INTRODUCCIÓN

El objetivo de la presente investigación es analizar las correlaciones entre democracia y corrupción política en Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador entre 2015 y 2018. Esto, debido a que los cuatro países presentaron, entre 2018 y 2020, una serie de manifestaciones sociales que expresaron un descontento frente a la clase política y su representación, acompañados también de denuncias de casos de corrupción. En ese orden de ideas, surge el interés en indagar sobre los procesos previos a este contexto de insatisfacción por diversos factores asociados (2015-2018), donde la corrupción ha ocupado, de manera diferenciada, un papel relevante en los casos analizados.

Desde hace varios años se plantea la crisis de la democracia moderna, o liberal: aquella fundada en el pluralismo como una creencia de valor y la tolerancia, y que, según ^{Sartori (2014)}, implica un ejercicio de control y limitación de poder, una “democracia vital, capacitada para funcionar y durar” (p. 182). Dicha crisis ha tenido diferentes matices o explicaciones: auge de populismos, políticos de extremas, personalismos y corrupción. Pero hay consenso en que el fondo del problema radica en una crisis de representación política (^{Castells, 2017}); es decir, los ciudadanos manifiestan no sentirse representados por sus gobiernos, ni por sus instituciones ni por sus partidos políticos. En este contexto, América Latina transitó a lo largo de las últimas décadas por procesos de construcción de democracias luego de periodos de restricción de libertades, dictaduras y limitación del espectro político, a otros de deconstrucción, que dan cuenta de un “estado delicado de la política, la sociedad, y la economía” (^{Corporación Latinobarómetro, 2021}, p. 5); todo ello, en un ambiente de protestas, alternancias y hasta retrocesos democráticos, como en Venezuela y Nicaragua (p. 5).

En términos de democracia, Chile y Costa Rica han sido considerados casos excepcionales, al presentar diferencias y una relativa estabilidad en sus procesos de construcción y en las mediciones de calidad de la democracia (^{Centeno, 2014}; ^{Corporación Latinobarómetro, 2021}; ^{López-Alves, 2003}); algo similar sucede en los cálculos de corrupción y transparencia. Mientras, Colombia y Ecuador son democracias anómalas (^{Gutiérrez-Sanín, 2014}): en Colombia, por ejemplo, la democracia ha sido calificada de restringida, oligárquica, limitada, sitiada, asaltada, mafiosa, fraudulenta, etc. (^{Duque-Daza, 2012}; 2017; ^{Pamplona & Piedrahita, 2020}, p. 116), y la ecuatoriana ha estado marcada por una desafección de la idea liberal, marcada por golpes de Estado, destituciones y populismos (^{Borón, 2003}; ^{De la Torre, 2008}; ^{Meléndez & Moncagatta, 2017}; ^{Vera & Llanos-Escobar, 2016}). La corrupción en ambos países es una problemática constante, con varios casos y denuncias (^{Paredes & Espinosa, 2017}; ^{Piedrahita, 2020}; Piedrahita & Ponce, 2020). En ese orden de ideas, en términos metodológicos, el trabajo combina la comparación de casos similares y casos diferentes (^{Mackie & Marsh, 2015}, p. 188).

Entre 2018 y 2020, los casos estudiados mostraron diversas expresiones de crisis democrática. En particular, 2019 ha sido considerado el año del levantamiento violento de Ecuador, Colombia y Chile como símbolo de sociedades desbordadas (^{Corporación Latinobarómetro, 2021}, p. 5; ^{Murillo, 2021}, p. 7), lo cual se evidenció en el malestar de la sociedad frente a gobiernos que no resuelven las demandas frente a la desigualdad, que cobraron mayor relevancia con los efectos de la pandemia; de hecho, es una crisis de representación que inició desde 2010, y que acabó con el hiperpresidencialismo y generó cambios como el ocurrido en Ecuador, donde fueron derrotados los políticos que construyeron la Constitución Política de 2008, en su incapacidad para cumplir las expectativas ciudadanas; en Chile, donde las protestas de 2019 llevaron a la Convención Constitucional, y en Colombia, donde multitudes de jóvenes protestaron contra una reforma impositiva, lo cual sorprendió a las élites políticas y económicas, que se habían sentido seguras durante años (Murillo, 2021, p. 9), y abonó al escenario de transformación política de 2022, con el viraje hacia la izquierda democrática, luego de las elecciones legislativas y el triunfo de Gustavo Petro en la presidencia.

En el caso de Costa Rica, desde las elecciones de 2018 se estudian las diversas disfunciones políticas que presenta el país, a pesar de su estabilidad democrática, y donde se destacan la baja participación política, la crisis de representación entre ciudadanos, partidos políticos e instituciones, la ineficacia en la gestión pública y las dificultades en la sostenibilidad fiscal (^{Vargas & Alpízar, 2018}, p. 29); todo ello, con la antesala del escándalo de corrupción conocido como “El Cementazo”, y el cual generó destituciones de magistrados y fiscales, al igual que cuestionamientos al ejecutivo y los partidos políticos (^{Sibaja, 2018}). Además, desde 2018 se han registrado protestas y alzamientos en las diferentes zonas del país, contra reformas fiscales, y entre marzo y septiembre de 2020 fueron constantes las movilizaciones contra el gobierno (^{Cordero et al., 2020}), al igual que en Colombia, donde el escenario electoral de 2022 estuvo marcado por la desconfianza hacia el gobierno (^{Corporación Latinobarómetro, 2021}, p. 47) y las instituciones públicas, y la permanente mención de una grave crisis sociopolítica.

Todo el contexto descrito evidencia que la actual crisis de la democracia en la región -y particularmente, en los países objeto de estudio- da cuenta de la superación de la transición democrática y el necesario camino hacia su consolidación en un marco de turbulencias, donde la insatisfacción con el sistema y los escándalos de corrupción de las élites y los gobiernos son constantes. Al indagar sobre los principales problemas de esos países, en el último informe de la ^{Corporación Latinobarómetro (2021)} se evidencia que: en Chile no es tan relevante la corrupción, al representar apenas el 4,6 %, por debajo del interés en temas como el desempleo, la mala distribución de ingresos, la delincuencia, etc. (^{Corporación Latinobarómetro, 2020a}). Algo similar sucede en Costa Rica, donde el principal problema es la economía (25,1 %), muy de cerca la desocupación (16,2 %), mientras que los problemas políticos representan el 19 %, y la corrupción, el 5,8 %. En términos de estabilidad democrática¹ y bajos niveles de percepción sobre la corrupción², Chile y Costa Rica son casos similares (^{Corporación Latinobarómetro, 2021}). Respecto a los casos diferentes, en Colombia el problema más importante es el de la corrupción, con el 23,4 % (^{Corporación Latinobarómetro, 2020b}), y en Ecuador ocupa el segundo lugar, con el 17,8 %, por detrás de la economía (^{Corporación Latinobarómetro, 2020c}).

Así las cosas, los cuatro países que se analizan en esta investigación tienen en común que durante los últimos cuatro años han presentado expresiones particulares de insatisfacción con la democracia, a través de la manifestación social, la cual exige -y en algunos casos ha logrado- cambios políticos significativos (aunque Chile y Costa Rica siguen ocupando los mejores lugares en términos de calidad de la democracia); sin embargo, se diferencian en sus problemáticas asociadas a la corrupción, la cual fue muy relevante en 2020 en Colombia y Ecuador, pero no en Chile ni en Costa Rica. Este comportamiento se aborda desde un diseño de investigación cuantitativa con método comparado, donde se combina la técnica de los de casos similares y diferentes. Los datos que se usaron son los resultados de las encuestas de la Corporación Latinobarómetro entre 2015 y 2018, con el propósito de comprender los recientes resultados e indagar la correlación entre democracia y corrupción.

Luego de esta introducción, se aborda el problema de la crisis de la democracia y cómo se entiende esta desde la corrupción. En el tercer acápite se justifica la comparación de los cuatro países, a partir de la descripción de sus procesos de formación y construcción democrática. En el cuarto apartado se desarrolla la metodología. En el quinto se presentan y se discuten los resultados. Por último, se concluye que, en términos de legitimidad y confianza, todos los casos analizados presentan una tendencia a la desdemocratización en el periodo objeto de estudio.

CRISIS DE LA DEMOCRACIA Y CORRUPCIÓN

Desde hace varios años se plantea la crisis de la democracia liberal, aquella que busca evitar manifestaciones radicales del poder, así como establecer un sistema de control y la limitación de este (^{Sartori, 2014}, p. 173) y ser garantía de pluralidad como reconocimiento de derechos a partir de la creencia en el valor, la tolerancia a la diferencia y la autonomía de la sociedad frente a las estructuras de poder (p. 172). Es decir, en la actualidad tales características se desvanecen con la fractura subjetiva entre ciudadanos, gobernantes e instituciones, al presentarse una crisis de legitimidad que se resume en una idea básica: “los actores del sistema político no nos representan” (^{Castells, 2017}, p. 16).

De acuerdo con ^{Castells (2017)}, esa crisis de representación se nutre de varios procesos que socavan la capacidad de los Estados para resolver los problemas de los ciudadanos y garantizar los derechos humanos. A lo anterior se le suma que las instituciones terminan con una limitada capacidad para promover el bienestar general (^{Completa, 2017}, p. 132) y, en el peor de los casos, el sistema democrático queda minado por poderes invisibles que contradicen la idea de la transparencia de las decisiones en el poder (^{Bobbio, 2016}, p. 34).

El resultado es una insatisfacción ciudadana que se expresa a través de movilizaciones y protestas en las calles de diferentes países. Una expresión que incluye el desprecio por las élites, así como por el manejo de la economía, la desigualdad social, las restricciones a la participación y un futuro incierto para multitudes de jóvenes. En América Latina, en particular, a 2019 se lo ha considerado el año del estallido social, cuando, luego de las restricciones de la pandemia, se presentaron protestas en diferentes países entre finales de 2020 y principios de 2021, y que pusieron de manifiesto las tensiones entre democracia y desigualdad (^{Murillo, 2021}, p. 4).

Para ^{Murillo (2021)}, la crisis de representación en la región se evidencia en las múltiples manifestaciones que se dieron en países como Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, etc., y las cuales se entienden desde tres escenarios: primero, el de “fragmentación o desestructuración política” (p. 8); segundo, el de “continuidad de la polarización” (p. 9), y tercero, el de un “descontento ciudadano con los partidos políticos tradicionales” (p. 10). Los tres tienen en común a los jóvenes exigiendo una mayor atención por parte de las instituciones; en otras palabras, se trata de una demanda de legitimidad política que exige mayores respuestas en términos de inclusión y garantía de derechos humanos.

En esta línea, ^{Alcántara (2019)} considera que la crisis de la democracia en América Latina se expresa en un descontento social que afecta las instituciones representativas y se expresa en “movimientos de protesta en un clima de conflicto social en un ambiente de radicalización de narrativas, no necesariamente políticas, y de polarización” (p. 11). Según el autor, el origen de la crisis en la región se halla en la permanencia de patrones de desigualdad social, exclusión, distribución de riqueza ineficiente y una explícita y visible corrupción.

^{English (2013)} sostiene que la corrupción es una amenaza interna que fractura los mecanismos de transparencia del poder (p. 6). En ese sentido, la corrupción política es una especie de “implosionador” de la democracia, pues afecta el crecimiento económico, la capacidad estatal y la redistribución de la riqueza, promueve la fuga de cerebros y acaba con los equilibrios institucionales y las normas que sustentan la confianza y la legitimidad política (^{Drapalova et al., 2019}, p. 7).

Por su parte, ^{Vergara (2020)} argumenta que la crisis de la democracia actual es estructural debido a que “los gobiernos liberales representativos sufren de corrupción sistémica” (p. 2). Según la autora, es necesario dejar de lado la idea recurrente de que la corrupción es un asunto de “manzanas podridas”; es decir, que existe porque hay personas corruptas en un cargo específico. Para Vergara (2020), se trata de la existencia de una élite corrupta, del funcionamiento interno del sistema como un todo, independientemente de quién ocupe los lugares de poder, y donde una pequeña minoría está en contra de los intereses materiales de la mayoría a partir del abuso de las reglas, lo cual genera una tendencia de poder oligárquico dentro del Estado de derecho (Vergara, 2020, pp. 2-3).

La perspectiva de ^{Vergara (2020)} coincide con lo planteado por ^{Bobbio (2016)}, quien sostuvo que el mayor incumplimiento por parte de la democracia es no eliminar el poder secreto: ese que afecta el principio básico de ser el poder público que se ejerce ante el público. No obstante, resalta Vergara (2020) que aquel poder secreto no recae en los funcionarios corruptos; es decir, la corrupción no es un asunto de actor, sino uno sistémico, de superestructura, lo cual refleja cuán complejo puede ser para las democracias actuales superar su propia crisis, dado que la corrupción va más allá del simple desmantelamiento de una estructura corrupta (p. 15).

Por otra parte, ^{Whitman (2018)} considera que la corrupción política se ve facilitada por la contradicción entre capitalismo y democracia (los valores individuales por sobre los colectivos), donde los gobiernos pierden su legitimidad al carecer de capacidad real para contener la corrupción, mientras que, al tiempo, se registra un constante impulso por acumular riqueza -sea legal o ilegal-, y donde se hace relevante la existencia de un poder en las sombras (Whitman, 2018, p. 17) o, como lo planteó ^{Bobbio (2016)}, un subgobierno, o criptogobierno. En concreto, la corrupción política pone en crisis la democracia liberal al dejarla sin su capacidad para producir equidad y protección frente al juego del poder capitalista de promover la acumulación y la concentración de la riqueza como un imperativo (Whitman, 2018, p. 21).

En este contexto, ^{Della Porta (2001)} llama a los actores de la corrupción políticos de negocios, los cuales surgen de otra crisis: la de organización de los partidos de masas. Ellos son quienes se dedican a la combinación de la tradicional mediación política con los negocios legales e ilegales, además de la participación en todo tipo de actividades económicas (p. 24). El resultado de estas prácticas es concebir la política como un negocio cualquiera, donde los políticos de negocios se especializan en actuar en las sombras, y dedican tiempo a actividades ilegales y a generar contactos con empresarios, así como a pedir y negociar sobornos (p. 27). Todo ello, visto desde el papel de los políticos profesionales (^{Weber, 2010}) en los partidos políticos, permite comprender la crisis de representación, en tanto estos dejan de ser los intermediarios entre la sociedad y el gobierno y se convierten en coordinadores de los círculos de corrupción para movilizar ayudas económicas (p. 29). Agrega la autora que

Corrupción y clientelismo parecen así reforzarse mutuamente pues ambos fenómenos crean un modelo de movilización individual y una concepción de la política como un método de promoción personal. Ambos aparecen ligados a una gestión de la administración pública destinada a conceder, o más bien a inventar, ‘favores’. […]. El mecanismo de la corrupción, para sobrevivir, tiene que aumentar la participación en ella sin cesar ya que es precisamente esa participación lo que intensifica los vínculos de la connivencia. (^{Della Porta, 2001}, p. 33)

Por su parte, Marquette (2011, citado en ^{Warf, 2019}, p. 8) sostiene que la corrupción tiene un propósito social, dado que es una “forma esencial para que las élites construyan acuerdos políticos con el fin de garantizar la estabilidad necesaria para una gestión efectiva de la construcción del Estado”. Desde esta perspectiva, Warf (2019) considera que América Latina es una región especialmente afectada por la corrupción, que presenta constantes escándalos y bajos esfuerzos para combatirla. Al respecto, ^{Piedrahita y Ponce (2020}, pp. 219-224) y Warf (2019) plantean que la corrupción en la región se remonta a la Colonia y a las estructuras clientelares que creó la monarquía católica para la administración pública, y posteriormente se vio reforzada, a lo largo de los siglos XIX y XX, por la presencia de gobiernos autocráticos, personalismos y caudillismos.

No obstante, a partir de los años ochenta América Latina presentó varios procesos de democratización. Para ^{Huntington (1994)}, la esencia de la democracia se basa en tener “elecciones, apertura, libertad y juego limpio” (p. 22); además, sostiene que los gobiernos con esas características “pueden ser ineficientes, corruptos, de cortas miras, irresponsables, dominados por intereses concretos e incapaces de adoptar las políticas que exige el bien público” (p. 23), lo cual los convierte en gobiernos indeseables, pero no en gobiernos no democráticos. ^{Borón (2003)}, sin embargo, sostiene que, en la región, este tipo de comportamientos que marcan la crisis de la democracia pueden impulsar la reinstalación “democrática” de los autócratas del pasado (p. 262); más aún, cuando se da

El aumento de la violencia y la criminalidad, la descomposición social y la anomia, la crisis y fragmentación de los partidos políticos, la prepotencia burocrática del Ejecutivo, la capitulación del Congreso, la inanidad de la Justicia, la corrupción del aparato estatal y de la sociedad civil, la ineficacia del estado, el aislamiento de la clase política, la impunidad para los grandes criminales y la “mano dura” para los pequeños delincuentes y, last but not least, el resentimiento y la frustración de las masas, constituyen el síndrome de esta peligrosa decadencia institucional de una democracia reducida a una fría gramática del poder y purgada de sus contenidos éticos. (^{Borón, 2003}, p. 261)

En este contexto, ^{Warf (2019)} considera que la democratización latinoamericana trajo consigo diversas oportunidades para la corrupción, debido al personalismo de la política, evidenciado en los casos de gobiernos neoliberales de derecha o los autoritarios de izquierda. Estos repertorios conducen a lo que ^{Tilly (2007)} denomina procesos de desdemocratización, lo cual sugiere que la democracia es siempre un proceso incompleto (p. 29).

En tal sentido, ^{Tilly (2007)} afirma que un régimen es democrático cuando “las relaciones políticas entre el Estado y sus ciudadanos se demuestran con consultas mutuamente vinculantes, amplias, iguales y protegidas” (p. 45). La amplitud mencionada refiere al disfrute de derechos de la ciudadanía, el cual puede abarcar un pequeño segmento de la población, o a uno amplio; con la igualdad sucede lo mismo. Ambas categorías no constituyen por sí solas la democracia, pero cuando van de manera conjunta con la protección y la consulta mutuamente vinculante, se convierten en elementos esenciales de la democracia (p. 46).

La protección, que puede ser desde escasa hasta abundante de cara a las arbitrariedades del Estado, se refiere a un movimiento donde los agentes estatales tienen obligaciones claras y transparentes para repartir beneficios a los ciudadanos o, en el otro extremo, a un movimiento donde los ciudadanos, para acceder a los beneficios del Estado, lo hacen a través del soborno, de engaños, de amenazas o del empleo de influencias de terceros (p. 46). ^{Tilly (2007)} señala que cuando existe un movimiento hacia un extremo alto de la amplitud, la igualdad, la protección y las consultas mutuamente vinculantes, se considera que hay democratización, mientras lo contrario significa desdemocratización.

Por otra parte, ^{Tilly (2007)} plantea que existe una relación entre confianza y democracia, a partir de cuatro requisitos necesarios, los cuales implican que, frente a su declive, se genera una amenaza a la democracia: primero, la colaboración con el gobierno, que se expresa en el pago de impuestos o el servicio militar; segundo, la delegación del poder en representantes y funcionarios; tercero, la alternancia en el poder, y cuarto, la confianza en los resultados de la política para generar mayor colaboración de los ciudadanos con el sistema (2007, pp. 128-129; 2010, pp. 213-214).

En ese orden de ideas, en el presente artículo se analizan las correlaciones entre democracia y corrupción en Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador durante el periodo 2015-2018, utilizando algunas de las variables incluidas en las encuestas del Latinobarómetro. Los resultados se examinan tomando en cuenta las implicaciones, señaladas por los diversos autores, de la corrupción en la crisis democrática, así como los criterios de democracia de ^{Tilly (2007}, ²⁰¹⁰). De ese modo, se considera que la corrupción genera procesos de desdemocratización debido a la afectación en términos de confianza frente a los políticos, las instituciones, los gobiernos, los partidos, etc. En pocas palabras, la corrupción profundiza la crisis de representación, en tanto mina la confianza en los actores del sistema político. O como lo plantea Warren (2004 citado en ^{Morales, 2009}),

[…] la corrupción en democracia es la corrupción de la democracia, pues genera fuertes ine­ficiencias en la provisión de bienes públicos, lo cual daña en forma severa la cultura de la democracia, por lo tanto, los ciudadanos, pierden confianza en los responsables de tomar las decisiones y ello erosiona las bases de la reciprocidad y la cercanía hacia las instituciones. (p. 213)

¿Por qué comparar Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador?

Según ^{López-Alves (2003)}, los procesos de la formación del Estado y la democracia ³ en América Latina desde el siglo XIX se han caracterizado por el divorcio de los ciudadanos con las instituciones y su lealtad que los une a las organizaciones políticas. Asimismo, otra característica es el descreimiento en los gobernantes o los aspirantes al poder y un pesimismo frente al futuro, en un contexto institucional débil (pp. 13-14). En la misma perspectiva se ubica ^{Centeno (2014)}, quien afirma de los Estados latinoamericanos que han fracasado en su autonomía institucional, tienen una capacidad limitada para cumplir sus funciones y su legitimidad es constantemente cuestionada (p. 25). Tal situación explica, en parte, la desigualdad persistente en la región, donde las instituciones no logran garantizar una oferta de servicios sociales básicos, por su baja capacidad (^{Completa, 2017}), lo cual empeora con la desintegración de las diferentes zonas del territorio, y que termina por ser una figura de un Estado diluido, un leviatán con una supuesta imagen feroz, pero que, en realidad, no es capaz de concentrar el poder (Centeno, 2014, pp. 36-37).

Este panorama regional de la formación y la construcción del Estado (^{Tilly, 1992}) y la democracia tuvo dos excepciones: Chile y Costa Rica (^{Centeno, 2014}, p. 25). El primero, desde su formación como Estado, se caracterizó por una creación institucional basada en la extracción de recursos logrando una sólida capacidad fiscal que permitió la creación de un núcleo administrativo y conseguir suficientes apoyos sociales para la centralización del poder político. Trayectorias similares tuvo Costa Rica, y por eso ambos países han presentado alta capacidad estatal y eficacia en la provisión de servicios sociales básicos, comparado con el resto de los países de la región.

Por otra parte, tanto Chile como Costa Rica construyeron a lo largo de los siglos XIX y XX las bases de una democracia representativa, con sus respectivos conflictos, guerras, guerras civiles, dictaduras, etc. (^{Vargas & Alpízar, 2018}; ^{Zapata, 2004}). A partir de la década de 1990, ambos países tuvieron procesos de democratización relevantes. Chile, con la transición a la democracia, luego de la dictadura de Pinochet; y Costa Rica, con el pacto entre Rafael Calderón Fournier y José María Figueres Olsen: ambos, hijos de los caudillos de la guerra civil de 1948, que dio continuidad al proceso de ajuste y reforma del Estado (Vargas & Alpízar, 2018, p. 22).

Por su parte, la construcción del Estado en Colombia y Ecuador se ha caracterizado por su debilidad, al no lograr la concentración de la coerción y la centralización del poder político (^{López-Alves, 2003}, p. 24), lo que se refleja en las constantes disputas regionales internas y la baja capacidad institucional para garantizar la provisión de servicios básicos a la población (^{Centeno, 2014}). Además, en términos de democracia, aunque Colombia ha tenido la fama de tener elecciones ininterrumpidas por muchos años (^{Posada-Carbó, 2006}), estas han tenido una marca de violencia y fraude recurrentes (^{Duque-Daza, 2017}; ^{Gutiérrez-Sanín, 2014}) y solo a partir de la Constitución Política de 1991 se empezó a dar una apertura democrática que incluyó la participación de otros partidos políticos diferentes de los tradicionales Liberal y Conservador (^{Pamplona & Piedrahita, 2020}).

Por su parte, en Ecuador, con la Constitución Política de 1978, se buscó refundar el Estado luego de la dictadura militar. Con tal fin, se rediseñó una nueva institucionalidad, que debía facilitar el juego de pesos y contrapesos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial (^{De la Torre, 2008}). Dado ese marco normativo, las relaciones entre los poderes del Estado durante la década de 1980 no se vieron exentas de periodos de crisis económicas e institucionales, que alcanzaron su mayor expresión en 1999, con el feriado bancario que provocó la mayor diáspora de la población ecuatoriana.

Esta inestabilidad se expresó en los constantes cambios en las cabezas de los poderes estatales, que, en vez de encontrar respuestas, ahondaron la crisis; ello, más tarde, sirvió de fundamento para la convocatoria constituyente de 2008, con el insistente propósito de refundar la república a través de un nuevo marco normativo, que introdujo a los poderes ya existentes el electoral y el de participación y control social, que debían ampliar el marco de las relaciones institucionales y de realización de derechos ciudadanos (^{Meléndez & Moncagatta, 2017}). No obstante, dichos cambios también implicaron readaptaciones en las relaciones de la clase política, marcada por escándalos de corrupción (^{Paredes & Espinosa, 2017}; ^{Vera & Llanos-Escobar, 2016}).

Con todo, siguiendo la propuesta metodológica de ^{López-Alves (2003}, pp. 33-34), esta investigación se apoya en la selección de casos semejantes o de “analogía profunda”, como lo son, por un lado, Chile y Costa Rica y, por otro, Colombia y Ecuador. Al tiempo, ambas parejas de países permiten la combinación de esta técnica de la ciencia política comparada (^{Mackie & Marsh, 2015}) con el sistema de las mayores diferencias; sobre todo, en la indagación previa de calidad de la democracia y de principales problemáticas por país, donde la primera pareja es más democrática y valora en menor medida la corrupción que la segunda. Este diseño permite generar conclusiones comparativas a partir del contraste de similitudes y diferencias, asunto que se explica con mayor detalle en el siguiente acápite.

METODOLOGÍA

La investigación se desarrolló desde un enfoque cuantitativo, a través de la política comparada (^{Landman, 2011}; ^{Nohlen, 2013}), combinando el diseño de sistemas de máxima similitud con el de máximas diferencias (Landman, 2011, p. 54; ^{Mackie & Marsh, 2015}, p. 188), tal y como lo hizo López-Álves (2003) en su estudio sobre la democracia y los Estados en América Latina, con casos que comparten muchas características y otros con pocas, como sucede con las parejas Chile-Costa Rica respecto a Colombia-Ecuador. La fuente principal fue la base de datos de las encuestas realizadas por la Corporación Latinobarómetro⁴, donde se encuentran los resultados de las preguntas que se han aplicado entre 1995 y 2020. El periodo objeto de análisis es de 2015 a 2018, y se evidenció que algunas preguntas de las encuestas no se han aplicado consecutivamente a todos los años, por lo cual existen vacíos en los datos. La tabla 1 contiene las variables (preguntas) que se delimitaron en la investigación, y sus respectivos vacíos en los años.

Como se muestra en la tabla 1, en la categoría Democracia se tuvieron en cuenta cuatro variables: democracia churchilliana⁵, apoyo a la democracia⁶, escala de desarrollo de la democracia⁷, y gobernar para el pueblo⁸; y en la de Corrupción, tres variables: aprobación de la gestión del gobierno⁹, variación del nivel de corrupción¹⁰, y lucha contra la corrupción¹¹.

Las que están asociadas a la democracia son variables de opinión pública, y permiten comprender la legitimidad del sistema, entendida como el apoyo al gobierno (^{Morales, 2009}, p. 225). Por su parte, las variables asociadas a la corrupción permiten comprender la confianza en el sistema a través de la satisfacción que se evidencia en la valoración que hacen los ciudadanos frente al trabajo que desarrolla el gobierno (Morales, 2009, p. 226). De ese modo, el análisis permite mirar el comportamiento de la legitimidad y la confianza, y establecer así una relación directa con el proceso de democratización o desdemocratización, desde la perspectiva de ^{Tilly (2007}, ²⁰¹⁰). Es decir, la amplitud de la legitimidad y la confianza, vista como un proceso de democratización y, al contrario, el cierre de ambas como un proceso de desdemocratización, de crisis, como se muestra en la figura 1.

Ahora bien, tras la recopilación de los datos se hizo el respectivo análisis de correlación entre democracia y corrupción, tomando en cuenta las preguntas: ¿Qué tan democrático es el país? [P11STGBS] y En su opinión, ¿desde el año pasado, el nivel de corrupción en (país) ha aumentado mucho, aumentado algo, se ha mantenido igual, disminuyó algo o disminuyó mucho? [P10TI]. Para aplicar el modelo loglineal -que, a través de tablas de contingencia, evaluó la presencia o no de asociación entre las variables corrupción y democracia-, se redefinieron las escalas de las variables, de la siguiente forma:

Redefinidas las variables de esta manera, luego se procedió a ingresar los datos para todo el periodo en el paquete estadístico R y verificar si existía o no asociación entre la corrupción y la democracia. En la tabla 2 de contingencia, se evidencia que sí existe una relación entre ambas categorías y grupos de variables.

De acuerdo con la tabla 2, del total de encuestados el 90,0 % indicó que hay alta corrupción en su país. De ellos, el 56,5 % señaló que su país no es democrático. A partir de esto, se planteó la siguiente prueba de hipótesis, para validar la existencia de asociación entre la corrupción y la democracia:

En la tabla 3 se observan los resultados obtenidos con el paquete R, donde la interacción entre la democracia y el nivel de corrupción tiene un valor -p menor que el nivel de significancia del 5 %. Por tanto, existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula; es decir, sí existe asociación entre la corrupción y la democracia.

Para explicar la tendencia de los datos hacia procesos de democratización y desdemocratización a partir de las categorías de legitimidad y confianza, se construyó un índice de legitimidad y confianza (relación democracia-corrupción). La legitimidad (L), se asoció a las variables: democracia churchilliana, apoyo a la democracia, evaluación de la democracia, gobernar para el pueblo, y aprobación del gobierno. La escala va de 0 a 5, donde 0 significa menor amplitud -y por tanto, que no hay apoyo al gobierno, y 5, mayor amplitud y apoyo al gobierno. La ecuación es: . La confianza (C) se asoció a las variables: variación de la corrupción (restos) y la lucha contra la corrupción. La escala va de 0 a 2, donde 0 significa menor amplitud y, por tanto, insatisfacción frente a las acciones del gobierno por corrupción, y 2, mayor amplitud y satisfacción frente al gobierno. La ecuación es: . Los resultados se graficaron a partir de la propuesta de amplitud de ^{Tilly (2007)}.

Finalmente, a partir de la evidencia de la correlación, en el siguiente acápite se muestran los resultados del análisis de la contingencia (corrupción-democracia) y los de cada una de las variables, comparando todo a la luz de la propuesta de interpretación de la crisis democrática construida desde la relación legitimidad-confianza, desde la perspectiva de ^{Tilly (2007)} 2010).

RESULTADOS

Al revisar las tablas de contingencia por país, como se muestra en las tablas 4, 5, 6 y 7, en el caso de Chile, casi la totalidad de los encuestados manifestaron que en el país hubo alta corrupción durante el periodo analizado, mientras que apenas tres de cada diez de ellos legitiman la democracia. Algo similar se observa en Colombia, donde nueve de cada diez ciudadanos consideran que existe una alta corrupción, mientras que solo tres legitiman la democracia. Lo mismo sucede en Ecuador, donde ocho de cada diez de los encuestados tienen una alta percepción de la corrupción, y solo tres creen en la democracia.

El caso diferente es Costa Rica, porque, del total de encuestados, el 90,0 % menciona que en su país hay una alta corrupción, pero de ellos solo el 47,4 % señaló que su país es democrático, y el 43,5 %, que no lo es. Hay una diferencia leve entre ambos resultados de democracia asociados a la alta corrupción; ello indica que no hay una tendencia marcada a asociar la alta corrupción a un gobierno que no es democrático, como en el caso de los otros países analizados. Esto recuerda lo señalado por ^{Huntington (1994)}, quien considera que ese tipo de fenómenos son problemáticos para el sistema, pero no son su final.

Ahora bien, al revisar los cuatro casos en conjunto, según como lo muestra la tabla 8, se encuentra una mayor tendencia entre alta corrupción (desconfianza) y baja legitimidad (no es democrático), lo cual puede sugerir un proceso de desdemocratización en los países, dado que nueve de cada diez encuestados perciben una alta corrupción en sus países, al tiempo que seis de cada diez observan bajos niveles de democracia. En este sentido, se confirma la idea de que cuando los ciudadanos tienen una posición crítica frente al funcionamiento del gobierno en términos de corrupción, se erosiona la confianza, y ello impacta de igual forma la legitimidad (Seligson, 2006, citado en ^{Morales, 2009}, p. 227).

Respecto al análisis particular de cada una de las variables, en la categoría democracia se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:

En la tabla 9 se puede observar el consolidado del periodo 2015-2018, donde Chile es el país que presenta un mayor porcentaje de personas que consideran que la democracia es el mejor sistema de gobierno (83,4 %), mientras que Colombia presenta el menor porcentaje (72,3 %). De igual forma, Colombia muestra el menor apoyo a la democracia (56,1 %), mientras que en Costa Rica tiene el mayor porcentaje de dicho apoyo (64,1 %). Además, el país centroamericano presenta los mayores niveles en términos de que los políticos gobiernan para el pueblo (36,4 %) y la mayor aprobación del gobierno durante el periodo analizado (50,3 %). En este último aspecto, Colombia tiene la menor aprobación (32,0 %) y, al igual que en Chile y Ecuador, se valora muy bajo la variable de que se gobierna para el pueblo, con un promedio del 16,5 %.

En la categoría de corrupción, Chile presenta la mayor variación sobre el tema durante el periodo de estudio; es decir, los ciudadanos que consideran que esta aumentó o se mantuvo igual (94,8 %). Costa Rica, en cambio, es el que presenta la menor proporción (85,8 %), seguida de Colombia (87,7 %) y Ecuador (91,4 %). Finalmente, respecto a la lucha contra la corrupción, el país con un mayor nivel de confianza en tal sentido es Costa Rica, con el 57,8 %, mientras que Ecuador es el caso opuesto (21,2 %).

Al revisar el comportamiento de las variables año por año, se observa que en la democracia churchilliana, según lo muestra la figura 2, Chile y Costa Rica fueron los países que más incrementaron su percepción en 2018. Ecuador refleja un decrecimiento significativo de 14,1 pps, y Colombia, una variación negativa de 1,2 pps en 2018 respecto a 2017.

En el apoyo a la democracia se evidencia una tendencia decreciente en la preferencia de la democracia, al pasar del 62,1 % en 2015 al 56 % en 2018, previo al inicio de las manifestaciones y las movilizaciones en los países. De igual forma, se evidencia cierta tendencia a la aceptación del autoritarismo, como se ve en la figura 3.

Al analizar los cuatro países, como lo expresa la figura 4, se encuentra que todos prefieren la democracia a cualquier otro sistema de gobierno; sin embargo, hay diferencias significativas por país. Chile y Costa Rica tienden a un mayor apoyo, mientras que Colombia y Ecuador tienden a uno menor. Particularmente, Ecuador pasa de un apoyo a la democracia del 70,7 % a uno del 49,8 %; presenta, además, una variación en la tendencia democrática, que pasó del 15,8 % en 2015 a una del 18,6 % en 2018.

Al evaluar la democracia, tal cual se ve en la figura 5, Costa Rica es el país con la mejor valoración de la democracia. Colombia, por su parte, ha presentado un decrecimiento en tal sentido desde 2015, mientras que Chile y Ecuador presentan recuperación de la percepción de la democracia en sus países.

En la variable “gobernar para el pueblo”, como se muestra en la figura 6, Ecuador fue en 2015 el país que más consideró que se estaba gobernando para el pueblo; sin embargo, en 2018 tuvo un decrecimiento de 20,7 pps respecto a 2017. En 2018, Colombia fue el país, entre todos los casos analizados, con la más baja percepción respecto a gobernar para el pueblo, con solo el 15,3 % de los encuestados.

En cuanto a la aprobación del gobierno, como se ve en la figura 7, mientras Chile y Costa Rica muestran una tendencia al alza entre 2016 y 2018, en Ecuador se evidencia un decrecimiento en 2017, al pasar del 65,7 % en 2016 al 46,1 % en 2017, lo que representa una variación negativa de 19.6 pps. En Colombia se evidenció un decrecimiento continuo desde 2015 hasta 2017, y en 2018, un repunte del 34,6 % en la percepción, pese a dicho incremento no llegó en el último año al mismo nivel alcanzado en 2015, que fue del 48 %.

Pasando a la categoría de corrupción, en la primera variable que muestra la variación, tal cual lo muestra la figura 8, la región se mantuvo estable durante el periodo objeto de estudio. Chile presentó un decrecimiento de 5,2 pps, y Costa Rica, Colombia y Ecuador, leves aumentos. Estos comportamientos evidencian que, en general, la corrupción es una problemática estática en cada uno de los países, asunto que se confirma al contrastar con la variable de la lucha contra la corrupción, según se expresa en la figura 9, y la cual, en el contexto regional no tiene variaciones, si bien se destaca el caso de Costa Rica, que muestra una variación positiva de casi 10 pps, también mostrada en la figura 9. Ecuador es el país con una percepción más alta sobre la lucha contra la corrupción, respecto a los demás países. En 2017 se ubicó en el 61,5 % mientras que los demás oscilan entre el 23 % y el 41 %; Colombia fue el país con menor percepción en cuanto a lucha contra la corrupción por parte del gobierno.

Finalmente, ¿cómo explicar los resultados en el contexto de la crisis de la democracia? Al calcular los índices de legitimidad y confianza, que se muestran en la tabla 10, se hace evidente que las diferencias y las similitudes en los cuatro países se modifican, pues, en términos de legitimidad y confianza, los gobiernos de Colombia y de Costa Rica tienden a la similitud, al ubicarse en un punto medio. De forma similar sucede solo en la legitimidad en Chile y Ecuador, aunque este último país representa mayor legitimidad del gobierno en los casos objeto de estudio y, además, presenta la mayor confianza, mientras que Chile presenta la menor.

Al graficar los resultados, según lo muestra la figura 10, se observa que los cuatro casos se ubican en el cuadrante inferior derecho, lo cual significa que son democracias con baja legitimidad y poco confiables, por cuenta de la corrupción; no obstante, lo casos presentan leves diferencias entre sí, y se destaca el caso de Ecuador, dado que presenta una mayor amplitud, en términos tanto de legitimidad como de confianza, lo cual ubica a dicho país en una tendencia hacia la democratización, mientras que los casos de Costa Rica (que presenta menores niveles de legitimidad) y de Chile (con bajos niveles de confianza) presentan una tendencia de desdemocratización; es decir, de crisis de la democracia. Colombia termina siendo el caso intermedio.

CONCLUSIONES

Con la presente investigación se evidenció que en países como Chile y Costa Rica -excepcionales en sus procesos de formación y construcción del Estado y la democracia- y en países como Colombia y Ecuador -de comportamientos anómalos y baja capacidad- se halla una tendencia a agruparse hacia un extremo de desdemocratización, +3, en tanto se evidencian bajos niveles de legitimidad y de confianza en los cuatro casos.

En este sentido, al desagregar las variables, se evidenció que Ecuador es el único país de los analizados que tiene una percepción más alta de “gobierna para el pueblo” y, como es de esperarse, una aprobación más alta a la gestión del gobierno. Por su parte, Costa Rica tiene la más alta valoración de la democracia: es decir, los encuestados opinan que su país es muy democrático; sin embargo, y como se evidenció en las tablas de contingencia, es el segundo país entre los que perciben incremento en la corrupción.

Chile tiene la más alta percepción de incremento en la corrupción y, a su vez, la más alta opinión por parte de los encuestados sobre la democracia churchilliana. Mientras, Colombia tiene la percepción más baja de aprobación del gobierno; ello se explica porque en 2017 el indicador bajó al 12,9 %: es decir, bajó 19,4 pps respecto a 2016. Sin embargo, para 2018 se incrementó al 35 %. En cuanto a las variables de democracia, es el país de la región analizada que tiene la más baja opinión de democracia churchilliana, más bajo apoyo a la democracia y más baja evaluación de la democracia.

En conclusión, a pesar de las similitudes y las diferencias establecidas inicialmente en los cuatro casos, se encontró que, en términos de legitimidad y confianza, todos presentan una tendencia a la desdemocratización; en otras palabras, la diferencia de las parejas Chile-Costa Rica y Colombia-Ecuador se difumina al analizar la relación corrupción-democracia: todos estos países presentan a lo largo del periodo 2015-2018 bajos niveles de confianza y de legitimidad, lo cual permite entender una parte del contexto previo a las movilizaciones y las protestas, que expresan una crisis de representación en el periodo 2018-2020; esto, en general, sugiere una desconfianza y desaprobación de los gobiernos.

Además de lo anterior, se considera que a partir de la tendencia hallada en las tablas de contingencia, de agruparse hacia un extremo la corrupción y la democracia, es necesario seguir explorando tal tipo de comportamientos. Cabe una aclaración importante: la corrupción vista en el presente trabajo no ha sido explicada como causalidad de la crisis de representación, sino, simplemente, como un factor asociado que permite exponer las tendencias de categorías relevantes en los procesos de democratización o desdemocratización, como lo son la legitimidad y la confianza.