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INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, los conceptos de banda, pandilla o mara1 han recibido un notable interés mediático e institucional. La presencia de agrupaciones juveniles de calle, conformadas habitualmente por personas jóvenes racializadas o en posición de subalternidad, ha aumentado notablemente en numerosas ciudades iberoamericanas; así, han recibido cíclicamente la atención de los medios y de los dispositivos de gestión urbana (policial y social), y a menudo son objeto de campañas de estigmatización, así como diana de las políticas de contención y punitivismo. El incremento de la marginalidad urbana crece en paralelo a los procesos de despojo y acumulación a escala global, a la periferización de ciertas regiones y espacios urbanos en favor de la centralidad de otros núcleos privilegiados, y a la precarización de las condiciones laborales y vitales de las comunidades en situaciones más vulnerables (Harvey, 2004; Wacquant, 2008, 2009, 2016). Así, en la era del urbanismo neoliberal, un entramado complejo público-privado privilegia la acumulación de riqueza y condiciones de vida digna en ciertos territorios, al tiempo que desatiende estratégicamente las necesidades de otras regiones (Brenner & Theodore, 2002; Brenner et al., 2010).
En este contexto, la aparición de ciertos “fantasmas” -imaginarios construidos social y mediáticamente alrededor de determinados perfiles poblacionales- o “enemigos públicos”, siguiendo a Queirolo-Palmas (2017), favorece estos circuitos de acumulación y precarización a escalas local y global. No obstante, la construcción de dichas representaciones sociales bebe de procesos históricos de largo alcance, así como de imaginarios culturales particulares en cada territorio, y de un entramado institucional (legal, judicial, policial y administrativo) que opera formal e informalmente por medio de distintos mecanismos en cada contexto. El peso de los legados “juvenofóbicos” que suelen darse en numerosas regiones ha recaído en las últimas décadas sobre la juventud racializada o subalterna2, y se ha convertido en un objeto habitual en la construcción de esta alarma social y mediática. El discurso de la “violencia urbana” tiende a ser solapado por narrativas securitarias: la violencia urbana suele asociarse con los territorios marginalizados, en los que habitualmente la juventud busca maneras de proveerse arraigo, subsistencia laboral y vital; en ese proceso experimentan los efectos de las políticas de contención urbana y/o integración, dependiendo de los distintos climas institucionales vigentes en cada lugar y en cada momento.
Las llamadas “bandas” o “pandillas” aparecen como objeto protagonista de políticas públicas inclusivas o segregadoras en distintas ciudades del contexto iberoamericano: experiencias de mediación e integración social versus construcción de alarma mediática y punitivismo policial y penal se alternan, conviven y compiten en distintas regiones. Los procesos de visibilización y legalización que tienen como fundamento políticas inclusivas (“bandas dentro”) contrastan con los procesos de persecución e ilegalización basados en políticas de exclusión y criminalización (“bandas fuera”), aunque ambas estrategias suelen aparecer de manera híbrida en cada contexto y ciclo histórico, con impactos desiguales en cada territorio.
El caso español de las últimas décadas es paradigmático de cómo las distintas culturas institucionales y tradiciones históricas nacionales y locales pueden favorecer la aparición de políticas inclusivas o criminalizadoras de la juventud racializada/subalterna, así como su capacidad de réplica y movilidad internacional por medio de actores clave, capaz de producir una geografía específica de la criminalización/mediación con las bandas a escala global.
En 2006, la Consejería de Justicia del gobierno catalán inscribió en el registro de asociaciones a la Organización Cultural de Reyes y Reinas Latinos de Cataluña, constituida por miembros de los Latin Kings & Queens; al año siguiente hizo lo mismo con la Asociación Sociocultural, Deportiva y Musical Ñetas. Durante la segunda mitad de la década, las dos entidades tuvieron notable actividad, por separado o en proyectos colaborativos, como el proyecto musical “Unidos por el Flow”; sin embargo, diversos acontecimientos cambiaron el rumbo de tal experimento.
La crisis de 2009, la reforma punitiva del Código Penal (con la introducción de los delitos de grupo criminal y organización criminal, y la modificación en lo relativo a asociación ilícita), y el cambio en las políticas policiales del departamento del interior del gobierno catalán supusieron una marcha atrás en los intentos de generación de una política inclusiva y no criminalizadora de las bandas en el contexto barcelonés. El impulso inicial del proceso se intentó replicar, con mayor o menor éxito, en otras comunidades autónomas del Estado español, con presencia de jóvenes de origen latinoamericano, como la Comunidad Valenciana, Baleares y Navarra. Por otra parte, en el mismo periodo, especialmente en la Comunidad de Madrid, tuvieron lugar varias redadas y juicios por “asociación ilícita” contra otras facciones de los Latin Kings y de los Ñetas, y más tarde, por “grupo criminal” y “organización criminal”3, contra otras agrupaciones juveniles de calle, como Black Panthers, Trinitarios, DDP, Bloods, Crips, Vatos Locos, Mara Salvatrucha, etc. (Feixa et al., 2006; Feixa & Andrade, 2020; Feixa, 2022; Queirolo-Palmas, 2017).
El referenciado proceso de constitución de asociaciones también tuvo efectos internacionales, con intentos frustrados en Italia y Estados Unidos, y otros casos exitosos en el país de origen de la mayoría de los pandilleros, Ecuador. De hecho, en este último, al cabo de un año de los acontecimientos que cambiaron el estatus de las bandas en Barcelona, en 2007, el nuevo gobierno de Rafael Correa reconocía a la Corporación de Reyes y Reinas Latinos de Ecuador, y en años más recientes, a otros grupos vinculados con los Latin Kings, con lo cual inició un ciclo de pacificación, cuyos efectos positivos han sido recogidos por varios estudios y por un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (Brotherton & Gude, 2018; Moreno, 2014). Incluso en El Salvador, el país donde las pandillas se convirtieron en un problema de orden público de primer nivel, dando lugar a la invención del concepto de “mano dura” y “súper mano dura” para enfrentarlas, tuvo lugar un poco más tarde una “tregua” con las maras (2010-2011), apuesta exitosa a corto plazo por el descenso de homicidios, que acabó fracasando a causa de bloqueos políticos, lo que llevó a un recrudecimiento de la violencia (Fuentes, 2019; Martínez, 2021).
Todas estas experiencias han servido para generar debate público sobre el fenómeno de las pandillas y su relación con el gobierno de los territorios. Sin embargo, es necesario un análisis sistemático desde una dimensión histórica y comparativa para seguir construyendo modelos que superen el enfoque punitivista de la juventud subalterna organizada y la gestión pública de las agrupaciones juveniles de calle (Freeman & Felbab-Brown, 2021; Fernández-Planells et al., 2020).
Así pues, el presente trabajo se propone actualizar la situación de este fenómeno en el contexto iberoamericano, por medio de la exploración de los posibles efectos de la constitución de asociaciones e intentos de tregua con las agrupaciones juveniles de calle, al apuntar aspectos positivos y deficientes de tales procesos en las experiencias de España, El Salvador y Ecuador. La selección de estos tres casos de estudio no es casual: aunque los tres ejemplos se nutren y componen de experiencias híbridas de (i)legalización y (des)securitización del fenómeno de las bandas, cada caso es paradigmático de una óptica concreta en la implementación de políticas inclusivas/segregadoras/criminalizadoras respecto a la juventud subalterna organizada.
Por una parte, la situación salvadoreña nos permite reflexionar sobre el impacto de políticas hiperpunitivistas con las maras, de criminalización salvaje de la juventud subalterna y de los condicionantes que permiten procesos de negociación opacos. El caso ecuatoriano, concretamente la experiencia de inclusión/pacificación de la gestión del periodo correísta, nos permite analizar los posibles efectos de la aplicación de una “mano blanda” con tales agrupaciones, de los potenciales y las limitaciones de los “ciclos progresistas”, y de los procesos de negociación y mediación transparentes entre pandillas y actores institucionales. Por último, el caso español (con especial hincapié en la experiencia de Barcelona y Madrid) aparece como un contrapunto historiográfico desde el cual entender las múltiples movilidades geográficas, sociales y de construcción de modelos de políticas públicas tendientes hacia ambas vertientes del binomio criminalización versus regularización. Para ello, con base en las experiencias de las últimas dos décadas del contexto español, ecuatoriano y salvadoreño, realizamos una comparativa historiográfica de la evolución y la transferencia (geográfica y discursiva) de las políticas punitivistas y/o pacificadoras en relación con las bandas en estos tres casos de estudio.
El objeto del presente trabajo consiste, entonces, en realizar una revisión sistemática de estos procesos, con una mirada retrospectiva y comparada, aspirando a generar nuevas preguntas sobre el alcance e impacto de estas experiencias, sobre la situación de la juventud subalterna y sus comunidades en el contexto iberoamericano4.
El texto se compone de cuatro partes. La primera, conformada por la presente introducción, expone los antecedentes, objetivos, estructura e interés del estudio. En el segundo apartado, realizamos una síntesis de la situación en cada uno de los tres países (España, El Salvador y Ecuador) en las últimas dos décadas. Esbozamos un análisis, caso por caso, planteando los principales hitos en los procesos de criminalización/mediación/regularización con las bandas en diálogo frente a su contexto histórico, político y económico; de esta forma, abordamos la relación entre la gestión pública de las bandas con los hitos históricos fundamentales que sostenían la experiencia de cada lugar, con el clima económico e institucional que permitía (o no) dichos procesos, con los procedimientos judiciales y las regulaciones administrativas que emergieron, así como con las principales narrativas mediáticas que los acompañaban. En la tercera parte realizamos un esfuerzo comparativo entre los tres casos de estudio, al plantear la discusión en torno a cómo el discurso de la (in)seguridad, las políticas criminalizadoras o las experiencias de mediación han sido movilizadas en cada etapa. Particularmente, analizamos la fluctuación de narrativas, políticas y actores clave con las bandas en cada territorio en las últimas dos décadas (2000-2020), y adelantamos algunas hipótesis sobre los potenciales impactos de dichos procesos en la juventud de dichas regiones. Por último, en la cuarta sección, abordamos las preguntas que nos parecen fundamentales para futuras líneas de investigación y proponemos algunas recomendaciones de cara a producir investigación situada y aplicada para generar procesos de incidencia en la gestión pública de las organizaciones juveniles de calle.
BANDAS, AGRUPACIONES DE CALLE Y JUVENTUDES EN ESPAÑA, EL SALVADOR Y ECUADOR (2000-2020)5
España como ejemplo híbrido de (i)legalización: Barcelona y Madrid
En el contexto español, el fenómeno de las bandas y de las agrupaciones juveniles de calle está marcado por las olas migratorias de principios del siglo XXI y, de forma paralela, por las épocas de crisis/bonanza económica que se dan a escala global. En ese sentido, podemos distinguir dos grandes etapas. Durante la década 2000-2009, que coincide con una época de cierta estabilidad económica y con la consolidación del Estado de bienestar, se produce una importante llegada de población migrante transnacional procedente de América Latina, Asia, norte de África y Europa del Este. Con una especial intensidad, entre 2000 y 2005 se efectuaron procesos de reagrupación familiar, principalmente del colectivo latinoamericano. Ello produjo un rejuvenecimiento de los perfiles de los migrantes y la aparición de las primeras agrupaciones juveniles de calle en el contexto español (Feixa et al., 2006; Feixa, 2008; García Ballesteros et al., 2009; Pedone, 2008).
La segunda etapa se desplegó en la siguiente década, entre 2009 y 2020, y está marcada por la crisis económica global iniciada en 2008-2009. Entre las consecuencias de dicha crisis, aparte del aumento del desempleo, la precarización del empleo, la aplicación de políticas de austeridad y, entre otras, la implantación de una nueva ley de extranjería española, puede distinguirse una disminución de la llegada de migrantes a España y, en algunos casos, un retorno de población a sus países de origen, favorecido por ciertas políticas y pactos bilaterales, por ejemplo, en el caso de Ecuador (Bosh Meda & López Oller, 2015; Domingo & Blanes, 2015; Pedone, 2013), con la excepción de República Dominicana y, en general, de Centroamérica, que siguen siendo focos emisores de población joven inmigrante.
Desde otra perspectiva, y centrándonos en las dos ciudades analizadas, observamos que se han desarrollado procesos y recorridos políticos muy diversos en cada caso. En Barcelona podemos destacar tres periodos distintos, caracterizados por cambios en el gobierno autonómico y municipal. Entre 2000 y 2009, la aparición mediática -habitualmente criminalizadora- del fenómeno de las bandas ocurrió en un escenario liderado por gobiernos progresistas y de izquierdas que impulsaron el desarrollo de una serie de políticas públicas inclusivas. Esta década alumbró un proceso de reconocimiento institucional y regularización de estos grupos en el registro de asociaciones de Cataluña, que estuvo acompañado por prácticas de mediación policial e institucional (Feixa et al., 2011; Lahosa, 2008; Queirolo-Palmas, 2014).
Este proceso se vio truncado cuando, entre 2009 y 2010, junto con las consecuencias de la crisis económica, se produjo un cambio de gobierno -tanto a escala municipal como autonómica-, tras la victoria del partido de centro-derecha CiU. Así, en 2011 se empezaron a sustituir las políticas inclusivas y de mediación por políticas de “mano dura” y persecución policial, judicial y mediática. Como resultado, entre 2014 y 2015 se produjeron varias macrorredadas que dieron lugar a juicios colectivos, con acusaciones de organización criminal, y a un incremento de la estigmatización mediática de estos grupos. Aunque desde 2015 el gobierno municipal es liderado por una coalición progresista -“Gobierno de los Comunes”, con Barcelona en Comú y la alcaldesa Ada Colau como lideresa del cambio a escala municipal-, desde el activismo social y académico se señala que, en los últimos años, no se han revertido del todo las políticas de “mano dura” ni tampoco se ha apostado por recuperar las políticas inclusivas de años previos (El País, 2019).
En los ámbitos político y mediático, la centralidad de las “bandas latinas”, en cuanto objeto social productor de alarma social y mediática, ha ido disminuyendo y, de alguna forma, ha sido sustituida por la aparición de los “jóvenes migrados solos” (también llamados MENA [menor extranjero no acompañado]). Aun con ello, la repercusión del proyecto europeo TRANSGANG ha permitido recuperar mediáticamente algunos aspectos positivos de la década anterior (Feixa et al., 2019; Fernández-Planells et al., 2020).
En Madrid, en cambio, las líneas generales de actuación institucional y mediática respecto al fenómeno de las “bandas latinas” han seguido una línea más homogénea, por medio de la aplicación sistemática y sostenida de políticas punitivistas y de criminalización. A excepción de un breve periodo de gobierno municipal progresista (2015-2019), con el partido de nueva constitución Ahora Madrid (y su alcaldesa, Manuela Carmena), que gobernó en coalición con el partido de tradición social-demócrata, PSOE, Madrid aplicó recetas neoliberales “a la madrileña”, que se materializaron en políticas de persistente mano dura y criminalización de la juventud migrante desde hace más de tres décadas.
En este sentido, los diferentes climas institucionales y legados históricos de estas dos ciudades son paradigmáticos de las alternativas de gestión pública respecto a las agrupaciones juveniles de calle y, por tanto, permiten revisar el impacto y las consecuencias de la aplicación de políticas de mano dura o blanda en el reconocimiento, bienestar y legitimidad social de la juventud subalterna organizada6. A continuación, realizamos un repaso de los principales hitos en cada una de estas ciudades en las últimas dos décadas, el acompañamiento institucional, policial y mediático de dichas experiencias, así como de las consecuencias que pueden atisbarse.
Barcelona: experiencias de mediación, de políticas inclusivas y de “mano blanda” exportadas internacionalmente
De manera general, podemos decir que Barcelona se presenta como un lugar de experimentación en la generación de políticas inclusivas con las bandas, de forma especialmente intensa durante el periodo de gobierno municipal progresista, con experiencias de mediación (2006-2008) entre distintos sectores de la sociedad civil, las instituciones, la academia y las dos principales agrupaciones juveniles de calle presentes en aquel momento (Latin Kings y Ñetas). Experiencias que han sido convertidas en un “modelo” y que hasta hoy en día se han intentado exportar a otros contextos.
La primera aparición pública del fenómeno “bandas latinas” se dio en 2003, por medio de los medios de comunicación, a raíz del asesinato en Barcelona del joven de origen colombiano Ronny Tapias. Así, aunque primero emergió como un objeto generador de alarma social y mediática, se fue configurando una aproximación institucional, relativamente original, en cuanto experiencia piloto de mediación con las “bandas” que buscó reconocerlos como actores sociales y visibilizarlos. En 2006 se produjo el gran hito en términos de regularización: tras seis meses de mediación y negociación, el sector mayoritario de los Latin Kings & Queens de Cataluña fue reconocido como asociación por parte del gobierno autonómico de la Generalitat de Catalunya (Organización Cultural Reyes y Reinas Latinos de Cataluña) (Feixa & Andrade, 2020). Poco más tarde, en 2007, una sección del grupo Ñetas se constituyó también como asociación (Asociación Sociocultural, Musical y Deportiva Ñetas). En ambos casos, una sección del grupo no quiso constituirse formalmente como asociación ni vincularse en los procesos de mediación con las instituciones, aspecto que aparentemente generaba cierto conflicto interno entre las propias organizaciones.
A partir de 2010, el cambio político provocó un giro en las formas de intervención. Así, fruto de la persecución policial, en 2014 se produjo una macrorredada al sector “no regularizado” que se opuso a la legalización de los Latin Kings de Cataluña. Al año siguiente se produjo una nueva redada contra el sector que formaba parte de la asociación. Ambas redadas terminarían en juicios colectivos contra miembros del grupo. Especialmente por medio del juicio al sector reconocido como asociación de los Latin Kings, se intuye el fin del modelo de inclusión y un intento de sentar un precedente y consolidar la mano dura en el contexto barcelonés. Aunque esta iniciativa no fue del todo fructífera, ya que en 2020 la sentencia fue finalmente absolutoria, en el juicio se pudo observar un uso ambiguo de las prácticas policiales y una cobertura mediática nuevamente afín a la criminalización de las “bandas”, sobre todo a partir de la representación que se hizo de las redadas7.
Aunque actualmente estos grupos se encuentran en buena parte inactivos, existen intentos por reactivarlos desde generaciones más jóvenes, recuperando esa lógica de asociaciones institucionalmente reconocidas. Del mismo modo, la aparición del proyecto de investigación TRANSGANG en 2018 ha significado la recuperación de ciertas experiencias de mediación de y con las agrupaciones juveniles, lo que también ha tenido una traslación en la (re)visibilización del fenómeno a escala mediática. Aun con ello, dicha traslación ha sido relativamente menor o parcial, como demuestra el nulo interés mediático por la absolución, en 2020, del juicio colectivo por asociación criminal. Parece existir un viraje del paradigma mediático (no tanto institucional) de las “bandas” hacia los “MENA” (junto con la persecución de los centros de menores, las expulsiones y deportaciones, el creciente estigma hacia estos jóvenes, etc.) como narrativa mediática securitaria y criminalizadora de la juventud racializada.
Así pues, entre 2019-2021 se cerró un ciclo en Barcelona: con una baja conflictividad y presencia en la calle, grupos como los Latin Kings y los Ñetas se encuentran en otra fase. Una fase de apuesta por el asociacionismo, por la generación de proyectos culturales, musicales y productivos, y por la ocupación de otros espacios urbanos alejados de la calle.
Madrid: mano dura, punitivismo y criminalización persistente de las “bandas”
Dada la persistente política de “mano dura” (con un pequeño, aunque problemático receso entre el 2015-2019 de gobierno progresista municipal), Madrid se presenta como un caso de criminalización continuada de las “bandas”, y con intentos de mediación/negociación frustrados por el persistente clima político e institucional hostil a estos procesos de inclusión.
Como en Barcelona, fue en 2004 cuando se produjo el descubrimiento mediático del fenómeno con la alarma social activada por el asesinato de King Maestro, en Madrid. Ello desembocó en una hipervisibilización mediática que buscaba forjar un discurso alarmista y estigmatizante: reportajes sensacionalistas, entrevistas a “arrepentidos”, entre otros. Aunque esa es la aparición pública, los grupos juveniles transnacionales estaban presentes desde el 2000. En Madrid, el primer grupo en constituirse fue el de los Latin Kings, en la sierra noroeste del territorio, específicamente en Galapagar. De allí fueron creciendo y apareciendo en otros pueblos pequeños de la sierra, aunque siguieron sin ser visibles y tampoco mantuvieron ningún conflicto con las autoridades. El crecimiento del grupo se produjo de dos formas. Por un lado, con la llegada de reyes y reinas migrados de Ecuador que activaron y nutrieron el grupo, y que también le dieron una profundidad a las formas de identificación entre miembros, con simbología, rituales y vestimentas (collares, colores amarillo y negro, etc.). Por el otro lado, por medio de los contactos, del boca a boca y del interés que producía el fenómeno entre los jóvenes.
En esta fase inicial también aparecieron otros grupos provenientes de Ecuador, como los Ñetas, y con ello empezaron a emerger las problemáticas y las rivalidades en las calles. En 2006, mientras en Barcelona se estaban llevando a cabo las políticas de mediación y legalización, en Madrid se produjo la primera detención colectiva a miembros de los Latin Kings. Ello desencadenó en 2007 el primer juicio a una de las facciones madrileñas de la agrupación (STAE), en el cual fueron acusados de asociación ilícita, amenazas y coacciones. Todo el proceso judicial mostró distintas contradicciones. Una de las principales es que, hasta que la audiencia declarara al grupo como ilegal, el grupo no podía ser ilegal, sino en todo caso alegal. Se los acusaba y condenaba por asociación ilícita, aunque no por algún hecho concreto ilícito y delictivo, sino por la simple pertenencia al grupo. La condena finalmente quedaría revocada por el Tribunal Supremo, a la espera de que se repitiera el juicio8.
En 2010 dos nuevos juicios, uno de ellos por asesinato, y sus respectivas sentencias ordenaron la disolución de todo el grupo de Latin Kings & Queens de Madrid. Al contrario de lo que ocurrió en este caso, juicios anteriores a otros grupos habían ido en una línea relativamente opuesta. Por ejemplo, en 2006 hubo un juicio contra miembros de los Dominican Don’t Play (DDP) por asesinar a un miembro de los Ñetas: el tribunal los absolvió de la acusación de asociación ilícita, y condenó a los responsables por el asesinato. Algo similar sucedió en 2009 cuando a un grupo de Ñetas, acusados también de asesinato, se le absolvió del delito de asociación ilícita. Así, esta nueva dinámica de criminalización, “eliminación” y disolución del grupo entero, más allá de reforzar el camino punitivista, policial y de mano dura, también frustró aquellos procesos de mediación en Madrid que, aunque incipientes, se estaban dando con estos grupos desde las instituciones. Un ejemplo de ello es la destitución del entonces Defensor del Menor madrileño, Pedro Núñez Morgade, a los pocos días de conocerse su encuentro con protagonistas clave de los Latin Kings y con otros agentes, como actores venidos de la academia (algunos de Cataluña) para intentar reproducir el camino seguido en Barcelona.
Durante el breve mandato de la alcaldesa progresista Manuela Carmena (2015-2019) se dieron algunos tímidos intentos de recuperar políticas inclusivas, con la participación de los investigadores de TRANSGANG9, incluyendo cursos de mediación y entrevistas en medios, que coinciden con un “repunte” de la conflictividad entre las dos agrupaciones que pasan a ser dominantes desde el punto de vista mediático, en esta ocasión, de origen dominicano en lugar de ecuatoriano (DDP y Trinitarios). También, paradójicamente, durante este periodo se produjo un uso interesado del concepto de “banda” por parte de algunos actores institucionales del mismo partido (Ahora Madrid) y otros sectores de la izquierda organizada, que lo asociaban indiscriminadamente con criminalidad, inseguridad y narcotráfico, y con ciertos barrios de la periferia madrileña (Aramayona & Nofre, 2021).
Esta política híbrida a escala local respecto al fenómeno de las “pandillas” da cuenta de la versatilidad del propio concepto, así como de las paradojas y políticas híbridas que se pueden dar en un mismo territorio, con efectos divergentes y, en ocasiones, contrapuestos. No obstante, poco más tarde, tras la recuperación del gobierno municipal por una coalición de corte conservador, el clima mediático punitivista, la firme oposición de la mayor parte de cuerpos y fuerzas de seguridad, la labor de una iglesia evangélica que se propuso “salvar” a expandilleros alejándolos de los grupos, y la instrumentalización de la alarma social generada por las “bandas latinas” y los “MENA” por el partido de extrema derecha Vox, en Madrid consolidaron de nuevo una política homogénea y de “mano dura” persistente contra las bandas y la juventud subalterna y racializada.
El Salvador: hipermano dura, punitivismo y treguas
El Salvador representa un caso claro de aplicación de mano dura y de punitivismo frente a las juventudes pobres y, concretamente, frente a las “maras” o pandillas, en un contexto de alta violencia estructural y simbólica de la vida cotidiana. De manera general, parece bastante evidente que la acción de los distintos gobiernos (tanto conservadores como progresistas), primero en la “invención” de las pandillas como enemigo público, para posteriormente aplicar un punitivismo extremo, ha tenido como resultado precisamente el fortalecimiento y crecimiento de estas agrupaciones. Así, han pasado a ser actores políticos sin igual, con una altísima capacidad de control sobre los territorios, que a menudo se han visto involucrados en procesos de interés electoral/electoralista en función del ciclo político (Martínez-Reyes & Navarro-Pérez, 2020).
El Salvador constituye entonces un ejemplo paradigmático de construcción de jurisprudencia y normativas específicas para el castigo y la criminalización de las pandillas (Perea, 2015). Mediante la adaptación y la aplicación de los marcos de seguridad pública y/o ciudadana, junto con el impacto que tuvieron los cambios jurídicos en la opinión pública, se empezó a hipervisibilizar a estas agrupaciones como enemigos públicos que debían ser combatidos por el orden público salvadoreño (Martínez-Reyes, 2021; Martínez-Reyes & Navarro, 2021). En lo referente a la jurisprudencia, como explica Fuentes (2019) centrándose en el caso de la pandilla MS-13 (Mara Salvatrucha), el país lleva dos décadas legislando para criminalizar a las pandillas. Tal ha sido la evolución que, hoy por hoy, ser parte de una pandilla puede ser equiparado a la pertenencia a una agrupación ilícita de crimen organizado (siguiendo la ley), o a la pertenencia a una organización terrorista (siguiendo la ley y la jurisprudencia) (Fuentes, 2019; Reyna, 2017).
Así, a partir de 1990, las pandillas aparecieron como un objeto social y mediático que, sumado a los cambios legislativos y al interés político en la producción de ese propio sujeto, generaron un ambiente alarmista y estigmatizador. Esto llevó a un cambio constante del Código Penal, con el afán de perseguir de forma más dura a estos grupos y a relacionarlos con asociaciones ilícitas y criminales. No obstante, en este periodo también se dieron experiencias de mediación y negociación con otros agentes sociales o institucionales (se promovió el trabajo de entidades sociales, ONG, entre otros) y emergió un cierto interés académico por conocer dichos grupos. Sin embargo, como veremos, la tónica general de la aproximación gubernamental hacia el tema de las pandillas se ha movido en una doble tensión entre (1) reprimir/castigar/punir a las pandillas, construidas como enemigo público; (2) procesos de tregua, por medio de diálogos y negociaciones oscuras entre instancias gubernamentales del Estado y pandillas. A partir de la década del 2000, siguiendo a Martínez-Reyes y Navarro (2020), se pueden definir cuatro periodos: mano dura (2003-2004), súper mano dura (2004-2009), tregua entre pandillas (2012-2014) y enfrentamiento directo (2014-2019).
En el 2003, ante el miedo a perder las elecciones, el partido del gobierno ARENA (Alianza Republicana Nacionalista), en cabeza de su presidente Francisco Flores, creó el “Plan Mano Dura”, una intensa campaña para construir a las pandillas como “enemigo público”, que dio inicio a una política punitiva continuada contra las pandillas y a la militarización de la seguridad pública del país (por ejemplo, con la detención de más de 10.500 pandilleros) (Martínez-Reyes & Navarro, 2021). En el 2004, y como consecuencia de esta estrategia, ARENA volvió a ganar las elecciones. Este hecho constata un punto de inflexión: la utilización política y electoralista del fenómeno, que les seguiría sirviendo en adelante. Así, justo antes de volver a ganar las elecciones, el partido impulsó otra política llamada “Plan Súper Mano Dura” que siguió una lógica similar. Estas estrategias tuvieron varias consecuencias: por un lado, un colapso del sistema penitenciario (Martínez-Reyes, 2021); por el otro, un incremento de la sensación de inseguridad a escala social, vinculado principalmente con las pandillas10. Todo ello acompañado también de una nueva legislación -Ley Anti Maras- y de operaciones policiales -Puño de Hierro- que equipararon a los pandilleros con el terrorismo.
En los años que siguieron a estos planes, las cárceles se convirtieron en espacios de conflicto y violencia entre grupos. Para contener y evitar masacres, el gobierno decidió separar a las pandillas en centros penitenciarios diferenciados. Como consecuencia directa, las pandillas pasaron a tener el control de las prisiones frente al Estado y eso incrementó la jerarquización de estos grupos (controlados, ahora, desde las cárceles). Los dos planes llevados a cabo significan el inicio de estrategias de invisibilización de los pandilleros, a partir de una simbología menos visible o evidente, para evitar la represión y, al mismo tiempo, un incremento de la fuerza de los grupos con un mayor control territorial y comunitario. De alguna forma, el Estado no solamente perdió el control de las cárceles, sino que el crecimiento y el recrudecimiento del actuar de las pandillas bajo estos planes de criminalización (con una correlación clara entre el aumento de homicidios y la aplicación de los planes) hicieron que perdiera el control de la seguridad pública en gran parte del territorio (Martínez-Reyes & Navarro, 2021).
El cambio de gobierno de 2009, con el ascenso al poder del Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN), bajo la presidencia de Mauricio Funes (crítico con la política represiva anterior), no modificó sustancialmente el formato político de represión y militarización del espacio público. Por ejemplo, en este gobierno se duplicaron los efectivos militares en la calle, y en el 2011 se nombró a dos militares, uno como ministro de Seguridad y el segundo como director de la Policía. Ese mismo año se inició el primer proceso de negociación de una tregua entre el gobierno y líderes de las pandillas. Se trató de un proceso opaco, sin debate público, que finalmente fue desvelado por un medio de comunicación, El Faro. Aun sin conocerse claramente las condiciones que pusieron las pandillas para la tregua, varios pandilleros fueron trasladados a cárceles de menor seguridad, bajo la excusa de querer disminuir los homicidios en las prisiones. En estos años de la primera tregua los homicidios se redujeron de forma considerable (de 14 muertos diarios se pasó a 5) (Valencia, 2012), aunque no se puede saber si ello fue fruto de los pactos alcanzados (Moreno, 2014).
Este mismo proceso también llevó a que las propias pandillas, consideradas ahora como un actor político influyente en las decisiones de carácter público y en la vida social del país, incrementaran su fuerza organizativa a la par que se debilitaba la legitimidad democrática del país, por ejemplo, a raíz de la aparición pública de un video en el que se veía a representantes gubernamentales negociando con pandilleros (Insight Crime, 2016). Las pandillas ganaban así popularidad en barrios y territorios.
En 2014, el FMLN seguía en el gobierno, aunque con un nuevo presidente, Sánchez Ceren. Tras plantear una nueva política de seguridad menos criminalizadora (Política de Seguridad, Justicia y Convivencia), esta no se aplicó y se volvió a declarar la guerra a las pandillas. Como dato, entre 2015 y 2016, El Salvador se convirtió en el país más violento del mundo, con 555 homicidios mensuales (frente a los 209 en años de tregua) (ONU, 2018). El incremento de la represión significó también un aumento de los enfrentamientos entre pandilleros y fuerzas de seguridad, lo que conlleva un incremento de los fallecidos, con una especial incidencia en la población juvenil. Durante este proceso también emergieron grupos de exterminio paramilitares11, se produjeron continuas y graves violaciones de los derechos humanos, así como ejecuciones extrajudiciales por los cuerpos de seguridad. Fueron, en definitiva, los años más violentos desde la posguerra del país.
Finalmente, en el 2019, Nayib Bukele se postuló como candidato a presidente y tomó posesión del cargo en junio del mismo año. Afiliado al FMLN en su época de alcalde de San Salvador, rompió con su partido en los años de guerra contra las pandillas y creó el partido Nuevas Ideas. Su apuesta electoral se basó en algunos cambios en materia de seguridad. Después de un proceso por el que no consiguió el apoyo de ciertos diputados en la financiación de su Plan de Control Territorial, decidió irrumpir en la sede de la Asamblea Legislativa con la ayuda de militares y policías. En 2020, con la llegada de la pandemia, se viralizaron videos que mostraban a pandilleros llamando al confinamiento y repartiendo víveres en comunidades pobres. Ese mismo año, El Faro publicó la existencia de una nueva tregua encubierta entre gobierno y pandillas (El Faro, 2012). Finalmente, en 2021, Bukele ganó las elecciones legislativas y con ello el control sobre el parlamento.
Ecuador: experiencias de mediación y regularización en América Latina
La sociedad ecuatoriana ha fluctuado, desde su periodo prerrepublicano, entre las prácticas de matriz colonial, y una serie de matices/derivas que, intentando romper ese sistema, muestran experiencias de democratización. Para comprender la posición social y política que ocupan las juventudes en el Ecuador, y especialmente las juventudes subalternas, es necesario observar el contexto histórico y la evolución reciente del país.
En el siglo XX, ya desde el periodo republicano y dentro de las dictaduras militares, las relaciones mercantiles globales subordinadas y el capitalismo imperante hicieron que Ecuador adquiriera un formato constitutivo que alterna entre formas de gobierno autoritarias (tanto desde la Constitución del Estado, como desde el cuerpo social) y periodos con elementos democratizadores. Esto conlleva una persistente “democracia restringida” que afectó sobremanera las formas de participación política de la juventud en el país (Llanos & Unda, 2013). En las últimas dos décadas del siglo XXI, el Estado ecuatoriano ha producido formas de gobierno excluyentes y autoritarias (no solamente en periodos de dictaduras militares), caracterizadas por la prevalencia del privilegio de las élites políticas y económicas del país, tan solo interrumpidas por periodos cortos de ampliación democrática promulgada por medio de las fuerzas y luchas populares, incluso durante la pandemia de COVID-19 (Ramírez, 2020). En estos pequeños periodos excepcionales se generaba una ampliación de derechos políticos, especialmente pertinentes para entender el papel y el grado de legitimidad de la juventud organizada o subalterna. Es en este contexto en que apareció el “ciclo progresista” protagonizado por el gobierno de Correa (2007-2017), que impulsó una ampliación de los derechos de los pueblos (principalmente del pueblo indígena), así como una fuerte defensa de lo público.
Esa posición subyugada de la juventud, sumada a distintos acontecimientos históricos vinculados con el neoliberalismo sistemático, como el “feriado bancario” y la dolarización de la economía en 1999, son algunos de los antecedentes que permiten comprender la emigración masiva que se produjo a partir de la década del 2000. En este periodo de conjugación entre primeros pasos democráticos, frente a las restricciones impuestas por el propio modelo neoliberal, y una subyugación social de las juventudes, se visibilizaron pandillas como los Latin Kings12. Unos grupos que, como vimos, serían exportados principalmente a España, por medio de esta creciente emigración de inicios del siglo XXI. No fue hasta 2007 cuando la llegada del “ciclo progresista” terminó con la inestabilidad política anterior y algunas de estas dinámicas intentaron ser frenadas.
Con el gobierno de Correa, y vinculado especialmente con los jóvenes, nos encontramos con una búsqueda por modificar el lugar que ocupan en la sociedad. Políticas como el sumak kawsay [buen vivir], con las cuales los jóvenes -y especialmente los jóvenes subalternos- pasaron a ser considerados actores estratégicos para el desarrollo del país, o las políticas de reconocimiento de grupos y culturas urbanas, junto con la legalización de facciones de ciertas bandas como los Latin Kings, son la base de este cambio. Así, bajo este paradigma político, se dieron los primeros pasos de reconocimiento y “legalización” de dichos grupos.
En agosto de 2006, la agrupación Latin Kings (“Nación”13) y la agrupación Ñetas (“Asociación”) se reunieron para firmar un acuerdo de no agresión, lo cual abonó a una tregua entre organizaciones y supuso la antesala a los procesos posteriores de cambio en la relación entre el Estado y las pandillas ecuatorianas, y la construcción de una identidad nacional. Amparados por la experiencia catalana, dieron inicio al proceso de reconocimiento institucional y a la formalización de la original Sagrada Tribu Atahualpa de Ecuador (STAE) dentro de los Latin Kings. Un año más tarde, en agosto de 2007, el presidente Correa recibió en la municipalidad de Quito y en el Ministerio de Integración Económica (MIES) a varios miembros de la agrupación Latin Kings, como prólogo al anuncio del reconocimiento de toda la “Nación” con categoría de “personería jurídica” (Brotherton & Gude, 2018; Moreno, 2014). No obstante, previo a este proceso de “legalización”, y de forma similar al caso de Barcelona, se generó una escisión dentro del grupo. Como consecuencia, se constituyeron dos organizaciones formales: (1) la Corporación de Reyes Latinos y Reinas Latinas de Ecuador; (2) la Asociación de Reyes Latinos y Reinas Latinas de Ecuador (2009).
Durante este proceso de reconocimiento institucional se produjo una implicación profunda de distintos actores. Por un lado, miembros destacados de los Latin Kings en Ecuador (apoyados por miembros en España), con Justin King como líder de la agrupación y vocero (quien antes había vivido en España y había participado en el proceso de constitución de la asociación en Cataluña); por otro lado, entre actores de la academia ecuatoriana (por ejemplo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales [FLACSO] Ecuador), junto con la asesoría de académicos vinculados a la experiencia catalana que, desde una óptica de la investigación-acción, facilitaron el primer nivel de comunicación con otras instancias gubernamentales (Moreno, 2014). Por último, las distintas instancias gubernamentales, por ejemplo, la Dirección de Juventud y Adolescencia del Ministerio de Inclusión Económica y Social, u otros actores como la Policía (con el teniente coronel Max Campos, jefe de la policía comunitaria de Quito, como persona más visible). La vinculación afectiva y de largo alcance de estos agentes “externos” a la Nación STAE que acompañaron el proceso de integración fue fundamental (Moreno, 2014), especialmente la pata académica, que hizo de nexo entre los y las jóvenes y las instancias gubernamentales.
Gracias a este proceso, además del reconocimiento formal del STAE con personería jurídica propia (corporación y asociación), se generó el Centro Tecnológico de Organizaciones Juveniles (CETOJ) y una serie de instrumentos administrativos adaptados a las necesidades, expectativas y deseos de los participantes jóvenes en el proceso. Del lado gubernamental, la recepción de financiación específica (4 millones de dólares) y un reconocimiento previo al grupo antes del proceso de inclusión (sus normas, jerarquías internas y procedimientos de comunicación), junto con una política de “no invasión” (Moreno, 2014), fueron fundamentales también para el éxito de este proceso. Entre otras cosas, la reforma interna de las dinámicas del cuerpo policial ecuatoriano hacia una óptica de la “prevención” y de la colaboración ciudadana en los territorios, a pesar de ser complicada y tener cierto riesgo para la estabilidad política del gobierno (por ejemplo, las protestas en septiembre de 2010 calificadas por Correa como un “golpe de Estado”), supuso un factor clave en el cambio de paradigma respecto a las agrupaciones callejeras.
Como fondo de todo este proceso es necesario resaltar que cierto contexto internacional o regional favoreció ese acercamiento no criminalizador de las bandas. Según Moreno (2014), que el 2008 fuera declarado “Año Iberoamericano de la Juventud” facilitó la implicación de organismos internacionales en temas relacionados con la juventud. Sumado a la voluntad política de apertura y reforma del contexto ecuatoriano (con el gobierno correísta, la apuesta de la política del buen vivir y la “revolución ciudadana” iniciada en 2007), todo promulgó un cambio de óptica respecto a las “pandillas”: de la criminalización y relegación a la clandestinidad, a la escucha y la comprensión de su potencialidad social, cultural y política. Y, más allá de las pandillas, se pasó de ver a las juventudes desde una óptica de vulnerabilidad o miedo, a una mirada como sujetos de pleno derecho14.
3. DISCUSIÓN. EXPERIENCIAS CRIMINALIZADORAS E INCLUSIVAS EN ESPAÑA, EL SALVADOR Y ECUADOR: MOVILIDADES DEL DISCURSO (DES)SECURITIZADOR Y POTENCIALES IMPACTOS EN IBEROAMÉRICA
La aplicación de un discurso securitario sobre las “bandas” o “pandillas” para ser construidas como objeto social al cual temer y odiar ha sido una estrategia habitual de los gobiernos neoliberales. De los apartados anteriores podemos extraer la certeza de que la narrativa sobre la (in)seguridad ha sido una dimensión clave en los procesos tendientes a la criminalización de la juventud organizada o subalterna en una diversidad de contextos: la generación de una alarma social y mediática construye a estos grupos juveniles, tanto sus sociabilidades cotidianas como la simbología de sus ritos, en un “enemigo público” (Queirolo-Palmas, 2017) del orden social, aspecto útil para la reproducción de los circuitos de capital a escala urbana. No parece casual que el discurso “antibandas” aparezca de manera notable en contextos urbanos, donde los potenciales de renovación de dimensión gentrificatoria sean altos, y en los que su desplazamiento sea condición sine qua non para el éxito de dichos procesos especulativos (Aramayona & Nofre, 2021); tampoco parece casual que la aparición de estas agrupaciones juveniles se conforme y componga de jóvenes en su mayoría en situación de precariedad laboral o vital, y en territorios con altas tasas de marginalidad urbana.
No obstante, la narrativa social, institucional y mediática del dispositivo urbano securitario ignora los condicionantes sociales, económicos y culturales que fuerzan o posibilitan la organización de la juventud y/o su implicación en actividades informales, algunas de ellas con carácter delictivo, como estrategias de afrontamiento de los procesos de desarraigo o precariedad que habitan. Al mismo tiempo, el discurso securitario imposibilita un debate público amplio sobre el complejo sistema de intereses, con participación de múltiples actores estatales y no estatales, formales e informales, que requiere la implicación de actores (en este caso, jóvenes racializados o en posición de subalternidad urbana) llevando a cabo actividades con carácter informal, pero necesarias para el funcionamiento del propio neoliberalismo urbano (Dewey et al., 2017). Es decir, de cómo el propio Estado o narcoestado (especialmente en el caso salvadoreño, con resonancias también en otros contextos latinoamericanos, como el colombiano o mexicano) o la propia estructura capitalista del llamado “Primer Mundo” (donde resuena el caso español), requiere a estos jóvenes racializados, migrantes o subalternos para la realización de las “tareas sucias” del propio Estado.
El dispositivo securitario -que convierte problemas de origen social en objetos que deben ser combatidos por medio de la militarización o policialización del entorno, con un marcado carácter belicista- elimina la posibilidad de estos debates: la invocación del concepto de seguridad en cuanto “significante denso” (Huysmans, 1998) organiza las relaciones en el marco de la “lógica de la guerra” (McDonald, 2008), por medio de la presentación de un objeto social (en este caso, la juventud subalterna organizada) como una “amenaza existencial” para la normalidad, que activa un marco justificatorio de “políticas de emergencia”. Frente a estas estrategias securitizadoras, la posibilidad de abrir procesos de mediación, regularización o (des)punitivización aparece como una alternativa pacificadora del conflicto, con múltiples oportunidades y limitaciones de cara a la producción de sociedades más inclusivas e igualitarias en el contexto iberoamericano.
La transferencia geográfica de los discursos y actores clave en los procesos de mediación y criminalización de las “bandas” o “pandillas” es un aspecto central también para entender el marco y las condiciones de posibilidad que permitieron el éxito o fracaso de dichos procesos. La movilidad del discurso y de las políticas securitarias a escala global ayuda a entender los vértices en los que se mueve la criminalización de la juventud en diferentes latitudes: el nuevo dispositivo securitario, producido desde hace tres décadas desde el contexto anglosajón como laboratorio de políticas neoliberales (Smith, 2002), ha sido posteriormente replicado (y cuestionado) desde diferentes territorios, con una gran capacidad de penetración en el cuerpo social. Así, la policialización y/o militarización de los conflictos de origen social, justificada por medio del discurso securitario, favorece la ausencia de debate, la asunción de decisiones gubernamentales con poca o ausente transparencia pública, y la ejecución urgente de medidas de contención social contra quien es construido como “enemigo” emergente (Ávila & García-García, 2015): la realización de un debate público, transparente y con vocación de reflexión colectiva es sustituido por estrategias de “emergencia”, como negociaciones opacas, treguas pactadas sin debate público o políticas de mano dura que refuerzan la lógica del castigo “merecido”, en ocasiones a pesar de la aplicación de los marcos prescritos por los derechos humanos o la legislación nacional y local vigentes.
El contexto anglosajón es, sin duda, uno de los laboratorios más importantes en la generación de políticas neoliberales securitizadoras exportadas a múltiples contextos (Smith, 2002; Katz, 2007). Esto es especialmente notable en el caso salvadoreño, donde las “maras” se han convertido en un verdadero “objeto a ser combatido” por el Estado, al argumentar su implicación en redes de carácter delictivo, por medio de un complejo entramado de “guerra sucia”, de criminalización de todo proceso de negociación o mediación con estas. El impacto de dichos procesos, hipotetizando en la línea de otros autores (Martínez-Reyes & Navarro, 2020; 2021; Perea, 2005), ha sido precisamente el fortalecimiento de estas agrupaciones informales en su actividad parcialmente delictiva. La intensificación de una red de actores, con un pie en la calle y las comunidades y otro en la prisión, permitió la creación de un estado paralelo, con capacidad de incidencia en los territorios y en las decisiones políticas relevantes del país.
Al mismo tiempo, los procesos de mediación y regularización encuentran redes globales que abonan al potencial creativo de los procesos de resistencia a la criminalización salvaje de la juventud subalterna en territorios urbanos. La experiencia catalana, pionera en el inicio de la mediación y posterior regularización de dos agrupaciones juveniles importantes en España (Latin Kings y Ñetas), se convirtió en un ejemplo paradigmático con capacidad de réplica en otros contextos. La generación de redes personales, así como los procesos de influencia entre una diversidad de actores, con un protagonismo clave de la academia y de actores civiles relevantes, no solo permitió la generación de dichos procesos de regularización en Barcelona, sino su propia transferencia a otros contextos geográficos (Italia, Ecuador, etc.), con efectos e impactos desiguales.
En el caso ecuatoriano, la experiencia de mediación abierta durante el periodo correísta implicó una serie de beneficios tanto para la juventud afectada por las políticas criminalizadoras previas, como para el propio Estado en su proyecto de una sociedad del buen vivir. Entre otros, el reconocimiento de la juventud como agente social, diverso y con capacidad de incidencia política, la mejora de las condiciones de los miembros del antiguo STAE (que pasaron de la clandestinidad a la visibilidad pública) o la considerable reducción de la violencia en términos de tasa de homicidios durante los años posteriores a este proceso (Brotherton & Gude, 2018) son aspectos fundamentales para entender los potenciales impactos de dichas experiencias de mediación en este país.
CONCLUSIONES
Este trabajo aspira a ser un documento útil para la reflexión en torno al papel de las “bandas” o “pandillas” en escenarios urbanos, al abrir interrogantes sobre los potenciales, los límites, los riesgos y los beneficios de distintas políticas criminalizadoras o inclusivas de la juventud subalterna organizada en agrupaciones juveniles de calle. La diseminación de un análisis sistemático de estas experiencias, tanto de sus efectos y procesos exitosos como de sus limitaciones, aspira a contribuir a su potencial replicabilidad en escenarios actualmente en conflicto, especialmente en aquellos lugares donde es habitual encontrar personas jóvenes en situación de conflicto penal.
Cabe decir que el dilema entre políticas inclusivas, basadas en el reconocimiento o integración de los actores pandilleros (“bandas dentro”) versus políticas segregadoras, basadas en la estigmatización y la persecución policial y penal (“bandas fuera”), en la terminología de Queirolo-Palmas (2017), está presente desde el mismo origen de la investigación y de la intervención con pandillas, como muestra la cuarta parte del clásico estudio sobre las bandas de Chicago de Frederic Thrasher, que recientemente hemos tenido ocasión de traducir por primera vez al castellano (Thrasher, 2020).
Los hallazgos de esta investigación, cuyas reflexiones principales se condensan en el apartado anterior, aspiran a ser una herramienta útil para comprender las movilidades de los discursos y políticas de carácter securitario (versus integrador) frente a las “pandillas”, entre distintas regiones del globo y por medio de la transferencia de actores internacionales clave, en los últimos 25 años. Fundamentalmente, la influencia del modelo norteamericano y británico, afianzado a través del dispositivo urbano neoliberal en la segunda mitad del siglo XX (Smith, 2002; Katz, 2007), consolida una gestión securitaria de los conflictos con la juventud subalterna o racializada en diversos territorios donde la “mano dura” se implementa de manera más o menos intensa, al punir la conflictividad social, alentar discursos criminalizadores contra la juventud subalterna y eliminar cualquier explicación de casuística estructural de los conflictos. Tal es el caso de Madrid, en el contexto español, y de El Salvador, en el contexto latinoamericano.
En oposición a este modelo, las políticas de carácter inclusivo o de “mano blanda”, basadas en el diseño y promoción de experiencias de mediación, negociación y vinculación socioafectiva con los miembros de las pandillas, han encontrado en el modelo Barcelona -replicado posteriormente en otros contextos (como el ecuatoriano)- una alternativa a la versión criminalizadora y punitivista de las “bandas” y de la juventud subalterna organizada.
Podemos hipotetizar que la construcción de un sujeto “joven” incluido en estas sociedades, con relevancia y visibilidad social, habilitado a participar en las decisiones que le afectan, encuentra múltiples beneficios, no solo para las personas jóvenes directamente involucradas, sino, también, para sus comunidades y para el conjunto de la sociedad civil. Las limitaciones de estos posibles procesos de mediación y regularización no suelen ser tan evidentes. Entre otros, la pacificación de los entornos urbanos y de los conflictos generados por las agrupaciones de calle puede contribuir a neutralizar a sujetos potencialmente disruptivos, dificultando la generación de procesos de confrontación o resistencia, “normalizando” a los “individuos” y convirtiéndolos en sujetos funcionales al Estado neoliberal. Esta “tercera vía” en la comprensión del estudio de la “marginalidad pandillera” (Queirolo-Palmas, 2017) nos abre interrogantes sobre el papel que deberían cumplir los actores que potencialmente pueden promocionar estrategias de mediación o regularización con las pandillas. Al mismo tiempo, esta lectura choca con algunas de las voces de personas jóvenes que han pasado por este tipo de procesos, con su relato sobre la necesidad de sentirse incluidos o “respetados” (Feixa & Andrade, 2020), y con el legítimo deseo de querer pertenecer a la sociedad y disfrutar del mismo estatuto de ciudadanía que otros.
En ese sentido, futuras líneas de investigación deberían ahondar en esta múltiple mirada de las voces de los sujetos directamente afectados, tanto de las personas jóvenes que participaron o desean participar en los procesos de regularización, como de aquellos que, también legítimamente, decidieron o deciden quedarse al margen de estos procesos.
Al mismo tiempo, y unido a la cuestión anterior, con base en el análisis de los tres casos planteados, en los que políticas de “mano dura” y “mano blanda” se entrelazan en la gestión pública del “problema de las bandas”, parece urgente realizar un análisis pormenorizado de las diferencias en la funcionalidad e impactos de distintas estrategias. Concretamente, de las potencialidades y límites de una alternativa a la criminalización o securitización de estas agrupaciones juveniles de calle, que pase por la despunitivización o despenalización (evitar discursos que acudan a la vía penal/policial como vía de relación con las “bandas”), la regularización (fomentar su inclusión por medio de procesos asociativos), el fomento de un discurso antisecuritario (abandonar una narrativa que vincule “bandas” con “inseguridad”) o desecuritizador (que apela a mirar a los y las integrantes de estas agrupaciones juveniles como personas humanas, frente al discurso del odio).
Mantener a las “bandas fuera” puede acabar comportando que regresen como fantasmas (o como espectros). Incorporarlas, siendo conscientes de los límites y de las contradicciones que tal incorporación conlleva, parece una estrategia más productiva para evitar la criminalización y expulsión de estas. La apuesta por esta vía, en cuanto apertura de procesos de mediación y negociación transparentes con las agrupaciones, puede ser un camino por explorar, en la medida en que se observen y prevengan bien los potenciales efectos normalizadores de dichas experiencias, que suavizan las contradicciones inherentes a las democracias neoliberales del siglo XXI.
POSTSCRIPTUM
En el momento de revisar este artículo antes de su publicación (octubre de 2021), son noticia varios acontecimientos protagonizados por agrupaciones juveniles de calle. En España, el gobierno del PSOE y Podemos modifica la ley de extranjería para permitir que los “jóvenes migrados solos” puedan acceder a permisos de trabajo cuando llegan a la mayoría de edad, lo que suscita la reacción de Vox equiparándolos con el yihadismo; mientras el Observatorio de Bandas Latinas creado por una iglesia evangélica afirma que en Madrid las bandas mueven 9,6 millones de euros e integran a 2.500 miembros, y una redada desarticula por enésima vez otra banda, la de los Bloods (El Independiente, 20-10-2021). En Ecuador, un cruento motín en la cárcel de Guayaquil produce 113 muertos por enfrentamientos entre bandas rivales, a lo que el nuevo gobierno conservador de Lasso reacciona declarando el estado de excepción y criticando el “buenismo” de Correa al legalizar a las pandillas (BBC News, 29-09-2021). En El Salvador el gobierno de Bukele utiliza una negociación clandestina con MS y B18 que ha reducido el 70 % los delitos gracias a beneficios carcelarios para justificar su deriva autocrática (El Faro, 29-09-2021). En los tres casos las “bandas” aparecen de nuevo como el “signo de contradicción” de problemas irresueltos en la gestión de la seguridad y de la inseguridad urbanas.
