INTRODUCCIÓN

El término grupos armados posdesmovilización hace referencia a las organizaciones que se conforman después de la supuesta desmovilización paramilitar, adelantada entre 2003 y 2006 por el gobierno del entonces presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez¹. La naturaleza de estas organizaciones ha sido ampliamente discutida en la literatura especializada, donde se señalan continuidades y diferencias frente a las antiguas estructuras paramilitares. Entre las primeras vale mencionar el control de territorios estratégicos para la captación de rentas ilegales, la persecución contra las víctimas de la violencia, el saboteo al proceso de restitución de tierras y el interés por conservar su influencia en el escenario político local. Respecto a las diferencias, resalta su carácter no contrainsurgente, la asociación que han establecido con las guerrillas en algunas regiones y una organización en forma de redes, que los lleva a establecer alianzas con bandas delincuenciales de carácter local (^{Álvarez, 2015}; ^{Ávila, 2016}; ^{Echandía, 2012}; ^{García, 2017}; ^{Montoya, 2016}; ^{Pérez y Montoya, 2013}; ^{Valencia, 2016}).

En el marco de esta discusión sobre las continuidades y diferencias, se proponen también múltiples denominaciones (bandas emergentes, neoparamilitares y grupos armados organizados), que ponen de manifiesto concepciones diversas sobre la naturaleza del fenómeno y sobre la forma como el Estado debería combatirlo (^{Massé, 2015}). Así, mientras el gobierno de Álvaro Uribe Vélez bautiza a estos grupos como bandas criminales (Bacrim), su sucesor Juan Manuel Santos los redefine, según el caso, como grupos armados organizados (GAO) o grupos delictivos organizados (GDO). Cambio que refleja una evolución importante en la manera como se percibe el fenómeno, y que tiene implicaciones significativas en la formulación de las políticas públicas dirigidas a acabarlo.

Con el uso de la expresión bandas criminales, la administración Uribe pretendía caracterizarlas como simples delincuentes dedicados al narcotráfico, establecer una clara distinción con los viejos paramilitares y reivindicar el éxito del proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Asimismo, al entender estos grupos como estructuras delincuenciales que no actúan en el marco del conflicto armado, se le resta relevancia al fenómeno y se mantiene el combate contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como la prioridad número uno en la agenda de seguridad del país (^{McDermott, 2014}; ^{Pérez y Montoya, 2013}; ^{Romero y Arias, 2010}; ^{Valencia, 2016}; ^{Vargas, 2011}).

El gobierno de Santos por otra parte, tiene una percepción más amplia sobre las problemáticas de seguridad que afronta Colombia y, por tanto, su política no se concentra exclusivamente en la lucha contra las FARC. En consecuencia, reconoce las dimensiones alcanzadas por algunos de estos grupos y su capacidad para generar violencia y someter a la población en sus zonas de influencia, además de la amenaza que representan para el proceso de paz. Es así como se supera la dimensión de simple delincuencia organizada y se plantea la necesidad de combatir a los grupos armados posdesmovilización más poderosos, en particular a los “Urabeños”, según los parámetros del conflicto armado. Cambio de perspectiva que lleva al uso de la término GAO (^{Álvarez, 2015}; ^{Vargas, 2011}).

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo del presente escrito es determinar en qué medida este cambio en la caracterización del fenómeno y en las políticas destinadas a enfrentarlo, se refleja en una transformación efectiva de las acciones adelantadas por los gobiernos de Uribe y Santos con el propósito de desactivarlo. Es decir, si muta la percepción sobre la naturaleza del fenómeno y las políticas públicas para enfrentarlo, deberían cambiar también las acciones concretas que las instituciones estatales llevan a cabo.

Para cumplir este objetivo, el artículo se divide en tres secciones. En la primera se analizan las políticas de seguridad formuladas en los gobiernos de Uribe y Santos, donde se evidencian las diferentes concepciones sobre los grupos posdesmovilización. En la segunda, a partir de una revisión de prensa, se discuten las acciones adelantadas por las respectivas administraciones con el fin de contrarrestarlos. En la última sección se presentan las conclusiones del trabajo donde se argumenta que el gobierno de Santos, al contrario de su antecesor, comprendió el fenómeno de forma más acertada y demostró un mayor interés en combatirlo. No obstante, las acciones desarrolladas no reflejan la supuesta distinción entre grupos delincuenciales y actores del conflicto armado, más bien continúan centradas en la estrategia de capturas de alto valor, que ya probó ser insuficiente en la lucha contra esta problemática.

MÉTODOS

En el marco de la investigación se adelantó una revisión de prensa sobre las actividades de los grupos armados posdesmovilización. Esta revisión cubre el periodo enero de 2006 a junio de 2017, esto es, el segundo periodo de gobierno de Uribe (2006-2010), momento en que aparecen los mencionados grupos, y lo transcurrido hasta ahora de los dos periodos presidenciales de Santos (2010-2014 y 2014-2018).

La revisión de prensa se realizó on line e incluye los periódicos El Tiempo, El Espectador y la revista Semana. La palabra clave utilizada fue “bandas criminales”, pues es el término más usado por los medios de comunicación nacionales para referirse a las organizaciones en estudio.

La base de datos cuenta actualmente con 2673 registros de prensa que se clasificaron en trece categorías de análisis (véase tabla 1). La base de datos contiene el nombre del artículo, el periódico o revista en que fue publicado, la fecha de publicación, el nombre de la banda criminal, la región donde tienen lugar las acciones y un breve resumen de la noticia.

Tabla 1 Categorías de clasificación generales según revisión de prensa 

Fuente: elaboración propia.

Para el desarrollo del presente documento se consideraron solamente los registros clasificados en la categoría “desmantelamiento de los grupos posdesmovilización”², donde se identifican las acciones adelantadas por el Estado para desarticularlos. Dichas acciones a su vez, se clasificaron en las categorías que reporta la tabla 2.

Tabla 2 Categorías de clasificación desmantelamiento según revisión de prensa 

Fuente: elaboración propia.

Así entonces, el diagnóstico sobre las acciones ejecutadas por el Estado con el propósito de desmantelar a los grupos armados que surgen después de la desmovilización paramilitar, se basa principalmente en la información recabada a través de esta revisión de prensa. Ahora, no se pretende plantear acá que la información publicada por los medios de comunicación es un reflejo exacto de lo que sucede en la realidad del país, pues los medios claramente visibilizan ciertos temas y dejan en la oscuridad otros. No obstante, una revisión juiciosa y sistemática de la información que se publica, sí proporciona datos útiles sobre el fenómeno que se pretende estudiar, en este caso sobre las actividades que en la práctica adelantan las instituciones estatales con el objeto de atender una problemática específica.

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA COMBATIR A LOS GRUPOS ARMADOS POSDESMOVILIZACIÓN

La manera como el gobierno Uribe caracterizó a los grupos armados posdesmovilización, se desprende de la interpretación incompleta sobre la guerra colombiana que prevaleció durante esta administración. Para este gobierno el país no enfrentaba una situación de conflicto armado interno, sino una amenaza terrorista cuyo principal responsable eran las FARC (Semana, 12 de mayo de 2004). Interpretación que, además de esconder otro tipo de amenazas para la seguridad del país, desconocía factores sociales y políticos asociados al origen y desarrollo del conflicto colombiano, entre ellos el problema agrario.

Esta interpretación se evidencia en la “Política de defensa y seguridad democrática” expedida en 2003, donde se definen como principales amenazas a la seguridad del país el terrorismo, el negocio de las drogas ilícitas, las finanzas ilícitas, el tráfico de armas, municiones y explosivos, el secuestro, la extorsión y el homicidio. Siendo las FARC el principal actor responsable de cada una de ellas, razón por la cual todas las prioridades en materia de seguridad se concentraron en el combate contra este actor armado. Otros problemas como los grupos paramilitares, que en aquel entonces no se habían desmovilizado, reciben una atención secundaria en este documento.³

En 2007 durante el segundo periodo del gobierno Uribe, momento en que ya es clara la aparición de las estructuras armadas posdesmovilización, se promulga la “Política de consolidación de la seguridad democrática” que en general mantiene los lineamientos ya establecidos en 2003. Las FARC son catalogadas como grupos armados ilegales y continúan considerándose como la principal amenaza terrorista. Por otra parte, se reconoce la existencia de las bandas criminales, pero se minimiza su importancia. Para el gobierno Uribe se trataba simplemente de estructuras armadas con propósitos meramente delincuenciales, que buscaban afianzar su poder en las zonas antes controladas por los paramilitares. Caracterización que negaba la continuidad entre las nuevas estructuras y los viejos paramilitares, y que mantenía el combate contra las FARC como la principal prioridad en la agenda de seguridad del país (^{McDermott, 2014}; ^{Valencia, 2016}).

Es solo hasta 2010, durante el último año de gobierno, que la administración Uribe traza una política clara para desmantelar a los grupos armados posdesmovilización. Esta política se consigna en el decreto 2374/2010 y se apoya esencialmente en la estrategia de capturas de alto valor a cargo de la Policía Nacional. En este decreto el gobierno reafirma la noción de criminalidad organizada y los define como grupos

(…) de carácter multidelictivo, independientes unos de otras, carentes de cualquier tipo de ideología, desplegándose hacia zonas donde convergen las fases de la cadena del narcotráfico, llegando incluso a consolidar alianzas con grupos terroristas (FARC y ELN) y con organizaciones delincuenciales con propósitos criminales.

Según esta misma disposición, los principales grupos que existían hasta ese momento eran “Rastrojos”, “Paisas”, “Urabeños”, “Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia” (ERPAC), “Renacer” y los “Machos” (véase decreto 2374/2010).

Cuando Juan Manuel Santos llega al poder, marca diferencias importantes en materia de seguridad con su antecesor, que se reflejan en la “Política integral de seguridad y defensa para la prosperidad”, expedida en 2011. La primera diferencia es el reconocimiento de un conflicto armado con grupos guerrilleros que, independientemente de los métodos, sostienen una disputa con el Estado por el control del poder político (El Espectador, 4 de mayo de 2011). Este cambio de perspectiva sobre el conflicto colombiano, se evidenció también en la formulación de la ley de víctimas (ley 1448/2011) y permitió el inicio del proceso de paz con las FARC. La segunda diferencia importante, es la ampliación del número de actores que amenazan la seguridad del país incluyendo así a las Bacrim, organismos que deben ser combatidos por el Estado con la misma intensidad que las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) (^{Álvarez, 2015}; ^{Vargas, 2011}).

A pesar de los cambios citados, durante el primer periodo del gobierno Santos, continúa la caracterización de los grupos armados posdesmovilización como bandas criminales y no como actores del conflicto armado interno, al contrario de las FARC y del ELN denominados “grupos armados al margen de la ley” (GAML). También se mantiene la política de capturas de alto valor como la principal estrategia para desmantelarlos. Más específicamente, la lucha contra las Bacrim se considera en esta política de seguridad, una estrategia para controlar la producción de narcóticos. Lo anterior se materializa en la directiva 014/2011, que ordenó el Ministerio de Defensa y cuyo fin es impartir “instrucciones para garantizar la implementación de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Bandas Criminales de conformidad con las directrices emitidas por el Consejo de Seguridad Nacional” (Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia, 2015, p. 49).

Una evolución más radical tanto en la caracterización del fenómeno, como en las políticas públicas formuladas para enfrentarlo, se observa durante el segundo periodo de Santos. Según la “Política de defensa y seguridad todos por un nuevo país” de 2015, el éxito en la lucha contra los GAML, que llevó a las FARC a la mesa de negociaciones, generó un cambio de prioridades en la agenda de seguridad del país, incluyendo así el combate contra las estructuras del crimen organizado. Nótese entonces que el gobierno Santos deja de utilizar la denominación bandas criminales, que ahora pasan a designarse como estructuras del crimen organizado.

Este cambio de visión se evidencia de manera más clara en la directiva 15/2016, donde se propone una distinción entre grupos de delincuencia organizada y actores del conflicto armado colombiano. Según esta directiva, algunas de las estructuras anteriormente llamadas bandas criminales, han alcanzado un nivel de hostilidades y de organización tal, que resulta indispensable redefinir el fenómeno y replantear las estrategias para combatirlas. Así, las Bacrim son rebautizadas como GAO y GDO.

Los GAO son estructuras “que bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”. Para identificarlos, se tendrán en cuenta elementos como la seriedad y extensión de los ataques, el incremento en las confrontaciones armadas, la existencia de una clara estructura de mando, el tipo de armamento empleado, la capacidad para reclutar y entrenar nuevos integrantes, el número de víctimas resultantes de sus ataques y la existencia de campamentos y de zonas designadas para sus operaciones.⁴

La directiva 15 toma estos criterios de los Protocolos I y II de los Convenios de Ginebra, lo cual implica que el combate contra los GAO se desarrollará en concordancia con los parámetros del conflicto armado interno y, por tanto, se suscribe a las normas del derecho internacional humanitario (DIH). En consecuencia, serán las Fuerzas Armadas las encargadas de neutralizarlos y podrán utilizarse estrategias como los bombardeos⁵. Se deja de lado así, la visión de los grupos armados posdesmovilización como simple delincuencia organizada, y se acepta que el fenómeno es más complejo de lo que hasta el momento se había reconocido.

Ahora, según esta misma directiva, el catalogarlos como GAO y combatirlos según las normas del DIH, no implica el reconocimiento de estatus político. Al respecto, el gobierno Santos ha insistido en que estas organizaciones carecen de ideología política y que sus objetivos son esencialmente económicos y materiales, pero no por ello se desconoce el alcance de sus actuaciones y su capacidad para generar violencia.⁶

Según el gobierno Santos en el país existen actualmente tres GAO⁷: los “Urabeños”⁸, las disidencias del EPARC⁹ y los “Pelusos”. Los dos primeros son resultado directo del proceso de desmovilización paramilitar, mientras que los Pelusos son una disidencia del grupo guerrillero Ejército Popular de Liberación que se desmovilizó en los años noventa (La Opinión, 15 de mayo de 2016).

Por otra parte, siguiendo los parámetros de la Convención de Palermo, los GDO son definidos por la directiva 15 como grupos estructurados, conformados por tres o más personas, que hayan existido durante determinado tiempo, que actúen con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados en el Código Penal colombiano o en la Convención de Palermo, y que tengan como objetivo un beneficio económico o de orden material. Asimismo, se establece que el principal ente responsable de afrontarlos será la Policía Nacional.

Entre los GDO cabe citar organizaciones como los “Pachenca” y los “Costeños” en el Caribe, las denominadas oficinas de cobro en ciudades como Medellín y Cali, la “Cordillera” en el Eje Cafetero, la “Constru” en Putumayo, la “Empresa” en Buenaventura y los “Rastrojos” en el Valle del Cauca (El Colombiano, 26 de agosto de 2015). En general, se trata de estructuras que cuentan con el control regional de actividades ilícitas como el narcotráfico y la extorsión, y que se acercan más a la caracterización de Bacrim establecida en el gobierno de Uribe.

Esta reclasificación de los grupos armados posdesmovilización, así como la reformulación de las políticas para combatirlos, podría explicarse por dos razones principales. La primera es el proceso de paz con las FARC que se adelantaba en La Habana. En el marco de estas negociaciones, el gobierno colombiano se obligaba a garantizar la seguridad de los guerrilleros desmovilizados, lo que implicaba un compromiso serio con el desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo.¹⁰

La segunda razón tiene que ver con los cuestionamientos a la estrategia de capturas de alto valor, que llevó a un proceso de reorganización y readaptación de las estructuras, sin que se redujeran sus dimensiones, presencia territorial o capacidad para generar violencia (^{Ávila, 2016}; ^{Garzón, 2015}; ^{Montoya, 2016}). Si bien es cierto que las autoridades lograron la captura de importantes cabecillas¹¹, así como una reducción considerable en el número de estructuras armadas¹², también es verdad que en la práctica el número de miembros no disminuyó. Aunque no existen cifras oficiales (disponibles para el público general) sobre la cantidad de integrantes de los grupos posdesmovilización, organizaciones como Indepaz (2014) afirman que entre 2008 y 2013 tenían entre 1988 y 4170 miembros. Asimismo, la Fundación Ideas para la Paz sostiene que en 2016 contaban con aproximadamente 3500 hombres (El País, 8 de febrero). Por otra parte, según las cifras del Ministerio de Defensa¹³ anualmente son neutralizados entre 2400 y 4500 miembros (véase tabla 3), luego el alto número de capturas y dados de baja no necesariamente ha implicado una reducción del fenómeno.

Tabla 3 Miembros neutralizados (capturados o dados de baja) grupos armados posdesmovilización 

Fuente: Ministerio de Defensa (2016).

ACCIONES PARA COMBATIR A LOS GRUPOS ARMADOS POSDESMOVILIZACIÓN

A continuación se presentan los resultados de la revisión de prensa, cuyo propósito es determinar en qué medida las acciones estatales encaminadas al desmantelamiento de los grupos armados posdesmovilización, han evolucionado como consecuencia de la redefinición del fenómeno y de las políticas diseñadas para combatirlo. La información recopilada a través de la revisión de prensa se analizó en función de dos variables principales. La primera es la visibilidad de las diferentes acciones desarrolladas por el Estado con el fin de desarticular dichos grupos, elemento que se refleja en el número de registros de prensa encontrados en cada categoría. La segunda variable se refiere a la evolución en el tiempo de las acciones estatales, aspecto que se constata en el número de noticias por categoría discriminado por año y por periodo presidencial (véase tabla 4).

Tabla 4 Número de registros de prensa desmantelamiento por periodo presidencial 

Fuente: elaboración propia.^{14 15 16}

Visibilidad de las acciones para combatir a los grupos armados posdesmovilización

En relación con la visibilidad, se encuentran en primer lugar las noticias sobre capturas y miembros dados de baja. El 58 % de las noticias alude a este tipo de acciones, donde participan entidades como el Ejército, la Policía, la Armada o la Fiscalía. Ahora, el grupo que registra un mayor número de miembros neutralizados son los “Urabeños” (263 noticias)¹⁷, seguido de los “Rastrojos (131 noticias)¹⁸ y el ERPAC (61 noticias)¹⁹. En el resto de las noticias se mencionan grupos de menor alcance como la “Constru”, la “Cordillera”, la “Empresa”, los “Machos” y los “Nevados” (77 noticias)²⁰, se hace referencia simultáneamente a varias estructuras armadas (115 noticias)²¹, o no se indica el nombre del grupo (42 noticias)²².

En un lejano segundo lugar estarían las noticias (16 %) que registran acciones contra los recursos y la infraestructura de los grupos. Específicamente incautaciones de drogas, armas o dinero²³, y ataques contra pistas de aterrizaje, laboratorios, cultivos ilícitos, corredores estratégicos o allanamiento de propiedades.²⁴

Es relevante decir que estos primeros resultados mostrados por la revisión de prensa, son consistentes con los indicadores que hasta el momento se vienen utilizando para medir los avances en la lucha contra las denominadas bandas criminales. Para las autoridades los resultados de las operaciones se miden en función de factores como el número de miembros capturados o dados de baja, la cantidad de drogas y armas incautadas, las hectáreas de cultivos de coca destruidas y la cifra de grupos desarticulados (Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia, 2015). En otras palabras, las acciones más visibles en los medios estudiados, en especial aquellas clasificadas en la primera categoría, son también los aspectos principales que tienen en cuenta las autoridades para medir el éxito en el combate contra los grupos armados posdesmovilización.

En el tercer lugar están las noticias sobre los procesos judiciales (15 %), que a su vez pueden clasificarse en cuatro grupos. En el primero se incluyen noticias que contienen información concreta sobre la judicialización de los miembros de las bandas una vez son capturados, por ejemplo audiencias de legalización de capturas y de imputación de cargos, medidas de aseguramiento y condenas efectivas (69 noticias)²⁵. El segundo grupo registra fallas en los procedimientos judiciales como el vencimiento de términos, fugas carcelarias y de personas con arresto domiciliario, cuestionadas decisiones judiciales que favorecen a las bandas, o sentencias cortas dada la gravedad de los delitos (26 noticias)²⁶. El tercer grupo se refiere al tema del sometimiento a la justicia, lo que incluye casos individuales y colectivos de sometimiento²⁷, las posibilidades de mediación de la iglesia católica²⁸, declaraciones de algunos cabecillas manifestando su interés en someterse a la justicia²⁹ y el trámite en el Congreso de un proyecto de ley que buscaba modificar el Código de Procedimiento Penal, otorgando a la Fiscalía mayores instrumentos para adelantar procesos de sometimiento (56 noticias)³⁰. El cuarto grupo contiene noticias sobre la extradición de reconocidos cabecillas de las bandas criminales o de antiguos grupos paramilitares (24 noticias).³¹

El cuarto lugar lo ocupan las noticias con información sobre las políticas destinadas a combatir el fenómeno (6 %). Por ejemplo, declaraciones de funcionarios públicos sobre las medidas que se están tomando, anuncios de recompensas, asignación de mayores recursos para las entidades que enfrentan a estos grupos (más fiscales, jueces, efectivos de la Policía y del Ejército), formulación de proyectos de ley, diseño de nuevas estrategias, realización de consejos de seguridad e información sobre las directivas del Ministerio de Defensa³².

En el último lugar aparecen las noticias (5 %) donde se registran las operaciones adelantadas por la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, específicamente en contra de las Bacrim (véase tabla 5). Es importante precisar que esta categoría no se refiere a operativos generales de la Fuerza Pública, sino a operaciones de largo alcance, sostenidas en el tiempo y diseñadas para atacar a las grupos armados posdesmovilización.

Tabla 5 Operaciones de largo alcance adelantadas contra los grupos armados posdesmovilización 

Fuente: elaboración propia.^{33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44}

De estas operaciones las más visibles son el Plan Troya y la Operación Agamenón. El Plan Troya se lanzó durante el gobierno de Juan Manuel Santos con el propósito explícito de combatir a las bandas criminales en el ámbito nacional, y su desarrollo ha implicado la acción coordinada de la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Fiscalía, entre otros. Por su parte, la Operación Agamenón tiene como objetivo la captura de los principales jefes de los “Urabeños”, particularmente de Darío Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, máximo cabecilla de este grupo armado. Asimismo, es relevante mencionar que la información proporcionada por los medios sobre estas operaciones, también se centra en las incautaciones logradas y en el número de personas capturadas o dadas de baja.

Evolución de las acciones para combatir a los grupos armados posdesmovilización

Del total de noticias sobre el desmantelamiento de los grupos armados posdesmovilización, encontradas en el periodo 2006-2017, solamente el 12 % corresponde al segundo periodo del presidente Uribe (véase tabla 4), observación que sería consistente con la visión que tuvo esta administración frente a los problemas de seguridad que afrontaba el país. Como se señaló en la sección anterior, para el gobierno Uribe las estructuras que surgen después de la desmovilización paramilitar representaban un desafío secundario, en comparación con la amenaza terrorista que significaban las FARC.

Aunque también es cierto que durante este gobierno se expidió el decreto 2374/2010, donde se traza la primera política para combatir a las bandas, esto sucede ya finalizando la administración de Uribe, de manera que no se alcanza a observar un cambio en la observación ya citada.

En términos de visibilidad se mantiene la tendencia general, pues el 55 % de los registros que corresponden a esta administración se refieren a miembros neutralizados, el 24 % a incautaciones, el 15 % a procesos judiciales y el 6 % a las políticas para oponerse al fenómeno. Es de resaltar que no se hallaron registros sobre operaciones concretas contra los grupos armados posdesmovilización adelantadas durante este gobierno (véase tabla 4).

Durante el primer periodo del gobierno Santos en cambio, se evidencia un incremento considerable en las noticias que registran acciones contra estas organizaciones armadas. El 52 % de los registros encontrados corresponden a este periodo, lo que resulta coherente con el cambio en la política de seguridad visto en el primer mandato de Santos, donde se reconocen las dimensiones reales de los grupos armados posdesmovilización y se inicia la implementación de la estrategia de capturas de alto valor.

Por otra parte, en relación con la visibilidad de las diferentes acciones adelantadas, el tema prioritario sigue siendo las capturas y miembros dados de baja (61 %), seguido de incautaciones (16 %), procesos judiciales (14 %), operaciones de la Fuerza Pública (5 %) y finalmente políticas para combatir el fenómeno (4 %). Al respecto, es importante resaltar el incremento en las noticias que registran operaciones militares contras las bandas, pues se pasa de 0 noticias en la administración Uribe a 33 en el gobierno Santos, lo que también sería coherente con el cambio de política mencionado. Nótese, además, que todas las operaciones contra las bandas registradas en la tabla 5 se implementan a partir de 2011, cuando ya Santos estaba en el poder.

Como se indicó atrás, es durante la segunda administración de Santos que se propone catalogar a las bandas de mayor alcance como actores del conflicto armado interno (GAO) y combatirlas según las normas del DIH. A diferencia del periodo anterior, este cambio de política no se reflejó en las acciones identificadas a través de la revisión de prensa. Por un lado, se evidencia una reducción significativa de las noticias publicadas (36 %), aunque es necesario tener en cuenta que la revisión de prensa en este periodo, termina un año antes de que finalice el segundo mandato de Santos. Por otro, el tema más visible continúa siendo los miembros capturados y dados de baja (55 %), luego procesos judiciales (14 %), incautaciones (16 %), políticas para combatir el fenómeno (8 %) y por último operaciones militares (7 %), donde además solo se encontraron dos registros que indiquen el uso de bombardeos contra los GAO.⁴⁵

También es de resaltar que en el segundo periodo de Santos el tema de los procesos judiciales pasa a ocupar el segundo lugar en visibilidad, situación que podría explicarse por el fortalecimiento de diferentes instancias en la Fiscalía encargadas de judicializar a los grupos armados posdesmovilización.⁴⁶

Por último, la directiva 15/2016 también establecía que el combate contra los GAO estaría principalmente a cargo de las Fuerzas Militares, desplazando así a la Policía Nacional, entidad que hasta ese momento venía liderado la lucha contra estas organizaciones armadas. Al respecto, la tabla 6 muestra el número de noticias, discriminado por periodo presidencial, donde explícitamente se menciona la participación de la Policía o de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada, Fuerza Aérea) en los operativos. Como se puede observar, en todos los periodos el número más alto corresponde a la Policía. Asimismo, del primero al segundo mandato de Santos, disminuye el número de registros que menciona la participación de las Fuerzas Armadas, lo cual indicaría que este cambio de entidad responsable tampoco se estaría aplicando en la práctica, o por lo menos así lo registran los medios de comunicación consultados.

Tabla 6 Registros de prensa por instituciones 

Fuente: elaboración propia.