Spanish (pdf)
Article in xml format
Article references
Automatic translation
Send this article by e-mail
Cited by SciELO 
Cited by Google 
Similars in
SciELO 
Similars in Google 
Permalink
INTRODUCCIÓN
La claridad con que un mandato defina los objetivos de una Comisión de la Verdad (en adelante CV) es críticamente importante (González, 2013). Un mandato incompleto, oscuro o contradictorio puede paralizar el trabajo de la comisión de muchas maneras, forzándola a desperdiciar tiempo y recursos valiosos en definir los parámetros de su tarea u obligándola a duplicar labores previamente adelantadas por otros entes (González, 2013). Por el contrario, un mandato bien elaborado permite que una comisión emprenda su tarea con eficacia: establece el marco para una cooperación productiva entre instituciones y facilita que la sociedad civil comprenda claramente la naturaleza, el potencial y el alcance del ejercicio adelantado por la comisión. Tener objetivos claros y concisos le ayuda tanto a los responsables de la comisión como a los participantes a tener expectativas realistas sobre el impacto que podrán tener sus contribuciones (González, 2013). La claridad sobre tales expectativas podrá evitar ciclos de enormes ilusiones, que con el tiempo, devendrán en amargas decepciones (Minow, 1999).
En el caso colombiano, tanto el Acuerdo Final, como el acto legislativo 001/2017 y el decreto 588/2017, que reglamenta la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (en adelante CEV), le atribuyen a la Comisión once funciones, tres objetivos principales y un mandato que incluye trece aspectos por aclarar y reconocer. A esto, se suma la complejidad propia del enfoque territorial, la longitud del horizonte temporal a documentar1 y el universo diverso y enorme de víctimas colombianas que deberá atender la CEV2. Es de suponer que una vez la CEV haga público su mandato oficial, tanto las prioridades como el alcance real de la Comisión quedarán especificados con mayor precisión.
El presente artículo es resultado de un proyecto de investigación doctoral que buscaba justamente precisar y acotar los objetivos de comisiones de la verdad nacientes, que por lo general se enfrentan a retos desmesurados. El principal resultado de dicho proyecto fue una matriz metodológica con 16 objetivos que buscan (i) sintetizar en pocos puntos lo que se puede y no se puede esperar de una comisión particular y (ii) categorizar las expectativas que se tienen frente a la Comisión a la luz de las posibilidades ofrecidas por esta en su mandato. El ejercicio de categorización puede facilitar una evaluación crítica sobre las apuestas priorizadas por la comisión naciente, pero también puede evitar que en futuras evaluaciones de impacto, dichas comisiones, sean juzgadas por lo que las personas esperaban de ella, y no por lo sugerido y propuesto en el mandato.
La estructura del artículo presenta a modo de introducción los presupuestos conceptuales de lo que parte la matriz. La matriz, aun cuando pretende ser una herramienta metodológica, parte de una aproximación conceptual de lo que debe ser una CV: (i) las CV deben ser un encargo temporal altamente participativas, (ii) deben ofrecer una doble mirada retrospectiva y prospectiva y (iii) es posible y deseable “descentrar” las CV de las víctimas. La segunda parte del artículo expone cómo en línea con estos tres presupuestos conceptuales se diseñó la matriz y explica los componentes que la conforman. La conclusión del artículo categoriza el decreto que reglamente la CEV a la luz de la matriz metodológica propuesta.
PRESUPUESTOS CONCEPTUALES: ¿QUÉ SE ENTIENDE POR COMISIÓN DE LA VERDAD?
Las comisiones de la verdad deben ser un encargo temporal altamente participativo
Las CV no son instituciones permanentes. No son parte integrante de los arreglos institucionales regulares de las democracias (Du Toit, 2000). Son una tarea colectiva que inicia con un mandato que especifica los detalles de sus objetivos, duración, procedimientos y composiciones; y termina con la presentación de un informe que presenta sus hallazgos (Freeman, 2006). Hace unas décadas, el objetivo principal de las CV era producir un producto: publicar un informe final; por lo que no se le prestaba mucha atención a los procesos sociales que una comisión podía propiciar. Actualmente, el proceso (durante la CV), independientemente del resultado final, ha cobrado la misma importancia que el informe final (Hamber, 2003b).
Guthrey (2015) define una CV como un proceso participativo en tanto que representa una oportunidad única para que la víctima sea parte del proceso de superación del conflicto. Para el mencionado autor, dichas víctimas son la principal fuente de información sobre el pasado, hecho que contrasta marcadamente con el statu quo de los periodos de violencia masiva donde los líderes estatales o militares eran los proveedores de las verdades oficiales (Guthrey, 2015). Guthrey resalta en particular las audiencias públicas celebradas en el marco de la Comisión sudafricana, las cuales constituyen un valioso referente para la progresiva apertura de posteriores CV a una mayor participación de las víctimas.
La anterior definición de “participación” se concentra en exclusiva en la posibilidad de dar una voz pública a los que sufrieron, pero excluye otras características importantes de lo que implica la participación. Por ejemplo, la Comisión Argentina no celebró audiencias públicas, sino que fue el resultado de un esfuerzo compartido entre el gobierno constitucional, organizaciones de derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil, que participaron y contribuyeron de múltiples maneras. Además, esta comisión fortaleció su legitimidad dando a conocer sus resultados y hallazgos al público (el informe fue un bestseller) (Crenzel, 2008; Hayner, 2011). Igualmente la CV sudafricana (además de realizar significativos esfuerzos por adelantar audiencias públicas), fue precedida por un amplio debate público sobre sus objetivos generales, y su mandato y procedimientos específicos se formaron a través de un proceso de audiencias parlamentarias y debates con la participación de los principales partidos políticos (Du Toit, 2000).
Para la matriz, la posibilidad de que las víctimas sean parte de audiencias públicas es un aspecto relevante de la participación, sin embargo, el alcance de dicha participación debe ser mucho más comprensivo y amplio, no debe limitarse simplemente a un momento de la implementación de la Comisión. En la actualidad las CV son una tendencia transicional, pero no por ello son herramientas discrecionales que puedan ser copiadas de manera exacta en contextos diferentes; es indispensable que diferentes actores locales e internacionales participen tanto en el diseño del mandato como en la operación misma de la CV (Bosire, 2014; Lundy y MacGovern, 2017).
Algunas experiencias internacionales muestran la magnitud de esta participación. A pesar de los considerables esfuerzos de los actores internacionales para crear la Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación en Bosnia, el proyecto fracasó, entre otras razones, por su falta de legitimidad, especialmente entre las asociaciones de víctimas del país. Estas últimas consideraban la Comisión como un “proyecto elitista y lucrativo impulsado por grandes ONG y personas adineradas” (Dragovic-Soso, 2016, p. 14).
Por el contrario, durante las fases de conceptualización y planificación de la Comisión de Timor-Leste para Recepción, Verdad y Reconciliación, los actores internacionales encargados de la implementación reconocieron la importancia de acceder y utilizar distintos sistemas tradicionales, locales y comunitarios legítimos para la mayoría de los timorenses (Pigou, 2004). Dicha participación fue definitoria en el éxito de la comisión.
Estas experiencias internacionales remiten a la necesidad de que el carácter participativo de las CV permita que estas sean construidas de “abajo hacia arriba”. No obstante, el talante participativo conlleva otro propósito fundamental: materializar encuentros dialógicos donde se recupere la capacidad de resolver conflictos pacíficamente (Simpson, 2007). Debido a la participación de múltiples actores, en el marco de las CV surgirán diferentes versiones, aproximaciones y significaciones del pasado; lo que comportará una difícil pugna por la interpretación oficial de los hechos y sus implicaciones (Payne, 2008).
El concepto de “coexistencia contenciosa” de Payne refiere la necesidad de un debate siempre abierto y democrático sobre el pasado. Sin embargo, para la matriz, el propósito de promover un carácter altamente participativo no se agota en la posibilidad de permitir la competencia abierta entre ideas y valores y objetivos, la participación busca igualmente constituirse en un mecanismo para coordinar acciones (Habermas, 1990). Para Simpson (2007) las víctimas de la violencia política de las sociedades en posconflicto deberían poder participar en una reconstrucción significativa de la verdad a través de un proceso habermasiano de deliberación y comunicación pública democrática que implique un diálogo directo con los perpetradores de la violencia política.
Este proceso, que denomina “justicia comunicativa”, se enmarca en la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas (1990). Desde la “acción comunicativa”, es posible que coordinemos planes de manera consensuada, incluyendo reclamos que todos los interesados aceptan como válidos o vinculantes: las personas esperan armonizar sus planes con otros sobre la base de que logren una comprensión común de la situación en la que se hallan (Habermas, 1990). Específicamente, para Simpson, la recuperación de la verdad se trata de crear un “nuevo espacio público en el que las personas puedan debatir el pasado, para intercambiar información y perspectivas, para exteriorizar el dolor, la ira, y para tratar de llegar a algún tipo de consenso sobre el camino a seguir” (2007, p. 329). Pueda que no todas las personas que participen estén de acuerdo con las recomendaciones sugeridas, pero lo que se espera es que estén de acuerdo en que participaron en un intercambio dialógico justo e inclusivo (Moon, 1995).
En conclusión, una CV es una encargo temporal que comienza con un mandato y finaliza con la presentación de un informe que contiene los hallazgos más importantes (Freeman, 2006). Una CV deberá ser un encargo participativo en tanto que reconozca experiencias y propuestas de múltiples actores locales. Las experiencias internacionales y los estándares globales pueden contribuir positivamente, pero una CV debe ser una iniciativa de “abajo hacia arriba” con la participación más amplia posible. A la par, una CV es una empresa participativa en el sentido de que busca crear encuentros dialógicos para recuperar la capacidad de resolver conflictos pacíficamente y llegar a entendimientos comunes (Habermas, 1990).
Las comisiones de la verdad deben ofrecer una doble mirada retrospectiva y prospectiva
Una manera simple e ideal (en términos weberianos) de definir la tarea fundamental de una CV es afirmar que dichas comisiones son diseñadas básicamente para esclarecer actos criminales que se caracterizan por tres particularidades. Primera, estos actos involucran una amplia gama de actores: un acto criminal remite a un hecho fáctico donde un sujeto o sujetos producen un daño sobre un tercero o unos terceros. Segunda, el acto criminal no se agota en un hecho singular, aislado y único; los actos criminales que estudian las CV se enmarcan en estructuras institucionales y contextos que proporcionan un “caldo de cultivo” favorable para que se presenten crímenes de manera sistemática, con una cierta aprobación social y, en algunos casos, con una cierta complicidad estatal. Tercera, el impacto de los actos criminales que estudian las CV no se agota en una víctima directa e individual, estos hechos impactan de forma prolongada una enorme gama de víctimas indirectas y colectivas (comunidades organizadas que rompen sus lazos y relaciones de confianza, sociedades que por la normalización de la atrocidad sufren de indolencia o indiferencia, etc.).
En este sentido, las CV deben ofrecer una mirada retrospectiva esclareciendo tres dimensiones esenciales: (i) los contextos y antecedentes que hicieron posibles los hechos criminales; (ii) los hechos y actores involucrados en ciertos actos criminales; y (iii) los impactos que dichos actos criminales aislados tuvieron o han tenido en los ámbitos individual y colectivo.
Aunque el alcance de dicha información debería ser lo más amplia posible, tal posibilidad se limita a los medios y recursos a disposición de la CV. La selectividad obligatoria implica que las CV no solo deberán excluir algunos actos criminales y priorizar otros, sino que también las CV deben decidir en qué medida se pueden investigar y documentar los actos criminales seleccionados. Para Priscilla Hayner, en el peor de los casos, una CV tan solo podrá revelar lo que ella ha llamado “verdades globales” (Hayner, 2011, p. 84). Dichas “verdades” revelan con algún grado de certeza los patrones sistemáticos de ciertos eventos criminales que tuvieron lugar en el pasado.
Esta mirada retrospectiva, que documenta ciertos daños, debe complementarse con una mirada prospectiva, que brinde ciertos remedios. Como señala Du Toit (2000), sería engañoso concebir las comisiones de la verdad como proyectos que se reducen a proporcionar una mirada retrospectiva del pasado. Las CV son proyectos de fundación histórica que abordan principalmente el pasado, para establecer un orden mejor en el futuro; las CV “despejan” el camino para un “nuevo comienzo” (Du Toit, 2000, p. 125).
La labor de “sugerir remedios” ha sido entendida habitualmente como las recomendaciones finales que construyen a puerta cerrada los comisionados y que se presentan de manera muy sucinta en las últimas páginas de los informes finales. Empero, cuando se sugiere que las CV deben ser encargos altamente participativos, se asume que dicha participación debe ser transversal tanto a la mirada retrospectiva como a la mirada prospectiva: en la elaboración de recomendaciones y sugerencias de remedios, debe involucrarse activamente una amplia gama de actores y así evitar que dicha tarea sea residual a la comisión o asignada exclusivamente a los comisionados.
El objetivo de “sugerir remedios”, como el componente primordial de la mirada prospectiva que propone la matriz, opone el concepto jurídico de “remedio” al concepto psicológico de “sanación”, el cual fue en extenso utilizado y difundido con la experiencia sudafricana. Tal noción psicológica, que se refiere al proceso de volver a estar “sano”, comporta la restitución plena de lo perdido o robado a la víctima (Dictionaries, 2017). Por el contrario, la noción legal de “remedio”, alude al derecho universalmente reconocido a recibir “un remedio efectivo” (Shelton, 2006). Esta noción conlleva una aspiración mucho más modesta, implica un tipo de compensación parcial, en tanto que reconoce que el remedio otorgado difícilmente podrá restituir o devolver lo perdido por la víctima.
Respecto al alcance y poder de estos “remedios”, Heine y Turcotte (2015) defienden la popularidad de las CV argumentando que su capacidad para investigar las causas subyacentes de los fracasos democráticos es indispensable para sentar las bases de una paz duradera y sostenible. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asume que conocer los errores del pasado tiene beneficios importantes para toda la sociedad, ya que representa una salvaguarda o antídoto para evitar la repetición de tales actos en el futuro (Comisión I/A H, 1987).
Aunque la matriz comparte la relevancia de que las CV tengan una doble mirada, hacia el pasado y hacia el futuro, se aclara que no existe evidencia que respalde la afirmación de que el conocimiento de un genocidio haya impedido, o de hecho, pueda impedir otros (Daly, 2008). Por ejemplo, Daly sostiene que la verdad sobre las atrocidades que ocurrieron durante el Tercer Reich “no salvó a las víctimas de Pol Pot ni a las personas que mueren hoy en Darfur” (Daly, 2008, p. 29). Tampoco es posible decir que el informe de una CV haya evitado futuros abusos en el mismo país (Daly, 2008). De manera similar, Saskia Nauenberg (2015) argumenta que el creciente número de CV en todo el mundo no se debe a su éxito en el manejo de atrocidades pasadas o al fortalecimiento de las democracias emergentes, sino por la influencia de “mitos racionalizados” sobre los beneficios asociados a la verdad.
Al respecto, la matriz asume que las CV deben mirar al pasado, pero no para proporcionar antídotos seguros contra futuras atrocidades. El potencial de las CV es ayudar, en ciertos contextos y en combinación con otras herramientas, a reducir la probabilidad de que algunas atrocidades futuras ocurran y aumentar la probabilidad de un progreso de orden moral y político. En otras palabras, una vez la naturaleza de los objetivos prospectivos de las CV es más modesta, dichos objetivos son más plausibles.
Es posible y deseable descentrar las comisiones de la verdad de “las víctimas”
La centralidad de las víctimas ha sido una característica definitoria y justificatoria de las comisiones de la verdad (Henriques, 2017; Moreno, 2017). De hecho, diferentes autores han definido las CV como cuerpos centrados en las víctimas. Freeman (2006) entiende que estar “centradas en las víctimas” significa que la mayor parte del tiempo de las CV debe enfocarse en las experiencias, puntos de vista, necesidades y preferencias de las víctimas; significa que “las víctimas, a diferencia de los testigos y perpetradores, constituyen el foco principal del trabajo de una comisión” (Freeman, 2006). Para Wiebelhaus-Brahm (2010) dicho carácter supone proporcionarle a las víctimas un lugar donde pueden contar sus historias y hacer que se les reconozca oficialmente.
Por su parte, Priscilla Hayner asevera que la principal diferencia entre los juicios criminales y las comisiones de verdad es justamente esa centralidad de las víctimas. Las comisiones de la verdad buscan “escuchar, respetar y responder a las necesidades de las víctimas y sobrevivientes”, mientras que la función del sistema judicial es investigar los actos criminales que se le atribuyen a los perpetradores acusados; por tal motivo, en el escenario judicial los testimonios de las víctimas están expuestos a ser desafiados agresivamente por los abogados defensores (Hayner, 2011). En general, estos autores comparten la idea de que la centralidad de las víctimas implica, básicamente, el protagonismo de las víctimas y sus testimonios de sufrimiento.
La importancia de que las víctimas tengan un espacio para contar sus testimonios de sufrimiento en las CV, ha sido generosamente justificada por múltiples razones. En el corazón de la Comisión sudafricana se justificó el poder sanador y catártico del testimoniar; el eslogan de la comisión afirmaba que “revelar es curar”; dicha asociación se explicaba con la metáfora de una herida supurante que solo podía ser sanada si era, dolorosamente, abierta y limpiada (Shaw, 2009). De manera análoga, las heridas del pasado violento eran abiertas y sanadas cuando las experiencias de sufrimiento eran verbalizadas en el presente.
Aunque esta justificación basada en el poder catártico del testimonio ha sido muy popular, estudios etnográficos y psicológicos han probado que la experiencia de testimoniar lejos de ser sanadora puede ser traumática y revictimizante (Alcoff y Gray, 1993; Ballenger et al., 2004; Byrne, 2004; De Ridder, 1997; Hamber, 2003; Hamber, Nageng y O’Malley, 2000; Marietjie, 2000; Rimé et al., 2011). En procesos terapéuticos acompañados por expertos, el testimonio a menudo se considera un ritual valioso para la curación individual (Agger y Jensen, 1990; Skaar, Gloppen y Suhrke, 2005, citados en Brounéus, 2008). Sin embargo, es muy cuestionable el impacto a largo plazo de un único testimonio, en una única sesión pública y frente a un público que no está capacitado para lidiar con la carga emocional que el testimonio puede revivir en la víctima (Hamber, 2003a).
Otro tipo de justificaciones apuntan al carácter democrático e incluyente que conlleva la experiencia de testimoniar. Abrir espacios para escuchar y contar múltiples versiones del pasado, todas igualmente válidas, aumenta la conciencia de una sociedad más tolerante y democrática (Laplante, 2007). Otros autores arguyen que la experiencia de testimoniar representa una herramienta para “el empoderamiento de los, hasta ahora, sin poder” (Rappaport, 1990, p. 18). El impacto democrático del proceso de testimoniar se relaciona con “la posibilidad de que los antiguos silenciados se conviertan en protagonistas” (Sanders, 2000, p. 20). Kirk Simpson (2007) sostiene que la historia del “terror” político exacerba el aislamiento de las víctimas, alejando sus narrativas de dolor y sufrimiento del debate público, silenciándolo, negándolo. En este sentido, las CV y sus audiencias públicas, hacen posible lo que era impensable en el pasado (Laplante, 2007): las víctimas emergen como ciudadanas detrás del muro de silencio impuesto por el conflicto violento (Simpson, 2007). Por último, las personas marginadas y excluidas son respetadas y tomadas en serio en espacios públicos y empáticos.
La propuesta de descentrar las CV de las víctimas no cuestiona en lo más mínimo los posibles impactos democráticos asociados al proceso de testimoniar, dicha propuesta comparte plenamente la trascendencia de estos espacios que visibilizan y acogen testimonios antes negados y silenciados. La propuesta de descentrar las CV busca ampliar y diversificar la participación de “las víctimas” y cuestionar la identidad y el rol de las “no víctimas” en las CV.
La matriz entiende que centrar las CV en “las víctimas” supone el riesgo de asumir unos roles fijos y homogéneos de tal forma que “las víctimas” narran sus testimonios de sufrimiento y quienes “no son víctimas” escuchan de manera pasiva pero empática lo narrado; tal asignación no contribuye a la compleja tarea que enfrentan las CV. La mirada retrospectiva, explicada en el punto anterior, apunta a dar cuenta de la alta complejidad de los conflictos que deben esclarecer las CV, y en dichos conflictos quien es víctima en un acto criminal singular puede llegar a ser un cruel perpetrador en otro (i. e. niños combatientes); o alguien que sufre una enorme injusticia puede ser incapaz de reconocerse a sí misma como víctima (i. e. víctimas de violencia sexual) o incluso puede llegar a negar el estatus de “víctima” que otros le atribuyen (i. e. por temor a las estigmatizaciones) (Selim, 2017).
En lo que respecta a la mira prospectiva, puede ocurrir, que aquellos que fueron víctimas en el pasado, reivindiquen en el presente otras identidades, tales como supervivientes, sobrevivientes o sujetos resilientes, categorías que afirman que la condición de víctima ha sido superada. Es posible también que la superación de la desgracia y la pasividad, tradicionalmente asociadas a la condición de víctima, sugieran que quienes sufrieron daños en el pasado, puedan también participar en las CV como ciudadanos que ya han reanudado sus vidas y que son capaces de sugerir remedios factibles para el futuro.
Por otra parte, la indignación de las audiencias empáticas (“las no víctimas”) frente al sufrimiento de las víctimas es importante aunque insuficiente para ofrecer una mirada prospectiva (Sánchez, 2013). Peter Novick, citado en Hamber, declara que en dichas audiencias, el público se siente fácilmente inclinado a identificarse con la experiencia de las víctimas más que con la del perpetrador, y que tal inclinación devalúa la noción de responsabilidad histórica y la complicidad de los miembros de la comunidad (Novick, 2001). Este enfoque suprime la posibilidad de generar discusiones moralmente significativas para que diferentes actores puedan expresar su voluntad de transformación y participación en la restauración de la dignidad humana y cívica de las víctimas y la sociedad (Du Toit, 2000).
En resumen, la pregunta pendiente al enfoque tradicional que centra las CV en las víctimas es sobre la identidad y el rol de las “víctimas” y las “no víctimas”: ¿cómo se traza un límite claro entre “víctimas” y “no víctimas”? ¿Es la categoría de “víctima” una categoría fija y eterna? ¿Qué se espera de las “no víctimas”? ¿La categoría de “no víctima” incluye por igual a perpetradores, indiferentes, cómplices o beneficiarios de violencia?
Erica Bouris (2007) introduce el concepto de complex political victim para indicar que el término de víctima señala una posición concreta en un contexto y una relación específica, es un concepto que determina una identidad parcial que puede ser una de varias identidades. Por lo tanto, la complex political victim no está por completo subsumida por esta posición como un sujeto victimizado; no es reducible a la condición de “víctima”, ya que otros componentes de su identidad permanecen.
Siguiendo el concepto de Bouris, Baines (2009) sugiere la expresión complex political perpetrator para describir aquellos jóvenes que ocupan espacios extremadamente marginales, en entornos de crisis crónica, y que usan la violencia como una expresión de agencia política. Dicho concepto lo utiliza para problematizar la responsabilidad que les corresponde a niños combatientes: este grupo de “perpetradores” no puede definirse únicamente por actos de violencia, por graves que sean. De lo contrario, sería desconocer los niveles de responsabilidad que llevaron a la victimización del niño (Baines, 2009). Un análisis contextual permite entender la superposición de capas de responsabilidad de actores tanto nacionales e internacionales que revelan la complejidad real de los conflictos que enfrentan las CV (Nagy, 2008).
En conclusión, las CV son encargos temporales altamente participativos que procuran establecer una mirada retrospectiva y prospectiva. Ese cometido descentra las CV de las víctimas, en cuanto requiere la más vasta participación de la más amplia gama de actores. Dicha participación, no se puede reducir a audiencias públicas en donde (i) “las víctimas” narran sus testimonios de sufrimiento y (ii) los que “no son víctimas” se reducen a un auditorio empático pero pasivo. Los actores involucrados deben tener diferentes espacios que respondan tanto a la complejidad del conflicto como a la dinámica de las identidades: las víctimas pueden participar como seres humanos que sufrieron el impacto de un acto criminal en el pasado, pero también como ciudadanas que ya han reanudado sus vidas y que son capaces de sugerir remedios viables para el futuro. Los perpetradores pueden participar aportando información fáctica que esclarezca el pasado, pero también pueden expresar y materializar su deseo de enmienda. Los ciudadanos del común pueden escuchar empáticamente los testimonios de sufrimiento de las víctimas pero además pueden asumir su responsabilidad como apáticos e indiferentes.
LA MATRIZ METODOLÓGICA
A la luz de los anteriores presupuestos conceptuales, se construyó una matriz que consta de dos variables fundamentales con sus respectivas dimensiones:
Ofrecer una mirada retrospectiva (diagnosticar los daños del pasado).
Ofrecer una mirada prospectiva (sugerir remedios para el futuro).
Contextos y antecedentes históricos.
Hechos criminales y actores involucrados (víctimas indirectas y directas, perpetradores, cómplices, etc.).
Impactos individuales y colectivos de la violencia.
Al cruzar estas dimensiones con sus respectivas variables se construyó una matriz con 16 objetivos que abarcan un amplio espectro de funciones y responsabilidades que cualquier CV podría proponer. A la luz de estos objetivos una CV naciente puede priorizar sus fines más relevantes, o una sociedad puede evaluar y monitorear qué tipo de objetivos serán privilegiados y cuáles serán pospuestos por la comisión. Esta categorización facilitará un ejercicio crítico sobre las apuestas priorizadas por la comisión, y evitará que, en el futuro, esta sea evaluada por lo que las personas esperaban de la comisión y no por lo propuesto en el mandato.
El desarrollo de la matriz implicó un trabajo conceptual y empírico simultáneo. Por un lado, se revisaron discusiones académicas sobre categorías que se consideraban fundamentales y simultáneamente, se revisaron dos experiencias internacionales significativas: las comisiones de verdad y reconciliación de Sudáfrica (en adelante SA) y las de Sierra Leona3 (en adelante SL). A medida que avanzaba la revisión, las variables y las dimensiones fueron cambiando (se diseñaron alrededor de cinco matrices previas). La versión final que se presenta en este artículo recoge los comentarios y ajustes propuestos en dos sesiones de socialización realizadas en Medellín y Cali con actores estratégicos (académicos, organizaciones de víctimas y autoridades locales).
A continuación se explican con detalle cada una de las variables temáticas que conforman la matriz (i. Contexto y antecedentes. ii. Actos criminales y actores involucrados y iii. Impactos). Para alcanzar una mejor comprensión de cada variable, lo conceptual se ilustra con la evaluación realizada de Sudáfrica y Sierra Leona. Las variables relativas a las actividades fundamentales (ofrecer una mirada retrospectiva y prospectiva) fueron explicadas con detalle en la sección anterior.
Contextos y antecedentes
André du Toit (2000) afirma que las comisiones de la verdad generalmente dan prioridad a las graves violaciones de los derechos humanos en lugar de a las injusticias sistémicas y, por ende, diagnostican las principales necesidades morales de las víctimas y los perpetradores más que las necesidades de los beneficiarios, espectadores o colaboradores. Del mismo modo, Priscilla Hayner argumenta que no es claro cómo un CV podría abordar una gama más compleja de injusticias. Para Hayner (2011) las CV suelen centrarse más en las violaciones de los derechos humanos que en las injusticias económicas y sociales.
Lisa Laplante (2008) por el contrario, propone que las CV deben contar con mandatos amplios que aspiren a examinar las causas socioeconómicas de la violencia. En su opinión, si las estructuras socioeconómicas subyacentes que condujeron a la violencia no se abordan, la paz sostenible será inalcanzable. El objetivo general de la “no repetición” comprende un enfoque holístico que debe incluir reformas estructurales.
Las CV surgen en contextos donde las violaciones a los derechos humanos no pueden reducirse a transgresiones individuales; o donde los actos delictivos pueden explicarse ignorando el contexto en el que surgieron. En este sentido, la matriz coincide con la aproximación de Laplante, en cuanto sugiere que se deben enfrentar los problemas sociales subyacentes como requisito para poder resolver los conflictos del pasado de manera sostenible. Así entonces, brindar una mirada retrospectiva, comporta establecer los antecedentes históricos que precedieron la atrocidad (antecedentes) o las fallas institucionales vigentes (contexto) que los hicieron posibles.
Esos antecedentes y contextos remiten a múltiples y variadas dimensiones. Sin intentar ser exhaustiva, la matriz plantea cuatro dimensiones que podrían ser consideradas para diagnosticar tanto los antecedentes como los contextos de ciertos actos criminales sistemáticos: la presencia de un Estado ineficiente, la presencia de un Estado criminal, marcos sociales que normalizan la atrocidad y contextos y relaciones internacionales difíciles. Según sea el caso, cada CV deberá identificar cuál de esas variables es más relevante para explicar el pasado violento. En términos generales y gruesos, es posible decir que el pasado traumático sudafricano se puede explicar mejor por la presencia de un Estado criminal y unos marcos sociales que normalizaron la segregación, y el caso de Sierra Leona responde más a la presencia de un Estado ineficiente y un escenario internacional desfavorable.
En el caso del apartheid sudafricano, la presencia de una arquitectura administrativa permitió que se orquestara un grado suficiente de cooperación y coordinación para cometer delitos sistemáticamente. El Informe de la Comisión sostiene que el Partido Nacional promovió al menos siete estrategias legislativas oficiales4 para fomentar una “contrarrevolución blanca”, todas ellas impulsadas por el racismo (Cobban, 2007). En conjunto, estas leyes se convirtieron en “un proyecto de ingeniería social de dimensiones asombrosas” gracias al cual, “desde mediados de la década de 1950 y durante los siguientes treinta años, el tejido social rural y urbano fue despedazado y recreado a la imagen de una serie de utopías racistas” (1998, 1, 2, 42).
Igualmente, ciertos marcos sociales normalizaron la segregación: (i) la demonización de los movimientos de liberación como amenazas marxista-comunistas que podrían destruir y empobrecer el país, y (ii) el racismo como doctrina ideológica sistemática que creaba al “otro” como esencialmente diferente y justificaba el “desarrollo separado”.
En el caso de Sierra Leona, la presencia de un Estado ineficiente (incapaz de gestionar los desafíos socioeconómicos y políticos más amplios de un Estado social de derecho) y un escenario internacional adverso, explican claramente los contextos y antecedentes que dieron origen al conflicto. En Sierra Leona, las estructuras administrativas y judiciales del país permitieron que la capital (Freetown) acumulara todo el poder político y financiero, dejando al resto del país sumido en la pobreza y la miseria (Shaw, 2010). Asimismo, el papel principal desempeñado por la administración de Charles Taylor en la nación vecina, Liberia (Dugal, 2009) y la ayuda de Muamar el Gadafi, en Libia (The Economist, 5 de julio de 2007), fueron esenciales para el desencadenamiento del conflicto en Sierra Leona.
En lo que respecta a la mirada prospectiva (sugerir remedios para lidiar con los antecedentes y contextos), las comisiones de SA y SL propusieron ajustes institucionales que no tuvieron mayor impacto en la transformación efectiva de las causas estructurales de la violencia, o en el desmonte del Estado criminal o en la transformación de contextos internacionales perversos.
Actos criminales y actores involucrados
La segunda dimensión temática remite a la información fáctica que permita responder a tres preguntas cardinales: ¿qué ocurrió? ¿Quién lo sufrió? ¿Quién es responsable? El esclarecimiento de lo que ocurrió implica la selección e investigación de ciertos actos criminales que ocurrieron en el pasado y produjeron un daño que debe ser remediado en diferentes dimensiones (legal, moral, financiera y psicológica, entre otras). Como se señaló en los postulados conceptuales, la selectividad obligatoria conlleva “verdades globales” (Hayner, 2011) que revelen con algún grado de certeza patrones que faciliten entender la sistematicidad de ciertos hechos criminales particulares.
Sierra Leona y Sudáfrica ilustran dos opciones metodológicas diferentes para priorizar, categorizar y presentar la voluminosa información que busca responder, de manera global, a la pregunta por lo que ocurrió en el pasado. Sierra Leona, que contaba con recursos económicos significativamente menores que Sudáfrica, utilizó primero técnicas analíticas cuantitativas y cualitativas para determinar patrones y tendencias particulares y posteriormente, diseñó audiencias que respondieran a dicha priorización. Las áreas de análisis incluyeron los tipos y frecuencias de las violaciones cometidas, los perfiles de los perpetradores y las víctimas y cualquier evidencia que permitiera una mayor focalización.
Violaciones como amputación, canibalismo forzado y desplazamiento forzado fueron independientes, debido a su carácter y frecuencia específica. Las violaciones restantes se dividieron en tres secciones: violaciones perpetradas en el contexto del secuestro; violaciones sin secuestro previo; y violaciones económicas (2004b, 3A, 4, 12)5. Estas categorías y materias principales se usaron más tarde como criterios para seleccionar los temas de las audiencias institucionales que sostuvo la Comisión y a su vez, fueron las categorías manejadas para el desarrollo del Informe Final (2004b, 1, 6).
Por su parte, Sudáfrica recibió más de 21 000 declaraciones directas de víctimas y organizó audiencias regionales en todo el país. A diferencia de la Comisión de SL, que priorizó la frecuencia de los actos criminales, los crímenes sudafricanos fueron presentados siguiendo distintos criterios: el Volumen 2 describió los crímenes cometidos dentro y fuera de Sudáfrica desde 1960 hasta 1990 (1998, 2, 1-5), el Volumen 3 (1998, 3, 1-6) describió las graves violaciones de derechos humanos desde la perspectiva de las víctimas, estructurando regionalmente las narraciones y, por lo tanto, reflejando la estructura regional de la propia Comisión (Department of Justice and Constitutional Development of the Republic of South, 2009).
Aunque SL contaba con recursos significativamente menores que Sudáfrica, la categorización temática de los crímenes cometidos a escala nacional ayudó a comprender mejor los vastos patrones de violencia (Cherry, 2009; Cole, 2010). Debido a que SL no solo se centró en crímenes contra las personas examinó los abusos cometidos contra las comunidades, ofreciendo una imagen más amplia de los abusos perpetrados en el país.
Respecto al concepto de “actores involucrados” que sugiere la matriz, este busca determinar con claridad “quién produjo el daño” y “quién sufrió los impactos de dicho daño”. Sin embargo, se sugiere que la distinción de estos roles en un determinado acto no implique la asignación perma nente de la condición de víctima o “no víctima”. La noción de “actores involucrados” pretende que la persona que es identificada como víctima en un cierto acto criminal pueda asimismo ser reconocida como sujeto resiliente, sobreviviente o ciudadano capaz de aportar en la construcción de la mirada prospectiva. También se espera que quien sea identificado como perpetrador en un acto criminal singular, de ser el caso, pueda ser reconocido como posible víctima en otro acto criminal. Hablar de “actores involucrados” es reconocer tanto la fluidez como la complejidad de ciertas identidades que se recomponen según los contextos y los momentos.
Por su parte, la noción de “actores involucrados” intenta dar espacio a los diferentes grados tanto de responsabilidad como de afectación a los que puede dar lugar un acto criminal. Por la naturaleza de los contextos donde surgen las CV, los hechos criminales no solo afectan a la víctima directa ni son responsabilidad exclusiva del perpetrador directo. Es por ello que la matriz admite la importancia de identificar las víctimas directas/indirectas, individuales/colectivas y los distintos grados de responsabilidad de diversos actores.
Los juicios penales, ya sean especiales o permanentes, son más adecuados para abordar la responsabilidad penal individual y aunque es innegable la valiosa tarea de estos tribunales, existe el riesgo de que al concentrar la atención en los asesinos más notorios o en los principales líderes se asigne, falsamente, una inocencia colectiva a la mayoría de ciudadanos que nunca dispararon un arma de fuego, pero que fueron, pasiva o activamente, cómplices de la atrocidad (Isaacs y Vernon, 2011). Es por esto, que la matriz sugiere que las CV se concentren en responsabilidades institucionales o colectivas de los beneficiarios, cómplices e indiferentes.
Igualmente, cada CV podrá escoger el modo más adecuado para identificar la responsabilidad colectiva y así establecer las formas alternativas de rendición de cuentas y sanciones no penales para lidiar con dichas responsabilidades, tales como responsabilidad civil extracontractual, restitución, disculpas públicas, reconocimiento público, reparaciones simbólicas, etc. Además, la matriz plantea que la mirada prospectiva para lidiar con, debe apuntar a la construcción de un reporte que sistematice y visibilice los actos criminales y los actores involucrados. Se recomienda considerar alternativas creativas para maximizar la difusión e impacto del reporte.
Tanto en el caso de Sierra Leona como Sudáfrica, la lista de víctimas individuales y el reporte son los legados más ricos e importantes de dichas comisiones para el futuro. El reporte de SL se diseminó por todo el país y se tradujo en versiones que los diferentes sectores de la sociedad podían requerir (incluida una versión para niños). El ejemplo de Sudáfrica muestra que, a pesar de que la difusión del reporte fue limitada (no se tradujo a todos los dialectos, en lo que fueron recibidas las declaraciones), su visibilidad fue alta debido a que las audiencias públicas durante la CV, fueron transmitidas por televisión.
En cuanto a los perpetradores, es un logro enorme que ambas comisiones hayan responsabilizado a todos los grupos criminales del conflicto según los mismos estándares. Aunque hubo imparcialidad para juzgar responsabilidades criminales, ninguna de las dos comisiones exploró cuidadosamente otros grados o tipos de responsabilidad.
Impactos
La matriz sugiere que las CV identifiquen y documenten los diferentes impactos (psicológicos, mentales, físicos, económicos, etc.) que los actos criminales hayan podido tener sobre las víctimas indirectas/directas, individuales/colectivas o atendiendo. A partir de la identificación de dichos impactos, tanto los “actores involucrados” como los comisionados pueden proponer o visibilizar remedios para lidiar con tales impactos. La propuesta de la matriz es que la mirada prospectiva, que busca proponer remedios para batallar con los impactos de los actos criminales, se caracterice por la más amplia participación posible, en el sentido que estos espacios dialógicos apunten a recuperar la capacidad de resolver conflictos pacíficamente y llegar a entendimientos comunes (Habermas, 1990).
En el caso de Sierra Leona y Sudáfrica se resalta que SA se concentró más en documentar los impactos psicológicos y físicos de los actos criminales en ciertos individuos. Por el contrario, SL al prestar especial atención a las mujeres, los niños y los jóvenes, se enfocó más en documentar los impactos que ciertos grupos humanos habían sufrido. En ese sentido, la tarea de identificar los impactos está profundamente relacionada con la forma en que la CV defina y delimite la noción de víctima.
CONCLUSIÓN: EL DECRETO 588/2017 A LA LUZ DE LA MATRIZ METODOLÓGICA
El “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” firmado por el Gobierno nacional de Colombia y las FARC-EP en noviembre de 2016, prevé la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (en adelante Sistema) que quedó incorporado en la Constitución Política a través del acto legislativo 01/2017 y estará compuesto por los siguientes mecanismos y medidas: la CEV, la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en razón del Conflicto Armado; la Jurisdicción Especial para la Paz y las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición. En lo que atañe específicamente a la CEV, el decreto 588/2017 reglamentó la comisión “como un ente autónomo e independiente del orden nacional, de rango constitucional, con personería jurídica, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica, sujeto a régimen legal propio, por un periodo de tres años de duración”.
Según lo establecido por la ley, el Comité de Escogencia6 publicó en noviembre de 2017, el nombre de los once comisionados que conformarán la Comisión para el Esclarecimiento: Alejandra Miller Restrepo, Alejandro Valencia Villa, Alfredo Molano Bravo, Carlos Beristain, Carlos Ospina Galvis, Francisco de Roux Rengifo, Lucía González Duque, María Ángela Salazar Murillo, María Patricia Tobón Yagarí, Martha Ruiz Naranjo y Saúl Franco Agudelo. Su posesión oficial como comisionados fue el 16 de mayo de 2017. A partir de esa fecha, el decreto contempla un periodo de hasta seis meses para preparar todo lo necesario para su funcionamiento. Una vez finalice dicho periodo de preparación, empezarán a contar los tres años de operación previstos para la CEV.
El propósito de esta última sección es sistematizar lo propuesto por el decreto 588/2017 a la luz de la matriz metodológica (véase tabla 2). El ejercicio no busca imponer objetivos adicionales a la ya sobrecargada comisión. El ejercicio busca categorizar de acuerdo con la matriz, los objetivos, funciones y mandato que el decreto contempló para la CEV y así ayudar a precisar las expectativas que es posible tener frente a la comisión. La tabla 2 resume el ejercicio realizado y en unos cuantos puntos sintetiza lo que podrían ser las apuestas más significativas de la CEV.
A la luz de esta sistematización es posible afirmar que la mirada retrospectiva de la CEV estará caracterizada por los siguientes aspectos: (i) buscará ofrecer un entendimiento compartido sobre las múltiples causas del conflicto y los factores que contribuyeron a la persistencia del mismo, pero enfatizará en esclarecer el fenómeno del paramilitarismo; (ii) entenderá por actos criminales todas las graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario, pero enfatizará en el desplazamiento forzado, despojo de tierras y lo relativo a drogas ilícitas y lavado de activos; (iii) promoverá el reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas de múltiples actores; y (iv) esclarecerá el impacto del conflicto de una manera amplia que incluya no solo a las víctimas y a la sociedad, sino también a los combatientes y sus familias.
Por su parte, la mirada prospectiva se caracterizará por: (i) no apostarle a la sugerencia de remedio que contribuya a la superación de los contextos y antecedentes que dieron lugar a la violencia; (ii) ofrecer espacios dialógicos que dignifiquen a las víctimas; (iii) elaborar un reporte que logre la más amplia y accesible difusión; y (iv) reconocer a las víctimas en su condición de sujetos resilientes y visibilizar dichas experiencias como formas de promover la convivencia.
Dada la naturaleza del decreto, los anteriores objetivos siguen siendo demasiado dilatados; una vez la comisión publique su mandato, será posible realizar un ejercicio todavía más preciso. Sobre esta versión más afinada de categorización, sería conveniente y deseable realizar un ejercicio crítico sobre las bondades y defectos que conllevan las apuestas de la CEV. No obstante, este ejercicio escapa del objeto de este artículo. En el futuro, tanto los postulados conceptuales como la matriz, pueden ser criterios que le permiten a las comunidades categorizar sus expectativas a la luz de las posibilidades ofrecidas por la CEV en su mandato. Esta categorización es fundamental para que en una próxima evaluación de impacto de la comisión, a esta no se le juzgue por lo que las personas esperaban de ella, sino a la luz de las apuestas y promesas del mandato de la CEV.
A modo de conclusión, es importante señalar un horizonte verdaderamente novedoso que se abre para la CEV, de acuerdo con los objetivos categorizados. La apuesta de la CEV por reconocer a las víctimas en su condición de sujetos resilientes y visibilizar sus experiencias, materializa el presupuesto conceptual de la matriz de “descentrar a las CV de las víctimas” y abrir espacios que atiendan otras múltiples identidades.
Muchas experiencias locales adelantadas en Colombia, ofrecen un gran repertorio de remedios efectivos que han permitido a las víctimas reiniciar sus vidas y recuperar los lazos de confianza dentro de sus comunidades. Si la CEV articula esos esfuerzos a su mirada prospectiva, logrará algo que ninguna otra CV ha conseguido en el mundo: brindar remedios efectivos que mejoren la calidad de vida de sus participantes.
La noción de Iniciativa Memoria Histórica, acuñada por el Grupo de Memoria Histórica (2009), resalta el carácter “fundacional” de estas experiencias: su éxito radica en que transforman espacios devastados, en espacios donde es posible de nuevo la cotidianidad de la comunidad, hacen de las ruinas un lugar donde es posible una cierta “forma de vida”. Son un homenaje a la agencia humana y a la capacidad que tiene el ser humano de transformar condiciones que le son adversas (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y Grupo de Memoria Histórica, 2009).
Este es el caso del Cineclub Itinerante de los Montes de María, la proyección de películas en lugares devastados por la guerra, le facilitó a la gente volver a encontrarse con los amigos y conversar en lugares donde antes era imposible estar (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y Grupo de Memoria Histórica, 2009). O el caso de las Abrazadas del oriente antioqueño, allí perfeccionaron con el tiempo procesos comunitarios para elaborar su duelo de manera satisfactoria a través de muñecas, árboles de la vida, colchas bordadas, quitapesares y cuadros de telas. Sus confecciones cuentan sus historias para que no se olviden los hechos del pasado pero también materializan sus sueños y anhelos de futuro (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y Grupo de Memoria Histórica, 2009).
En suma, estas iniciativas proporcionan una mirada retrospectiva (visibilizando los impactos de la violencia) y prospectiva (ofrecen efectivos remedios para lidiar con esos impactos). Si la CEV articula esta experiencia local, la visibiliza, la acompaña y la fortalece, la Comisión colombiana habrá aportado de manera efectiva a la convivencia de los territorios donde se haga presente.
