INTRODUCCIÓN

Una de las tensiones, o contradicciones, que enfrentaron los gobiernos progresistas de las primeras décadas del siglo XXI se dio entre desarrollo y medioambiente, argumentándose en favor de la conformación de regiones económicas y la extracción de recursos naturales dado que se requieren ingresos para financiar políticas sociales. A su vez, las tensiones están condicionadas top-down respecto a la articulación de un proyecto local dentro del escenario global teniendo un margen de acción reducido para superar el modelo neoliberal.

No obstante, este margen, aun siendo estrecho, se amplía al contar con un escenario regional favorable, en cuanto a que la coexistencia de otros gobiernos progresistas en un mismo espacio geográfico permitiría desarrollar estrategias alternas a las que el proyecto hegemónico ofrece/impone en/desde las naciones bajo su alcance. Sin embargo, perseveran dificultades de cambiar o abandonar el modelo en contextos de una economía globalizada, mientras necesita tener credibilidad, legitimidad y plausibilidad a nivel local.

Así, si bien el surgimiento de gobiernos progresistas significó una oportunidad de disputa por la hegemonía al modelo neoliberal de desarrollo, tanto los gobiernos como las instancias regionales de concertación y cooperación surgidas en el periodo fomentaron una visión productivista y extractivista del territorio. Esto se justificó en cuanto a que los ingresos obtenidos financiarían el progreso de las naciones como estrategia para la superación del neoliberalismo. Sin embargo, la intensificación de la contradicción entre desarrollo y medio ambiente constituye una continuidad del modelo, a pesar de la narrativa de la superación.

El presente artículo plantea una reflexión en torno a la tensión entre desarrollo y medio ambiente de los gobiernos progresistas de Sudamérica de comienzos del siglo XXI, particularmente alrededor del proyecto de integración IIRSA y la extracción de hidrocarburos dado que la disputa por la hegemonía implicó su intensificación como dispositivos para la creación de mercados y el fomento al flujo de recursos en la región con los cuales sostener el progreso en cada caso.

En lo que sigue a continuación, primero, se presenta una discusión desde la economía política para relativizar la superación del neoliberalismo en los países progresistas y su articulación en UNASUR. Luego se argumenta la intensificación de la contradicción entre desarrollo y medioambiente reflexionando, primero, en torno a la IIRSA, proyecto que ha traído problemas en todos los países donde se extiende. Y, en segundo lugar, respecto a los hidrocarburos, sobre la aceleración de la extracción para financiar políticas sociales.

Finalmente, se plantea que, a pesar de presentarse como alternativa al neoliberalismo, los gobiernos progresistas continuaron fomentando la matriz extractivista como estrategia para alcanzar el desarrollo, adoptando dispositivos dentro del mismo, no para superarlo, sino como una continuidad con características redistributivas no proporcionales con los impactos medioambientales, ya no como contradicción sino como parte del proyecto político.

SOBRE PROGRESISMO Y DESARROLLO

La instauración del modelo neoliberal en la región implicó una serie de medidas y estrategias que bien se resumen en las tres etapas planteadas por Marcelo Selowsky, citado en ^{Stolowicz (2016)}, p.406: primero, una demolición estabilizadora; luego, la profundización de reformas estructurales; y tercero, la estabilización con apoyo de los principales partidos políticos de cada país.

Lo anterior despertó resistencia y movimientos sociales, que con el tiempo devinieron en partidos políticos, o la pertenencia de algunos liderazgos a estos, que comenzaron a disputar electoralmente el poder, particularmente con el discurso de abandonar la centralidad del mercado en el estado al declararse antineoliberales, o bien postneoliberales. Estos gobiernos fueron denominados progresistas, apelativo que corresponde a una designación histórica desde la izquierda marxista a programas, fuerzas sociales y políticas que buscan transformar y reformar al capitalismo introduciendo un porcentaje de intervención y regulación estatal y de redistribución (^{Gaudichaud, Webber & Modonesi, 2019}, p.9). En Sudamérica, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela contaron con gobiernos de este tipo.

Algunas caracterizaciones, como la de ^{Moreira (2017)}, p.11 incluyen a Chile en el mismo grupo, pero si bien Michelle Bachelet militaba en el Partido Socialista, su gobierno nunca declaró la intención de abandonar el neoliberalismo sino más bien administrarlo, lo cual también es rebatido por Borón y Klachko (2016). De todas maneras, el conjunto de países progresistas no es homogéneo, donde si bien todos están asociados a la izquierda, algunas opciones fueron más moderadas que otras, tendiendo más hacia el centro.

La implementación del modelo neoliberal en Latinoamérica supuso una serie de crisis, con lo cual construir una opción postneoliberal parecía presentarse como alternativa necesaria para superar el modelo anterior. Sin embargo, al analizar las características propias de esta “nueva propuesta”, algunos académicos presentan argumentos importantes de revisar.

^{Stolowicz (2016a)} , nos habla del postneoliberalismo como una nueva fase del modelo en parte como lo que se conoce como “economía social de mercado”, introduciendo medidas estatales para fomentar el mercado con el cual obtener recursos para financiar la política social. Aquí lo que sucede no es el abandono del neoliberalismo sino su ajuste al permitir la existencia de una porción estatal que regule la libre competencia sin llegar a intervenir, pero tampoco al extremo de retornar al laissez faire, estableciendo políticas redistributivas para las clases empobrecidas, sin quitar al mercado de la centralidad del estado (p.103).

Otro autor, ^{Puello-Socarrás (2008)}, define el concepto de “nuevo-neoliberalismo”, donde esta nueva fase se nos presenta como superación de la anterior, sin generar rupturas sino continuidades. Se introducen conceptos como post-burocracia, nueva gestión pública y el espíritu de renovación del gobierno, en el marco de un nuevo ethos que transita desde el homo æconomicus hacia el homo redemptoris, haciendo responsable, o como mínimo corresponsable, al propio beneficiario de las ayudas del Estado.

Volviendo a ^{Stolowicz (2016a)} p.121, lo anterior se enmarca dentro del ordoliberalismo, el cual en se transformó en la forma discursiva y práctica de “superar” el neoliberalismo, no por imposición sino por la adopción de contribuciones respecto al orden social, político, económico y legal. El estado no interviene sino administra la estabilidad macroeconómica, al tiempo en que aplica políticas sociales como redistribución limitada dentro de un marco de racionalidad creativa centrada en el rol del emprendimiento y el empresariado.

Por lo tanto, esta “superación” se relativiza. La construcción del “nuevo modelo” se ejecuta mediante diferentes tácticas, cambiando medios y discursos, presentando los nuevos como si estuvieran en oposición a los anteriores y fueran su superación, sin que ello implique modificar los fines del modelo regente (^{Stolowicz, 2016}a). Así, bien se llame post, nuevo u ordo, las lógicas de acumulación, explotación y apropiación territorial no se modifican pues se erigen en su centralidad, perseverando el mercado como razón del estado.

En lo que podemos convenir, es que este modelo realza el rol del estado para nivelar las condiciones sociales sin que sus políticas se transformen en intervencionismo, evitando retornar al laissez faire. Se asocia así el postneoliberalismo con el progresismo en cuanto a que se dispone de medidas redistributivas y también otras en aspectos políticos, de orden, participación y democracia, sin cambiar la propia naturaleza y los procesos de acumulación. No obstante, este nuevo protagonismo estatal no impide la continuidad del neoliberalismo, el cual discurre de manera diferente producto de la adopción de dichas medidas.

Reformas constitucionales, nacionalizaciones, reversiones parciales de privatizaciones, estrategias de industrialización, organismos electorales y estructuras relacionales con comunidades y la ciudadanía fueron algunos de los dispositivos ante los cuales actuaron los progresistas, las cuales significaron disputa y conflictos con el empresariado, la élite local y actores de nivel global. Sin embargo, uno de los aspectos centrales que también estuvo en disputa corresponde a la conceptualización de desarrollo.

Este campo corresponde no solo a una construcción interna de cada país sino que a su vez debe verse desde una escala geopolítica, donde juega también la influencia de los países desarrollados, o centrales, y las visiones desde la periferia, pero también se presenta la influencia de carácter supranacional (^{Rubiños, 2019}, p.160). Esta corresponde a un fenómeno histórico-estructural donde actores multilaterales u otros desterritorializados de alcance global financian, transfieren y conducen políticas públicas a nivel local, condicionando gobiernos mediante deuda y agencias de influencia para que se mantengan dentro de cierto sendero para ser sujetos de financiamiento y fomentar su desarrollo.

La conceptualización de desarrollo que empujan los países desarrollados y estos actores multilaterales se presenta, en términos de Quijano (citado en Betancourt, 2014, p.447), como dialéctica “desarrollo-subdesarrollo”, donde se reproduce la colonialidad de los desarrollados sobre el pensar-hacer de los “subdesarrollados”, estableciéndose el progreso y modernización, conducido por los primeros, como procesos inevitables. En este modelo de desarrollo, particularmente el neoliberal, los países del tercer mundo se ven obligados a sostener la matriz extractivista para cerrar brechas con los países industrializados y lograr el desarrollo, situación denominada como ilusión desarrollista, dado que la brecha continúa y el rol de productor primario se profundiza (^{Svampa, 2012}).

En este sentido, para financiar las políticas sociales y sostener el progreso, a excepción de Paraguay y Uruguay, los países progresistas acentúan la articulación de mercados en y desde la región, así como su relación con el extractivismo, ingresando en una etapa que Svampa (2013) denomina como Consenso de los Commodities, el cual corresponde a ingreso en un nuevo orden, a la vez económico y político-ideológico, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo cada vez más demandados por los países centrales y las potencias emergentes, lo cual genera indudables ventajas comparativas visibles en el crecimiento económico y el aumento de las reservas monetarias, al tiempo que produce nuevas asimetrías y profundas desigualdades en las sociedades latinoamericanas (Svampa, 2013) .

Así, a pesar de plantearse como alternativas, la construcción del postneoliberalismo corresponde entonces a la implementación de determinadas medidas, algunas en contra de lineamientos hegemónicos, sin dejar de replicar lógicas del modelo neoliberal. En este sentido, para sostener el progreso, siguen siendo utilizados dispositivos vigentes, esta vez por un sujeto desde y para el sur global, llegando a intensificar dichos procesos, desarrollándose por tanto contradicciones dentro de los procesos progresistas, como el caso entre desarrollo y medioambiente, como veremos a continuación.

IIRSA, LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL PARA EXPLOTACIÓN REGIONAL

Para los países en desarrollo, resulta esencial la obtención de recursos con los cuales financiar políticas sociales y sostener el progreso. Una estrategia común para ello corresponde a la comercialización de commodities, para lo cual es crucial contar con una articulación territorial mediante diferentes vías que permitan su flujo, tanto para el mercado interno como para el global. En este sentido, una iniciativa de integración regional se establece como requisito y por tanto desarrollarla permitiría consolidar un modelo determinado de desarrollo, en este caso el postneoliberal.

Lo anterior no es un fenómeno nuevo y no han sido pocos los esfuerzos regionales para alcanzar la integración territorial. En una breve revisión histórica aparecen proyectos como la Ruta Panamericana, la ONU y sus lineamientos para la integración energética en los 70, los Eixos Nacionais de Integraçao e Desenvolvimento de Brasil, o incluso el surgimiento de instituciones como la Corporación Andina de Fomento (CAF), cuyo objetivo principal sería impulsar la integración regional (^{Rubiños, 2019}, p.IV). Ésta presentó en 1993 el Plan de Proyectos Viales de Integración Andina, para interconectar vial y comercialmente Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Ante lo anterior, es importante rescatar lo siguiente. En el marco de la globalización, la interpretación geográfica afecta el desarrollo político-económico de un país (^{Harvey, 2007}, p.213), o en este caso una región. En este sentido, diferentes actores intentarán plasmar su interpretación geográfica para consolidar un determinado modelo de desarrollo. Así, el Estado organiza una territorialidad funcional repartiendo actividades y servicios para obtener recursos con los cuales sostener un crecimiento económico para financiar el gasto público. Mientras que las instituciones supranacionales promueven modelos de desarrollo y el empresariado buscará rentabilizar sus inversiones.

En el escenario global, un gobierno por sí solo cuenta con un margen reducido de acción para poder plantear un modelo alternativo. No obstante, el margen de acción, aun siendo estrecho, se amplía al contar con un escenario regional favorable, en cuanto a que la coexistencia de otros gobiernos progresistas en un mismo espacio geográfico permitiría desarrollar estrategias alternas a las que el proyecto hegemónico ofrece/impone en/desde las naciones bajo su alcance. Sin embargo, perseveran las dificultades de cambiar o abandonar la lógica neoliberal en contextos de una economía globalizada, donde a su vez el proyecto político necesita tener credibilidad, legitimidad y plausibilidad a nivel local.

A comienzos del siglo XXI, el contexto favorable se presentó, permitiendo consolidar un esfuerzo de integración regional al aprobarse en 2008 el convenio constitutivo de la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR). El Organismo se planteó como esfuerzo para guiar el tránsito desde el Estado-nación hacia una región plurinacional de carácter postneoliberal, desplazando el enfoque economicista de las políticas anteriores para asumir el papel de actor relevante en el escenario político-económico internacional (^{Chávez García, 2010}).

UNASUR se erigió primando la agenda política sobre la económica y comercial, volviéndose al modelo neodesarrollista como proyecto de desarrollo posterior a la apertura de los 90. En este sentido, se fortaleció el rol estatal, buscando la cooperación sur-sur mediante la creación de instituciones y políticas no centradas en el accionar de privados ni del mercado, buscando corregir la asimetría del desarrollo neoliberal de la región. Para esto, liberarían “cuellos de botella” en pos de la integración y la consolidación de mercados regionales y garantizar el acceso al mercado global, buscando mayor participación y legitimación social en dicho proceso (^{Sanahuja, 2010}, p.98).

El surgimiento de UNASUR permitió a los países desarrollar nuevas estrategias para insertarse en la globalización, dentro de las cuales apadrinó la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) como dispositivo para la interconexión territorial, industrial y productiva. Este proyecto nace como iniciativa de algunos miembros con apoyo de la CAF, BID y FONPLATA, para fomentar el mercado y la exportación de la explotación commodities en general mediante la integración de telecomunicaciones, energética, vial, para lo cual los países han recibido recursos y apoyo para aprovechar los 22 millones de km2 [de la región] que son una verdadera bendición¹.

El proyecto está compuesto por 10 Ejes Estratégicos², que permiten interconectar el Atlántico con el Pacífico, permitiendo movilizar, abaratar y acelerar el flujo de mercancías a través de franjas multinacionales de territorio que concentran espacios naturales, asentamientos humanos y zonas productivas, entre otros. En este sentido, la iniciativa articula territorios supuestamente para la conectividad de sus habitantes, pero en realidad responde a la reestructuración geográfica en favor del extractivismo (Betancourt et. al, 2015, p.66).

El desarrollo de iniciativas como la IIRSA supone un nuevo ordenamiento territorial como herramienta para sostener, o bien fomentar, el consumo y demanda de commodities, generando cambios sociales y territoriales mientras se amplían alianzas transnacionales para desarrollar megaproyectos y continuar el proceso histórico de la mercantilización de la naturaleza (^{Ulloa, 2014}, p.427). Esto, desde una perspectiva territorial, implica superponer modelos de desarrollo como expansión del capitalismo, transformando socio-espacialmente territorios, actuando como frente de invasión sobre territorialidades-otras, configurando un fenómeno de expansión/invasión del capital (Betancourt, 2014, p.450).

A su vez, conformar regiones económicas y priorizar determinada infraestructura en ellas, evidencia la intención de articular territorios para establecer mercados en regiones cuyas territorialidades-otras solo forman parte del paisaje natural, asentando estructuras desarrollistas, conformando un desordenamiento territorial (Betancourt et. al, 2015, p.62). En otras palabras, se imponen regiones económicas alrededor de recursos naturales vinculándolos al mercado, prevaleciendo lógicas colonialistas y el rol de países extractivistas, afectando soberanías de por medio (^{Villegas, 2013}, p.39).

Con esto, se fomenta la subordinación y explotación de territorios, personas y comunidades al someter regiones a la territorialización del capital, afectando sus formas de vida social, económica y política para poner en marcha los designios de una cultura, en este caso la neoliberal, y su modo de producción, reproduciendo y manteniendo el rol de productores primarios bajo el argumento de la financiación de políticas públicas que permitan superar la pobreza y alcanzar el desarrollo prometido.

En su ejecución, la IIRSA ha despertado conflictos en cada país donde se desarrolla, incluyendo los países progresistas. El conflicto de Bolivia y el TIPNIS (Betancourt, 2014), impactos en Argentina (^{Andrada, 2007}), así como los de Brasil y Ecuador en la Amazonía (^{De Lisio, 2013}), son ejemplos, no solo por la construcción de la infraestructura, sino además por lo que conllevan en cuanto a deforestación, la afectación de ríos, la inundación de grandes zonas producto de las hidroeléctricas y disposición de territorios para la globalización en aras del progreso de la región, entre otros.

Con el desarrollo del proyecto y sus impactos, persevera la estrategia neoliberal de disponer de nuevos territorios periféricos, o hinterlands, para continuar la acumulación de riquezas producto de la explotación de recursos naturales y la estructuración de rutas comerciales, replicando lógicas rastreables hasta la colonia. Así, por más de abrazar la discursiva del postneoliberalismo como superación de la centralidad del mercado en las políticas públicas, la IIRSA es un ejemplo tangible de la contradicción entre desarrollo y medioambiente de los proyectos progresistas, en tanto a que corresponde al desarrollo de dispositivos para acrecentar el flujo de mercancías del cual obtener una tajada para financiar proyectos locales, desatando conflictos en los territorios para ello.

HIDROCARBUROS, MAYOR CANTIDAD, MÁS TERRITORIO, NUEVAS TECNOLOGÍAS

Sin embargo, no solo en lo anterior donde se observa la tensión. El Consenso de los Commodities en sí responde a una mayor explotación de recursos en Sudamérica para aprovechar el boom de sus precios y obtener riquezas para sostener el progreso. Recordemos que los commodities son “productos de fabricación, disponibilidad y demanda mundial, que tienen un rango de precios internacional y no requieren tecnología avanzada para su fabricación y procesamiento” (Svampa, 2013), dentro de los cuales posaremos la atención en los hidrocarburos debido a su relevancia geoestratégica.

La extracción de hidrocarburos permitió sostener estabilidades macroeconómicas y financiar el gasto social en Bolivia (^{Arauz et. al, 2019}), situación similar a la de Argentina, donde a pesar de las crisis de comienzos del siglo la economía continuó creciendo producto de los precios de los commodities (^{Halperin et. al, 2008}), y a lo sucedido en Ecuador, como extractor mediano (^{Fontaine, 2008}), solo por mencionar algunos casos.

Fue justamente el aumento en los precios lo que incentivó la exploración y aceleración de la extracción de hidrocarburos como fuente de recursos, tanto utilidades para el sector privado, como para el financiamiento de políticas sociales para el sector público. No obstante, el aumento de la extracción es una tendencia global e histórica, también en Sudamérica. Revisemos cifras al respecto.

Durante la primera mitad del siglo XX los países de la región desarrollaron diferentes estrategias para extraer hidrocarburos, por cuenta propia o acompañados por privados. En este periodo, se vio el influjo de la Standard Oil Company, financiando exploraciones, recibiendo concesiones y desarrollando explotaciones, llegando a fomentar guerras como el caso de la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay (^{Galeano, 1970}).

Desde la segunda mitad en adelante, tanto las reservas como la extracción comenzaron a acelerarse. Entre 1955 y 1985, las reservas sudamericanas se triplicaron, mientras que la extracción aumentó en un 53%, empujada principalmente por en Brasil y Ecuador, siendo ya entonces el principal actor regional Venezuela (CEPAL, 1973; EIA, 2018).

En los 90, con la instauración del neoliberalismo, el crecimiento se aceleró, superando los 7 millones de barriles diarios (b/d) en el 2000, casi el doble que en 1985 y tres veces la de mediados del siglo XX. Para el caso de las reservas, las estimaciones en el 2000 correspondían a 2,61 veces las de 1985 y 6,2 las de 1955, mientras que para el gas la situación era similar, solo que más moderada que el petróleo, tanto en reservas como en extracción (CEPAL, 1973; EIA, 2018).

Con el nuevo milenio, continuó el crecimiento, llegando a un peak de extracción petrolera de 8,4 millones de b/d en 2015, mismo año en que se alcanza el máximo en reservas al estimarse en 328,7 mil millones de barriles. En cuanto al gas, se alcanza una extracción de 8.171 BCF³ en 2016, para unas reservas que en 2014 se estimaron en 262 TCF (EIA, 2018).

Lo descrito se expone en las figuras 1 y 2, donde se muestra el comportamiento entre 1980 y 2017 para el petróleo, y entre 1990 y 2017 para el gas natural bruto. De forma general, la extracción petrolera se duplicó mientras que las reservas aumentaron más de 13 veces; para el gas, tanto reservas como extracción, en términos generales, se duplicaron.

Fuente: EIA, 2018; Elaboración propia.

Figura 1  Extracción (miles de barriles/día) y Reservas (miles de millones de barriles) petroleras en Sudamérica 1980-2017 

Fuente: EIA, 2018; Elaboración propia.

Figura 2 Extracción (BCF) y Reservas (TCF) de gas natural en Sudamérica 1980-2017 

Lo anterior corresponde a los hidrocarburos convencionales, los cuales según estudios del sector tienen su tiempo contado. En 1956, el geofísico M. King Hubbert predijo el cénit de extracción petrolera, donde se alcanzaría un peak desde el cual luego comienza a declinar las reservas terminalmente, aumentando la dificultad para encontrar nuevos yacimientos (López, 2008). Fuentes sectoriales señalan que el cénit fue en 2006 al alcanzar 70 millones de b/d a nivel global, recomendando explorar nuevas técnicas para sostener el aumento en el consumo de energía proyectado para 2035 (IEA, 2010 ARPEL, 2015).

Así, ante el agotamiento de los convencionales, la reticencia a la inversión en Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y la dificultad de la recuperación del precio por barril, surge el desafío de sostener la extracción y sus ingresos (^{Cala, 2015}). La respuesta es la reconversión tecnológica y la ofensiva de los hidrocarburos no convencionales, provenientes de fuentes de baja permeabilidad como las formaciones rocosas de esquistos, que requieren técnicas como el fracking, que consiste en la inyección de agua, arena y químicos para producir la fractura de la roca, técnica que no es nueva, siendo utilizada desde 1947 en EEUU para potenciar pozos ineficientes o en agotamiento (ARPEL, 2016).

El escenario de los hidrocarburos no convencionales aumenta la atención de la industria en la región, dado que las reservas son sustancialmente mayores en comparación con las convencionales, según se puede ver en la Tabla 1, ampliando el horizonte temporal y los réditos del negocio. Incluso, ahora se extendería la industria sobre países sin tradición petrolera como Paraguay y Uruguay, quienes de todas maneras han fomentado exploraciones para extraer recursos convencionales, sin mayores resultados.

Tabla 1 Recursos y reservas convencionales y no convencionales en Sudamérica en 2015 

Fuente: ARPEL, 2016; Elaboración propia.

Ahora bien, con las cifras expuestas vale preguntar ¿qué rol jugaron los gobiernos progresistas en este periodo? A pesar de haberse presentado como nueva relación con los territorios y comunidades, sostuvieron la intensificación de la extracción bajo la administración, total o mayoritaria, de las empresas petroleras de cada país. De hecho, se condujeron procesos de nacionalización o expropiación parcial de la propiedad para obtener mayores ingresos, aumentando la extensión territorial, profundizando las perforaciones, así como también adelantaron exploraciones y explotaciones de no convencionales.

En Argentina, desde el 2000 se venía observando el relativo estancamiento y disminución de las reservas de hidrocarburos, mientras intentaban mantener la extracción al ritmo creciente del resto de la región. En esos años la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales seguía en manos de privados, situación que cambiaría en 2012 con la Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, la cual significó la expropiación del 51% de las acciones, pasando a ser compartidas por el Estado y las provincias extractoras en aras de lograr el autoabastecimiento en tiempos en que la extracción se concentraba en ocho operadoras (83,7%) y de gas en cinco (80,2%) (^{Giuliani, 2012}, p.6).

En 2010, durante el gobierno de Cristina Fernández se anunció el descubrimiento de tight y shale gas en pizarras bituminosas en Vaca Muerta, Neuquén, en un área de 3 millones de hectáreas. Desde entonces se fueron adecuando marcos jurídicos para la participación privada y la explotación de recursos no convencionales, para lo cual YPF se asoció con petroleras como Chevron, Dawn Chemical, Exxon (EEUU), Total (Francia), Winter Shale (Alemania), y Shell (Anglo-holandesa).

Fuente: ^{Kofman y López, 2018}

Figura 3 Evolución de la extracción de gas según método extractivo e incidencia de no convencionales en el total producido 2007-2017 en millones de m3/día y porcentajes 

A pesar de las protestas, en 2018 ya había 31 operaciones en Vaca Muerta, lideradas por YPF en asociación con privados permitiendo a los no convencionales crecer en incidencia en las cifras generales del país durante el gobierno de Macri, como se puede ver en la Figura 3. En 2018, el gobierno argentino firmó un convenio de exportación de gas de Vaca Muerta hacia Chile, además de haber preparado una ronda de licitaciones de lotes off shore para 2019, cuando la última había sido en 2008, mostrando un cierto paralelismo en la materia entre las dos pasadas administraciones.

En Bolivia, los hidrocarburos fueron nacionalizados en 2006. Al ser fuente de recursos para el estado, mediante decretos se fueron reservando cada vez más áreas para la exploración petrolera (Figura 4), superando las 26 millones de hectáreas, equivalente a un cuarto de la superficie del país. Al ampliar el criterio a aquellas zonas con potencial hidrocarburífero, se llega a los 53,5 millones de hectáreas, es decir, el 48,2% del territorio boliviano, donde la región norte alberga hidrocarburos líquidos y el sur hidrocarburos gaseosos, expandiéndose sobre el Amazonas, el piedemonte, reservas naturales y sobre áreas protegidas (CBHE, 2018).

Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia, (s/f); Elaboración propia.

Figura 4 Hectáreas reservadas en Bolivia para exploración mediante Decreto Supremo 

Si bien no hay evidencia de explotación comercial de recursos no convencionales mediante el fracking, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) firmó un convenio con su par argentino, YPF, para el desarrollo de estudios y exploraciones que no resultaron rentables, como el caso del pozo Ingre-X2 (OPS, 2018), mientras Evo Morales defendía a la madre tierra en su discurso en la Cumbre de las Américas (^{Fabreger, 2018})

Respecto a Brasil, en 2010 alcanza los 2.72 millones de b/d, sobrepasando los 2,6 millones de b/d de Venezuela, quedándose con el primer lugar regional. Este proceso se dio de la mano de Petrobras, empresa mixta mayoritariamente estatal, en tiempos en que se había descubierto el Campo de Tupi, conocido como el Campo de Lula, estimado en 8 mil millones de barriles de difícil acceso (La Nación, 2007), sumados al descubrimiento de Pan de Azúcar (Carioca), de 33 mil millones de barriles estimados (Clarín, 2008), y del yacimiento de gas Campo Júpiter, en la Cuenca de Santos.

El problema era que las nuevas reservas se encontraban bajo dos kilómetros de agua, arena, roca dura y de sal (^{Chen, 2008}). Estos yacimientos son conocidos como los Presal, para cuya explotación Petrobras se asoció con privados, como en el Campo Libra donde se unirse con Total, Shell y dos estatales chinas, controlando el 40% del proyecto (AFP, 2014).

Sin embargo, la expansión no solo es hacia el mar sino también hacia la Amazonía, donde hace años viene explotando yacimientos en Urucú mientras persiste la presión del propio país y otros para extraer en la cuenca del río, situación sostenida durante los gobiernos petistas (^{Huber, 2014}) y continuada en el gobierno de Bolsonaro (^{Gosman, 2020}).

Mientras que para Ecuador, las concesiones petroleras históricamente se han desarrollado mediante lo que denominan rondas petroleras, lo cual ha permitido aumentar las reservas y sostener el aumento de la extracción para este hidrocarburo, lo mismo para el gas, aunque con el agotamiento de las reservas en este caso. Con la presidencia de Correa, el país vuelve a la OPEP luego de su temporal marginación (AIHE, 2018).

Durante su gobierno se revisan los contratos para aumentar las rentas por la explotación, permitiendo el paso de Petroecuador de empresa estatal a empresa pública, con lo cual deja de prestar el “servicio público” de extraer y/o comercializar hidrocarburos recibiendo un porcentaje del total mediante impuestos (Petroecuador, 2013).

En enero de 1999 se creó la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT) para proteger a los pueblos aislados voluntariamente dentro del Parque Nacional Yasuní, quedando sus territorios vedados a perpetuidad de cualquier actividad extractiva. En 2007 fue delimitada la zona, pero en 2008 se descubrieron 960 millones de barriles, con lo cual se lanzó la iniciativa Yasuní-ITT para no explotar el petróleo a cambio de una compensación económica, la cual finalmente no prosperó (^{Mena, 2013}).

En 2016, bajo la excusa del fracaso de dicha iniciativa, tres años después que Correa diera luz verde para ello, comenzó la explotación del Bloque 43-ITT, el cual aumentó sus reservas 1.672 millones de barriles (^{Aguilar, 2016}). En 2018, el bloque se transformó en el más extractivo del país, con 70.000b/d (^{Pacheco, 2018}).

Otros países que abrazaron el progresismo no han podido desarrollar una extracción significativa para sostener una industria lucrativa como la de los hidrocarburos. No obstante, de igual manera han desarrollado exploraciones, y como se observa en la tabla 1, cuentan con un potencial relevante de recursos no convencionales.

Caso aparte es el de Venezuela, cuya relevancia y complejidad da para una investigación por sí misma. De todas maneras, no es de olvidar que este país ha sido actor relevante a nivel mundial, cuyas reservas son significativas (figura 1) y su economía es altamente dependiente de los hidrocarburos, representando el 96% de las exportaciones (60% de los ingresos estatales), lo cual claramente condiciona al gobierno (^{Pérez, 2014}).

Con lo descrito, la intensificación de la extracción de recursos hidrocarburíferos queda en evidencia, conducida por las empresas estatales, evidenciándose la disposición de la naturaleza como mercancía de cuya transacción se obtienen los recursos para financiar las políticas sociales que conducirían al progreso de las naciones.

CONTRADICCIÓN ENTRE DESARROLLO Y MEDIOAMBIENTE

Por una parte, tenemos el surgimiento de gobiernos provenientes de movimientos sociales y sectores políticos de la izquierda quienes, al hacerse en el poder, comienzan a desarrollar medidas tendientes a nivelar las desigualdades. Efectivamente, 66 millones de personas superaron la línea de la pobreza en América Latina entre 2002 y 2014, mientras que 16 millones superaron la de la pobreza extrema. Salidos los gobiernos progresistas, entre 2014 y 2019 las cifras volvieron al alza (CEPAL, 2019, p.97).

Así, se puede observar que durante el periodo en que proliferaron, la pobreza disminuyó de manera significativa, representando alrededor de un 10% del total respecto a la población estimada de Latinoamérica en 2014. Con esto, se puede señalar que existe un correlato entre medidas adoptadas entonces y la superación, dado que el 45,4% se encontraba en condición de pobreza en 2002 (CEPAL, 2019, p.97).

Sin embargo, como se pudo observar, en una situación que ha sido mencionada en otras investigaciones, citadas acá, existe también un correlato entre el desarrollo sudamericano y la presión contra el medioambiente. Desde la perspectiva de lo expuesto, el fomento de la IIRSA para el desarrollo de infraestructura para interconectar el Atlántico con el Pacífico, la anexión de territorios disponiéndolos para el mercado global, así como la conformación de regiones en torno a recursos naturales, sostiene la visión colonial de Sudamérica como despensa para el consumo por fuera de las fronteras regionales.

En paralelo, la intensificación del extractivismo hidrocarburífero, de la mano de empresas estatales, o parcialmente en manos del Estado, acelerando ritmos para obtener mayores rendimientos en términos de barriles diarios, la búsqueda de más reservas para sostener el proceso en años venideros, una mayor disponibilidad territorial para la exploración y potencial explotación de yacimientos, así como el fomento de nuevas técnicas de elevado costo ambiental, profundiza el rol de Sudamérica como productor primario.

Ambas situaciones implicaron el crecimiento de la presión contra el medioambiente en búsqueda de recursos para el financiamiento de políticas sociales en aras del progreso y el anhelado desarrollo. Sin embargo, a pesar de haber mejorado los indicadores de pobreza, es justamente el medioambiente, y también las personas, quienes acusan los efectos de este incremento en apropiación territorial y en la extracción de hidrocarburos.

Uno de los impactos ambientales observables producto de la disposición del medioambiente como sustento de procesos de acumulación, tiene que ver con la deforestación, o pérdida de cobertura arbórea en Sudamérica, la cual nos permite ejemplificar lo anterior de alguna manera. Entre 2000 y 2018 la deforestación avanzó un 9,1% en Sudamérica. Para el conjunto de países progresistas⁴ mostrados en la figura 5, durante el mismo periodo el avance fue de un 9,6%, mientras que en los restantes un 7,2%, claramente marcado por la situación en la Amazonía brasileña (Global Forest Watch, 2020).

En la misma figura se puede identificar cómo después de 2015 la deforestación se vuelve a acelerar, esta vez durante el resurgimiento de la derecha sudamericana, volviendo por tanto sobre los senderos de un neoliberalismo ortodoxos, cuyas implicaciones escapan a los alcances de la presente investigación.

Fuente: Global Forest Watch, 2020. Elaboración propia

Figura 5 Pérdida de cobertura arbórea en Sudamérica en hectáreas y líneas de tendencia, total y países seleccionados 2001-2018 (Brasil y total en eje vertical secundario) 

En la figura anterior se aprecia la tendencia al alza en todos los países. Solo el caso de Brasil presenta una disminución entre 2004 y 2015 coincidente con los gobiernos de Lula y Dilma, aunque sigue siendo un porcentaje significativo el avance de la deforestación. No obstante, en Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela se puede apreciar un aumento en las hectáreas de arborización perdidas para el mismo periodo.

Así, estos países disponen de su naturaleza como valor de cambio para obtener ingresos con los cuales sostener procesos de crecimiento que implican un intercambio asimétrico producto de la intervención del ser humano en la naturaleza, en este caso la apropiación territorial y la explotación de commodities, implicando el agotamiento de ecosistemas.

Por lo tanto, y a pesar de construirse como alternativas, y en efecto haber funcionado como tales producto de determinadas estrategias de redistribución, políticas sociales y estructuras institucionales que aumentaron la intervención estatal en contraste con los lineamientos del neoliberalismo ortodoxo de la escuela de Chicago, las medidas corresponden a una heterodoxia con matices, en cuya concreción o puesta en práctica implican una intensificación de la explotación del medioambiente, esto con fines de disponer de recursos monetarios para financiar el progreso.

Entendiendo además que, en una economía globalizada, así como en un escenario de influencias de los países del centro y la de carácter supranacional, los países se encuentran condicionados respecto a las posibilidades de emprender proyectos alternativos, por lo cual la contradicción entre desarrollo y medioambiente persevera y, además, se intensifica para alcanzar el progreso. Los caminos disponibles para lograrlo se restringen para los países del tercer mundo, viéndose obligados a profundizar su rol de productores primarios, con el consecutivo costo ambiental, sin que se logre cerrar la brecha entre el norte y el sur global.

No obstante, debemos entender el neoliberalismo no solo como un proyecto político-económico sino a su vez como jurídico, social, cultural y otras esferas que lo vuelven complejo y multidimensional (^{Mirowski, 2013}), por lo cual su superación debiera construirse no solo de manera narrativa sino justamente en escala multidimensional, incluyendo la coherencia entre las intenciones y la praxis.

Por lo tanto, y a pesar de plantearse como alternativa, el postneoliberalismo no deja de replicar lógicas neoliberales para sostener el progreso, claro que esta vez dispuestas por desde y para el sur global. Por lo tanto, la tensión entre desarrollo y medioambiente corresponde a una contradicción desde la narrativa, pues porque en la práctica incluso se intensifica la explotación territorial, diluyéndose factualmente, estableciéndose, por tanto, en materia medioambiental, como una continuidad del neoliberalismo. Esto porque continúa la transformación del planeta tierra en un solo mundo, en el que cada fracción espacial tiene rasgos precisos para el suministro de recursos naturales en función de actores hegemónicos fruto de un ordenamiento territorial intencionado (^{Santos, 1993}, p.70).

CONCLUSIONES

El surgimiento de gobiernos progresistas en Sudamérica a comienzos del siglo XXI supuso una respuesta contra los gobiernos neoliberales del último periodo del siglo anterior. Ante las medidas de privatización y reducción del estado, entre otras, aparecieron como alternativa, conduciendo naciones con discursos emancipadores en construcción de una opción contrahegemónica desde y para la región. Y en efecto, sus políticas permitieron que grandes masas sociales superaran la línea de la pobreza.

Habiéndose ubicado en el poder, los proyectos progresistas en Sudamérica debieron enfrentar la conducción en medio de contextos de oposición dentro de sus países y a nivel global, así como ante restricciones propias del contexto en cuanto a las dificultades y posibilidades para abandonar el neoliberalismo, desarrollando por tanto contradicciones, dado que de todas maneras apuntaban a sostener el progreso y desarrollo de las naciones.

Uno de los caminos escogidos para alcanzar el progreso fue el comercio de los commodities para obtener ingresos suficientes con los cuales sostener la inversión pública, además de verse condicionados externamente para seguir dicho sendero. El comercio de estos bienes se condijo con el boom en los precios, entrando por tanto en un ciclo de fomento de la extracción y la disposición territorial para la generación de recursos y la acumulación de riquezas. No obstante, es justamente este camino el que intensifica la tensión progresista entre desarrollo y medioambiente.

El que haya habido varios gobiernos progresistas al mismo tiempo en la región permitió mancomunar esfuerzos en UNASUR, como alternativa desde el progresismo para conducir el tránsito para descentralizar el mercado de las políticas de estado. No obstante, la instancia se sumó a los diferentes proyectos de integración y cooperación regional de una zona históricamente en disputa por sus recursos naturales, cuyos grandes primeros grandes rentistas fueron europeos seguido luego de los norteamericanos, como ilustró Galeano en las Venas Abiertas, proceso al que se sumaron los asiáticos - financiando y desarrollando proyectos de infraestructura -, sin que los otros hayan dejado su lugar.

Desde la voluntad de los países, con el apoyo de UNASUR, se fomentó la IIRSA como dispositivo de integración territorial para el desarrollo de mercados mediante infraestructura de conexión que permitiera comunicar mediante diferentes vías el Atlántico con el Pacífico, así como fomentar la interconexión energética y de telecomunicaciones. Sin embargo, y a pesar de haberse planteado narrativamente una nueva relación con la naturaleza y las comunidades, protegiéndolas de asimetrías de poder y del abuso del neoliberalismo, la iniciativa ha aumentado la presión contra el medioambiente, intensificando la tensión.

Este proceso se da como profundización del desordenamiento territorial que ha supuesto la demanda por más recursos naturales, superponiendo regiones económicas alrededor de recursos naturales como una imposición de territorialidad que afecta a quienes habitan los lugares afectados. La anexión de estos hinterlands supone continuar la mercantilización de la naturaleza, en un proceso que viene desde la colonia, continuando la explotación de recursos naturales y por tanto la centralidad del mercado en las políticas de estado.

En línea con lo anterior, la centralidad de la explotación y comercialización de commodities profundiza el rol de productores primarios de la región. Así, las nacionalizaciones y la reversión parcial de las privatizaciones en el sector hidrocarburífero trajeron consigo una aceleración en la extracción, continuando la tendencia histórica de crecimiento.

Ante el estancamiento en el aumento de reservas, o el agotamiento en algunos casos, la tensión nuevamente se intensifica ya que los estados se vieron condicionados a aumentar la disponibilidad territorial para la exploración, así como también a desarrollar e implementar nuevas técnicas como el fracking, lo cual evidencia la intencionalidad de no abandonar el extractivismo para sostener la inversión pública bajo el argumento del progreso.

Los procesos anteriores se desarrollan en paralelo, pudiendo ser causa en algunos casos de la deforestación que avanza en la región. Si bien esto no es patrimonio de los países progresistas - países neoliberales mantienen estos y otros conflictos ambientales - al menos narrativamente se presentaron como nuevo paradigma para el relacionamiento con el entorno y sus comunidades, por lo cual reflexionar al respecto es necesario, más cuando enfrentamos la crisis del cambio climático.

Se entiende la dificultad de un gobierno progresista, o al menos no hegemónico, de plantear una superación al neoliberalismo al cabo de una administración. Tampoco el mismo gobierno es responsable de acabar con el fin de la historia predicho por Fukuyama, donde además debe gobernar personas a su favor y otras en contra. No obstante, cada gobierno es responsable de las estrategias que impulsa para financiar y sostener una agenda pública centrada en nivelar la cancha luego de años de favorabilidad hacia el mercado.

Los requerimientos de respuesta e inmediatez, así como el contexto global, hacen que los commodities se transformen en moneda de cambio para sostener políticas universales en favor de las clases desprotegidas, pero el ritmo y escalas son materia que debieran estar en el alcance político e ideológico por las implicancias descritas en este artículo.

Sin embargo, el incentivo por parte de los gobiernos progresistas de la contradicción entre desarrollo y medioambiente evidencia la predilección del valor de cambio por sobre el valor de uso en la relación con la naturaleza, desbalanceando la relación con el medioambiente como metabolismo, tendiendo hacia su agotamiento en aras del bienestar de carácter inmediato. En este sentido, la contradicción es presentada como dialéctica en la narrativa, pero no en la práctica, evidenciándose una continuidad en las lógicas neoliberales en la relación entre el ser humano y el territorio.

Los conflictos en la Amazonía, persecución a poblaciones indígenas y campesinas, la inundación de grandes zonas verdes, la presión contra áreas protegidas, violaciones a los derechos humanos, la proliferación de técnicas invasivas para la extracción de recursos naturales y otros, son fruto de visión productivista de la tierra, la cual los proyectos progresistas fueron incapaces de abandonar, continuando la constitución de regiones de suministro de commodities al mercado global para obtener recursos para financiar políticas sociales y, por lo tanto, asegurando la continuidad de la territorialidad neoliberal.

Para terminar, hoy en día UNASUR se encuentra deslegitimada por las presidencias de derecha que asumieron en Sudamérica, las cuales se cohesionaron y crearon la Propuesta sobre una Integración de América del Sur -PROSUR -, cuyo discurso descansa en parte sobre el “falso sueño de integración que vendió UNASUR”. Sin embargo, la integración regional es una realidad tangible en la cual se han invertido miles de millones de dólares en el desarrollo de carreteras y sistemas energéticos. Si bien el nuevo organismo aún no se pronuncia al respecto, es de esperar que adopte la IIRSA y que los procesos extractivos se aceleren aún más, haciendo todavía más flagrante la continuidad de la territorialidad neoliberal, tan bien gestionada por los proyectos progresistas sudamericanos.