INTRODUCCIÓN

En la década de los noventa, en un contexto de apertura económica y políticas represivas en contra de las drogas, que ^{Ramírez (2001)} denominó “políticas contrainsurgentes”, el movimiento agrario de los departamentos de Putumayo, Guaviare, Caquetá (Amazonía Occidental), Vaupés, Vichada y Meta comenzó a manifestarse fuertemente. El movimiento se opuso a la intensificación de las fumigaciones aéreas y rechazó la política de cultivos de uso ilícito propuesta por el gobierno central, pues no representaban una solución para los habitantes de estas regiones (^{Ramírez, 2001}). Estas manifestaciones se transformaron en paros cívicos que los campesinos impulsaron entre 1994 y 1996 y constituyen un hito en la movilización social agraria por incluir dentro de la agenda política el tema de los cultivos de uso ilícito y su tratamiento.

Según ^{Ramírez (2017)} tanto en el Putumayo como en el Catatumbo zonas de colonización, presencia de grupos armados ilegales, marginalidad y ubicación estratégica para el narcotráfico, los campesinos cultivadores de coca han sido los mayores afectados por la criminalización y por la persecución del ejército y los paramilitares. Según ella, después de la desmovilización de los paramilitares, la llegada a la presidencia de Juan Manuel Santos y las negociaciones de paz con las Farc-EP hay un cambio en el discurso de parte del gobierno y de los campesinos. Estos pasan de la criminalización a asumirse como víctimas del conflicto armado y del narcotráfico y demandan una inclusión en tanto sujetos políticos y de derechos diferenciados.

El primer mandato de Juan Manuel Santos (2010-2014) se caracterizó por la continuidad que se le dio a la política de consolidación de la seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se privilegió el fortalecimiento de la paz y el mantenimiento de la estabilidad a través del desarrollo social y económico que se consideraba estancado por efectos del narcotráfico. En este sentido entre 2010 y 2015, Santos mantuvo la lucha contra el narcotráfico usando estrategias de los gobernantes anteriores, así como renovando e impulsando nuevas reformas que evitaran el crecimiento del narcotráfico y que facilitaran la negociación con la guerrilla de las Farc-EP.

Sin embargo, en el segundo periodo de gobierno se presentó un cambio en la política de cultivos de uso ilícito. Gracias a que los espacios de concertación se abrieron en el marco de la negociación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, específicamente el punto 4 de “Solución al problema de drogas ilícitas”. Este apartado del Acuerdo incluyó reclamaciones históricas relacionadas con la forma de ejecutar la erradicación y los impactos que tiene sobre las poblaciones campesinas. Por eso, el punto 4 establece la necesidad de realizar acuerdos con las comunidades campesinas para llevar a cabo la sustitución de manera voluntaria, progresivamente, otorgando plazos para la erradicación y teniendo como método prioritario la erradicación manual, todo esto dentro del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) (^{Gobierno de Colombia-Farc-EP, 2016}).

Aunque se esperaban resultados positivos de la puesta en marcha del PNIS, su implementación ha sido contrarrestada por un aumento significativo de los cultivos en todo el país, lo cual motiva nuevas movilizaciones, sobre todo en los departamentos del país donde se concentran las áreas cultivadas. En el 2017 se llegó a pico histórico de hectáreas cultivadas de coca y según el informe del ^{Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos ilícitos (SIMCI)} para ese año se mantuvo una tendencia a la concentración de los cultivos principalmente en el Catatumbo (Norte de Santander), el Bajo Cauca antioqueño y la frontera sur de Colombia. En este año el 44 % de la coca del país se concentró en diez municipios, intensificándose este fenómeno en el 2018 con el aumento de la densidad de las áreas sembradas y la disminución de los territorios afectados (SIMCI, 2018). En la actualidad podemos observar que la concentración continúa (gráfico 1).

Fuente: SIMCI (2019)

Gráfico 1 Distribución regional según cultivos de coca 

En este artículo tenemos por objetivo analizar las acciones, las motivaciones, los repertorios y los actores de las movilizaciones durante el segundo periodo de Juan Manuel Santos, donde hay un resurgimiento del tema de los cultivos de uso ilícito y un cambio en los discursos (^{Ramírez, 2017}). Con el fin de situar históricamente estas nuevas movilizaciones retomamos tanto las movilizaciones como los actores principales de los noventa para dar cuenta de algunas rupturas y continuidades entre uno y otro periodo.

Para esto dividimos el texto en cuatro partes. En la primera mostramos la metodología que utilizamos. En la segunda explicamos la movilización y sus repertorios de acción, para ello ­retomamos lo sucedido en los noventa y hacemos un análisis, a partir de revisión de prensa, de lo que ocurrió entre el 2014 y el 2018. En la tercera parte nos enfocamos en las organizaciones que están detrás de esas movilizaciones en ambos periodos. Esto con el fin de conocer cuáles han sido las rupturas y continuidades tanto en la movilización como en los actores. Por último, presentamos unas reflexiones alrededor de la instrumentalización que se hace de la movilización en torno a la sustitución o a la erradicación de cultivos de uso ilícito por parte de las organizaciones, como una forma de acceder a una política de inclusión diferenciada.

METODOLOGÍA

Para el periodo 2014-2018 el análisis que presentamos en este artículo proviene de la construcción de una base de datos a partir de la base de datos de prensa del ^{Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep)}. Dentro de las categorías de esta base de datos consultamos la titulada “Movilización social campesina” (D7), compuesta por seis subcategorías: 1. Éxodos; 2. Desplazados, refugiados, confinados; 3. Protestas campesinas, paros; 4. Tomas, bloqueos, asonadas, disturbios; 5. Marchas; y 6. Organizaciones campesinas. En total consultamos 1140 registros de los cuales seleccionamos 79 acciones. Privilegiamos las noticias que daban cuenta de los hechos, y repertorios de acción. Cuando más de una noticia nos refería al mismo hecho optamos por la noticia más completa dejando la otra u otras como complementarias. A partir de estas premisas metodológicas pudimos elaborar categorías de análisis que informaron las características del movimiento agrario durante los años 2014-2018.

Consideramos que el registro de las características temporo-espaciales se hace fundamental, ya que es a partir de éste que podemos seguir los hitos y duraciones de las acciones, así como los lugares paradigmáticos de las luchas campesinas. La distribución por años fue la siguiente: en 2014 encontramos el 25,32 % de las acciones; en 2015 el 21,52 %; en 2016 el 26,58 %, siendo este año el que reportó más actividad en el segundo periodo del gobierno de Santos. Los años 2017 y 2018 registraron una considerable disminución de la movilización campesina y agraria en el país, con 17,7 % y 8,8 % respectivamente (gráfico 2).

Gráfico 2 Movilización campesina en Colombia entre 2014 y 2018 

Los territorios de la movilización dan luces de las problemáticas agrarias más allá del panorama nacional anclado a las regiones. En nuestra muestra hallamos cuatro departamentos en los que se concentró el conjunto de acciones: Antioquia (18,99 %), Bogotá (12,66 %), Cauca (11,39 %) y Norte de Santander (10,13 %). Si contrastamos estos resultados con la tendencia nacional de la participación departamental en las luchas sociales entre 1975 y 2016 encontramos que los dos primeros puestos corresponden igualmente a Antioquia y Bogotá (^{Archila, García Velandia, Parra Rojas y Restrepo Rodríguez, 2019}). El tercer y cuarto puesto en el conjunto de luchas sociales corresponden a Santander y Cauca. Así pues, la diferenciación regional marca el impacto de la política agraria del gobierno en las regiones de una manera diferenciada (gráfico 3).

Gráfico 3 Participación departamental en la movilización campesina entre 2014 y 2018 

Los motivos representan una de las variables más complejas, puesto que los actores tienen agendas diferenciadas de reivindicaciones. Es claro que desde 2005 los motivos de la acción colectiva agraria han sufrido importantes transformaciones. Como lo establecen ^{Tobasura y Rincón (2007)}, los tres motivos principales de movilización agraria en Colombia entre 1990 y 2005, fueron: (i) política agraria (24,7 %), (ii) servicio e infraestructura (19,5 %) y (iii) tierra (9,3 %). Para el segundo periodo del mandato de Juan Manuel Santos (2014-2018), advertimos un panorama diferente, siendo el primer motivo de movilización el tema de los Acuerdos con un 27,85 % de la movilización total. En esta categoría incluimos las noticias cuyo tema central fue el incumplimiento de los acuerdos realizados entre gobierno y campesinos post paro del 2013 y posteriormente los Acuerdos firmados por el gobierno con las Farc-EP, especialmente en los temas de reforma rural y cultivos de uso ilícito. En segundo lugar, encontramos en empate a cultivos de uso ilícito y política agraria con un 18,99 % cada uno. Por último, tenemos la categoría varios que representó el 10,13 % de la muestra, esto incluye problemas con megaproyectos, servicios e infraestructura y crisis agropecuaria (tabla 1).

Tabla 1 Motivos, 2014-2018 

Los motivos no se comportaron de la misma manera a lo largo del periodo. Así, mientras que para el año 2014 el principal motivo de la movilización fueron los acuerdos, las motivaciones de los cultivos de uso ilícito tuvieron su pico en el 2017. Las acciones motivadas por la política agraria fueron más intensas en el año 2016, mientras que varios y desplazados tuvieron su auge en el año 2014. Esto nos muestra también niveles diversos de interacción con la institucionalidad teniendo en cuenta las políticas públicas adoptadas por la administración de Juan Manuel Santos (gráfico 4).

Gráfico 4 Distribución de motivos por año, 2014-2018 

Los adversarios los definimos como los grupos hacia los cuales se dirigen las demandas de la lucha. En las luchas sociales nacionales entre 1975 y 2015, el adversario principal de las luchas agrarias fue el gobierno nacional (^{Archila et al., 2019}) (gráfico 5). En el caso que compete a este artículo más del 50 % de demandas se dirigió al gobierno nacional, mientras que las dirigidas al gobierno departamental y municipal corresponden a un 7,59 % y 2,3 % respectivamente.

Gráfico 5 Adversarios, 2014-2018 

Para el periodo de los noventa utilizamos fuentes secundarias para reconstruir la movilización y los actores involucrados. El análisis que presentamos de la lucha social campesina en el segundo periodo de Santos tiene como foco los repertorios y los escenarios en los cuales estas acciones se presentaron, a la luz del contexto de los paros cocaleros de la década de los noventa. Argumentamos que mientras en los noventa las acciones fueron concentradas y dirigidas en un conjunto que parecería homogéneo, en el periodo de Santos la movilización campesina estuvo escindida, poco articulada, y su propósito fue claramente reactivo frente a políticas públicas estatales o regionales, haciéndolas disruptivas (^{Osorio, 2016}). Esta postura no desconoce la importancia de la organización campesina en las diversas acciones del periodo de análisis, lo que pretendemos es caracterizar las diferencias y la diversidad de los campesinos cocaleros.

MOVIMIENTO COCALERO: EL AYER Y EL AHORA

En este apartado retomamos las perspectivas de ^{Tobasura y Rincón (2007)} y ^{Osorio (2016)} sobre los repertorios de acción para analizar las rupturas y continuidades del movimiento cocalero. Según Tobasura y Rincón (2007) los repertorios de acción son las diferentes estrategias de movilización y presión que desarrollan los actores en la protesta, para la demanda y el logro de sus reivindicaciones. Los autores distinguen entre unos “activos” como las movilizaciones, la toma de entidades, los paros agrarios y paros cívicos y otros “pasivos” como las peticiones/denuncias y las amenazas de paro (Tobasura y Rincón, 2007). Los repertorios activos generan una movilización de recursos y su intensidad y grado de radicalización varían según la respuesta del antagonista y el motivo que los convoque.

Desde otra perspectiva, ^{Osorio (2016)} propone una tipología de cuatro repertorios. Los institucionales, entendidos como los trámites y procedimientos que se usan para gestionar demandas por los canales regulares del sistema, acudiendo a mecanismos jurídicos de participación como la tutela o las demandas. Los disruptivos, que hacen referencia a las acciones contestatarias explícitas y públicas como marchas, paros, protestas, manifestaciones y ocupación de vías, instituciones y lugares públicos. Para la autora estos son fruto del incumplimiento o la falta de atención por las vías institucionales. Los de denuncia pública que buscan poner en evidencia el agravio y sus responsables ante la opinión pública por medio de debates, mesas públicas o medios masivos de comunicación. Finalmente, los de prácticas autoafirmativas, resistencias o acciones cotidianas que se encaminan a la redefinición y configuración de las identidades colectivas.

Ambas miradas resultan útiles para comprender las movilizaciones sociales que rodean la problemática de los cultivos de uso ilícito. En este caso, retomamos el concepto de prácticas activas (^{Tobasura y Rincón, 2007}) o disruptivas (^{Osorio, 2016}) que aluden a las marchas, paros y protestas para definir las acciones emprendidas por las organizaciones para expresar su sentir frente a las políticas antidrogas en los dos periodos que nos ocupan y que, como argumentamos a lo largo de este artículo, pasan también por exigencias de denuncia pública y de autoafirmación. Tanto en la década de los noventa, como en el segundo periodo de Santos, dichas prácticas disruptivas tuvieron carácter instrumental de la política pública de tratamiento de los cultivos de uso ilícito, es decir, estas políticas han servido de plataforma para tramitar otro tipo de demandas ancladas a la construcción de la ciudadanía.

La década de los noventa constituye un hito en la movilización social agraria. Los cambios en la política de control de drogas de Estados Unidos se tradujeron en un endurecimiento de las medidas de erradicación y una guerra interna contra las mafias, como parte de la política pública antidrogas del periodo presidencial de Ernesto Samper (1994-1998) (^{Ramírez, 2001a} . En un contexto marcado por el escándalo de una campaña presidencial financiada por el narcotráfico y con el fin de dar respuesta a las exigencias norteamericanas, el gobierno Samper dio inicio a las operaciones “Conquista” y “Comején”, las cuales buscaban intensificar las operaciones de destrucción con glifosato de los cultivos de coca en los departamentos del Guaviare y Putumayo (^{Pinto, 2004}).

Paralelamente, este gobierno creó el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (Plante) mediante el decreto 472/1996, como un instrumento de política social para la disminución de los cultivos de uso ilícito, en particular en las zonas de colonización. El Plante surgió como una política recomendada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social en 1994, con el propósito de “crear oportunidades lícitas de generación de ingresos” (^{Conpes 2734/1994}). Es decir, este programa se gestó para brindar una alternativa económica y legal a los pequeños productores y complementar las campañas de erradicación forzosa, a través de mecanismos como:

[…] la titulación de tierras, el ordenamiento de los procesos de colonización, la vivienda social y el acceso de la población rural a los servicios de salud, agua potable, educación, crédito, asistencia técnica, comercialización de cosechas y dotación de infraestructura vial y de servicios (decreto 472/1996).

Los paros cocaleros de 1996 tienen estos hechos como antecedente inmediato. Por un lado, ambas operaciones antinarcóticos estuvieron acompañadas de la militarización de Guaviare, Vaupés, Meta, Vichada y Caquetá, en concordancia con la declaración de estos departamentos como zona especial de orden público (Cinep, 2019). Por otro, el Plante no presentó soluciones reales al campesinado para sustituir los cultivos de coca. Según documenta ^{Ramírez (2001a)}, los dineros desembolsados para incentivar cultivos legales a las unidades municipales de asistencia agropecuaria (Umata) se desviaron a sectores distintos del rural y los créditos individuales de que disponía la Caja Agraria fueron recibidos por personas que no estaban directamente relacionadas con el cultivo de coca. De hecho, a muchos de los cultivadores se les negó el crédito por no tener legalizadas las tierras, que era una condición del programa (Ramírez, 2001a). Ambas políticas constituyeron el principal motor de las movilizaciones que se detonaron en julio de 1996.

La movilización se presentó principalmente en Guaviare, Putumayo y Caquetá, siendo estos tres departamentos los productores del 80 % de la coca del país para esa época (^{Godoy, 1998}). El inicio de las fumigaciones de la operación Conquista fue el punto de partida de las marchas cocaleras el 16 de julio de 1996 en el Guaviare. Para apoyar a los campesinos que se movilizaron en ese departamento, el 25 y 26 de julio comenzaron las marchas en Putumayo hacia los cascos urbanos de Orito, San Miguel (La Dorada), Valle del Guamuez (La Hormiga) y Puerto Asís (^{Ramírez, 2001}a). Tres días después, el 29 de julio, miles de campesinos e indígenas de Caquetá se movilizaron en contra de estas políticas en los municipios de Puerto Rico, Valparaíso, Solita, Curillo, Albania, Sabaneta, San José del Fragua, El Paujil y San Vicente del Caguán, y se dirigieron a la capital, Florencia (Cinep, 2019).

Estas marchas devinieron en un paro cívico regional al que se unieron no solo los campesinos cultivadores de coca, sino también comunidades indígenas, trabajadores y obreros de estos departamentos e, incluso, municipios que no eran cultivadores de coca (^{Pinto, 2004}). El movimiento planteaba entonces, una lucha unificada de una región entera, la Amazonía Occidental, alrededor del abandono estatal, la marginalización y la estigmatización de los habitantes de esta región, además de los consiguientes problemas socioeconómicos que comparten (^{Ramírez, 2001}a).

La magnitud de este paro, en el que se movilizaron más de 200 000 personas (^{Salgado, 2001}) y obligó al cese de actividades en los municipios que participaron en la movilización, resultó en la instalación de una mesa de negociaciones con el gobierno central. Su objetivo era visibilizar el hecho de ser campesinos que se ven obligados a cultivar coca como forma de sustento diario, esto es, mostrar el carácter social de la problemática de la coca (^{Ramírez, 2001}a). Los paros cocaleros de 1996 son manifestaciones coyunturales en torno a una demanda central: “el reconocimiento por parte del Estado-nación colombiano tanto de su ciudadanía como de sus derechos adscritos como ciudadanos y como habitantes con larga permanencia -si no oriundos- de la región amazónica” (Ramírez, 2001b, p. 127).

Esto se hace evidente al revisar el pliego de peticiones que el movimiento llevó a la mesa de conversaciones con el gobierno. Allí, los líderes del movimiento, en representación de los demás manifestantes, incluyeron temas de desarrollo microempresarial, la electrificación, la construcción de infraestructura vial, de salud, y de saneamiento básico y los derechos humanos (^{Pinto, 2004}). Los campesinos colonos, que ^{Uribe y Ferro (2002)} diferencian de los raspachines involucrados también en las marchas, defendieron un proyecto político de búsqueda de ciudadanía, definida por la incorporación activa al Estado y a la sociedad civil nacional (Uribe y Ferro, 2002).

Ahora bien, en el contexto de los dos periodos de gobierno de Juan Manuel Santos hay varios puntos que merecen resaltarse en cuanto al tratamiento de cultivos de uso ilícito. Primero, el paro cocalero del Catatumbo y el paro agrario nacional de 2013. Segundo, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, específicamente los puntos 1 “Reforma rural integral” y 4 “Solución al problema de drogas ilícitas”. Tercero, la suspensión, el 1 de octubre de 2015, de las fumigaciones aéreas con glifosato después de 19 años de fumigación ininterrumpida. Esto se dio como resultado de un informe que ordenó la Organización de las Naciones Unidas para evaluar las políticas antidrogas y de la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud y acogida por el Ministerio de Salud, quien le solicitó la suspensión de la fumigación al Consejo Nacional de Estupefacientes (^{Ramírez, 2017}). Por último, como explicamos en la introducción, las hectáreas con cultivos de uso ilícito llegaron a un pico histórico en 2017, razón por la cual el gobierno de Donald Trump amenazó con descertificar a Colombia como país aliado en la lucha contra las drogas (^{Semana, 26 de junio de 2019}).

Estos hechos, por un lado, muestran el cambio en el discurso del gobierno de Juan Manuel Santos, el cual dejó de criminalizar a los campesinos cocaleros. Mientras que, por el otro, continuó con una política de erradicación forzada que, como veremos más adelante, fue la causa principal de movilización de los campesinos a través de repertorios disruptivos como oposiciones y bloqueos a la fuerza pública.

En las acciones que se llevaron a cabo en el periodo 2014-2018 encontramos que las movilizaciones con motivo de los cultivos de uso ilícito ocuparon el segundo lugar en ocurrencia. Asimismo, como hemos anotado, el comportamiento de este motivo no fue igual en todo el periodo, entendiendo que fue 2017 el año más álgido de la lucha cocalera en el segundo periodo presidencial de Santos (gráfico 6).

Gráfico 6 Movilización con motivo de cultivos de uso ilícito, 2014-2018 

El periodo empieza con dos acciones que tienen como objetivo reafirmar los acuerdos establecidos con los campesinos cocaleros en el paro del 2013. Así en febrero de 2014, se instaura la Mesa de Interlocución, que debía servir de órgano consultor del gobierno en temas referentes al agro y determinar la estrategia poserradicación, el proceso de sustitución de los cultivos y el desarrollo alternativo (^{El Nuevo Siglo, 6 de febrero de 2014}). Por otra parte, en octubre 10, se realizó en Santander de Quilichao el Segundo Encuentro Regional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola, cuyo propósito fue abordar las problemáticas de las comunidades cultivadoras del suroccidente del país (^{Voz, 10 de octubre de 2014}).

Las acciones, y en concreto las acciones contenciosas (como las define ^{Tarrow, 1997}) aumentaron de manera significativa en 2015. En este año encontramos cuatro acciones, dos en Antioquia, una en Chocó y otra en Nariño. En Antioquia, cocaleros de los municipios de Briceño y Puerto Valdivia bloquearon la erradicación manual llevada a cabo por fuerzas del orden público. Esto hizo que el comandante de la policía de la región (general José Mendoza) asegurara que detrás de estos bloqueos había guerrilleros del ELN y miembros del clan Úsuga. El comandante sostuvo: “Hay interés de quienes promueven el narcotráfico en el país de que los campesinos salgan a protestar. Hay presión del ELN y del clan Úsuga para que no se arranquen las matas” (^{El Tiempo, 18 de noviembre de 2015}).

En el municipio de Condotó hubo bloqueo de la policía por parte del campesinado cocalero para evitar la erradicación. En el caso particular de este municipio los campesinos recurrieron a lanzarles piedras a los helicópteros que realizaban la erradicación por fumigación. También se registra en la noticia que los policías fueron atacados con “tatucos”, dejando a dos de ellos heridos. Nuevamente, el general Mendoza dio declaraciones al periódico ^{El Tiempo (18 de noviembre de 2015)}, donde afirmaba que los campesinos estaban infiltrados por los frentes guerrilleros Manuel Hernández ‘El Boche’ y Che Guevara.

Por último, en el municipio de Tumaco, Nariño, campesinos cocaleros estuvieron instalados once días en una montaña, armados con palos, para impedir la labor de los erradicadores. El líder campesino Fulbio Preciado declaró:

Aquí está el comer. Sabemos que esto es ilícito, pero de esto vivimos. Esta es nuestra comida, de aquí estudian nuestros hijos para que el día de mañana no sean unos delincuentes, para que se eduquen y aprendan a vivir la vida (^{El Tiempo, 18 de noviembre de 2015}).

Como se observa en el gráfico 7, los repertorios a los que más recurrieron los campesinos cocaleros fueron la oposición y el bloqueo. En este sentido, denominamos oposición a las acciones conducentes al impedimento de la erradicación forzada, manual o por fumigación, por parte de elementos de la fuerza pública o empleados de entidades estatales. Este repertorio fue usado en el año 2015, donde todas las acciones tuvieron este objetivo.

Gráfico 7 Repertorios de acción, motivo cultivos de uso ilícito, 2014-2018 

En 2016, la primera acción que se ejecutó fue en Antioquia, donde campesinos cocaleros bloquearon la vía a la costa como forma de protesta por la reanudación de la erradicación de los cultivos ilícitos (^{El Colombiano, 8 de enero de 2016}). En agosto de ese mismo año campesinos del oriente de Nariño se enfrentaron con la policía antinarcóticos que pretendía erradicar y fumigar manualmente los arbustos. Aunque estas protestas tuvieron un origen local se extendieron a los municipios de San Miguel de Orito, Puerto Caicedo y Puerto Asís, en el Putumayo (^{El Espectador, 19 de agosto de 2016}).

Las movilizaciones cocaleras más recientes se han desligado de los procesos de colonización y se han trasladado de los territorios cocaleros históricos hacia los departamentos donde la cantidad de hectáreas de cultivos de uso ilícito se ha ampliado drásticamente, generando la intensificación de esta problemática y el despliegue de acciones colectivas. Al analizar los escenarios de la movilización cocalera entre 2014 y 2018 observamos que los departamentos de Antioquia, Nariño y Norte de Santander fueron los más activos, seguidos de Cauca y Putumayo (gráfico 8).

Gráfico 8 Movilización con motivo de cultivos de uso ilícito, 2014-2018 

Al cruzar departamentos con años, encontramos que en 2017 hubo dos escenarios fundamentales de la movilización: Norte de Santander y Nariño. En Norte de Santander, en los municipios de Sardinata y Tibú se realizaron dos bloqueos. En Sardinata, la acción se efectuó en contra del gobierno nacional por erradicar los cultivos de manera forzosa y sin concertar con la comunidad. La Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) estuvo en la cabeza de la organización del bloqueo, en la cual participaron cerca de 600 campesinos (^{Vanguardia Liberal, 18 de septiembre de 2017}). Un dato contextual de importancia es que este municipio había sido elegido por el gobierno para un plan piloto de sustitución y erradicación voluntarias, que además iría acompañado por políticas públicas de mejora de la calidad de vida de los campesinos (^{El Tiempo, 26 de octubre de 2017}).

En Nariño, las dos acciones del año se llevaron a cabo en Tumaco, con el mismo argumento de oponerse a la erradicación forzada, y a que el gobierno no estaba haciendo la sustitución de cultivos de uso ilícito. El 3 de marzo, 400 campesinos bloquearon la vía Tumaco- Pasto. El líder de los campesinos cocaleros aseguraba que la policía estaba realizando la erradicación cuando los programas de socialización prometidos por el gobierno no habían llegado (^{El Tiempo, 31 de marzo de 2017}). Los campesinos cocaleros, en octubre, protestaron porque el gobierno estaba adelantando los programas de erradicación forzada y sustitución de cultivos sin “entregar todavía las ayudas a las que se comprometió en el acuerdo de paz” y pedían “el cumplimiento con las reformas establecidas para el campo” (^{El Nuevo Siglo, 23 de octubre de 2017}).

En el mes de octubre, indígenas, campesinos y productores del Cauca rechazaron la sustitución de los cultivos de coca por no encontrar garantías en las promesas del gobierno nacional (El Tiempo, 26 de octubre de 2017).

Por último, en 2018 evidenciamos dos acciones. El 7 de abril cocaleros de Ituango bloquearon algunas de las vías principales en contra de la erradicación forzada en el corregimiento de El Aro. Además, se tomaron por unas horas el edificio de la alcaldía (^{El Colombiano, 7 de abril de 2018}). En octubre, cultivadores de coca de Ocaña y Tibú se tomaron la carretera conocida como la Ye de Astillero, nuevamente en protesta por la erradicación forzada de cultivos ilícitos (^{El Colombiano, 12 de octubre de 2018}).

De esta manera, es posible notar que las movilizaciones de los dos periodos se dieron en un contexto de políticas ambivalentes contra las drogas. Por un lado, en ambas administraciones se buscó abordar el problema de los cultivos de uso ilícito desde una perspectiva de desarrollo alternativo, por lo que se promovió el Plante y el PNIS como programas de carácter agrario con destino a los cultivadores de la hoja de coca. Pero, por el otro lado, ambos gobiernos implementaron políticas de erradicación forzada y fumigaciones aéreas en el caso de Samper y operativos de fumigación terrestre y destrucción manual de plantaciones, para cumplir con los estándares exigidos por Estados Unidos en el caso de Santos.

En los dos periodos observamos que las movilizaciones en torno a los cultivos de uso ilícito se atan a procesos de movilización más amplios. En el caso de los paros cocaleros del 96, tienen un antecedente importante en los movimientos cívicos del 94 (^{Ramírez, 2001}a). Y para el caso de las movilizaciones de 2014 a 2018, estas tienen los antecedentes del paro agrario nacional, del paro cocalero del Catatumbo y del paro nacional cafetero, todos en 2013 (^{Cruz, 2017}).

ORGANIZACIONES ALREDEDOR DEL MOVIMIENTO COCALERO

A pesar de los diversos escenarios de las movilizaciones y de las demandas cambiantes, es importante reconocer cómo las organizaciones, tanto en la década de los noventa, como en el segundo periodo de Santos, forman parte de un movimiento permanente de pobladores rurales. ^{Osorio (2016, p. 42)} denominó las movilizaciones como “acciones contestatarias, dinámicas organizativas y prácticas diversas que permiten corroborar su vigencia como actores políticos concretos que muchas veces asumen propuestas organizativas de orden regional y nacional”.

En este apartado veremos cómo las organizaciones se configuran alrededor de la construcción de cierto tipo de identidades campesinas que en los noventa tienen como contexto la construcción de los espacios de la Amazonía como una región esencialmente incivilizada y en la que narcotráfico y guerrilla hallan el lugar perfecto para las actividades ilegales (^{Ramírez, 2001}a). Mientras que en el periodo Santos, los movimientos se trasladan a nuevos territorios, principalmente el Bajo Cauca antioqueño y la región del Catatumbo o “Zona central del país”, donde la problemática se agrava debido al aumento de la concentración de los cultivos ilícitos, manteniéndose una identidad campesina cocalera, que se separa de los procesos de colonización.

Para ^{Ramírez (2001b)} las marchas cocaleras de 1996 no pueden entenderse desligadas de otros paros y movimientos cívicos anteriores a estas, que pretendían un reconocimiento de la ciudadanía y que tienen sus raíces en el poblamiento de la Amazonía occidental. Desde finales de los setenta se establecieron en esta región frentes de colonización ubicados en el Putumayo (Valle del Guamuez y las riberas de los ríos Caquetá y Putumayo y sus afluentes), en el Caquetá (zonas del medio y bajo Caguán) y en el Guaviare (zona de San José del Guaviare, El Retomo-Calamar y Miraflores).

En el Putumayo, el movimiento cocalero de 1996 estuvo ligado a movimientos cívicos precedentes aglutinados en el Movimiento Cívico Regional del Putumayo, que impulsó paros entre las décadas del setenta y ochenta exigiendo acueducto, alcantarillado y vías de comunicación. Estos paros permitieron la formación de los líderes del Movimiento Cívico Regional del Putumayo, que se gestó como resultado de las diversas acciones, y en el que a lo largo de estos años agrupa a partidos de izquierda, entidades cívicas y sociales y personas progresistas de los partidos tradicionales, convirtiéndose en una alternativa política de tipo regional (^{Ramírez, 2001}a). “Estamos frente a movimientos sociales cuya estrategia son los paros cívicos, los cuales ponen en evidencia el ejercicio de la política del reconocimiento por medio de la reivindicación del ‘derecho a tener derechos’” (Dagnino, 1988, citado en Ramírez, 2001a, p. 92).

En el Guaviare, los frentes de colonización se vieron afectados por dinámicas de compra y “mejoras” de predios en áreas que pretendían ser incluidas en la red de infraestructura del Estado. A finales de los ochenta, la economía campesina legal tenía pocas posibilidades de éxito, pues no podía competir en el mercado nacional por los altos costos de transporte e insumos. El auge del comercio de la coca produce una colonización de enclave en la que se encuentran los campesinos y antiguos negociantes de esmeraldas con una trayectoria delictiva ya consolidada, que perjudicó a la región durante las bajas cíclicas en los precios de la coca por las violencias inherentes al narcotráfico y el consumo de bazuco, conocido a finales de los ochenta como “el dólar del Guaviare” (^{García, 1995}, p. 4).

En las marchas cocaleras de 1995 y 1996, los campesinos son reconocidos por ^{Salgado (2001, p. 152)} como “la punta del iceberg de procesos organizativos dinamizados desde tiempo atrás por líderes agrarios de orientación comunista”, en torno a los que se formó una organización sindical que defendió los intereses de los pequeños productores del Guaviare. En 1981 surgió en Calamar el Comité de Colonos o Comité Cívico-Campesino con el objetivo de generar cohesión comunitaria y crear bases sociales de soporte organizativo. Así, en 1983 nació el Sindicato de Pequeños Agricultores del Guaviare que funcionaba con núcleos veredales conformados por líderes en los territorios y que fue una “autoridad”, una institución que tenía la capacidad de ejercer controles y representar a la comunidad.

En el Caquetá, también producto de una etapa de auge de la coca desde 1980, surge una nueva mentalidad que empieza a competir con valores como el apego a la tierra, a la organización, al trabajo comunitario y a la familia (^{Uribe y Ferro, 2002}). Sin embargo, los proyectos de la ciudadanía rural organizada tenían un componente de inclusión de contenido social en las políticas económicas rurales, ya que estas se centraban en exclusiva en procesos de colonización dirigida y erradicación forzada y/o fumigación de los cultivos ilícitos que no responden a las necesidades de los pequeños productores.

Para las organizaciones, el problema de la colonización dirigida en la Amazonía es que se concentró en líneas de créditos, capacitación y titulación de baldíos. No modificaba la estructura de la tenencia de la tierra en el interior de la frontera y tampoco respondía a las demandas de colonos en términos de acceso a servicios y bienes públicos. Por eso, las organizaciones campesinas en esa época hicieron demandas no solo en cuanto a la despenalización de los campesinos cocaleros, sino también asociadas con el acceso a servicios para mejorar su calidad de vida.

Así, en estos tres departamentos, el componente organizativo a través de asociaciones veredales, municipales y departamentales con repertorios de acción diversos, encaminados a la inclusión de la región como un espacio habitado por campesinos y no solo por “criminales”, fue determinante para el curso de los paros de 1996. Estas regiones aunque recibían presión de estructuras armadas de narcotráfico y guerrilla, tramitaron demandas históricas de campesinos organizados en comités cívicos y diversas organizaciones sociales de base.

Ahora bien, en el contexto del segundo periodo de Santos se manifestaron distintas organizaciones sociales que tuvieron presencia en el paro agrario del 2013, el paro cocalero del Catatumbo y en las acciones colectivas relacionadas con cultivos ilícitos que se dieron en este periodo. Estas organizaciones nacionales fueron: la ^{Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC)}, la ^{Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)}, la ^{Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM)} y Marcha Patriótica, quienes se encargaron de impulsar demandas regionales y locales para llevarlas a un plano de concertación nacional. En su papel de coordinadoras han aglutinado organizaciones externas de los distintos niveles territoriales o han creado divisiones internas en los ámbitos departamental y municipal para estructurar su actuar y apoyar las reclamaciones inmediatas de las comunidades.

Con excepción de la COCCAM, cuya creación es más reciente, las organizaciones en mención han participado en acciones colectivas importantes como el paro del 2013, y han formado parte de la construcción de las demandas del movimiento campesino. ANZORC es un proceso de articulación de organizaciones campesinas “que busca el reconocimiento pleno de los derechos del campesinado y el ejercicio de la territorialidad” (ANZORC, s. f.) a través de las figuras de zonas de reserva campesina (ZRC), que nacieron con la ley 160/1994. Esta organización surgió en el 2001, pero suspendió actividades entre 2003 y 2009 por la persecución política a sus dirigentes, luego se reactivó en 2011 y tuvo una participación activa en las movilizaciones del 2013. Desde esta organización se promueve la constitución legal de las ZRC que aún no están legalizadas.

Según ^{Ramírez (2017)} el paro cocalero de 2013 que tuvo lugar en el Catatumbo fue promovido por la ASCAMCAT y contó con el apoyo de la ANZORC, donde se instaló una Mesa de Interlocución y Acuerdo del Catatumbo para establecer un diálogo con el gobierno.

La ONIC es una organización indígena que data de la década de los setenta, con el antecedente de la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Agrupa a 47 organizaciones zonales y regionales en 28 departamentos (ONIC, s. f.). y se ha unido a los movimientos campesinos de orden nacional para hacer frente al problema de los cultivos de uso ilícito. Aunque sostiene una lucha basada principalmente en su identidad étnica, y su accionar se ha materializado a través de las mingas, las temáticas de su movilización coinciden con las de los grupos campesinos, presentándose de forma paralela a los paros agrarios la Minga Social, Indígena y Popular por la Vida en 2013, la Minga Nacional, Agraria, Campesina, Étnica y Popular en 2016 y la Minga Nacional Indígena por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Paz y el Cumplimiento de los Acuerdos en 2017. Así, aunque se exhiba una identidad campesina diferenciada existe una conjunción entre los grupos campesinos, indígenas y afros en torno al reconocimiento y garantía de sus derechos como pobladores rurales.

A pesar de su carácter nacional, Marcha Patriótica tuvo una participación especial en Nariño dentro de las acciones emprendidas durante el periodo en análisis. Esta organización se define como un movimiento político y social conformado por más de dos mil organizaciones sociales, populares y políticas, cuyas bases provienen de las organizaciones estudiantiles, sindicales, de procesos comunitarios barriales, de indígenas, afrocolombianas y campesinas (Flórez, 2013, citado en ^{Ribón, 2014}). Pretendía ser una plataforma aglutinante para el trámite de las agendas políticas sectoriales y, además, fortalecer las bases sociales para la consolidación de procesos de paz territoriales. Al ser de carácter nacional buscó poner en el debate público la solución negociada al conflicto armado, la reforma agraria y la sustitución de cultivos ilícitos, reconociendo las razones estructurales que llevaron a los campesinos a sembrar coca, así como las disputas territoriales por parte de los grupos armados.

En el escenario de implementación del PNIS, en el año 2017 surge la COCCAM, una plataforma de coordinación de organizaciones locales, regionales y nacionales que procuran incidir en la política del gobierno nacional sobre la problemática de los cultivos de uso ilícito. Pese a que la COCCAM se enfoca en el desarrollo del Programa de Sustitución, sus demandas no se limitan a ello, pues pretende contribuir a los propósitos de una reforma rural integral (COCCAM, 2018); en lo poco que lleva en funcionamiento la COCCAM ha liderado las actuaciones frente a la sustitución de cultivos ilícitos y los subsecuentes acuerdos.

Como se evidenció previamente, entre los años 2014 y 2018 los departamentos de Antioquia, Norte de Santander y Nariño se destacaron por la concentración de cultivos de uso ilícito. Las distintas problemáticas derivadas de ello generaron que fuesen estos departamentos los de mayor cantidad de acciones colectivas respecto a esta materia y que sobresalieran en la escena organizaciones sociales regionales cuyo actuar fue coordinado con las organizaciones nacionales. Estas se han movilizado sobre todo por la implementación y el incumplimiento de los acuerdos colectivos concertados dentro del PNIS y en contra de la erradicación forzada.

En Antioquia se fundó en 2007 la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca Antioqueño (ASOCBAC) con la consigna de resistencia y permanencia en el territorio. Ha trabajado en temas como la soberanía alimentaria y la defensa del medioambiente, además de tener participación activa en el PNIS y en el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial. En este departamento también obra la Organización Indígena de Antioquia que desde 1985 organiza a las comunidades indígenas en el departamento, con un repertorio que incluye marchas, tomas de oficinas, concertación con el Estado y participación política.

En Nariño existen organizaciones del orden nacional como COCCAM, ANZORC y Marcha Patriótica, pero resaltan unas de carácter regional como: la Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes (Conafro) y la ^{Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas (Conpi)}. La Conpi tiene ocho principios y lucha en contra de la pobreza extrema, precariedad, falta de condiciones para una vida digna y violación de derechos humanos de los pueblos indígenas, por implementación de políticas públicas que los afectan y disputas interétnicas por la tierra. Propone un proyecto con “principios de unidad, tierra, autonomía y cultura para avanzar en la construcción colectiva para el buen vivir” (Conpi, s. f.). y se articula con la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular exigiendo que se cumplan los acuerdos con los cultivadores y abogando por programas de sustitución social, gradual y concertada con comunidades indígenas, afro y campesinas. Además, pide que se libere a quienes han sido judicializados por actividades ligadas a los cultivos de uso ilícito y que no se aplique la extinción de dominio en pequeños predios (^{Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, 2014}).

La Conafro es una plataforma que reúne expresiones de las comunidades afrodescendientes en el Pacífico y el Caribe que reclaman la reglamentación completa de la ley 70 de 1993 y el respeto de los territorios ancestrales. Fue importante para la conformación de la Comisión Étnica en las negociaciones de La Habana y como parte de los procesos regionales para la autonomía y la consolidación de la noción de “desarrollo propio” de estas comunidades.

En Norte de Santander también hace presencia la COCCAM y la ASCAMCAT, de carácter regional. ASCAMCAT se creó en el 2005 como una propuesta asociativa de reconstrucción del tejido social que permite generar condiciones de vida digna y desarrollo. Entre sus consignas están la constitución de la ZRC del Catatumbo, la defensa y permanencia en el territorio, el respeto a las comunidades indígenas, la no fumigación de los cultivos ilícitos, la erradicación de los factores socioeconómicos que dieron origen a la siembra de coca, la defensa de los recursos naturales y el cuidado del medioambiente, el rescate de las tradiciones culturales, la participación en la toma de decisiones que involucren el campo y el respeto a la vida y a los derechos fundamentales de los habitantes del Catatumbo (^{Prensa Rural, 6 de octubre de 2019}).

Como mostramos en secciones anteriores, las acciones en las que participaron estas organizaciones fueron en su gran mayoría reactivas, enmarcadas en repertorios disruptivos y de denuncia pública. Es valioso señalar que hay una movilización constante en rechazo y oposición a la erradicación forzada como parte de agendas políticas mucho más amplias y con plataformas aglutinantes como la COCCAM o Marcha Patriótica.

Algunas de las organizaciones que participaron en el periodo 2014-2018 en las acciones frente a cultivos de uso ilícito también lo hicieron en los paros del 2013; y hay un uso recurrente de repertorios institucionales como la firma de acuerdos y pliegos en mesas regionales en el que la identidad de campesinos cocaleros tiene otra connotación, por los procesos de dispersión de los cultivos y la ventana de oportunidad dado el cambio de discurso del Estado, pero también por la movilización social y política alrededor de la defensa de dicha identidad como parte de los pobladores rurales en varias regiones del país (tabla 2).

Tabla 2 Caracterización de las ^{organizaciones sociales, 2014-2018}  

CONCLUSIONES

En este artículo uno de los objetivos que nos planteamos fue el análisis comparativo de la movilización social de los campesinos cocaleros. Esta comparación se planteó entre dos periodos, el primero fueron las movilizaciones cocaleras de la década de los noventa y el segundo las acciones colectivas de campesinos durante el segundo periodo de Juan Manuel Santos. En aras de aportar a esta comparación, establecimos los contextos, repertorios de las acciones, sus adversarios y los escenarios en los que se dio el actuar.

En este sentido, una primera conclusión importante tiene que ver con la diferenciación que hallamos. En los noventa, los lugares de lucha se ubicaban principalmente en la Amazonía, sobre todo en tres departamentos: Caquetá, Putumayo y Guaviare. Explicamos esta concentración de acciones por medio de la coyuntura de ser estos territorios los que tienen mayores cantidades de cultivos ilícitos. Similar a esta relación entre concentración de cultivos y escenarios de protesta, durante los años 2014-2018, los territorios en los que se concentraron las acciones disruptivas fueron Antioquia, Nariño y Norte de Santander. Así, advertimos distintos escenarios, pero argumentamos esta diferencia también por el cambio que se dio, en esos 25 años, de los territorios de producción de la coca en el país.

En la década de los noventa, se inició un proceso de construcción de la identidad campesina, en el movimiento social actual esta identidad está consolidada e incluso su reconocimiento es parte de la agenda política; sin embargo, en los términos de ^{Ramírez (2017)}, en el trasfondo lo que se busca es la redefinición de la ciudadanía y el reconocimiento de los derechos, por esto el actuar de las organizaciones sociales campesinas no se distancia de los grupos étnicos que también procuran mejorar las condiciones de vida rurales y ser reconocidos como sujetos con derechos diferenciados.

Con este artículo mostramos que el inicio de la lucha de los campesinos cocaleros en el país tuvo un arraigo territorial y una homogeneidad en la organización que permitió la presentación de sus demandas como un frente único. Este no fue el caso de la movilización cocalera durante el segundo gobierno Santos, periodo en el que las acciones fueron más esparcidas, y cuyas demandas se enfocaron en obstruir las erradicaciones forzadas impuestas por los gobiernos regionales o estatales. Esto no significa que, para nosotras, no exista un movimiento campesino, en términos de lo que ^{Tarrow (1997) a)} define como tal. Lo que interpretamos es que las acciones de construcción identitaria se trasladaron a las organizaciones que favorecieron una relación con la institucionalidad más cercana, encontrando aliados estratégicos dentro del gobierno, así como políticas públicas dirigidas a responder a las necesidades identitarias y mejoras de la calidad de vida para el campesino colombiano.