CAPAS DE DESIGUALDADES Y DESIGUALDADES SUPERPUESTAS EN LAS CIENCIAS SOCIALES

Varios autores analizan desde la sociología las desigualdades superpuestas. Una de las visiones tiene sustento en la perspectiva relacional de las desigualdades (^{Tilly, 1995}). ^{Talmud (2001}) examina la estructura de “múltiples capas de desigualdad” aludiendo a múltiples niveles de desigualdades. El autor estudia la superposición de mecanismos que producen desigualdades a partir del trabajo de Tilly (1995) sobre desigualdades persistentes. También identifica tres capas de desigualdades: una primera referida a diferencias en capacidades entre los actores sociales; una segunda capa es estructural y atañe a los mecanismos a través de los cuales unos actores se benefician a costa de otros (ejemplo, el acaparamiento de oportunidades y la explotación); y una tercera capa es narrativa, relacionada con la construcción social y la negociación de la realidad que define las formas de distribución de recursos dentro de la sociedad, incluyendo las redes, relaciones y marcos institucionales (ejemplo, el neoliberalismo).

Siguiendo a Tilly, ^{Talmud (2001}) subraya el papel de las categorías sociales institucionalizadas como un dispositivo para reproducir desigualdades persistentes. Se plantea que mediante esas categorías (que pueden ser producidas por el Estado), se define una especie de inferioridad cultural de ciertos grupos, aunque también favorecen los procesos de resistencia de los grupos que son sub- alternizados. Sin embargo, hay que remarcar que la superposición de desigualdades va más allá de la superposición de los mecanismos de reproducción de desigualdades que analiza Talmud (2001); como voy a explicar más adelante, esas superposiciones pueden hacer referencia a otros procesos.

^{Therborn (2006}) ofrece algunas ideas sobre capas de desigualdad, aunque en términos de diversas escalas. El autor identifica agrupaciones de variables para estudiar las desigualdades: primera, los procesos mundiales e históricos que apuntan a una especie de “geología” de una región o lugar; segunda, los actuales procesos globales con sus flujos económicos y sociales, los entrelazamientos globales institucionales y el imperialismo; y tercera, los procesos nacionales, afectados por las fuerzas internacionales demográficas, económicas y políticas.

Si bien Therborn menciona esa geología, no hace un análisis a fondo de las superposiciones de desigualdades que se estructuran localmente; y en su estudio de los tres tipos principales de desigualdades sociales (vitales, existenciales y de recursos)¹, no muestra la complejidad en la que se pueden superponer esos tipos de desigualdades. En alguna medida su enfoque es gradacional, por cuanto señala que hay sociedades donde las desigualdades vitales son más altas (por ejemplo, por la tasa de mortalidad infantil); y relacional, por cuanto se soporta en la definición de mecanismos que reproducen las desigualdades en el sentido de ^{Tilly (1995}).

El trabajo de ^{Guhathakurta (2012}) utiliza la categoría de “múltiples capas de desigualdades” (manifold layers of inequalities) para estudiar los diversos procesos que generan y recrean las desigualdades sociales, en una combinación de elementos estáticos y dinámicos en la India. Para la autora:

La realidad actual al Sureste de Asia registra tendencias de violencia que emergen no solo de estructuras estáticas de jerarquías sociales, sino también de la forma en que esas jerarquías han sido construidas en una política multinivel de desigualdades (por clase, casta o políticas de género) (^{Guhathakurta, 2012}, p.1; traducción propia).

^{Guhathakurta (2012}) analiza la situación de mujeres históricamente desfavorecidas por relaciones hegemónicas de poder por clase, casta, etnia y género en la India. En desarrollos recientes se han creado nuevas capas de desigualdades en este país, debido a cuestiones religiosas, de origen étnico y por un sistema patriarcal de opresión. Desde esta mirada, las estructuras sociales de jerarquía no son estáticas, sino que “se construyen y reconstruyen en una política de múltiples capas de desigualdad”.

Las mujeres de grupos “minoritarios” se ven afectadas “por múltiples capas de desigualdades y por la violencia estructural que producen discriminación, privación y olvido” (^{Guhathakurta, 2012}, p. 1; traducción propia). Esas desigualdades las genera: el Estado, como resultado de tener una identidad minoritaria, basada en la etnia, casta o identidad religioso-cultural; comunidades violentas que se sustentan en ideologías racistas; y la familia, en el caso de la violencia doméstica (Guhathakurta, 2012).

Por su parte, ^{Sandhu et al. (2013}) analizan las capas de desigualdad (layers of inequality) en relación con la situación de “Mujeres negras, asiáticas y de minorías étnicas” en Reino Unido. Para los autores, el término layers se asocia a los impactos recientes de ciertas políticas públicas en Reino Unido:

Las capas de desigualdades representan lo que las mujeres han dicho sobre los múltiples impactos que las mujeres africanas, asiáticas y de minorías étnicas enfrentan como resultado de recortes en el gasto social, y cómo esto se convierte en un desafío que ellas afrontan en su vida cotidiana como resultado de su género y etnicidad, y por otras experiencias de discapacidad, pobreza, etc. (^{Sandhu et al., 2013}, p. 3; traducción propia).

En este caso, las mujeres pertenecientes a poblaciones africanas y asiáticas o a minorías étnicas, se han afectado por las reducciones en el gasto público y por los recortes en recursos para financiar programas que buscan mejorar su situación social, política y económica. Las capas de desigualdad aparecen además en mujeres con discapacidad, con “barreras del idioma” y madres.

Por otro lado, ^{Devy (2009}) emplea la expresión desigualdades estratificadas, para analizar la compleja superposición de formas de discriminación y exclusión entre diversos grupos sociales en la India. Esos procesos de exclusión son verticales (entre grupos privilegiados y no privilegiados) y horizontales (entre grupos subordinados). Para la autora,

(...) el entrelazamiento de los patrones de dominación y de victimización de varios grupos marginales por otros grupos marginales es típica de la sociedad de la India. Son las superposiciones o estratificaciones, y no la segmentación, el principio que explica esas complejidades de forma más adecuada. Viejas tensiones entre una casta y otra, entre castas y tribus, entre una tribu y otras tribus, así como las frecuentes migraciones de grupos lingüísticos, raciales, y religiosos, crean sedimentaciones de esas capas marginales. Así, un grupo socialmente dominante en una parte de India, puede estar en situación de marginalidad en otra parte del país; o un grupo con poder en unas ocasiones puede ser víctima de marginalidad otras veces (^{Devy, 2009}, p. 179).

Este panorama evidencia la complejidad de procesos que tienen lugar en países como la India. A pesar de que esta perspectiva sobre los conflictos entre castas no puede replicarse en el análisis de otras sociedades, hay que reconocer que el punto de vista de Devy es sugerente acerca de la posibilidad de utilizar la categoría analítica de layers para complejizar el estudio de las desigualdades, en vez de una perspectiva de segmentation, teniendo en cuenta las desigualdades que afectan a varios grupos sociales al mismo tiempo.

Por último, desde los enfoques económicos sobre la desigualdad, el concepto de layers se asocia al concepto de superposición o solapamiento (overlapping) (^{Milanovic, 2002}; ^{Yitzhaki, 1994}). Las sociedades y los mercados se caracterizan por la segmentación y estratificación, y estas se pueden estudiar a través del análisis de la superposición entre las diversas formas de distribución. Las desigualdades se relacionan con capas (layers) y con estratificación:

(...) en su significado general, un estrato es una capa horizontal, normalmente pensada entre, sobre, o por debajo de otras capas o estratos. La estratificación es el proceso de formar capas o estratos observables, o el estado de ser compuesto por capas. La estratificación social sugiere un modelo donde la masa de la sociedad es construida de capas situadas sobre otras capas de características estáticas de una población (^{Lasswell, 1965}, p. 10; traducción propia).

Según esta visión, los coeficientes de Gini pueden ser descompuestos en coeficientes de Gini intragrupales y en coeficientes de Gini entre grupos. Las desigualdades de las subpoblaciones pueden solaparse con las desigualdades de otras subpoblaciones, pero también se pueden superponer con otra forma de distribución desigual general o para toda la población (^{Yitzhaki, 1994}). Estos trabajos se centran en el análisis de las capas y la superposición de desigualdades de ingresos, en los ámbitos nacional y mundial (^{Milanovic, 2002}; Yitzhaki, 1994).

No obstante, esta idea de capas puede también usarse en el estudio de las desigualdades en el acceso a otros recursos, como la propiedad de la tierra, con el fin de examinar las complejidades en la distribución de los recursos entre los diferentes grupos sociales, por clase, raza, etnia, edad y género, analizando cómo se superponen desigualdades intragrupales y entre grupos, especialmente en sociedades altamente desiguales.

Al comparar las perspectivas anteriores, se identifica que los investigadores manejan la idea de layers de manera heterogénea: en ocasiones referida a mecanismos de reproducción de desigualdades; en otras para analizar nuevas formas de desigualdad que se suman a las desigualdades existentes que afectan a un grupo social determinado; y en otras para estudiar la complejidad de las relaciones desiguales entre muchos grupos sociales.

LA IMPORTANCIA DE LA INTERSECCIONALIDAD

Una característica importante en estos enfoques previos es que no profundizan en cómo se producen las desigualdades que atraviesan diversos ejes de categorías sociales como clase, género, raza y etnicidad. Hay que enfatizar que las capas de desigualdad no se generan de forma mecánica o rígida. Por tanto, es necesario complementar la mirada sobre superposiciones y capas de desigualdad con la mirada sobre interseccionalidad.

Hay procesos que estructuran nuevas capas de desigualdad, pero en los escenarios cotidiano y social, las desigualdades se experimentan a través de la combinación de categorías sociales. La interseccionalidad es un concepto, una metodología y una perspectiva para analizar las desigualdades sociales (^{Hill-Collins y Bilge, 2016}). La interseccionalidad critica los llamados enfoques aditivos de la opresión (^{Spelman, 1982}) que enfatizan la separación entre binarios de categorías sociales (hombres/mujeres, negros/blancos, indígenas/no indígenas, urbano/rural, etc.).

Las categorías sociales no pueden disociarse. Una persona no puede dejar de ser una mujer para ser campesina. Es necesario pensar en los sujetos como personificando múltiples características personales y sociales. Por otro lado, los enfoques aditivos toman una clasificación entre grupos dominantes y grupos subordinados. Pero esto lleva a cuestionar si las desigualdades se manifiestan en formas de opresión por una sola categoría, o si están oprimidas en múltiples formas al mismo tiempo.

No solo debe estudiarse cada forma de opresión por separado, sino también el efecto de la combinación de múltiples formas de opresión y cómo trabajan juntas. Sin embargo, las formas en que interactúan las categorías es sensible al contexto, pues en algunas regiones es más evidente la opresión racial y de género, pero en otras sociedades la opresión de la clase social puede ser más importante (^{Hill-Collins, 1993}).

^{Hill-Collins (1993}) propone analizar el modo en que la opresión se estructura y mantiene en la economía política de las sociedades. Las categorías de clase, raza y género pueden funcionar en paralelo, pero también como sistemas entrelazados para dar forma a las modalidades de subordinación y dominación. Para la autora hay tres dimensiones de la opresión a través de la lente de interseccionalidad: la institucional, la simbólica y la individual.

La primera se refiere a la manera en que la raza, el género y la clase se entretejen como sistemas de opresión, por ejemplo en el sistema de plantaciones. La dimensión simbólica se asocia a “ideologías sancionadas socialmente que justifican las relaciones de dominación y subordinación” (^{Hill-Collins, 1993}, p. 39). Esto incluye estereotipos sobre personas de diversa orientación y/o identidad de género, sobre personas de diversas razas y sobre diferentes clases sociales, que ayudan a mantener patrones de dominación.

Los sistemas institucionales y simbólicos de opresión suscitan experiencias individuales en términos de opresión, y las biografías personales reflejan experiencias cotidianas que son ejemplos de las formas en que funciona la interseccionalidad. Para ^{Hill-Collins (1993}) los mecanismos de opresión pueden operar para producir formas de movilización social. La movilización social no es fácil de conseguir debido a que no todo el mundo vive las formas de opresión de la misma manera. Y existen asimetrías de poder entre personas que se oponen a diversas formas de opresión. Las personas y los grupos diversos buscan por tanto causas comunes para poder movilizarse.

CATEGORÍAS ANALÍTICAS SOBRE CAPAS DE DESIGUALDAD Y DESIGUALDADES SUPERPUESTAS Y EL PAPEL DE LA INTERSECCIONALIDAD

A partir de la literatura revisada sobre desigualdades superpuestas y del concepto de interseccionalidad, es posible identificar varias categorías analíticas. Aquí se agrupan esas tendencias o enfoques en tres grupos, los cuales se presentan en la tabla 1:

Tabla 1 Enfoques analíticos para estudiar desigualdades superpuestas 

Fuente: elaboración propia.

Para varios autores en el enfoque geológico/histórico-temporal las capas de desigualdad y las desigualdades superpuestas son originadas por la herencia de procesos históricos de largo plazo como el colonialismo, la expansión capitalista y la formación de Estados nacionales (^{Costa, 2012}; ^{Escobar, 2008}; ^{Guhathakurta, 2012}; ^{Restrepo, 2013}). La manifestación de la superposición de desigualdades se da en términos de la sucesión de procesos de clasificación y jerarquización racial, y en las relaciones y conflictos entre grupos raciales, relaciones y conflictos de género y relaciones y conflictos de clase y la interseccionalidad de diversas formas de opresión.

El enfoque acumulativo de desigualdades atañe a la superposición de formas de dominación y de subordinación como el racismo, despojo, explotación y patriarcalismo. La manifestación de las superposiciones se da en la articulación de desigualdades de clase, género, raza y sus interseccionalidades.

El enfoque acumulativo complejo de desigualdades plantea que a los efectos de la superposición de formas de dominación y de subordinación, se suman los efectos de las movilizaciones sociales y políticas públicas para reducir las desigualdades y sus efectos positivos o negativos en respuesta a esos objetivos. La aplicación de políticas públicas (por ejemplo, en materia de gasto social, políticas de desarrollo, políticas ambientales, etc.) puede tener incidencia en la producción de nuevas formas de desigualdad.

A veces las políticas públicas no reducen las desigualdades, y más bien, ponen en conflicto a grupos que históricamente han estado unidos socialmente. Las políticas públicas compensatorias, las políticas de desarrollo, las políticas ambientales y la violencia ocasionan nuevos procesos que pueden crear nuevas capas de desigualdad y así alterar las formas en que las interseccionalidades de diversas categorías sociales se expresan.

DESIGUALDADES SUPERPUESTAS E INTERSECCIONALIDAD EN EL BAJO ATRATO Y URABÁ

Colombia tiene uno de los mayores niveles de desigualdad en el mundo, lo cual se refleja por ejemplo en los altos grados de concentración de la tierra (PNUD, 2011). Estudiar las desigualdades es una tarea fundamental teniendo en cuenta las relaciones que existen entre desigualdades y violencia. Sin embargo, la violencia también es un mecanismo que reproduce desigualdades. Tal es el caso de muchas regiones de frontera en Colombia, caracterizadas por la confluencia de relaciones sociales interraciales, conflictos por la tierra y la presencia de intereses económicos empresariales como en el caso de las regiones de Bajo Atrato (al norte del Chocó) y de Urabá. Respecto al marco analítico que se presentó aquí, se hará una exposición del modo en la que se han configurado las desigualdades superpuestas en esta región.

En cuanto al enfoque geológico/histórico-temporal, varios trabajos historiográficos y antropológicos dan cuenta de la configuración de jerarquías raciales en Colombia, con origen en la colonia y durante el proceso de configuración del Estado nación (^{Arias, 2007}; ^{Restrepo, 2013}; ^{Roldán, 1998}; ^{Uribe, 1992}; ^{Valencia, 1983}; ^{West, 2000}). Abordar a fondo esos trabajos va más allá de los objetivos de este artículo, pero cabe mencionar algunos de los hallazgos. Varias capas de desigualdad se tejieron durante la conquista y la dominación colonial, relacionadas con el sometimiento de los indígenas, la minería y la esclavitud de africanos, sentando la base de procesos de estratificación social. Las jerarquías sociales fueron mantenidas por las élites criollas aún después de la abolición de la esclavitud en 1851, y se sustentaron en el predominio del eurocentrismo antes y después de los procesos de independencia.

En el siglo XIX, la población indígena y los descendientes de africanos representaban la “otredad” de la población nacional y así se incluyeron en los discursos de la construcción de la nación (^{Arias, 2007}). El centro de la nación fue construido “sobre una interpretación inversa de sus márgenes” (Arias, 2007, p. 50). La población indígena y los descendientes de africanos fueron tomados como subordinados y como un problema para el ejercicio del gobierno moderno, debido a la trashumancia de los indígenas y de los negros libertos.

Los científicos e intelectuales asociaron a los indígenas y a los negros con determinados territorios geográficos y climas (por ejemplo, en las regiones como Casanare, Chocó, Urabá, Catatumbo, Magdalena Medio y La Guajira), definidos como “zonas de la frontera interna”, estableciendo los “límites del orden económico, político, natural y simbólico de la nación” (^{Arias, 2007}, p. 51). En el siglo XIX, el “negro” era lo opuesto al blanco, y la raza se vinculaba con la fuerza física para el trabajo.

El Estado no diseñó leyes para incorporar a los negros, como sí lo hizo para los indígenas (^{Arias, 2007}). Los negros se consideraban cercanos y lejanos a la vez, debido a su papel como trabajadores de las minas y las plantaciones, así como siendo trabajadores domésticos para las familias blancas. También fueron considerados intelectualmente inferiores. Los negros fueron imaginados como salvajes o bárbaros, y se veían como localizados en zonas como las selvas del Chocó y las cuencas de los ríos en la costa Caribe, donde buscaban alejarse del control económico, político y cultural del gobierno nacional (Arias, 2007).

En lo que queda de esta sección, explicaré los otros dos enfoques sobre desigualdades superpuestas, principalmente a partir de los procesos que han tenido lugar en Bajo Atrato desde finales del siglo XIX.

En términos regionales, el Darién sirvió como punto estratégico para el saqueo de riquezas durante el período colonial. El Darién se transformó a través de la separación de Panamá en 1903 y con la introducción de las primeras plantaciones y las economías extractivas. Esto produjo desigualdades de clase. A mediados del siglo XX, las élites de Antioquia se imaginaban a sí mismas como miembros de la civilización y crearon la idea de zonas marginales, habitadas por poblaciones culturalmente diferenciadas, para justificar su intervención para el control de los recursos (^{Roldán, 1998}). El Bajo Atrato se sitúa en la región del Darién colombiano, colindando con el Urabá antioqueño, y se conecta con el resto del departamento del Chocó a través del río Atrato. El Chocó es hasta hoy la región más pobre de Colombia.

Desde finales del siglo XIX se expandieron en la región de Urabá y Bajo Atrato varias economías de recolección (tagua, raicilla, madera) y de plantación (caña de azúcar) bajo el modelo de enclave, atrayendo grupos de población desde el Caribe (Sinú, Cartagena) y de zonas del Chocó como Baudó (^{Uribe, 1992}). Se establecieron nuevas desigualdades de clase en la región.

Desde mediados del siglo veinte (entre los años 1940 y 1950) varias comunidades procedentes de zonas caribeñas y del sur del Chocó llegaron a zonas como Cacarica, Belén de Bajirá, Curbaradó y Jiguamiandó, buscando “tierras sin hombres para hombres sin tierra” (Cavida, 2002). La región se convirtió en área de refugio, pues muchos de los que arribaron huían de los efectos de La Violencia, o eran miembros de guerrillas liberales que huían del Estado.

Desde los años sesenta varios hechos llevaron a la expansión de la economía bananera en Urabá, incluyendo a empresas multinacionales como la United Fruit Company, instalada con apoyo e incentivos estatales. Esta economía atrajo nuevas migraciones desde el Caribe y Chocó. Muchas personas que vivían en Bajo Atrato empezaron a trabajar en las plantaciones bananeras y se movilizaban entre el Bajo Atrato y Urabá. Esas comunidades se insertaron en conflictos por la tierra que emergieron en las décadas de los sesenta y setenta, pues las empresas bananeras buscaban concentrar la tierra mientras abundaba el número de campesinos sin esta. Esos procesos coincidían con las luchas por la reforma agraria impulsados por los gobiernos liberales del Frente Nacional. En esa coyuntura surgió la ANUC (con el apoyo del Incora) que pretendía propiciar esa redistribución de la tierra a través de invasiones a las haciendas.

De manera paralela a las luchas por la tierra en la zona bananera, tales desigualdades se superpusieron y entrelazaron con los emergentes conflictos laborales. Varios líderes sociales de comunidades del Bajo Atrato -identificados posteriormente como líderes afrodescendientes- que viajaban a trabajar en las bananeras, se vincularon a la lucha sindical. Es el caso de Marino Córdoba², proveniente de San José de Tamboral, quien fuera líder de comunidades de Riosucio y quien se unió a las luchas por la tierra y a la creación de sindicatos en Urabá:

Cuando terminé el cargo de Inspector de Policía en 1989 (en Tamboral), me fui para Urabá donde trabajé hasta 1991 en una finca bananera. Por mi experiencia en trabajo comunitario y por mi formación política, logré vincularme al Sintrainagro de Apartadó. En Urabá también empecé a tener contacto con el Partido comunista (...). Los directivos del Partido (...) me dieron la responsabilidad de trabajar como obrero patronal en una finca que empezaba a nacer en esa época (en Churidó, Apartadó) (...). En esos tiempos se dio también el acuerdo entre el EPL con el gobierno. El EPL se desmovilizó (...) y muchos reinsertados llegaron a trabajar en los 90. Cuando yo empecé a trabajar en la región, había diferencias ideológicas entre los reinsertados del EPL y la gente del Partido Comunista. Muchos integrantes del EPL comenzaron a asumir posiciones en contra de la comunidad y en contra de la lucha que estábamos adelantando, para recuperar tierras que sirvieran de vivienda a gente que la necesitaba. Organicé una recuperación de tierras en el pueblo de Churidó. Las tierras le pertenecían a unos finqueros bananeros, pero nosotros las recuperamos y se las dimos a varias familias que no tenían donde vivir; yo estuve al frente de ese proceso, pero al mismo tiempo estaba trabajando en la finca (testimonio de Marino ^{Córdoba, citado en Martínez, 2012}, p. 215).

De manera análoga a esas luchas de clase (y a su intersección con luchas históricas contra el racismo), tenían lugar otros procesos en el Bajo Atrato. Principalmente, emergieron procesos de organización comunitaria liderados por la iglesia, buscando oponerse a la expansión de las compañías madereras en una manifestación de conflictos socioecológicos contemporáneos. La gente empezó a hacer demandas por derechos a la tierra y por una reforma agraria, procurando garantizar sus derechos a la tierra para protegerse de la expansión de esas empresas. ^{Restrepo (2010}) identificó ese proceso como la génesis de la expansión de una identidad basada en elementos étnicos en la región como mecanismo para acceder a la tierra.

La ley 70/1993 o Ley de Comunidades Negras es el principal logro político de los movimientos sociales de afrodescendientes en Colombia. Dicha ley se introdujo luego de la reforma constitucional de 1991. Gracias a ella, se inició un proceso de titulación colectiva de tierras afectando casi a seis millones de hectáreas en el país, en particular en la región del Pacífico. Esta ley produjo transformaciones en la región: una reconfiguración o renegociación de identidades de los afrodescendientes y mestizos (^{Corredor, 2013}; ^{Ruiz-Serna, 2006}), ambos convertidos por la ley en “sujetos ecológicos” que favorecen la conservación de la naturaleza (^{Wade, 2006}); la ley 70/1993 reguló los derechos colectivos e individuales, prohibiendo la venta de tierras y su explotación industrial

En términos de desigualdades vitales, existenciales y de recursos, los resultados de la ley 70/1993 son diversos. Dicha norma tuvo impactos al reducir de alguna manera las desigualdades existenciales. Sin embargo, los resultados en términos de desigualdades vitales son nulos, si se tiene en cuenta que la pobreza en sus múltiples manifestaciones va en aumento en Chocó en las últimas décadas (Dane, 2013).

Desde mediados de los noventa se inició el proceso de titulación de tierras en la región. Las comunidades demandaban la aplicación de la ley 70/1993. En medio del proceso, tuvo lugar la expansión paramilitar. Varios bloques paramilitares desplazaron a las Farc en el Urabá antioqueño y replegaron a la guerrilla hacia el Chocó, donde tenía presencia el Frente 57 de las Farc. En 1996, los paramilitares se expandieron hacia el Bajo Atrato, al apoyar la Operación Génesis llevada a cabo por la Brigada 17 del Ejército, que buscaba perseguir a la guerrilla. Más de diez mil campesinos fueron desplazados y sus tierras fueron despojadas por ganaderos, palmeros, bananeros, élites políticas, paramilitares y narcotraficantes. El despojo produjo conflictos de clase, al beneficiar a terratenientes, al costo de desplazar a campesinos, que huyeron hacia otros municipios, ciudades y países.

Este desplazamiento forzado se conecta con la coyuntura global de la expansión de materias primas para producir agrocombustibles. Ha habido una especie de transición del banano a la palma de aceite (con oposición de sindicatos como Sintrainagro), relacionada con procesos de despojo. Aquí se identifican dos períodos: primero, los monocultivos de palma se expandieron entre 2000 y 2008, alcanzando más de veinte mil hectáreas, gracias a que Alvaro Uribe favoreció esa economía, la cual se articuló a la desmovilización de paramilitares.

La expansión de coaliciones uribistas (sobre todo de Cambio Radical) en la región, también benefició esa economía. La segunda etapa se inicia después del fracaso de la palma en la región hacia 2008, producido por la resistencia social y por los efectos de la enfermedad de la pudrición del cogollo. Desde entonces se ha intentado restituir las tierras a las comunidades.

En medio de la aplicación de la ley 70/1993 y de la violencia, nuevos municipios fueron creados en Bajo Atrato en 2000, vinculados al “proyecto hegemónico regional” histórico (^{Roldán, 1998}), liderado por élites blancas y urbanas de Antioquia, pero incluyendo también élites rurales de Urabá. Esos actores han buscado introducir agroindustrias y megaproyectos de infraestructura en Bajo Atrato para convertir a Urabá en la “mejor esquina de América”. Pero este proyecto involucra la reproducción de racismo en el ámbito regional, el despojo y el control territorial militarizado.

Por tanto, dos principales tendencias motivan capas de desigualdades en la región, vinculadas al agronegocio globalizado: la violencia y el desplazamiento forzado. El conflicto armado regional tiene raíces en la concentración que el Estado le ha dado a la intervención militar para beneficiar las inversiones e intereses económicos de élites regionales y multinacionales, con menor énfasis en las políticas sociales. Esta región que ha sido un lugar de llegada de personas que huyen de la violencia, también ha dado lugar a expresiones políticas alternativas como los partidos políticos de izquierda.

El vacío dejado por el Estado (en sus funciones de proveer seguridad y justicia) lo llenaron guerrillas y paramilitares. La desmovilización de paramilitares llevada a cabo durante el gobierno de Alvaro Uribe entre 2003 y 2007 fracasó, pues nuevos grupos paramilitares (por ejemplo Los Urabeños) tomaron control de territorios y economías, antes controlados por los grupos desmovilizados como el BEC.

Las comunidades han ejecutado múltiples formas de resistencia que involucran actores y estrategias en varias escalas. La resistencia se basa en la articulación de varios marcos como los derechos territoriales dados por la ley 70/1993, la justicia humanitaria y la resistencia civil no violenta. Las comunidades retornaron a sus tierras para crear espacios de resistencia en medio de las plantaciones, como las comunidades de paz, zonas humanitarias y zonas de biodiversidad. Ellos son apoyados por actores locales, nacionales y globales.

La resistencia también comprende procesos legales nacionales e internacionales incluyendo procesos jurídicos contra las compañías palmeras, casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y políticas de restitución de tierras en el marco de la ley 1448/2011.

Hasta aquí se han explicado múltiples elementos para entender la formación de desigualdades superpuestas y entrelazadas que se relacionan con el enfoque acumulativo de desigualdades. Respecto al enfoque acumulativo complejo de desigualdades, puede decirse que varias formas de desigualdades se asocian con los efectos directos e indirectos de la ley 70/1993, en cuanto a los derechos a la tierra de las comunidades mestizas que han habitado la región al menos desde los años cuarenta.

En la región han surgido muchos desafíos para la aplicación de la ley 70/1993, pues esta generó tensiones y conflictos sobre la definición de quién tiene derecho al territorio. Diversos sectores de las comunidades han lanzado discursos contra los mestizos, planteando que estos no tienen derecho, pues la ley 70/1993 “es para las comunidades negras”.

Contra esa lectura estrecha que han hecho algunos actores regionales, otros, incluyendo a organizaciones como Ascoba, defienden los derechos de los mestizos; y las propias comunidades han adoptado modalidades de solidaridad; algunos mestizos han creado consejos comunitarios, cambiando su forma de autoidentificación para no perder sus derechos a la tierra (^{Acosta y Ruiz- Serna, 2007}). ^{Villa (2013}) sugiere que la tensión y el conflicto social generado por la ley 70/1993 caracterizan las relaciones sociales en la región en las últimas décadas.

Esas tensiones afloraron en medio de la aplicación de políticas de restitución. El proceso de restitución en la región ha tenido avances (se detuvo el proyecto palmero), pero también retrocesos. Varios líderes que reclaman tierras fueron asesinados y hay una presencia sostenida de paramilitares, amenazando a quienes reclaman las tierras. La restitución no ha sido una garantía para la devolución material de las tierras, pues han florecido nuevas modalidades de control de la tierra.

Las tierras previamente sembradas con palma fueron recultivadas con yuca y plátano y se ha expandido la ganadería. Las nuevas modalidades de control de la tierra incluyen el pago simbólico de arriendos ínfimos a las comunidades por parte de compañías agroindustriales. El territorio es controlado por paramilitares y por el ejército, buscando que el agronegocio no abandone la región.