INTRODUCCIÓN
El 2 de octubre de 2016, sin duda, pasará a ser uno de los días más representativos de la historia reciente de Colombia, una fecha marcada por el inicio de un periodo de incertidumbre dada la victoria del “No” en el plebiscito que sometía a aprobación o desaprobación los acuerdos alcanzados entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP. Esta victoria se dirimió por un margen de 53.894 votos: el “Sí” obtuvo en las urnas 6.377.482 votos (lo que representa un 49,78 % del total de la votación), en tanto que el “No” alcanzó 6.431.376 votos (el 50,21 %).
El dónde se convirtió en lugar por antonomasia para pensar los resultados en cuestión: el “No” -tal cual ha sido afirmado- habría ganado dado que las zonas que votaron en su mayoría por esta opción no han sufrido los embates ni de la guerra ni la violencia1; en contraste, la lectura del mapa electoral colombiano en el plebiscito de 2016 fue interpretado como consecuencia de unas zonas afectadas por actores armados y diversas formas de victimización que votaron por el “Sí”, mientras que donde primó la opción contraria se adujo total falta de sensibilidad e incluso apatía por el destino de esa “otra Colombia” marcada por el signo de la guerra2. La distribución geográfica de la votación, efectivamente, daba esta apariencia.
Sin embargo, cuando se observa detenidamente el mapa de la distribución de la votación por municipios y departamentos surgen varias preguntas: ¿Por qué algunos territorios, incluyendo Caquetá, Huila, Tolima y Meta, por citar algunos que han tenido presencia recurrente de violencia y conflicto armado votaron mayoritariamente “No”? Esta contradicción nos llevó a dudar sobre la veracidad de la relación causal entre la intensidad de la violencia y la magnitud del voto por una u otra opción. Había entonces que cambiar la perspectiva y, por supuesto, reelaborar las preguntas sobre la distribución del voto. Precisamente, el presente escrito lo animan estas preguntas: ¿La distribución de la votación en el plebiscito no tiene que ver, preferiblemente, con las preferencias del electorado colombiano y la afinidad entre éstas y la posición política asumida por partidos, personalidades y coaliciones sobre los contenidos del acuerdo? ¿No parece más plausible explicar las tendencias del voto por el “Sí”, el “No” y la abstención, a partir de las preferencias de pico único del electorado colombiano sobre el acuerdo?
Estos cuestionamientos demarcan los objetivos centrales del presente texto: por un lado, se busca ofrecer evidencia empírica sobre la presunta relación entre comportamiento de la violencia por conflicto armado y tendencia a la votación; de manera específica, buscamos analizar los principales supuestos sobre los que descansa esa presunta relación. El análisis que se ofrece, en su lugar, busca poder sentar las bases para cuestionar el trasfondo de la idea que ha llevado a pensar acríticamente que la violencia y el conflicto armado en Colombia determinan en sí mismos y de manera causal el comportamiento electoral en los territorios. En segunda instancia, en el presente escrito se acude a la perspectiva del elector mediano y la teoría sobre las preferencias de pico único (Shepsle, 2010), pretendiendo con ello ofrecer una hipótesis alternativa que permita comprender de una forma más fehaciente la distribución del voto por el “Sí” y el “No” en los diferentes municipios colombianos.
Para abordar el objetivo antes mencionado, el presente texto se orienta por una hipótesis general: el voto por el “Sí” tendió a manifestarse mayoritariamente en aquellas zonas donde se percibía una mayor utilidad y, que por tanto, preferían un acuerdo político entre el Gobierno nacional y las FARC-EP como salida política y negociada al conflicto, siendo que es más probable encontrar un voto afirmativo en aquellos municipios que tenían afinidades con la posición política y el mensaje sobre el plebiscito que se manifestó por parte de personalidades, partidos o coaliciones políticas afines tanto a Santos (de corriente de centro-derecha), como a sectores del espectro entre el centroderecha y la izquierda política, tendiendo a crecer el porcentaje de votación a medida que se agudizan las condiciones de pobreza y exclusión, no encontrando una relación causal de linealidad con el aumento de la violencia por conflicto armado. Por el contrario, la votación por el “No”, opción vencedora en el plebiscito dado que se ubicó más cerca al elector mediano en Colombia, tendió a ganar en aquellas zonas que percibían una mayor utilidad y, por tanto, preferían un acuerdo como derrota política de las FARC-EP (que se seguía de los fuerte golpes propinados por las acciones militares a partir de la política de seguridad democrática), encontrando que hay una mayor tendencia a votar de manera negativa en aquellos lugares donde había afinidad de los electores con la posición y el mensaje sobre el plebiscito que se manifestó por parte de personalidades, partidos o coaliciones del espectro del centro y la derecha política, tendiendo a decrecer el porcentaje de votación a medida que se agudizan las condiciones de pobreza y exclusión, no existiendo una relación causal de linealidad de crecimiento de este voto con el descenso de la violencia, pero encontrando varias zonas que se expresan a favor de esta opción en lugares con alta violencia por conflicto armado.
Con nuestras preguntas, objetivos e hipótesis explicitada, es pertinente señalar cómo se organiza el texto a continuación: primero, se introducen los principales aspectos de orden metodológico que fueron utilizados en el abordaje del presente análisis. En la segunda sección, se describe de manera general la distribución de la votación en este evento político para ayudar al lector a tener un mapa general del comportamiento electoral en el plebiscito. Tercero, se somete a discusión la presunta relación entre crecimiento de la violencia y crecimiento del voto por el “Sí”. Por último, se esbozan los principales elementos empíricos y analíticos de nuestra hipótesis que, anclada en la perspectiva del elector mediano y las preferencias de pico único, pretende ofrecer una explicación alternativa de lo acontecido en el plebiscito en Colombia.
PERSPECTIVA METODOLÓGICA
La pregunta en el plebiscito era precisa: “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”. No había espacio para el voto en blanco. Evidentemente ello supone que la distribución de la votación era precisa: “Sí” o “No”. Hubo un margen amplio de votos nulos (170.946), que paradójicamente superaron la diferencia absoluta entre las dos únicas opciones disponibles. En el ocaso del 2 de octubre, dadas las restricciones propias del juego electoral determinado para el plebiscito, la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia anunció los resultados electorales donde el mapa de Colombia mostraba dos grandes conjuntos: uno, compuesto por una buena parte de la zona andina del centro del país, una porción de los llanos orientales y un departamento de la Amazonía, el Caquetá donde ganó el “No”; el segundo, donde ganó el “Sí”, se coloreaba en la Costa Norte, el Suroccidente, una parte de la Amazonía y la Altillanura de la Orinoquía. La primera aseveración señalaba: el “Sí” ganó en la periferia, donde ocurre la violencia y la guerra, mientras que el “No” triunfó en el centro.
En consecuencia, el análisis del plebiscito en cuestión demandó ubicar el tipo de votación en cada uno de los 1122 municipios colombianos, el porcentaje de votación por cada opción. Lamentablemente en Colombia no existe un sistema de información que provea esta base de manera expedita, como sí sucede en otros países latinoamericanos, como por ejemplo México; por lo tanto nos vimos en la necesidad de ubicar los datos ofrecidos en mapas en el sistema de la Registraduría Nacional de Colombia y proceder a introducir cada dato en una base de Excel para poder realizar la sistematización posterior3. Esta votación la asumimos como la variable dependiente.
Acto seguido, buscando obtener información para contrastar la hipótesis de la relación entre la votación y la violencia nos dimos a la tarea de ubicar los datos sobre homicidio causado presuntamente por conflicto armado en cada uno de los diferentes municipios de Colombia4, las cifras relativas a desplazamiento forzado y el número de acciones bélicas en cada territorio. Buscando obtener una estimación confiable en estos datos procuramos una secuencia de largo aliento, por lo que ubicamos los datos que al respecto proporcionan las bases de datos de la Unidad de Víctimas en Colombia (2017). Vale la pena aclarar de entrada que la escogencia de las variables predictoras no ha ocurrido al azar. Tanto la definición de estas, como las afirmaciones que se encuentran consignadas a lo largo del texto, buscan aportar a la comprensión de las relaciones entre los mecanismos de participación ciudadana y su relación con algunas dinámicas del conflicto armado en Colombia. De hecho, este tipo de debates han sido poco desarrollados en el país, dado que la discusión académica se ha centrado en las causas que originaron el conflicto armado y que permitieron darle continuidad a la guerra; empero, debates como la violencia en la ciudad o los fenómenos electorales en relación con el conflicto, tienden a ser tratados preferiblemente como una variable dependiente5. Por tanto, se han escogido como variables predictoras el comportamiento del homicidio, el desplazamiento y las acciones bélicas por ser algunas de las dinámicas asociadas al conflicto que mayor impacto causan (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Las variables relacionadas con la votación en segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014 procuran traer a la discusión tanto los parámetros de reflexión sobre la distribución de preferencias políticas, como sus formas de relación con la esfera del conflicto. Finalmente, se introducen las dimensiones de necesidades básicas insatisfechas y el índice de Gini sobre tenencia de la tierra para poder ubicarse en el debate sobre la relación entre orientaciones políticas, pobreza y conflicto; sin duda, estas dos últimas dimensiones han ocupado una buena parte de la reflexión sobre la dinámica de la guerra en Colombia6.
DISTRIBUCIÓN DE LA VOTACIÓN POR EL “SÍ” Y EL “NO” EN EL PLEBISCITO. UNA PRIMERA APROXIMACIÓN
El “No” ganó en 545 municipios, mientras que el “Sí” lo hizo en 574. En términos globales el “Sí” ganó en Bogotá, en dos ciudades grandes (Cali y Barranquilla), en siete ciudades intermedias (Buenaventura, Cartagena, Palmira, Pasto, Santa Marta, Soledad y Valledupar) y en 18 ciudades pequeñas (Guadalajara de Buga, Ipiales, Jamundí, Lorica, Magangué, Maicao, Malambo, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés de Tumaco, Sincelejo, Turbo, Uribia, Yumbo, Apartadó, Barrancabermeja y Tunja) (véase tabla 1)7; a excepción de las últimas tres citadas, las ciudades intermedias y las ciudades pequeñas anteriormente mencionadas se encuentran localizadas tanto en la Costa Caribe Colombiana, como en el Suroccidente8. El “Sí” también ganó en 30 poblados grandes, 142 poblados intermedios, 156 poblados pequeños y 217 poblados menores.
Fuente: elaboración propia con base en información de población en Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2005) e información de plebiscito en Registraduría Nacional del Estado Civil (2016).
El “No”, por su parte, ganó en Medellín, en 10 ciudades intermedias (Bello, Bucaramanga, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Montería, Neiva, Pereira, Soacha y Villavicencio), 21 ciudades pequeñas (Armenia, Cartago, Caucasia, Ciénaga, Dosquebradas, Duitama, Envigado, Facatativá, Florencia, Floridablanca, Fusagasugá, Girardot, Girón, Itagüí, Piedecuesta, Pitalito, Rionegro, Sogamoso, Tuluá, Yopal y Zipaquirá), en 34 poblados grandes, en 107 poblados intermedios, en 146 poblados pequeños y 224 poblados menores (véase tabla 1). Esta distribución muestra lo apretado del margen de la decisión en la mayoría de unidades administrativas en el país; pero además, evidencia el peso decisivo que jugaron en la votación final a favor del “No” la franja de unidades poblacionales mayores (comenzando en los poblados grandes, pasando por las ciudades pequeñas e intermedias y llegando hasta el lugar predominante de Medellín); ni siquiera la victoria del “Sí” en la capital nacional y las dos restantes ciudades grandes lograron revertir el peso conjunto de esta faja de poblaciones en la decisión final.
La distribución regional de la votación demuestra claramente que el “Sí” tiende a ganar en la Amazonía (ganando en el 76,3 % de los municipios), en la Costa Atlántica (dominando en el 92,3 % del territorio) y en el Suroccidente (con el 83,7 % de las poblaciones a su favor), subregiones con una gran cantidad de asentamientos poblacionales ubicados en zonas de periferia9. El “No”, por su parte, se impone en Antioquia y el Eje Cafetero (imponiéndose en el 82,6 % de asentamientos), en la zona Centro Andina (siendo mayoritario este voto en el 62,8 % del territorio10), el Piedemonte Llanero y la Orinoquía (con el 69,5 % de los municipios a su favor), los Santanderes (con un porcentaje similar al anterior, 60,6 %) y el Tolima Grande (donde el “No” ganó en el 85,7 % de los municipios) (véanse gráfico 1 y anexo 2).
LA RELACIÓN DIFERENCIAL ENTRE VIOLENCIA Y VOTACIÓN EN EL PLEBISCITO
La distribución regional, principalmente, fue la que se constituyó en pivote fundamental para aseverar que había una relación causal lineal entre la violencia y el voto afirmativo en el plebiscito colombiano. Esta perspectiva partía de los siguientes supuestos: primero, esperaba que en los municipios de mayor violencia hubiese una mayor votación por el “Sí”, que esta votación tendiera a ser igual o ligeramente menor en los municipios medianamente afectados por la violencia y que, en todo caso, sería radicalmente diferente de lo que pudiese acontecer en municipios con violencia baja, donde se esperaba que el “No” ganara de manera contundente. Este relato y forma de comprender la distribución de la votación presuponía en su argumentación aspectos, tales como: el “Sí” ganaría en zonas de mayor violencia dado el cansancio de la población ante la guerra; en tanto que el “No” tendería a ser la opción del citadino alejado del fenómeno violento y que concibe otro tipo de solución a la guerra, no descartando persistir en la derrota militar de las guerrillas.
Sin embargo, la evidencia empírica controvierte la aseveración de que, a mayor violencia, mayor votación por el “Sí”. Cuando se toman los promedios de violencia por conflicto armado entre 1985 y 2014 en tres componentes como variables independientes (tasa de homicidio por cien mil habitantes, tasa de desplazamiento por diez mil habitantes y acciones bélicas por diez mil habitantes11), se encuentra que es equivocado realizar una afirmación generalizada en donde se diga que la distribución de la votación en este evento electoral dependió completamente de la violencia; resulta preferible afirmar que las diferentes formas de victimización presentes dentro del conflicto armado tienen relaciones desiguales con la forma en que se comportó esta votación y donde, además, se observan efectos diferentes según se consideren los marcos temporales de medición (véase tabla 2).
Fuente: elaboración propia con base en: información de población en Dane (2005), información de plebiscito en Registraduría Nacional del Estado Civil (2016), información sobre tierras en Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2012) e información sobre NBI en Dane (2011)
Fuente: elaboración propia con base en: información de plebiscito en Registraduría Nacional del Estado Civil (2016), información sobre tierras em Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2012) e información sobre NBI en Dane (2011).
En primer lugar, cuando se aplica una mirada de larga data al comportamiento de las violencias asociadas al conflicto armado, se puede aseverar que el homicidio y el desplazamiento forzado efectivamente tienen relaciones diferenciadas con la distribución de la votación en el plebiscito. De acuerdo con la razón de momios, para una regresión logística entre 1985 y 2014 es posible señalar que: por cada incremento en la tasa de homicidio por conflicto armado en el periodo aludido, hay 0,72 % menos probabilidad de haber votado por el “Sí” (100*[0.99271591-1]); razón contraria asiste en el caso del desplazamiento, donde la probabilidad de haber votado afirmativamente es de 0,32 % (100*[1.00323833-1]) por cada unidad que aumenta el indicador de esta forma de victimización (véase tabla 212). Según este modelo de regresión logística, es posible concluir que, cuando se aplica una mirada de larga data al comportamiento de las violencias asociadas al conflicto armado, en la probabilidad de votar por el “Sí” respecto al “No”, el homicidio y el desplazamiento tienen relaciones diferenciadas con la distribución de la votación en el plebiscito, siendo que las acciones bélicas parecieran no tener relación: mientras decrece la probabilidad de votar afirmativamente de acuerdo con la presencia de homicidio por conflicto entre 1985 y 2014, esta misma posibilidad aumenta, aun cuando levemente, con la presencia de desplazamiento en el mismo periodo de tiempo. Nótese que en esta perspectiva de largo aliento pareciera que no existe relación unívoca entre la violencia por conflicto armado y la distribución de la votación en el plebiscito.
De manera similar a lo que acontece con el último parámetro referido, resulta evidente que existe una mayor probabilidad a votar por el “Sí” en los municipios, comparado con el “No”, a medida que aumentan las necesidades básicas insatisfechas, la desigualdad en la tenencia de la tierra y, sobre todo, habiendo ganado mayoritariamente la opción por Juan Manuel Santos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014. La razón de momios señala que hay una probabilidad 1.485527e+01 veces mayor de que el “Sí”, respecto al “No”, haya ganado en los municipios donde ganó Santos; tendencia similar a lo ocurrido en materia de pobreza, dado que por cada incremento en una unidad del indicador de necesidades básicas insatisfechas la probabilidad de haber votado por el “Sí” crece en 4,9 % (100*[1.049485e+00-1]). En el caso de la desigualdad en la tenencia de la tierra se tiene que por cada incremento en el Gini de tierras hay una probabilidad, que aun cuando reducida, es 2,49e+02 mayor de votar por el “Sí” respecto al “No”. En suma, antes que imputar ligeramente la explicación de la votación por el “Sí” y por el “No” en el plebiscito como consecuencia lineal de la violencia, pareciera preferible contemplar la manera en que las preferencias políticas se han venido organizando en relación con factores de orden social.
Variación de la violencia entre periodos presidenciales
En el presente apartado se desea abordar una regresión logística en función, no del promedio acumulado de algunos indicadores de violencia en un periodo de tiempo extendido, sino preferiblemente apuntando a ubicar los efectos de la variación del conflicto armado entre el periodo presidencial de Uribe Vélez (2006-2010) y el de Santos (2010-201413). Este enfoque parte de dos aspectos: por un lado, algunas voces han criticado el enfoque del promedio de las tasas de cada forma de victimización expuesta hasta el momento, aduciendo que la variación de cada fenómeno año a año y región a región dificulta una distribución normal de los datos14. Por otro lado, se asume que la variación del comportamiento del conflicto armado pudiera ofrecer algunas indicaciones sobre la forma en que se orientó la votación en el plebiscito por alguna de las dos opciones; por su parte, es evidente que, aun cuando existen líneas de continuidad en la política de seguridad, se demuestran distintos modelos de gestión en cada presidente respecto al conflicto armado que hacen relevante el tratamiento acá expuesto: mientras que Uribe partía de la tesis de dar primacía a la derrota militar de las guerrillas para luego negociar la rendición, Santos comprendió que las condiciones de debilitamiento de la guerrilla estaban dadas para poder facilitar el tránsito de la insurgencia a la vida civil como un actor político.
Cuando se observa la variación del conflicto armado entre el periodo presidencial de Uribe Vélez (2006-2010) y el de Santos (2010-2014), se evidencia que donde hubo aumentos en los indicadores de las diferentes formas de victimización utilizadas como variables independientes (homicidio, desplazamiento y acciones bélicas), pareciera no existir una mayor probabilidad de votar afirmativamente en el plebiscito15. Por el contrario, lo que se observa es que, al menos en lo relacionado con el homicidio y las acciones bélicas, una reducción promedio o leve en estas dimensiones del conflicto jalonan una menor probabilidad de votar por el “Sí” respecto al “No”: en lo que refiere a las variables de descenso del homicidio por conflicto armado hay 79 % de menor probabilidad de votar afirmativamente16; respecto a donde se redujeron las acciones bélicas en promedio, la razón de momios es de - 63,2 % (100*[ 0.3677749-1]). Hecho que sin duda, invita a complejizar los lugares comunes que se han tejido como factor explicativo del fenómeno en cuestión. En otras palabras, una mayor violencia no pareciera incidir en una mayor probabilidad de votar por el “Sí”; pero una reducción en los niveles de conflicto sí pudiera estar asociada con una menor votación afirmativa.
Los resultados de esta regresión y los respectivos intervalos de confianza para cada uno de los coeficientes permiten conjeturar: (i) de manera similar a lo que se ha presentado hasta el momento, existe una relación significativa entre las elecciones de segunda vuelta presidencial en 2014, que se pueden interpretar como las preferencias políticas, y la distribución de la votación en el plebiscito; (ii) se reafirma la tendencia donde se evidencia una probabilidad positiva para votar afirmativamente respecto al “No”, a medida que aumentan las necesidades básicas insatisfechas y (iii) cuando se observa la variación de la violencia por conflicto armado entre 2006-2009 y 2010-2014 a partir de los indicadores propuestos, se evidencia que cuando hay un efecto significativo o marginalmente significativo en las diferentes formas de victimización, hay un decremento en la probabilidad de votar por el “Sí”; ello acontece en aquellos municipios en donde han habido descensos leves o promedio tanto en la tasa de homicidios, como de acciones bélicas, cuando se comparan los dos periodos en cuestión.
Parece plausible señalar, siguiendo a Jaramillo (2012) que, tal cual acontece en otras facetas de la vida colombiana (por ejemplo en lo referido a las Comisiones de Estudio Sobre la Violencia en Colombia), la construcción del relato sobre la mayor proclividad a votar por el “Sí” en contextos de violencia, corresponde a un núcleo de interpretación que buscaba dotar de inteligibilidad y coherencia la comprensión de lo que acontece en circunstancias de carácter traumático y violento. En suma, trayendo a colación la noción de trama propuesta por Ricoeur y que hábilmente introduce Jaramillo (2012) en su análisis17, suponemos que la narrativa sobre la distribución de la votación por el “Sí” y por el “No” desde la óptica de la violencia introduce nociones diferenciadas sobre el tipo de país que se desea y se anhela. De hecho, esta situación se vio reforzada en medio de una paradoja: la aprobación del plebiscito suponía la superación de una de las facetas más cruentas de la guerra en Colombia, la confrontación armada entre el Estado colombiano y la guerrilla más fuerte del país; la victoria del “No” significaba una vuelta a la incertidumbre.
ELEMENTOS DE UNA HIPÓTESIS ALTERNATIVA
Supuestos de partida
Por contraste, nuestra hipótesis parte de las siguientes condiciones: en un plebiscito, como el que se somete a análisis en el presente texto, cada persona debe tener un voto para manifestarse por alguna de las opciones disponibles, siendo posible la abstención; es decir, el sistema electoral en cuestión dispone dentro de las reglas del juego democrático el voto directo para dirimir cuestiones de interés público18. Asimismo, se precisa que el plebiscito se dé en un sistema democrático de consulta y participación de la ciudadanía sobre decisiones estratégicas del rumbo del Estado y las políticas públicas; en otras palabras, en el ordenamiento jurídico de un país el lugar asignado a un plebiscito forma parte del esquema de toma de decisiones donde se implementan consultas específicas en casos concretos cuando no son tramitados directamente por los respectivos parlamentos. Tercero, en el tipo de casos que nos interesa, el plebiscito debe ser de carácter vinculante para, al menos, quien ocupa el cargo ejecutivo, afectando con ello el ulterior desarrollo del tema que ha sido sometido a consulta19; es decir, en la óptica de quienes han sido electos por voto directo, al menos el presidente, tiene un interés específico en el resultado final. Cuarto, se pueden presentar tres tipos de situaciones en la consulta: que no se cumpla con un umbral mínimo de participación requerida, en cuyo caso el tema sometido a consideración no podrá ser incorporado en el ordenamiento jurídico, así una de las opciones consultadas sea mayoritaria20; que una de las opciones, cumpliendo con el umbral y con la mayoría simple, obtenga la victoria y la política sometida se lleve a cabo y que la decisión sobre el tema en cuestión, cumpliendo con los anteriores requisitos, impida que una política sea implementada o que exija modificaciones sustanciales para poder seguir adelante.
Del mismo modo, suponemos que la votación en un plebiscito, con las condiciones anteriormente descritas, no puede verse aislada de la dinámica del ciclo electoral en un territorio específico (Meirowitz y Tucker, 2007). Esto es, consideramos que un plebiscito está relacionado estrechamente con las dinámicas generales de participación en sistemas democráticos donde acontecen otras formas de votación, a saber21: por un lado, elecciones periódicas de primer orden (primera y segunda vuelta presidencial), donde se disputa el acceso al cargo ejecutivo por un periodo fijo de tiempo determinado legalmente; por otro lado, ocurren elecciones de segundo orden, las cuales se dividen a su vez en votaciones periódicas para definir cargos de elección popular en distritos más pequeños que en el nivel nacional (cargos de elección popular a entidades locales o regionales) y otras votaciones que son de carácter excepcional y que pueden tomar la forma de plebiscitos o referéndums, entre otros.
Por tanto, se presume que hay una serie de actores políticos que están interesados en participar de esta elección excepcional, expresando sus preferencias sobre el tema consultado y buscando acomodarse en las elecciones excepcionales de cara a las votaciones periódicas, sobre todo en lo que concierne a la carrera presidencial. Consecuentemente, los partidos, las personalidades o los grupos políticos tomarán una posición frente a la(s) pregunta(s) que se ponen a consideración en la votación del plebiscito en cuestión y podrán impulsar abiertamente su posición por medio del establecimiento de campañas y/o comités de campañas: están motivados para asumir una posición que les rinda beneficios y por eso expresarán sus preferencias en la materia. Caso en el cual asumimos, siguiendo a Downs (1957)), que cada agente
(…) ya sea un individuo, un partido o una coalición privada- se comporta racionalmente en todo momento; es decir, avanza hacia sus objetivos con un uso mínimo de recursos escasos y realiza sólo aquellas acciones para las cuales el retorno marginal excede el costo marginal (p. 137).
En cuyo caso, “los partidos políticos en una democracia formulan estrictamente la política como un medio de ganar votos” (Downs, 1957, p. 137).
Tercero, inferimos que la posición política frente a la opción por la que se decide votar en un plebiscito (tanto la de los votantes, como la de los partidos y coaliciones), puede ser comprendida a partir de la distribución de preferencias de pico único del electorado. Esta afirmación nos lleva a retomar los supuestos del elector mediano propuesto por Shepsle (2010), herramienta fundamental en la modelación de una hipótesis que permita ofrecer una explicación alternativa sobre la distribución de la votación en el plebiscito colombiano: se presupone que un individuo es racional, dado que tiene una serie de creencias sobre el medio en que se encuentra y que actúa de acuerdo con sus preferencias para obtener resultados finales; esto es, los sujetos son racionales en tanto se asume que sus preferencias son completas (si dado cualquier par de opciones, el elector es capaz de decidir claramente cuál alternativa prefiere más) y transitivas (donde se asume que si prefiere X a Y y prefiere Y a Z, preferirá X a Z) (Shepsle, 2010).
Por consiguiente, en el contexto de la regla de mayoría simple unidimensional con preferencias de pico único22, es posible representar en una recta numérica las preferencias de cada votante en un plebiscito y, aún de cada partido o coalición (Shepsle, 2010), donde cada preferencia representa la posición frente a la opción sometida a consulta. El segundo supuesto de esta perspectiva es que cada actor tiene una política ideal que es su favorita y que ninguna otra le produce tanta utilidad como la política en ese punto; es decir, cada punto representa una función de utilidad para cada persona que participa en la elección en cuestión. De lo que se infiere que las preferencias de pico único son simétricas: a partir del valor máximo la utilidad decrece por igual a medida que se aleja del punto ideal (política ideal) (Shepsle, 2010). Cabe resaltar que en este modelo se admite que el único punto que vencería a cualquier competencia por pares sería la política preferida por el votante mediano, el punto que representa que “alguna alternativa es no peor” y que no hay ninguna otra opción preferida por la mayoría (Shepsle, 2010)23. Aún más, el punto del votante mediano no está definido de antemano, “depende de quiénes son los participantes en el grupo” (Shepsle, 2010, p. 90). Finalmente, se asume que este es un juego de información perfecta, donde los votantes conocen tanto las preferencias en el ambiente político, como aquellas que soportan los partidos, las personalidades y las coaliciones políticas.
El voto en el plebiscito como preferencia política
Con base en lo señalado anteriormente, el presente texto considera que: (i) es posible señalar que, respecto a la votación por el “Sí” o por el “No” en el plebiscito colombiano acontecido en 2016, cada persona tenía un acuerdo ideal que se puede representar en un recta; por tanto, el voto por alguna de las dos opciones estaba relacionado tanto con el mayor o menor grado de utilidad respecto al primer acuerdo firmado entre el Gobierno nacional de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP, como con respecto al mantenimiento o modificación del statu quo24; (ii) las preferencias del electorado colombiano se organizaron a partir de la utilidad percibida sobre, al menos uno de los varios puntos contenidos en el acuerdo y no de manera exclusiva frente a la dimensión de una salida negociada o no frente al conflicto. Esta utilidad percibida se estructuró, sobre todo, respecto a los temas sensibles del acuerdo a los que la opinión pública dio relevancia (elegibilidad política, inserción del acuerdo dentro del bloque de constitucionalidad, restitución de tierras y reconocimiento del enfoque de género como parámetro transversal del acuerdo, incluyendo el reconocimiento de las víctimas de los sectores sociales LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales); (iii) las preferencias sobre la decisión a tomar se orientaron de manera importante por las afinidades con las posiciones expresadas por parte de personalidades, partidos o coaliciones políticas sobre su opción en el plebiscito; estos actores de la vida política del país, comportándose racionalmente, enviaron un mensaje a la opinión pública (velado o abierto) sobre sus preferencias en el plebiscito y (iv) la producción de estos mensajes, adelantando procesos organizativos en la constitución de comités de campaña por el “Sí” o por el “No”, se aseguró tanto de enviar una posición clara en la votación por el plebiscito, como de alinearse en la futura carrera electoral, comportándose racionalmente y buscando sacar provecho de este proceso en atención principal a las elecciones a efectuarse en el año 2018. De todo lo anterior se sigue la hipótesis central esbozada en la introducción del presente texto y que sintetizamos de la siguiente manera:
Es menester desglosar la anterior propuesta. En términos generales nuestra hipótesis considera que quienes votaron por el “Sí” preferían el nuevo acuerdo al statu quo y que, en todo caso, lo preferían a una salida de orden militar. Por otro lado, quienes votaron por el “No”, preferían una derrota política de la insurgencia al statu quo y que, en todo caso, optaban por este último en lugar de los principales contenidos del acuerdo firmado el 27 de septiembre de 2016 en Cartagena (véase gráfico 3). Así las cosas, consideramos que para comprender cómo se organizaron estas preferencias de manera transversal, es preciso abordar la cuestión desde dos elementos interrelacionados: por un lado, especificando la manera como se agregaron las preferencias en relación tanto con la utilidad percibida sobre aspectos sustanciales del acuerdo, como con las afinidades políticas percibidas con la posición y el mensaje enviado por personalidades políticas sobre el plebiscito; por otro lado y de manera interrelacionada con lo anterior, consideramos que estas preferencias se pueden leer a partir de la manera como se configuraron las nociones de utilidad y preferencia sobre el acuerdo desde las regiones en atención a la condición social percibida. Desde el núcleo básico referido anteriormente, las preferencias sobre alguna de las opciones se fueron agregando a partir de aspectos sustanciales entre los que se encontraban:
Preferencias políticas. Si se prefería a Santos, a algunas personalidades del espectro político del centro, el centroderecha y la izquierda, en atención a su posición y su mensaje sobre el plebiscito, se tendía a votar por el “Sí”; por el contrario, si se prefería alguna de las personalidades políticas en el espectro de las tendencias de derecha (tales como la dirigencia del Centro Democrático -en cabeza de Álvaro Uribe Vélez-, consolidados líderes del Partido Conservador -principalmente Andrés Pastrana y Alejandro Ordóñez- y Cambio Radical -con el liderazgo del vicepresidente en funciones, Germán Vargas Lleras), su posición y su mensaje sobre el plebiscito, se tendía a votar por el “No” (este punto se amplía en el siguiente apartado).
Preferencias sobre el punto de participación política . Desde el espectro de quienes preferían la participación política de las FARC-EP (tal como se contemplaba en el acuerdo) en lugar del statu quo y por encima de la continuidad de la confrontación, el voto se orientaba por el “Sí”. Por el contrario, quienes se orientaron por el “No” preferían la derrota política y militar al statu quo y este a lo pactado entre el Gobierno nacional y las FARC-EP en la materia.
Preferencias sobre el punto de penas. El punto aludido anteriormente se conectaba directamente con la discusión sobre el pago de penas por parte de quienes se desmovilizaran: en el “Sí”, claramente se ubicaron quienes preferían los aspectos centrales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) (justicia restaurativa), en lugar de los aspectos punitivos basados en restricción de la libertad, y todo ello lo preferirían al statu quo ; en su lugar, quienes optaron por el “No” preferían un acuerdo con penas privativas de la libertad rigurosas, y ello por encima de que se le permitiera a aquellos miembros de las FARC-EP culpables de crímenes de lesa humanidad que pudieran acceder a cargos de representación política una vez reincorporados.
(iv) Preferencias sobre el tipo de acuerdo. Quienes, prefiriendo que la garantía en el cumplimiento de lo firmado se hiciera incorporando el acuerdo al bloque de constitucionalidad, en lugar de un acuerdo simple entre las partes y por encima de la continuidad de la guerra, se orientaron a votar por el “Sí”. Posición diametralmente opuesta a quienes se decidieron por el “No”, que preferían un acuerdo con mayores restricciones que se diera entre las partes al statu quo y, que en todo caso, preferían este último (argumentando el cuidado del orden constitucional legal vigente) a lo consignado en la firma que aconteció en Cartagena el 26 de septiembre27.
Preferencias sobre el enfoque diferencial y de género en el acuerdo. Finalmente, entró en escena en la organización de las preferencias sobre el plebiscito, un elemento que, cuando se decidió integrar, pocas personas veían probable que pudiera tener algún tipo de incidencia en el resultado final del plebiscito; nos referimos a la cuestión del enfoque de género como política diferencial transversalmente incluida en lo pactado. Quienes se colocaron del lado del “No”, posición liderada por visiones conservadoras impulsadas en cabeza de Álvaro Uribe y Alejandro Ordóñez, sostuvieron que era mejor impulsar un acuerdo diferente donde se explicitara la defensa de la familia heterosexual, en lugar de aprobar el documento sometido a consulta28. Por su parte, quienes optaban por el “Sí”, evidentemente estaban a favor de que el acuerdo incorporara un enfoque diferencial, reconociendo las afectaciones del conflicto armado contra las mujeres y los sectores poblacionales LGBTI; esto lo preferían a un acuerdo que ignorara estas afectaciones diferenciales.
Las preferencias compartidas entre el votante y los partidos
En lo concerniente con las preferencias compartidas entre votantes, por un lado, y partidos, personalidades o coaliciones políticas, por el otro, se evidencian dos aspectos sustanciales: estos últimos empeñaron diferentes esfuerzos buscando enviar un mensaje claro tanto hacia sus bases políticas, buscando reafirmarlas, como hacia sectores relativamente afines, procurando ampliar el espectro de su incidencia. En síntesis, lo que aquí se propone es que esta orientación de preferencias en el voto por el plebiscito estuvo relacionada fuertemente con las preferencias generales dentro del espectro político. En relación con esto, consideramos que esta afirmación puede ser empíricamente contrastada desde varios ángulos. De acuerdo con el primer modelo de regresión logística presentado páginas atrás, existe una probabilidad 15,78 mayor de votar por el “Sí”, respecto al “No”, habiendo votado por Santos en 2014.
Varios ejemplos dan cuenta de lo referido anteriormente. En declaraciones realizadas por Juan Carlos Vélez Uribe, gerente operativo de la campaña por el “No” y activista del Centro Democrático, se revelaba la estrategia de comunicación básica implementada por este partido: el mensaje para impulsar esta opción se basó en la indignación (La República, 2016)29; según Vélez Uribe, con base en esta premisa diferenciaron su mensaje según estratos sociales (en emisoras de estratos medios y altos se centraron en el tema de no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, en tanto que en emisoras de estratos bajos enfocaron su discurso en temas de subsidios) y contextos regionales (en la Costa Atlántica insistieron en el discurso sobre la amenaza del “castrochavismo”, mientras que en zonas como Cauca enviaron su particular perspectiva sobre las víctimas) (La República, 2016). Como se verá más adelante, un importante porcentaje del voto por el “No” se canalizó efectivamente en zonas de pobreza baja e intermedia, con lo cual cabe inferir que su mensaje pudo haber tenido importante incidencia.
El otro aspecto ejemplar de esta dinámica de preferencias compartidas hace referencia al “silencio” del vicepresidente del país en funciones durante el periodo tanto de negociación, como de campaña en el plebiscito, Germán Vargas Lleras. Aun cuando tanto él, como su partido afirmaron estar a favor del “Sí”, fue evidente su ausencia en hechos trascendentales que acompañaron todo este proceso (Semana, 2016). En buena medida, podría considerarse que este “silencio” obedeció a su cálculo político: una campaña abierta por el “Sí”, con una base política de orientación de centroderecha y derecha30, hubiera sido costosa en su carrera presidencial; no orientó decididamente a sus simpatizantes hacia la opción afirmativa en el plebiscito y ello se evidencia en la contrastación entre el porcentaje de votación por el “Sí” y el voto por Juan Manuel Santos en 2014 en zonas donde Cambio Radical fue decisivo en las presidenciales de aquel año. Obsérvese, sobre todo, esta diferencia en la Costa Atlántica, escenario clave de Cambio Radical y donde, a pesar de que ganó el “Sí”, el “No” pudo repuntar un porcentaje de votos que fueron decisivos en el resultado final (véase gráfico 4). La abstención en esta región, de hecho, es una de las que más repunta en el panorama nacional cuando se compara con lo acontecido en 201431.
La votación en el plebiscito en relación con la pobreza y la exclusión
Como cierre del presente artículo es necesario reformular las preguntas iniciales con base en nuestra hipótesis: ¿por qué hay zonas con altos y bajos niveles de violencia y que a su vez presentan altos y bajos niveles de pobreza que encontraban una mayor utilidad con un acuerdo político entre el Gobierno nacional y las FARC-EP (en términos de salida política al conflicto armado) por sobre el statu quo y, que en todo caso, lo preferían a una salida de orden militar?
Para responder a tales cuestionamientos, es preciso decir que el “Sí” ganó en dos escenarios sustanciales: por un lado tendió a imponerse tanto en zonas de niveles promedio de violencia y de pobreza, como en zonas de alta pobreza independientemente de los niveles de la manifestación de sus violencias (véase tabla 1)32. Acudiendo nuevamente al enfoque teórico propuesto por Shepsle (2010), consideramos que efectivamente en la mayoría de municipios con alta pobreza se percibía una mayor utilidad con la salida negociada, por lo que los cambios que se percibían con la aprobación del acuerdo en varias regiones se preferían a la continuidad de la guerra. Por tanto, a medida que la pobreza va descendiendo, esta percepción de utilidad va decreciendo, siendo posible aún en zonas con baja pobreza encontrar que se percibe que la salida negociada es provechosa.
En contraposición, aquellas zonas con niveles bajos o intermedios de pobreza, independientemente de las afectaciones de la violencia, percibieron que el acuerdo era negativo para sus intereses; en cuyo caso se prefería una derrota política expresada en un acuerdo más restrictivo, por tanto habrían votado “No”. Prefieren la situación actual al mencionado acuerdo y/o, por supuesto, preferirían uno que mejorara sus propios intereses y niveles de vida. En buena medida ello explica por qué hubo afinidades con el discurso que percibía que el acuerdo firmado era la representación del “castrochavismo”, la expropiación de la propiedad privada y la llegada del comunismo o también por qué el debate se ligó en todo momento con el rechazo a la reforma tributaria.
El contraste significativo entre municipios empobrecidos que tendieron a votar más por el “Sí” y municipios con bajos niveles pobreza que se orientaron por el “No” es evidente. Empero, la afirmación que imputa una relación causal entre crecimiento de violencia y pobreza y aumento del “Sí”, no permite ver la complejidad de la distribución de la votación por una u otra opción. Bien se podría afirmar que el “No” tiende a ganar en los municipios de violencia intermedia y violencia alta con pobreza baja y pobreza intermedia33; en tanto que el “Sí” tendió a ganar en mayor número en municipios con violencia baja, independientemente de su nivel de pobreza y en los municipios con pobreza alta y violencia intermedia y alta. Situación que en buena medida se corresponde con la distribución regional del voto, donde todo pareciera indicar preferiblemente que la votación tiene una mayor relación con la formación de preferencias políticas en las regiones a partir de la utilidad percibida con el acuerdo.
CONCLUSIONES
Desde nuestro punto de vista, el ejercicio estadístico realizado anteriormente permite afirmar que la orientación de preferencias en el voto por el plebiscito estuvo relacionada fuertemente con las preferencias generales dentro del espectro político; no de otra manera se explica la importante paridad entre lo acontecido en las elecciones presidenciales en el año 2014 y el plebiscito de 2016. Afirmación que bien pudo ser empíricamente contrastada desde varios ángulos y a partir de los diferentes modelos de regresión propuestos. Por contraste, no hay evidencia empírica que sustente la idea según la cual a mayores niveles de violencia opera mecánicamente una mayor votación por el “Sí”. Tal cual se acaba de mostrar, es erróneo considerar una relación mecánica entre los niveles de violencia y el comportamiento del voto en el plebiscito en Colombia. Estas percepciones plantean una mirada simplista del mapa político colombiano y, además, no permiten ver la complejidad de la forma como se percibe el juego político desde lo local.
Es evidente que una mirada de larga data parece sugerir que las diferentes formas de victimización asociadas al conflicto armado comportan relaciones particulares y efectos específicos respecto a la manera como se distribuyó la votación en el plebiscito. Este panorama se modifica levemente cuando el foco de atención no es ya el promedio de violencia por conflicto armado entre 1985 y 2014, sino cuando se observa la variación del mismo entre el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez y el primer mandato de Juan Manuel Santos. El impacto diferencial de cada forma de victimización en la distribución de la votación del plebiscito se conserva: el desplazamiento en esta comparación de aumento o descenso entre periodos pareciera no ser significativo, mientras que en lo que respecta al homicidio y las acciones bélicas todo sugiere que su reducción apalanca una menor probabilidad para votar afirmativamente.
Preferiblemente, la evidencia disponible y el enfoque analítico utilizado permiten inferir que este voto tiene una mayor relación con la agregación de preferencias de los votantes. Estas se estructuran en primer lugar a partir de la utilidad percibida con la aprobación o desaprobación de lo negociado con las FARC-EP. Aún, además, estas preferencias se fueron agregando a partir de elementos específicos contenidos en el acuerdo. Situación que los partidos, las personalidades y las coaliciones políticas intentaron aprovechar para enviar un mensaje político y, de esta forma, buscaron consolidar o ampliar sus esferas de influencia política. Por otro lado, todo parece indicar que las preferencias políticas sobre el acuerdo también se asocian con la percepción de utilidad construida a partir de las particulares condiciones de vida en las que se insertan las personas. En modo alguno, como se acaba de ver, se puede imputar que el voto depende enteramente de la condición de pobreza o la violencia; sin embargo, sí hay una relación estrecha en la manera como la gente percibía el acuerdo y las oportunidades que podía ofrecer para las regiones. La compleja distribución del voto, sin duda, invita a una mirada no simplista del comportamiento del voto por municipios en Colombia.
Por último, es preciso advertir una serie de preguntas que quedan abiertas en la perspectiva anteriormente enunciada: ¿cómo se comportarían las relaciones aquí expuestas en función de un índice sintético de conflicto armado que pudiera dar cuenta del conjunto de las formas de victimización ocurridas? ¿Cómo podría ayudar el análisis conociendo datos de procesos organizativos locales y regionales y su comportamiento político y electoral? ¿Qué nos diría un análisis, como el propuesto aquí, pero observado desde la óptica de la presencia regional de iglesias cristianas o procesos políticos y sociales LGBTI? Y finalmente ¿Qué datos arrojarían las relaciones acá propuestas con un mapa donde se pudiera cruzar la presencia histórica de la guerrillas, grupos paramilitares y expresiones delincuenciales organizadas?