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Análisis Político

Print version ISSN 0121-4705

anal.polit. vol.31 no.92 Bogotá Jan./Apr. 2018

http://dx.doi.org/10.15446/anpol.v31n92.71101 

Dossier

REFLEXIONES SOBRE GENEALOGÍA Y POLÍTICAS DE LA MEMORIA EN COLOMBIA

REFLEXIONS ABOUT GENEALOGY AND POLITICS OF MEMORY IN COLOMBIA

Gonzalo Sánchez *  

* Ph.D en Sociología Política de la Escuela de Altos Estudios de París, Francia. Director del Centro de Memoria Histórica (Colombia)

RESUMEN

En el inicio de un proceso de posconflicto con las FARC y de la mano de la implementación de los mecanismos de justicia transicional, entre los que figura la creación de una comisión de la verdad, aparecen preguntas por el pasado de guerra que se está quedando atrás, las responsabilidades sobre lo sucedido y la memoria social que se ha construido sobre esa realidad conflictiva. Es un hecho que existen memorias sociales independientes de las institucionales. ¿Cuál ha sido su trayectoria en Colombia? ¿Quiénes participan de ella? ¿Cómo se relacionan entre sí y con las instituciones estatales? Este artículo es una aproximación a la trayectoria de la memoria en Colombia a partir de la experiencia del autor desde la institucionalidad y como analista del conflicto armado interno.

Palabras-clave: Memoria; Política; Conflicto; Colombia

ABSTRACT

At the beginning of a post-conflict process with the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) and with the concurrent implementation of mechanisms for transitional justice, including a truth commission, questions arise with respect to: the now fading bellicose past, responsibility for what occurred and, the social memory which has been constructed with respect to this conflictive reality. Obviously social memories independent of institutional ones exist. What has their Colombian trajectory been? Who participates? How do they relate inter se and with state institutions? This article traces the trajectory of Colombian memory development based on the author’s experiences both institutionally and as an analyst of the internal armed conflict.

Key words: Memory; Politics; Conflict; Colombia

INTRODUCCIÓN

La memoria de los conflictos tiende a ser pensada como un ejercicio de posguerra o de elaboración posterior a la finalización de las contiendas armadas. Asimismo, tiende a ser asociada a un mecanismo de justicia transicional y, por lo tanto, es vista o planificada como un proceso con un fuerte ascendente institucional. En el marco de un proceso de sometimiento y desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia, estas premisas acompañaron el origen y fueron una constante en el debate académico y político del cual emergió el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, como primer ejercicio de memoria institucional estatal. Ahora bien, de una manera que contrasta con dicha expectativa, y con otras experiencias sociales de conflictos armados internos, como en los casos de Perú y Guatemala, en Colombia fue posible rastrear para ese entonces experiencias sociales y comunitarias de construcción de memoria de larga data, tanto en medio del conflicto como por fuera de los canales institucionales. Sobre dichas experiencias reflexionaré a continuación, en un intento de elaborar una genealogía de la enunciación de la memoria social del conflicto armado en Colombia.

PRIMER MOMENTO: LOS DERECHOS HUMANOS COMO PUNTO DE PARTIDA

En Colombia, la apropiación social de la memoria como un mecanismo o dispositivo para enfrentar o tramitar el conflicto armado entre las comunidades tiene una larga temporalidad, o, más específicamente, ha transcurrido de manera paralela al conflicto armado interno, al menos durante treinta años. La memoria en Colombia no surge como un campo autónomo, no es un objeto de trabajo en sí mismo, si no que aparece de forma subsidiaria, inmersa en la denuncia y movilización por la defensa de los derechos humanos; en otras palabras, se da en medio de la denuncia y la resistencia contra los mecanismos y políticas de encubrimiento e impunidad de las violaciones a los derechos humanos que se expandieron al amparo de los discursos de la seguridad nacional.

Hay, entonces, una estrecha relación entre la emergencia y consolidación del movimiento social por la memoria y la emergencia y consolidación de la movilización por la defensa de los derechos humanos en Colombia. Se trata de una retroalimentación constante que dificulta establecer límites entre la emergencia de los trabajos de memoria y el activismo en defensa de los derechos humanos. La denuncia de la existencia de violaciones a los derechos humanos recurre a las labores de memoria, en tanto soporte de su ejercicio de documentación. En el sentido contrario, como lo plantea Reátegui (2009), la memoria misma participa en la “gestación de una conciencia de derechos”.

En Colombia, las primeras manifestaciones y organizaciones en defensa de los derechos humanos de las que se tiene noticia surgieron una vez finalizado el pacto político del Frente Nacional (1958-1974). En sus inicios estuvieron ligadas a la militancia política de izquierda, en una dinámica de denuncia y confrontación con el Estado, y en un momento histórico en el que los derechos fundamentales estaban siendo violentados por causa de la equiparación que se había hecho entre los movimientos sociales y la insurgencia, en un gobierno (el del presidente Turbay), que inspiraba su política de seguridad nacional en las políticas de seguridad de las dictaduras del cono sur. De tal modo, el Estado trataba con violencia la amplia movilización popular de campesinos, a los estudiantes, a los activistas populares y a los obreros sindicalizados. Por ello, como lo he manifestado en otra ocasión, “la denuncia es la primera forma y registro de la memoria de las víctimas” (Sánchez, 2008, p. 24). Al mismo tiempo se expandía la guerrilla, la cual acarrearía consigo el ejercicio de otras violencias contra la población civil y contra los representantes del Estado; violencias para las cuales, no obstante, no habría inicialmente ni memoria ni conciencia de violación de derechos.

En términos generales, en América Latina las primeras organizaciones de derechos humanos surgieron ligadas a la denuncia y la defensa de los derechos civiles y políticos de los militantes y sus familiares. La de este primer momento es una memoria que da cuenta particularmente de un tipo de violencia específico: la violencia de Estado contra opositores políticos, y que no considera otro tipo de violencias, como la de las organizaciones insurgentes, que en ese momento también tienen lugar y afectan a la sociedad civil. Como dan cuenta los análisis de Floralba Romero y Luis Alberto Restrepo, la lucha por los derechos humanos, en una primera etapa, de la mano de la cual se rastrean las primeras iniciativas o ejercicios de memoria en Colombia, tiene un marcado sesgo político o partidario.

Documentar fue la tarea que se asumió en Chile la Vicaría de la Solidaridad y que le valió el reconocimiento como protectora de la memoria de las violaciones a los derechos humanos ejecutadas por la dictadura de Pinochet. A esta le hacía eco en Argentina la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos creada en 1976 y, por la misma época, la de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, así como la reconocida Organización de Madres de Plaza de Mayo.

En el caso colombiano, un ejemplo notorio del ejercicio de memoria como mecanismo tendiente a la denuncia pública es el trabajo pionero en materia de derechos humanos del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (1973), que emerge como producto de una iniciativa personal de Gabriel García Márquez, quien era partícipe del Tribunal Russell en aquel momento.

En efecto, García Márquez se planteó de forma explícita crear una organización de derechos humanos, en un momento en el cual en Colombia se registraban numerosas violaciones, y la denuncia y defensa recaían casi exclusivamente en el trabajo de abogados defensores unidos en precarias redes. Entre los fundadores del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos se cuentan escritores, periodistas, abogados, líderes comunitarios, dirigentes populares y militantes políticos. Y también organizaciones sindicales, como la Unión Sindical Obrera, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y el Sindicato del Banco Popular (Corral, 2016).

En un contexto de violencia asociada al conflicto armado predominantemente rural, y con una presencia mediática muy baja, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos tuvo dentro de sus principales iniciativas la documentación y denuncia de la violencia de Estado ejercida contra líderes de izquierda, sindicales, campesinos y presos políticos: “Al comienzo surge como una organización de lucha popular más que como una ONG” (Daviaud, 2004, p. 206). En el Libro negro de la represión, editado por dicho Comité, en 1974, se recogieron notas de prensa y comunicados de diferentes organizaciones comunitarias y sindicales, las cuales describen circunstancias de violencia (ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada de personas) y, en algunos casos, se aportan también breves perfiles de las víctimas. La memoria como mecanismo de expresión, en el caso del Libro negro de la represión, tiene como foco o público pretendido a la sociedad en general y tiene un explícito sentido militante:

Esperamos, finalmente, que este libro contribuya al esclarecimiento, por parte de las grandes mayorías nacionales, del estado de opresión violenta al que se encuentra sometido nuestro pueblo. Y en la certeza de que una mejor comprensión de esta aberrante realidad se traduce en una mayor decisión de lucha por derrotar a la clase que la sustenta, entregamos estas páginas como un pequeño aporte en la gran batalla por la liberación definitiva de Colombia (Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, 1974, p. 15).

Se puede afirmar, como lo hacen Gallón, Manitzas y Uprimny, que “aunque el trabajo de derechos humanos estuvo orientado a respaldar a las víctimas de la violencia, inicialmente también se concibió como una herramienta para oponerse de manera más amplia a políticas de gobierno autoritarias o represivas” (1993). Tal es la perspectiva de Sophie Daviaud, quien considera que “los Derechos Humanos se ven con frecuencia asimilados a un instrumento de lucha revolucionaria o para la liberación del pueblo colombiano” (Daviaud, 2004, p. 208).

Las primeras organizaciones de derechos humanos ponen en primer plano la identidad política como la identidad amenazada por la represión o las violaciones que se quieren denunciar a través de la divulgación de la existencia de militantes-víctimas. El campo de la memoria está inmerso dentro de las luchas políticas del momento, su expresión no solo es política sino politizada: “estas organizaciones utilizan categorías inspiradas en las experiencias del cono sur, con el fin de endurecer el perfil del régimen colombiano: ‘terrorismo de Estado, dictadura, fascismo dependiente’ son algunas de ellas” (Daviaud, 2004, p. 207). Los derechos humanos son, pues, adoptados como un mecanismo de lucha u oposición al Estado.

En un contexto de restricción de las garantías civiles, legalizado mediante el mecanismo jurídico-político del estado de sitio, dicho proceso describe una tensión con el Estado primordialmente. La emergencia de la memoria agenciada por organizaciones de derechos humanos es, en este sentido, confrontacional con el Estado. Constituye así, de hecho, una interpelación dirigida de manera exclusiva contra los crímenes del Estado y las prácticas homicidas, de tortura y crueldad, en contra de sus opositores políticos de izquierda. Por otra parte, en el escenario político más amplio de finalización del Frente Nacional, en el que se deriva, se proyecta de dos maneras: como soporte de una lucha revolucionaria, pero también como reclamo de apertura política.

Posteriormente, hacia finales de los años setenta e inicios de los ochenta aparecen numerosas organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos en Colombia, en medio del auge de este discurso internacional. Como lo afirma Jacobo Grajales:

La mayor parte de estas estructuras trataron de denunciar lo que ellas denominaban una ‘guerra sucia’, es decir, el asesinato de políticos y militantes de izquierda, así como de periodistas e intelectuales, por los militares y los paramilitares. De este modo, la calificación de la violencia también retomó el vocabulario de los derechos humanos, en un intento de llamar la atención internacional hacia Colombia, comparándola con casos más visibles, como aquellos de las dictaduras del Cono Sur (Grajales, 2017, p. 159).

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, creado en 1979, se plantea en sus orígenes como una respuesta a las “medidas represivas y de supresión de las libertades democráticas adoptadas por el gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala en aplicación de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional para impedir las exigencias populares de solución a los problemas sociales” (Comité Permanente, s. f.). En “recibir los reclamos y acompañar a las víctimas o a sus familiares en los trámites ante las autoridades”, y en elevar las denuncias a las organizaciones de derechos humanos internacionales (Comité Permanente, s. f.) se concentran las labores, no solo del Comité sino de numerosas organizaciones de la época. La apelación a los derechos humanos, afirma el citado Grajales, “recodifica” el discurso “bajo una forma más neutra, mientras que la defensa de los ‘prisioneros políticos’ evocaba un apoyo a la causa rebelde” (Grajales, 2017, p. 159).

La internacionalización del conflicto colombiano se inicia en buena medida por esa adopción del discurso de los derechos humanos, lo que posibilita la construcción y el afianzamiento de redes con la comunidad internacional de defensa de los derechos humanos, pero también una mayor vigilancia o control por parte de las cortes internacionales.

Asimismo, la internacionalización de la experiencia colombiana contribuye en el plano interno a la ampliación de repertorios de acción y de actores partícipes en la defensa de los derechos humanos.

Inspirada en buena medida, o siguiendo el modelo de las madres de la Plaza de Mayo de Argentina, se erige la primera organización no gubernamental de familiares de víctimas en Colombia: la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (ASFADDES), creada en 1982. Desde ese momento, los retablos con las fotografías de los desaparecidos, los plantones y el involucramiento familiar activo se suman a la labor documental, la cual, hasta el momento había concentrado los ejercicios de memoria. ASFADDES trabaja en varias líneas, como la organización de familiares, formación, ayuda jurídica, apoyo psicológico e intercambio de experiencias y reflexión para la comprensión de la modalidad represiva de la desaparición forzada. “En cada una de las labores diarias y actividades que se realizan, es un ritual mantener siempre presente a los ausentes, mencionar su nombre en todo momento y volver sus rostros al presente” (asfaddes.org). ASFADDES emerge en el contexto político en el cual el discurso de los derechos humanos se presenta casi como patrimonio exclusivo de los sectores de oposición o de izquierda; sin embargo, su aparición introduce otro aspecto en la reivindicación o reclamo de derechos humanos. En efecto, la confrontación con el Estado ya no se desarrolla solo desde la militancia política sino desde la condición de víctima no reconocida por el Estado de una modalidad de violencia específica en la que ha sido comprobada la participación de agentes del Estado o paramilitares: la desaparición forzada.

En la experiencia argentina, las Madres de la Plaza de Mayo ocultaron en su momento la adscripción o militancia política de sus hijos, y resaltaron, en cambio, la condición de familiares de sus desaparecidos. En contraste con ello, en el caso colombiano, la aparición de las víctimas como sujetos activos en la denuncia y demandas al Estado se realiza reafirmando la identidad política de las víctimas: “ASFADDES orienta y asesora en la denuncia y búsqueda a las familias de las víctimas cuando las desapariciones tienen su razón en la actividad política, comunitaria o por un compromiso en la concreción de la justicia social” (Unidad de Víctimas, s. f.).

Mención aparte merecen la labor de la Pastoral Social y del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep); la primera, fundamentada en la doctrina social de la Iglesia, se trata de una acción social de la Iglesia católica en el mundo, con presencia desde 1977 en las ciudades y en los rincones más apartados del país. El Cinep, por su parte, institución fundada por la Compañía de Jesús en 1972, le fue asignada “la tarea de trabajar por la edificación de una sociedad más justa y equitativa, mediante la promoción del desarrollo humano integral y sostenible”. En 1987 creó su Programa por la Paz, “una propuesta cuyo objetivo central es aportar a la construcción de una paz justa y duradera en el país”; y en 1988 el Cinep, junto con la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz de la Conferencia de Religiosos de Colombia, “crean el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política como un servicio que hace visible la memoria de las víctimas y denuncia las graves violaciones que ellas sufren” (cinep.org).

Ahora bien, aunque el espacio de los derechos humanos se extendió desde las ONG a las víctimas, el espacio público de acción de estas iniciativas es limitado en términos de recursos económicos y también de convocatoria. De hecho, el trabajo de las organizaciones de derechos humanos es marginal y estigmatizado en la escena política institucional y en la escena social más amplia. El discurso de los derechos humanos tiene en este primer momento una audiencia limitada e incluso hostil.

El espacio público para la labor de las ONG era precario en ese periodo, ya que no contaban con posibilidades de interlocución con las autoridades, las cuales no aceptan la ocurrencia de los atropellos denunciados, eludieron su deber de promover y difundir los derechos humanos y además le daban tratamiento de prohibido, peligroso y subversivo al tema, calificando a los defensores como enemigos del Gobierno y apátridas (Romero, 2003, p. 3).

En el campo social, el hecho de que la memoria no se moviliza desde la condición de víctimas sino desde la condición de opositor o militante, tanto dentro como fuera del conflicto armado interno, limita aún más su resonancia en medio de un contexto social y político muy polarizado. En efecto, la lucha política y la violencia se dan en el escenario de la Guerra Fría, y el discurso que les sirve de amparo es el de la lucha contra la subversión y, en el caso contrario, la lucha revolucionaria. La figura de la víctima solo existe marginalmente, como un saldo del enfrentamiento entre Estado e insurgencia. Cualquier reconocimiento de las víctimas pasa por ese tamiz político. En este reconocimiento fragmentado, las víctimas son reconocidas solo por sus copartidarios, e ignoradas, estigmatizadas o cuestionadas por sus adversarios. La lógica de lectura del conflicto predominante es la del enfrentamiento geopolítico global entre el mundo democrático occidental y el comunismo soviético, en donde las víctimas “son los sujetos consuetudinarios de la guerra”.

A pesar incluso de la universalización de los discursos sobre la memoria y las víctimas, activado notablemente por la creciente indagación histórica sobre el sentido y las dimensiones del holocausto judío, en este primer momento la víctima en sí no aparece ni siquiera en estrictos términos humanitarios, y menos en tanto sujeto jurídico-político. En esta dirección, en los discursos de los procesos de paz adelantados en el gobierno Betancur, que tienen en la declaración de amnistía un componente central, no hay mención alguna a las víctimas de la guerra.

El discurso de los derechos humanos es introducido al país por ONG para posteriormente ser adoptado también por el Estado hacia mediados de los ochenta (la Procuraduría General de la Nación, la Oficina de Derechos Humanos de la Presidencia de la República que se abrió con el nombre de Consejería para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos en 1987, bajo la presidencia de Virgilio Barco y la Defensoría del Pueblo, creada por la Constitución de 1991). Sin embargo, esta introducción del discurso de los derechos humanos en el Estado no implica el reconocimiento de las violaciones cometidas por agentes del Estado ni de las víctimas como sujetos de derecho. Ese reconocimiento queda atrapado en la dinámica del conflicto: el Estado enuncia las violaciones de derechos humanos de sus enemigos. No obstante,

(…) el tratamiento del problema de la violación de los derechos humanos por algunas instituciones, así fueran meramente simbólicas, legitimó reivindicaciones que hasta ese momento habían sido percibidas como ilegítimas; por ejemplo, aquellas de las víctimas de la violencia paramilitar y militar. Además, abrió nuevos espacios de confrontación y permitió que se otorgaran recursos institucionales a nuevos actores (Grajales, 2017).

[...] los aportes de las organizaciones de familiares han sido pioneros y fundamentales en el propósito de caracterizar y comprender el crimen de la desaparición forzada. El ejercicio de contextualizar los casos a fin de establecer las causas y las responsabilidades, así como el trabajo de contar sus historias para entender la multiplicidad de impactos y daños que la desaparición provoca en sus vidas y en los procesos colectivos, dieron luces para conceptualizar este delito (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016, p. 336).

En este momento de la emergencia de la memoria como proceso social, observamos que no basta que exista un universo de personas dispuestas a hacer memoria de los crímenes de los que han sido víctimas. Es indispensable que se haya construido un campo social e institucional dispuesto a escuchar, que haga comunicable la experiencia, lo vivido. Contar y escuchar se vuelven polos de una misma realidad, y no prácticas secuenciales. Al respecto, Wulf Kansteiner hace énfasis en que cualquier aproximación a la memoria colectiva debe tener en cuenta el problema de la recepción: “Todas las memorias, incluso las memorias de testigos oculares, adquieren relevancia colectiva únicamente cuando son estructuradas, representadas, y utilizadas en un escenario social” (Kansteiner, 20071).

SEGUNDO MOMENTO: LA PAZ COMO HORIZONTE

La degradación del conflicto armado y la nueva Constitución Política de 1991 sirven de base a las movilizaciones sociales alrededor de la paz. Se trata de movilizaciones que, aunque se pueden rastrear hasta los años setenta, toman nueva fuerza con la consagración de la paz como derecho, y que se suman a las movilizaciones por los derechos humanos. Paz y derechos humanos se constituyen, así, en el marco dentro del cual se realizarán predominantemente los ejercicios de memoria relacionados con el conflicto armado que se manifestaron en esta segunda época. La población civil afectada por el conflicto armado interno se convierte en el sujeto que se busca reivindicar y proteger mediante las movilizaciones y acciones sociales, que ya no son solo de denuncia sino también de solidaridad, y cuya demanda fundamental es la finalización o acotación de la guerra.

Valga recordar que la década de los noventa, en la cronología del conflicto armado, como lo muestran las cifras y estadísticas del ¡Basta Ya!, dio lugar a un escenario en el que se intensifica la actividad del paramilitarismo y de las guerrillas, y en el que se extiende la violencia del campo a las ciudades (CNMH, 2013).

La población civil víctima adquiere mayor visibilidad por el incremento de su afectación mediante modalidades como las masacres de gran escala, el secuestro y el desplazamiento forzoso. Este último impactará especialmente la representación y la vivencia del conflicto armado entre los habitantes urbanos, quienes hasta ese entonces solo tenían la imagen de una guerra lejana, ajena a su cotidianidad.

En este contexto, no obstante, se multiplican las iniciativas no gubernamentales y las movilizaciones por la paz y los derechos humanos en el país, ya sea como acciones de querella, de resistencia o de protesta frente a la forma de administración institucional del conflicto, y también frente a los actores armados ilegales. En términos generales es posible afirmar que durante los años 90 se incrementa el trabajo organizativo de base, de la mano de ONG o comunidades religiosas alrededor del conflicto armado, sus lógicas e impactos. Entre otras experiencias surgen iniciativas ciudadanas como la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz), en 1993, con la misión expresa de “ampliar y consolidar el movimiento social por la paz”; el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, en 1995; la Comisión de Conciliación Nacional, convocada por la Conferencia Episcopal de Colombia, en 1995; la Ruta Pacífica de las Mujeres, “un movimiento proactivo, pacifista contra la guerra y las violencias”, conformado en 1995 y la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, una plataforma que agrupa a diversas organizaciones de derechos humanos desde 1998 (Ramírez, 2011).

Entre las razones que explican el notable incremento de iniciativas de paz de diferente alcance (nacional o regional) y temporalidad (eventuales o permanentes), Mauricio García-Durán destaca la consagración constitucional de la paz en 1991 como un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento, a esta causa añadimos la suscripción estatal del Protocolo II de la normativa internacional del Derecho Internacional Humanitario, en 1994. Esta última pone el énfasis en la necesidad de tomar medidas de protección y garantías para la población civil en medio de una guerra interna. Si bien de hecho estas normatividades no tuvieron como resultado una transformación en el desarrollo bélico del conflicto, que atravesaba un periodo de recrudecimiento, sí se erigieron como nuevos marcos de aprehensión o nuevos parámetros a partir de los cuales la sociedad empezó a mirar las dinámicas de la confrontación, y a reconocer a las víctimas civiles de la guerra. En efecto, y asociado en buena medida a la suscripción del Protocolo II, institucionalmente emergen programas y acciones como el Programa Nacional para la Atención Integral de la Población Desplazada (Departamento Nacional de Planeación y Consejo Nacional de Política Económica y Social 2804/1995), la ley 241/1995 y la ley 387/1997, que aunque tienden a enfocar a las víctimas en términos meramente humanitarios, como damnificados, constituyen un significativo avance en el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado como un sujeto amplio de derechos ante el Estado. La apertura institucional hacia el reconocimiento de las víctimas a partir de la atención al fenómeno de desplazamiento forzado, si bien entra en resonancia con la magnitud creciente de esta modalidad de violencia, llama la atención sobre unas de las víctimas más naturalizadas o asociadas a la figura de “daños colaterales” en el imaginario social de la guerra. Desde luego, el desplazado en dicho momento solía ser asociado más a la figura del sobreviviente, y su padecimiento era considerado como un daño menor con respecto a otras modalidades de violencia más letales.

Si se compara con el anterior periodo, el que identificamos como un primer momento en la enunciación social de la memoria, las iniciativas no gubernamentales se diversifican políticamente en los perfiles de sus organizadores y en la comprensión de lo que sucede, lo que supone diferentes énfasis y sentidos de su acción. Así, es posible diferenciar una línea institucionalista, en el sentido de que “más que oponerse al Estado [...] trata de consolidarlo” (Daviaud, 2004, p. 219), junto a una línea contestataria.

Por otra parte, la adopción del Protocolo II del DIH por parte del Estado, como lo documenta Daviaud (2010), da lugar a la emergencia de ONG que tienen como eje el seguimiento de esta normativa, tal es el caso de la Corporación Región en Medellín, y también da lugar a escisiones relativas a la necesidad de una toma de posición crítica frente al movimiento insurgente y sus responsabilidades en el desarrollo del conflicto armado y no solo frente al Estado, como hasta el momento primaba.

De este periodo datan por ejemplo dos iniciativas, como la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar (1992) y la Fundación País Libre (1991-2017), que dan cuenta de la diversidad antes señalada, de las diferentes formas de violencia que impactan a la población civil, y también de una creciente participación directa de las víctimas en los ejercicios de interpelación y reclamación de derechos. Reiniciar fue “fundada por un grupo de defensores de Derechos Humanos de la región del Magdalena Medio colombiano, quienes en razón de su misión fueron perseguidos y obligados a abandonar la zona”, y documenta de manera particular la violencia ejercida contra los militantes y simpatizantes políticos de la Unión Patriótica, partido político que tuvo su origen legal en el marco de las conversaciones de paz sostenidas entre el gobierno Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Por su parte, la Fundación País Libre se focaliza en la visibilización y el trabajo con las víctimas del secuestro, modalidad de violencia típicamente asociada a la acción guerrillera, y a la de los narcotraficantes en aquella época. País Libre fue una iniciativa de Francisco Santos, quien había padecido el secuestro durante ocho meses por parte de los extraditables (capos de la droga que mediante el secuestro de personajes de la vida pública extorsionaban al gobierno contra la extradición).

El público al que se dirigen estas iniciativas se extiende, y se dirige ahora a la sociedad civil; busca también, según el énfasis organizativo de cada iniciativa, interpelar al Estado y/o a los actores armados ilegales. Las funciones de esclarecimiento y documentación como soporte de la denuncia siguen ocupando un lugar central en algunas de las iniciativas, con su componente de apoyo jurídico y legal. Asimismo, la función simbólica y conmemorativa empieza a cobrar fuerza.

Al respecto, es importante destacar las marchas (como la del Mandato Ciudadano por la Paz de 1997 y las marchas del No Más de 1999) que en Bogotá y en numerosas capitales del país lograron convocar a millones de personas (García-Durán, 2006). Ahora bien, como lo observa en líneas generales García-Durán, a propósito de las movilizaciones por la paz, el discurso político matiza su sentido confrontacional, que es el predominante en décadas anteriores. Son iniciativas contra la indiferencia o el olvido, que incluyen ejercicios de memoria en su repertorio en clave de justicia o derechos humanos y paz. Al amparo tanto de la normativa del DIH y del discurso de la paz y la reconciliación, esta etapa se caracteriza por la apelación o reconocimiento de la figura de la víctima en su dimensión como afectado y como perteneciente a la población civil, desplazando la centralidad de la identidad política. Humanizar la guerra y reconstruir el tejido social son las tareas primordiales a las que se avocan numerosas organizaciones sociales de diferente naturaleza, articuladas alrededor del discurso de la paz o de la regulación de la guerra.

Organizaciones eclesiásticas y asociaciones ciudadanas de amplio espectro concurren en estas acciones no gubernamentales alrededor del conflicto armado. Aunque la labor de la Iglesia católica en esta materia se había iniciado ya desde los años setenta, durante los noventa, como lo manifiesta Pastoral Social, una de las organizaciones más antiguas de acción social de la Iglesia, esta presencia se hacía palpable:

[...] la ola de violencia urbana generada desde el narcotráfico se sumó a la padecida en los campos colombianos por cuenta de grupos armados, por lo que la Pastoral Social Cáritas Colombiana incrementó su compromiso por la paz, trabajando desde lo espiritual y lo social. Así, se gestaron y pusieron en marcha proyectos para contribuir a la construcción de la paz, a la formación de líderes, a promover la verdad, la reconciliación, la justicia y la caridad en las relaciones y estructuras básicas de la sociedad (Arquidiócesis de Medellín).

El caso de Trujillo ilustra que “mientras más flaquea la verdad judicial, más centralidad adquiere para las víctimas la reconstrucción de la memoria histórica” (Sánchez, 2008, p. 23). Este caso permite también el tipo de intervención específica, el trabajo de memoria que lidera la Iglesia, encarado por el padre Javier Giraldo, defensor de derechos humanos y miembro de la Comisión Intercongregacional Justicia y Paz (CIJP). La Comisión se origina en 1988 y mantiene una línea diferenciada de intervención, que Daviaud denomina “militantismo partisano” (2010), p. 83). El trabajo del padre Giraldo documenta en principio la violencia contra religiosos en Colombia y luego, a raíz de su trabajo en el caso Trujillo, reconstruye numerosos asesinatos y masacres contra la población civil. La de la CIJP fue en su origen una iniciativa de intervención que transita desde el trabajo de documentación y denuncia, hasta la formación de una comunidad de duelo -entendida como un espacio de encuentro en el cual quienes han padecido situaciones de violencia semejantes en el conflicto armado interno socializan su experiencia o su dolor- y más tarde hasta la formación de una comunidad de derechos mediante la labor de reconstrucción de tejido social, con la creación de la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo, una asociación autónoma, militante en la reclamación de verdad, justicia y reparación, y a la vez una iniciativa de memoria conmemorativa.

El discurso religioso posibilitó en buena medida el acercamiento y la convocatoria a las personas y comunidades afectadas, en un territorio con presencia de múltiples actores armados:

La crueldad del crimen ejecutado contra el párroco [el padre Tiberio Fernández] rompió todos los límites simbólicos y culturales de la violencia y representó una transgresión violenta al sentimiento religioso de las comunidades agrarias andinas [...]. El imaginario católico se convierte así en un recurso para la búsqueda de sentido a la brutalidad; y un canal de articulación de los diferentes elementos de la tragedia (Sánchez, 2008, p. 26).

Aunque ha sido invaluable el aporte de las organizaciones de derechos humanos en estas dinámicas, es importante destacar adicionalmente la existencia de procesos comunitarios y de los familiares de las víctimas que surgen de manera espontánea como expresión de ejercicios propios de resistencia o de búsquedas personales, y que van cobrando forma organizativa y elaborando un discurso de derechos humanos. No fue otra cosa lo que sucedió con las madres -ahora abuelas- de Plaza de Mayo en Argentina, que partían o se reconocían solamente desde su condición de ser las “abuelas que buscábamos a nuestros nietos y a nuestros hijos”, que en un principio “no hablaban de derechos humanos ni pensaban en esos términos” (Carassai, 2009, p. 341).

TERCER MOMENTO: LA VÍCTIMA COMO SUJETO EN LA MEMORIA Y LA JUSTICIA TRANSICIONAL

La construcción de la población afectada por la violencia como víctima sujeto de derecho y, especialmente, acreedora de verdad, justicia y reparación, se realiza en este tercer momento, y con ella la memoria se erige como un mecanismo asociado casi indisolublemente a esos derechos. Como lo señala Félix Reátegui, la inconformidad con el proceso de desmovilización y reinserción llevado a cabo con el paramilitarismo, y en especial sobre las limitaciones de la verdad judicial, dieron lugar a “una efervescencia” de iniciativas de búsqueda por la verdad del conflicto armado (Reátegui, 2007). Fue una efervescencia promovida también por la adopción del discurso de justicia transicional, en un escenario sociopolítico y bélico aún lejano de un escenario real de transición de la guerra a la paz.

La enunciación social de la memoria agenciada por las víctimas se generó como una consecuencia no prevista o paradójica de dos escenarios políticos específicos, a saber: el primero, la negación política gubernamental de la existencia de un conflicto armado interno bajo los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010) y su comprensión de la guerra bajo la figura del “terrorismo”, que acarreaba, particularmente para las víctimas de crímenes perpetrados por agentes del Estado, la pérdida o dilución de sus derechos. El segundo, los mecanismos político-judiciales creados en el marco del proceso de desmovilización paramilitar, tales como el proyecto de alternatividad penal (2003) y la Ley de Justicia y Paz (2005), en los cuales en principio a los paramilitares “no se les exigía la confesión total de los hechos delictivos en los que participaron o de los cuales tenían conocimiento” y no se les obligaba a aportar “información sobre el paradero de las personas desaparecidas” (Velasco, 2016).

En efecto, frente a este contexto de negación del conflicto, de responsabilidades y de daños, las víctimas iniciaron, en algunos casos solas y en otras con acompañamiento de ONG nacionales e internacionales, un proceso de autorreconocimiento, de reafirmación de su identidad en tanto víctimas y, posteriormente, un proceso de empoderamiento. En otras palabras, pese a la inexistencia de una institucionalidad que les diera cauce a sus reclamos o las reconociera en su rol de víctimas, estas se reconocieron entre sí y a sí mismas como víctimas e iniciaron la reclamación de sus derechos.

Es el caso de San Carlos (Antioquia), reconstruido por el CNMH, en el que convergen o se entrecruzan dos procesos en principio antagónicos: el de la asociación de un grupo de mujeres que se encuentra en su condición de víctimas e inician un colectivo de madres de desaparecidos por paramilitares y el arribo al municipio, en la primera versión de Justicia y Paz, de excombatientes desmovilizados del bloque Héroes de Granada que operaba en la zona. Aunque según las condiciones del sometimiento de los exparamilitares estos no tenían la obligación explícita de confesar plena y verazmente sus crímenes, las mujeres se aproximaron a ellos para recabar información sobre el paradero de sus familiares víctimas, en una instancia promovida por una de las madres, denominada Centro de Acercamiento para la Reparación y la Reconciliación. La labor reconstructiva de los hechos de violencia sufridos por los familiares, en este caso, no tenía como fin interpelar al Estado, ni “enjuiciar” o acusar a los actores armados, sino generar el conocimiento necesario para la realización del duelo y el rescate público de la dignidad de las víctimas.

La intervención de actores internacionales en materia de derechos humanos y de justicia transicional, al igual que los debates sociales y políticos en instancias como el Congreso, operaron como mecanismos de presión para exigir modificaciones a la Ley de Justicia y Paz por parte de la Corte Constitucional, modificaciones que garantizaran el derecho a la verdad de las víctimas. Aunque algunas de ellas se suscribieron gubernamentalmente de manera puramente formal, dentro de un ejercicio de construcción de auto legitimación política del proceso de desmovilización emprendido con los paramilitares, a la larga dieron pie a la construcción de una compleja institucionalidad. Como lo señala Grajales, aunque aludiendo a otro momento histórico,

(…) ningún actor está en capacidad de controlar el curso de los acontecimientos. Las reformas, así estén instrumentalizadas, no conciernen a un solo sector político o burocrático, y movilizan, al contrario, gran variedad de actores que buscan orientar el cambio a su favor (Grajales, 2017, p. 158).

De esta forma, en dicho contexto político-gubernamental, y con márgenes normativos y de maniobra estrechos, hubo espacios o iniciativas en la institucionalidad misma, a través de los cuales se propició el reconocimiento del conflicto armado y de los millones de víctimas que ha dejado a su paso. Tal es el caso del Grupo de Memoria Histórica (2007), que surgió con el mandato puntual de realizar un informe relativo al origen y evolución de los grupos armados ilegales, y que en su desarrollo se propuso dar visibilidad y servir de plataforma nacional a las diversas experiencias y memorias locales o comunitarias, incluidas las de víctimas de agentes del Estado, para proyectarlas como emblemáticas en la esfera nacional.

Si en los anteriores momentos la visibilización y movilización de las víctimas se hizo al amparo del discurso de los derechos humanos primero, y posteriormente de la paz y el DIH, en este tercer momento la visibilización y movilización crecientes se apoyaron en el discurso de la justicia transicional, y particularmente en la tríada de verdad, justicia y reparación, vinculada a aquella. Las víctimas encontraron en la tríada de Joinet un recurso para articular sus demandas y oponerse a un marco jurídico muy desfavorable, que desconocía o lesionaba sus derechos. No obstante, este recurso no fue de uso exclusivo de las víctimas o de las ONG de justicia, paz y derechos humanos, sino que también fue empleado de manera retórica o hueca desde el nivel gubernamental, según el análisis de Rodrigo Uprimny y María Paula Saffon al texto original de la Ley de Justicia y Paz, el cual contenía numerosas referencias a la tríada, que “no estaban acompañadas de mecanismos institucionales para materializar tales derechos de manera suficiente” (Uprimny y Saffon, 2008, p. 178); en su formulación original se trataba en realidad de una legislación más cercana a una ley de impunidad (Uprimny y Saffon, 2008).

Hoy es demostrable la muy estrecha relación que existe entre el fortalecimiento de los procesos organizativos (comunitarios) y la reconstrucción de la memoria histórica. Muchas comunidades cuasi-aniquiladas por la violencia recomponen sus lazos sociales en el proceso mismo de reconstrucción de las dinámicas del conflicto y las preguntas por el futuro. Las víctimas se organizan en comunidades de duelo, comunidades de restitución de derechos y comunidades para reclamar el acceso a derechos sociales y políticos más amplios.

Los ejercicios de memoria de la comunidad de Bojayá alusivos a la guerra, y sobre todo a la masacre que cobró la vida en un solo evento de 78 bojayaseños en medio de un enfrentamiento entre las FARC y los paramilitares (2002), dan cuenta de los mecanismos internos empleados por las comunidades para tramitar y mitigar los impactos de las violencias, y también para posicionar políticamente sus derechos. Son, en este caso, mecanismos anclados en experiencias organizativas previas y también en recursos culturales tradicionales los que les han permitido afrontar internamente la magnitud de la violencia sufrida, y erigirse como referente nacional en la gestión de su memoria. De manera más concreta, se puede observar que la memoria del conflicto armado realizada desde la comunidad de Bojayá ha tenido en el componente étnico un soporte constante y distintivo para la reclamación y protección de su territorio y para abordar o confrontar su historia desde las tradiciones ancestrales. Los alabaos mortuorios de las mujeres de Pogue son el más claro ejemplo de la manera como las expresiones ancestrales han funcionado en cuanto dispositivos de participación y procesamiento del duelo hacia el interior de las comunidades, pero también de cómo se han ido configurando en tanto instrumento político de interpelación:

Sin dejar de ser una expresión cultural, el contexto obliga a integrar esta expresión cotidiana en la agenda política, es decir, a agenciar la participación ciudadana por medio de la oralidad […]. Con el canto, la voz y sus cuerpos configuran un nuevo “nosotros” para afectar a aquellos que no viven directamente la guerra, para “compartir” el dolor y conmover, fundan un proyecto político de denuncia en la oralidad y el arte (Quiceno, Ochoa y Villamizar, 2017).

Sin embargo, hay que introducir una nota de cautela. Estos no son procesos generalizados: ni los de la memoria, ni los de la profundización de la ciudadanía. Como consecuencia de la guerra, lo que se instala en primera instancia en las comunidades es la desconfianza y el miedo para hablar sobre el conflicto, incluso entre ellas mismas. En el dinamismo de los ejercicios de memoria, sean como un fin en sí mismo o vayan de la mano de otras demandas o necesidades, entran en juego muchos factores: la modalidad de violencia, la correlación de fuerzas de los actores armados en la zona, el perfil político y étnico-cultural de las víctimas, así como los procesos organizativos previos. Todas estas son variables incidentes en la mayor o menor capacidad de hacer memoria entre las víctimas por su propia iniciativa, trátese de rendir tributo o de honrar a sus muertos, de esclarecer, denunciar y reclamar la acción de la justicia, o de fortalecer mecanismos de solidaridad, entre otros. Se trata, en principio, de acciones de memoria discretas y locales, compuestas por relatos fragmentados en torno a personas, colectivos, lugares de particular significación, escenarios de violencia, modalidades de victimización, fechas conmemorativas, etc. Se trata muchas veces de ejercicios de memoria que inicialmente cumplen de manera primordial una función intracomunitaria, y que, posteriormente, aunque no siempre, tienen importantes desarrollos políticos o judiciales.

En este tercer momento, aunque el país comienza a esclarecer las dimensiones de la violencia, todavía la sociedad no se siente interpelada por el relato de la memoria de las víctimas. Durante el proceso de negociación y sometimiento, los medios de comunicación masivos le dieron una gran resonancia al relato de los paramilitares y a su memoria heroica o salvadora, la cual se difundió incluso desde el escenario del Congreso, por cuenta no solo de los denominados “parapolíticos”, sino de manera directa con la presencia de la cúpula paramilitar en el parlamento, incluso antes de entablar formalmente un proceso de sometimiento. Por su parte, a las víctimas, aunque adquirieron progresivamente mayor presencia en el escenario político, se las siguió abordando básicamente como sujetos de dolor, y continuaron siendo “puestas bajo sospecha” como posibles colaboradoras de la guerrilla. En esta dirección se puede interpretar que en mayo de 2007, según una encuesta publicada por la revista Semana, pese a la revelación de las fosas comunes, la aplicación de torturas y la sevicia ejercida contra las víctimas por parte de los paramilitares, la imagen de estos grupos no empeoró para el 42 % de los encuestados, para el 9 % incluso mejoró y el 40 % manifestó estar de acuerdo con la apreciación de que los paramilitares habían sido un mal necesario; cerca de la mitad de los encuestados no rechazó la alianza en la guerra sucia entre paramilitares y militares (Semana, 2007).

CUARTO MOMENTO: LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD PARA LAS VÍCTIMAS Y PARA LA PAZ

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras formaliza el viraje de la centralidad de los perpetradores en Justicia y Paz a la centralidad de las víctimas en la nueva institucionalidad. Su simple promulgación da cuenta de dos cosas:

(…) el reconocimiento de los horrores de la guerra y de los miles y millones de afectados por los impactos de la misma, y la necesidad de afrontar uno de los temas nodales del conflicto, que sin lugar a dudas es el de la tierra. Reconocer que uno de los saldos netos del conflicto en los últimos treinta años ha sido el despojo de tierras y la liquidación del movimiento campesino, un movimiento democrático por excelencia, representa un viraje que no se puede menospreciar. Hay conflicto armado por reconocer, hay víctimas por reparar y hay tierras por restituir. Estos han sido a la larga factores que por sí solos no han cambiado el rumbo del conflicto -por momentos incluso lo pueden intensificar-, pero que indudablemente han sentado las bases para afrontarlo con mayores posibilidades de éxito.

Si la Constitución del 91 representó una apertura institucional para la insurgencia, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es una incursión por la puerta ancha y profunda de las raíces sociales del conflicto, que de paso fueron reconocidas como elementos determinantes para la estructuración de la agenda de las negociaciones de La Habana. Y si antes la guerrilla pudo ignorar estos nuevos espacios -la Constitución del 91 y la Ley de Víctimas-, hoy los necesitó. Si ya antes ha habido políticas para el tratamiento o incorporación de los actores armados a la institucionalidad, hoy existen además políticas para los excluidos del orden político; políticas no solo para los guerreros, sino también para quienes han padecido todas las violencias, es decir, para las víctimas de todos los factores de la confrontación. Las víctimas son las nuevas protagonistas en la arena social y política, que llegan con su memorial de agravios y su voz de reclamo a todos los ejércitos. De masa manipulable en el contexto de la guerra, las víctimas pasaron a ser el actor central no armado en contra de la guerra. Más aún, se convirtieron en el soporte principal de la paz. Su respaldo en acciones, en audiencias, en comunicados, en delegaciones formales a La Habana ha sido manifiesto. De hecho, sin la movilización social de las víctimas-ciudadanos, víctimas-resistentes y víctimas-reclamantes, que en un momento comenzó a llenar las ciudades, esta guerra no se habría agotado en su capacidad de representación y vocería política.

La víctima, nos lo recuerda Anika Otler, “se convierte en la principal fuente de legitimidad de la justicia transicional” (2017, p. 4).

En este cuarto momento, la memoria se presenta en medio de la exacerbación de tensiones entre distintos agentes de memoria, en donde está en deliberación y constante debate la manera de representar el pasado reciente.

El de la memoria, como todo campo asociado al conflicto, es un campo en disputa, que ha cobrado cada vez mayor autonomía, y cuyas tensiones se hicieron más palpables a lo largo del proceso de negociación con las FARC y que en el escenario del posconflicto se comienza a exacerbar y a cobrar mayor centralidad, porque se está jugando la influencia en las representaciones del cierre del conflicto. Aunque, como lo ha mostrado un estudio reciente sobre El Salvador, en el posacuerdo son sorprendentes las aproximaciones de visión entre los antiguos contendientes, e inesperadas las divergencias entre los antiguos aliados (Ching, 2016).

Hemos pasado de un momento de lucha, de militancia por el reconocimiento, a un momento de potenciación de ese acumulado de memorias; pero, al mismo tiempo, a un momento de temores por la institucionalización, domesticación o estatización de las memorias, pese a que hay salvaguardas explícitas contra esa tentación en la misma Ley de Víctimas2.

De la emergencia de los ejercicios de memoria por parte de las víctimas hemos pasado a la constitución de un campo más amplio y estructurado: con participación de diferentes sectores de víctimas, diferentes actores (actores armados, perpetradores), diferentes recursos y lenguajes (centros de producción y circulación de memoria), diferentes discursos, diferentes modos de asociación y diferentes lugares institucionales. Este cuarto momento está caracterizado entonces, por la presencia de una pluralidad de memorias. No solo las víctimas enuncian su memoria, sino todos los afectados, incluidos los combatientes. Nadie niega la importancia de la memoria. Empero, es un momento de intenso debate, puesto que cada cual desea que su memoria se enuncie a costa de la de los otros.

Del mismo modo, se da un salto en la autonomía de la memoria en muchos sentidos: hay un desarrollo normativo en el sentido de que la Ley de Víctimas está enmarcada en la justicia transicional; hay una transformación de paradigma que se dio en el cambio de centralidad de la ley (de los paramilitares a las víctimas), y en el reconocimiento del conflicto armado, materializado plenamente en las negociaciones.

La institucionalidad creada contribuyó a definir de alguna manera los parámetros mismos de la negociación. Una negociación que puede ser pensada como su desarrollo. La negociación política se encuentra con la institucionalidad y la proyecta, la desarrolla. Le da contenido y materia política. En este escenario se institucionalizan tareas como la memoria histórica, la justicia y el esclarecimiento, la restitución de tierras, la reparación y la participación política. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, como se indicó antes, fue promulgada en un contexto de transición sin negociación y hoy se encuentra en sintonía con los acuerdos. Al revés de lo que normalmente ocurre, aquí no hay una institucionalidad resultante de la negociación, sino una institucionalidad que preparó la negociación y la transición. O, dicho de otra manera, en Colombia el Estado asumió tareas de transición que debían acometerse aunque no hubiera negociación ni acuerdos que las potenciaran. Para las víctimas esta fue una ganancia enorme frente a otros procesos o países en los cuales la reparación y las tierras fueron temas pos Comisión de la Verdad.

Por otro lado, el deber de memoria del Estado no se concibió como un privilegio del Estado para promover su propia visión, sino como facilitador de la memoria de las víctimas y de las diferentes expresiones sociales y políticas de la nación.

En el momento de la negociación con otro de los actores armados, la insurgencia en cabeza de las FARC, las memorias de las víctimas se expandieron considerablemente, y el panorama es ahora el de una pluralidad de memorias y de expectativas.

El tema de la memoria se convirtió en un tema de sociedad, en la medida que se reconoce que las negociaciones de paz despertaron el interés de todos los involucrados en la guerra, como contendientes, financiadores, promotores, para intentar poner en la escena pública su propio relato. Por este camino la memoria se ha convertido en un lugar de debate y confrontación, pero también en un lugar de diálogo que busca la reconciliación. Para Félix Reátegui, la memoria logró penetrar el espacio público, con la atención que se le concedió, especialmente, agregamos nosotros, durante el proceso de negociación de la paz con uno de los actores armados (FARC):

Lo que ahora cambia -y aquí hay que retomar la conexión con la nueva conciencia humanitaria centrada en las víctimas- es el grado de atención que se concede a esas memorias como ingrediente de los procesos de paz o de transición política. En síntesis, y en relación con el asunto que nos concierne, el fenómeno que a veces es descrito como una explosión de la memoria no ha de ser entendido como el surgimiento de una práctica social inédita en el seno de los sectores sociales excluidos o victimizados sino como la incursión de sus memorias en el espacio público con un potencial de eficacia política antes impensable (Reátegui, 2009, p. 28).

Son muchas las memorias que entraron en escena y muchas las violencias y las víctimas que lograron ser visibilizadas: la desaparición forzada ha mostrado la magnitud de su presencia en Colombia, que superó las estadísticas de su presencia en el cono sur; los modos ilegítimos de la violencia entre combatientes, como es el caso del uso de minas antipersonal, ha mostrado por primera vez el rostro de sus víctimas entre las Fuerzas Armadas del Estado (el Estado ya no solo es victimario sino también víctima de la degradación de la guerra, y gracias al reconocimiento del DIH). La violencia cometida contra las mujeres, contra los niños, niñas y adolescentes, y contra las personas de géneros diversos (contra la comunidad LGBT), también es percibida por primera vez en sus verdaderas dimensiones y en su entrelazamiento con el conflicto armado.

No obstante, el alcance de esta visibilización sigue siendo limitado, pues es todavía mucha la sociedad que no se siente interpelada con la violencia padecida en los entornos rurales, cuyas víctimas son anónimas para la percepción general. Pese a los acuerdos de paz y a sus impactos positivos en varios aspectos, la violencia no cede todavía en muchos territorios afectados, entre otros factores, por las disputas entre las bandas criminales en su lucha por hacerse a los recursos de los negocios ilegales: la minería ilegal, la tala de árboles ilegal y el narcotráfico.

De hecho, al cierre de estas páginas, uno de los fenómenos más inquietantes de los posacuerdos es el asesinato de un alto número de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, y de desmovilizados de la insurgencia.

A MODO DE CONCLUSIÓN: LA MEMORIA ENTRE LAS PARADOJAS PARA SALIR DE LA VIOLENCIA

Nuestro entusiasmo con la terminación negociada del conflicto armado interno con uno de sus actores principales debe estar matizado por necesarias alertas frente a los desafíos que tenemos que enfrentar todavía, para continuar en el esfuerzo colectivo de generar un horizonte de profundización de la democracia. Quisiera resaltar esos desafíos mediante la formulación de algunas paradojas:

La primera paradoja es que el caso colombiano nos pone frente al hecho de que se puede terminar la guerra, pero continuar en la violencia. Finalizadas las guerras en muchas otras latitudes, se ha verificado la aparición de formas de criminalidad, que pueden ser inicialmente residuales y transformarse después en estructurantes de las nuevas dinámicas sociales. Eso lo sabemos a la luz de experiencias internacionales como la de El Salvador y Guatemala. Colombia transita una situación más compleja todavía, pues incluso antes de finalizar la guerra, existía ya un mapa complejo de organizaciones armadas asociadas al narcotráfico o al polisémico nombre de las bandas criminales, que exigen tratamientos políticos y jurídicos distintos a los propios de una negociación con la insurgencia.

La segunda paradoja se puede expresar así: la paz parcelada conduce a una guerra recurrente. En esta ocasión los diseñadores del esquema de negociación con las FARC hicieron todos los esfuerzos para involucrar también a los otros grupos insurgentes, a fin de evitar la repetición de esa paz por cuotas que ya hemos transitado en el pasado (Sánchez, 2004); pero lamentablemente no se logró la convergencia de todos los actores en la misma mesa. Y como ya lo sabemos por la experiencia nacional, los acuerdos parciales hacen que corramos el riesgo de que el espacio desocupado por uno de los actores sea reconquistado por otro u otros actores generadores de violencia y se configure una especie de sin salida de la violencia, de eterno retorno de la misma.

La tercera paradoja que enfrentamos es que terminar la guerra no significa ignorar el conflicto: hay problemas que no genera la paz, pero que sí visibiliza o exacerba. Al respecto, como nos lo ha recordado el dirigente político israelí Ben Ami, quien ha seguido el proceso colombiano, “La guerra une, la paz divide”. Me permito mencionar algunos de los temas conflictivos que visibiliza o exacerba la paz: el primero es el tema de las desigualdades o, mejor, la relación entre la violencia y la injusticia social; el segundo corresponde a los desequilibrios regionales o desniveles en los beneficios del desarrollo; el tercero se refiere a los temas englobados, desde los años 60 hasta hoy, bajo la denominación “despojo de tierras”, que alude a todas las complejidades del conflicto agrario; cuarto, está el campo de las discriminaciones y exclusiones. Todos estos temas afloran de manera protuberante cuando pareceríamos esperar equivocadamente un silenciamiento del malestar social en aras de la paz. Hay, pues, en periodos de transición, exacerbación de conflictos preexistentes y latentes. No obstante, insisto, no son temas que genere la paz, como quieren hacer ver algunos, sino que se visibilizan y se reconocen en el curso de los procesos de paz.

La cuarta paradoja es que por estar acostumbrados a la guerra le hemos cogido miedo a la paz. El tránsito de la guerra a la paz genera incertidumbres y crisis de representación en todos los actores sociales: los guerrilleros, los políticos, los militares, los académicos, nosotros mismos, nos sentimos desorientados frente al cambio de referentes. Estamos atravesando por una “crisis de ubicación”, como la que padecen los condenados que llevan décadas en prisión y que no saben qué hacer en la calle cuando son puestos en libertad, o prefieren volver a la cárcel en cuyas coordenadas se mueven con más naturalidad porque las conocen mejor. Le tenemos miedo a la paz porque somos prisioneros de la guerra.

Una quinta paradoja es que encontramos muy difícil reconocer las bondades de la paz y por ello traducimos a costos las ganancias de la paz. Como si todo se redujera a un problema de economía, hacemos siempre las cuentas de cuánto cuesta la guerra, pero nunca hacemos las cuentas de cuánto se gana con la paz. La paz no aparece como una ganancia de la sociedad, como oportunidad de gran transformación, sino como costo, como carga que deben sobrellevar el Estado y la sociedad.

La última paradoja que quiero expresar es que la paz cierra un tipo de conflictos, pero también abre otros. De tal modo que la tendencia es que una vez resuelta la confrontación armada, irrumpen la movilización y la protesta social que estaban congeladas por la prolongación de la guerra. Es preciso entender cómo una conquista del proceso de paz es la apertura del espacio social y político. Si la apertura política y la movilización ciudadana son impactos positivos de las negociaciones, hay que reconocer la controversia y el disenso como patrimonio político de nuestro país. Hay que prepararse, entonces, para entender que hacer una apuesta por la paz conlleva valorar el tránsito de una sociedad congelada y en armas, a una sociedad movilizada y de debates.

Todas estas paradojas ponen de manifiesto la relevancia y la oportunidad de hacerse la pregunta acerca de cómo salir de la violencia. Se hace urgente salir de la polarización política, pues esta puede volver a asordinar la voz de las víctimas y su memoria, en tanto siempre termina minando la solidaridad hacia ellas.

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1 “Los pequeños grupos cuyos miembros han experimentado directamente tales hechos traumáticos (grupos de veteranos, supervivientes) solo pueden conformar la memoria nacional si controlan los medios para explicar sus vivencias y puntos de vista, y si su perspectiva confluye en un momento determinado con objetivos sociales y políticos o con inclinaciones compatibles de otros grupos sociales importantes, como por ejemplo elites políticas o partidos. Los hechos pasados solo pueden ser recordados en un escenario colectivo ‘si encajan en un esquema de intereses contemporáneos’. […] la mayoría de las historias sobre el pasado, incluso las diseñadas para alcanzar popularidad como memorias colectivas futuras, nunca van más allá de un reducido grupo de iniciados. En ‘el campo de la negociación cultural en la que diversas historias pugnan por un lugar en la historia’ el fracaso es la regla” (Sturken citado en Kansteiner, 2007).

2 En el artículo 143 de la ley 1448/2011 se afirma: “En ningún caso las instituciones del Estado podrán impulsar o promover ejercicios orientados a la construcción de una historia o verdad oficial que niegue, vulnere o restrinja los principios constitucionales de pluralidad, participación y solidaridad y los derechos de libertad de expresión y pensamiento”.

Recibido: 18 de Septiembre de 2017; Aprobado: 15 de Noviembre de 2017

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