INTRODUCCIÓN

En enero de 2020, los medios de comunicación anunciaban la crisis que empezaba a originarse por un virus originado en la ciudad de Wuhan, China. La situación creció de manera exponencial hasta convertirse la excepcionalidad del confinamiento, en una situación de “nueva normalidad”, predicada por los gobiernos desde discursos paliativos como el “autocuidado”. No obstante, la crisis de la Covid-19 profundizó las contradicciones y fragilidades del modelo político y económico -con especial énfasis en los países subdesarrollados- y potenció la oferta de economías ilegales como el narcotráfico para suplir las carencias del discurso liberal y capitalista, con el agravante de estar legitimadas en un discurso populista que explota las divisiones históricas entre pueblos excluidos y élites ineptas con visión de corto plazo en la construcción de un proyecto de nación.

Para el desarrollo del artículo, se proponen cinco apartados: 1. Se presenta una síntesis de los aportes conceptuales del populismo y la necesidad de involucrar una perspectiva que tenga en cuenta su instrumentalización desde prácticas económicas ilegales; 2. Abordaje de los conceptos de legalidad y legitimidad como fundamentos del discurso moderno liberal y cómo estos han sido aprehendidos por las mafias asociadas al narcotráfico; 3. Metodología para realizar el rastreo de evidencias documentales que sustentan la adaptación del “narco” en tiempos de pandemia y cómo esta exitosa supervivencia, le ha permitido asegurar un sistema de lealtades que aumenta la brecha y la apatía frente a las carencias del Estado para garantizar la estabilidad del modelo político y económico legal; 4. Presentación de los resultados desde la estrategia de análisis de las narrativas prototípicas; 5. Consideraciones finales y propuestas de profundización del concepto narcopopulismo, a la luz de los desafíos que sugieren la pandemia de la Covid-19, y una proliferación de crisis globales, producto del declive del Estado y sus instituciones internacionales, en contraste del fortalecimiento de expresiones paraestatales con poder de asegurar obediencia social, vía consenso-coerción.

EL POPULISMO AL ESTILO NARCO

Diccionario de Cambridge declaró “populismo” la Palabra del Año (Universidad de Cambridge, 2017).

La tradición teórica de la ciencia política ha enmarcado al populismo en el marco de reglas de juego que se presentan en sistemas políticos, previamente acordados en el sistema democrático de un Estado-Nación. Aunque se presenten escenarios de competencia desleal, en especial en época de elecciones, los teóricos del populismo nunca dudan del marco de formalidad en el que se inscribe el líder populista para enmarcar su discurso. Existen diferentes enfoques teóricos que realizan un acercamiento al concepto del populismo, aunque suele haber cierta predisposición a una definición, pues la diversidad de expresiones que se identifican como populistas la van dejando sin especificidad semántica (^{Juste, 2018}). ^{De Santiago (2016)} afirma:

El significado que aporta Josep Ramoneda es la base del contenido que va a estabilizarse dentro del uso de populismo en el discurso político como argumento que arrojar al adversario. De nada sirve que haya un populismo bueno; ya nadie quiere el término, está demasiado envenenado como para presentarlo como mérito. (p. 487).

De manera sintética se exponen tres posturas, teniendo en cuenta la capacidad de sistematización del concepto, la presentación de estudios de caso y el aterrizaje a casos concretos en Latinoamérica:

Los estudios sobre el populismo han tenido un ascendente interés en la ciencia política (^{De Cleen, & Stavrakakis, 2018}; ^{Ungureanu & Serrano, 2018}), en parte por la crisis y desaparición de la lógica predominante de la guerra fría entre capitalismo vs comunismo (^{García, 2010}), y las aspiraciones desideologizantes del neoliberalismo y las contradicciones entre la democracia liberal y la democracia representativa (^{Aboy, 2010}).

Incluso, en términos geográficos, el eclecticismo de la definición ha hecho que, a pesar de diferencias provenientes del contexto histórico, los populismos, por ejemplo, en Europa y América, tengan puntos de encuentro y en el contexto globalización, retroalimentaciones y redes de apoyo transnacional; sin duda un campo abierto que para ^{Mudde & Rovira (2017)}a implica:

In summary, cross-regional and cross-temporal studies of populism are still in an embryonic phase. We are not claiming to have said the last word on how to analyze and compare European and Latin American populism. The aim of our paper is much more modest: it tries to show that it is possible and worthwhile to do cross-regional research on populism, and it develops a helpful framework for starting to identify generic aspects of populism as well as the formation of different types of populism in particular world region. (p. 33).

En este sentido, ^{Mudde & Rovira (2017)}b consideran que el populismo ha retomado desde otras modalizaciones, las discusiones históricas por la identidad, la exclusión vs inclusión y la equidad vs inequidad de las formas económicas, políticas y culturales de organización social. En otro texto, Mudde & Rovira (2012) aluden a cierto oportunismo que se recoge del populismo para reavivar la llama de inconformidades generadas por el mundo globalizado y los cuestionamientos a la vigencia del Estado-Nación. Hechos como el Brexit en Inglaterra o la reaparición de nacionalismos extremos en Dinamarca, Alemania, Estados Unidos, o en el caso Latinoamérica con el discurso de las imposiciones imperiales (Venezuela) (^{Kenneth, 2008}), o las ideas del socialismo del Siglo XXI y la inmigración (Colombia) (^{Østebø & Bye, 2020}).

La problematización, identificación y formulación de proyectos de investigación en torno al populismo goza de un reconocimiento y una considerable publicación de textos en el mundo científico, en especial de la ciencia política, la filosofía y recientemente de los estudios en comunicación. El populismo por esencia exige la exposición permanente en la esfera pública y el reconocimiento del público (^{Breeze, 2017}) [es cómico concebir un populista en la vida privada o que se resista al narcisismo de la exhibición], razón por la cual se convierten en foco permanente de atención el hecho de ver como un líder político logra recaudar la simpatía y activar emociones de tristeza, miedo y esperanza en ciudadanos de a pie (^{Cossarini y Alonso, 2015}). Es en ese momento donde parece inspirarse el estudio de las trayectorias del líder y los soportes que permiten validar o cuestionar su condición de representante de la crisis en una coyuntura social.

No obstante -a pesar de su reconocimiento como campo de estudio en la ciencia política-, el populismo carece de una teoría que revise los alcances de las prácticas políticas que se inscriben en el marco de la ilegalidad, y que pueden llegar a ser legítimas en amplios sectores de la sociedad civil. Hay poca bibliografía o estudios sistemáticos que se encarguen de ubicar las conexiones de actores paraestatales como parte constitutiva de formas de populismo que subvierten las reglas del régimen político. El populismo asociado a la ilegalidad, y en el caso específico al narcotráfico, ya no requiere la exposición en la plaza pública o la caja de resonancia de los medios de comunicación, si este hace uso de micropoderes a nivel local, donde la figura de reconocimiento se hace explícita dentro de la vida cotidiana (en la comuna, barrio, localidad, se sabe quién es el que manda y el respeto que debe tenerse a su condición de líder que resuelve problemas de la vida cotidiana):

En el caso del narcotráfico, se puede observar “…la normalización de un fenómeno que de relativamente marginal pasó a ser parte de la vida cotidiana, a permear la sociedad y a imponerle, hasta cierto punto, sus reglas del juego….” (Córdova, 2011, pág. 70) y que ha llegado a constituirse como una realidad compartida cada vez más amplia cuyo referente ya no es la ilegalidad o transgresión, sino se dimensiona en el imaginario popular como un reificado universo de sentido común, que legitima, defiende y se enorgullece de sus personajes y de sus hazañas contra la autoridad legal. (^{Villatoro, 2013}, p. 71).

Ante la ausencia de relatos populistas que lograrán construir proyectos de nación y mitos fundacionales en Latinoamérica (en especial, Colombia y México), el narcotráfico se erigió como esa figura que podría involucrar el sentimiento de una sociedad hasta el momento ajena a los intereses de una clase política indiferente a construir un programa narrativo persuasivo en la construcción de nación; en Colombia específicamente, el resentimiento creado luego del asesinato del líder popular Jorge Eliecer Gaitán (1948), el fracaso de la reforma rural y la creación de la guerrilla de las Farc y los grupos paramilitares, generaron estrategias parainstitucionales de cooptación del Estado (^{Garay, Salcedo-Albarán, León-Beltrán & Guerrero, 2008}; Valencia, 2020), se consolidó un populismo difuso y autoritario bajo el liderazgo de Uribe Vélez (^{Contreras y Garavito, 2002}), y el narcotráfico apoyado en estructuras mafiosas mantuvo su sistema de privilegios y control carismático-coercitivo en las comunidades donde sus negocios estaban asentados (^{López, 2010}).

Esto le exige a la teoría del populismo insertar una nueva clasificación entre los tipos de populismo tradicionales (porque su ejercicio se hace por fuera del ejercicio legal de la democracia -actores en contienda electoral-, del reconocimiento como actor político en una rebelión -guerrillas, organizaciones revolucionarias- o de líder que agita masas sin tener intenciones de hacer parte del poder estatal -figuras de opinión-). De esta manera, la categoría conceptual que propone ^{Wilches (2020)} es el Narcopopulismo, definido como:

Estrategia discursiva que utilizan individuos dedicados al tráfico de drogas ilegales, para articularse con las bases axiológicas de los grupos sociales con las que interactúan de manera directa (territorio donde se encuentran localizadas las materias primas y la industrialización del producto) o indirecta (red de influencias donde se desarrollan las fases de distribución y comercialización). Aunque puede existir el interés por la participación en el régimen democrático, la lucha por el poder a través de elecciones, la constitución de partidos o la organización de movimientos de base; el objetivo de dicha estrategia discursiva es proyectar una narrativa emotiva que establezca un antagonismo frente a la exclusión del sistema político, la desigualdad económica y las fallas de la justicia. Una vez consolidada la narrativa emotiva y asimilada por los grupos sociales que han sufrido las causas y consecuencias de este antagonismo, los sujetos portadores del discurso narcopopulista ofertan el reemplazo de dichas carencias a través de estrategias subterráneas y emergentes de control social (ejercicio de violencia física), asistencialismo (atención solvente de necesidades económicas) y administración de controversias (resolución de disputas que amenazan la convivencia en comunidad).

Las nociones de populismo que se han planteado suelen tener una visión idealista de la democracia y ponen la legalidad como un escenario protagónico, pues este genera credibilidad a los políticos, y así se sienten respaldados por el electorado (^{Ulloa, 2013}). A su vez, las perspectivas que se han trabajado tienen una visión idealista de la democracia, de manera que ^{Jiménez y Patarroyo (2019)} señalan que para el caso colombiano, “Uribe puede evidenciarse como un ejemplo del líder carismático neoliberal populista que logró reterritorializar el sentido común del pueblo al impregnar de significados favorables a su quehacer, con términos como democracia, valores, justicia” (p.283), dejando de lado las articulaciones que se han generado con grupos ilegales que no les interesa disputar el poder político formal, siempre y cuando se garantice el control de las comunidades donde hacen presencia y se sustentan sus intereses económicos. Como lo menciona ^{Flórez (2014)}:

Los patriarcas habían dejado a su suerte a los descendientes de sus antiguos sirvientes, y los patrones habían encontrado en el narcopopulismo la respuesta a: cómo invertir sus fortunas en admiración y respeto en público. Porque de parte de las élites, reconocían Gacha y Escobar, habían sido solicitados para financiar sus campañas políticas o empresas quebradas, pero no a la luz pública. Esa poca resistencia a la financiación del estatus social de las élites con dineros ilegales no aparece y no puede aparecer en la narrativa del documental, porque implicaría reconocer los encuentros y acuerdos, entre quienes se presentan en la narración noticiosa y documental pública, como enemigos acérrimos. (p.102).

En consecuencia, queda sobre la mesa la idea del narcopopulismo como un tipo de populismo que se ejerce a espaldas de la democracia y los marcos legales. Esto, explicado desde los discursos antioligárquicos, junto con su aparente desprecio por las clases dirigentes y un sentimiento populista que representaba su revanchismo social (^{Duncan, 2013}). Esta modalidad se entiende bajo la lógica de ^{Witker (2017)}, al afirmar que el narcopopulismo es:

El particular fenómeno del control de la política y economía locales, en determinadas áreas, que va desde los mercados ilegales, los servicios básicos de transporte, luz y agua hasta el asesinato por encargo de candidatos o autoridades incómodas para el desarrollo de las actividades delictivas. (p.84).

Sumado al populismo que sustenta su accionar en la legitimidad que van adquiriendo actores paraestatales, surge otro fenómeno que desborda cierto idealismo del populismo en el marco de los escenarios electorales, y que de manera causal o no, ha permitido generar fascinación y explotación de las narrativas populistas: la comunicación política. Este vínculo ha permitido que los dos fenómenos -populismo y comunicación política- se fortalezcan de manera mutua, tanto por la grandilocuencia de uno, como por el performance que promete el otro. En este sentido, ^{De Vreese, Esser, Aalberg, Reinemann, y Stanyer (2018)} han estudiado dicha conexión, de manera que, para ellos:

In countries with a consensual, parliamentary system; strong institutions of checks and balances; and a strong, autonomous, and publicly respected press, populism is much less likely to become an existential threat. In countries with a polarized majority voting system, weak institutions of checks and balances, and a weak press (subject to instrumentalization attempts and other attacks on their independence), however, the picture is different. (pp.424-425).

^{Weyland (2001)} deja abierta la discusión de los proyectos populistas en el siglo XXI y no augura resultados promisorios que le vuelvan a dar una independencia conceptual, pues el populismo nació como un discurso antagonista del modelo económico capitalista. Hoy ese pretexto es ignorado y se puede ser populista sin cuestionar el modelo [Bolsonaro] y sin tomar muy en serio la fuente legal-ilegal o la veracidad desde dónde se erige el discurso [Pablo Escobar].

En síntesis, el populismo goza de un estudio interdisciplinar que permite estudiar las trayectorias y prácticas políticas que haciendo uso del concepto, se diferencian en su contenido ideológico y medios que persiguen. No obstante, es necesario que esta categoría pueda dialogar con otras dimensiones contemporáneas a fin de comprender su persistencia como estrategia discursiva para alcanzar el poder.

Sorprende que frente a la división y el antagonismo que sustentan los discursos populistas [y moderados, en algunos discursos con el concepto de agonismo como reconocimiento de la pluralidad], existan pocos diálogos con teorías sistémicas y performativas que planteen las formas en las que dos variables en contradicción sustentan su existencia en la capacidad de establecer diferenciación desde la otredad y la contradicción. Las narrativas populistas quedan expuestas a la categorización de la división que las sustenta, pero poco se explora las influencias socioculturales y económicas que las soportan.

En el caso de la Covid-19, se ha creado un estado de emergencia en el que los empresarios de drogas ilícitas han logrado adaptar un discurso que refuerza la incapacidad de las instituciones estatales para hacer frente a situaciones de crisis. De esta manera, no solo ofertan ayudas económicas a las comunidades que tienen bajo su control, sino también ejercen el rol de empresarios de la coerción (^{Gambetta, 1996}) frente a los individuos que cuestionen su poder. Así, de la mano de ese narcopopulismo que se viste de legitimidad, nace una impunidad alrededor de estas acciones punibles e ilegales, que se evidencia con mayor frecuencia en países subdesarrollados (^{Torres, 2009}).

EL NARCOPOPULISMO EN LA FRONTERA DIFUSA ILEGALIDAD - LEGITIMIDAD

Legalidad-legitimidad son categorías que hacen parte de las bases fundamentadoras del Estado de Derecho impulsado con el proyecto de la modernidad que pretendía cambiar la idea de un estado de naturaleza (Del ^{Hierro, 2013}) en el que la autorregulación no dependía de la autonomía de los hombres. El Estado de Derecho surge con el objetivo de guiar, controlar y limitar el ejercicio del poder público por medio de reglas y normas que conforman un sistema de acceso libre para los ciudadanos (^{Axtmann, 2004}). Dicho sistema requiere de la existencia de un orden legal dirigido a alcanzar tres objetivos principales:

1) guiar su acción y dirigir su ejercicio, marcando el camino hacia determinados objetivos e intereses sociales; 2) controlar su funcionamiento, fiscalizando y monitoreando el desempeño de los funcionarios y oficinas públicas, con el fin de que se cumplan dichos objetivos e intereses; 3) limitar su ejercicio, para impedir que los distintos órganos de gobierno invadan las jurisdicciones de los demás y se apropien de sus atribuciones (^{Ruiz, 2013}, p. 242).

La legalidad se constituye como un requisito y un atributo del poder y establece determinados límites al ejercicio de este, por lo que un poder es legal cuando es aplicado en conformidad con un conjunto de normas determinadas y unas reglas previamente establecidas. Así, la legalidad se caracteriza por su carácter político-jurídico y estar relacionado con la legitimidad, ‘un poder es legítimo en sentido estricto, cuando la titularidad de dicho poder tiene sustento jurídico, y es legal, cuando los actos de autoridad que emanan del mismo se ajustan a las leyes vigentes’ (^{Salazar, 1998}, p. 193).

El Estado de Derecho tiende a garantizar determinados principios dentro del contexto social en el que se desarrolla, por lo que se busca el imperio de la legalidad, para lo cual es necesario que esas normas que son impuestas cuenten con ‘una serie de características en su origen y estructura (aspecto estático del derecho) y que sean aplicadas respetando determinados criterios (aspecto dinámico del derecho)’ (^{Salazar, 1998}, p. 195). Así, la ley es entendida como la expresión de la soberanía popular, de una forma democrática que tiene la capacidad de influir en el comportamiento individual y colectivo.

La legitimidad es entendida como un atributo del poder, dado que un poder que no es legítimo es ‘débil, provisional, pura coacción violenta que se esfuma con la fuerza física que lo impone (^{Sleat, 2015}). El poder, únicamente cuando se legitima, adquiere el rango de solidez y duración al que aspira (^{Sotelo, 1990}). El desarrollo del concepto de legitimidad parte de la idea de poder que es impuesto como dominación y el poder que surge como voluntad de la mayoría; y del mismo modo; la legalidad es establecida e implementada por la fuerza por la aceptación libre y colectiva de la población.

El poder del Estado, así como los instrumentos políticos y jurídicos que le componen, deben ser cuestionados y legitimados por la conciencia de cada individuo:

No es la menor de las paradojas que el poder, cuanto más se identifica con la fuerza bruta, resulta más llamativo, pero puede menos; mientras que el poder de la conciencia, el más sutil e inaprensible, se descubre como el verdadero poder, en cuanto es el único capaz de legitimarse a sí mismo, fuente de toda legitimación (^{Sotelo, 1990}, p. 40).

La legitimación se consigue cuando un grupo de actores sociales tiene los medios para hacer prevalecer su definición de la realidad y hacer adoptar de manera colectiva un estilo de vida y unas reglas que le acompañan, es decir, que la legitimidad supone “el acatamiento voluntario y no tiránico del poder” (^{D’Ors, 1979}, p. 41). Es aquí donde es posible evidenciar una contraposición entre la legalidad y la legitimidad, dado que un poder que se constituye como creador de una legalidad, no necesariamente cuenta con la aceptación y aprobación de la población que es sometida a los sistemas jurídicos del Estado.

La legitimidad se concibe como un ejercicio de veeduría, supervisión y cumplimiento a los acuerdos formales del contrato social (^{Sotelo, 1990}). Y aquí es donde comienzan se resquebraja el idealismo de un Estado liberal respetuoso de los derechos de la ciudadanía, en el que la responsabilidad con el uso adecuado de la legalidad supondría no tener que buscar otras fuentes de legitimidad, si se sigue el esquema weberiano de legitimidad vía 1. Tradición, 2. Carisma, 3. Legalidad (^{Weber, 1984}).

De acuerdo con lo expresado, cuando los sujetos perciben que la ley está politizada y manoseada, de acuerdo con la moral del legislador, pierde confianza en las fuentes de autoridad que sustentan la norma (^{Salazar, 1998}), y prefieren que otros actores sean los que administren -de acuerdo con su sistema de creencias-, las conductas que han de regir el contexto en el que se desenvuelven.

La situación descrita, lleva a que el fenómeno narco consiga cultivar una ideología justificatoria del delito (^{Méndez, 2009}). Esta se ve reflejada en diversos aspectos de la cotidianidad y logra infiltrarse en varios sectores sociales, convirtiendo el estilo de vida propio del narcotráfico, en un modelo a emular en el imaginario colectivo: ‘se incrementa entonces la tolerancia social frente al crimen. Más aún, se asume la vida delictiva como un modelo deseable de ascenso social’ (Méndez, 2009, p. 100).

El reconocimiento social y la gratificación inmediata, hacen parte de aquellos factores que estimulan la elección del tráfico de drogas como modelo de progreso anclado en los discursos modernos del Estado liberal y capitalista. Lo narco ofrece la posibilidad de ascenso en la escala social de manera rápida y sin el esfuerzo y las limitaciones que podría implicar el camino de la legalidad. Los elementos del narcotráfico intervienen en la realidad y reemplazan imaginarios sociales con respecto al trabajo, al esfuerzo y a la honradez, convirtiendo a la ilegalidad en un camino válido hacia el éxito

Y es que la opción de ascenso social legal vía la educación, el trabajo o el participar de la política es excluyente e inequitativo. Entonces, el narco se convierte en el modo paralegal para acceder a la promesa de felicidad de la modernidad: el capital, por eso lo narco es una cultura aspiracional, de superación, motivacional, de revanchismo social y billete. (^{Rincón, 2013}, p.28).

El discurso de la vida ilícita como la vía ideal para salir de la pobreza, es otra de las características de lo narco y su incisiva presencia en determinados grupos sociales. El estatus socioeconómico y la imposibilidad de ascender socialmente a través de medios legales, conlleva a que la pobreza se convierta en un discurso populista para legitimar la elección del estilo de vida narco, a pesar de encontrarse al margen de la ley.

El hecho de que no se critique la actividad del tráfico de drogas, pero que al mismo tiempo constituya una fuente de buena vida, de adquisición de posibilidades, produce una complicidad del traficante con la sociedad injusta que lo orilló a tal situación. Es decir, un narcotraficante no concibe su actividad como algo que a la larga pueda cambiar la forma de funcionar de la sociedad en su conjunto, sino como una posibilidad de cambiar su situación personal pasar de ser pobre a ser rico; pasar de una vida miserable a una buena vida. (^{Corona, 2008}, p. 215).

El modo de vida narco y la proliferación de actividades ilícitas relacionadas al mismo conllevan a una serie de respuestas estatales enfocadas en la criminalización de la imagen del mundo del tráfico de drogas, de los actores que lo componen y de las estrategias que implementan. El Estado recurre al prohibicionismo para erradicar el narcotráfico y las prácticas derivadas de este, sin embargo, la aplicación de la ley y el discurso dirigido a convertir lo narco en el enemigo, solo han conseguido que este modelo económico y sociocultural se convierta en un referente legítimo para la construcción de proyectos de vida.

Así, la narcocultura y lo narco, junto a sus características y repercusiones, permiten cuestionar la relación entre legalidad y legitimidad, dado que sus repercusiones van más allá de la trasgresión de los límites normativos y consiguen abarcar aspectos cotidianos de la sociedad, que convierten este modo de vida ilícito en un ideal. De esta manera, se debe partir de una revisión de los conceptos de legalidad y legitimidad, para establecer y analizar las dinámicas que se dan entre estos dos elementos, en el contexto del narcotráfico.

Los efectos del tráfico de drogas varían de acuerdo con el contexto y al rol que juega cada país en las dinámicas de esta actividad ilícita. Para el caso de los países latinoamericanos que se encuentran involucrados en el ciclo completo del narcotráfico, es decir, que participan en la producción, tráfico y consumo de drogas, el impacto se ve reflejado en la aceptación y la búsqueda de un estilo de vida al margen de la ley, caracterizada por el ascenso social rápido y la obtención riesgosa, pero atractiva de riqueza.

Lo narco, se ha convertido en una posibilidad de vida para aquellos sectores sociales que se ven afectados directamente por las dinámicas del tráfico de drogas. Más allá de los límites impuestos por la legalidad, el modo de vida narco ha sido aceptado y legitimado por aquellos que ven en el mismo, una salida de la marginalidad. Siguiendo los planteamientos de ^{Escudero (1997)}, esto se ve reflejado en la ideología del narcotraficante, en la que se afirma que:

Lejos de negar o tratar de encubrir su actividad ilícita, la aceptan, asumen y justifican plenamente. Se autodefinen como defensores de los valores nacionales y luchadores por el progreso. Sostienen que su industria, aun cuando ilegal, beneficia a Colombia pues atrae enormes cantidades de dinero, promueve el desarrollo y reduce el desempleo. Como el negocio se orienta hacia el exterior, arguyen, no se fomenta el consumo de drogas en el país. La persecución gubernamental en su contra, consideran, la promueve la oligarquía tradicional por estar ajena al negocio de las drogas. Los narcotraficantes representarían entonces una capa social de trabajadores que tuvieron la capacidad y el empuje necesarios para desarrollar, con enorme éxito, una nueva empresa. (^{Escudero, 1997}, p. 309).

De esta manera, se evidencia que la vía de la ilegalidad se ha convertido en un estilo de vida aceptado e incluso respetado, por determinados grupos sociales, generando una identidad propia y unos discursos característicos, que colocan a lo narco y a la ilegalidad, como ideales y como elementos fundamentales en el desarrollo de un proyecto de vida exitoso, por lo que los individuos involucrados, se establecen como referentes ante el grupo social al que pertenecen y se cuestionan los principios y valores con respecto a la legalidad y al respeto de las normas. ‘El narcotráfico propone pues una visión del mundo y de la vida, un camino a seguir para superar la pobreza y adquirir dinero y poder. Para ello convierte, en el imaginario popular, a los delincuentes en héroes y crea un discurso justificatorio de la vida ilícita.’ (^{Méndez, 2009}, p.106).

El Estado tiende a recurrir al prohibicionismo y al uso de la coerción para erradicar el narcotráfico, junto con las dinámicas que se dan a su alrededor. Así, la legalidad se ve cuestionada, al considerar su contraparte, la ilegalidad, como un referente colectivo para alcanzar la riqueza y el éxito, dado que le brinda a la población las oportunidades de mejorar sus condiciones de vida, que no son garantizadas por el Estado de Derecho y que representan un modo de reivindicación, que contribuye a justificar la elección de lo ilícito como forma de vida y que se refleja en comportamientos característicos de lo narco:

El narco es la oportunidad para los que nunca han podido entrar en la modernidad, por eso su sueño es simple: tener tierras, visibilizar su poder en las armas, expresar su modernidad en el consumo, derrochar el dinero en fiestas, amigos, autos y trago, y poder comprar lo que no se tiene: mujeres-pecado. [...] Los narcos construyen su propio parque temático de la opulencia y la ostentación burguesa: juntan todo lo que da estatus de clase (arte, objetos de culturas extrañas, tecnologías de punta, licores de alta tradición y precio…) con los modos propios de su clase (la madre, los amigos, las mujeres, la tierra y el amor a la madre). Todo para comunicar lo bien que le está yendo en la vida, para contar su éxito. (^{Rincón, 2013}, p.7).

Es así como la legalidad deja de ser un factor relevante para el progreso individual y colectivo y las prácticas al margen de la ley son legitimadas por el colectivo. Esta dinámica conlleva a que se conciban como ideales una serie de contravalores que corresponden al irrespeto de las normas establecidas por figuras estatales, al punto en el que se convierte en característica esencial para triunfar. Es lo que ^{García Villegas (2009)} denomina la cultura del incumplimiento de normas, en donde ‘ser vivo’ se considera digno de ser celebrado e inculcado en las nuevas generaciones.

Esta cultura del incumplimiento de las normas y el deseo de enriquecimiento y ascenso social, se mueven en la ilegalidad, pero están normalizados por el colectivo en el que se desarrollan, es decir, no son percibidos como algo negativo o criminal, sino por el contrario, son entendidos como prácticas positivas que deben ser imitadas. Así, se desdibuja la relación entre la legalidad y la legitimidad. Lo narco permite evidenciar que la legitimidad no requiere de la legalidad y que la ilegalidad constituye una base sobre la que se construye la legitimidad.

Esta premisa se ha reafirmado en la pandemia del coronavirus. Los Estados y las instituciones internacionales -con especial referencia a la Organización Mundial de la Salud- ofrecen respuestas diplomáticas y previsibles sobre los impactos de esta situación “inesperada y sorpresiva para los sistemas políticos” (El entrecomillado obedece a las advertencias que científicos como ^{Quammen (2012)}, habían realizado sobre la zoonosis como un fenómeno de salud pública que debía ser atendido ante los estragos de los seres humanos en el medio ambiente).

La lentitud de los tiempos institucionales contrasta con el agitado ritmo de la globalización y la politización del consumo y el ascenso económico o sobrevivencia de las necesidades básicas, como ejes de interacción de la esfera pública. Esto ha impulsado a las sociedades subdesarrolladas a buscar un sustento que les permita flotar en dicho modelo; en unos casos cuestionando a los gobiernos por su inercia, y en otros casos, optando por las ofertas de economías ilegales y criminales, que en el caso del narcopopulismo, ofrecen una narrativa que predica la apatía del Estado y las élites para pensar en los menos favorecidos (el pueblo) con el sistema económico, y por defecto, los más afectados con los estragos del coronavirus.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Con el objetivo de indagar la relación entre las debilidades que han tenido los Estados para enfrentar la pandemia generada por la Covid-19, y el fortalecimiento de economías ilegales -en especial los carteles de la droga-, para captar y fortalecer su poder, haciendo uso de discursos en los que refuerzan dicha incapacidad estatal en momentos de crisis sanitaria, la presente investigación utilizó un enfoque cualitativo en dos fases: 1. Recolección y sistematización de contenido, de acuerdo a los lineamientos ofrecidos por ^{López-Aranguren (2016)}; 2. Análisis de los hallazgos con la propuesta de narrativas prototípicas de ^{Ruiz Collantes (2009)}.

NARRATIVAS PROTOTÍPICAS DEL NARCOPOPULISMO

Los resultados de la indagación propuesta en las dos fases de la estrategia metodológica, se estructuran en la siguiente tabla:

Tabla 1 Categorías de análisis 

Fuente: elaboración propia, a partir de las dos fases propuestas en la estrategia metodológica.

La tabla presentada permite sugerir tres líneas de discusión:

El narcotráfico en tiempos de pandemia ha sabido adaptarse a esta nueva realidad -Narcovid- (Labrín & Velásquez, 13 de junio de 2020; Radio Ambulante, 8 de mayo de 2020) y ha creado nuevas alternativas para no entrar en crisis (Fajardo, 23 de abril de 2020). Como cualquier otra actividad económica, ha tenido problemas en temas como adquisición de insumos (precursores químicos), transporte, comercialización y distribución, pero aun así ha mantenido su poder (Corzo, 15 de marzo de 2020; Manrique, 10 de julio de 2020; Agencia EFE, 12 de junio de 2020).

Por una parte, el narcotráfico ha recurrido a otras alternativas para la adquisición de dinero como extorsiones y secuestros, pero entre sus estrategias para mantenerse a flote el ámbito social ha jugado un papel importante. El poder e influencia dentro de la estructura social ha sido uno de los aspectos que los carteles han enfatizado en este periodo, además han entendido que para seguir manteniendo su poder en algún territorio necesitan cuidar de este en todo momento, por lo que han tomado el papel de grupo benefactor al brindar ayuda y abastecimiento de mercado y de artículos de aseo para las familias vulnerables.

El coronavirus no solo ha demostrado que los países no estaban preparados para dar una respuesta eficaz contra una pandemia de nivel mundial, entre otras cosas por la fragilidad de los sistemas de salud, sino que ha resaltado desigualdades sociales y problemas de gobernabilidad ya existentes (OCDE, 2020; ^{Rapeli & Saikkonen, 2020}). Estas dificultades han sido cubiertas por el narcotráfico, demostrando que tiene más poder en la administración de la sociedad, ganando así respaldo por parte de las comunidades. Pero estos grupos no proveen servicios de manera gratuita. En algún momento pueden pedir -a modo de tributo- la compensación de dichos servicios. Si alguien se opone, este tipo de asistencialismo se convierte en un despliegue de violencia con el tiempo. Este sistema represivo, contrario a generar repudio, es proyectado como un mecanismo necesario para garantizar la estabilidad del negocio y suplir las necesidades de la comunidad. Si en tiempos de normalidad el Estado volteaba la mirada a otro lado, en la pandemia esta situación se ha reafirmado e incluso recrudecido (Arias, 27 de abril de 2020).

Entre las economías ilegales que se desarrollan en el mundo, el tráfico de drogas es la actividad que tiene mayor poder económico internacionalmente. Para el año 2018 generó alrededor de 650.000 millones de dólares (Merino, 4 de noviembre de 2018), lo que lo convierte en el motor económico no solamente de los carteles, sino de otras organizaciones criminales (Salomón, 14 de abril de 2020) y posicionándolo como una de las industrias más rentables en la actualidad. Además, este poder económico genera que el narcotráfico no solamente cuente con influencia económica, sino con influencia dentro de las estructuras sociales y políticas (^{Pontón, 2013}; ^{Duncan, 2006}).

Su influencia dentro de la sociedad deriva en que reemplaza funciones que deberían ser solventadas por el Estado, por lo cual obtiene legitimidad por parte de las poblaciones que se encuentran en condiciones vulnerables, al ofrecerles desde apoyo económico a seguridad, lo que ha permitido que los carteles desarrollen así una red de complicidades a su alrededor. De esta manera es que se ha convertido el narcopopulista en un aliado (héroe), para los que cuentan con un estilo de vida precario y sin mayores oportunidades brindadas desde la burocracia oficial.

Con el análisis documental llevado a cabo se evidencia que las formas de influencia actuales por parte de las mafias han crecido con la pandemia. En otras palabras, el coronavirus no ha sido el único responsable de la crisis del mundo globalizado y de la comodidad de los sistemas ilegales para mimetizarse en el orden social, sino que ha puesto en evidencia una versión empeorada de la cruda normalidad antes de la pandemia (Pardo & Sánchez, 22 de junio de 2020).

En México, estos grupos ilegales han publicitado durante la pandemia su faceta social y caritativa. Los cárteles comenzaron a entregar subsidios a los pobladores que habitan territorios bajo su poder. Asimismo, reparten ayudas alimentarias, tal es el caso de la hija del Chapo Guzmán, quien ha entregado despensas con alimentos y artículos de aseo, ayudas que el Estado no ofreció, por lo que se afianza la empatía entre la clase popular y los narcos (Alcona, 19 de agosto de 2020; Grillo, 7 de julio de 2020; Semana, 10 de julio de 2020). Esto, no con el fin solamente de ayudar a quienes lo necesitan, sino en búsqueda de un beneficio propio, ganar a la base social con la finalidad de adquirir, mantener y legitimar poder (Becerril, 25 de abril de 2020; Infobae, 14 de abril de 2020).

Los cárteles también mostraron su rostro violento cuando tuvieron que adaptarse a la nueva situación planteada por la Covid-19 (Associated Press, 20 de abril de 2020; Morfini, 29 de abril de 2020; Pinzón, 10 de abril de 2020; Redacción Blu Radio, 11 de mayo de 2020), y solicitar a las comunidades beneficiadas y silenciadas con sus acciones, reciprocidad y alineamientos a las nuevas contingencias. Estos grupos buscaron nuevas formas de captar dinero llevando a cabo secuestros y extorsiones. Además, para mantener ese orden social que han implementado en los territorios, han sido muy estrictos en el control de asuntos como las cuarentenas, las que han hecho cumplir bajo toques de queda y amenazas de castigo (El Comercio, 25 de marzo de 2020; El Tiempo, 4 de mayo de 2020); Sieff& Fahim & George, 20 de abril de 2020).

El narcotráfico ha tenido la libertad de desarrollar todas estas actividades, ya que hay un abandono del Estado en estas zonas, donde las personas no perciben que el gobierno cubra sus necesidades y no hay una imagen de poder y control establecida en estos territorios. Pardo y Sánchez (22 de junio de 2020) han preguntado a ciudadanos de diferentes países latinoamericanos sobre qué es el Estado, y las respuestas más comunes han sido: el Estado solamente se ve en tiempos de campaña, corrupción, promesas incumplidas y represión.

Por otra parte, los registros periodísticos nombran otro dato importante y es la facilidad e impunidad que ha tenido el narcotráfico, especialmente en México y Colombia, de infiltrar a los gobiernos y funcionarios a través de mecanismos corruptos como el soborno o la manipulación de las leyes y la justicia (BBC News Mundo, 20 de abril de 2020). En el análisis documental se evidenció que este aspecto desafortunadamente es solo cubierto de manera marginal, debido a que los medios de comunicación tienden a ser complacientes con lo que los gobiernos y sectores económicos desean reflejar. Así, los medios tienden a incorporar un sesgo al momento de informar, ya que no se busca generar una crítica sobre las instituciones gubernamentales, sino fijar el relato de “únicos malos” de los narcotraficantes, frente a un sistema social “bueno y ajeno a estas prácticas”.

La corrupción es una variable importante para entender la deslegitimización del Estado y de sus instituciones, pues por medio de las dinámicas de este fenómeno se allana el camino que a la postre facilita la consolidación del narcotráfico, llegando incluso a naturalizar relaciones entre miembros del gobierno y capos de la droga (^{Thoumi, 1999}). En Colombia el sistema político ha estado permeado por dineros del narcotráfico, lo que permite que esta relación con el paso del tiempo sea más estrecha; y, en México, por ejemplo, a mitad del siglo XX el gobierno no buscaba eliminar el crimen organizado, sino controlarlo y contenerlo por medio de la corrupción; de tal manera el Estado también recibía beneficios por parte del tráfico de drogas (Thoumi, 1999; ^{Bataillon, 2015}).

Como lo indica ^{Cieza (2020)}. “se dice que los Estados deben combatir el narcotráfico, pero muchas veces el narco está dentro del Estado” (p.55), por lo que las economías ilegales “no son externas al Estado sino una parte permanente y oculta de un entramado de poder, donde participan altos funcionarios públicos y grandes empresarios” (p.66). En otras palabras:

El narcotraficante puede legislar, pedir obediencia, sancionar conductas no relacionadas con el ámbito mercantil. El narcotráfico entonces se vuelve una especie de para-estado, como si fuera el Estado, pero sin reemplazar al Estado. Reemplaza funciones del Estado, no al Estado. El narcotráfico necesita, obtiene y desarrolla legitimidad. (^{Emmerich, 2011}, p.5)

El rastreo documental brindó herramientas para entender el rol que adquiere el narcotráfico dentro de un Estado que se ve y actúa de manera frágil ante una pandemia. En tanto, a pesar de que se exponga esta situación de manera marginal por los medios de comunicación, es necesario entender que el propio gobierno brinda los espacios para que los carteles adquieran dicha influencia dentro de un país (Cembrano, 31 de marzo de 2020).

En el análisis proveniente de los documentos gubernamentales, Instituciones como Naciones Unidas (2020), la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (2020) o National Institute on Drug Abuse (2020), brindan una imagen muy diferente sobre el narcotráfico en época de Covid-19. Y es que el discurso que manejan y exponen, no es sobre influencia, poder o adaptación, sino que su contenido se basa en temas como el consumo y protección de consumidores en época de pandemia (El Mundo, 27 de junio de 2020; ONU, 25 de junio de 2020; Plazas, 26 de junio de 2020).

Estas instituciones al emitir un discurso moralizante y prohibicionista frente al tema del narcotráfico, no generan juicios a algún actor o situación; solamente evidencian dificultades o problemas que puede traer consigo el coronavirus para personas que consumen drogas, de tal forma que igualan ideas y razones, por lo que hay un contexto neutral en términos que no lleva a la mesa temas que generan discordia al momento de tratarlos o generar críticas, como puede ser el papel benefactor del narcotráfico.

Estas instituciones no toman en cuenta tanto las dinámicas del narcotráfico como grupo con cierto poder e influencia, sino que se establece solamente en el comercio y consumo de drogas. Solamente se visualiza el producto (los diferentes tipos de drogas) y los efectos que podría tener en el consumidor, como por ejemplo el aumento de riesgos para la salud de los consumidores de sustancias por el coronavirus. De tal manera que estos documentos gubernamentales no generan una indagación de las realidades sociales, y aunque son una herramienta para toma de decisiones en la política pública, no son susceptibles de un abordaje crítico.

CONCLUSIONES

El narcopopulismo ha logrado demostrar su capacidad de reinvención a conflictos internos, persecuciones estatales y ahora crisis globales desatadas por una pandemia (Estepa, 25 de junio de 2020). Se ofrece, en términos de ^{Casullo (2019)}, como una respuesta populista convincente y funcional a la crisis de la democracia. Para desactivar el discurso del narcopopulismo, se necesita mucho más que narrativas moralizadoras y apologizantes. Se trata de historizar este proceso, evitando confundir la comprensión de sus discursos con la justificación de estos. Cada palabra, cada estrategia discursiva, cada medio de difusión debe estar anclado en la aceptación que ha tenido en la sociedad.

El narcopopulismo sigue representando un discurso que está enraizado en Latinoamérica. Su estrategia personalista y la incapacidad del sistema político para responder a esta contingencia han llevado a una época de violencia, terrorismo y posterior naturalización de la ilegalidad como vía para alcanzar el reconocimiento social.

Este tema debe analizarse con la aceptación de responsabilidades compartidas, con una academia comprometida en el fenómeno -narcopopulismo, narcocultura-, con líneas de investigación declaradas, y no solo impulsadas por voluntades individuales. Esto permitiría que las historias documentadas tuvieran la presión de construir narrativas conscientes de la memoria colectiva como elemento para identificar en que sectores de la sociedad se deberían impulsar acciones decididas de intervención social, y no solo discursos orientados al repudio ético y la prohibición.

El narcopopulismo ha logrado enraizarse en tiempos de pandemia porque se desmarca otros proyectos populistas por tres razones: 1. Logró alcanzar el poder político y mantenerse vigente en las economías de distintos sectores de la sociedad civil; 2. Ha recibido condenas judiciales, pero ninguna con efecto mediático o amenaza a las estructuras que lo sustentan, 3. Ha logrado crear redes de comunicación y sistema de lealtades en las que se ofertan soluciones vía consenso-coerción.

El narcopopulismo sigue cómodo en la política legal e impulsado por el exitoso modelo de sobrevivencia que ha demostrado en la pandemia de la Covid-19 (Saviano, 4 de mayo de 2020). Los Estados optan por callar, quejarse y señalar responsables de la crisis económica ante la debilidad de los mercados para afrontar crisis no previstas. Lo más preocupante, es que la globalización no dejará de estar en crisis -así se encuentren vacuna contra la Covid-19-. Se avecinan nuevos conflictos, renovadas movilizaciones sociales y más críticas del modelo neoliberal y neoconservador que se apodera de buena parte de las estructuras estatales. Y frente a estos conflictos, las economías ilegales -que tienen como líderes a los empresarios/políticos del tráfico de drogas ilícitas- parecen tener la fortaleza suficiente de enfrentar los desafíos y salir avante, sin que esto les signifique una guerra costosa con el Estado, el rechazo de la sociedad o esta presionados por sectores que condenen sus métodos. Basta con utilizar las reivindicaciones retóricas que invoquen e incluyan un pueblo que necesita sobrevivir a las buenas o a las malas frente a un modelo legal-excluyente que insiste en quedar anquilosado en el formalismo jurídico y la inercia social.

El concepto del narcopopulismo sirve para contextualizar fenómenos de ilegalidad legítima que son desconocidos por las tradiciones teóricas del populismo, y que merecen ser retomadas ante el asentamiento del narcotráfico como modelo económico instaurado en Latinoamérica, y en tiempos de pandemia, como lo ha sugerido el rastreo periodístico y documental, con tendencia a consolidarse y reforzar sistemas riesgosos, pero legítimos de orden y control.

Este desprecio por la sociedad que no respondía al discurso liberal de la democracia formal abrió caminos para que las comunidades olvidadas encontrarán refugio en asistencialismos sociales que no cambiaban sus condiciones de pobreza, pero mitigaban su tendencia a empeorar. Con esta condición el narcopopulismo se inscribe como una corriente ilegal al tener el tráfico de drogas ilícitas como un financiador de sus acciones, y por asumir un ejercicio paralelo de represión violenta a los infractores del contrato ya establecido con las comunidades Méndez, 6 de mayo de 2020).

En proyección quedan por explorar matices de esta propuesta. Dos caminos para sugerir en un abanico de posibilidades que se abren para los investigadores interesados en esta temática: 1. En qué medida el discurso narcopopulista es un relato impulsado por los líderes del narcotráfico, o es una narrativa imaginada por el ecosistema mediático: ¿Es el pueblo y su división frente a élites-oligarquía, un dispositivo retórico que hace parte de la estrategia “narco” o hace parte del repertorio de “culturas polémicas” en las que se han especializado los medios en la época reciente; 2. Las pandemias y demás crisis que tienen un alcance global obligan a mirar el declive del Estado y su necesaria transformación en otras formas de organización social, o estamos abocados a fortalecer los sistemas democráticos, en aras de evitar que populismos de origen legal o ilegal definan de manera emotiva, pero reduccionista a la coexistencia en medio de la diferencia.

Para finalizar, se tendría que trabajar en un modelo político y económico diferente, para neutralizar la instrumentalización del narcopulismo, que, a pesar de su origen ilegal, no deja de revelar inquietantes cuestionamientos sobre el fracaso del Estado legalista y los mitos fundacionales de la nación.