascenso económico y social en los sectores empobrecidos del país, 39 millones entre 2003 y 2011 (Neri, 2012, citado en Tible, 2013). Como señalaba hace unos años Perry Anderson (2011), Lula sería entonces el político más exitoso del mundo, capaz de llegar al terminar su mandato en 2010 a un 80 % de aprobación, habiendo sido más radical en las reformas emprendidas en su segundo mandato que en el primero.

Luego de superar la profunda crisis política del mensalão1 en 2005, que se inició en mayo y duró alrededor de un año, Lula logró consolidar su apoyo social en las elecciones de 2006 al obtener una diferencia contundente en la segunda vuelta electoral (60 % a 40 %) sobre el gobernador de São Paulo y líder del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Geraldo Alckmin.

Sin embargo, un aspecto no siempre ponderado de esta crisis política transcurrida durante el primer gobierno de Lula, resulta el hecho de que la misma produjo como consecuencia el desplazamiento de funciones relevantes de los dirigentes de mayor trayectoria política e histórica del PT (Secco, 2015). Esto incluyó a José Dirceu, el "arquitecto del PT moderno" (Anderson, 2011), al entonces presidente del PT, José Genoino, así como a posteriori incidió en el desplazamiento del ministro de Economía, Antonio Palocci, otro cuadro partidario histórico. Si bien esto contribuiría a la afirmación de la figura de Lula ante la sociedad y reforzaría su liderazgo, dejaría al partido diezmado con respecto a sus cuadros más importantes y de mayor experiencia política.

A partir de entonces, con el inicio de su nuevo mandato en 2007, el presidente se consolidaría como quien proyectaba el país hacia un rol de protagonismo en las relaciones internacionales, lo que iba asociado al imaginario de "Brasil potencia" (De Sousa, 2013). En este sentido, podemos mencionar la promoción desde Itamaraty de la integración latinoamericana, que incluyó la negativa a formar parte del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en conjunto con las posiciones de Argentina y Venezuela. Además, podemos destacar la intervención de Lula en el conflicto palestino-israelí y el alojamiento de Zelaya ante el golpe hondureño en la embajada brasileña en Tegucigalpa, poniendo límites a la hipótesis de América Latina como "patio trasero" trazada desde Washington. Así también, la pretensión esbozada por el canciller Celso Amorim de lograr para Brasil un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

Por otra parte, en 2007 tendría lugar el descubrimiento de una base de petróleo bajo el mar ubicada entre los estados de Santa Catalina y Espíritu Santo, el llamado Pre-Sal, que Lula difundiría como símbolo de la recuperación para los brasileños de la autosuficiencia petrolera2. A su vez, se produciría el establecimiento del país como sede para el Copa Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016.

La amplia aprobación que obtendrían las políticas introducidas por Lula en su segunda presidencia, así como la popularidad que este alcanzaría al finalizar su mandato, le permitirían elegir como sucesora a su jefa de la Casa Civil, Dilma, de bajo conocimiento en la población, que se había caracterizado por su eficiencia en la gestión del gobierno. En la competencia presidencial con el candidato opositor José Serra (PSDB) en 2010, Rousseff saldría victoriosa en la segunda vuelta.

La primera administración de Dilma Rousseff (2011-2014) transcurrió inicialmente según la pretensión de barrer a los ministros que tuvieran acusaciones de corrupción. Incluso, al comienzo, esto le reportaría a Dilma un aumento en la aceptación de su gobierno, a pesar de que produciría tensiones crecientes con el PMDB. Con las exigencias de renuncia a funcionarios y ministros de su equipo gubernamental cuestionados en los principales periódicos por acusaciones de corrupción, Rousseff demostró su intención de establecer una mayor aproximación entre la agenda gubernamental y la agenda diseñada por importantes medios de comunicación.

Esto supuso el alejamiento del ministro de Agricultura Wagner Rossi (PMDB), así como del ministro de la Presidencia, Antonio Palocci (PT) y el ministro de Transporte Alfredo Nascimento (Partido de la República). Estas decisiones generaron tensiones al interior de la coalición de gobierno, principalmente respecto de las alianzas del PT con el PMDB, que contaba con el vicepresidente Michel Temer y una importante proporción de diputados y senadores.

No obstante, autores como Fortes y French (2012) ya advertían las nuevas luchas que empezarían a emerger en la clase trabajadora y las periferias de las grandes ciudades. Los efectos de la crisis internacional, que Lula quiso ahuyentar con el señalamiento de que habría que estimular a los brasileños al consumo, comenzaron a hacerse visibles con la baja en el crecimiento económico y el aumento de la inflación, que superaba las "metas" propuestas. A su vez, se mostraría la dificultad para "sostener el impulso de las inversiones privadas y públicas, que se van deteriorando a lo largo de la segunda mitad del primer gobierno de Dilma" (Costa et al., 2016, p. 23). Esto provocaría una reducción de las tasas de rentabilidad de los sectores dominantes, con la excepción de los sectores bancario y financiero (Costa et al., 2016).

En este marco, ante el estrechamiento del ciclo económico, según el señalamiento de Ridenti (2013) y Secco y David (2013), los sectores que habían ascendido en estos años lulistas no querían bajar, y los que no pudieron ascender lo suficiente querían subir, con la metáfora del "colectivo lleno" y la explosión de nuevas demandas ciudadanas.

Previo a la emergencia de las manifestaciones de junio en 2013, Rousseff contaba con la aprobación más alta de un presidente desde la transición a la democracia a inicios de su mandato, en torno al 70 %. La emergencia de manifestaciones en las principales ciudades del país, que emprendió en São Paulo por el Movimiento Pase Libre en demanda por una baja en el boleto de transporte público y su expansión como respuesta a la represión desplegada por la policía, erosionaron la posibilidad de Dilma de construir un pacto con la burguesía industrial (Anderson, 2016; Singer, 2015). Este último tenía el propósito de enfrentar la voracidad del capital especulativo, pretendiendo bajar las tasas de interés y el spread, atacando los intereses de los grandes bancos, como continuidad del plan económico desarrollista esbozado por el ministro Guido Mantega.

Durante junio de 2013, por primera vez fue visible desde la transición democrática cómo el PT perdía presencia en las manifestaciones, e incluso era repudiado en las mismas, cuando se diferenció desde su nacimiento como un partido con arraigo en los movimientos sociales y capacidad de movilización. Esto reflejaba el proceso de burocratización y desmovilización a través del cual el partido había sido absorbido por las estructuras estatales y la gestión desde su llegada al gobierno en 2003, como sostiene en un reciente trabajo Rocca Rivarola (2016)3.

Las críticas de los principales periódicos, como Folha de S. Paulo y O Estado de S. Paulo al ministro Guido Mantega –desde encuadres que suponen definiciones de la situación, selección y relevancia propios de los medios (Gamson y Modigliani, 1989)–, designando a su gestión económica como la causa del escaso crecimiento y la inflación del país, tenían por fin producir un recambio y una orientación hacia un ciclo de ajuste. En este sentido, se intentaba promover desde estos periódicos un encuadre relativo a que el modelo desarrollista y el intervencionismo estatal estarían en crisis, condición que requería un replanteo en función de la inflación y las denuncias de corrupción existentes (Singer, 2015).

En este sentido, las elecciones de 2014 constituyen un importante momento de condensación del juego político en disputa. En principio, Rousseff obtendría una recuperación en las encuestas, producto de recobrar su imagen como administradora ante la opinión pública, en función del aceptable desempeño de la organización de la Copa Mundial de Fútbol, que aquel año, contrariamente a muchos pronósticos, no había tenido mayores complicaciones. Sin embargo, la muerte en un accidente de avión del gobernador de Pernambuco y candidato a la presidencia, Eduardo Campos, supuso un viraje significativo en la campaña electoral. Llevó a que asumiera la candidatura presidencial Marina Silva, cuyo partido Rede Sustentabilidade no había obtenido la cantidad de firmas necesarias para participar en la contienda, lo que la conduciría a adoptar una alianza con Campos del Partido Socialista Brasileño, siendo la candidata a vicepresidenta de la fórmula.

Desde entonces, Marina Silva fue promovida como una "candidata revelación" por Folha de S. Paulo y O Globo, mientras Datafolha e Ibope la proyectaban como la principal candidata al frente de las encuestas en la carrera presidencial. Estos diarios querían mantener incidencia en la elección, a la vez que elevar sus ventas. En tal sentido, frente a las audiencias, la proyección de Marina reflejaba la búsqueda mediática por obtener influencia política en tanto introducía una "candidata revelación", así como expresaba también el interés comercial, ya que además permitía ampliar sus ventas al insertar un margen de incertidumbre o variable imprevista a nivel electoral. En este marco, Folha de S. Paulo colocaría en su titular del 30 de agosto de 2014: "Marina crece y empata con Dilma". Esta construcción de los medios referida al encuadre temático de la "carrera de caballos" (Porto, 2002) sobre la disputa electoral entre los candidatos, se mantendría durante septiembre.

EL SEGUNDO MANDATO DE DILMA EN PERSPECTIVA LATINOAMERICANA: EL EFECTO POLARIZADOR DE LAS ELECCIONES Y LA CONJUGACIÓN DE LAS CRISIS

La cercanía en el resultado electoral de la segunda vuelta entre Dilma por el PT (51,64 %) y Aécio Neves (48,36 %) por el PSDB, con tres puntos de diferencia, representaba alrededor de tres millones de votos en una elección de 112 millones (Folha de S. Paulo, 27 de octubre de 2014). Ello contribuyó a profundizar la polarización política y social que se venía vislumbrando en el país con la emergencia de las manifestaciones en junio de 2013. Las elecciones produjeron un efecto polarizador sobre la sociedad durante la campaña y a posteriori, ya que estas operaron como un intensificador de la conflictividad política en lugar de apaciguarla4.

Al conocerse los resultados, se produjeron expresiones de racismo de los sectores medios en las redes sociales contra los "nordestinos", pidiendo la autonomía de São Paulo y otros estados con respecto al nordeste del país5. Estas expresiones racistas se produjeron en un marco donde el nordeste pobre manifestó un contundente apoyo a la candidatura de Rousseff, obteniendo en estados como Marañón o Piauí, porcentajes de votación de entre el 70 % y el 80 %, contrastando con el sur, donde los estados más ricos, como Paraná y Santa Catalina, habrían de manifestar un voto predominantemente "tucano" por la candidatura de Aécio Neves. Con las elecciones del 2014, la polarización social y geográfica instaurada desde 2006 entre el país pobre (nordeste) y el país rico (São Paulo) se transformó en una polarización que adquirió contornos de identificación política6.

Podemos señalar entonces que desde la elección de 2014, se vive en Brasil un escenario que se asemeja al periodo democrático-populista, entre 1945-1964, donde la Unión Democrática Nacional recurría cuando las urnas le daban un veredicto contrario a sus aspiraciones, a una serie de interpretaciones constitucionales tendenciosas, con el propósito de impugnar el mandato y la asunción del candidato varguista.

Las circunstancias también pueden explicarse a través de una breve comparación con la coyuntura de otros países latinoamericanos. En esta línea, para pensar la coyuntura de crisis terminal de un gobierno progresista que vive Brasil, se vuelve fundamental evaluar los límites y posibilidades de este mandato de Dilma desde una perspectiva regional, comparando con los aciertos y las falencias de otros procesos políticos de signo político similar en otros países.

En Argentina si bien las elecciones en la segunda vuelta de 2015 tuvieron como corolario una intensa polarización política entre el candidato de una coalición "amiga del mercado" (La Nación, 6 de diciembre de 2015) Mauricio Macri, de la alianza Cambiemos y el candidato oficialista de orientación más estatista Daniel Scioli, del Frente para la Victoria, el resultado benefició al primero produciéndose de este modo una alternancia partidaria. Esta alternancia generó las condiciones para que las elecciones produjeran un efecto estabilizador como instancia de resolución política del conflicto entre dos proyectos divergentes en el país.

La alternancia política escenificaría ante la ciudadanía el "lugar vacío" del poder (Lefort, 2004) que es propio de toda democracia. El cambio en la encarnación del poder político, que por sectores importantes de la sociedad se asociaba a la "corrupción" del gobierno kirchnerista, señalaría un límite a la polarización y las elecciones operarían exitosamente como instancia de resolución política.

Por el contrario, en Brasil, la continuidad por escaso margen del gobierno de Dilma, fuertemente impugnado por sus opositores, reverdeció la lucha política, que continuó al terminar la contienda electoral. En este marco fue que Aloysio Nunes Ferreira, uno de los "caciques" y líderes importantes del PSDB, se refirió a que Dilma no tendría "derecho a una luna de miel" (Veja, 28 de octubre de 2014)7. Así, desde el triunfo electoral de Rousseff se evidenciaría esta nueva estrategia udenista de la oposición del PSDB, que consistía en no otorgarle reconocimiento al resultado electoral y buscar la desestabilización del gobierno.

Los graves problemas que también experimenta Venezuela desde hace años, con una intensa lucha política y polarización, que recientemente se comparó con la situación brasileña (Stefanoni, 2016), remiten también a esta baja alternancia entre un partido y el otro, y a la frustración electoral de la derecha política, que no puede derrotar al chavismo en elecciones desde 1998, así como tampoco los "tucanos" en Brasil pueden derrotar a los gobiernos del PT en elecciones desde 2002. De este modo, las elecciones de 2014 en Brasil cumplieron una función más similar a las propias de Venezuela en el 2013 disputadas entre Nicolás Maduro y Henrique Capriles, que a las de Argentina en 2015.

Las manifestaciones de junio de 2013 estallaron como un primer momento de impugnación de la clase política en su conjunto, aunque con demandas a la izquierda del espectro político, que exigían mayor presencia del Estado y mejores servicios en materia de transporte y salud, a la vez que exhibían denuncias por la corrupción de los políticos. Existía una heterogeneidad de demandas, pero podemos decir que tenían una tendencia que las colocaba a la izquierda del espectro ideológico.

Sin embargo, con posterioridad a 2015 las manifestaciones serían reconducidas hacia otras expresiones con demandas a la derecha del espectro ideológico (Avritzer, 2015). Esta polarización que presentaba la sociedad brasileña, con movilizaciones a favor y en contra de la permanencia de la presidenta en el gobierno prácticamente desde el comienzo de su mandato, era inédita en relación con los otros gobiernos del PT. Fue un rasgo bien propio del escenario que emerge con posterioridad a las elecciones de 2014.

No obstante, con esto no queremos señalar que la polarización producida en las elecciones se haya mantenido en los mismos términos durante la segunda administración de Dilma Rousseff. Con el fin de la contienda electoral, se pasaría a una nueva instancia de polarización, marcada por la actuación de grupos politizados de la sociedad civil que se movilizarían a favor y en contra de la continuidad del gobierno, en disputa por la dirección cultural y política de los sectores medios. En este sentido, se hizo visible durante las marchas a favor del impeachment, la presencia de grupos organizados a través de las redes sociales como Vem Pra Rua, Revoltados Online y Movimento Brasil Livre. A su vez, en las marchas contra el impeachment se destacaría la presencia de la Central Única de Trabajadores (CUT), el Movimiento de los Sin Tierra (MST), el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) llamado "golpe".

Se produciría así una situación contraria a la sucedida durante la campaña electoral de 2014, cuando el PT había conseguido ganar el apoyo de los sectores medios con la onda vermelha en defensa de las conquistas sociales obtenidas durante el ciclo petista y ante la posibilidad de un retroceso en la mismas. A partir de 2015, los grupos pro impeachment, en conjunto con la narrativa difundida por los principales medios de comunicación, tendrían éxito en ganar el apoyo de los sectores medios, al sostener la imposibilidad del gobierno de Dilma de sustentarse y gobernar8.

En este escenario de inmensa tensión, inédita desde el inicio del ciclo de los gobiernos petistas iniciado en 2003, Dilma definió una salida "ortodoxa", y como ha sido señalado en forma reiterada, "aplicar el programa de los perdedores", lo que la presidenta creyó que operaría como un factor de estabilización política y económica para el país (Anderson, 2016). Esto significó la designación de Joaquim Levy como ministro de Economía, proveniente de Bradesco, uno de los mayores bancos privados del país, y formado en la Universidad de Chicago, con marcada orientación neoliberal. En este sentido, Dilma quiso volver a construir un pacto de gobernabilidad con los sectores del empresariado, tal como Lula había hecho con el mandato económico de Antonio Palocci en 2003- 2006, aunque en condiciones distintas en el contexto de la economía internacional, con la baja en el precio de los commodities y en un escenario de crisis que impactaría en la región (Anderson, 2016).

De este modo, Dilma fue aislándose de sus apoyos a la izquierda, como el MST, al no avanzar en la reforma agraria, nombrando a la representante ruralista del agro business y senadora del PMDB, Kátia Abreu, como ministra de Agricultura en 2015, así como aplicando un ajuste ortodoxo que crearía decepción y aislamiento en la primera mandataria respecto del PT y los movimientos sociales, que irían posicionándose de forma crítica con respecto a su mandato en los distintos plenarios.

El shock en la base social del gobierno sería contundente, dado que cuando aumentaban las nuevas demandas originadas por la inclusión de 39 millones de pobres que mejoraron su condición de "la casa para adentro pero no de la casa para afuera" (Mercadante, 2014), se impuso la restricción económica, que tuvo como consecuencia "cerrar la puerta" a las nuevas demandas y frustrar sus expectativas de ascenso social. De este modo, al aplicar el ajuste, Dilma fue contra las promesas de campaña de 2014 que decían que, en el caso de un triunfo en las elecciones presidenciales, tanto Marina Silva como Aécio Neves irían a quitar la comida de la mesa de los brasileños9.

En este contexto de ajuste económico, Dilma no lograría transformar su triunfo electoral en legitimidad política para gobernar, mostrando dificultades para preservar su coalición de gobierno en el llamado "presidencialismo de coalición". La extensión del PMDB a lo largo de los años, obteniendo cada vez más ministerios y negociando su peso en el Congreso, fue central en esta cuestión10. En este sentido, tenemos el desarrollo de la crisis política y parlamentaria. Al aumentar la influencia extorsiva del PMDB en el gobierno, y cuando este partido percibe que los costos de permanecer en la coalición son mayores que los incentivos de romper, se produce el pase a la oposición del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. La habilidad política de Cunha se manifestaría en que, cuando se le intenta instalar el juicio político, logra revertir la situación de modo tal que quien finaliza enjuiciada es Dilma.

En las manifestaciones de los últimos años se había producido una impugnación a la clase política, un "desencanto ciudadano", pero Cunha consigue que ese desencanto, a través del Parlamento y los encuadres predominantes en los periódicos, se focalice en la presidenta como responsable de la corrupción. En 2015, el PT define impulsar el juicio político a Cunha en la Cámara de Diputados por medio de la Comisión de Ética dado su prontuario corrupto que involucra cuentas en los Panama Papers así como cuentas no declaradas en Suiza, lo que viene a expresar la presión de sus bases por la disolución del acuerdo con este político. Esta situación recibiría como respuesta por parte de Cunha la admisión en la Cámara Baja al pedido de impeachment.

Cunha contaba con varios pedidos de impeachment a la presidenta a los cuales no había dado lugar, mostrando de forma extorsiva que el PT no debía enjuiciarlo para proteger a Dilma, y cuando este percibe que existía el riesgo de ser destituido, decide dar curso al pedido impulsado por los juristas Hélio Bicudo y Miguel Reale Júnior por "pedaladas fiscales". Este pedido acusaba a Dilma de haber producido "saqueos" en las cuentas de los bancos nacionales para la cancelación de cuentas atrasadas en lo referido al pago de programas sociales. La figura de Eduardo Cunha emerge como un político sumamente hábil (Anderson, 2016) que pone contra las cuerdas a Dilma y efectiviza la tramitación del impeachment para contraatacar y sostenerse en la Presidencia de la Cámara de Diputados.

La moralización de la política (Rubim, 2006) desarrollada por los principales medios de comunicación en el país, que tiende a dividir a la sociedad entre "honestos" y "corruptos", sería clave para licuar la lucha política y transformarla en una mera reyerta que igualaba a todos los políticos en el lodo de la corrupción, ocultando la existencia de proyectos de país en disputa. Esta estrategia ya la había utilizado la prensa tanto durante el segundo mandato de Getúlio Vargas (1951-1954) como durante la primera administración de Lula, como hemos investigado (Goldstein, 2015). Ya Jânio Quadros, durante los años sesenta en su campaña, había ganado la elección presidencial contra el mariscal Teixeira Lott, explotando la moralidad y señalando la utilización de la escoba para barrer la corrupción, triunfando contra el varguismo en 1960.

Este proceso de moralización de la política se fortaleció por la convergencia que presentan en este punto los principales periódicos con las actuaciones de una parte importante del poder judicial. En este último, se ha destacado el énfasis del juez Sérgio Moro, quien ha impulsado una persecución judicial contra Lula que eludió los tiempos procedimentales, a la vez que divulgaría a los medios escuchas realizadas a la presidenta Dilma y al expresidente con la pretensión de provocar una reacción social en contra de estos, lo que de hecho sucedió.

Sin duda, la posibilidad de Dilma de permanecer en la presidencia sufrió un duro golpe el 16 de marzo, cuando en respuesta a su decisión de nombrar a Lula como jefe de la Casa Civil con el propósito tanto de protegerlo de las investigaciones judiciales como de fortalecer su gobierno, el juez de Curitiba, Sergio Moro, decidió dar a conocer públicamente un diálogo entre ambos grabado por escuchas telefónicas, lo que produjo esa misma noche masivas manifestaciones pidiendo la renuncia de la presidenta en Brasilia. Esto luego derivaría en otra decisión judicial que impediría a Lula asumir el cargo, en un claro proceso de disputa por el poder e interferencia entre jueces y políticos.

Este contexto de moralización de la política brinda a los sectores medios tradicionales de una interpretación del mundo que les permite impugnar en su totalidad las políticas de los gobiernos del PT desde un argumento en apariencia no clasista y que aparentemente no entra en contradicción con sus principios éticos. Es decir, el rechazo aparece por motivos distintos al hecho de que las políticas del gobierno hayan incorporado a sectores previamente excluidos y les hayan permitido el ascenso social, y de este modo el antipetismo aparece desvinculado de la posición de desplazamiento que estos sectores pueden percibir en su estatus como clases medias tradicionales.

Se debe considerar que los representantes de la clase dominante en Brasil, el empresariado y el sector financiero, no aceptan la reforma como parte del orden instituido, sino que la conciben como algo externo que amenaza su existencia. La reticencia a toda reforma institucional es muy alta, siendo natural que estos sectores tradicionales hayan aprovechado esta situación crítica para retomar la dirección política del país. La impugnación al mandato de Rousseff por parte de estos sectores se pudo ver con el apoyo que proporcionó a las movilizaciones pro impeachment la Federación de Industrias del Estado de São Paulo, cuyo presidente Paulo Skaf tuvo ascendencia al patrocinar la renuncia de Rousseff (Salas, 2015) entre fines de 2015 y principios de 2016.

EL DEBATE SOBRE EL IMPEACHMENT Y LOS FUNDAMENTOS DEL ORDEN DEMOCRÁTICO EN AMÉRICA LATINA

El proceso de impeachment que desplazó a Rousseff presenta similitudes y diferencias con aquel que tuvo que enfrentar el entonces presidente Fernando Collor de Mello en 1992. Se le parece en tanto refleja la pérdida de apoyo político-parlamentario y cierta idea socialmente extendida sobre el incumplimiento de las promesas electorales. Pero no se asemeja en tanto las acusaciones argüidas por la oposición en 1992 involucraban a Collor de forma un tanto excepcional en escándalos de corrupción a través de su tesorero Paulo César Farías, mientras las "pedaladas fiscales" han resultado un mecanismo ya utilizado por los gobernadores de distintos Estados y expresidentes, no habiendo derivado en juicios políticos en otros casos11.

La Constitución brasileña es suficientemente ambigua como para habilitar distintos hechos en lo que se entiende por "crimen de responsabilidad". Estos incluyen, entre otros:

Art. 9. […] 7-Proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decôro do cargo.

Art. 10 […] 3-Realizar o estorno de verbas;

4-Infringir, patentemente, e de qualquer modo, dispositivo da lei orçamentária.5) Deixar de ordenar a redução do montante da dívida consolidada, nos prazos estabelecidos em lei, quando o montante ultrapassar o valor resultante da aplicação do limite máximo fixado pelo Senado Federal; 6) Ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou na de crédito adicional ou com inobservância de prescrição legal;

Art. 11. São crimes contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos:

1-Ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observânciadas prescrições legais relativas às mesmas; 2-Abrir crédito sem fundamento em lei ou sem as formalidades legais; 3-Contrair empréstimo, emitir moeda corrente ou apólices, ou efetuar operação de crédito sem autorização legal12.

Las opiniones de los especialistas se encuentran divididas. Autores como Pérez-Liñán (2016), Lodola (2016), Malamud (2016) y Sallum (2016) expusieron las razones por las cuales el proceso en curso actualmente en Brasil sería un impeachment que ha cumplido con los procedimientos de forma legal. Otros intelectuales como Singer (2016), Boito Jr. (2016)13, Secco (2016) y Salas (2016), han defendido la idea del golpe contra la presidenta Dilma Rousseff.

En todo caso, consideramos cuestionable el argumento que condena el impeachment señalando a este como "antidemocrático" porque afecta a un gobierno reformista-popular y es impulsado por una coalición que será más conservadora y pro mercado, como quedó esbozado en los lineamientos del documento "Puente para el futuro" del presidente interino Michel Temer (PMDB). Si el juicio político es admitido para destituir, debería ser válido tanto para presidentes de un signo político como de otro.

Esto nos remite al debate sobre la supuesta "neutralidad" de las instituciones políticas en América Latina. Desde la fundación de los Estados nacionales, las formalidades del liberalismo han sido muchas veces utilizadas por las oligarquías para sostener y garantizar sus condiciones de dominación (Rouquié, 2011), en el marco de lo que Marx llamó en La ideología alemana una "comunidad ilusoria". En este punto, como indica Cintia Rodrigo14, no es la instancia del impeachment la que evidencia problemas insalvables, sino el sistema político en su conjunto y la ausencia de una "nueva institucionalidad" que pueda ejercer un contrapeso a la "institucionalidad tradicional", en el marco de un proceso de transformación social como el impulsado durante los años del lulismo.

De este modo, podemos sostener que este impeachment ha sido "legal" pero no "legítimo". Legal, al haber cumplido con los procedimientos requeridos desde el punto de vista formal. Ilegítimo, ya que llevó a la interrupción de un mandato constitucional con alegaciones de corrupción espurias en el marco histórico social concreto, si bien válidas en el plano abstracto (agradezco la conversación sobre este aspecto a Fernando Azevedo).

La ilegitimidad de la situación brasileña, no reside así exclusivamente en el acto del juicio político, sino en el sistema que legitima este juicio político conservador, que permite a los representantes de las élites recuperar la dirección del Ejecutivo, en una sociedad concentrada mediáticamente, económicamente, y condicionada por el poder del dinero y las donaciones de empresas a las campañas electorales.

Las listas abiertas y el financiamiento privado de las campañas electorales son en este sentido dos procedimientos formales que legitiman la desigualdad en el sistema político. Las aspiraciones del PT por avanzar hacia una reforma política han chocado durante estos años con los límites del sistema de acomodaciones del PMDB, y la alianza con este partido no fue cuestionada, considerando que esta era esencial para asegurar la "gobernabilidad". Sin embargo, en su primer discurso luego de las elecciones de 2014, Rousseff declaró la necesidad de establecer una "reforma política", cuestión que venía sustentando desde las manifestaciones de junio de 2013, aunque luego la necesidad de preservar sus alianzas le impidieron avanzar en este aspecto.

En América Latina existe una acumulación oligárquica originaria, de la cual nace una clase política condicionada por el poder del dinero, de los medios y de relaciones de dominación constituidas en forma históricamente asimétrica. Es ese sistema el que se refleja en el Parlamento y actúa en el juicio político a Dilma. La arbitrariedad de la situación se vuelve patente en el caso que aquí analizamos, porque son justamente esos recursos aquellos de los cuales se vale la clase dominante para garantizar los mecanismos de legitimación social de este juicio político conservador. El juicio político, que puede ser legal desde el punto de vista administrativo, no se desenvuelve en el Parlamento en una "caja de cristal", sino que es legitimado socialmente por el poder de la acumulación originaria de la oligarquía (mediática, política y económica)15.

Probablemente, no sea casualidad que los dos países que más han logrado preservar situaciones de estabilidad frente a la crisis de los gobiernos progresistas en la región, sean Bolivia y Ecuador, donde hubo reformas constitucionales que acompañaron los procesos de transformación y produjeron un recambio de las élites políticas. Así, las reformas constitucionales permiten alterar esa configuración histórica de la relación de fuerzas que favorece a los sectores dominantes, por más que los gobiernos progresistas se encuentren circunstancialmente en el Ejecutivo.

Volviendo a la calificación del impeachment, consideramos que se trata de un "proceso de destitución irregular", pero la acusación de "golpe", si bien puede ser redituable políticamente, no constituye una descripción acertada de la realidad que experimenta el país. A nuestro modo de ver, se trata de una destitución que, aunque no del todo legítima –la gravedad de la pena impuesta a Rousseff no se corresponde con las "pedaladas", que resulta una práctica extendida entre los distintos Ejecutivos en Brasil– es el resultado de la conjugación de la "tormenta perfecta" de las distintas crisis política, económica y social. Como sostiene Lodola, "es algo diferente a un golpe, aunque aún no tiene nombre: es una remoción antidemocrática del Ejecutivo forzando la utilización de procedimientos legales. Paradójicamente, en la naturaleza legal de esta nueva modalidad de remoción presidencial reside su mayor peligro" (26 de abril de 2016).

En tanto el Parlamento no es una instancia aislada, aunque posea juego propio, sino que resulta ser un vehículo de intereses sociales, el impeachment refleja en este marco de conjugación de las distintas crisis, la dificultad del PT para sostener su coalición de gobierno en el Congreso, en el marco del "presidencialismo de coalición", imprescindible para gobernar.

CONCLUSIONES: "DEMASIADO" Y "DEMASIADO POCO"

El ciclo de gobiernos petistas (2003-2016) llega a su fin mientras se escribe este artículo. Estos gobiernos hicieron "demasiado poco" para representar las demandas de los movimientos sociales, revertir de forma estructural la desigualdad del país, o generar una reforma política que cambiara la relación de fuerzas, y esto último favorecería la vuelta al gobierno de los sectores tradicionales. Pero, a la vez, estos gobiernos hicieron "demasiado" para asustar a la clase dominante en Brasil.

Los años lulistas, donde el crecimiento económico aseguraba las posibilidades de que ganen ricos y pobres, representó un estado de conciliación donde podían coexistir el "demasiado poco" a la izquierda y el "demasiado" de los sectores dominantes, ya que las ganancias para todos aseguraban la perdurabilidad del pacto social. Con los efectos locales de la crisis económica internacional, los márgenes de distribución se angostaron, generando disconformidad en ambos lados.

La designación de Levy, la conducción verticalista de Dilma y los efectos del ajuste económico la alienaron de los apoyos de izquierda y de los sectores populares. Por otro lado, la permanencia de las políticas sociales, los intentos de Lula de postularse como candidato presidencial hacia 2018, así como la polarización política y frustración electoral del PSDB hicieron rehuir a la clase dominante y empresarial de los incentivos de apoyar al gobierno.

De este modo, colapsó el pacto social lulista del reformismo gradual y conservador (Singer, 2012), siendo sustituido por la rapiña entre los de arriba y los de abajo, que acabó con la estabilidad que había caracterizado a los gobiernos petistas. Las distintas crisis descriptas a lo largo de este artículo se fueron conjugando en una "tormenta perfecta", traduciéndose en una maraña de intereses dispuestos a destituir a la presidenta Dilma de su mandato.

La crisis económica internacional y sus efectos regionales socavaron el pacto social construido durante los gobiernos del PT, generando las condiciones para un replanteo del proceso de acumulación capitalista. Así, los sectores dominantes locales exigirían recuperar su rentabilidad a través de un nuevo pacto de dominación de orientación pro mercado, focalizado en la política fiscal y el combate a la inflación, donde los costos de la estabilización económica deberán asumirlos los sectores populares, quienes fueron durante estos años la base social del lulismo.

La ambigüedad de la legislación brasileña se constituyó así en un recurso indispensable utilizado por los sectores dominantes para la remoción de una presidenta bajo acusaciones de corrupción espurias desde lo histórico-social y concreto. Así, la legalidad oligárquica se mostraría una vez más como un dispositivo de eficacia para reconstruir el orden conservador requerido por los sectores dominantes en esta nueva fase de acumulación capitalista.

Hay preguntas pendientes que deberán responder estudios más sistemáticos y con mayor perspectiva histórica que este. ¿Cuáles son las posibilidades y los límites de un gobierno reformista, conciliador y gradual ante el estrechamiento del ciclo económico? ¿Cómo construir una suficiente base de sustento económica y social que sirva como bloque de respaldo ante tiempos de adversidad?16.

Como señala Sader (2016), las fuerzas progresistas en Brasil deben "volver al gobierno para desatar los nudos que han bloqueado sus gobiernos" y terminaron llevando a la destitución de Dilma Rousseff. El autor se refiere con respecto a estos nudos a "la democratización de los medios, el quiebre de la hegemonía del capital especulativo, la reforma del sistema electoral, entre tantas otras reformas" (Sader, 2016). Desde estas reflexiones, consideramos que nuevos "pactos sociales" deberán ser imaginados para recuperar un ciclo progresista y de izquierda para Brasil.

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NOTAS

1 La crisis política del mensalão surgió a partir de las tensiones que se produjeron al interior de la heterogénea alianza que el PT había compuesto en el ámbito parlamentario para garantizar la "gobernabilidad" –Partido Liberal (PL), Partido Popular Socialista (PPS), Partido Laborista Brasileño (PTB) y Partido Democrático Laborista (PDT)–. En mayo de 2005, la revista Veja publicó la transcripción de un video donde se acusaba al diputado de la coalición gubernamental Roberto Jefferson del PTB, de estar detrás del desvío de dinero en la Empresa Pública de Correos. El entonces diputado, que habría intuido que no recibiría en este contexto apoyo del Palacio del Planalto (Pilagallo, 2012), decidió en consecuencia realizar una serie de denuncias que tuvieron un efecto explosivo. En una entrevista el 6 de junio a la Folha de S. Paulo, acusó al PT de estar pagando una mensualidad a los parlamentarios de la base aliada a cambio de apoyo al gobierno de Lula en el Congreso. La conmoción que la denuncia de estos escándalos produjo en la opinión pública tuvo por efecto: una importante erosión del capital político del gobierno, un incremento en la polarización entre el gobierno y la oposición, así como la apertura de varias comisiones parlamentarias de investigación encargadas de investigar los acontecimientos en el Congreso.

2 Esto se vinculaba desde lo simbólico con la campaña "El petróleo es nuestro" que acuñó Getúlio Vargas en los años cuarenta y cincuenta, que llevaría a la creación de la empresa Petrobras durante su segundo gobierno (1951-1954). Lula recuperaría esta imagen al aparecer con el overol de los trabajadores petroleros, manchando sus dedos con petróleo.

3 El proceso político que lideró el Frente Amplio en Uruguay, ha sido reseñado como atravesando un proceso similar de desmovilización y burocratización, según indica recientemente Moreira (2015). De este modo, más allá de las críticas que podamos formular hacia el PT, parece este un derrotero por el cual cruzan los partidos de izquierda de la región al llegar y establecerse en el gobierno, e ingresar en la lógica de la administración de los asuntos del Estado.

4 Un rol que pueden desempeñar las elecciones es apaciguar los conflictos políticos en pugna en una instancia de definición imparcial, y así lo han hecho en muchos escenarios latinoamericanos de los últimos años, incluso en Brasil desde 2002 hasta 2010, cuando la competencia entre el PT y el PSDB era aceptada durante la fase electoral como parte del juego político, y luego el ganador era reconocido por ambos contendientes y por toda la sociedad

5 Las redes sociales mostraban expresiones como "esos nordestinos hacen 300 hijos y después quedan dependiendo del 'Bolsa Familia', por eso es que Dilma recibe todos esos votos" (Gazeta do Povo, 6 de octubre de 2014).

6 Al decir esto, a la luz de Laclau (2006), nos referimos a la definición de identidades por oposición y a la división de la sociedad en dos campos antagónicos.

7 La Bolivia de Evo Morales constituye un contrapunto con la polarización que viven la mayoría de los procesos políticos progresistas de la región (La Nación, 24 de abril de 2016; Stefanoni, 2016), a pesar de que Bolivia vivió durante 2008 una crisis política de gran magnitud, calificada por el vicepresidente García Linera como "golpe cívico prefectural". Pero allí, la continuidad del mandato de Evo Morales, donde la refundación constitucional le permitió varios años más de mandato, así como la conservación del mismo prudente ministro de Economía (Stefanoni, 2016) le ha permitido mantener el país con estabilidad, con capacidad de lograr el apoyo de corrientes de centro y empresariales. Pero claro que allí la inserción de los indígenas en la vida política produjo transformaciones de magnitud sociológica y de élites del poder que hacen al caso boliviano difícilmente comparable con otros países.

8 Agradezco a Eduardo Nunomura por los comentarios respecto a esta cuestión.

9 Para pensar esta cuestión, me ha sido útil la conferencia pronunciada por el economista Carlos Quenan en el IV Encuentro Internacional sobre Teoría y Práctica de la Política en América Latina en la Universidad Nacional de Mar del Plata, marzo de 2015.

10 Cuando el PT llega al gobierno, construye un acuerdo con pequeños partidos para evitar tener que pactar con el PMDB para asegurar la gobernabilidad en un Parlamento fragmentado (Amorim, 2007). Sin embargo, cuando emerge el esquema del pago de mensualidades en 2005 en el propio gobierno, el PT debe introducir al PMDB dentro del gobierno para resguardar la gobernabilidad. Así, desde entonces el PMDB crece en su asociación a través de la obtención de mayores cargos y ministerios, obteniendo a partir de 2011 la vicepresidencia con Michel Temer.

11 Ribeiro (2016) por su lado, marca la diferencia de que en este caso el conspirador principal es el vicepresidente Michel Temer, a diferencia de 1992, cuando el entonces vicepresidente Itamar Franco no fue conspirador contra el propio gobierno del cual formaba parte. Además, el PT, que entonces tuvo un papel central, eligió no participar del nuevo gobierno para no aparecer como "beneficiario directo" del proceso de destitución. El PMDB, por el contrario, fuerza los procedimientos constitucionales para alcanzar el poder y obtener un rédito político por el desplazamiento de la presidenta. De este modo, para Ribeiro (2016) se justifica la definición de "golpe contra la democracia", si bien principalmente usa la definición de impeachment.

12 Ley 1079/1950 que define los crímenes de responsabilidad y regula el proceso respectivo de juzgamiento. Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L1079.htm

13 Resulta de sumo interés observar las diferencias de opinión en el debate televisivo entre Brasilio Sallum Jr. y Armando Sallum Jr., ambos intelectuales con reconocimiento. El primero sosteniendo la legalidad del proceso de impeachment y el segundo sosteniendo su carácter golpista, en el programa Complicaciones de UNIVESP. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=XfdXhoSBDcU

14 Intercambio de correos electrónicos con la autora, 11 de mayo de 2016.

15 Consideramos que una parte de los análisis sobre este proceso han estado demasiado circunscriptos a la dimensión parlamentaria, que, sin dejar de ser importante, constituye solo uno de los aspectos que definen a esta crisis múltiple de la sociedad brasileña. Por otra parte, consideramos que ha prosperado por parte de distintos sectores de la izquierda la definición de este proceso como "golpe" porque, entre otras cosas, es provechoso políticamente. No se puede organizar una movilización contra una "destitución", por más que esta sea una descripción más acertada. La política no necesita matices, necesita palabras que movilicen a la acción. Y ahí, como siempre, se solapan el campo político y el campo analítico.

16 En este sentido, el gobierno de Evo Morales construyó un bloque indígena-popular que fue vital para respaldar el proceso político boliviano en momentos del intento secesionista del "golpe cívico prefectural" de 2008.

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