INTRODUCCIÓN

El problema de la presencia y expansión de los cultivos ilícitos, especialmente de la hoja de coca en Colombia, vinculado al lucrativo negocio internacional de las drogas, se ha convertido en uno de los desafíos más serios para la institucionalidad colombiana por su repercusión directa en la situación de conflicto, violencia y presión internacional en que ha vivido nuestro país desde hace más de cuatro décadas. Desde diversas disciplinas y enfoques se ha intentado dar cuenta de las causas y consecuencias estructurales del crecimiento de cultivos ilegales en diferentes zonas del país que, no obstante, directa o indirectamente, aluden a factores espaciales y geográficos que entrevén un conjunto de particularidades relacionadas con este fenómeno.

En este artículo partimos del supuesto de que lo espacial es determinante en el fenómeno de los cultivos ilícitos y las drogas ilegales puesto que orienta y explica el acceso a recursos naturales necesarios, el emplazamiento de plantaciones, el camuflaje de actividades ilegales, la construcción de rutas de comercialización y el vínculo con actores externos o internacionales, entre tantos otros factores. La espacialidad de los cultivos ilícitos en Colombia demuestra una conquista de territorios eficientes para la planta de coca, con condiciones climáticas adecuadas y con acceso a fuentes hídricas de alcance inmediato. Además de ello, da cuenta de las redes formalizadas alrededor del tráfico y del constante desplazamiento derivado del efecto globo que circunda al cultivo. Centrarse en la geografía de las drogas permite vislumbrar los tejidos espaciales construidos alrededor de la producción, cuidado, cosecha, tráfico y consumo de estupefacientes, ya que logra explicar el porqué de la permanencia de cultivos en zonas específicas y las particularidades de rutas que logran internacionalizar el fenómeno estudiado.

El objetivo del presente trabajo es realizar una revisión literaria alrededor del fenómeno de los cultivos de coca en Colombia a partir de aproximaciones académicas y multidisciplinares, resaltando y valorando los aportes que pueden ser hechos desde una perspectiva geográfica en el estudio del fenómeno. Considerando las aproximaciones políticas, económicas e internacionales que han analizado la problemática señalada, se busca comprender las dinámicas geográficas de los cultivos de coca en el país respondiendo a preguntas cruciales que rodean la caracterización del problema: ¿qué explica el surgimiento y emplazamiento territorial de cultivos ilegales en algunas zonas de Colombia?, ¿de qué depende el desplazamiento geográfico de los cultivos ilícitos?, ¿qué factores geográficos coadyuban a configurar las redes de transporte de cocaína entre productores y consumidores?, ¿qué papel juega el espacio local, nacional e internacional en las estrategias coordinadas por narcotraficantes? En pocas palabras, ¿cómo se construye una geografía de la coca alrededor de las plantaciones, tráfico y venta de la hoja en Colombia? Las preguntas señaladas no suponen, sin embargo, una mirada estática del problema desde las nociones tradicionales de la geografía; por el contrario, la idea de realizar un balance investigativo que permita entender el estado actual de este campo de estudio consider andola evolución epistémica que supone transitar desde un enfoque tradicional de la geografía hacia concepciones críticas del espacio que reconocen el valor de la relación espacio-hombre en el despliegue de actividades ilegales.

Es así como a través de una recopilación de 63 investigaciones orientadas a explicar geográficamente el problema de los cultivos, se encontraron tres vertientes posibles de análisis del fenómeno en perspectiva geográfica. La primera es una vertiente que se aproxima a la interpretación tradicional y natural del espacio; la segunda evoluciona hacia concepciones socioeconómicas y geoeconómicas del fenómeno, más próxima al marco epistemológico de la geografía humana; y la tercera y última ofrece una aproximación geopolítica e internacional que dialoga con nociones propias de la geografía radical o crítica. Así, a lo largo del artículo se espera demostrar que, siendo el espacio un factor determinante en la producción y tráfico de cultivos ilícitos que se explica por dinámicas tanto endógenas como exógenas, la literatura analizada evidencia un trayecto analítico desde lo tradicional hacia lo crítico en perspectiva de la geografía. Con este trabajo se busca dejar claro que las reflexiones espaciales gestadas alrededor de los cultivos reflejan marcos analíticos donde lo geográfico se entiende desde múltiples enfoques: desde lo físico-natural, las redes de intercambio o las relaciones de dependencia.

En un primer apartado del artículo se revisan investigaciones que, incorporando una perspectiva tradicional de la geografía, explican las particularidades de los cultivos ilegales en Colombia, sus orígenes y los factores que contribuyen a su expansión en el país. Aquí se da cuenta de aquellas reflexiones académicas orientadas a considerar que la ubicación, el clima, el agua y las condiciones territoriales son vinculantes en el crecimiento de cultivos. En un segundo momento, se presentan aquellas investigaciones que explican el comportamiento espacial de los cultivos ilegales desde un horizonte geoeconómico. Dilucidando que los estudios económicos permiten explicar el asentamiento de cultivos en zonas específicas, se presentan en este apartado aquellas reflexiones que reconocen la importancia de ventajas no propiamente físicas para la producción de coca a partir del marco epistemológico de la geografía humana. Por último, en un tercer apartado, se revisan los trabajos enfocados en evaluar el alcance internacional en la espacialidad del fenómeno, exponiendo las relaciones de poder y dependencia gestadas alrededor del problema desde el ámbito geopolítico mundial, haciendo uso de un número importante de investigaciones encontradas que podrían aproximarse a un paradigma o enfoque crítico de la geografía como disciplina. Finalmente se presentan las conclusiones del trabajo.

EL ESPACIO, LOS RECURSOS Y LA NATURALEZA: ACERCAMIENTO DESDE UN ENFOQUE TRADICIONAL DE LA GEOGRAFÍA AL PROBLEMA DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS EN COLOMBIA

Desde el enfoque regional de la geografía, impulsado por los trabajos de Vidal de la Blache y Alfred Hettner a finales del siglo XIX y principios del XX, se dio importancia a los factores paisajísticos, ambientales y climáticos en la comprensión del espacio. Esta noción tradicional de la geografía partió de la composición del paisaje en su interrelación natural (sin intervención antrópica) y su potencial ecológico (^{García, 2001}) para evidenciar que son las características naturales propias de la biodiversidad territorial las que permiten explicar fenómenos como el asentamiento y desplazamiento de cultivos ilícitos. El estudio de las dinámicas espaciales desde un horizonte ampliamente físico-natural favoreció el desarrollo de investigaciones interesadas en factores geográficos no propiamente vinculados con las acciones humanas. Desde este paradigma es posible entender el despliegue de argumentaciones académicas frente a problemáticas como los cultivos donde lo espacial se entiende a la luz de categorías como el clima y los recursos naturales.

En concordancia con lo anterior, Ricardo ^{Rocha (2011)} señala que el crecimiento de los cultivos ilícitos en Colombia, a partir de la década de los 80, responde a ventajas comparativas propias de laRegión Andina y a un marco geográfico determinante para la producción de alucinógenos. La disponibilidad de agua, la extensión territorial de los municipios cocaleros y los conflictos ambientales desatados por el uso del suelo, reflejan la trascendencia de los factores geográficos en el auge de las plantaciones ilegales en el país. Además, los argumentos de Rocha (2011) permiten comprender que las cualidades territoriales de Colombia juegan un papel crucial a la par de las estrategias políticas, los aconteceres sociales y el comportamiento económico, puesto que estas son las que conducen el futuro de los cultivos y la calidad de las cosechas (^{Molina, 2012}).

^{Rocha (2011)} evidencia que la dinámica espacial de los cultivos ilícitos se caracteriza por su condición elástica, cambiante, que responde a las acciones ejercidas por el Estado y que se adapta fácilmente a diferentes condiciones. La geografía de la droga es, en consecuencia, flotante, ligada a un control del espacio en pro de una acomodación constante, pero que igualmente responde a las ventajas absolutas con las que cuenta el país (^{Sandoval, López y Cárdenas, 2009}).

Trabajos como el de ^{Rocha (2019)} parten de un enfoque tradicional de la geografía para explicar las particularidades de los cultivos ilegales en el país. Desde aquí se advierte una concepción del espacio ligada al enfoque regional de la disciplina geográfica donde el territorio es asumido como contenedor de características físicas (agua, condiciones climáticas, calidad del suelo, etc.). Como subraya Ovidio ^{Delgado (2003)}, el horizonte teórico de la geografía regional se desliga de cualquier explicación histórica, política y social de los fenómenos espaciales, más bien se preocupa por analizar y estudiar el espacio a la luz de las condiciones físicas que lo rodean. El estudio de los cultivos ilícitos desde este marco geográfico se caracteriza por dar cuenta de aquellos elementos físico-naturales propicios para el crecimiento de las plantaciones ilegales (^{García, 2013}; ^{Emmerich, 2015}), ayudando con ello a comprender el desplazamiento y adaptación de cierto tipo de narcóticos a territorios específicos. Al respecto, ^{Rocha y Martínez (2015)} indican que las plantaciones de coca fluyen hacia lugares con vulnerabilidades sociales y con un balance ambiental negativo, pero además da cuenta de un fenómeno propio de los últimos años que ha experimentado el país: la descentralización de los cultivos. Desde la geografía regional, entendida como paradigma tradicional de la disciplina, el espacio se convierte de este modo, en un factor determinante de cultivos como el de la coca en el país, pero vinculado fuertemente a explicaciones ambientales y naturales en las que no se consideran variables ajenas a los entornos físicos.

Con lo anterior, es claro que desde este enfoque analítico se considera que el territorio y el espacio favorecen el despliegue de cultivos ilegales como consecuencia de cualidades favorables dadas por naturaleza (Allen, 2009). Como señalan Juan Guillermo ^{Figueroa y Daniel García (2018)}, en su deseo de comprender las relaciones dadas entre Estados Unidos y la Región Caribe en el marco del narcotráfico, el Caribe cuenta con una posición privilegiada que favorece el contacto entre el norte y el sur del continente, pero además facilita el desarrollo de rutas estratégicas para la comercialización de estupefacientes. Los autores parten de la idea de que las particularidades espaciales son determinantes para el despliegue de economías cocaleras, puesto que estas actúan como variables condicionantes bajo este tipo de contextos ilegales. Igualmente, la fragmentación territorial experimentada por el Caribe ha fomentado el desarrollo de focos delincuenciales y dificultado el impacto de las acciones estatales, siendo esto expresión de la importancia del espacio en el itinerario de la droga.

Ahora bien, tal y como sustenta ^{Rocha (2011)}, analizar el comportamiento espacial de los cultivos ilícitos supone comprender las particularidades del efecto globo en el país, puesto que la geografía cocalera se ha caracterizado por su constante dinamización y elasticidad. La idea de contagio significa entender que los cultivos se desplazan y que se acomodan a nuevos territorios con cualidades positivas, lo cual da cuenta de la permanencia de un efecto balón que reconfigura el espacio (^{Labrousse, Figueira y Cruse, 2008}; ^{Windle y Farrell, 2012}). Frente a este fenómeno, Juan Sebastián ^{Moreno (2018)} señala que la existencia del mismo en Colombia refleja la ineficacia de las políticas antidrogas del Estado y los pocos resultados de la inversión estadounidense en el marco de la lucha contra el narcotráfico (^{González, 2013}). La constancia del fenómeno imprime una conquista repetitiva del territorio y una movilización de las estructuras delincuenciales que terminan aprovechándose de ciertos factores que imperan en algunos municipios. Moreno (2018) evidencia, a partir de su interés por predecir el desplazamiento de los cultivos en el contexto del posconflicto, que el efecto globo responde a ciertos potenciales geográficos y sociales que caracterizan a los municipios colombianos, tanto así que llegan a determinar la permanencia o no de plantaciones ilegales. Así, la geografía de la coca se configura a partir de la comprensión del territorio nacional desde una óptica del contagio, es decir, desde la clasificación de sectores vulnerables a la droga, contagiados o recuperados con los años, los cuales terminan dando cuenta de los trasegares espaciales de la ilegalidad (^{Vargas, 2004}).

Dentro de los factores naturales y geográficos intervinientes en el desplazamiento de cultivos, ^{Moreno (2018)} resalta que las precipitaciones, altura y tamaño del municipio, además de la temperatura y humedad, son elementales para determinar el nivel de vulnerabilidad de ciertas regiones, siendo enfático en el hecho de que las condiciones naturales guían en buena parte los devenires de las plantaciones de coca. Bajo esta lógica, las cualidades del espacio siguen siendo cruciales para analizar el impacto de la economía de la droga en Colombia, todo ello partiendo desde un paradigma geográfico que exalta las variables físicas por encima de las sociales. El contagio de nuevos sectores cooptados por la coca, como lo denomina ^{Rocha (2019)} en su trabajo, es resultado en buena medida de características geográficas que poseen ciertas zonas del país, tanto así que las conclusiones presentadas por Moreno (2018) evidencian que los factores naturales son determinantes para el despliegue de cultivos administrados por grupos al margen de la ley:

Se encuentra que las variables más importantes en el ensamble de regresiones logísticas fueron las precipitaciones, la distancia a la capital del departamento, el índice de ruralidad, la presencia de grupos armados y la distancia al mercado mayorista más cercano (^{Moreno, 2018} p.20).

Vinculado a lo anterior, el Observatorio de Drogas de Colombia (^{ODC, s.f.}), en diferentes informes, ha señalado que las condiciones geográficas requieren ser consideradas para entender el comportamiento de los cultivos ilegales. El aislamiento geográfico es, en primer lugar, un factor privilegiado por los productores de coca en departamentos como el Putumayo, en tanto permite camuflar las plantaciones y generar inmunidad frente a las acciones estatales (^{Messina y Delamater, 2007}). Igualmente, la cercanía a fuentes hídricas se refleja como esencial para el sostenimiento de cultivos de uso ilícito y para el desarrollo favorable de la hoja de coca, además de facilitar el transporte y la comercialización del producto final: “la distancia entre los lotes de coca identificados y los ríos principales en cada región permiten entender varias características regionales en cuanto a la localización de los cultivos y las dinámicas de comercialización” (^{ODC, s.f., p.15}).

De acuerdo a lo presentado por el ODC, a la par de autores como ^{Rocha (2011}, 2019) y ^{Moreno (2018)}, es preciso mencionar que los factores geográficos inciden en la ubicación territorial de los cultivos ya que facilitan el crecimiento de la hoja, el transporte y camuflaje de la misma. No obstante, también llega a ser evidente que el despliegue de una economía cocalera implica una serie de consecuencias espaciales-naturales que transgreden en buena parte la integridad de los territorios. Frente a ello, Nicole ^{Bernex (2009)} dilucida el alcance nocivo de los cultivos ilegales en los suelos, las fuentes de agua, los ciclos naturales y el equilibrio ecológico. A partir de un análisis de las etapas de producción de la droga se evidencia que los cultivos ilícitos no sólo se vinculan con el espacio bajo una lógica de distribución, desplazamiento y expansión, sino que también son fuente de perjuicio para los territorios que son prácticamente colonizados por agrupaciones narcotraficantes (^{Cerdeira, 2009}).

Los cultivos ilícitos de coca significan no solamente un altísimo índice de deforestación, pérdida de suelos, disminución de recursos hídricos, pérdida de biodiversidad y quiebra de las funciones vitales de los ecosistemas, sino también contaminación de las aguas (superficiales y subterráneas) y de los suelos, tanto a nivel del cultivo mismo como de los procesos de fabricación de pasta básica, de cocaína y también, cuando se da el caso de erradicación (^{Bernex, 2009}, p.88).

^{Bernex (2009)} considera que los efectos derivados de la coca pueden ser comprendidos a la luz de las etapas que acompañan el proceso productivo de la misma, puesto que reflejan las diversas alteraciones y uso indiscriminado del espacio por parte de productores y colonizadores de tierras. En un primer momento, ligado a la elección de las áreas de cultivo, se genera un bajo control del espacio cercano como consecuencia de emplazamientos dados sin mayores niveles de planeación, incentivando igualmente un manejo inadecuado de recursos naturales como el agua. Además, al momento de la preparación de terrenos, se despliega un deterioro de la vegetación nativa, de la productividad del suelo, de las fuentes hídricas y de especies endémicas que terminan de afectarse tras la introducción de plaguicidas, sustancias químicas utilizadas para el procesamiento y metales tóxicos como el plomo, cadmio y cobre (^{Santos, 2017}; ^{Cárdenas, 2006}). A partir del trabajo de Bernex (2009) es posible entender otra de las dimensiones geográficas de la coca: la de los impactos de los cultivos sobre el espacio que colonizan. Aquí igualmente se advierte un enfoque analítico alineado al paradigma regional de la geografía, en el que se asume que las consecuencias espaciales están marcadas por un conjunto de elementos vinculados al paisaje; sin embargo, comienzan a gestarse explicaciones de corte cuantitativo (^{Manzano, 2006}) que reflejan el protagonismo de un marco teórico diferente: el de la nueva geografía espacial.

Las críticas frente a los análisis del paradigma regional al interior de la disciplina geográfica fomentaron el desarrollo de un horizonte analítico preocupado por estudiar el espacio a partir de estructuras conceptuales cercanas al positivismo. Este nuevo paradigma, reconocido como nueva geografía espacial o ciencia espacial, se preocupó por cuantificar las diferentes dimensiones del espacio y por recrear modelos que permitieran dar respuesta a fenómenos físicos y sociales (^{Unwin, 1995}). Desde este paradigma es posible comprender el desarrollo de investigaciones situadas en los análisis estadísticos espaciales y en apuestas teóricas encauzadas en la explicación fáctica de la realidad (^{Bradley y Millington, 2008}). Trabajos como el de ^{Bernex (2009)} se inquietan por reconocer las variables medibles en el espacio, pero aún más por formular hipótesis ligadas al desarrollo de modelaciones que logran explicar en concreto las derivaciones de un problema.

Al igual que ^{Bernex (2009)}, ^{Tavera (2001)} da cuenta de los impactos ambientales y territoriales de la droga señalando desde un principio que las condiciones geográficas son cruciales para entender la ubicación y desplazamiento de cultivos. La localización de plantaciones ilegales responde a circunstancias espaciales que facilitan el control de la droga (aislamiento territorial) y el procesamiento de la misma (cuerpos de agua), favoreciendo el actuar de narcotraficantes al evitar cualquier tipo de intervención pública. Tavera (2001) también señala que los ecosistemas llegan a ser determinantes para el emplazamiento de cultivos, puesto que la vegetación espesa y las exigencias climáticas determinan, a la vez, el camuflaje de la droga y el crecimiento de las plantas. Junto a ^{Rocha (2019)}, Tavera (2001) argumenta que las cualidades espaciales, ambientales y territoriales son condicionantes de los cultivos ilegales en tanto determinan en buena medida la producción de cocaína, el manejo de desechos e, incluso, el ocultamiento de organizaciones productoras. Es así como se constata que el espacio es facilitador, pero a la vez víctima de la economía cocalera, de los sistemas de producción de droga, ya que los beneficios que otorga a estructuras criminales (agua, ubicación, clima, vegetación, etc.) son recompensados con innumerables daños que transgreden los ciclos naturales del entorno (contaminación, fragmentación territorial, manipulación de recursos, etc.).

Por consiguiente, la dinámica espacial de los cultivos es un factor que se encuentra vinculado a la expansión de las zonas de plantación, a las características geográficas de los municipios y al efecto globo que impulsa el desplazamiento territorial. Investigaciones como la de ^{Díaz y Sánchez (2004)} permiten dilucidar que las explicaciones geográficas se construyen a partir del acercamiento holístico al problema, donde se considera la realidad como entramado de sucesos vinculados en varios frentes (cultivos y conflicto) (^{Salas, 2014}). No obstante, para autores como Ricardo ^{Esquivel (2013)} la posición geográfica del país no es determinante para comprender el auge de los cultivos de coca, al igual que argumenta Francisco ^{Thoumi (2016)} en su análisis de las ventajas contenidas en el territorio colombiano, sino que existen otros factores que permiten explicar el hecho de que no existan cultivos en zonas con cualidades geográficas adecuadas para la hoja. Así, bajo esta apuesta, las particularidades económicas, sociales y políticas llegan a incidir en mayor medida que las condiciones geográficas propias de ciertas regiones, develando con ello la presencia de otros enfoques geográficos mucho más críticos e interdisciplinares caracterizados por la apertura conceptual.

La primacía de estudios ligados a la consideración del espacio como contenedor y la posterior matematización de la geografía como disciplina preocupada por la rigurosidad científica, despertó cuestionamientos alrededor de la poca consideración otorgada a variables económicas, sociales y políticas en el estudio del espacio. El desarrollo de un nuevo enfoque epistemológico abierto a factores no estrictamente físicos condujo el despliegue de investigaciones caracterizadas por argumentos críticos y comprensivos. Desde el auge de la geografía humana, entendida como paradigma en respuesta al enfoque tradicional, se gestaron estudios vinculados a otras disciplinas de las ciencias sociales para ampliar el margen explicativo de los fenómenos espaciales. A continuación veremos cómo desde otras apuestas interpretativas que dan cuenta de los cultivos ilegales en el país, se advierte la presencia de un nuevo paradigma mucho más crítico que se acompaña de la economía para analizar el comportamiento de narcóticos como la cocaína.

CULTIVOS ILÍCITOS EN LA GEOGRAFÍA HUMANA: UNA APROXIMACIÓN GEOECONÓMICA AL FENÓMENO

La apertura de la disciplina geográfica a nuevos discursos y formas de estudiar el espacio favoreció el desarrollo de investigaciones enfocadas en variables económicas y políticas más que físicas. La geografía humana como nuevo paradigma disciplinar permitió el análisis de elementos olvidados por la geografía tradicional y con ello incentivó una reflexión crítica centrada en la relación espacio-hombre (^{Capel, 1984}). Desde aquí se fortaleció un discurso científico caracterizado por el trabajo interdisciplinar, cargado de argumentaciones que apuntaban a un estudio del espacio desde factores no propiamente paisajísticos. Las relaciones del ser humano con el espacio comenzaron a pensarse desde un foco más complejo, reconociendo que la presencia de múltiples elementos no es meramente circunstancial. Teóricos como ^{August Losch (1944)} evidenciaron que los actores, sus actividades y los entornos geoespaciales determinan las dinámicas económicas que envuelven a la sociedad en su conjunto. Así, la literatura alrededor de los cultivos ilegales refleja igualmente el auge de este nuevo paradigma geográfico, donde las interpretaciones de orden económico permiten entender el fenómeno más allá de variables físicas.

La expansión de los cultivos ilícitos en Colombia y el crecimiento de una dinámica productiva de narcóticos, especialmente de la coca en las últimas décadas, se ha analizado desde una perspectiva económica que da cuenta de comportamientos oferentes y demandantes al interior del país. No sólo basta con considerar que la economía de la droga implica procesos de producción y manejo de recursos, sino de comprender las relaciones que se tejen en medio y explicar cómo la Región Andina se ha convertido en la mayor productora de cocaína en el mundo. Partiendo de ello, Francisco ^{Thoumi (2014)} precisa los factores que en verdad han generado la producción cocalera en Colombia y para ello considera que más allá de ventajas comparativas, rescatadas por autores como ^{Rocha (2011)} en su explicación del fenómeno, el país ha desarrollado ventajas competitivas ligadas a la institucionalidad pública y a las carencias del Estado. Thoumi (2016) señala que el auge de cultivos ilícitos en el territorio colombiano no es producto de un conjunto de ventajas geográficas o productivas que se aglutinan respecto al resto del mundo, sino de ciertas ventajas adquiridas por agrupaciones ilegales que desarrollan destrezas para el alcance de objetivos.

Este tipo de ventajas competitivas rescatadas por ^{Thoumi (2016)} en su trabajo son sintetizadas bajo la categorización de destrezas ilegales que se despliegan de acuerdo a los contextos propios de cada región. Sin embargo, es propicio entender que este conjunto de “ventajas” son alcanzadas, tal y como señala el autor, gracias a una creciente debilidad institucional del Estado y a la precariedad del control ejecutado por parte de las autoridades (^{García, 2014}; García, Espinosa y Jiménez, 2013). Así, las falencias estatales en el marco de la lucha contra las drogas serían causa del despliegue cocalero en el país, y por ende generadoras de ciertas destrezas vinculadas al camuflaje de los insumos y a la construcción de rutas eficientes para el tráfico. Junto a Thoumi (2016), ^{Figueroa y García (2018)} señalan que además de ciertas condiciones propias de la Región Caribe cruciales para entender el protagonismo de la zona en el comercio de narcóticos, existen ventajas competitivas en términos de costos operativos que favorecen el paso por esta región: los costos son mucho menores y el riesgo es bastante reducido. Además, las condiciones de la población en el corredor del Pacífico son más precarias en comparación con las de Centroamérica, por lo que es mucho más beneficioso para los “narcos” ajustar sus rutas a dichas particularidades.

El estudio de las ventajas a la luz de la teoría económica permite comprender que la localización y desplazamiento de cultivos se ciñen igualmente a variables dadas por las oportunidades de ganancia y el contexto (^{Hall, 2018}). Centrarse únicamente en las condiciones naturales no favorece la compresión holística del problema, por lo que se requieren explicaciones desde horizontes interpretativos más interdisciplinares como las dadas por ^{Sarmiento (1990)}. En su trabajo, el autor parte de las características estructurales del narcotráfico, reconociendo la inelasticidad de la demanda y la presencia de una oferta elástica, para afirmar que la producción de coca en el país depende de la naturaleza propia de la actividad, es decir, de las múltiples relaciones y procesos que se gestan a su alrededor. Las facilidades para el transporte, comercialización, manejo de sobornos y retorno de excedentes son algunos de los factores que determinan la presencia de cultivos ilícitos en el país, demostrando con ello que las dinámicas espaciales se hallan acompañadas de variables que sobrepasan el entorno físico (^{Thoumi, 2005}). La investigación de Sarmiento (1990) entrevé que las ventajas de Colombia se miden más a nivel tecnológico que natural, pero aún más por la capacidad de generar movilización de excedentes debido a la presencia de una estructura financiera deficiente:

En realidad, las ventajas para Colombia no provienen de factores naturales sino tecnológicos. Al parecer, en el país se crearon las condiciones más favorables para la actividad. Los traficantes gozan de los mecanismos para movilizar el excedente y para destruir las restricciones físicas. Obviamente, estas condiciones no se dan sin una cierta permisividad de la sociedad (^{Sarmiento, 1990}, p.33).

Contrario a lo argumentado por ^{Thoumi (2016)} respecto al auge de los cultivos ilegales en Colombia, Jorge Mario ^{Belzner y Andrés Rodríguez (2007)} señalan que el país sí posee ciertas ventajas comparativas para la producción de cocaína, puesto que aglutina condiciones ambientales amigables con los cultivos, grandes extensiones de tierra y conflictos sociales ligados a grupos armados y escasez de empleo. Ahora bien, bajo esta postura se menciona que las ventajas de Colombia no se vinculan propiamente a factores naturales; por el contrario, se considera que las ventajas se condensan en elementos tecnológicos favorables a la producción de cocaína y en condiciones sociales vulnerables que permiten el actuar impune de empresarios de la droga. Lo que es importante entender bajo este análisis es que no solamente son cruciales las acciones y destrezas desarrolladas por los actores participantes en la economía cocalera, sino que también existen ciertos factores que son determinantes en la plantación de hoja de coca que hacen del país un escenario propicio para el negocio (tecnología y movilización de excedentes) (^{Gómez y Cadena, 2015}).

^{Belzner y Rodríguez (2007)} señalan que para entender las dinámicas económicas del tráfico de drogas es importante considerar tres principios fundamentales: igualdad entre oferta y demanda, corresponsabilidad entre los ingresos devengados y la oferta global multiplicada por el porcentaje controlado del negocio, y cálculo de los dineros a repatriar a partir de los precios internacionales de la cocaína. Considerando esto, el análisis económico implica entender las estrategias utilizadas para el blanqueo de dinero por parte de organizaciones traficantes y, por ende, colocar especial atención al tercero de los principios señalados anteriormente (^{Machado, 2008}). Los autores mencionan que las remesas laborales, las transferencias electrónicas, la inversión directa y la manipulación de importaciones son canales favorables para el ingreso de capitales producto de la comercialización de cocaína, ya que los controles estatales no llegan a ser lo suficientemente eficientes para contraer la expansión de negocios ilegales.

Por consiguiente, es claro que el análisis económico de la producción y comercialización de coca se vincula a la circulación de dineros ilícitos y a la introducción de estos en los países productores de estupefacientes. Lo que interesa es evidenciar cómo se construyen estrategias de lavado de activos y cuál es la verdadera relación entre la oferta y la demanda de la cocaína, constatando que la dinámica espacial responde también a intereses y a posibilidades de ganancia. A la par de ^{Belzner y Rodríguez (2007)}, ^{Javier de Quinto y Adriana Arcila (2004)} dan cuenta de las amplias alternativas con las que cuentan las organizaciones criminales para repatriar las ganancias obtenidas en países donde se vende la droga. Desde el sector financiero, el no bancario, el comercial y a través de donaciones a terceros se busca introducir capital ilícito para reinvertir en el circuito productivo y para la compra de bienes suntuosos por parte de narcos. Las transacciones a cuentas corriente, la adquisición de productos bancarios, la inversión en compañías de seguro, fiduciarias, contrabando y empresas fachada son parte de las estrategias utilizadas en los diferentes sectores señalados por ^{de Quinto y Arcila (2004)}, siendo ello evidencia de la amplitud de oportunidades disponibles para la repatriación de dineros ilegales.

La clasificación presentada por los autores da cuenta de la variabilidad de circuitos que acompañan la economía de la droga, pero también es reflejo de aquella destreza ilegal considerada por ^{Thoumi (2016)} vertebral en la constitución de la ventaja competitiva del país. El uso de sectores informales y formales para la legalización de capitales es evidencia de un nivel sofisticado de destreza que logra evadir cualquier tipo de filtro institucional (^{Roa-Rojas, 2011}). Son estas transacciones las que en verdad sustentan las estrategias ilegales analizadas por Thoumi (2002) y las que evidencian las carencias del Estado en materia de control y garante de oportunidades. Preocupado por entender la causa de las destrezas ilícitas en Colombia, el autor parte de un Estado fragmentado, débil, con innumerables deficiencias, pero también de uno que carece de políticas de control adecuadas y eficientes. Señala que los problemas de la justicia también son generadores de ilegalidad en el país, junto a una cultura de restricciones avalada por instituciones como la familia y la escuela. Lo que es claro es el hecho de que este tipo de destrezas no son consecuencia de factores existentes, de cualidades innatas del país, sino que son producto de dinámicas económicas y políticas que se han gestado con el paso del tiempo y que han sido aprovechadas por estructuras delincuenciales interesadas en la droga (^{Ortiz, 2000}).

Partiendo de la geografía humana como marco de referencia, es posible afirmar que investigaciones como la de ^{Thoumi (2016)} y ^{Sarmiento (1990)} develan que la distribución espacial de los cultivos responde a condiciones mucho más complejas. Aquí se advierte que la relación dada entre la oferta y la demanda, además de las capacidades tecnológicas y la amplitud de canales de repatriación, son determinantes para la permanencia de cultivos ilegales en Colombia. Sólo basta con entender que las ventajas del país en materia de producción no son consecuencia de condiciones estrictamente naturales, sino que las particularidades económicas del fenómeno terminan por reconstruir entornos propicios para el auge del negocio (^{Castellanos, 2016}). El análisis geoeconómico de los cultivos ayuda a entender que la poca inversión requerida y la alta rentabilidad obtenida explican la espacialización de plantaciones y el desplazamiento de las mismas, puesto que el uso del territorio se vincula a factores de ganancia que son leídos con rigurosidad por empresarios de la droga.

Contrario a lo sostenido por ^{Belzner y Rodríguez (2007)}, ^{Thoumi (2002)} parte del hecho de que la demanda no siempre implica el auge de un mercado oferente y que, para el caso de la producción de narcóticos, el crecimiento de los cultivos en Colombia fue consecuencia de las políticas antidroga llevadas a cabo en Perú y Bolivia. Thoumi (2009) es claro en señalar que el desarrollo de organizaciones ilegales vinculadas a la producción y distribución de droga es producto de factores necesarios e intervinientes que facilitaron, desde los años 80, el crecimiento de una economía cocalera. Si bien la oferta y la demanda son cruciales en la dinámica productiva y comercial de la cocaína, Thoumi (2009) considera que los cultivos ilegales no florecen solamente tras el aumento del consumo en puntos de comercio, puesto que existen otros elementos que guían el trasegar de los negocios ilegales de la droga. Así, es preciso entender que el desarrollo de sistemas clandestinos, la configuración de redes de tráfico, el transporte de dineros y las alternativas de lavado son parte esencial de las economías ilegales vinculadas a la coca, y por ende su ejecución determina la eficacia de las estrategias emprendidas por los narcos en diferentes regiones del país (aquí de nuevo entran en vigencia las destrezas ilegales).

Ahora bien, es preciso indicar que el desplazamiento de los cultivos, lo cual refleja que la espacialidad de la droga no es de carácter anquilosado, responde también a los factores señalados por ^{Thoumi (2009)} como intervinientes en la producción y comercialización de narcóticos. Las facilidades de transporte y la búsqueda de clandestinidad determinan en buena medida la reubicación de los cultivos, ya que no solamente las condiciones del suelo y la calidad del ambiente son consideradas por parte de agentes productores. Desde un nuevo enfoque geográfico es posible entender que la relocalización de las plantaciones de coca es resultado de variables económicas tomadas en cuenta por narcotraficantes y organizaciones al margen de la ley, lo cual demuestra que el uso del espacio se encuentra ligado a factores no propiamente físicos que inciden en su conquista. A través del estudio de los efectos globo, como ya mencionó en el apartado anterior, es posible analizar los tránsitos de los cultivos partiendo de factores geoeconómicos, pero esta vez desligados del enfoque tradicional de la disciplina geográfica. Trabajos como el de ^{López, Castro y Díaz (2015)} ayudan a comprender que la relocalización de los cultivos a lo largo de la Región Andina es resultado de la variación de precios en los lugares de consumo y de las políticas de represión emprendidas por los gobiernos latinoamericanos.

No obstante, ¿cuáles serían las consecuencias de un conjunto de “destrezas” que han favorecido el despliegue de los cultivos ilícitos en Colombia?, ¿qué tipo de impactos ha generado el tráfico de cocaína a nivel económico en el país? Hernando ^{Gómez (1988)}, en pleno auge cocalero y en la década de oro de las drogas, daba cuenta de los impactos geoeconómicos de naturaleza local que transformaban las particularidades socioeconómicas del territorio colombiano. Señalaba que el aumento de salarios, en zonas cultivadoras de hoja de coca, era significativo en los años 80 producto del tráfico desatado en beneficio de grupos al margen de la ley. Además, crecían los depósitos financieros en ciudades como Medellín y despegaba el sector de la construcción en la capital antioqueña, lo cual era muestra del lavado de dinero que se ejecutaba en el proceso de repatriación. A la par de lo anterior, disminuía la tasa de desempleo en algunas ciudades del país y se comenzaba a evidenciar el creciente impacto de los capitales ilegales en la sociedad de ese entonces.

Pocos años después, a la luz del incremento de empresarios de la droga, Rosario ^{Sevilla (1992)} evidencia un conjunto de impactos que transgreden la economía colombiana analizando el comercio de la cocaína junto a la industria del café. En su texto, la autora argumenta que el tráfico del alcaloide ha venido compitiendo con el mercado del grano en su deseo de convertirse en el motor de la economía colombiana. Sin embargo, a pesar de una demanda creciente en sectores de consumo, la droga no ha logrado posicionarse como eje constitutivo de las transacciones comerciales del país, puesto que su carácter ilegal conlleva una serie de restricciones que imposibilitan su estabilidad y crecimiento. Ahora bien, contrario a lo señalado por ^{Gómez (1988)}, Sevilla (1992) constata que la circulación de cocaína ha desatado diferentes consecuencias económicas que han recrudecido problemas históricos como la desigualdad: la distribución de ganancias no es equitativa, el nivel de afectación en términos de beneficio es menor, y la generación de utilidades para el Estado es prácticamente nula. La economía de la droga no parte de un supuesto colectivo que fomenta el desarrollo de beneficios generales, sino que se sustenta en el alcance de capitales de distribución rápida que son invertidos en bienes suntuosos o en redes de corrupción.

Mientras una parte de las ganancias del café revierte al Estado vía impuestos, que puede así darles un destino que beneficie al país, como por ejemplo en transportes, educación, sanidad, o en la industria siderúrgica, el tráfico de cocaína, por su ilegalidad, no supone beneficio alguno para las finanzas estatales (^{Sevilla, 1992}, p.741).

El despliegue de una narco-economía, como sustenta ^{Puyana (1990)}, implica que las destrezas ilegales desarrolladas por traficantes de coca se orienten a la conquista de diferentes sectores económicos del país. En su interés por comprender el comportamiento económico de la droga en Colombia, Puyana (1990) señala que la comercialización de estupefacientes ha posibilitado que sectores como el agropecuario, el financiero y el de la construcción, por mencionar algunos, se vean permeados de dineros ilegales obtenidos a través de la venta de cocaína. Es de esta forma que se ha generado un proceso de concentración de tierras por parte de narcotraficantes y se ha manipulado el territorio para la obtención de ganancias cada vez mayores; además, se han construido alianzas entre mafias, militares, políticos y terratenientes para el acaparamiento de terrenos aptos para cultivos.

Como refleja Dermot ^{O’Connor (2009)}, las ventajas obtenidas a través de la industria cocalera son bastante considerables y atractivas, la rentabilidad es constante y garantizada para quienes estén dispuestos a correr los riesgos que implica la ilegalidad. Así, el negocio de las drogas, tal y como señala ^{Thoumi (2016)}, supone la entrada en juego de cierto tipo de destrezas que logran mermar aquellos riesgos señalados por O’Connor (2009), lo cual genera cantidades significativas de dinero y comportamientos encauzados a la evasión de controles. O’Connor (2009) menciona que la industria cocalera produce cada año entre 600 y 1200 millones de dólares, los cuales son repatriados a través de canales de lavado e invertidos en sectores como los reseñados por ^{Puyana (1990)}. No obstante, son estas cifras, crecientes y numerosas, las que demuestran que la economía de la droga no depende únicamente de una relación entre oferta y demanda, sino que existen una variabilidad de factores señalados por algunos de los académicos mencionados hasta el momento que igualmente inciden en el despliegue de una narco-economía cada vez más compleja.

En consecuencia, es evidente que la apertura epistemológica de la disciplina geográfica permite el desarrollo de investigaciones orientadas a entender el fenómeno de los cultivos desde un horizonte más crítico. La geografía humana como paradigma que le apuesta al estudio interdisciplinar del espacio ha señalado que los factores naturales no son los únicos que guían las relaciones del ser humano con su entorno, sino que variables sociales, económicas y políticas impactan igualmente las dinámicas espaciales contemporáneas (^{Unwin, 1995}). A este punto se ha evidenciado que gracias a la teoría económica la geografía de la coca se entiende vinculada a la movilización de excedentes, la variación de precios y las capacidades de comercialización. En el siguiente apartado veremos cómo desde un enfoque político e internacionalista es posible rastrear el problema de los cultivos ilegales en Colombia, partiendo esta vez de la geografía radical como marco epistemológico que permite entender las relaciones internacionales vinculadas a las drogas de uso ilícito.

APROXIMACIÓN GEOPOLÍTICA E INTERNACIONAL AL FENÓMENO DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS Y LAS DROGAS: ANÁLISIS DESDE EL PARADIGMA DE LA GEOGRAFÍA RADICAL

El discurso construido alrededor de la geografía radical, entendido como paradigma crítico preocupado por las relaciones sociales tejidas en el espacio, favoreció el desarrollo de investigaciones interesadas por las condiciones socioespaciales dadas en la contemporaneidad. Desde disciplinas como la ciencia política se advirtió la necesidad de estudiar el espacio a partir de los intereses y estrategias de los actores participantes, permitiendo con ello evidenciar que la dimensión geográfica supera el entramado de lo físico-natural. ^{Delgado (2003)} señala que bajo esta nueva óptica “el espacio social se define como un producto social históricamente construido por la dinámica de los modos de producción” (p.80), es decir, que la estructura espacial se entiende a la luz de las formas de dominación y de los vínculos propiciados por las relaciones de dependencia. Adicional a ello, ^{Capel (2016)} señala que la relación entre lo global y lo local ha permitido desarrollar y profundizar la noción de territorio, en el entendido de que en la composición espacial inciden relaciones más complejas como la migración, el turismo, variadas formas culturales, la inserción neoliberal, entre otros, que hacen parte de un proceso que lleva a pensar que un fenómeno no debe ser esquematizado y caracterizado como efecto de una sola condición.

Para el caso de los cultivos ilícitos en Colombia, la corriente radical de la geografía permite vislumbrar las relaciones construidas en el marco de la ilegalidad partiendo de una estructura global cargada de intereses. Como señala ^{Esquivel (2013)}, el análisis geopolítico de la producción y comercialización de coca implica comprender el alcance de las rutas de distribución construidas por grupos delincuenciales, puesto que estas dan luces del dominio territorial y las disputas por el espacio. Según Esquivel (2013), las rutas se clasifican de acuerdo a la condición endógena y exógena de las mismas, es decir, las que vinculan las zonas de producción (países en desarrollo) y los mercados de consumo (países desarrollados), y aquellas que se encuentran al interior de los países que participan como consumidores y productores. Sin embargo, la configuración de estas rutas no es producto unánime de las cualidades geográficas de algunas regiones del país, ni de las condiciones climáticas y el relieve colombiano, sino que son resultado de un proceso interactivo de los actores que participan en el negocio de las drogas y de las estrategias emprendidas por el Estado para su prohibición (^{Brombacher y Maihold, 2009}). Lo crucial, bajo este enfoque analítico, es entender que el territorio per se no determina la dinámica de los cultivos, son los actores los que a partir de sus acciones buscan la conquista del espacio y el dominio de rutas particulares para la obtención de mayores beneficios.

De todo lo anterior, puede reiterarse que la inserción de Colombia en el narcotráfico es circunstancial. Es decir no se generó en estricto de su posición geográfica, ni por su propia dinámica, sino al conjugarse los diversos factores detallados para otros casos (^{Esquivel, 2013}, p.20).

El cultivo y tráfico de cocaína trae consigo el despliegue de vínculos locales e internacionales que facilitan el tránsito de la droga a su destino final. Con lo mencionado en el apartado anterior, es claro que las organizaciones narcotraficantes no actúan de forma aislada al momento de comercializar el producto procesado, puesto que requieren de contactos para la entrega de toneladas a países consumidores (^{Cardinale, 2018}). La droga supone la presencia de rutas, influencias, vínculos y relaciones que se van configurando en el ámbito internacional para la correcta asociación entre países productores y demandantes. Es propicio comprender que el escenario de la comercialización cocalera es complejo, que no es estático e inmutable, sino que más bien sugiere la participación activa de diferentes actores que ahora se vinculan a escala planetaria.

Javier ^{de Quinto y Adriana Arcila (2004)} señalan que el contacto entre organizaciones exportadoras de drogas ilegales y grupos criminales de otros países receptores determina el nivel de sofisticación de estas agrupaciones delictivas. Lo que se evidencia con este argumento es que la producción de cocaína responde a una dinámica internacional y transnacional basada en vínculos interorganizacionales, donde se procura la obtención de mayores beneficios y la negociación para la repartición de dineros ilícitos (^{Bagley, 2014}). El vínculo internacional, expresado evidentemente en la comercialización de la droga, implica canjear y establecer acuerdos con actores no locales para facilitar el proceso de transporte, pero aún más para favorecer la permanencia de tratos a futuro. No solo basta con establecer contactos esporádicos y eventuales, sino que se requieren fuentes de instancia internacional que sean de confianza y faciliten el proceso de distribución.

Ahora bien, bajo esta misma lógica de interrelación dada entre organizaciones ilícitas locales e internacionales, donde impera siempre el hecho de obtener beneficios a bajo costo, Daniel ^{Pontón (2013)} considera que la producción y venta de narcóticos ha generado una nueva dinámica de oferta que suscita comportamientos particulares: disminución de cultivos, efecto globo y vinculaciones internacionales. Partiendo del último punto, se afirma que la gestación de redes de contacto con agrupaciones no locales es favorecedora de una comercialización mucho más productiva y con ganancias más estables y seguras. De lo que se trata es de generar acuerdos que favorezcan el tráfico de estupefacientes y que faciliten la venta del producto en el punto de comercio, ya sea gracias a organizaciones directas o a mediadoras que conocen el territorio.

La referida alianza entre narcotraficantes colombianos y mexicanos permitió a estos últimos profundizar sus redes de contactos y distribución de cocaína en Estados Unidos y ganar cada vez más control del negocio en ese país. Esto ha sido interpretado por muchos como una estrategia paulatina de los narcotraficantes colombianos por reducir riesgos y visibilidad ante la persecución de las agencias de seguridad internacionales (^{Pontón, 2013}, p.145).

La formalización de redes internacionales de tráfico de cocaína implica la presencia de múltiples intereses respaldados por organizaciones ampliamente poderosas. Considerando el despliegue de códigos geopolíticos en el escenario de las relaciones internacionales como sugiere Peter ^{Taylor (2002)}, es posible constatar que organizaciones criminales dedicadas a la producción y venta de coca construyen codificaciones para aumentar su margen de influencia a nivel global. Caracterizados como supuestos estratégicos que orientan la política exterior, la categoría de códigos geopolíticos ayuda a comprender las vinculaciones gestadas por grupos ilegales y, asimismo, las acciones estatales para contener el avance del negocio de las drogas. Es posible señalar que la configuración de estos códigos determina la producción del espacio como sugiere la geografía radical, puesto que las acciones políticas y los intereses de los actores involucrados condicionan la espacialidad de la droga a nivel local e internacional.

El análisis emprendido por ^{Pontón (2013)} evidencia que las organizaciones productoras y comercializadoras de droga diseñan redes de cooperación a modo de códigos geopolíticos donde imperan los intereses de ganancia. Con el objetivo de reducir los riesgos que implica la ilegalidad, los carteles colombianos han formalizado alianzas con estructuras criminales mexicanas para facilitar el tránsito de la droga hasta los Estados Unidos. Así, el desarrollo de acuerdos orientados a favorecer este tipo de negocio termina haciendo parte de la compleja dinámica que estructura el problema de las drogas, al punto que se despliegan redes especializadas en tareas particulares para el cumplimiento efectivo de metas propuestas (^{Medina, 2012}). Leonardo Raffo y José Luis Segura (2015) indican que las organizaciones narcotraficantes configuran redes dedicadas a ­actividades delimitadas con anterioridad, ello para mantener el nivel de sofisticación de la estructura delincuencial. Partiendo de la existencia de dos redes vertebrales en el fenómeno de los cultivos ilícitos, los autores afirman que las actividades de producción, distribución y comercialización de sustancias ilegales (redes de producción y tráfico de drogas) se diferencian de las actividades de seguridad y clientelismo (redes de defensa y corrupción) de forma estructural, tanto así que dichas redes condicionan la espacialidad de los cultivos y el tránsito de la droga de forma diferenciada.

Por consiguiente, es propicio señalar que las redes internacionales gestadas en el marco del fenómeno determinan la espacialidad de los cultivos considerando las estrategias e intereses de los agentes involucrados. Configurando códigos geopolíticos a nivel regional y global, las organizaciones narcotraficantes han gestado alianzas de cooperación que les permiten mantener niveles de inmunidad y, además, les facilita el tráfico de estupefacientes a puntos de comercio. No obstante, a partir del paradigma de la geografía radical es posible entender que la geopolítica de la droga no se mide únicamente en el diseño y sofisticación de rutas internacionales, sino que las relaciones entre los Estados involucrados en el problema también dan cuenta de dinámicas de dominación orientadas a la contención de los cultivos (^{Chouvy y Laniel, 2004}). Como señala ^{Harvey (2007)}, son las condiciones económico-políticas las que organizan el espacio de un modo particular, las que develan la estructura interactiva entre los actores participantes e imprimen formas espaciales vinculadas a los modos de producción protagonistas de una época. Analizar las relaciones tejidas entre países productores de coca como Colombia y destinos apetecidos por los narcos como los Estados Unidos, ayuda a entender la producción del espacio a la luz de estrategias de dominación estudiadas por teóricos radicales como Harvey (1998, 2007) y ^{Santos (1990)}.

Desde el enfoque de la teoría de la dependencia se ha venido considerando que el tráfico de estupefacientes y las relaciones Estados Unidos-Colombia en el marco de la droga suponen una profunda narcotización de las zonas productoras y el sometimiento del país a las políticas impuestas desde el norte. Merly ^{Guanumen (2012)} parte del hecho de que la comercialización de cocaína se refleja en dos fuentes principales, el país consumidor y el exportador, y que a partir de estas se construyen relaciones no sólo al margen de la ley, sino también algunas enfocadas a la prohibición de los cultivos. El crecimiento de la demanda de cocaína en Estados Unidos fue determinante para el despegue de la producción de droga en Colombia, el desarrollo de destrezas ilegales y la generación de redes de comercialización; no obstante, frente a ello fue evidente la debilidad del Estado colombiano para frenar el crecimiento de los cultivos ilícitos y para gestar estrategias pensadas desde una política local.

En consecuencia, ^{Guanumen (2012)} sostiene que debido a la ausencia de acciones nacionales contra el narcotráfico, de propuestas gubernamentales eficientes desarrolladas desde la sociedad colombiana, se ha priorizado la intromisión de los Estados Unidos en el país imponiendo la agenda norteamericana en el tratamiento del problema. El uso de herbicidas y la incorporación del ejército en la lucha contra las drogas son producto de las presiones estadounidenses y del deseo de los gobiernos colombianos de verse colaborativos en la lucha antinarcótica. Guanumen (2012) considera que en el transcurso de las últimas décadas las relaciones Estados Unidos-Colombia se han configurado bajo la lógica prohibicionista traída desde Washington, donde se avala por la erradicación de cultivos y la persecución de los narcos sin atender las necesidades locales propias del país. Como argumenta la autora, se ha favorecido la aplicación de una agenda internacional, desligada de las particularidades nacionales y carente de un enfoque democrático y participativo, puesto que se ha configurado una relación de dependencia que privilegia las estrategias estadounidenses de prohibición, persecución e interdicción.

La promoción de la agenda norteamericana al interior del país ha conllevado al desarrollo de políticas enmarcadas en la persecución de grupos ilegales, la aspersión de glifosato y la militarización del territorio nacional. Desde una aproximación crítica y renovada de la geografía internacional basada en la teoría de la dependencia (^{Cardoso y Faletto, 1967}), Silvia ^{Mantilla (2014)} propone, por ejemplo, que la persistencia de los cultivos ilícitos y de la economía de la droga en Colombia es consecuencia directa de la estrecha dinámica global-local producida en el denominado “enclave cocalero”. Esto se debe al hecho de que la oscilación de los precios de la cocaína en el mercado mundial determina de manera directa los flujos de la producción a un nivel local, de suerte que la subida de precios en el mercado mundial conduce, a pesar de la persecución local, a redoblar esfuerzos para incrementar la producción del cultivo ilícito. Se trata de una situación particular, pues, si bien la represión local incide en una disminución de la producción y en una baja temporaria de la superficie cultivada, así como de los rendimientos por hectárea, ello conlleva, en el corto plazo, a una subida de los precios de la cocaína en el mercado internacional. Tal y como sugiere el enfoque de la geografía radical, son las vinculaciones y prácticas de los agentes las que determinan la organización del espacio, las que dan cuenta de una espacialidad construida a la luz de objetivos particulares modificados con el tiempo.

^{Harvey (2007)} argumenta que la producción social del espacio supone la presencia de una lucha política cargada de mecanismos de dominación que condicionan las prácticas de los actores. Bajo esta lógica, es posible señalar que la imposición de políticas antinarcóticas por parte de Estados Unidos, entendidas como estrategias de contención frente al tráfico de estupefacientes, constituye un ejercicio de intervención que reproduce las relaciones desiguales de la estructura mundial contemporánea, a la vez que determina un tipo de organización espacial favorecedora de intereses no colectivos. Para el caso colombiano, ^{Tickner (2007)} sustenta que la política exterior colombiana ha promovido la injerencia de los Estados Unidos a través de la fórmula de “intervención por invitación”, en la cual los diferentes gobiernos han aceptado la participación de la agenda norteamericana en el diseño de alternativas contra el narcotráfico. Como aclara la autora, la penetración de Estados Unidos en el país en el marco de la lucha contra las drogas ha desplegado un conjunto de costos que amenazan la estabilidad nacional en materia de autonomía.

La creciente dependencia, el protagonismo de Washington en Colombia y la “norteamericanización” de funcionarios públicos en el país, ha incentivado los desequilibrios históricos entre ambos Estados considerados por la geografía radical como propios del modo de producción capitalista. Como argumenta ^{Suárez (2003)} y constata ^{Tickner (2007)} en sus respectivas investigaciones, los diferentes planes de injerencia avalados por los gobiernos en Colombia han sido justificados bajo el discurso de la seguridad internacional y reproducidos a partir de categorías contemporáneas como narcoterrorismo y narcoguerrillas. Otros estudios como el de Ruíz (2017), permitren así mismo, entender la condición marginal de las decisiones internas frente a las recomendaciones comandadas desde el norte en una proximación desde la teoría del realismo subalterno y realismo periférico al modelo “plan Colombia”. Así pues, pese a la urgencia de políticas basadas en intereses nacionales y consultoras de problemáticas vinculadas a la droga, el país continúa atado a recomendaciones carentes de contexto debido a que las tareas de Washington no parecen estar proyectadas más allá de la confrontación militar tal y como sostiene ^{Vargas (2005)}, en su análisis sobre el caso colombiano y el paradigma de la seguridad global.

Es posible entonces, afirmar que la promoción del establishment político estadounidense a través de programas de intervención en países como Colombia para enfrentar el problema de los cultivos ilícitos, confirma el hecho de que las acciones de los agentes internacionales configuran y transforman el espacio de una manera particular. Tal y como advierten geógrafos radicales como ^{Harvey (1998, 2007)} y ^{Santos (1990)} , la espacialidad es producto de las prácticas consolidadas con el paso del tiempo ligadas a un modo de producción que ha impactado la totalidad del mundo contemporáneo: el capitalismo. La fórmula de intervención por invitación ha desplegado una organización del espacio basada en relaciones de dominación que promueven los intereses capitalistas de Norteamérica, además de agudizar el conflicto gracias al uso persistente de la violencia y la amenaza. Las acciones emprendidas por Estados Unidos se aclaran igualmente bajo la categoría de códigos geopolíticos presentada por ^{Taylor (2002)}, puesto que los programas de intromisión diseñados en las últimas décadas conjugan estrategias orientadas a perpetuar su posición como potencia hegemónica.

^{Tokatlian (1998, 2009)} sustenta que la política de mano dura promovida desde los Estados Unidos en gobiernos como el de Uribe no solucionó el problema de los cultivos debido a la poca atención prestada a los conflictos de base. Por el contrario, la intervención estadounidense agudizó la corrupción en el país, la violencia, el deterioro ambiental y la fragilidad territorial del Estado, siendo todo ello expresión de una producción espacial propia del sistema capitalista. Como sugiere ^{Maldonado (2012)}, la configuración de economías regionales de droga fue producto de estrategias de intervención fallidas carentes de una comprensión compleja de los fenómenos socioespaciales, que terminaron viabilizando actividades de carácter ilegal en zonas específicas. Partiendo de la categoría de los márgenes del estado, entendidos como espacios entrelazados entre la ilegalidad y la autoridad pública, el autor sustenta que las iniciativas de control y las políticas de ajuste estructural fortalecieron con el paso del tiempo los territorios ilegales, aumentando de esta manera los niveles de desigualdad y las carencias sociales.

Con lo anterior, es propicio mencionar que el análisis geopolítico del fenómeno de las drogas en Colombia da cuenta de las relaciones, estrategias, intereses y dinámica de los actores involucrados en el problema. El enfoque de la geografía radical permite entender que la dimensión espacial de los cultivos ilícitos se construye a partir de las prácticas de cada uno de los agentes participantes, ya sean sujetos, Estados, entes internacionales o agrupaciones ilegales. El diseño de redes de comercio para el tráfico de estupefacientes y la implementación de planes antinarcóticos liderados desde el extranjero, son ejemplo de acciones emprendidas a manera de códigos geopolíticos que configuran la estructura internacional contemporánea. Así, entender la espacialidad de los cultivos a la luz de las particularidades políticas que rodean el fenómeno supone comprender el entramado de decisiones ligadas a un modo de producción ampliamente dominante. Los autores citados en este apartado han reflejado las tensiones políticas de corte internacional que rodean el problema de las drogas, pero asimismo dilucidado la complejidad del asunto partiendo de un análisis que reconoce los juegos de poder presentes en el fenómeno.

REFLEXIONES FINALES

El fenómeno de los cultivos ilícitos en Colombia ha sido estudiado desde diferentes horizontes disciplinares, teóricos y conceptuales, reflejando con ello una variabilidad de reflexiones sobre las posibles causas, actores involucrados y consecuencias que no obstante, pueden ser rigurosamente estudiados en clave de problemas de orden geográfico. El auge de la corriente crítica enfrentada al enfoque tradicional de la geografía y el creciente protagonismo del enfoque económico y humano en el análisis del espacio, permiten identificar un despliegue de investigaciones que aunque no surgieron exclusivamente en el ámbito académico de la geografía, revelan una vasta comprención del problema de los cultivos y las drogas ilícitas, a través de múltiples horizontes interpretativos del espacio.

Desde la geografía tradicional, caracterizada por un enfoque descriptivo y por aproximaciones basadas en elementos naturales, se ha afirmado que el emplazamiento de cultivos y la conquista de nuevos territorios es producto de las condiciones físicas de algunos sectores del país (clima, humedad, suelo, agua, etc.). Los autores inclinados por esta corriente han señalado que la permanencia de cultivos en Colombia es consecuencia, en buena parte, de ciertas cualidades naturales aprovechadas por productores y comercializadores de coca. No obstante, considerando la ausencia de variables sociales y de análisis interesadas en la relación espacio-hombre en el enfoque mencionado, han surgido otras aproximaciones preocupadas por entender la espacialidad de los cultivos desde el accionar propiamente humano. La corriente de la geografía económica nos permitió identificar aquellos trabajos interesados en entender el comportamiento de las plantaciones ilegales en el país como resultado de las dinámicas oferentes y demandantes, así como de las ganancias económicas derivadas del fenómeno. Asimismo, pudiendo ser catalogadas o interpretadas como parte del paradigma radical de la geografía, se encontraron múltiples investigaciones en que el problema de las drogas se vincula fuertemente a los intereses políticos de los actores involucrados y a las relaciones de poder tejidas en medio de un contexto global e internacional caracterizado por el auge y la concentración del capital. La literatura reseñada y analizada desde este enfoque permitió mostrar además, una evolución del análisis del cultivo ilícito propiamente dicho, hacia el fenómeno más amplio y global de las llamadas drogas ilícitas.

Es claro entonces, que el estudio de los cultivos ilegales desde un enfoque geográfico permite entender el espacio como factor determinante en el despliegue del problema y cuyas causas responden a dinámicas endógenas propias de la territorialidad y la composición estatal, pero también a la intervención de dinámicas exógenas que derivan de los procesos de relaciones internacionales en la globalización. Las investigaciones presentadas en este documento reflejan, más allá de la amplitud de posiciones argumentativas respecto a los cultivos ilícitos en Colombia, la apertura epistemológica experimentada por las ciencias sociales que también permeó a la geografía y que hace posible revisar el fenómeno estudiado desde diversas apuestas multidisciplinares.