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Análisis Político

Print version ISSN 0121-4705

anal.polit. vol.32 no.95 Bogotá Jan./Apr. 2019

http://dx.doi.org/10.15446/anpol.v32n95.80822 

Dossier

Reintegración social de excombatientes en dos comunidades de paz en Colombia*

SOCIAL REINTEGRATION OF EX-COMBATANTS IN TWO PEACE COMMUNITIES IN COLOMBIA

Cécile Mouly*  , Esperanza Hernández Delgado**  , Jaime Giménez*** 

1Ph.D. en Estudios Internacionales por la Universidad de Cambridge (Cambridge, Reino Unido). Profesora investigadora del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación y coordinadora del Grupo de Investigación en Paz y Conflicto, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flacso- Ecuador. Correo electrónico: camouly@flacso.edu.ec

**Ph.D. en Paz, Conflictos y Democracia por la Universidad de Granada (Granada, España). Profesora investigadora del Doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle (Bogotá, Colombia). Correo electrónico: eehernandez@unisalle.edu.co

***Magíster en Relaciones Internacionales (Flacso Ecuador). Investigador del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - Flacso Ecuador. Correo electrónico: jaimegsb1@gmail.com

RESUMEN

Este artículo analiza y compara la reintegración social de excombatientes en dos comunidades de paz en Colombia, la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (Santander) y Samaniego (Nariño). Con base principalmente en entrevistas a excombatientes y pobladores, examinamos cómo ambas comunidades, cada una a su manera y en distintos grados, proveyeron garantías de seguridad a los excombatientes, ayudaron a reducir la estigmatización de los mismos, les ofrecieron oportunidades de participación y los acompañaron en su reintegración. Argumentamos que las características de ambas como comunidades de paz, especialmente su alto capital social, facilitaron la reintegración social de excombatientes. Sin embargo, la primera comunidad de paz, al estar más consolidada, tuvo mejores resultados.

Palabras-clave: excombatientes; reintegración; Colombia; comunidades de paz; participación social

ABSTRACT

This article analyses and compares the social reintegration of ex-combatants in two peace communities in Colombia, the “Peasant Worker Association of the Carare River” (Santander) and Samaniego (Nariño). Based primarily on interviews with ex-combatants and villagers, we examined how both communities, each in its own way and to varying degrees, provided security guarantees to ex-combatants, helped to reduce the stigmatization of ex-combatants, offered them opportunities for participation and accompanied them in their reintegration. We argued that the characteristics of both as peace communities, especially their high social capital, facilitated the social reintegration of ex-combatants. However, the first peace community, being more consolidated, had better results.

Key words: ex-combatants; reintegration; Colombia; peace communities; social participation

INTRODUCCIÓN

Este artículo examina la reintegración social de excombatientes de grupos armados no estatales (guerrillas y grupos paramilitares) en dos comunidades de paz en Colombia: la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), situada en el departamento de Santander; y el municipio de Samaniego, en el departamento de Nariño. La ATCC y Samaniego son comunidades marginadas y muy afectadas por el conflicto armado1. Aunque no fue posible obtener un estimado de la cifra de excombatientes que se reinsertaron en esas comunidades a pesar de nuestros esfuerzos por lograrlo, creemos que su número es significativo en ambas localidades, incluyendo casos de excombatientes que se reasentaron en la zona y posteriormente se trasladaron a otras partes o fallecieron. Por eso, los dos casos de comunidades de paz son útiles para comprender cómo se ha llevado a cabo la reintegración social en este tipo de comunidades.

En este artículo analizamos y comparamos los procesos de reintegración social de excombatientes de grupos armados no estatales en ambas comunidades desde los años noventa, cuando ocurrieron las primeras desmovilizaciones significativas, hasta 2017. Este análisis permite entender cómo las comunidades de paz pueden facilitar estos procesos y cómo sus características, en particular su alto capital social, pueden favorecerlos.

Al hablar de comunidades de paz nos referimos a comunidades que se han declarado imparciales en el conflicto armado. Estas declaraciones se produjeron tras una deliberación colectiva y su meta fue proteger a los habitantes frente a la violencia generada por actores armados legales e ilegales en pugna. Además, las comunidades de paz utilizan medios no violentos para conseguir sus objetivos y, por lo común, son la cristalización de un largo proceso de empoderamiento de las bases en respuesta a la necesidad de defenderse de los altos niveles de violencia armada (véanse Sanford, 2003; Valenzuela, 2010).

En el contexto colombiano, las comunidades de paz que han surgido como respuesta al conflicto armado interno suelen afirmar públicamente su posición imparcial, en general a partir del momento en que estas experiencias emergen. Esta postura se convierte en un mecanismo de autoprotección y, a su vez, contribuye a una reducción de la violencia armada en su territorio (véanse Hernández, 2004, 2009; Kaplan, 2017; Mitchell y Hancock, 2007; Valenzuela, 2010). También solicitan a la población que se abstenga de colaborar con cualquier grupo armado e imponen reglas de comportamiento en sus territorios que limitan las acciones de los actores armados. Según la literatura, estas comunidades de paz comparten características como la imparcialidad, la organización social, la cohesión, el diálogo y la noviolencia (Hernández, 2009; Idler, Garrido y Mouly, 2015), que pueden influir en los procesos de reintegración social de los excombatientes de grupos armados no estatales.

No existen muchos estudios sobre reintegración de excombatientes, en especial a largo plazo (Hennings, 2018). Además, los existentes acostumbran usar indicadores cuantitativos, mientras, según sostiene el experto Desmond Molloy 2017, p. 3, “los factores críticos para alcanzar resultados óptimos en procesos de DDR [desarme, desmovilización y reintegración] son efectivamente las percepciones, actitudes y confianza de las partes interesadas, incluyendo las de las comunidades de acogida que a menudo son pasadas por alto”. Además, ningún estudio se ha enfocado en la reintegración social de excombatientes en comunidades de paz, pese al potencial que dichas comunidades tienen como centros de acogida.

Dicho lo anterior, en el caso de la ATCC debemos reconocer los aportes de Hernández (2012) y Kaplan (2013), quienes plantearon que la participación social, la imparcialidad y el diálogo facilitaron la reintegración social de excombatientes en esa comunidad. Por consiguiente, al analizar de forma cualitativa y comparar la reintegración social de excombatientes en dos comunidades de paz, este artículo aporta tanto a la teoría como la práctica. Sobre todo, permite entender cómo ciertas características de las comunidades de paz facilitan dicha reintegración social, lo cual ofrece insumos útiles para el diseño de políticas de reintegración.

De acuerdo con el estado del arte actual, los espacios y hábitos de participación social favorecen la reintegración de excombatientes (Kaplan y Nussio, 2018). Sin embargo, no se conoce con precisión cómo otras características de las comunidades de paz influyen en este proceso. Por ende, al escoger dos casos con un nivel relativamente similar de organización social y con oportunidades semejantes en materia de participación social, pero con variaciones en cuanto a otros factores propios de las comunidades de paz, este documento ayuda a entender cómo otras características pueden favorecer la reintegración social.

Utilizamos una metodología cualitativa para estudiar la experiencia de reintegración social de exmiembros de grupos guerrilleros y paramilitares en la ATCC y en el municipio de Samaniego. Durante el trabajo de campo en estas comunidades, realizamos entrevistas semiestructuradas a excombatientes, pobladores y actores externos. Seleccionamos excombatientes de distintos grupos armados, considerando duración en los mismos, género, edad y rango. Además, escogimos a personas que se desmovilizaron en diferentes momentos y según plurales circunstancias para tomar en cuenta la incidencia de estos factores -véase Hennings (2018) sobre la importancia de entrevistar a distintos subgrupos de excombatientes2.

Nuestras entrevistas indagaron por los procesos de reintegración social en mención, incluyendo sus fortalezas y retos, y por la relación entre las características de estas comunidades y la reintegración social. También permitieron entender las percepciones y actitudes de los propios excombatientes y comunidades de acogida, lo cual, como ya se expuso, es crucial (Molloy, 2017). Usamos claves para referirnos a todos los entrevistados para garantizar su seguridad y mantener el principio de confidencialidad que orientó nuestras entrevistas.

En las siguientes secciones desarrollamos nuestro argumento así: primero, introducimos los dos casos y comparamos su grado de consolidación como comunidades de paz. Segundo, examinamos la literatura sobre desarme, desmovilización y reintegración (DDR), poniendo énfasis en los factores que favorecen la reintegración social de los excombatientes. Tercero, analizamos y comparamos los dos casos para entender cómo sus características como comunidades de paz facilitaron la reintegración social de excombatientes. Por último exponemos las conclusiones del estudio.

LOS CASOS: LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE Y EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO

Nuestro primer caso de estudio es la ATCC en la región del Magdalena Medio santandereano, tradicionalmente marginada, con poca presencia estatal (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2011; Hernández, 2004, 2012). En los años ochenta se produjo una incursión paramilitar en este territorio que había sido dominado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde mediados de la década de 1960. Entre 1975 y 1987, alrededor de un 10 % de la población fue asesinada a causa del conflicto armado (Kaplan, 2017). En este contexto, en medio del fuego cruzado emergió la ATCC en 1987 para hacer frente a los grupos armados de forma pacífica. Esta experiencia convirtió a la ATCC en comunidad de paz. Los campesinos de la zona conformaron la asociación frente al ultimátum del Ejército de unirse a la guerrilla, unirse a los paramilitares, desplazarse o morir.

La creación de la organización ayudó a enfrentar el reclutamiento de civiles por todos los grupos armados, las infracciones al derecho internacional humanitario perpetradas por ellos y a reducir significativamente la violencia armada (Hernández, 2004, 2012; Valenzuela, 2008). A partir de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006 y gracias a los esfuerzos de la ATCC, la confrontación armada cesó en el área, pero el rol de la asociación siguió siendo relevante. En particular, contribuyó a la planificación del desarrollo económico de la zona, ejerció como grupo de presión ante los diferentes niveles de gobierno y ayudó a la reintegración de numerosos excombatientes (Kaplan, 2017). La ATCC, que recibió el Premio Nobel Alternativo de Paz en 1990, se consolidó como proceso de resistencia noviolenta exitoso gracias a la unidad y la alta participación de los habitantes de su zona de influencia, su compromiso con el proyecto de comunidad de paz y especialmente su uso del diálogo con todos los actores armados (Hernández, 2004).

El segundo caso es Samaniego, cuya población civil se ha movilizado contra la violencia armada desde 1997. En ese municipio cercano a la frontera con Ecuador han tenido presencia varios grupos armados como las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como fuerzas paramilitares y ahora neoparamilitares (Mouly, Garrido e Idler, 2016; Mouly, Idler y Garrido, 2015). Para minimizar los efectos de la violencia armada sobre sus vidas, los habitantes de Samaniego organizados alrededor de su entonces alcalde Manuel Cuéllar declararon al municipio territorio de paz en 1998 y a partir de entonces trataron de mantenerse imparciales en el conflicto armado (Diario del Sur, 23 de enero de 1998). Posteriormente, la administración del alcalde Harold Montufar (2004-2007) planteó un Pacto Local de Paz consistente en diez puntos que tanto la comunidad como los actores armados debían respetar. Entre estos puntos destacaba el no involucramiento de la población civil en el conflicto armado (Mouly et al., 2016).

Además de las iniciativas institucionales, la población de Samaniego se caracteriza por una fuerte organización social. Una de las áreas del municipio más marginadas y afectadas por la guerra, conocida como el “sector de la montaña”, se define por su organización. Allí, debido a la débil presencia del Estado, los habitantes aprendieron a vivir y a interactuar con las guerrillas, creando sus propios mecanismos para promover el desarrollo, impartir justicia, asegurar la seguridad pública, etc. Tras un largo recorrido, en 2008 aproximadamente la población del sector de la montaña decidió hacer reconocer su territorio como resguardo indígena (pese a que la mayoría de los habitantes no eran indígenas). Esto le permitió conformar un cabildo para elegir sus propias autoridades y tener sus propias fuerzas de seguridad (guardia indígena) (Masullo, Mouly y Garrido, M. B., 2019).

Si comparamos ambos casos, constatamos que la ATCC es una comunidad de paz más consolidada que Samaniego (véase tabla 1). En efecto, Samaniego ha tenido más dificultades para respetar el principio de imparcialidad de forma constante. Así siguió sufriendo los efectos de la guerra después de la declaración como municipio de paz, aunque la situación mejoró de manera notable durante ciertas épocas como la del Pacto Local de Paz, las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno nacional (2012-2016) y los acercamientos con el ELN durante la presidencia de Juan Manuel Santos. Asimismo, las características de las comunidades de paz, es decir, cohesión, organización social, diálogo e imparcialidad, han sido más o menos prominentes en diferentes partes del municipio. Así, desde hace al menos diez años, el sector de la montaña ha sido el área donde estos aspectos más destacan y, como veremos más adelante, es la zona donde se encontraron más casos exitosos de reintegración social de excombatientes.

Tabla 1 Comparación de las comunidades de paz: Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare y municipio de Samaniego 

Fuente: elaboración propia.

DESARME, DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN

Se entiende por DDR a los procesos de dejación de armas, abandono del estatus de combatiente y vuelta a la vida civil que siguen los actores armados en el curso de un conflicto armado o tras la finalización de este. Según los Estándares Integrados de DDR de las Naciones Unidas, el desarme consiste en “la recolección, documentación, control y eliminación de pequeñas armas, munición, explosivos y armas ligeras y pesadas de los combatientes y en ocasiones también de la población civil” (United Nations, 2006, p. 2). Por su parte, la desmovilización “es la desvinculación formal y controlada de los combatientes activos de las fuerzas armadas u otros grupos armados” (United Nations, 2006, p. 2). Asimismo, la reintegración “es el proceso por el cual los excombatientes adquieren el estatus civil y consiguen un empleo e ingresos sostenibles” (United Nations, 2006, p. 2).

Desde finales de los años ochenta, Colombia ha vivido varios procesos de DDR de combatientes pertenecientes a distintos grupos armados no estatales. Tras las negociaciones de paz durante el gobierno de César Gaviria, cinco grupos guerrilleros dejaron las armas. Un total de aproximadamente 5000 combatientes del Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Movimiento Armado Quintín Lame y la Corriente de Renovación Socialista (CRS), que se desprendió del ELN, pasaron por procesos de DDR entre 1989 y 1994 (Guáqueta, 2007). Más tarde, ya en 2005, más de 31 000 combatientes de las AUC dejaron las armas (Gutiérrez y González, 2012). Además, otros 25 000 miembros de las FARC, el ELN y las AUC se desmovilizaron individualmente entre 2002 y 2012, según datos del Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración de la Universidad Nacional de Colombia3. Más recientemente, en 2016, las FARC iniciaron un proceso colectivo de DDR después de la firma de un acuerdo de paz con el gobierno.

Los tres componentes del proceso de DDR están íntimamente ligados. Cuando el desarme y la desmovilización se producen de manera efectiva, se mejoran las condiciones de seguridad en el contexto nacional y local y con ello se facilita la reintegración de los excombatientes (Spear, 2002). Tras el proceso de desarme y desmovilización, que suele ocurrir después de un periodo de tiempo en el que los combatientes se acantonan en zonas seguras a la espera de estar preparados para volver a la vida civil, llega el momento de la reintegración (Özerdem, 2013). Entonces, los desmovilizados se instalan en el lugar elegido y comienzan su reintegración (Kingma, 2001).

La reintegración efectiva de los excombatientes depende de muchos factores. Así, según Caramés, Fisas y Luz (2006, p. 4), “implica factores políticos, militares, de seguridad, humanitarios y socioeconómicos […], de dignificación de las personas que intervienen en él”. Entre ellos, destacan (i) la capacidad de adquirir una fuente de ingresos que permita a los desmovilizados vivir de forma independiente, (ii) la garantía del ejercicio de los derechos políticos básicos como el sufragio activo y pasivo y (iii) la posibilidad de reinsertarse en la vida comunitaria de los lugares en los que ubican su residencia tras el abandono del grupo armado (De Zeeuw, 2008; Fisas, 2011; Herrera y González, 2013; Kingma, 2001; Özerdem, 2013; United Nations, 2006). Estas tres particularidades son la piedra angular, respectivamente, de tres tipos de reintegración: económica, política y social. En este artículo nos centraremos en la reintegración social.

En Colombia, los diferentes procesos de reintegración han tenido resultados dispares. En el ámbito político, casos como el del M-19 y la CRS, cuya reinserción se dio en la primera mitad de los años noventa, llevaron a algunos de sus líderes a la vida política legal y, en el primer caso, esta guerrilla se convirtió en un partido político. A su vez, el M-19 y el EPL participaron en la constituyente que generó la Constitución Política de 1991. En cambio, la reintegración de las AUC no fue tan exitosa, ya que “Miles de ex paramilitares permanecieron o regresaron a las actividades de combate y crearon un nuevo tipo de organización, más local y enfocada en el narcotráfico, conocida por la policía como Bacrim” (Gutiérrez y González, 2012, p. 116). Los grupos neoparamilitares siguen operando en varias partes de Colombia a la fecha. En una encuesta gubernamental publicada en 2010, se afirma que el 97 % de los excombatientes consultados aseguraron que para alcanzar una reintegración completa necesitaban convertirse en miembros activos de sus comunidades (Departamento Nacional de Planeación, 2010). Este dato da cuenta de la importancia de la reintegración social para los desmovilizados colombianos y justifica la relevancia de este estudio en el contexto actual, cuando los excombatientes de las FARC se encuentran en un proceso colectivo de reintegración tras la firma del Acuerdo de paz con el gobierno nacional en 2016.

La reintegración social se refiere a la capacidad de los excombatientes para volver a formar parte del tejido social, participando de las decisiones colectivas de las comunidades donde se establecen sin retomar las acciones violentas e ilegales del pasado (Herrera y González, 2013; Kaplan y Nussio, 2018; Özerdem, 2013). Al igual que Kaplan y Nussio (2018), consideramos que una mayor reintegración social de los excombatientes se observa cuando estos participan más en su comunidad, involucrándose en actividades que incluyen otros actores además de los propios excombatientes. La reintegración social depende tanto de la agencia de las personas desmovilizadas como de la estructura de las comunidades receptoras. Además, depende de factores como

[…] la duración del conflicto, el tiempo de permanencia en los grupos armados, el rol dentro del grupo armado, los cambios y efectos de la violencia en la comunidad durante el tiempo de las hostilidades y la reintegración económica como catalizador en el proceso de reintegración a la vida y las actividades cotidianas del entorno comunitario (Herrera y González, 2013, p. 286).

En este artículo nos enfocamos en las comunidades receptoras, es decir, en la ATCC y el municipio de Samaniego4.

Un primer factor indispensable es contar con un entorno de seguridad en el que los excombatientes puedan desarrollar sus vidas sin miedo a sufrir represalias por sus actividades pasadas. En efecto, pueden confrontar peligros para su seguridad personal al participar en eventos públicos de la comunidad que los expongan a revanchas de actores armados (Nussio, 2011). Así, “Un ambiente de inseguridad puede limitar los incentivos para participar en la comunidad” y, de esta manera, dificultar la reintegración social de los excombatientes (Kaplan y Nussio, 2018, p. 137). Más adelante, analizaremos cómo ambas comunidades de paz han provisto garantías de seguridad para la reintegración de los excombatientes en su territorio. En particular, estudiaremos cómo el diálogo con los actores armados y el principio de imparcialidad al que suelen adherirse estas comunidades pueden imprimirles mejores condiciones de seguridad que sus vecinas, al mantener a los actores armados al margen de la toma de decisiones comunitarias.

Un segundo factor esencial para la reintegración social de los excombatientes es el capital social, que tiene que ver principalmente con la confianza entre las comunidades receptoras y los desmovilizados, las normas que regulan su comportamiento y las relaciones y redes sociales que sirven de apoyo a los excombatientes en su proceso de reintegración (Kilroy y Basini, 2018).

Robert Putnam definió el capital social como “las características de la organización social, como la confianza, las normas y las redes que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad facilitando acciones coordinadas” (citado en Kilroy y Basini, 2018, p. 5). Las comunidades de paz que surgen de luchas de resistencia civil por la necesidad de protección frente a la violencia armada, como nuestros dos casos de estudio, se caracterizan por adoptar una serie de compromisos, normas y prácticas de transformación pacífica de la conflictividad generada por el conflicto armado. Estas últimas incluyen la interlocución con los actores armados para limitar su accionar y proteger mínimos vitales como la vida, el territorio y la autonomía (Hernández, 2004, 2009). También han establecido fuertes redes de apoyo, dinamizadas a través de la alta participación y cohesión social. Por eso, podemos afirmar que se trata de territorios con un alto capital social. Además, su experiencia de diálogo con los actores armados estatales y no estatales, desde una posición de imparcialidad, facilita la construcción de un vínculo de confianza entre comunidad y excombatientes que buscan reintegrarse a la sociedad.

Los excombatientes pueden tener distintos impactos en las comunidades receptoras. McEvoy y Shirlow (2009) por ejemplo, señalan que estos pueden llegar a desempeñar un liderazgo que fortalezca a las comunidades. En cambio, Themnér (2011) alerta sobre la posibilidad de que estos se conviertan en fuentes de desestabilización que dificulten el fin de la violencia armada. El capital social en las comunidades receptoras desempeña un papel crucial en el comportamiento de los excombatientes porque, “mediante el restablecimiento de los lazos familiares, laborales y civiles, se refuerza la cohesión social y los vínculos de los individuos con la sociedad, lo que posteriormente incentiva a los excombatientes a dejar la violencia” (Özerdem, 2013, p. 56). De forma parecida, Molloy (2017) recalca el rol que pueden tener las comunidades para disuadir a los excombatientes de reincidir, al aceptarlos, persuadirles de tener un buen comportamiento y aconsejarles, entre otros.

Además, al regresar a sus lugares de origen cuando es el caso, los excombatientes encuentran entornos diferentes a los que dejaron atrás cuando tomaron el camino de las armas. Muchas veces, las comunidades a las que retornan sufrieron altas dosis de violencia y destrucción que dejaron secuelas en sus habitantes, lo que dificulta el proceso de reinserción (Arjona y Kalyvas, 2008; Özerdem, 2013). Según Avoine y Bolívar Durán (2018) esa violencia, unida a la ausencia de procesos de búsqueda de la verdad a gran escala, supone un reto para la aceptación social de los desmovilizados en Colombia. Efectivamente, uno de los mayores desafíos para la reintegración social de estas personas es la estigmatización. Frente a este reto, el capital social permite no solamente que la comunidad esté mejor preparada para el esfuerzo que supone recibir a los excombatientes sino también que estos tengan más posibilidades de participar en los asuntos colectivos, reconstruyendo las relaciones de confianza, comunicación y cooperación entre ellos y el resto de la comunidad (Bowd y Özerdem, 2013).

Un tercer factor clave, ligado de cierto modo al anterior, son las oportunidades de participación. Según Kaplan y Nussio (2018) las comunidades que son más participativas permiten una mayor participación de los excombatientes, dándoles más oportunidades de inserción y mejorando así su reintegración social. Además, estas comunidades tienen más posibilidades de proteger a los excombatientes frente a los grupos armados que representen un peligro para ellos. En cambio, en las comunidades con menos participación social los excombatientes acostumbran a organizarse entre ellos mismos, limitando así su integración en la vida colectiva general (Kaplan y Nussio, 2018).

La literatura sobre reintegración de excombatientes recomienda aplicar un enfoque comunitario que haga partícipe y beneficie a toda la colectividad (véanse Fisas, 2011; Herrera y González, 2013; Kingma, 2001; Molloy, 2017; Özerdem, 2013). Este enfoque ayuda a evitar los resentimientos hacia los desmovilizados por ser un grupo privilegiado por las agencias de apoyo y facilita que las comunidades acojan a los excombatientes y se apropien del proceso mediante su participación directa en la toma de decisiones (Department of Peacekeeping Operations, 2010; Özerdem, 2013). De esta forma, “la participación de las comunidades durante la implementación de la política brinda la oportunidad de legitimar el proceso y crear espacios para la reconciliación” (Herrera y González, 2013, p. 300). También puede contribuir a evitar la reincidencia (Molloy, 2017). Ese enfoque, por tanto, favorece la reintegración social al reducir la estigmatización de los excombatientes y permitirles participar junto con la comunidad en la toma de decisiones acerca del proceso de reintegración.

En los próximos apartados analizaremos cómo las dos comunidades de paz en estudio, por sus distintas características, facilitaron la reintegración social de los excombatientes durante el periodo de análisis. Lo haremos en torno a cuatro ejes. Primero, examinaremos cómo estas proveyeron garantías de seguridad a los excombatientes. Segundo, observaremos cómo contribuyeron a la aceptación de los excombatientes. Tercero, nos centraremos en las oportunidades de participación social y, cuarto, en el desarrollo de procedimientos para acompañar el proceso de reintegración social.

GARANTÍAS DE SEGURIDAD

Como vimos arriba, un factor esencial para la reintegración social es la seguridad de los excombatientes. A continuación, examinamos cómo la ATCC ha desempeñado un papel ejemplar en la provisión de garantías de seguridad para los excombatientes, mientras que en Samaniego ha sido más difícil con excepción de algunas localidades dentro del municipio y del periodo del Pacto Local de Paz.

Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare

Gracias a condiciones de seguridad adecuadas, varios exguerrilleros y exparamilitares se reintegraron bajo el paraguas de la ATCC y ahora viven pacíficamente junto a sus antiguos enemigos y las comunidades. Según Hernández 2004, 2012 la ATCC se benefició de su larga experiencia de diálogo con actores armados y logró acuerdos con distintos grupos armados que permitieron a excombatientes permanecer en el territorio sin correr riesgos. La confianza que ganó de parte de los actores armados en estos diálogos le facultó para garantizar la seguridad de los excombatientes en su área de influencia (Hernández, 2004, 2012; Kaplan, 2013).

Por ejemplo, A03, un excomandante de las FARC explicó cómo la asociación había intermediado con las AUC para que le respetaran la vida luego de reintegrarse en el área. Quiso instalarse allí porque contaba con una finca familiar. No obstante, esta se encontraba en una zona controlada por paramilitares. Tras dos años laborando en su finca, le llegaron noticias de que los paramilitares querían matarlo. Pidió ayuda a la ATCC y con la interlocución de esta se reunió con el comandante paramilitar alias ‘Botalón’, quien prometió que, si A03 se mantenía alejado del grupo armado al que perteneció, se le respetaría la vida (entrevistas A03, diciembre 2016, octubre 2018). Un dirigente de la ATCC puntualizó que las AUC no volvieron a amenazar a A03, ya que este cumplió y se limitó a trabajar como un campesino sin crear problemas (entrevista A02, diciembre 2016).

De forma parecida, A08, un exparamilitar reintegrado en el área de influencia de la ATCC, explicó el importante rol de la asociación en la garantía de su seguridad. Después de ocupar un cargo durante cinco meses en las AUC en otra área, decidió abandonar las autodefensas debido a que estaba en desacuerdo con los asesinatos arbitrarios de civiles que llevaban a cabo. Tras expresar estas diferencias, A08 sufrió un intento de asesinato y se vio obligado a huir a Bogotá. Más adelante, entró en un programa gubernamental de reintegración en la ciudad de Cimitarra y, un tiempo después, se estableció en la zona de influencia de la ATCC.

En un primer momento tuvo problemas con la población de una vereda porque se negó a plantar coca en una zona donde la mayoría de los campesinos sembraban ese cultivo. Tuvo que desplazarse durante cinco meses a Bucaramanga, pero después regresó con el apoyo de la ATCC. Cuando en una ocasión llegó el Ejército para erradicar la coca, alguien acusó a A08 de haber avisado a los militares, pero “la gente ya decía que era imposible que [A08] haga eso” (entrevista A08, diciembre 2016). Por tanto, A08 se ganó la confianza de sus vecinos y pudo permanecer en el territorio.

Este mismo excombatiente expresó su temor a la posibilidad de que en una zona con dominio guerrillero o paramilitar, que no fuera comunidad de paz, ya le hubieran matado por haberle reconocido. Dijo que la región de la ATCC era “una región de paz” (entrevista A08, diciembre 2016). Y alabó los esfuerzos de la organización comunitaria para garantizar la vida de todos los pobladores:

Para mí todo hubiera sido muy diferente y muy difícil, pero estar aquí dentro de esta región donde está la ATCC, para mí ojalá estuviera en todas partes […] porque son los únicos que meten la cara a decir en el campo que hay una organización verificando que a la comunidad no le pase nada (entrevista A08, diciembre 2016).

Así, A08 consideró que el área de influencia de la ATCC era un lugar más seguro para su reintegración social que otra localidad donde no existiera un proceso de paz desde abajo. En particular, afirmó que los canales de diálogo abiertos por la ATCC con los diferentes grupos armados y su compromiso con la no violencia y la imparcialidad podían ser más útiles que las armas para satisfacer la necesidad de seguridad de los excombatientes (entrevista A08, diciembre 2016).

Por lo común, al intermediar con los paramilitares, la ATCC hizo “posible que comandantes de la insurgencia pudieran desmovilizarse de sus grupos armados, permanecer en el territorio sin ser asesinados o utilizados por las Autodefensas o paramilitares” (Hernández, 2012, p. 208). Recíprocamente, intercedió ante las FARC para que no atacaran a los exparamilitares que se reintegraron en el área (entrevista A07, diciembre 2016). Por eso, la larga experiencia de diálogo de la ATCC con los grupos armados activos en su territorio fue clave para brindar seguridad a los excombatientes y permitirles reintegrarse a la vida civil.

En general, la región de influencia de la ATCC, en la que viven alrededor de 12 000 personas en la actualidad, sufrió menos violencia que las áreas vecinas, a pesar de afrontar niveles similares de amenaza por parte de los grupos armados (Kaplan, 2017). Esto nos hace pensar que las comunidades de paz, como la ATCC, que optaron por la imparcialidad y la no violencia en medio del conflicto armado y desarrollaron canales de diálogo con los grupos armados tienen más herramientas para lidiar con el peligro de la violencia sobre los reintegrados que otras comunidades y, por ende, pueden proveer a los excombatientes de un entorno de mayor seguridad.

En palabras de un entrevistado, “la ATCC ha generado un nudo de protección, donde la gente dice: si me meto ahí, ahí me resguardo” (entrevista A07, diciembre 2016). Así varios entrevistados compartieron la apreciación de que la ATCC era una garantía de protección que no existía en otras áreas de Colombia, debido a sus más de treinta años de experiencia tratando de mitigar la violencia armada en su área (entrevistas A07, A08, diciembre 2016; A03, A08, A12, A18, octubre 2018).

Samaniego

En comparación con la ATCC, en Samaniego no se han dado las mismas garantías de seguridad, al menos no durante todo el periodo de estudio o en todo el municipio. Así, a excepción del periodo del Pacto Local de Paz (2004-2007), durante el cual no se reportó ningún asesinato a excombatientes (entrevistas S04, S72, S75, enero 2017), en otros momentos y particularmente en los últimos años, varios entrevistados manifestaron que los excombatientes corrían riesgos en Samaniego y por ello muchas veces no revelaban su pasado por temor (entrevistas S03, S04, S12, S15, S34, S70, enero 2017). De manera importante, durante el Pacto Local de Paz se aplicaron normas específicas para mantener la imparcialidad y se dieron diálogos con los grupos armados que ayudaron a reducir la tasa de homicidios y proveyeron mayores garantías de seguridad a los excombatientes (entrevistas S04, S72, S75, enero 2017).

En cambio, en los últimos años, la falta de garantías de seguridad ha sido un obstáculo para la reintegración social de los excombatientes en el municipio. Algunas fuentes contaron inclusive que varios excombatientes que intentaron reintegrarse ahí habían sido asesinados (entrevistas S03, S04, S12, S34, S70, enero 2017). Mencionaron, en particular, el asesinato de un exguerrillero de las FARC -quien se desmovilizó en los años noventa y estaba haciendo un curso de maquinaria pesada- en Samaniego en 2014 sin que se supiera el motivo (entrevistas S04, S12, S70, enero 2017), aunque una fuente atribuyó los asesinatos de exguerrilleros a los paramilitares y sus sucesores (entrevista S03, enero 2017).

También observamos diferencias para la provisión de garantías de seguridad entre distintas localidades del municipio. Por ejemplo, en el casco urbano, el exguerrillero S81 afirmó no poder desvelar su identidad por temor por su seguridad (entrevista S81, enero 2017). En cambio, en el sector de La Montaña o en el corregimiento de Puerchag, las propias comunidades han dialogado con los actores armados para asegurar el respeto a la vida de los desmovilizados (entrevista S04, S75, enero 2017). En ambas localidades, que se caracterizan por su mayor capital social, la gente ejerce un valioso papel de protección de los excombatientes (entrevistas S49, S57, S75, S83, enero 2017). En Puerchag, por ejemplo, la comunidad protegió a un joven exmiembro de las FARC que era perseguido por las autoridades estatales (entrevista S72, enero 2017).

ACEPTACIÓN SOCIAL

Un segundo factor clave para la reintegración social es la aceptación. A continuación, examinamos cómo la ATCC logró humanizar al adversario a lo largo de su trayectoria y así contribuyó a mejorar la aceptación social de los excombatientes, mientras que en Samaniego, a pesar de varios esfuerzos para reducir el estigma de los excombatientes, se mantuvo cierto grado de rechazo a excepción del sector de La Montaña, donde el fuerte enfoque comunitario del proceso y la larga experiencia de diálogo con la guerrilla permitieron una mayor aceptación de los mismos.

Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare

El alto capital social de la ATCC y el rol de la organización campesina en la promoción de una cultura de diálogo y respeto favorecieron el bajo nivel de estigmatización hacia los excombatientes. Desde que la ATCC asumió el diálogo con los actores armados, humanizó al adversario (Hernández, 2004, 2012). Por ejemplo, el exparamilitar A08 aseguró sentirse complacido por haber llegado a una región como la de la ATCC, ya que, en sus palabras: “Si estuviera en otro lado, tal vez las cosas no eran tan fáciles, principiando porque no falta el que diga ‘yo lo conozco y este man fue esto’” (entrevista A08, diciembre 2016).

Años después, en 2006, cuando ocurrió el proceso de desmovilización de las AUC tras la firma de un acuerdo con el gobierno de Álvaro Uribe, muchos paramilitares que habían operado en el área y cometido excesos, que hoy ellos mismos reconocen, se reintegraron en la zona (entrevistas A20, A21, A22, octubre 2018). Según un expresidente de la ATCC, fue el caso de unos cientos de hombres y mujeres que estaban bajo el mando de ‘Botalón’ y, a pesar de que estos en su momento habían “oprimido” a la población, hoy en día convivían pacíficamente con la gente (entrevista A07, diciembre 2016). Uno de ellos dijo que la comunidad no tenía rechazo hacia él (entrevista A17, octubre 2018). Su hermano puntualizó que la población local había aprendido a convivir con los excombatientes: “la gente ya se mentalizó que no hay enemigos por lo de la ATCC” (entrevista A18, octubre 2018).

De forma semejante, varios integrantes de la ATCC destacaron el bajo nivel de estigmatización hacia A03 a pesar de que había presionado a muchos civiles cuando era comandante de las FARC en esta región y de que en el área vivían víctimas de las acciones armadas del grupo insurgente. Cuando él se desmovilizó y expresó su intención de reintegrarse en una vereda del área de influencia de la ATCC, la asociación organizó una consulta a la comunidad a través de sus delegados en las distintas localidades para preguntar si la gente estaba dispuesta a aceptar a A03 de regreso a la vida civil. La ATCC procedió así en este caso debido a que A03 era un comandante de alto rango que operó durante dos décadas en la zona. En su mayoría la población aceptó a A03 y, desde entonces, el excomandante ha mantenido una buena relación con la comunidad (entrevistas A07, diciembre 2016; A04, octubre 2018). Es más, muchos dejaron de ver a A03 como a un exguerrillero (entrevista A02, diciembre 2016).

Además del apoyo de la ATCC y su ejemplo al acoger a excombatientes de distintos bandos sin prejuicios, algo que ha ayudado a reducir el estigma de los excombatientes es el pedido de la asociación de que quienes se reintegren a la vida civil en esa área se comprometan a tener un buen comportamiento y desistir de cualquier actividad armada o delincuencial. Así, cuando el guerrillero F1 se desmovilizó años más tarde que A03, la ATCC se comprometió a responder por la vida de él, a cambio de que este prometiera comportarse bien. Ambas partes cumplieron su compromiso y F1 se volvió un poblador más (entrevistas A01, diciembre 2016; A24, octubre 2018).

Un líder de la ATCC explicó: “Nosotros no le estigmatizamos más por su pasado. […] [F1] vive aquí y es [F1]. No es el exguerrillero […]. Él siente mucho amor por la organización porque le hemos brindado mucho apoyo” (entrevista A01, diciembre 2016). En este sentido, varios líderes de la ATCC entrevistados afirmaron que la relación de confianza entre la organización y los exguerrilleros y exparamilitares permitió rebajar el estigma y facilitar así la vuelta a la vida civil definitiva de los excombatientes (entrevistas A01, A02, diciembre 2016).

Inclusive cuando los excombatientes no cumplieron su palabra y se involucraron en actividades prohibidas según las normas establecidas por la ATCC, en muchos casos se les respetó la vida y pudieron permanecer en la comunidad, aunque se acudió a diversos mecanismos para lograr su cambio. Así, un líder de la ATCC explicó que “hay desmovilizados que viven aquí y que hicieron fechorías, asesinatos, y viven en la comunidad, y en ningún momento ha habido esa situación de venganza” (entrevista A07, diciembre 2016). Solo en pocos casos la ATCC tuvo que recomendar a algunos excombatientes que salieran de la región porque estaban involucrados en temas graves y, por esa razón, corrían peligro (entrevista A02, diciembre 2016).

Samaniego

En Samaniego se han dado circunstancias diferentes. Varios entrevistados, entre ellos exguerrilleros, expresaron que era un lugar favorable para la reintegración de los exinsurgentes, debido a que mucha gente había estado expuesta a la guerrilla, sobre todo en el sector de la montaña, y estaba más dispuesta a aceptarles (entrevistas S03, S48, S75, S80, S83, enero 2017). Así, el exguerrillero S76 consideró que fue sencillo volver a la vida civil porque en Samaniego existía una cultura de convivencia e interlocución con los actores armados, lo que hizo que la población estuviera acostumbrada a convivir con ellos y, por tanto, existiera menor estigma (entrevista S76, enero 2017). De igual forma, un entrevistado mencionó el caso de un exparamilitar de Samaniego que se reintegró en el casco urbano en 2006 y fue aceptado por la comunidad, a pesar de que mucha gente conocía su condición (entrevista S57, enero 2017).

Mientras tanto, un líder de Puerchag declaró que en ese corregimiento los excombatientes habían sido aceptados sin problema, habían encontrado trabajo y no sufrían estigmatización (entrevista S72, enero 2017). En esta buena acogida influyó el hecho de que muchos jóvenes reclutados por las guerrillas del ELN y las FARC volvieron a la comunidad bajo el amparo de sus familias (entrevista S72, enero 2017). Este es el caso de una niña reclutada primero por las FARC y después por el ELN. Tras colaborar con las guerrillas durante varios años, regresó a su casa en Puerchag, siendo aceptada por la comunidad (entrevista S03, enero 2017).

Varios entrevistados destacaron la mayor aceptación social de los exinsurgentes en el sector de la montaña que en el casco urbano porque la gente había convivido con la guerrilla y construido canales de diálogo con ella. Esto explica que muchos procesos de desmovilización ahí se hayan dado como resultado de un acuerdo entre la guerrilla y la comunidad, la familia o la persona (entrevistas S03, S49, S75, enero 2017). S77, un exintegrante de las FARC que se reintegró a la vida civil en el sector de La Montaña a inicios de los años noventa, explicó que había sido fácil volver a su comunidad porque en aquel momento las guerrillas gozaban de una buena imagen allí. Además, durante su tiempo en la guerrilla había tenido mucho contacto con civiles, lo que facilitó su proceso (entrevista S77, enero 2017).

Varios entrevistados señalaron que, en cambio, en otras partes del municipio, como el casco urbano, existía bastante estigmatización hacia los excombatientes (entrevistas S03, S15, S34, S48, S49, S68, enero 2017). Un profesor relató que una joven que perteneció al ELN y trató de reintegrarse en su comunidad tras haber sido detenida y encarcelada durante algún tiempo sintió tal rechazo que tuvo que mudarse a otro lugar porque la comunidad la acusaba de ser informante del Ejército (entrevista S03, enero 2017). Pese al mayor estigma en la zona urbana, algunos excombatientes optaron por reintegrarse a la vida civil ahí, debido a que era más difícil ser identificados (entrevistas S48, S81, enero 2017). En particular, varios exparamilitares se reinsertaron en el casco urbano donde se mantuvieron “invisibles” (entrevistas S48, S49, enero 2017). Dicho esto, también se recalcaron casos conocidos de exguerrilleros y exparamilitares que se reintegraron exitosamente en el casco urbano (entrevistas S34, S57, S76, enero 2017).

En todo caso, se destacan los esfuerzos realizados en Samaniego para promover la aceptación de excombatientes. Por ejemplo, a finales de los años noventa, con el apoyo de la entonces Dirección General para la Reinserción (institución pública a cargo de los procesos de reintegración de excombatientes en aquel entonces), el municipio acogió el bachillerato para la convivencia pacífica. Esta iniciativa tuvo lugar en el marco de la declaración de Samaniego como territorio de paz durante la administración del alcalde Manuel Cuéllar (1998-2000) y permitió a excombatientes, junto con sus familiares y pobladores locales que no habían terminado la escuela secundaria, adquirir un título de bachillerato y trabajar en temas de construcción de paz, facilitando así su reintegración social (entrevistas S01, S38, junio 2014; S03, S04, enero 2017). Alrededor de 400 personas participaron en este programa que se centró en la transformación pacífica de los conflictos y el desarrollo de normas para la convivencia pacífica (entrevistas S38, junio 2014; S15, S80, enero 2017). Más recientemente, en 2012, se llevó a cabo un programa de reconciliación en 14 veredas del municipio con la participación de reinsertados (entrevista S80, enero 2017). Dos profesores también mencionaron que las escuelas venían preparándose para recibir a excombatientes como resultado del acuerdo de 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC y se inculcaba a los estudiantes valores de tolerancia y respeto hacia los desmovilizados (entrevistas S03, S49, enero 2017). Además, se notó la labor de “pedagogía por la paz” efectuada por las organizaciones sociales para facilitar la reintegración de excombatientes (entrevista S57, enero 2017).

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Un tercer factor clave resaltado en nuestra revisión de la literatura es la participación comunitaria. Desempeña un papel en doble vía. Por un lado, las comunidades organizadas tienen más herramientas para acoger a los excombatientes y pueden inclusive involucrarlos en la toma de decisión y planificación del proceso de reintegración. Por otro, permite a los excombatientes participar en los asuntos comunitarios junto con otros que no han sido combatientes. Al contrario de los dos factores analizados hasta ahora, ambas comunidades receptoras mostraron condiciones favorables para la participación social en general y más específicamente de los excombatientes, lo cual favoreció la reintegración social de estos, como veremos a continuación.

Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare

La ATCC atesora una fuerte cohesión social y una dilatada experiencia de participación comunitaria que permitieron la resistencia no violenta contra los actores armados. Cuando el proceso de construcción de paz liderado por la asociación se consolidó, esta empezó a incluir a los excombatientes en los mecanismos de toma de decisiones colectivas, facilitando así su participación junto con otros miembros de la comunidad. Estableció un tiempo de prueba de cinco años de buen comportamiento para que los excombatientes pudieran volverse miembros de la asociación con plenos derechos (entrevistas A02, A04, A05, A08, A14, A15, octubre 2018).

Gracias a esto, muchos excombatientes, incluyendo exparamilitares como A08 y A13 y exguerrilleros como A03 y A16, se involucraron en actividades de la asociación (entrevistas A02, A03, diciembre 2016; A08, A13, A16, octubre 2018). Como asevera un líder de la ATCC, “acá tenemos gente desmovilizada. Y hoy en día son personas que pudieron vincularse al proceso de la ATCC” (entrevista A04, diciembre 2016). Este exvicepresidente de la asociación explicó que la organización civil sabía cómo “llegarle a la gente” y por eso la mayoría de los exparamilitares que se habían establecido en la zona querían vincularse a los proyectos sociales y productivos impulsados por la organización (entrevista A04, diciembre 2016).

A03 destacó que la ATCC solía llamarle para que participara en sus reuniones y a veces le preguntaba su opinión para resolver disputas. La asociación aprovechó así los veinte años de experiencia del excomandante en la guerrilla, de la que salió en 1999. Desde ese año, A03 no volvió a retomar sus actividades armadas, por lo que la ATCC le permitió afiliarse a la organización algunos años después y participar activamente en sus reuniones, fortaleciendo así su reintegración social.

Durante las entrevistas, A03 reiteró su compromiso con la ATCC y con la paz, lo que pone de manifiesto que culminó con éxito su reintegración social: “Hoy en día soy un civil, pero también estoy, hago parte de una comunidad organizada que lucha y ha luchado por la paz” (entrevista A03, diciembre 2016, octubre 2018). De igual modo, A13 ha participado activamente en la ATCC y fue conciliador durante dos años, ayudando a la asociación a solucionar problemas, además de ser presidente de junta de acción comunal en dos oportunidades (entrevista A13, octubre 2018).

Samaniego

Samaniego en general, y localidades específicas como el sector de la montaña, en particular, también han ofrecido espacios significativos para la participación de los excombatientes. Muchos entrevistados mencionaron casos de reintegración social positiva donde los excombatientes participaron en procesos comunitarios, principalmente en trabajo comunitario. Para dar unos ejemplos, un desmovilizado de la CRS, S76, dijo haberse beneficiado de esos espacios para involucrarse en el desarrollo de la comunidad, apoyar varias iniciativas de paz e implicarse poco a poco en la política local (entrevista S76, enero 2017).

Un exguerrillero de las FARC que se desmovilizó en la misma década de 1990, S77, se convirtió en líder comunitario en la montaña y formó parte de muchas iniciativas locales (entrevistas S51, S77, enero 2017). Otro exguerrillero que se reinsertó alrededor de 2014 en el sector de la montaña rápidamente se convirtió en líder comunitario en materia de erradicación de coca (entrevista S49, enero 2017). Asimismo, S81, quien se desvinculó de la guerrilla en 2010 y adoptó un perfil bajo cuando regresó a Samaniego por razones de seguridad, consideró importante participar en las actividades de desarrollo comunitario, poniendo en práctica sus conocimientos para ayudar a vecinos y amigos (entrevista S81, enero 2017).

En áreas rurales la participación en trabajos comunitarios ha sido un elemento clave de una exitosa reintegración social, según diversas fuentes. De acuerdo con un líder del resguardo indígena del Sande colindante con Samaniego, tres aspectos son esenciales para la reintegración efectiva de los excombatientes: convivencia pacífica, comportamiento acorde con las normas comunitarias y participación en mingas (entrevista S78, enero 2017). En esta línea, un líder de Puerchag afirmó que los excombatientes reintegrados en ese corregimiento participaron tanto en mingas como en otros procesos comunitarios y que esto había favorecido su reintegración (entrevista S72, enero 2017). De igual manera, un poblador del sector de la montaña recalcó que todos los reinsertados participaban en las mingas (entrevista S82, enero 2017).

Al final de los años noventa, el bachillerato para la convivencia pacífica, mencionado anteriormente, también facilitó a los excombatientes que lo cursaron involucrarse en trabajo social y comunitario, así como en talleres de formación de paz (entrevistas S01, S38, junio 2014). Más recientemente, el Consejo Municipal de Paz, que agrupa a representantes de decenas de grupos sociales de Samaniego, propuso incluir a un representante de los excombatientes y discutir estrategias para la reintegración de los exguerrilleros de las FARC luego del Acuerdo de paz de 2016 (entrevistas S03, S79, S80, enero 2017).

PROCEDIMIENTOS PARA ACOMPAÑAR LA REINTEGRACIÓN DE LOS EXCOMBATIENTES

Un cuarto y último factor no citado en específico en la literatura, pero vinculado al capital social y que facilita la reintegración social de los excombatientes, son los procedimientos para acompañar dicho proceso. Como veremos a continuación, la ATCC desempeña un papel ejemplar en este sentido, mientras que en Samaniego encontramos comunidades rurales que desarrollaron sus propios procedimientos de acompañamiento, con resultados exitosos en materia de reintegración social.

Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare

La ATCC desarrolló una rutina a la hora de apoyar los procesos de desmovilización y reintegración de excombatientes en su territorio. Así, en múltiples ocasiones medió con los grupos armados para que permitieran a personas de la zona abandonar las armas sin sufrir represalias. A estas y otras personas desmovilizadas que llegaron a su territorio la ATCC pidió que se comprometieran a no retomar las armas ni involucrarse en actividades criminales. También ayudó a esas personas a presentarse ante la Defensoría del Pueblo para evitar que el Ejército las utilizara para obtener información de inteligencia sobre los grupos armados. Con este procedimiento se logró “un acuerdo de hasta dónde puede ir el Ejército” y en este pacto se permitió que la ATCC pudiera visitar al desmovilizado y acompañarlo (entrevista A02, diciembre 2016). Aunque no se trata de un protocolo formal como los de la gubernamental Agencia Colombiana para la Reintegración y su sucesora Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la ATCC estableció esta serie de pasos a seguir cuando se encontraba con un caso de desmovilización. En palabras de un líder de la organización:

Acá solo pasa por la ATCC, por los diálogos que constantemente se tiene, por el acompañamiento que se le hace. Firma una carta de compromiso, se reintegra a la vida con nosotros, pero no vuelve a delinquir. Después vamos ante las autoridades y decimos: ‘fulano se desmovilizó, está con nosotros’. A partir de este momento nosotros respondemos por lo que él haga. Él ya se comprometió con nosotros en que no va a volver a delinquir (entrevista A01, diciembre 2016).

La larga experiencia de diálogo de la ATCC con el Ejército, entre otros actores armados, permitió a la organización intermediar por los desmovilizados. Además, su prolongado proceso de construcción de paz desde abajo afianzó su credibilidad ante el Estado, lo que le facilitó interceder en nombre de los excombatientes en distintas situaciones (entrevista A05, diciembre 2016; Kaplan, 2017).

Según un integrante de la ATCC, “El resultado es que esa gente está bien” (entrevista A02, diciembre 2016). Así, la ATCC acompañó a F1 en su proceso de desmovilización y hoy en día el exguerrillero está plenamente reintegrado en la comunidad (entrevistas A01, diciembre 2016; A24, octubre 2018).

En cuanto al exparamilitar A08, recibió ayuda de la ATCC cuando la justicia colombiana emitió una orden de arresto contra él porque había dejado de acudir a las sesiones del programa de reintegración en Cimitarra, debido a las amenazas de los campesinos locales por negarse a plantar coca. La asociación intercedió a su favor, argumentando que estaba trabajando en la zona y que no se había vuelto a unir a ningún grupo armado. Gracias al apoyo de la ATCC, A08 no volvió a tener problemas en ese sentido (entrevista A08, diciembre 2016). Así, el capital social que atesora la ATCC, ejemplificado en la confianza entre la comunidad y los excombatientes, en las normas que regulan el comportamiento colectivo y en las amplias redes de apoyo a los desmovilizados (véanse Kilroy y Basini, 2018), facilitó el exitoso proceso de reintegración social de muchos excombatientes.

Samaniego

En Samaniego no se registraron procedimientos específicos de acompañamiento a los excombatientes, salvo en el sector de la montaña. Así, dos líderes del sector de la montaña, S49 y S75, y un exguerrillero, S83, explicaron que, cuando el ELN permitía que sus combatientes se desmovilizaran, la comunidad solía recibirles en asambleas (entrevistas S49, S75, S83, enero 2017). S49 señaló el caso de excombatientes del ELN que habían sido recibidos de esta forma después de que sus familias pidieran al ELN que les dejara irse. Uno era un joven que solo había pasado un tiempo corto en la guerrilla y que más tarde había servido en el Ejército por un tiempo todavía menor. En una asamblea el joven pidió perdón y prometió comportarse mejor y abandonar el alcohol. A partir de entonces, encontró un trabajo y se integró en la comunidad. Otro de ellos estuvo en la guerrilla durante un periodo mucho más largo. Su familia también solicitó su vuelta a la vida civil. El ELN lo dejó marchar en una asamblea. Se reintegró en la comunidad donde se tornó un líder ejemplar (entrevista S49, enero 2017). Un líder del sector de la montaña explicó también que cuando los excombatientes irrespetaban su compromiso con la ATCC, la comunidad se reunía para evaluar el caso y discutir los pasos a seguir (entrevista S75, enero 2017). A continuación proveemos un cuadro comparativo de las dos experiencias de reintegración social de excombatientes de acuerdo a los cuatro ejes analizados (véase tabla 2).

Tabla 2 Reintegración social de excombatientes en la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare y Samaniego 

Fuente: elaboración propia.

CONCLUSIONES

Los casos en estudio revelaron la importancia del capital social, en particular de la organización y cohesión social de las comunidades receptoras, así como la existencia de canales de diálogo con los actores armados, que son características de muchas comunidades de paz. Ambas comunidades se destacaron por su organización social y por las amplias oportunidades de participación comunitaria. Estas peculiaridades facilitaron la participación social de los excombatientes, lo que contribuyó a su mejor integración.

Tales hallazgos refuerzan el punto de vista de algunos autores, quienes consideran que los programas de reintegración con enfoque comunitario tienen más posibilidades de éxito. Este enfoque, aparte de ayudar a evitar resentimientos hacia los desmovilizados, facilita la acogida de los excombatientes y crea un sentido de apropiación del proceso mediante la participación directa de los miembros de la comunidad y los propios excombatientes en la toma de decisiones sobre el proceso de reintegración.

Sin embargo, el mayor nivel de consolidación de la comunidad de paz de la ATCC se reflejó en los mejores resultados alcanzados por esta comunidad en materia de reintegración social, sobre todo en cuanto a la provisión de garantías de seguridad, la aceptación de los excombatientes y el desarrollo de procedimientos de acompañamiento a los mismos. De igual forma, se obtuvieron mejores resultados en los tres ámbitos en el sector de la montaña y Puerchag en comparación con el resto del municipio de Samaniego.

Dos factores pueden explicar los mejores resultados de estas comunidades. Primero, las comunidades más exitosas fueron aquellas que contaban con mayor capital social y más práctica del diálogo con los actores armados. Segundo, la aplicación más coherente de la imparcialidad por parte de la ATCC en comparación con Samaniego puede explicar el mayor nivel de seguridad para los excombatientes en la zona de influencia de la asociación. Además, no puede perderse de vista que, mientras Samaniego es un municipio de gran extensión y semirrural, la ATCC es un sector geográfico más rural, integrado principalmente por veredas de municipios, lo que brinda mayores posibilidades de cohesión social y, por ende, de apropiación de la imparcialidad.

En esta área, al igual que en algunas comunidades rurales de Samaniego, como el sector de la montaña, el diálogo con los actores armados tiene un papel relevante para garantizar la protección de los excombatientes. En Samaniego, el periodo de mayor normativa para los excombatientes y diálogo con los mismos fue el del Pacto Local de Paz. Este estipuló normas claras para que la población se mantuviera al margen del conflicto armado y no colaborara con ninguno de los grupos armados. Durante ese periodo también se establecieron canales de diálogo con actores armados para apoyar el respeto del Pacto Local de Paz.

En cuanto a la aceptación de los excombatientes, las comunidades con mayor capital social que desarrollaron prácticas de diálogo tuvieron más éxito, por lo que estimamos que estas características facilitan la aceptación social de los excombatientes. Estas mismas comunidades también desplegaron procedimientos de acompañamiento a los excombatientes que ayudaron a la reintegración de estos. Estas tres características -capital social, diálogo e imparcialidad- son, junto a la no violencia, los elementos que definen a las comunidades de paz. Por tanto, nuestros hallazgos indican que algunos rasgos propios de las comunidades de paz inciden positivamente en la reintegración social de los excombatientes.

Para concluir, consideramos que estas experiencias exitosas deberían ser conocidas y analizadas por el Estado colombiano para que sus aprendizajes e incluso sus procesos puedan articularse en la política pública de reintegración. También sería valioso continuar este estudio en el futuro y llevar a cabo trabajo de campo en otras comunidades de paz y en comunidades vecinas para observar si nuestros hallazgos pueden generalizarse y contrastar experiencias de reintegración social en comunidades de paz con experiencias en comunidades vecinas. De todos modos, la evidencia obtenida en las dos comunidades de paz analizadas muestra que, a pesar del turbulento entorno en el que han estado sumidas, su organización, cohesión y práctica de diálogo pueden ser beneficiosas para permitir a los excombatientes reintegrarse de forma pacífica a la vida civil.

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*Este artículo es producto de una investigación realizada en alianza entre Flacso-Ecuador y la Universidad de La Salle (Bogotá, Colombia). Se basa en la ponencia “Social Reintegration of Former Combatants in Two Colombian Peace Communities” que se presentó en la conferencia de la Asociación de Estudios Internacionales (ISA) en Baltimore en febrero de 2017 y en la ponencia “Reintegración social de exguerrilleros y exparamilitares en la experiencia campesina de construcción de paz de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC) en Colombia” presentada en la conferencia Flacso-ISA en Quito en julio de 2018

1 Usamos el término ATCC para referirnos tanto a la asociación como a la comunidad que vive en la zona de influencia de la asociación. Dicha área de influencia tiene una extensión de unas 94 000 hectáreas y comprende 33 veredas pertenecientes a seis municipios (Cimitarra, Bolívar, Peñón, Landázuri, Sucre y La Belleza) del departamento de Santander, que comparten como rasgo común su ubicación sobre o en proximidad al río Carare (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2011; Hernández, 2004, 2012).

2 Realizamos un total de 21 entrevistas a excombatientes, incluyendo doce exguerrilleros y seis exparamilitares. Entre estos, entrevistamos a un exguerrillero tres veces y a un exparamilitar dos veces en diferentes años. Tres excombatientes eran mujeres (dos de la guerrilla y una de las AUC). Además, entrevistamos a 24 pobladores y/o actores externos.

3 Sitio web del Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración de la Universidad Nacional de Colombia:

4 Coincidimos con Herrera y González (2013) en la importancia de distintos factores asociados con los excombatientes. Acorde con nuestra investigación, estos incluyen: la forma en que los excombatientes se desmovilizaron, la función de los excombatientes dentro de sus grupos armados, el nivel educativo de los excombatientes, el grupo armado al que habían pertenecido y la relación de este con la comunidad, las relaciones pasadas con la comunidad (lazos familiares en particular) y el comportamiento pasado y presente de los excombatientes. Sin embargo, aquí examinaremos únicamente cómo las características de las comunidades receptoras influyen en la reintegración social de acuerdo con los objetivos de nuestra investigación.

Recibido: 18 de Enero de 2019; Aprobado: 28 de Febrero de 2019

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