INTRODUCCIÓN

Según Carlos M. Vilas¹ el estudio del linchamiento en América Latina presenta dos enfoques principales: (in)seguridad pública y pluralismo cultural. El presente texto indaga otra perspectiva en relación con la realización de los linchamientos como parte de las prácticas de guerra en las ciudades y control territorial por actores que pertenecen o pertenecieron a grupos armados al margen de la ley, explorando la hipótesis de hasta dónde los actuales linchamientos se establecen como formas de violencia urbana legítima o se han consolidado como una práctica de odio social, y si este entonces es el responsable del ejercicio urbano de violencia colectiva en Bogotá.

La estructura del documento tiene dos partes, una de tipo conceptual que plantea una comparación entre lo que sucede en algunos países y la perspectiva teórica del tema en la región. Y otra que hace la revisión sociológica de este fenómeno en la ciudad de Bogotá desde los datos y los elementos encontrados en el análisis.

Es menester mencionar que, en la búsqueda de información sobre casos de linchamientos en la capital de Colombia, una primera estrategia fue acudir a los registros de instituciones oficiales del Estado. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a través de oficio respondió que el linchamiento no es una acción tipificada, es decir, dentro del lenguaje utilizado por la entidad no existe el término linchamiento y, además, no era posible explorar casos de lesiones personales por reserva del sumario. La Policía Nacional tampoco cuenta con la tipificación del linchamiento ni permite el acceso a registros por protección de la información del ciudadano, pero, además -indica-, para evitar estigmatización de zonas de la ciudad por motivos de violencia. Se acudió a otras instituciones oficiales y no oficiales hallando básicamente la misma respuesta, no obstante, el Observatorio del Delito de la Alcaldía de Bogotá suministró un registro de la Policía Nacional de arrestos ciudadanos en Bogotá durante el año 2014.

PRECISIONES TEÓRICO-CONCEPTUALES ACERCA DEL LINCHAMIENTO

El fenómeno del linchamiento lo entendemos como práctica social que reviste una dinámica particular en la que se ejerce control social o juzgamiento de determinadas acciones que son consideradas delictivas, desde un ejercicio colectivo y autónomo del uso de la violencia física que es i-legal pero legítima para un importante grupo de personas. Esta práctica obtiene diferentes justificaciones por parte de los grupos sociales involucrados, que van desde argumentos morales hasta justificaciones sociales. A modo de ejemplo, el hecho de que la ciudadanía desconfíe del aparato judicial en cuanto a una efectiva garantía de derechos como la seguridad y debido a cierta “laxitud” en las leyes y en la impunidad que caracteriza al Estado, conlleva la aplicación directa de control social sin contar con la institucionalidad.

Los linchamientos siguen generando un fuerte cuestionamiento a la función del Estado y su relación con la sociedad, este aspecto interpela al Estado como poseedor único del monopolio de la violencia física legítima. Pero no es suficiente esta justificación; si retomamos a ^{Santillán (2008)} “los linchamientos son más que una respuesta visceral al incremento de la delincuencia. Si bien contienen un fuerte componente de espontaneidad y emotividad están profundamente interrelacionados con la experiencia objetiva y subjetiva de la desprotección social” (p. 59).

Este uso de mecanismos violentos por parte de la sociedad se conecta con la interpretación de lo que entendemos sociológicamente como legalidad/ilegalidad: en donde lo legal es aquello conforme a la ley, y lo ilegal aquello que no lo es. Legal es lo permitido o requerido a los individuos, ilegal lo no permitido o prohibido hacer (^{Negri, 1996}). No obstante, diversos autores han desarrollado propuestas conceptuales que trascienden el ámbito jurídico para hablar de las estructuras sociales y culturales que le sustentan (Negri, 1996; Selznick, 1999; Ewick y Silbey, 2002; entre otros) y que instalan la legalidad en los contextos relacionales que se producen en las esferas interpersonales, familiares, comunitarias e institucionales en un vínculo profundo con la legitimidad.

Este análisis parte de dos perspectivas teóricas que permiten establecer un nexo entre el caso de estudio y sus posibles explicaciones, para ello tenemos en cuenta el enfoque diferencial y la teoría de la violencia colectiva de Charles Tilly, la cual observa al fenómeno como

[…] una interacción social episódica que inflige daños físicos a personas y/u objetos; que implica por lo menos a dos autores en los daños, y es consecuencia, al menos en parte, de la coordinación entre las personas que realizan los actos que provocan los daños (^{Tilly, 2007}, p. 3).

Esta teoría sobre la violencia colectiva brinda diferentes herramientas de análisis sobre los fenómenos de linchamientos que han sucedido en el país, y que tienen diferentes características. Por un lado, este enfoque basa sus dinámicas interactivas de los actores sin olvidar los procesos estructurales de la violencia, es decir que se manifiestan las ideas como fuente de violencia que puede generarse como creencias compartidas, valores y normas sociales y miradas conductuales que resaltan las motivaciones e impulsos (^{Gamallo, 2012}, p. 52).

Ello significa una correspondencia entre las descripciones micro de las acciones y situaciones que estructuran las lógicas y relaciones de los sujetos. Es de esta manera que la violencia colectiva, en el caso de los linchamientos como en cualquier otro, no es solo un acto de coerción, sino también una pulsión que puede tener como finalidad su expresión, para satisfacer la ira, el odio o un sentimiento negativo, que trata de manifestarse. El objetivo no sería coaccionar, sino solo ensuciar, destruir o construirse mediante el pasaje al acto (^{Crettiez, 2009}). Esto en el caso colombiano, como lo veremos más adelante, es fundamental para nuestro estudio, pues estos linchamientos se configurarían en expresiones de odio social.

Además de ello, el enfoque relacional refuta la idea de que la violencia es un acto irracional, que no tiene sentido y sale del espectro de la racionalidad occidental. Por el contrario, permite aseverar que hasta las reacciones más inesperadas tienen una “lógica”, en tanto que se producen como respuesta a acciones específicas, en determinadas circunstancias, a partir de relaciones y procesos sociales concretos y momentos determinados de la historia (^{Gamallo, 2012}). Este aspecto histórico estructural se expresa en las formas como se configuran conductas valorativas morales, prácticas sociales y económicas e intereses políticos.

Lo descrito genera una serie de fenómenos que activan una “conciencia colectiva” que se evidencia en la suma de individualidades donde “el comportamiento colectivo refiere a las acciones que emergen de conciencias compartidas dentro de muchedumbres u otras colectividades informales” (^{Gamallo, 2012}, p. 54).

Este enfoque nos ayuda a evaluar diferentes aspectos de la violencia, tal como lo plantea Leandro ^{Gamallo (2012)}, en donde se permite hacer un énfasis en las situaciones de manera descriptiva, que para el efecto de los linchamientos, facilita diferenciar las formas de proceder, los sujetos, las consecuencias y en general, varias características del fenómeno.

Esto desde dos aspectos pertinentes, según señala Tilly: (i) la descripción de las distintas formas de violencia, tratando de encontrar las causas que llevan su variabilidad y su intensidad diversa en dos niveles, primero la “relevancia de los daños a corto plazo” y segundo “el grado de coordinación entre actores violentos” (Tilly, 2007, p. 13); y (ii) la indisoluble unión entre violencia colectiva y política institucional, que se manifiesta en la relación en el monopolio de la fuerza de los regímenes y la forma de control social por parte de la comunidad, que para el caso de los linchamientos pueden ser organizaciones vecinales, arrestos ciudadanos o actos espontáneos.

Es así que ^{Tilly (2007)} propone tres tipos de actores que ejercen la violencia colectiva: (i) emprendedores políticos: organizar, vincular, dividir y representar a sectores de la población, (ii) especialistas en el empleo de los medios violentos: personas que controlan los medios para infligir daños a personas y objetos, y (iii) control de regímenes: cantidad y tipo de acciones que se encuentran prescritas, toleradas o prohibidas.

Y a partir de ello una clasificación de la violencia colectiva entre reyertas, oportunismo, ataques dispersos, destrucción coordinada, negociaciones rotas y rituales violentos. Que permite un esbozo analítico, pero que en lo empírico se puede observar: cómo la violencia puede ejercerse de manera combinada entre estos tipos de violencias.

También, en concordancia con ^{Gamallo (2012)}, es pertinente usar el concepto de zona gris, propuesto por Javier Auyero, quien analiza la violencia colectiva desatada en la crisis argentina de 2001. Auyero pretende perfilar los por qué, es decir, a partir de las descripciones analíticas de los pequeños mecanismos de la violencia colectiva, dotar de argumentos que ayuden a entender las razones por las cuales se da dicho fenómeno.

Además, la zona gris facilita explicar los posibles nexos entre diferentes actores, ya que es un espacio donde no es clara la relación entre agentes del orden público y agentes de otras violencias que se mantienen de maneras establecidas, esto es, el espacio conformado por esa zona ya híbrida en imbricación con los especialistas en la violencia (fuerzas del orden y miembros de bandas urbanas), conformando un espacio de conjunción tripartito que Auyero denomina, retomando el concepto de Primo Levi, la zona gris: “la zona gris hace referencia a un grupo de relaciones clandestinas entre estos actores (punteros políticos, fuerzas represivas, vecinos)” (Auyero, 2007, p. 74).

Un linchamiento prima facie es un ataque colectivo -hecho ilegal y de carácter privado- en el que un grupo de personas (no la fuerza pública) busca hacer el mayor daño posible, incluso con la intención de segar la vida de una persona puesta en inferioridad, y que es vista como moral y éticamente “perjudicial” para la comunidad (^{Vilas, 2003}). Estas son las características principales de un acto de linchamiento, justificado por los agresores, carente de reproche social y la mayoría de las veces sin consecuencias judiciales ni policiales.

El linchamiento es derivación de la realización o intento de un delito, generalmente un robo simple, que desata la ira de las víctimas (del delito) y de las personas cercanas que se percatan del hecho. Todo el acto empieza con la intención de capturar al ladrón procurando hacerle el mayor daño posible, cuando sucede esto las personas que se encuentran en el lugar del hecho, se “solidarizan” con la víctima y luego con los ánimos alterados se busca castigar al infractor.

Es importante aclarar que el linchamiento se conceptualiza según Vilas como una acción colectiva de carácter privado e ilegal de gran despliegue de violencia física, que eventualmente culmina con la muerte del sujeto. Es una acción que se emprende en respuesta a actos o conductas reales de la víctima o imputados a ella, quien se encuentra en inferioridad numérica abrumadora frente a los linchadores (Vilas, 2005). No es solamente el delito el que promueve el linchamiento, existen otros motores de venganza que concluyen en este tipo de hechos violentos, que se expresan según los contextos sociales e históricos de las comunidades, tales pueden ser factores políticos, étnicos e incluso prácticas traslapadas de escenarios de conflicto o expresiones de control territorial.

Estos eventos sacan a relucir acciones que circundan lo irracional, cuando aparentemente, son hechos perpetrados con motivaciones profundamente justificadas (en términos sociológicos) por crisis de valores, seguridad (anomia), hostilidad represada, venganza, odio o la razón más conocida: la desconfianza en la eficacia coercitiva institucional representada por el aparato policial y jurídico. Para ^{Vilas (2006)} existen tres grandes grupos de justificaciones de este fenómeno: (i) reacción colectiva en escenarios de inseguridad; (ii) expresión de pluralismo jurídico; y (iii) producto de crisis y descomposición del orden social.

Para la situación de Bogotá se plantea que los linchamientos tienen en su fundamento básico dos causas principales, una desde la perspectiva de Vilas, la denominada ineficiencia de las instituciones judiciales y policiales para controlar la delincuencia que afecta las poblaciones urbanas (en la mayoría de los casos); pero el factor novedoso de este hecho es el desdoblamiento de prácticas de violencia política (emanada en la guerra civil o conflicto armado colombiano) hacia actores civiles, que adquieren un nuevo escenario de reproducción en territorios urbanos, comerciales y vecinales, pero que además encarnan y fomentan dinámicas de odio y segregación social.

En palabras de Torres-Rivas, los linchamientos se producen “en los más diversos sitios socioculturales, al impulso de actores movidos por los más disímiles motivos de odio, exasperación o simple contagio colectivo. Y que para ellos, representa y concentra todas las crueldades y horrores del pasado” (2003, p. 16). Es decir, que estos elementos son transferidos como violencias de otros momentos históricos y que permean las prácticas y racionalidades de las comunidades volviéndolas hábitos y rutinas instituidas.

En el caso colombiano, estas prácticas, en la mayoría de las veces, hacen referencia a la defensa a ultranza de la propiedad privada de pequeños comerciantes, trabajadores de clase media y barrios residenciales, que analizan como enemigo directo a delincuentes contra quienes descargan todo su odio. Odio constituido por ideas emanadas de la lógica contrainsurgente instituida en el conflicto colombiano en las últimas décadas.

GUERRA Y LINCHAMIENTOS URBANOS

Para analizar este fenómeno de los linchamientos es necesario explicar cómo se desarrollaron ciertas relaciones históricas que hicieron posible el surgimiento de los Estados modernos a partir de la monopolización de los medios de la violencia, esto en la conformación de ejércitos armados en nombre de poderes centrales; es decir ver el conflicto y la violencia generada por este, no como algo patológico sino como una relación social. La violencia interna en los Estados modernos disminuyó dramáticamente mientras que se acentuaron las guerras entre naciones, a diferencia de lo que ocurrió en siglos anteriores con el orden feudal. Para ^{Tilly (1992)}:

Puede que algunos pensadores como Michel Foucault y Marvin Becker tengan razón al atribuir parte del cambio a inmensas alteraciones de mentalidad. Pero no hay duda de que una importante contribución fue la originada por la creciente tendencia de los Estados a administrar, controlar y monopolizar los medios efectivos de violencia (p. 109).

Sin embargo, en el caso colombiano es posible evidenciar algo contrario a lo explicado por Tilly, pues en vez de disminuir se dio un aumento significativo en la violencia interna, debido a la existencia de una guerra civil desde el siglo pasado que ha implicado el enfrentamiento entre grupos guerrilleros, agentes del Estado y grupos paramilitares. Lo que revela un Estado débil que no tiene el control sobre el monopolio de la violencia para garantizar el orden y aminorar los conflictos internos entre individuos o instituciones dentro del territorio nacional, pues diferentes agentes no lo reconocen como autoridad legítima.

^{Pizarro (2015)} explica que las naciones latinoamericanas encajan perfectamente como Estados débiles y como tal hay una escala de debilidad en la que Colombia se ubica. Hay tres aspectos en los cuales se puede medir el debilitamiento del Estado colombiano con la capacidad de cumplir con sus responsabilidades legales: (i) la eficacia para obtener los recursos necesarios para el correcto funcionamiento de las instituciones públicas; (ii) el tamaño y la calidad de la fuerza pública; y (iii) la integración efectiva del territorio mediante una infraestructura adecuada.

Con esto, se sustenta la tesis de la particularidad latinoamericana del Estado débil, lo curioso es que esta debilidad no solo es institucional sino percibida por todos los actores en el ámbito nacional, y más aún, por la población civil en el orden local.

En esta dirección, el conflicto interno en Colombia denota una debilidad institucional por la posesión del monopolio de la violencia. Este hecho no es solamente un dato científico, es una realidad asumida, interiorizada y vivida en las esferas más cotidianas. En el imaginario colectivo colombiano, tanto el ejército, pero principalmente la policía, se tienen como no eficaces. Las personas se quejan de la falta de justicia, de la inseguridad y de la ausencia de garantías institucionales, que son la evidencia de un problema en su ámbito más local y cotidiano.

En otro sentido se puede remitir al concepto de anomia de Durkheim como explicación posible del linchamiento, esta se presenta cuando hay una pérdida sistemática de la fuerza para seguir las normas, esto es, que para los individuos las normas pierdan su fuerza reguladora y legítima². Desde Durkheim (2001) se puede explicar cómo la tendencia de los ciudadanos a sentir desconfianza por el sistema policial y de justicia los lleva a tomar la justicia por sus propias manos. Generalizando, se podría hablar de un estado anómico permanente, que no sería lo mismo que hablar de un estado anómico estable y estático, es decir, la anomía ya no vista como algo patológico, sino como lo normal (en términos de Durkheim).

Frente a este aspecto, ^{Fals Borda, Umaña Luna y Guzmán (2005)} arguyen que las instituciones políticas y policivas no cumplen su fin proclamado, y han sido efectivas soportando la imposición de la voluntad de grupos particulares, y muy reducidos, por sobre la voluntad común. En el texto La violencia en Colombia se expone cómo existen, para estos grupos, dos tipos de fines: los formales, que son los que el marco institucional representa, y los derivados, que han servido para el mantenimiento de una minoría dominante. Este fenómeno será denominado deformación de roles, y se condicionará al divorcio entre los fines formales y los fines derivados.

Es así como los roles tradicionales, por ejemplo, el de la policía, mutan para convertirse en roles violentos, contra la población civil en particular. La deformación de los roles se hace norma. No obstante, se considera que las disfuncionalidades son relativamente comunes en cualquier sistema social, aunque en Colombia presentan peculiaridades importantes, pues, se advierten disfuncionalidades institucionales y confusión de roles a diferentes niveles.

El impacto en lo más estructural de la violencia se dio en el escenario de una reorganización y alineamiento constante de las instituciones que se produjo debido a la deformación del estatus rol, gracias al trastrocamiento entre los objetivos reales y los ideales, y también la afectación de lo local a lo nacional y viceversa. Esto es lo que han llamado un “agrietamiento estructural”. Una reorganización que no está exenta de consideraciones por parte de los agentes más locales, es decir, que las mutaciones del accionar de instituciones como la policía, son percibidas, interiorizadas y naturalizadas.

Todo lo anterior, junto al constante conflicto social y armado ha implicado la profesionalización de los cuerpos militares y policiales respecto a la ocupación en otros aspectos como la guerra contra la insurgencia, que ha significado abandonar sus fines misionales para con la sociedad y volcar sus objetivos en la lógica antisubversiva y el aniquilamiento del enemigo interno.

Ello ha tenido varios impactos en la sociedad, en un proceso de dos vías; por un lado, la pérdida de credibilidad en la eficacia de la institucionalidad generando grupos independientes, ilegales y privados en búsqueda de la protección de la propiedad privada que, a similitud, pero en diferente escala, con el paramilitarismo busca colaborar con la actuación legal de la sociedad. Pero, por otro lado, y factor del mismo componente podemos ver una conformación de una ideología fascista en los diferentes componentes de la sociedad colombiana, la cual, en ausencia de la subversión, entiende al delincuente como el nuevo enemigo interno.

NUEVOS FASCISMOS SOCIALES

De acuerdo con Leandro ^{Gamallo (2012)}, la existencia de razones de odio social y la relación entre violencias colectivas e institucionalidad permiten observar los linchamientos como efecto de formas de control o no control institucional. A la vez, y en relación con las tesis de ^{Franco (2009)}, la estrategia contrainsurgente con un fuerte matiz de autodefensa es supremamente funcional a la eliminación del carácter político de la insurgencia, presentándola sencillamente como criminal, y justificando los actos de guerra (de actores legales, pero sobre todo ilegales) a manera de autovictimización, de “respuesta por parte de las víctimas”. Estableciendo así, una relación causa-efecto. Sin duda, las prácticas de autodefensa y guerrillas pueden alimentar el fascismo social, igualmente la policía y el antiguo Departamento Administrativo de Seguridad asumieron muchas veces estos procedimientos. Es decir, las fuentes del imaginario popular son variadas en una sociedad en guerra. Pero el punto más alto de este imaginario es la crisis de la administración de justicia, esta crisis tiene coincidencias con un descrédito general de la misma, incluso en países que no están en guerra y que también cuentan con oleadas de linchamientos.

Haciendo una extrapolación de esta estrategia-justificación de autodefensa, podemos decir que los fenómenos de linchamientos y justicia por mano propia se presentan como una especie de “autodefensa comunitaria”, justificando su accionar por medio del acto criminal, para quitarle el carácter social, político e inclusive humano al agente “culpable”. Al deshumanizar al individuo, de entrada, se atribuye toda la culpabilidad de lo que le está sucediendo en ese momento a su integridad física (que va incluso hasta la muerte) debido a su accionar delictivo, en otras palabras, el ladrón obtiene lo que se merece. Esta es sin duda una de las expresiones concretas del fascismo social que caracteriza la sociedad urbana bogotana.

Frente a ello se puede inferir diferencias en los enfoques de estudio de los linchamientos, en relación con otros autores latinoamericanos como Carlos Vilas y Juan Mollericona, pues en este contexto de conflicto armado, con una doctrina contrainsurgente muy marcada en la sociedad, no se puede ver los linchamientos como simple sustitución del Estado como en Bolivia y Perú, sino por el contrario una relación mutualista entre la institución y la sociedad.

En síntesis, el linchamiento en Colombia no es una manifestación del pluralismo jurídico de sociedades multiculturales y de la descomposición del orden establecido (^{Vilas, 2006}); el paralelismo y el sentido moral altamente inculcado en la población exacerban la necesidad de mantener una cierta lógica económico-política.

La sociedad plantea intereses particulares que se traslapan al espectro de lo público, que en sociedades posbélicas, siguiendo a ^{Torres-Rivas (2003)}, existe cierta fragmentación dada por las causas y dinámicas del conflicto: ideológicamente porque el anticomunismo logró separar a los ciudadanos entre buenos y malos, y militarmente porque los buenos pudieron matar a los malos sin mayores problemas.

Es así que la cultura contrainsurgente empieza a configurarse ante la ausencia de un fortalecimiento del Estado de derecho, en el cual se gestan “zonas grises” donde no se ejerce la legalidad del Estado, sino la de grupos privados, con intereses particularistas, clientelistas, corporativos y hasta mafiosos (^{Torres-Rivas, 2003}). Los linchamientos son efecto de este tipo de entramados sociales que manifiestan intensiones y objetivos tales como la eliminación de la delincuencia, la protección de la propiedad privada o el honor.

Ahora bien, al perpetrador del delito o acto inmoral se le atribuye que afecta, reiteradamente el orden social, pero sobre todo, que atenta contra algo sagrado como es la propiedad privada. No siempre y más bien raras veces, se da una afectación de la integridad física de la víctima del robo. Lo que plantea allí, es la sociedad rota por la violencia y la activación de actores proclives a la ilegalidad en cualquier aspecto de la vida, prestos al desorden, al conflicto, al uso de la violencia. Y además todo se agrava por la manera que la pobreza acentuó el conflicto y por que la paz aún no logra disminuir dicho fenómeno.

De cualquier forma, semejante puesta en escena de “la defensa de la comunidad”, difícilmente se puede encontrar en esta misma intensidad en reclamaciones políticas o sociales a un nivel más profundo y estructural, o frente a cuestiones de abusos estatales a los particulares³. Es mucho más fácil tomar retaliaciones contra un individuo específico por un hecho que en términos sociales no significa un daño importante, pero que sí lo es, en el nivel más privado, que hacer reclamaciones al Estado.

Por ello el fenómeno del linchamiento pertenece a una situación de descarga de ira acumulada por conflictos individuales entre privados, y que, al igual que la justificación de los paramilitares como autodefensas comunitarias (^{Franco, 2009}), solo funciona como pretexto, pero difícilmente como causa.

Cuando los grupos paramilitares apropian un orden de representación, argumentando un “nosotros los representamos en la guerra”, buscan en efecto trasladar sus acciones criminales al campo de lo heroico y arreglar el desfase que naturalmente se produce al ser actores que no son víctimas directas pero que se consideran como tales y se justifican como tales, es decir, retomar el campo de lo “propio” y volverlo relativamente más estable, campo que es, como dice Franco, el único lugar soberano para ejercer la autodefensa. Esa idea de representación genera profundas contradicciones y, una vez más, el argumento de acción defensiva pierde piso, perfilándose más como una acción violenta y de agresión.

Los sujetos que participan activamente del linchamiento casi nunca son las víctimas directas del robo. Tienen intencionalidad heroica y desplazan la victimización al hacerla propia, esta estrategia, es claro, funciona para eliminar el carácter delictivo y muchas veces sobredimensionado de la acción, que se presenta como netamente defensiva, aunque teniendo en cuenta la dinámica de la victimización que por supuesto no lo es.

No obstante, lo anterior demuestra un hecho de mayor calado: el desamparo estatal y la necesidad de protección ante la amenaza de los derechos individuales por medios ilegales, pues los legales, no cumplen esa labor protectora. Este argumento lleva a que la responsabilidad estatal, como lo plantea Franco, en la gestación y mantenimiento de estos grupos paramilitares, no sea vista por acción, sino por omisión, por falta de presencia real del Estado. En ese sentido, se termina invisibilizando las causas sociales de la existencia del robo, causas que son evidentes aunque no tienen cabida en lo espontáneo del evento físico de “justicia por mano propia”.

Con esto, se traslada toda la responsabilidad al sujeto particular individual, el cual terminará, algunas veces, pagando con su propia vida, circunstancias que en gran medida no dependen en esencia de él. Esto no es justificar al ladrón en su accionar directo, sino, entender que existen condiciones sociales particulares y muchas veces estructurales, que pueden conducir al robo para la sobrevivencia. En la inmediatez del evento pasional, se diluyen las responsabilidades institucionales de la existencia del robo y de la inseguridad, además de invisibilizar las causas sociales que determinan estas.

Parece paradójico que la protección de lo privado se termine haciendo con un accionar colectivo violento. Cuando ni lo público ni lo democrático se defienden de la misma manera. Así como el argumento de la autodefensa de los paramilitares pierde sustento, al entrar a analizar el efecto directo del cual afirman defenderse, la turba que cobra venganza exagerada, en nombre de la defensa de la comunidad, actúa como si se hubiera herido el tejido social; allí hay un accionar diferencial, puesto que solo en estos casos particulares se despierta la indignación.

Seguramente esta indignación diferencial está determinada por las capacidades de respuesta, es decir, por la posibilidad de la toma de venganza a un nivel más inmediato y material, de la puesta en práctica de la llamada “justicia por mano propia”, por parte de los que asumen control territorial o imponen su orden social por la vía del escarmiento público y la exposición de la violencia contra aquellos que no respetan la propiedad privada. La acción al presentarse como defensiva y ocultar su talante ofensivo encuentra afinidades electivas con la estrategia justificadora paramilitar.

La autodefensa comunitaria se concreta entonces en las acciones de las organizaciones vecinales, que en el caso de Bogotá se expresan en los frentes ciudadanos de seguridad organizados desde la legalidad, las organizaciones barriales de protección desde la informalidad, o la propia ilegalidad que contrata cuerpos de seguridad ilegales o provocadores de linchamientos en zonas comerciales o zonas centrales de las localidades y de la ciudad.

Estas autodefensas comunitarias se identifican en el sentido más general con el imaginario de la guerrilla y las autodefensas paramilitares tanto en el plano discursivo como simbólico. Sin embargo, desde los datos y entrevistas realizadas no se puede corroborar que existan tales afinidades, aunque algunas prácticas se retomen de la guerra rural y se traigan al espacio urbano. Lo que sí expresan claramente estas autodefensas es el fascismo social en dos hechos puntuales, los involucrados en los linchamientos y los afectados consideran necesario ejecutar estos ajusticiamientos sociales como vía para enfrentar la delincuencia y los atentados al honor, y segundo se asumen como guardianes sociales del orden y la protección de los semejantes o conciudadanos frente al caos y la anarquía social.

En cualquier caso, cuando el linchamiento no es espontáneo sin lugar a duda es manifestación de fascismo social, este aspecto es muy evidente en los linchamientos en zonas comerciales y residenciales con personas reincidentes en dichos sectores.

“RATAS” Y “PRO-RATAS”, CAMPO POLÍTICO EN DISPUTA

En el caso específico de los linchamientos en Bogotá: la calle y el Internet son los espacios públicos por excelencia de estos hechos en los últimos años. En la calle es palpable que se lleva a cabo el escarmiento de las comúnmente, mas no en su totalidad, llamadas “ratas” (como se les denomina a los ladrones), en estos procedimientos violentos de buscar justicia por mano propia. Además de estar presentes los grupos en confrontación (linchadores-enemigo), están los “pro-ratas”, es decir: agentes para los que prima la vida incluso de la persona que ha robado y está pronta a ser golpeada de manera exorbitante, y que son considerados por quienes están del lado del linchamiento como enemigos políticos (confrontación de intereses políticos), pero no absolutos como es el caso de las ratas.

Es evidente que al nombrar a la delincuencia o al linchado con ese término se trata de deshumanizar al individuo y ver justa la eliminación de estas personas: prácticamente asesinar al enemigo de la ciudad se considera un no delito. Mediante páginas web como YouTube y Facebook es claro que cuando se transmiten estos videos la reacción que tienen los que comentan es la de identificar al enemigo absoluto y al enemigo político (^{Angarita, 2015}). Es recurrente, además, que los “pro-ratas” sean mujeres, dejándonos ver en un sentido amplio que “La violencia puede ser justificable, pero no será nunca legítima” (^{Arendt, 2005}).

En estos dos espacios públicos se observa que se trata de justificar esta acción violenta, cuando se dice cosas como “Es que apuñalaron a alguien”, “Vale más la vida de una persona inocente”, aun así, hay quienes se oponen en la calle y en las propias redes a estos actos de linchamiento.

Como lo refiere ^{Franco (2009)}, la paranoia consciente por la existencia del otro insurgente y la justificación de la autodefensa llevan a que, desde la conceptualización del enemigo para el paramilitarismo, inclusive los no combatientes sean enemigos, no tanto por lo que representan como amenaza inminente, sino por su potencia como agentes con objetivos que distan de los que defienden las fuerzas contrainsurgentes. Podemos hablar de la paranoia sobre el otro, en este caso, el ladrón, y los que no tienen una relación directa con el evento, lo que en redes sociales se denomina los “pro-ratas”, quienes se están viendo amenazados en su integridad, sencillamente por no estar de acuerdo con el linchamiento. Allí, la acción de autodefensa, al igual que con la lógica paramilitar, termina fluctuando entre lo punitivo y lo preventivo para desembocar en el exterminio. En este punto, ya no hay cabida para el argumento de la defensa, pues la proporcionalidad y el concepto de enemigo se desbordan y la acción trasciende de la simple relación agresión-defensa, haciendo que la confrontación deje de ser entre dos opuestos y pase a ser entre grupos con objetivos político-ideológicos diferentes, aunque no sean actores directos. ¿Empezarán a linchar ahora a los “pro-ratas”?

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LINCHAMIENTOS

Los medios de comunicación ejercen un rol fundamental en la percepción de seguridad y en la construcción de la imagen de los hechos de violencia frente a la comunidad. Desde finales de la década de los ochenta, los hechos de violencia y delincuencia se han tomado los titulares de prensa de la mayoría de los países, haciendo de la seguridad un tema de gran relevancia en la agenda mediática internacional. En su afán de adquirir mayores índices de audiencia y mayores márgenes de rentabilidad, los medios informativos comenzaron a llenar sus espacios con las llamadas “crónicas rojas”, maximizando las situaciones de inseguridad y creando un efecto de pánico generalizado.

Sin embargo, aunque los medios de comunicación tienen influencia en la percepción de inseguridad, no pueden ser considerados determinantes de la misma, ni tampoco instigadores directos de los actos de violencia colectiva.

Los medios de comunicación a diferencia de las redes sociales siempre titulan los linchamientos como “justicia por mano propia” o a secas “linchamiento”, las redes por su parte son más inmediatas y registran el evento sin filtros de ningún tipo. Los videos que circulan en las redes sobre estos hechos los realizan personas del común que toman las imágenes y las comparten con sus vínculos y seguidores.

Los diversos registros en medios de comunicación atribuyen un sentido sensacionalista a la noticia, que por lo corriente es ubicada en la página judicial. Las fotos son indirectas del hecho dependiendo del tipo de medio de comunicación escrito y si es un medio popular, muestra escuetamente las imágenes del linchamiento.

Conforme con la base de datos construida en la presente investigación, de cuatrocientas opiniones respecto al tema un 60 % está a favor de estos actos, y un 35 % está en contra. Las personas que están mayoritariamente a favor siempre aducen temas de seguridad y propiedad, aquellos que están en contra esgrimen el valor de la vida y su sacralidad como elemento central para tener en cuenta.

Colombia está dentro de los países que menos aceptan este tipo de acciones (29/100), según el Barómetro de las Américas⁴ del 2014 de la Vanderbilt University, pese a ello, el aumento de estos actos muestra que la dimensión del problema no solo tiene que ver con la aceptación, sino con la reproducción de prácticas de odio que algunas personas logran abanderar de manera consciente o no. Teniendo en cuenta estos datos es imposible determinar cuándo nos referimos al fenómeno del linchamiento en Bogotá, si se trata evidentemente de un incremento de linchamientos en la ciudad o si han aumentado los registros fílmicos de tales situaciones (sin aumentar los linchamientos), puesto que no se tienen datos sobre el número de estos sucesos en registros oficiales institucionales (^{Mizrahi, 2015}).

Fuente: Infobae con datos del Barómetro de las Américas

Gráfico 1 Los 10 países con mayor aprobación a la justicia por mano propia  

Fuente: Infobae con datos del Barómetro de las Américas

Gráfico 2 Los 10 países con menor aprobación a la justicia por mano propia 

Gracias a la masividad e inmediatez de medios de comunicación como Internet o WhatsApp, recientemente se ha hecho eco de los “linchamientos”, los cuales, además han generado la sensación de que se presentan con más frecuencia (El Espectador, 27 de octubre de 2018). Sin embargo, como se muestra en las imágenes, sí se puede observar elementos propios de dinámicas de agresividad y alta descomposición social, en el sentido de las expresiones, que hacia la vida de los seres humanos (los delincuentes) se plantean. Frases como: “duro con los ladrones y aún más con los (denominados) pro-ratas”, “pena mínima por hurto, 24 horas en un hospital” muestran una interpretación de la criminalidad a partir de pautas morales y de control social que justifican este homicidio colectivo como lo llama el jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni.

ALGUNOS CASOS PARTICULARES

Uno de los casos más polémicos en los medios de comunicación fue el que se experimentó a finales del mes de febrero de 2015 en la estación de Transmilenio de la Calle 37, según los medios de comunicación un hombre que caminaba por las inmediaciones de la estación fue acusado de haber robado un celular de alta gama a una mujer dentro de la estación de Transmilenio, a lo que una multitud de personas logró alcanzarlo y devolverlo a la entrada de la estación mencionada. El video muestra a un hombre de pie con signos de violencia, con la camiseta rota y rodeado de varias personas que le sujetan las manos. Se puede ver a un joven no mayor de 25 años esculcando los bolsillos de esta persona, cuando se percata de que cae el celular de su pantalón, se puede observar cómo los aires alterados de quienes se encuentran en el video se exacerban y comienzan, entre gritos, a golpear al sujeto que es juzgado como ladrón.

Entre el caos de la situación se escucha a varias personas con voz afanosa gritando contra la turba que golpea al hombre, diciendo que ya han llamado a la policía y que no es necesario que sigan propinándole una golpiza, a lo que otros responden con ira y con los ánimos alterados que estos sujetos, refiriéndose a los ladrones, son capaces de matar a otras personas por un simple celular y salir campantes por las calles una y otra vez porque la policía no es eficiente en estos temas: “Los cogen y los dejan salir a las 24 horas”. Cuando el video es comentado por internautas, se puede observar que en su mayoría apoyan la acción violenta y legitiman lo ocurrido.

En otro video se puede observar a dos hombres en el piso siendo golpeados por un grupo de personas que da fuertes patadas mientras se escucha una voz femenina pidiendo con urgencia el llamado de la policía, entre las pasiones del momento los hombres responden airadamente, argumentando que las “ratas”, como se refieren a los ladrones, pueden apuñalar a alguien, mientras siguen pateando a los dos sujetos.

En algunos comentarios sobre los videos en las redes sociales se arman polémicas por quienes defienden el acto de linchamiento y por quienes lo condenan, para efectos prácticos no será necesario sino remitirnos a los dos hechos que acabamos de describir, puesto que en todos los videos subidos a las redes donde se encuentra el fenómeno de linchamiento, se presentan las mismas características, en las que se advierte a una caterva enfurecida golpeando a presuntos ladrones, mientras airadamente unos critican el hecho y otros lo defienden. Pero además de ello, en las opiniones de estas personas se denotan percepciones sobre la ineficiencia de la justicia colombiana en cuanto a estos delitos.

En estos casos se puede definir claramente la ausencia de las autoridades policiales, las cuales no aparecen sino luego de que el linchamiento ha iniciado e incluso en lugares como las estaciones de Transmilenio, donde en teoría hay una alta presencia de policía nacional.

Este aspecto implica revisar con detenimiento la estrategia policial de seguridad por cuadrantes y el papel de los ciudadanos en la seguridad de la ciudad de Bogotá, junto con las prácticas de “arrestos ciudadanos” y hasta dónde la policía cívica y los arrestos se expresan o terminan escalando a diferentes niveles de violencia, incluido el linchamiento.

SOBRE NÚMERO DE CASOS REGISTRADOS DE LINCHAMIENTOS EN BOGOTÁ

De los años revisados (2004-2015) se destaca en el estudio la legitimidad a medias de las instituciones policiales que se manifiesta en apoyo en términos de arrestos ciudadanos, que solo en el año 2014 fueron en total 3893, según cifras oficiales, lo que representa una relación “media” entre la población civil y la fuerza pública.

El registro de arrestos ciudadanos durante el 2014 cuenta con una serie de información, a saber: mes, día, hora, dirección, barrio, localidad y descripción del hecho⁵, que permitió establecer con rapidez el número de casos de arrestos ciudadanos por mes, así como georreferenciar el lugar del hecho, es decir, ubicarlo por barrio y localidad. No obstante, en la parte de la descripción del hecho se encuentra “delincuente capturado por civil”, la única excepción fue el mes de agosto donde sí se consignan descripciones un poco más elaboradas y que permitieron establecer e identificar casos de “linchamiento” y “posible linchamiento” (véase tabla 1).

Tabla 1 Linchamientos vs Posibles linchamientos en Bogotá 

Fuente: Grupo de Investigación Estado y Usos Sociales de la I-legalidad (EILUSOS) a partir del registro de arrestos ciudadanos en Bogotá durante el 2014 suministrado por el Observatorio de la Alcaldía de Bogotá.

Esa diferenciación entre “linchamiento” y “posible linchamiento” se debe, solo en parte, a la ausencia de cifras concretas de esta acción de violencia por cuanto se hace necesario registrar aquellos casos donde, teniendo en cuenta el relato o descripción de los hechos, existe una gran probabilidad de que haya ocurrido un linchamiento. Por su parte, en el mencionado registro de arresto ciudadano frases como “la gente le está pegando”, “el sujeto está siendo linchado”, “lo están linchando”, entre otras, facilitaron establecer que se trataba de una acción de violencia y colectiva, es decir, un linchamiento. En ese mismo sentido, frases como “lo van a linchar”, “la comunidad quiere golpear al sujeto”, “quieren lincharlo”, si bien no afirman que la acción de violencia se llevó a cabo, sí ayudan a determinar la existencia de la predisposición hacia la acción de violencia y en colectivo.

Como se mencionó en líneas anteriores, a partir del registro de arrestos ciudadanos fue posible establecer el número de casos de linchamientos y posibles linchamientos en la ciudad de Bogotá durante el 2014. En algunos casos se ha caracterizado el linchamiento como una práctica social arraigada en zonas periféricas donde se presentan altos niveles de pobreza y una enorme ausencia de las instituciones del Estado, en tanto, lugares donde emergen formas de control social autónomas o que se ejercen por autor distinto al Estado, no es la experiencia de Bogotá (véase tabla 1), donde se presentaron 102 linchamientos y 39 posibles linchamientos distribuidos en todo el territorio distrital.

Los casos de linchamiento y posibles linchamientos se presentaron, si bien, en zonas que pueden definirse como periféricas, también en zonas céntricas que cuentan con una fuerte presencia de instituciones estatales y fuerza pública. Los linchamientos se realizaron en un 75 % en zona comercial, 16 % en zona residencial y 9 % sin identificar. Se destacan tres de las localidades con mayor número de linchamientos y con fuerte presencia de fuerza pública, seguridad privada y de otras instituciones estatales: la primera localidad es Kennedy con un número de 17 linchamientos (18,3 %), le sigue Puente Aranda con 13 linchamientos (13,9 %) y Chapinero con 9 linchamientos (9,6 %). Solo en estas tres localidades se presentaron el 41,8 % de los linchamientos ocurridos en agosto de 2014.

Respecto del 75 % de linchamientos realizados en zonas comerciales se pudo establecer la participación en un 30 % de las organizaciones vecinales, y un 25 % en los actos espontáneos de linchamientos, por la calidad de los datos solo podemos inferir que los otros casos serían de la zona gris. Ahora bien, en este 20 % restante se encontrarían personas que extraen experiencias y mecanismos de violencia usados en el conflicto armado para incorporarlos y accionarlos en el linchamiento; y especialistas en el empleo de los medios violentos, es decir, personas (vigilancia privada) que pertenecieron a estructuras inmersas en el conflicto armado.

Ahora bien, fueron 1236 arrestos ciudadanos los que se presentaron durante el mes de agosto de 2014 en Bogotá, el 8,3 % terminó en linchamiento y el 3,2 % puede considerarse como posibles linchamientos, surge entonces la cuestión respecto a cuántos casos de linchamientos se presentaron en los otros meses donde no se registraron de manera efectiva los hechos, en otras palabras, ¿son los linchamientos una práctica social constante o recurrente de la ciudadanía bogotana y con qué frecuencia se dan?

En promedio se efectuaron 1329 arrestos ciudadanos por mes durante el 2014, si se asumiera que el 5 % de esos arrestos terminó en linchamiento, se estaría hablando de cerca de 800 casos de linchamiento anuales, una cifra alarmante pero que aún no es posible comprobar por falta de acceso a la información que pueden tener algunas instituciones del Estado.

Por otra parte, es importante mencionar que el linchamiento sí se muestra como una práctica social dirigida casi en exclusiva al género masculino. En general, son los hombres quienes realizan los linchamientos. En los 102 casos de linchamiento y en los 39 posibles linchamientos la persona agredida fue un hombre (véase tabla 2).

Tabla 2 Género en linchamientos y posibles linchamientos en Bogotá.  

Fuente: Grupo de Investigación EILUSOS a partir del registro de arrestos ciudadanos en Bogotá durante el 2014 suministrado por el Observatorio de la Alcaldía de Bogotá.

Asimismo, debe decirse que, de los linchamientos que se llevaron a cabo en agosto de 2014, en 2,1 % de los casos la causa detonante de la violencia fue una violación, el 4,3 % de estos casos se ejecutó contra habitante de calle que fue acusado de cometer un robo y el 93,6 % de los casos se efectúa contra ladrones o señalados como tal. En cuanto a las cifras de los posibles linchamientos, se encuentra que de estos el 5,1 % estaba encaminado contra un habitante de calle y el 94,9 % contra señalados de robo.

La segunda estrategia, por su parte, mantuvo en todo momento el beneficio de permitir acceder a mayores detalles de la acción del linchamiento. Se realizó la revisión de los principales diarios del país, los cuales cuentan con mayor impacto en la ciudad de Bogotá -El Espectador, El Tiempo y El Espacio-, asimismo, la búsqueda en web en plataformas de estos mismos diarios y otros -El Universal, Caracol Radio, Q’Hubo, Semana, Periódico Amarillo, entre otros-, Facebook y YouTube; la revisión web mostró la necesidad de registrar los casos de linchamiento del orden nacional. Como resultado de la segunda estrategia fue posible identificar linchamientos, posibles linchamientos e intentos de linchamientos, estos últimos producto específico del material visual hallado en la web.

Los intentos de linchamientos hacen referencia a casos donde un grupo de personas está predispuesto a usar la violencia contra otro(s) que se encuentra(n) en inferioridad numérica pero que, por distintos motivos como por ejemplo la intervención de la policía, la ayuda de un tercero o el escape no logra concretar. Estos intentos frustrados de linchamiento llevan a que las personas que no lograron de manera colectiva golpear contundentemente al incriminado, redireccionen la acción de violencia hacia alguna pertenencia del acusado y víctima del linchamiento -la moto, el carro, la casa-.

Así entonces, fue posible identificar 36 linchamientos, 7 posibles linchamientos y 13 intentos de linchamientos (véase tabla 3); se presentaron en varias localidades de Bogotá, tanto en zonas residenciales como comerciales. Se encontró que 12 linchamientos terminaron en la muerte del sujeto linchado en localidades como Kennedy, Los Mártires, Engativá, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Rafael Uribe.

Tabla 3 Total de linchamientos, posibles linchamientos, intento de linchamiento en Bogotá. 

Fuente: Grupo de Investigación EILUSOS a partir de revisión hemerográfica de prensa, Facebook y YouTube en el periodo 2001-2017.

Los principales detonantes de los linchamientos en Bogotá son el robo, el intento de robo, el abuso sexual y el sicariato. Ha sido posible establecer que la mayoría de las zonas comerciales han activado sistemas de seguridad para garantizar la asistencia de público que es sinónimo de buena economía, en otras palabras, el sistema de seguridad previene que la zona comercial se configure como un lugar de miedo y, por efecto, ahuyente al público y disminuya el nivel de productividad. Los sistemas de seguridad van desde la alerta del sospechoso hasta el uso de elementos como bates, cadenas, palos, varillas, correas, cuchillos y machetes; alarmas, cámaras de seguridad, contratación de seguridad privada (legal e ilegal⁶), etc.

Cuando se presenta un sospechoso o efectivamente hay un robo, amenaza u otra acción que incomode al público en la zona comercial, los comerciantes próximos al lugar del hecho se acercan de manera colectiva y casi coordinada, también como una forma de respaldo u apoyo mutuo, por supuesto con los elementos usados para ejercer violencia.

CONCLUSIONES

Los linchamientos son una forma de violencia colectiva usada socialmente por ciertas comunidades que, al no ver eficiencia en la institucionalidad jurídica, aplican la acción violenta para resolver sus conflictos y defender sus intereses. Sin embargo, el aumento de este tipo de acciones en los años posteriores al proceso de paz con los paramilitares se puede relacionar con las formas de autodefensas comunitarias en la ciudad de Bogotá, entendidas estas autodefensas como grupos sociales que defienden sobre todo la propiedad privada, estableciendo prácticas de fascismo social.

La existencia de un largo conflicto social y armado condiciona muchas veces ideológica y políticamente a la población en su conducta moral; Bogotá es receptora de un gran número de desmovilizados que se reinsertaron a la vida civil, muchos de ellos continuaron en los circuitos legales, otros se incorporaron a formas informales de seguridad y otros aún por determinar continuaron en la vida ilegal. A pesar de no ser general la participación directa de reinsertados en los linchamientos en las zonas comerciales, una práctica común en estos sectores es que existen hombres de civil contratados para la seguridad y para controlar a los ladrones del sector. De los casos en estudio y de la información analizada se pudo establecer la participación de desmovilizados en algunos casos en zonas residenciales y comerciales.

Llama la atención la relación existente entre esta forma de “justicia por mano propia” y la formación y relacionamiento que grupos económicos han hecho para mantener sus privilegios respecto de otros grupos sociales que intentan intervenir en sus dinámicas; pero además la legalidad entre la cual se mueve este fenómeno, pues la no existencia de una normatividad penal frente a los linchamientos implica la reproducción de estos actos y su justificación social. El linchamiento no es un acto de justicia por mano propia, es un homicidio colectivo.

Los linchamientos se encuentran en el ámbito de lo moralmente permitido, pero son i-legales. Se comprende entonces que los linchamientos espontáneos sean ilegales en tanto el uso de la violencia es exclusivo del Estado.

Sin negar las formas estatales de justicia y el papel de la policía nacional en evitar un número importante de linchamientos por año (en el 2014 la intervención policial en “posibles linchamientos” impidió la realización de seiscientos cuarenta casos) se requiere mayor atención inmediata a este tipo de casos por parte de las autoridades.

De lo analizado en redes sociales y medios de comunicación en cuanto al linchamiento se puede afirmar que la ciudadanía expresa la necesidad de los linchamientos por ausencia de justicia (en nuestra base de datos, de cuatrocientas opiniones 60% está a favor de estos actos y 35 % en contra). Por las justificaciones y la necesidad de este hecho se denota el factor de odio social frente al ladrón-hombre, pues la mujer no se lincha -no se toca- en este tipo de violencia colectiva y pública.

Respecto del 75 % de linchamientos que se ejecutaron en zonas comerciales se advirtió la participación en un 30 % de organizaciones vecinales o autodefensa comunitaria, y los demás serían actos espontáneos de linchamientos, frente algunos hechos registrados; por la calidad de los datos solo podemos inferir que son de la zona gris. Ahora bien, en el 30 % de los linchamientos con organizaciones vecinales se encontró la participación de especialistas en el empleo de medios violentos, es decir, personas que cumplen tareas de vigilancia privada que pertenecieron a estructuras en el pasado inmersas en el conflicto armado. De esta manera se comprobaría parcialmente la hipótesis de que los linchamientos estudiados después del proceso de desmovilización paramilitar aportaron a establecer formas de violencia urbana legítima, y a consolidarlos como prácticas de odio social.

Queda como tarea importante para la comprobación de esta hipótesis el seguir registrando y georreferenciando los casos de linchamiento y comparar si estos casos se presentan en zonas con alta población de desplazados, reinsertados, desmovilizados o agentes del Estado (policía/militar).

Un aspecto que precisa de revisión en Bogotá es la estrategia policial de seguridad por cuadrantes y el papel de los ciudadanos en la seguridad, junto con las prácticas de “arrestos ciudadanos” y hasta dónde llegan las competencias de la policía cívica y los arrestos ciudadanos, pues a pesar de no comprobar plenamente la relación directa de estos con todos los linchamientos, sí muchos de estos arrestos expresan diferentes repertorios de violencia, y algunos culminan en linchamientos.

En el periodo estudiado no se encontraron políticas públicas en Bogotá ni en Colombia, que prevengan los linchamientos, o en defensa de la vida (salvo en el segundo gobierno de Antanas Mockus), o que enfrenten este tema en la capital del país, tampoco existen iniciativas legislativas que sancionen este acto de violencia colectiva o normas de cualquier nivel que lo regulen. Esto quiere decir que se sigue comprendiendo y aplicando el linchamiento como un hecho de autorregulación social-moral.