INTRODUCCIÓN

A lo largo de su historia, Colombia ha atravesado por varios y diversos ciclos de violencia política que han dejado profundas secuelas en el entramado social y han dificultado la consolidación de un régimen democrático moderno y la posibilidad de una coexistencia plural y agonística (Mouffe, 1999) en la que las diferencias políticas sean un vehículo de construcción de nación. Autores como Guillen (1979), ^{Bushnell (1993)}, Palacios y Safford (2002), ^{Kurtenbach (2005)} y Melo (2018) sostienen la existencia de particularidades de corte histórico que han marcado el difícil proceso de construcción, mantenimiento y fallida consolidación del estado-nación colombiano y que han traído como consecuencia una tendencia hacia la resolución violenta de los conflictos, la existencia de llamada cultura de la violencia (en tanto interiorizada y naturalizada), la fragmentación territorial, la alta concentración de la riqueza y la propiedad de la tierra y los violentos procesos de colonización y expansión de las fronteras agrícolas y de los asentamientos urbanos.

Dentro de ese ciclo histórico de múltiples violencias, el conflicto más largo y continuo que vivió Colombia fue el que involucró a la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Este grupo guerrillero estuvo alzado en armas por más de 60 años experimentando transformaciones continuas en sus formas de acción colectiva que lo fueron alejando paulatinamente de sus objetivos iniciales y lo pusieron en contra de la gran mayoría de la opinión pública (^{Olave, 2019}).

En el año 2012 el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc iniciaron un proceso de negociación que, cuatro años después, terminaría con la firma del acuerdo final, tras muchos obstáculos y una fuerte oposición de un amplio sector de la población, a tal punto que, en el plebiscito de octubre de 2016 que buscaba refrendar los acuerdos, triunfó el “No”, opción de quienes se oponían al documento acordado por las partes en La Habana. Esta oposición se daba, en gran parte, debido a los temas de la agenda y los intereses hegemónicos que se veían cuestionados y confrontados: el acceso a la tierra, los cultivos ilícitos, la participación política y la reincorporación de los exguerrilleros a la vida civil (^{Benavides Vanegas & Borda Guzmán, 2019}; ^{Gómez-Suárez, 2016}).

Después de la firma del proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc, Colombia entró en un periodo marcado por la incertidumbre y la expectativa frente al modo en el que se iban a implementar los acuerdos negociados y cuál iba a ser la receptividad, clima de opinión, y la legitimidad y margen de maniobra de las instituciones en ese nuevo escenario. El acuerdo, desde una visión general y optimista, planteaba una serie de reformas que apuntaban a remover estructuras de dominación y desigualdad que habían marcado al país desde mediados del siglo XX en términos de participación política, acceso y uso de la tierra, y otros aspectos que para muchos implicaban un desafío a sectores legales e ilegales que de alguna manera habían visto en la época del conflicto una oportunidad para construir poderes legítimos o facticos en todo el territorio nacional (^{Larraz-Elorriaga, 2017}; ^{Sanabria-Landazábal, de la Puente-Pacheco, Cervera-Cárdenas, Acosta-Prado, & Beltrán-Cárdenas, 2017}).

En medio de ese contexto de transición se da el cambio de gobierno y la llegada de Iván Duque al poder (un candidato de centro-derecha apoyado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez), con un discurso crítico sobre el acuerdo que puso sobre la mesa una serie de obstáculos de corte político, legal y social para su implementación. En este clima se ha dado la reaparición de fenómenos violentos que parecían haberse apaciguado y la reiteración de prácticas de ejercicio violento de la política. Quizás entre estos problemas reemergentes uno de los más complejos sea el asesinato de líderes sociales que, si bien es histórico en Colombia, ha resurgido en regiones donde se ha venido dando un reacomodamiento de fuerzas, y al vaivén del abandono o poca presencia estatal, ha dejado sin protección a muchas personas dedicadas a velar por los intereses de sus comunidades, especialmente en las zonas más apartadas del país donde la disputa por la tierra, los recursos mineros y energéticos y las plantaciones de cultivos ilícitos son prácticas que se presentan ya como normalizadas.

Es importante aclarar desde la introducción que el término ‘líder social’ es un concepto polisémico y que no hay una única percepción de quiénes pueden catalogados como tales. No obstante, la ONU indica que un líder social es una persona que de forma individual o en conjunto con otras, promueve, protege y defiende los derechos humanos. Alejandro Jiménez, investigador a cargo del Observatorio de Violencia Política de la Fundación Paz y Reconciliación, sostiene que los líderes sociales son personas que hacen transformación social y movilizan apoyos políticos y ciudadanos. Sin embargo, en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se menciona a los líderes sociales sin hacer hincapié de quiénes son y ni las funciones que cumplen (^{Salazar & Gómez, 2019}).

Desde 2016, después de haber firmado el Acuerdo de Paz con las Farc durante el gobierno de Juan Manuel Santos, han aumentado los asesinatos y amenazas a líderes sociales, pero desde la elección del presidente Iván Duque las cifras han incrementado sustancialmente. Según la Defensoría del Pueblo, se registraron 343 homicidios a líderes sociales y defensores de los derechos humanos, del 1 de enero del 2016 al 22 de agosto de 2018 (^{Defensoría del Pueblo, 2019}); sin embargo, durante los primeros cien días de gobierno del presidente Duque, se registraron 120 asesinatos de líderes sociales, es decir, más de un líder asesinado por día (^{El Tiempo, 2019}).

Después de conocer las estadísticas dadas por la Defensoría del Pueblo, el gobierno Duque puso en marcha la formulación del Plan de Acción Oportuna (PAO) para la protección de líderes sociales, presentado en el balance que hizo el gobierno en noviembre de 2018 y cuyo fin era “prevenir y proteger, individual y colectivamente, los derechos, la vida, la libertad, integridad y seguridad de líderes, dirigentes, representantes y activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos, sociales y comunales” (^{Ministerio del Interior, 2018}). El PAO articula entidades como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General, y busca responder a la situación de violencia en contra de líderes sociales y defensores de los derechos humanos (^{Presidencia de la República, 2018}). No obstante, no ha tenido el impacto esperado después de su implementación, ya que han aumentado las amenazas a líderes sociales en casi un 50%, en comparación al año pasado y según la Organización de la Naciones Unidas (ONU), hasta la fecha se han registrado alrededor de 50 asesinatos (^{Pedraza, 2019}).

Así mismo, se han abierto varias preguntas alrededor de dichos asesinatos y amenazas que apuntan hacia quiénes son los autores de los crímenes, si hay o no una sistematicidad detrás de los homicidios, si existen o no patrones en éstos, etc. En el trabajo ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el post acuerdo (Ascamcat, CINEP/PPP, Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Confederación Acción Comuna, Coordinación Colombia Estados Unidos, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), Movimiento Ríos vivos, Somos defensores, Universidad Nacional de Colombia), se busca dar respuesta a dichos interrogantes. Dicho estudio, analiza 343 casos de asesinatos de líderes sociales, durante enero de 2016 y julio de 2018 e identifica variables tales como la naturaleza del fenómeno, el tipo de víctimas y victimarios, el modus operandi y la espacialidad de los homicidios. El estudio evidencia que:

[...] en 118 casos no se ha identificado a los autores, 44 fueron cometidos por paramilitares, 35 por grupos armados sin identificar, 19 por disidencias de las Farc, 15 por un civil que ha sido capturado, pero no se ha identificado si pertenece a alguna organización, 11 por el Ejército, 8 por el Eln, 4 por seguridad privada, 3 por la Policía Nacional y 2 por el Epl. Además, muestra que la mayoría de los casos analizados eran líderes de juntas de acción comunal (61), seguidos por líderes cívico-comunales (52), líderes indígenas (31), líderes campesinos (28), líderes afro (24), líderes de movimientos políticos (18), activistas de víctimas (12), líderes sindicales (9), activistas ambientales (7), reclamantes de tierras (6), abogados defensores de derechos humanos (5), miembros de la comunidad LGBT (4) y líderes juveniles (3) (^{El Espectador, 2019}).

De igual modo, el estudio muestra que los asesinatos y amenazas no son aleatorios, sino que hay una identificación previa de los líderes antes de cometer cualquier crimen, es decir, es un proceso sistemático y metódico. Así mismo, evidencia que los líderes trabajan y ejercen un poder en contra de la hegemonía local y nacional que afecta los intereses de grupos tanto legales como ilegales y esto aumenta el factor de riesgo que depende de si se trata de un líder local o regional, ya que el último tiene mayor protección que el primero (^{El Espectador, 2019})¹.

La problemática del asesinato de líderes sociales en el marco de la implementación de los acuerdos de paz se ha posicionado como un tema permanente de la agenda pública dada la frecuencia con que ocurren dichos crímenes y la forma en que se han ido expandiendo a lo largo y ancho el territorio nacional, generando que cada vez más sectores sociales y líderes de opinión sumen sus voces al repudio, denuncia y evidencia del problema. Aquí abrimos la pregunta al modo como los congresistas han enunciado y apropiado el tema desde la red social Twitter que, para muchos políticos, se ha convertido en una de sus principales herramientas de participación.

Como lo han mostrado ya varios autores, las redes sociales se han ido consolidando, no tanto por la cantidad de usuarios sino por el poder de amplificación y orientación de las agendas públicas que son muchas veces replicadas por los medios tradicionales y de consumo más amplio (^{Bruns & Highfield, 2017}; ^{Castells, 2012}; ^{Cross, 2011}; ^{Roncallo-Dow, Córdoba-Hernández, & Durán Camero, 2019}). En este escenario digital, aparentemente más plural (^{Soto Ivars, 2017}a, ^2017b), más democrático, con mayor facilidad de acceso para emisores sin distinción de su poder político, social, cultural o económico, los políticos, protagonistas del espacio público, deben competir por la atención de las audiencias en medio de la disputa por la interpretación de la realidad (^{García Perdomo, 2019}). Dentro de ese conjunto de actores aparecen los congresistas que, a través de las redes sociales (Twitter en el caso de este estudio), han participado de la discusión pública acerca de esta problemática.

MARCO TEÓRICO

La construcción comunicativa de los procesos sociales y políticos ha sido un tema de interés permanente dentro de los estudios de la comunicación política. Ese interés, que anteriormente ponía el foco sobre el modo en el que los medios tradicionales influían en la definición de la agenda, la interpretación de los temas y la selección de los aspectos relevantes de la realidad (^{Davie & Maher, 2006}; ^{Funk & McCombs, 2017}), ha empezado a observar en las redes sociales un nuevo escenario de deliberación pública, una lucha por el sentido mismo de los acontecimientos públicos (^{Bruns & Highfield, 2017}).

A propósito del uso de Twitter por parte de líderes políticos han aparecido distintos estudios (^{Golbeck, Grimes, & Rogers, 2010}; ^{Jungherr, 2016}; ^{Parmelee, 2014}; Parmelee & Bichard, 2011; ^{Sæbø, 2011}) que abordan estas prácticas y han identificado algunos patrones comunes que se corresponden con posibles intenciones y objetivos de dichos líderes, y la naturaleza y la potencialidad de la comunicación que se da a través de esta plataforma.

Parmelee y Bichard destacan cinco posibles usos que los líderes políticos dan a la plataforma de Twitter en sus estrategias de comunicación: 1. Transmitir información acerca de su personalidad y sus posiciones políticas. 2. Interactuar con sus seguidores a partir de las respuestas y los retweets. 3. Eludir la intermediación de los medios tradicionales y comunicarse directamente con la ciudadanía. 4. Ganar visibilidad cuando no hay mayor cobertura de la prensa tradicional y, 5. Movilizar a la ciudadanía a la acción. (2011, pp. 9-12).

^{Sæbø (2011)}, en su estudio sobre el uso que le dan los parlamentarios noruegos a Twitter, encontró una serie de patrones que son interesantes y aportan al entendimiento del fenómeno objeto de estudio de este artículo: 1. Publican enlaces a otras fuentes informativas. 2. Informan al público sobre sus actividades cotidianas. 3. Expresan las posiciones de los líderes políticos frente a los asuntos públicos. 4. Publican tweets que no tienen que ver con contenidos políticos. 5. Entablan discusiones con otros parlamentarios y actores políticos. 6. Enlazan a otros contenidos de su propia autoría. 6. Buscan aportes de otros usuarios. 7. Sostienen debates y discusiones con los ciudadanos ( 2011, pp. 5-7).

Desde sus perfiles en redes sociales, en paralelo con su gestión parlamentaria y las prácticas más tradicionales en terreno, los políticos tratan de influir en la interpretación, cobertura y enfoque de los distintos temas de la agenda pública, lo que algunos autores han llamado el proceso de agenda building (^{Cobb, 1983}; ^{Denham, 2010}; ^{Parmelee, 2014}; ^{Russell, Hendricks, Choi, y Stephens, 2015}). Dicho proceso involucra los esfuerzos tanto de individuos como de grupos de interés por persuadir a quienes construyen mediáticamente la realidad, como los periodistas y los medios de comunicación, para que incluyan ciertos temas, interpretaciones y aspectos relevantes de esas temáticas dentro de la agenda pública mediada. Sugiere Parmelee que este proceso se da en dos niveles: el primero en la persuasión para incluir temas y aspectos de los temas, y el segundo para enfocarse en aspectos relevantes tanto en términos sustantivos como en términos emocionales, buscando establecer un vínculo más fuerte con las audiencias (2014, pp. 435-436).

Otros autores plantean, tratando de explicar este mismo proceso, que los distintos actores sociales con intereses en los asuntos públicos se involucran en procesos de problem definition (^{Becker, Naaman, y Gravano, 2009}; ^{Dery, 2000}; Lawrence, 2001), es decir, utilizan sus recursos de persuasión para definir los problemas públicos desde su perspectiva, introducirlos en los espacios deseados de la agenda pública, tratando de movilizar a la opinión pública hacia la adopción de actitudes, opiniones y acciones tendientes a favorecer sus puntos de vista, intereses y acciones políticas. La definición de la agenda indica los problemas de los que se habla, mientras que la definición de los problemas es una representación estratégica de éstos, es decir, cómo se representan públicamente para ganar apoyos propios y minar aquellos de otros actores, para definir los abordajes y las soluciones de los problemas y para establecer relaciones causales que fundamenten los discursos y las acciones de los actores sociales con relación a dichos problemas (Dery, 2000).

Ahora bien, teniendo en cuenta que el conflicto armado colombiano y todas sus manifestaciones directas e indirectas, han sido objeto permanente de lucha por su significación y resignificación, en este escenario la interpretación de un hecho innegable, la muerte de una persona, se presenta a partir de la construcción de marcos de interpretación que apuntan a la atribución de responsabilidades, patrones de victimización y énfasis temáticos que buscan incidir sobre el debate público y las actitudes y posturas de las personas frente a la problemática.

Varios autores han propuesto el concepto de “atribución de responsabilidad” (^{Edgerly, Thorson, Bighash, & Hannah, 2016}; ^{Iyengar, 1996}) para evaluar el impacto que tiene sobre la opinión pública el comunicar los acontecimientos estableciendo, no solo sus causas, sino también sus responsables, para bien o para mal, construyendo imágenes favorables o desfavorables de los personajes públicos y direccionando la postura de los ciudadanos hacia cierto espacio argumental o emocional.

Al respecto Iyengar sostiene que “la responsabilidad causal concierne al origen de un problema, mientras que la responsabilidad del tratamiento se enfoca en quién tiene la habilidad para aliviar un problema o quién es el culpable de este”( 1996, p. 60).

Estas atribuciones son fundamentales, sobre todo por la capacidad que tienen las redes sociales y que las diferencian de la interacción cara a cara, y es su mayor volumen de reproductibilidad y lo que algunos han optado por llamar viralidad (^{Edgerly, Thorson, Bighash, & Hannah, 2016}). ^{Entman 1993}, ²⁰⁰⁷ señala que los medios de comunicación, o en este caso los emisores del contenido, los congresistas, a través del framing buscan activar en el receptor determinados abordajes (causa, consecuencia, solución o problematización) y a través del priming o salience (^{Price & Tewksbury, 1997}; ^{Roskos-Ewoldsen, Roskos-Ewoldsen, & Dillman Carpentier, 2009}; ^{Scheufele & Tewksbury, 2007}) (aspecto al que se le da relevancia) busca llamar la atención a una de las muchas dimensiones que construyen el problema.

Como punto adicional hemos recurrido a la idea de la corrección política para tratar de evidenciar los modos de enunciación de algunos congresistas colombianos respecto de la problemática que hemos ya expuesto. El ecosistema que proponen las redes sociales y sus modos de producción de sentido (^{Rodríguez-Zoya & Rodríguez-Zoya, 2015}) ha obligado a una suerte de autocensura (^{Valeriani & Vaccari, 2018}) y ha propendido por un juego de lenguaje (^{Wittgenstein, 1999}) mucho más aséptico que tiene como regla primordial (recordemos aquí que para Wittgenstein todo juego de lenguaje tiene reglas) el no ofender y el buscar una postura neutra frente a situaciones o temas que podrían despertar sensibilidades entre las audiencias que, aunque fragmentadas (^{González-Bernal, Roncallo-Dow, & Arango Forero, 2018}), han empezado a concretar una serie de consensos morales que dejan poco espacio a posturas radicales o que, al menos transgredan lo aceptado por las mayorías (^{Dudda, 2019}; ^{Schwartz, 2016}, ²⁰¹⁹; ^{Soto Ivars, 2017}a). En síntesis, entendemos la corrección política como un juego de lenguaje que propone una ética (comunicativa) indolora (Lipovetsky, 1994) que ha permeado incluso el actuar político que debería caracterizarse por la presencia del disenso y el agonismo (Mouffe, 1999, 2018; ^{Rancière, 1996}, ²⁰⁰⁰).

Así pues, a partir de estas categorías de la comunicación política se procedió a construir el instrumento de análisis de contenido con las variables previamente explicados y cuyos resultados se exponen a continuación.

METODOLOGÍA

La metodología empleada fue la del análisis de contenido aplicada a una muestra de publicaciones en la red social Twitter. Krippendorf (1990), define el análisis de contenido como una “técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y validas que puedan aplicarse a su contexto” (1990, p.28). Este método permite tener una aproximación desde variables de carácter netamente cuantitativo buscando describir el comportamiento de unas variables y también la definición de variables de carácter cualitativo del discurso que pueden ser inferidas desde el contenido del mensaje. Así lo sostienen ^{White y Marsh (2006)} cuando afirman que:

el rango de procedimientos en el análisis de contenido es enorme, en términos tanto de las metas analíticas como los medios y procesos desarrollados para alcanzar dichas metas. Esto incluye, por ejemplo, más allá del análisis de un contenido, el análisis de conversaciones, el análisis etnográfico, la pragmática funcional, en análisis retorico y la semiótica narrativa” aunque estos enfoques son comunes en su relación con material comunicativo como base del análisis, varían en los tipos de preguntas que buscan resolver y sus métodos (p.23)

Partiendo de esta aproximación se hizo un primer ejercicio de filtrado y verificación de cuentas oficiales en Twitter de los congresistas colombianos² en donde de un total de 279 congresistas, solo 100 congresistas tenían cuentas oficiales activas y habían publicado algún tipo de contenido relacionado directa o indirectamente con la problemática del asesinato de líderes sociales en Colombia durante el periodo del 7 de agosto al 7 de noviembre de 2018, correspondiente a los tres primeros de meses de gobierno del presidente Iván Duque.

Se analizaron 666 tweets, recolectados a través de la plataforma Twitonomy distribuidos proporcionalmente de la siguiente manera a partir de los emisores originales del contenido:

Una vez seleccionada la muestra de tweets a analizar se diseñó una matriz de análisis de contenido compuesta por variables cuantitativas descriptivas:

La matriz también contaba con variables cualitativas de análisis:

Los tweets fueron analizados en la matriz compuesta por las 9 variables descritas anteriormente, previa realización de dos pruebas experimentales de validez de intercodificadores que permitieron afinar la definición de los términos de las variables y reducir el sesgo interpretativo en el registro del comportamiento de las variables.

Las variables seleccionadas emergen de las categorías conceptuales de análisis planteadas (framing, priming, agenda setting, atribución de responsabilidad) y de aspectos característicos del tipo de contenido y emisor del mensaje que se está analizando (tipo de tweet, identificación partidista, tipo de usuario)

RESULTADOS

A continuación, se presentan, inicialmente de manera descriptiva, los principales hallazgos del estudio. En primer lugar evidenciamos la distribución de los miembros del Congreso. De los 100 congresistas analizados 69 eran senadores y 31 representantes a la cámara (ver gráfico 1).

Con respecto a la distribución del contenido a partir de origen político de quien lo publica se evidencia una fuerte concentración de tweets en los partidos de oposición al gobierno de Iván Duque que se encuentran en el espectro de la izquierda y centro izquierda (ver gráfico 2), especialmente el movimiento político Decentes del cual hace parte el excandidato presidencial Gustavo Petro, y los partidos Polo Democrático Alternativo y Alianza Verde, quienes se agruparon en torno a la Coalición Colombia y el excandidato presidencial Sergio Fajardo. Las voces de apoyo al gobierno solo aparecen en un 12% con el Centro Democrático y 2% con el Partido Conservador.

Otra variable analizada tenía que ver con el tipo de contenidos que publicaban los congresistas y su capacidad o no de sostener opiniones propias o reproducir contenidos de otras voces con respecto a la problemática objeto del estudio. Al respecto se observa que prima, con un 55% la difusión de RT nativos seguido de un 42% de tweet originales de los congresistas (ver gráfico 3).

Buscando establecer el nivel de detalle y la aproximación que hacen los congresistas a la problemático se registró el tipo de mención utilizada en los tweets, bien sea genérica cuando se refería al problema general, o específica cuando partía de casos particulares. Esto podría ser un indicador de interés y conocimiento frente al tema (ver gráfico 4).

Con relación al énfasis temático del tweet el 79% de los tweets enfatizaban en aspectos generales de los hechos, el 18% en las víctimas (líderes sociales) y únicamente el 3% en los victimarios (ver gráfico 5).

Buscando analizar desde qué óptica se trata de encuadrar el fenómeno, a partir de categorías preestablecidas desde la teoría, se encontró que el 64% de los tweets lo hacían en términos de la evidencia de un problema, el 21% lo enmarcaba desde la perspectiva de las soluciones a dicho problema, y tan solo un 8% y 7% enmarcan el fenómeno desde sus consecuencias y desde sus causas, respectivamente (ver gráfico 6).

Ahora bien, al indagar sobre la intención del contenido se encontró que lo que más predomina son los tweets de carácter informativo con un 39%, seguido de las denuncias de asesinatos con 34% y la exigencia de acciones por parte de las autoridades con un 24%. Es interesante ver que son pocos los tweets de carácter reivindicativo como por ejemplo construir memoria 3%. De igual manera se observa, contrario a lo que en muchos otros fenómenos sociales ha ocurrido, es muy bajo, tan solo un 11% de los contenidos buscan generar una movilización de carácter ciudadano frente a los asesinatos (ver gráfico 7).

Otro aspecto que se quiso investigar tiene que ver con la existencia o no de un patrón de victimización, buscando establecer si los congresistas en sus publicaciones iban más allá de exponer un hecho y empezaban a establecer las causas de los asesinatos o al menos a sugerir hipótesis. Esto es importante porque otros actores sociales que también deliberan en esos espacios son muy directos y atribuyen causas y responsables de manera clara y explícita en sus mensajes.

En este caso se encontró que el 61% de los mensajes no tenían un patrón de victimización. Los que sí lo tenían relacionaban los asesinatos principalmente a la pertenencia a una organización determinada en un 23% y por las ideas políticas que profesaba el líder asesinado en un 11%. Otros patrones, muy presentes en los mensajes de otro tipo de actores de la esfera pública, acá aparecen ausentes o tienen una muy baja presencia. Los asesinatos por aspectos relacionados con la tierra únicamente aparecen como patrón en un 5% de los tweets, igual que los asesinatos relacionados con cultivos ilícitos. Tan solo en el 1% de los tweets el asesinato es relacionado con la problemática minero energética (ver gráfico 8).

Igualmente se registró la variable atribución de responsabilidad encaminada a determinar si los congresistas relacionaban los hechos con actores, instituciones o personas puntuales a la hora de emitir sus publicaciones en Twitter. El 65% de los tweets no tienen atribución de responsabilidad. El 17% responsabiliza al gobierno y tan solo el 12% implica a distintos actores del conflicto (ver gráfico 9).

Al relacionar la intención del tweet con la atribución de responsabilidad encontramos unos hallazgos interesantes (ver tabla 2). Los tweets de denuncia (amenazas, asesinatos, estigmatización, revictimización) apuntaban más a atribuir responsabilidad al gobierno dándole un carácter político al problema.

Los tweets cuya intención directa y explicita era el de señalar responsables igualmente le apuntaban al gobierno en un 40%.

En general, si se observan todas las categorías, el principal responsable es el gobierno.

Por último, al entrar a hacer correlaciones de variables buscando establecer patrones estadísticamente significativos encontramos que:

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El creciente número de asesinatos de líderes sociales durante los primeros cien días de gobierno del presidente Iván Duque, dan pie a entablar una discusión que no solo pretende analizar unos resultados frente a la participación política digital de los congresistas colombianos, como lo es en una plataforma como la de Twitter, sino enfatizar en cómo se construye, se habla o se denuncia una problemática que estaba ad portas de ser superada, pero que con el cambio de gobierno volvió a estar presente con un impacto mucho más fuerte y preocupante: el asesinato de líderes sociales colombianos en las diferentes regiones del país que tienen que luchar por sus comunidades en un entorno de violencia y disputas por tierras y recursos.

Ahora bien, se creería que la denuncia de estos crímenes está dada principalmente por los líderes políticos que los colombianos han escogido para ser representados, sin embargo, los mismos resultados muestran, en primera instancia, que únicamente el 35% de los congresistas colombianos utilizan la plataforma Twitter (100 de 279) y solo el 56% de éstos, hablaron directa o indirectamente sobre la problemática del asesinato de líderes sociales en el periodo analizado. Es decir, que las posibilidades de dicha plataforma se están viendo abandonadas por los mismos congresistas, tal como es el caso al llamado de movilización de la ciudadanía a tomar acción (^{Parmelee & Bichard, 2011}) y que incluso en las intenciones de los tweets analizados, ésta solo obtuvo el 11%, es decir, no se está generando movilización en la sociedad colombiana.

Sin embargo, es importante rescatar que esto no implica que el tema no haga parte de las agendas legislativas y políticas de los congresistas colombianos, ni tampoco da pie para afirmar que este tema no sea prioritario en la agenda digital, todo lo contrario, es un tema vigente, de mucha actividad y con la participación de influenciadores y ciudadanos del común que interactúan, publican y comparten sus opiniones, cifras y demás al respecto. No obstante, es interesante evidenciar la baja presencia del partido de las Farc frente a la problemática y más aún cuando hay un aumento sustancial de los asesinatos después de haber firmado el acuerdo de paz.

Así mismo, es evidente que detrás de los tweets o retweets de los congresistas colombianos hay una claro llamado al actuar políticamente correcto, ya que cuando se denuncia sobre el tema, se hace de forma genérica y no específica, es decir, la voz de los líderes sociales también se está viendo opacada por los líderes políticos, ya que hablan con suma cautela y cuidado, porque de lo contrario podría haber consecuencias en términos políticos y electorales. Esto mismo, es respaldado por el énfasis de los tweets analizados y por la misma atribución de responsabilidad, en el primer caso, no se habla sobre las víctimas, sino sobre el hecho (otra vez genérico) y no se responsabiliza a nadie (65%). La atribución de responsabilidad involucra al gobierno (17%) lo que se puede explicar por el hecho de que es su contraparte ideológica la que está denunciando y exigiendo acciones frente a la problemática.

Acudiendo a la conceptualización planteada por ^{Parmelee (2014)} sobre los usos de Twitter es claro que, a partir de los hallazgos, el uso principal que se da en esta coyuntura es el informativo, lo que implica, como también se encontró, la ausencia de posiciones puntuales críticas, de contraste o de denuncia, que son más presentes, aunque no predominantes, en los partidos de centro y centro izquierda. Acá pueden mencionarse dos circunstancias que puede influir en ese patrón. Por una parte, el formato de la red que limita los contenidos a un número determinado de caracteres, que en este caso no es tan evidente ya que, sí se encuentran, en cierta cantidad, tweets explícitos con culpables y patrones de responsabilidad explícitos.

Finalmente, el marco de interpretación enfatiza que la mayoría de tweets habla sobre el problema (64%) y no sobre la solución, consecuencia o causa de éste, esto hace hincapié nuevamente a la corrección política en donde no se denuncia o se generan hipótesis por parte de los congresistas que den parada para saber quién o quiénes están detrás de los asesinatos de líderes sociales, por ello mismo, no hay evidencia en los tweets de un patrón de victimización (61%).

Es importante resaltar que Twitter no es un espacio donde se puedan evidenciar posiciones de la gran mayoría de estos políticos en relación con el objeto de estudio, ya que el porcentaje de participación es bajo (56) con respecto al total de los congresistas (279). Así mismo y frente a los diferentes usos que tiene la plataforma, la postura comunicativa que predomina es la de transmitir información y se invisibilizan otras como la de movilizar a la ciudadanía a la acción o tomar una postura concreta frente a los asesinatos de los líderes sociales. Esto último resulta problemático en la medida en que estos fenómenos sociales requieren de una intervención más amplia que empieza en el plano de la representación (discursiva) y que debe trasladarse a la acción (^{Bernabé, 2018}) que constituye una de las bases del ejercicio de lo poítico.

Justamente este plano de la representación es el que está mediado por una cierta tendencia a la corrección política por parte de los congresistas colombianos, evidenciada en su falta de denuncia directa y cautela al momento de exponer sus opiniones frente al tema. Hay un uso de un juego de lenguaje plano y aséptico que intenta evitar un compromiso explícito con el problema dando siempre hincapié al hecho (desde la descripción) y no a las víctimas o a los posibles victimarios. Esto es, la postura descriptiva transforma un acontecimiento (^{Deleuze, 1989}), entendido como un vector de perturbación del orden de lo real en una simple ocurrencia y lo despoja de su carácter transformador pero, además, dificulta la producción de una memoria colectiva y del reconocimiento del otro (^{Lazzarato, 2003}; ^{Roncallo-Dow & Mazorra-Correa, 2015}).

Se evidencia una participación en el problema mucho más fuerte por parte de los partidos de izquierda y centro-izquierda que los de derecha y centro-derecha. Es decir, los partidos que apoyan al gobierno Duque han tendido a abstenerse de participar activamente en el debate intentando virar la agenda hacia un programa político que tiende a invisibilizar a las víctimas cuando se presume su alejamiento ideológico del gobierno de turno. Esto, en concordancia con lo planteado ya por el discurso de la seguridad democrática de los gobiernos de Uribe Vélez y que intenta resurgir desde Duque. Con todo, desde los (pocos) lugares de denuncia el estado es visto como máximo responsable frente al asesinato de líderes sociales, como lo evidencia el cruce de variables de intención del tweet y la atribución de responsabilidad.

Finalmente, hay un silenciamiento por parte de los congresistas frente a quién o quiénes pueden ser los responsables de los asesinatos de líderes sociales, su postura y denuncia no formulan hipótesis y prefieren siempre generar argumentos genéricos y repetitivos, tal y como se evidencia en el patrón de victimización cuando enfatizan que no hay ningún patrón.

Resulta inquietante pensar, entonces, el rol que juegan las redes sociales en la consolidación de un discurso abierto y plural y su rol dentro de una democracia. Si podemos pensar a los congresistas ya no solo como aquellos que han sido elegidos para legislar por mandato popular sino también como influenciadores (^{Bakshy, Hofman, Mason, & Watts, 2011}; ^{Vollenbroek, De Vries, Constantinides, & Kommers, 2014}) es clave entender en las agendas que se construyen desde las redes como Twitter y en sus consecuentes modos de enunciación. La corrección política, tal como la hemos entendido en este artículo, lleva a consensos que son en realidad vectores de exclusión de la otredad y del diálogo. Los enjambres (^{Han, 2014}) de lo políticamente correcto actúan siguiendo esta máxima, la del pensar de lo igual y la de un lenguaje despojado, en muchos casos, de toda carga política (así la pretensión de base sea justamente la opuesta). El problema de base al que nos enfrentamos, con todo, es mucho más de fondo y tiene que ver con algo que, si bien hace parte de una agenda, la trasciende en términos políticos y que tiene que ver con el reconocimiento del otro.

Como lo ha mostrara Bauman en sus últimos escritos, es necesario trazar una distinciy que parecen solaparse: red y comunidad. del otrona egenda, la trasciende en encia y que, quizasar por mandato popular sino taón entre dos conceptos que hoy son clave y que parecen solaparse: red y comunidad. La comunidad es el lugar de la diferencia, en el que debemos convivir con una pluralidad de discursos que, posiblemente, serán diametralmente opuestos a los nuestros. En la comunidad priman el agonismo y las polifonías, es necesario convivir y compartir, el otro debe ser comprendido en tanto otro, debe ser reconocido. La red nos permite bloquear y eliminar a nuestro antojo, manteniendo un control total sobre nuestras interacciones y nuestros potenciales receptores. En la red se construyen zonas de confort, lo que más ampliamente se ha llamado burbujas ideológicas (^{Pariser, 2011}), que permiten a los usuarios crear una suerte de realidades artificiales que, de manera problemática, anulan la diferencia y la alteridad y que se ubican lejos de los conflictos propios del mundo de la vida. La red es un perfecto repositorio para la corrección política que, en muchos casos, lleva a un enmudecimiento e impide el actuar propio de una sociedad democrática. Los titubeos y las evasivas de los congresistas que hemos evidenciado en este trabajo son una prueba de ello. Las redes permiten un silencio y el lenguaje indoloro, liberan de muchas responsabilidades.

El ejercicio de la política supone pluralidad y otredad, supone la existencia de discursos contrarios que no pueden ser hechos a un lado por el botón de bloquear o de silenciar. Si silencio al otro abro camino a la tiranía de mi propio ego, tal como sucede en las redes sociales que para ^{Bauman (Bauman & Leoncini, 2018}) anulan cualquier negatividad y posibilidad de disenso y “en vez de servir a la causa de aumentar y mejorar la calidad de la integración humana, de la comprensión mutua, la cooperación y la solidaridad, la red ha facilitado prácticas de aislamiento (enclosure), separación, exclusión, enemistad y conflictividad” (p. 78).

Finalizamos con esta vieja idea de Jesús ^{Martín-Barbero (2005)}, a propósito de Paul Ricoeur que parece tener hoy más vigencia que nunca:

lo que más hondamente rompe a una sociedad son las promesas de reconocimiento incumplidas, pues de ellas se alimenta la percepción colectiva de humillación, des-conocimiento y des-precio que subyacen a la impotencia. Eso y no otra cosa es lo que significa que una sociedad se sienta des-moralizada . De ahí que recobrar la moral implique rehacer el tejido del reconocimiento en su compleja trama que va de la esfera del afecto (amor y amistad) a la esfera de lo jurídico (la igualdad de derechos) hasta la esfera de la estima social (reciprocidad, solidaridad), que es la esfera-fundamento de las otras dos, pues es en ella donde la alteridad -que subyace a las otras- adquiere todo su conflictivo espesor.