INTRODUCCIÓN

El Estado bajo el modelo de República Bolivariana de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, ha entrado en un proceso de deterioro que pone en evidencia los problemas que dicho régimen político tiene para gobernar, y que se han incrementado principalmente por tres razones: primero, una grave crisis económica, que empezó a tocar fondo desde el año 2013; segundo, una notoria inestabilidad política e internacional, producto de la destrucción económica, que ha desbordado el país y se ha convertido en una crisis migratoria y humanitaria a la vez, impactando de forma directa tanto a los países vecinos como a países tan alejados como Chile o México; y tercero, el surgimiento de una disputa institucional del poder presidencial, encarnada por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, a la que Maduro ha tratado de ilegalizar, pero que no obstante ha llevado a que Guaidó cuente con el reconocimiento como presidente interino de más de 50 países (Fisher, 2019). Sin embargo, para poder identificar los procesos que han llevado a la crisis del régimen político venezolano− lo que no ha conducido ni a su colapso ni a la pérdida, por ahora, de la capacidad de usar la fuerza −, es necesario presentar el contexto que ha generado esa realidad.

Es importante indicar antes que, el actual régimen político venezolano es el producto de la instauración del Estado revolucionario autodenominado como bolivariano, que se inscribe en el marco del llamado “socialismo del siglo XXI”, tal y como lo definió desde el inicio de su trayecto político como presidente Hugo Chávez Frías. En el acto de posesión presidencial, el día 2 de febrero de 1999, Chávez escenificó una ruptura con el orden constitucional e institucional frente al cual debía gobernar, al afirmar que juraba su cargo sobre una constitución moribunda, algo que muchos analistas, periodistas y políticos asumieron más como una fórmula retórica de cara al electorado que lo había elegido, que una declaración formal de ruptura del orden constitucional que recibía. Pero las raíces de tal ruptura se pueden encontrar, en un contexto amplio de análisis, en un momento anterior que es el marcado por el golpe de Estado que Chávez, en el grado de coronel del ejército de tierra venezolano, había liderado junto con otros militares que no superaban al parecer los tres millardos, el 4 de febrero de 1992, y al cabo del cual terminaron negociando con el gobierno presidido por Carlos Andrés Pérez.

El régimen político creado por Chávez, y el chavismo como fuerza política que se mantiene vigente durante el gobierno de Nicolás Maduro, quien en su desempeño ha hecho reiteradas alusiones a la presencia del llamado “comandante eterno”, ha estado marcado por cuatro características básicas: primero, el centro de la revolución, tal y como la han denominado los chavistas, es el núcleo de las fuerzas militares, incluyendo a la Guardia Nacional, que desde la instauración de este régimen pasó a denominarse Guardia Nacional Bolivariana. Segundo, la estatización de la economía, lo que implicó el cierre, nacionalización y eliminación de una gran parte del sector empresarial privado, que tomó el centro de la revolución luego de la radicalización de la misma después del año 2008. Tercero, la creación de un entorno militar apropiado para la defensa y expansión de la revolución, ejecutado en tres dimensiones distintas: una global, una regional, y una nacional. Y cuarto, la conducción del régimen dentro de un modelo de democracia de masas, por encima del modelo de la democracia representativa, que ha supuesto el impedimento sistemático de la alternancia del poder y la eliminación del disenso como una garantía política. Para ello además el régimen asumió como requisito básico la introducción, de forma muy hábil, la desinstitucionalización programada del Estado, a través de la creación de fuerzas paramilitares, identificadas con el término genérico de milicias bolivarianas.

LA REVOLUCIÓN Y SU PRELUDIO

El ascenso y desenvolvimiento de Hugo Chávez en el poder no se pueden entender sin incluir como preludio fundamental el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Sin embargo, con el paso de más de casi tres décadas de aquel acontecimiento es posible afirmar que dicho golpe de Estado no era contra el gobierno de Pérez, sino contra el Estado en pleno, en tanto que objeto directo del ataque que un ideario revolucionario tenía proyectado contra éste (^{Waxloxten et al., 1992}). Este golpe de Estado era el centro de la revolución misma, realizada con militares y no con civiles revolucionarios, pues éstos serían integrados a la revolución una vez ésta hubiese sido puesta en marcha, de forma tal que los verdaderos revolucionarios eran los militares¹.

Aunque parezca extraño esta afirmación en los entornos políticos dominados por civiles, lo que Chávez y sus compañeros de armas ejecutaban estaba en la línea con lo que históricamente ha ocurrido en Venezuela, en donde los militares, al parecer desde el comienzo mismo de la historia de la República, han sido el soporte del poder político, cuando no son el poder político mismo. En esta acción golpista Chávez estuvo seguido por otros militares de alta graduación que durante sus períodos gubernamentales tendrían puestos de dirección política destacada, y entre los que se encontraban Francisco Arias Cárdenas², Yoel Acosta Chirinos y Jesús Urdaneta. De esta forma Chávez era un militar que buscaba acceder y mantenerse en el poder, justificándolo como una lucha política que ameritaba el uso de las armas, y creando además un régimen en el que sus herederos políticos pudieran quedarse. Para ello, se presentó como un héroe revolucionario que por momentos se definía como antimarxista y en otros como marxista, prometiendo así que daría el poder al pueblo y mejoraría sus condiciones de vida.

Esta posición fue clave para la creación del “Movimiento V República”, con el que se presentaría a las elecciones en 1998, luego de haber estado en la cárcel, ser indultado y establecer relaciones fluidas con políticos colombianos y otros sectores de este país, tanto dentro de la legalidad como de la ilegalidad. Entre los militares destacados durante la trayectoria política de Chávez se encuentra Diosdado Cabello, actual presidente de la llamada Asamblea Nacional Constituyente, quien es un antiguo teniente seguidor de Chávez, y para muchos el verdadero sostén de Nicolás Maduro durante los últimos años de crisis frecuentes y de inestabilidad política en aumento. En este sentido, Cabello al parecer ha sido el verdadero nexo con los militares, quienes están mediados y dirigidos por una de las más grandes cúpulas castrenses del mundo³. Chávez se dio a la tarea de introducir una reforma militar que le permitiera incidir de forma directa en la doctrina militar y en la orientación ideológico-política de las instituciones castrenses, con el fin de crear una fuerza de apoyo político a la revolución. Para ello se dio a la tarea de acelerar los relevos en los mandos, con el fin de buscar la salida de aquellos oficiales de alta graduación que le fueran contrarios. Esta posición fue mucho más firme luego del contragolpe que Chávez logró asestar a quienes en el año 2002, encabezados por el empresario Pedro Carmona Estanga, lo habían logrado apartar del poder político por más de 48 horas, en una acción militar dirigida por los generales Néstor González González y Lucas Rincón.

La superación del golpe de Estado de 2002 le permitió a Chávez hacer cambios profundos en la conducción del Estado, incluyendo entre estos cambios, la toma del control de compañías estatales, sacando a los civiles de la dirección de las mismas, para ubicar al frente, por lo general, a exmilitares cercanos y de su confianza, o a militares en ejercicio. Uno de los momentos más visibles de este tipo de acciones se dio al término de la huelga de los trabajadores y directivos de Petróleos de Venezuela, PDVSA, en 2003, quienes protestaban contra las políticas económicas restrictivas e intervencionistas del gobierno (Gall, 2006). Y más allá de estos cambios, con base en la preponderancia que Chávez había otorgado a los militares, se inició una nueva fase de búsqueda de alianzas internacionales, en las que el componente estratégico era un punto central, tanto para defender la revolución como para buscar expandir la misma, lo que se iría presentando en la medida en que en la región fueran apareciendo gobiernos encabezados por mandatarios tanto afines al chavismo, como alineados a las posiciones políticas que pudieran calificarse de antiestadounidenses. Dos de las relaciones claves que aparecieron en este contexto fue la que Chávez profundizó primero con Cuba, y luego con Rusia. Así, los civiles se fueron integrando en el poder con los militares, pero siendo los segundos la columna central del poder, sin que existan razones reales para pensar que ello hubiese cambiado de fondo con la llegada al poder de Nicolás Maduro.

Un asunto central en el discurso del chavismo, que ha servido tanto de punto de encuentro entre militares y civiles, como de construcción de una nueva discursividad política, es el renovado culto a Simón Bolívar⁴, aquel fundador de la república y líder político-militar central en la independencia de la mayoría de las naciones andinas. Este culto a Bolívar incluso se convirtió en el centro de la política del chavismo, tanto así que se promovió desde el gobierno bolivariano de Venezuela un intento por reescribir y publicar una nueva historiografía que revigorizara la figura de Bolívar, y de paso atacara a sus viejos enemigos, como aquellos a los que Chávez identificó como “santanderistas”, que muy posiblemente habían envenenado al denominado Libertador (Europa Press, 2007). El culto a Bolívar fue por tanto la base ideológica central del nuevo Estado, de donde se deriva su denominación de bolivariano, como una legitimación implícita de los militares en el poder. En medio de este culto a Simón Bolívar para Chávez era una consecuencia obvia reivindicar lo que consideraba la creación política de aquél: la Gran Colombia⁵. En estas condiciones para Chávez era obvio que reconstruir ese Estado, desaparecido desde la década de 1830, era un objetivo no solo deseable sino alcanzable, a la luz de las razones y los legados bolivarianos para hacerlo. Este conjunto de ideas Chávez las desplegó durante su primer año de gobierno, las formuló de una manera asequible y deseable para los sectores populares, y las convirtió en constitucionales a través del referendo del 15 de noviembre de 1999.

Nicolás Maduro se ha mantenido en el legado de Chávez, sin intentar ni modificar el régimen político, manteniendo para ello las instituciones y casi que los mismos círculos de poder que se habían creado alrededor de Chávez. En este sentido algunos analistas cercanos al poder en el Palacio de Miraflores han indicado que en realidad no se puede hablar de madurismo más allá de hacer referencia a la conformación de un nuevo régimen político, o de una derivación nueva del chavismo, sino más bien de un mantenimiento del régimen político y de la corriente creada por Hugo Chávez. En toda esta realidad pesa además un hecho de fondo: Chávez pudo ejecutar gran parte de su política de estatalización de la economía y de expansión internacional de la misma, dado que pudo contar con los precios más altos que el petróleo ha alcanzado en su historia dentro de la economía mundial, mientras que Maduro ha tenido que gobernar durante un período - desde 2013 hasta hoy - en el que los precios del petróleo cayeron estruendosamente, arruinando muchas economías, entre las que encuentra la de Venezuela, aunque a Maduro le costó reconocer el impacto real de la caída de los precios del petróleo, algo que dejó claro durante varios de sus discursos durante el año 2014.

Maduro defiende, por lo tanto, una versión “original” de la revolución, que mantiene en el centro de esta a los militares, y son ellos los que sostienen al régimen político, son sus actores, lo que explica por qué los políticos de la oposición no puedan fragmentar o quebrar con facilidad el núcleo central del régimen. No es Maduro el centro del poder, éste lo tienen los militares, así Maduro sea el presidente de la república bolivariana.

LA ESTATIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

Dentro de los ideales revolucionarios del régimen chavista se encuentra la estatización de la economía, que en efecto ha producido una transferencia de poderes y propiedades a nombre de unas ideas políticas, no solo ilegalizando la tenencia de ciertas propiedades empresariales, sino incluso dejando en condición de ilegítima la iniciativa económica no estatal. El grueso de la estatización llegó luego de la coyuntura 2007-2008, cuando los precios del petróleo comenzaban a ir al alza de forma continuada y daban la impresión de mantenerse por mucho tiempo por encima de todas las valoraciones, lo que generaba un ingreso extra en una industria que ya desde 1974 era estatal y que había tomado las riendas de la compañía de petróleos, PDVSA. Pero el proceso de la estatización de la economía se inició con un procedimiento que implicaba la intervención del Estado en el cambio de divisas, con el fin de mantener un cierto control sobre la economía, y evitar una gran fluctuación de esta por los efectos que el precio del petróleo pudiera tener. Sin embargo, durante el gobierno de Hugo Chávez, cuyas políticas han sido continuadas durante el de Nicolás Maduro, el control del cambio de divisas iba más allá de los objetivos de evitar las grandes fluctuaciones y se dirigió a tomar el control de la economía, privilegiando la idea de que el Estado podía dirigir la totalidad de las actividades productivas, de distribución y establecer un control directo sobre el comercio.

El Estado bolivariano estableció un mecanismo por el cual las posibilidades de hacer negocios de forma directa con divisas extranjeras, específicamente con dólares de Estados Unidos, se limitó a las que el Estado brindaba de forma directa. Ello hacía que tanto las empresas como los ciudadanos corrientes debieran acudir al mecanismo de cambio y lugares permitidos oficialmente por el Estado para ejecutar el mismo. Raúl ^{Gallegos (2016)} relata como el Estado bolivariano estableció en la práctica un criterio diferencial para el acceso a dólares, con precios que variaban en función de la cercanía política que se tuviera con el gobierno: una primera tasa que a mediados de 2014 se establecía en 6.30 bolívares por dólar. Una segunda tasa establecía un tipo de cambio de aproximadamente 12 bolívares por dólar, y que se relacionó con la opción establecida por el gobierno de que los venezolanos poseedores de una tarjeta de crédito podían gastar hasta 3.000 dólares en la misma, solo en el extranjero. Sin embargo, para acceder a esta opción los interesados debían solicitar una respectiva autorización a las entidades gubernamentales, que podía ser aprobada o negada. De entrada, aquí se establecía una fuerte barrera la opción de acceder a dólares a través de tarjetas de crédito. Y una tercera tasa de cambio que fijaba un cambio de 50 bolívares por dólar, lo que incluía la parte de dólares que el Banco Central de Venezuela subastaba a las empresas que requerían dichas divisas para las importaciones requeridas en sus actividades productivas. Como señala Gallegos, esta confusión cambiaria trajo dos consecuencias obvias: incentivó el tráfico ilegal de divisas en un gran mercado negro que terminó siendo tanto o más fuerte que las dinámicas impuestas por el Estado, y a la vez que condujo a una creciente devaluación del bolívar frente al dólar, que fue usado como un mecanismo de ajuste estatal.

Estas medidas se complementaron con otras dos que resultaron claves para los economistas chavistas: uno, el establecimiento del control de precios en diversos productos, especialmente en los identificados como básicos, lo que condujo a que se empezaran a producir períodos recurrentes de escases, disminución de los márgenes de ganancia reales para los productores y aparición del contrabando de diversos productos a gran escala. Dos, el gobierno tomó medidas restrictivas frente a las empresas, prohibiendo los despidos de trabajadores, imponiendo horas, e incluso días para el debate obrero durante la jornada laboral. Con el paso del tiempo estas medidas se fueron ampliando al control de muchas empresas, a través de la nacionalización, dentro de las que se encontraban importantes unidades de producción agropecuaria, a la vez que se fueron cerrando muchas de ellas. De esta forma el Estado bolivariano fue dando lugar a una economía de subsidio con base en las regalías que dejaba la venta del petróleo, específicamente después de 2003, haciendo que la sociedad venezolana dependiera crecientemente de las importaciones de casi todos los productos consumidos en el país, entre los que se encuentran alimentos; productos de aseo personal y para el hogar; insumos industriales que incluyen plásticos, piezas electrónicas y de tecnologías medias y avanzadas; medicinas y equipos médicos; equipos de explotación petrolera; equipos agropecuarios; y otros más.

Para el año 2013 la combinación de las diversas medidas políticas fue produciendo una crisis económica que se ha venido agravando hasta la actualidad, creando una economía desabastecida, que depende del petróleo en su venta internacional para obtener ingresos, que se ha convertido en una economía estatal, con pocas empresas privadas, y que depende de la importación para el abastecimiento de la sociedad. En medio de esta crisis, lejos de cumplirse la promesa del chavismo, lo que se ha cumplido es el anverso más irónico posible: se han creado unas fuertes brechas entre una elite enriquecida, una clase media pauperizada, y unos sectores populares arrasados económica y socialmente. En medio de esta crisis se presentaron las elecciones legislativas de diciembre de 2015 que permitieron que la oposición política (^{Mijares, 2016}), agrupados en lo que se conoce como la Mesa de Unidad Democrática, ganara por primera vez desde 1999 unas elecciones contra el chavismo, proporcionándole al gobierno de Maduro una crisis política profunda que se sumaba a la económica, agravada cada año, y que después de 2017 ha ido tomando la característica de una crisis hiperinflacionaria. De hecho, según cifras del Word Economic Outlook (2016, p. 238, 2018, p. 250) Venezuela terminó el año 2016 con una inflación de 475%, el 2017 de 2.818%, y el 2018 de 12,874%.

ALIANZAS GEOPOLÍTICAS DEL CHAVISMO

El régimen político construyó su proyección geopolítica en dos direcciones distintas pero complementarias: de una parte, se aseguró tener aliados globales que le permitieran mantener su posición contrahegemónica regional, jugando un papel importante en esta proyección su relación destacada con la Federación Rusa en primer lugar, pero también con la República Islámica de Irán y con la República Popular de China. De otro lado, el chavismo se ha preocupado por construir una relación activa en la región, con aquellos Estados con los que puede compartir una línea de acción política y compromiso ideológico claro. Dentro de esta relación prima la que ha establecido con Cuba, seguida de la relación con Bolivia, Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa y Paraguay durante el gobierno de Fernando Lugo, algo que también cabe decir de Brasil bajo el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

LA DESCOMPOSICIÓN DEL RÉGIMEN CHAVISTA SIN OPCIÓN CLARA DE TRANSICIÓN POLÍTICA

Un régimen político se puede descomponer por diferentes razones, pero es posible indicar algunas condiciones que llevan a dicha condición: primero, cuando los regímenes pierden la capacidad de gobierno, esto es, o bien de tomar decisiones o que las mismas sean efectivamente acatadas por las instituciones y los ciudadanos¹⁰. Segundo, cuando los procesos de violencia colectiva o de movilización ciudadana masiva llegan al punto de las negociaciones rotas con quienes ejercen el gobierno de las sociedades, y en consecuencia se abre una confrontación de difícil pronóstico, pero de la que casi siempre se sigue una necesaria transición política o el derrocamiento del gobierno y la caída del Estado (^{Tilly, 2007}). Y tercero, cuando un régimen pierde el reconocimiento político por parte de la comunidad internacional, o por una parte sustancial de la misma.

En el caso del actual régimen venezolano, encabezado por Nicolás Maduro como presidente heredero de Chávez, de quien ha asegurado recibir mensajes y apariciones (Scharfenberg, 2013), las condiciones en las que viene ejerciendo el gobierno pareciera encontrarse en los términos de una descomposición del régimen político. Esto se ha acelerado desde la posesión de Nicolás Maduro el día 10 de enero de 2019 en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, por fuera de lo reglamentado por la Constitución que obliga a que sea en la sede de la Asamblea Nacional, dominada por los partidos de la oposición desde la elección parlamentaria de 2015. Dicha Asamblea Nacional declaró que se produjo un vacío de poder, pasando a nombrar encargado del gobierno al presidente de dicha institución, Juan Guaidó. De una parte, tal nombramiento era el cierre de un ciclo de crisis múltiples -económicas, políticas, sociales, humanitarias- por las que viene pasando Venezuela desde el año 2013, y la apertura de otro que lleva a que la oposición, desde un marco institucional, y sin ejercer ninguna opción real de violencia colectiva, rompiera cualquier posibilidad de negociación con el régimen, y en consecuencia se abriera una necesaria vía de transición política.

El punto fuerte de la oposición, ahora renovada con el liderazgo político de Guaidó, es el reconocimiento alcanzado por éste, lo que genera dos problemas centrales: primero, la existencia de un Estado con dos gobiernos que se declaran legítimos cada uno, y que, segundo, cada uno esgrime una fuerza clara y definida de apoyos geopolíticos internacionales. Al parecer la dimensión del apoyo geopolítico aquí es determinante por su pulso, su orientación, y la capacidad de acción que muestren los respectivos validadores internacionales de cada bando en disputa. Solo que la fuerza de ejercer gobierno, imponer medidas y actuar punitivamente la sigue teniendo el régimen de Maduro, que tiene su centro político en las fuerzas militares. Los diversos intentos de obtener el apoyo de los altos militares, por parte de Guaidó y la Asamblea Nacional han fracasado de forma evidente, siendo el último fracaso más claro, el del 30 de abril de 2019, en el que se produjo un fallido alzamiento militar liderado por Guaidó, y marcado por la liberación de Leopoldo López. A partir de ese momento gran parte del pulso político interno está determinado por los pulsos geopolíticos directos (Malamud & Rogelio Núñez, 2019), protagonizados por EEUU, Rusia, China, el Grupo de Lima, Irán, y Cuba en un primerísimo plano, poniendo en riesgo el aumento de sanciones contra sí mismo, de acuerdo al anuncio que el gobierno de Trump viene haciendo de manera general desde hace meses, y de forma específica en el mes de abril (The Editorial Board, 2019).

No obstante, aun con las recientes acciones políticas de Guadó a nivel nacional e internacional, el régimen de Maduro hasta ahora no ha dado muestras de iniciar un proceso de transición, lo que solo se ha especulado en el lado de la oposición, y en los bandos geopolíticos que brindan su apoyo a ésta. Por el contrario, el régimen ha sacado a las calles de forma directa a las fuerzas de las llamadas milicias bolivarianas, con el fin de tener un apoyo armado paralelo al de la Fuerza Armada Nacional, y tener un instrumento político armado no institucional de su lado, que le garantice una palanca contra cualquier movimiento de las instituciones castrenses que se puedan involucrar en un golpe de Estado. Estas milicias han mostrado sus capacidades de acción no institucional durante el intento del ingreso de la ayuda humanitaria organizada por la oposición el 23 de febrero de 2019 (Ramirez Carreño, 2019), un día después del concierto en la frontera binacional, y en el que se presentó la deserción de unas decenas de unidades policiales y militares hacia Colombia y Brasil. Muchos de estos desertores relataron posteriormente que las milicias bolivarianas ejercían tanto represión contra los ciudadanos como controles armados contra los uniformados y sus familias que pretendieran desertar. De hecho, en el intento de alzamiento militar del 30 de abril, según diversos medios de prensa, Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, órgano establecido por el régimen para desconocer a la Asamblea Nacional dominada por la oposición desde les elecciones de 2015, llamó a las milicias bolivarianas a rodear el Palacio de Miraflores, la sede del gobierno venezolano.

La situación del régimen de Maduro parece estar entrando en un punto muerto, apuntalado además por la caída histórica en la producción petrolera venezolana, lo que hará que la crisis económica se profundice, pero con el respaldo tanto de las Fuerzas Armadas como el de los gobiernos aliados a sus intereses. Si bien Maduro no puede detener abiertamente a Guaidó, contra quien se han allanado los caminos judiciales para procesarlos por distintos delitos, pues ello levantaría de nuevo los pulsos geopolíticos en su contra, pero a su vez conserva el apoyo de los militares mayoritariamente que lo sostienen en el poder. De otra parte, la oposición tampoco ha actuado de manera coordinada ni contundente y solo puede exhibir un gobierno formal desde el punto de vista de la legalidad, y a pesar de que controla algunas embajadas dado el apoyo internacional que tiene, no puede gobernar pues no tiene el control de las instituciones nacionales, pero sobre todo el reconocimiento de las fuerzas armadas.

CONCLUSIÓN

El actual régimen en cabeza de Nicolás Maduro es producto de un proyecto político liderado por Hugo Chávez Frías, conocido como el “socialismo del Siglo XXI”. Este proyecto se fue consolidando a través de una serie de estrategias y acciones como la estatalización de la economía, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la militarización de algunos sectores civiles, y las alianzas geopolíticas regionales y globales que permitieron su establecimiento y mantenimiento en el poder por más de dos décadas. La herencia del entramado de estas alianzas geopolíticas y militares ha quedado en manos de Nicolás Maduro quien actualmente ha llevado al país a una grave crisis política, social y económica que no sólo tiene repercusiones a nivel interno, sino que también han generado una inestabilidad profunda a nivel regional. Esta crisis ha tenido como protagonista una clara dimensión humanitaria toda vez que, según diversas agencias y la ONU, al parecer han salido de Venezuela, legal e ilegalmente más de 3.4 millones de personas. Esta corriente migratoria continuará en los próximos meses lo que implica una fuente importante de desestabilización de la región. Hoy Venezuela es el cuarto país que está en el centro de las crisis migratorias globales, después de Irak, Siria y Libia.

Asimismo, las tensiones geopolíticas se han incrementado fuertemente, entre otras razones porque John Bolton, ha afirmado desde diciembre de 2018, que para resolver el problema que hoy representa Venezuela, “todas las opciones están sobre la mesa”, lo que es una clara alusión al posible uso de las fuerzas militares norteamericanas para una intervención directa sobre Caracas (Burns, 2019). Sin embargo, para los países de la región ello sería un paso en falso, que aumentaría la desestabilización, y en especial para Colombia, que además debe contar con los factores que hacen que Venezuela sea la retaguardia estratégica del ELN, la principal guerrilla existente en el país, y la expansión del narcotráfico en territorios en guerra (Insight Crime, 2018).

Ahora bien, la paradoja del actual régimen venezolano y una razón principal por la que se mantiene en el poder consiste en que, a pesar de sustentar su legitimidad sobre los militares, este aún conserva todas las instituciones de la democracia formal, esto es la separación de poderes, dos asambleas, así como el llamado de elecciones presidenciales para el 2020. Es en ese dualismo institucional, de los militares como eje del poder y unos poderes públicos formalizados, donde reside una buena parte de la clave del control político que tiene actualmente del régimen de Maduro. Mientras las bases chavistas y bolivarianas se han ocupado de esos asuntos de la democracia formal, el poder efectivo se encuentra en las fuerzas militares y las milicias.

Ahora, si bien la situación en Venezuela estaría llegando a un punto de descomposición del régimen de Nicolás Maduro marcado principalmente por la incapacidad de gobierno, procesos de violencia colectiva, y la perdida de apoyos de países de la región y del resto del globo; las alianzas geopolíticas y el fortalecimiento del poder militar heredados por Hugo Chávez Frías no han permitido ni la caída del régimen de Maduro, ni que se presente a la vista ninguna posibilidad clara de transición política. Lo anterior se explica, entre otras cosas, e porque la anodina oposición venezolana ha resultado incapaz para develar y descifrar ese manejo del poder, y sobreponerse a sus propias debilidades y divisiones. Asimismo, la posición de los países del grupo de Lima y de los Estados Unidos, individual y colectivamente, ha sido errática e inconducente y ha terminado por apuntalar a Maduro, la teoría de que todas las opciones están abiertas no ha aportado nada serio a una eventual transición política y más bien la aleja.

En síntesis, esta compleja paradoja no sólo incrementa la crisis humanitaria que vive Venezuela, sino que también y sobre todo pone en riesgo la seguridad regional y especialmente la de los países vecinos, en un escenario en el que no se puede descartar un posible desenlace de difícil trámite.