INTRODUCCIÓN

La región del Sumapaz está ubicada en el flanco occidental de la cordillera Oriental colombiana. La componen los municipios de Pasca, Fusagasugá, Silvania, Cabrera, Venecia, Arbeláez, Tibacuy, San Bernardo y Pandi, en el departamento de Cundinamarca, así como la localidad 20 de Bogotá, D. C., y los municipios de Cunday e Icononzo, en el departamento del Tolima (^{Londoño, 2011}, pp. 17-20). Sin embargo, a raíz de las dinámicas propias del tema central de la investigación, también se tendrán en cuenta los municipios de Viotá, Soacha y Granada, y el sur de la ciudad de Bogotá.

La región ha sido ampliamente estudiada desde las ciencias sociales por parte de personas como Rocío Lodoño (2011), Elsy ^{Marulanda (1989)}; 1991, Laura ^{Varela (2011)}, Yuri ^{Romero (2007)}, José Jairo ^{González (1986)}, Alfredo ^{Molano (2016)} y Pierre ^{Gilhodes (1974)}, entre otros. Desde estas miradas es posible afirmar que la sociogénesis del Sumapaz se basó, primeramente, en la influencia del sindicalismo agrario y campesino, que luchaba por mejorar las condiciones de trabajo en las haciendas y por la propiedad de la tierra; en segundo lugar, en la fuerte influencia que tuvieron en la región el Partido Comunista (PC) y el Partido Liberal, excepto en municipios como Arbeláez y San Bernardo; en tercer lugar, en la adhesión y la base social de las guerrillas liberales durante la década de 1950, y de la guerrilla de las FARC-EP, desde la de 1980 (^{Baquero, 2020}), y finalmente, en una estigmatización estatal sostenida hacia la población y el territorio sumapaceño, a raíz del continuo desarrollo de una administración pública no estatal, que se imbricó ocasionalmente en buenas relaciones entre la población civil y la guerrilla.

Fuente: elaboración propia

Figura 1 La provincia del Sumapaz. 

GRUPOS GUERRILLEROS EN LA PROVINCIA DEL SUMAPAZ

La presencia de las FARC-EP en la provincia del Sumapaz se inició plenamente en los años ochenta del siglo XX, cuando la traza espontánea de la guerrilla en las “zonas altas”, que eran colindantes con el páramo de Sumapaz, se volvió más intensa. Estas zonas eran los territorios del bosque alto andino en los municipios de Pasca, Arbeláez y San Bernardo, y en la localidad 20 de Bogotá, donde el agreste terreno le ofrecía a la guerrilla un tránsito seguro. Al cabo de pocos años, en estos territorios se fortaleció la simpatía por la guerrilla (El Tiempo, 1992) y se incrementó la militancia en la organización (El Tiempo, 1993a), lo cual rápidamente convirtió al Sumapaz en una “zona de dominio guerrillero” (^{Baquero, 2020}) desde la cual se llevaron a cabo numerosos repertorios violentos hacia toda la provincia; incluso, hasta las “zonas bajas”: es decir, los municipios de Fusagasugá, Arbeláez, Icononzo, Pandi y Silvania (A. Meza, entrevistado por Jorge Baquero, 2 de diciembre de 2021).

Los repertorios violentos más ostentosos fueron los asesinatos “ejemplarizantes” (CINEP, 1991a, pp. 37 y 110), las tomas de cascos urbanos (El Tiempo, 1994a), los atentados (CINEP, 1991b, p. 98) y las amenazas (El Tiempo, 1994a); sin embargo, los casos de constreñimiento a los funcionarios públicos e, incluso, los secuestros y los asesinatos de algunos de estos últimos (CINEP, 1992a, p. 103 & 115; 1992b, p. 104; 1994a, p. 68; 1994b, p. 48) fueron los casos que causaron mayor tensión en el interior de la sociedad; entre otras cosas, porque estos funcionarios públicos eran bastante queridos por la comunidad de la provincia (El Tiempo, 1994b).

Como resultado de lo anterior, las Fuerzas Militares (FF. MM.) y otras agencias del Estado intentaron contrarrestar el poderío de las FARC-EP en la provincia; sin embargo, la fuerza militar de la guerrilla, sumada al apoyo político y social hacia esta en la región, hicieron que entre 1995 y 1997 las FARC-EP establecieran un orden social insurgente que les permitió ser el tercer garante del territorio. A su vez, dicho orden social guerrillero aplicaba poca violencia, porque los subversivos eran obedecidos ampliamente, y sus ofertas de seguridad, justicia y bienestar social contaban, aunque a regañadientes, con apoyo social (^{Baquero, 2022}). De este modo, las FF. MM. tenían muchos incentivos para aplicar violencia indiscriminada sobre los simpatizantes y los militantes de las FARC-EP, cuestión que ocurrió al mismo tiempo que en muchos otros lugares del territorio colombiano, donde el Estado usó a los grupos paramilitares para ejercer un dominio indirecto de la población civil (^{Gutiérrez, 2014}, pp. 167-247), y así expulsar a la guerrilla de los territorios.

En cualquier caso, cabe decir que de estos años en adelante, repertorios de violencia como las extorsiones y los secuestros con fines extorsivos se intensificaron en municipios como San Bernardo, Pasca, Venecia, Pandi, Icononzo y Silvania; de esta manera, al encon­trarse la Brigada Decimotercera del EJC y el Noveno Comando de Policía Nacional (PONAL) en el municipio de Fusagasugá, gran parte de los notablatos¹ de la provincia vieron a Fusagasugá como el lugar más seguro para vivir y tener allí su patrimonio económico (A. Mora, entrevistado por Jorge ^{Baquero, 17 de enero de 2022}).

De igual manera, el lugar de mayor valorización, por su posición colindante con la vía Panamericana y sus zonas de recreo, era el tramo territorial entre los municipios de Fusagasugá y Silvania; es decir, las veredas de Novillero y Cucharal. En dichos sitios, varios de los notablatos locales de la provincia -que en algunos casos eran parte de la clase política regional y departamental- tenían sus inversiones económicas, sus fincas de recreo y ostentosas propiedades, que contaban, en algunos casos, con piscinas, canchas de tenis, zonas de motocross y clubes deportivos, entre otros servicios.

En consecuencia con lo anterior, la extorsión y el secuestro se incrementaron en el municipio de Fusagasugá. Dentro de las personas secuestradas y extorsionadas por las FARC-EP se encontraron el señor Lázaro Montes, exgerente de Hyundai Colombia (El Tiempo, 2000a) y ‘Lucho’ Herrera, figura nacional del ciclismo (El País, 2000). Al mismo tiempo, algunas personas que representaban a la clase media en el municipio de Fusagasugá eran entendidos por la guerrilla como “los burgueses del pueblo”, en su forma exótica de comprender la lucha de clases. Algunas de estas personas fueron: el señor Guillermo Acosta, propietario del depósito de maderas Santander; Fernando Méndez, gerente de producción de Incubacol (^{Usaquén & Tinjacá, 2018}), y algunas personas que habitaban la exclusiva zona de Chinauta (CINEP, 1996, p. 53). Finalmente, este tipo de extorsiones y secuestros se extendieron de manera importante hacia los tenderos y los pequeños comerciantes (Archivo Central de Fusagasugá [ACF], 2001a), lo cual lesionó profundamente las relaciones entre la población civil y la guerrilla.

Fuente: elaboración propia

Figura 2 Estructuras de las FARC-EP en la provincia del Sumapaz. 

GRUPOS PARAMILITARES EN LA REGIÓN DEL SUMAPAZ

La incursión del paramilitarismo en el Sumapaz puede estar relacionada con la inversión en clubes de recreo, en la medida en que la “inseguridad” de la élite podía ser controlada por cuenta de la violencia paramilitar; es decir, el paramilitarismo en Fusagasugá fue estimulado por una parte de la élite económica cercana a Bogotá, preocupada por habitar el territorio de forma segura, por lo cual había una conexión causal entre estos dos actores societales; no hay que olvidar que en 2005 Vicente Castaño² afirmaba:

En Urabá tenemos cultivos de palma. Yo mismo conseguí a los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos. La idea es llevar a los ricos a invertir en ese tipo de proyectos en diferentes zonas del país. Al llevar a los ricos a esas zonas llegan las instituciones del Estado. Desafortunadamente las instituciones del Estado sólo le caminan a esas cosas cuando están los ricos. Hay que llevar ricos a todas las regiones del país y esa es una de las misiones que tienen todos los comandantes de autodefensa. (Revista Semana, 2005)

A pesar de lo anterior, los notablatos de la provincia no eran todopoderosos en el municipio de Fusagasugá, pues durante décadas el PC y el movimiento cívico habían tenido en el municipio un desarrollo político sólido; estas organizaciones se originaron desde procesos campesinos que, mayoritariamente, luchaban por la propiedad de la tierra y la mejora de las condiciones en las haciendas. La incidencia de dichas organizaciones fue notoria, y se extendió desde la década de 1920 hasta, más o menos, la de 1980. El éxito de estas organizaciones convirtió a la provincia del Sumapaz en una vanguardia del movimiento agrario, liderada por personajes como Erasmo Valencia, Juan de la Cruz Varela y el mismo Jorge Eliecer Gaitán (^{Londoño, 2011}).

Siguiendo esta línea de discusión, solucionado mayoritariamente el tema de la reforma agraria en la provincia del Sumapaz (^{González, 2014}), el movimiento agrario del territorio fue mutando hacia un movimiento cívico en el sur de Fusagasugá, por cuenta de habitantes de los barrios populares construidos por la Central Nacional Provivienda (Cenaprov) y el PC; en algunos de dichos barrios populares, como Las Américas, Pablo Bello, Pardo Leal, El Obrero y Los Comuneros, se centraron la simpatía y la militancia en pro de las tendencias políticas de izquierda, pues los abuelos, los padres y los tíos de estas unidades familiares eran militantes del PC, así como la juventud y la niñez, que se organizaban en torno a las Juventudes Comunistas (Juco) y los Niños Comunistas³ (^{Godoy, 2018}).

De ese modo, en el municipio de Fusagasugá, al igual que en la provincia, los concejos municipales eran mayoritariamente comunistas y de izquierda, mientras que en términos de los representantes en el Congreso de la República y los diputados de la Asamblea de Cundinamarca la situación era diferente, pues en los ámbitos departamental y nacional los militantes alternativos representaban una fracción minoritaria. Buen ejemplo de lo anterior era el caso del señor Cesar Manrique Soacha, quien, a escala tanto departamental como nacional, no representaba una sólida estructura política para el momento, pero sí era fuerte en trabajos políticos locales: logró, por ejemplo, ser alcalde municipal de Fusagasugá, apoyado por la Acción Democrática Nacionalista (ADN), e impulsó políticamente en Cundinamarca a Gustavo Petro Urrego.

A propósito de estas dinámicas sociales y políticas que se desarrollaban en los barrios populares, el suroccidente de la ciudad era la parte más adecuada para que se efectuase el movimiento clandestino por parte de las FARC-EP, pues, bien fuere por simpatía o por obligación, en estos barrios la guerrilla corría menos riesgos de persecución, captura y muerte; más aún, cuando el corregimiento suroriental conectaba con la vereda El Carmen, en el municipio de Pasca, y de allí, al páramo de Sumapaz (^{Usaquén & Tinjacá, 2018}). De esa manera, gran parte del sector militar y algunos sectores de los notablatos miraban con sospecha a tales barrios populares; muchas veces las desconfianzas los llevaron a perseguir legalmente y estigmatizar a esos habitantes; es decir, por la posición geográfica que ocupaban en la ciudad y por su militancia política de izquierda.

En otro sentido, algunas de las élites políticas y económicas de la provincia no lograron configurarse en ese tránsito de la región desde una economía feudal y estática hacia el dinamismo capitalista de la segunda mitad del siglo XX; dichas élites políticas tampoco lograron cautivar a los grupos sociales emergentes, que terminaron votando por propuestas políticas que, mayoritariamente, se encontraban en la izquierda. En buena medida, este tipo de fenómenos ya los advertía Jeffery ^{Paige (1975)}, al mostrar que la acumulación violenta hecha por terratenientes en economías feudales activaba las guerras civiles; por consiguiente, dicha acumulación violenta es el resultado de la imposibilidad de las élites para configurarse en una economía capitalista.

Tanto 1999 como 2000 fueron años de mucha organización social y sindical por parte de diferentes sectores sociales; sobre todo, los trabajadores de la salud, los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca y la Federación Nacional de Educadores. Esos sectores formaban una estructura organizativa y política bastante robusta, capaz de movilizar a gran escala a los trabajadores de diferentes gremios económicos, e inspirar una gran simpatía en la sociedad. A su vez, dicho contexto de tolerancia con el sindicalismo impulsó a trabajadores de otros gremios que estaban sin sindicalización para que movilizaran sus causas laborales, cuestión que decantó en la creación de un nodo provincial de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y que tuvo una resonancia nacional por su organización y su movilización constantes; sobre todo, en el municipio de Fusagasugá (ACF, 1999, 2000).

Por un lado, ante el crecimiento del sindicalismo, del movimiento estudiantil, y de los movimientos sociales y campesinos, y por otro, dado el dominio en las “zonas altas”, o bosque alto andino del Sumapaz por parte de las FARC-EP, emergieron en el territorio los grupos paramilitares de las ACC en los municipios de Fusagasugá, Viotá y Silvania (El Espectador, 2021), y del Bloque Tolima, de las AUC, en los municipios de Icononzo, Cunday y Pandi. Estos grupos de paramilitares, que tuvieron presencia e incidencia en la provincia del Sumapaz entre 2001 y 2004, fueron paramilitares de segunda generación; es decir, paramilitares con estructuras ancladas a las AUC, bajo el mando de la Casa Castaño, con una estructura de mando muy jerarquizada y vertical, orgánicamente vinculados al narcotráfico, y con motivaciones de realizar una captura de las instituciones públicas o una captura invertida del Estado (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2018).

Es necesario aclarar que los grupos paramilitares del Sumapaz no se desarrollaron en un territorio vacío⁴, pues a lo largo del siglo XX se desplegaron organizaciones paramilitares; es decir,

[…] estructuras armadas por fuera del Estado, pero en un entorno amplio de tolerancia, cuando no de abierto apoyo de su parte, en la que participan orgánicamente élites legales e ilegales, quienes definían sus objetivos programáticos, entre los cuales tenían especial interés, la lucha contrainsurgente. (^{Barrera, 2020}, pp. 184-185)

De ese modo, las estructuras de las AUC y las ACC tuvieron su antecedente en la segunda mitad del siglo XX, en el momento en que los “pájaros conservadores” (CNMH, 2018) generaron violencia paramilitar en los municipios de Arbeláez y San Bernardo, y los “liberales limpios” hicieron lo propio en los municipios de Pandi y Cabrera, bajo el mando, respectivamente, de Antonio Vargas (Voz Proletaria, 1968, p. 6; ^{Rehm, 2015}) y de Félix María Rangel (Voz Proletaria, 1960a; ^{Sánchez, 1989}, p. 48).

Los paramilitares de primera generación, ya mencionados, desarrollaron el uso de repertorios violentos en el periodo de La Violencia, con dos fines: por un lado, la acumulación de tierras (F. Romero, entrevistado por Jorge ^{Baquero, 11 de febrero de 2022}) y, por otro, la lucha contrainsurgente por fuera del Estado. Así, los “liberales limpios” y los “pájaros conservadores” fueron emprendimientos localistas, poco articulados entre sí, mayoritariamente aliados con la Fuerza Pública, con objetivos antiguerrilleros y amparados por el Decreto 3398 de 1965, la Ley 48 de 1968 y el Decreto 354 de 1994 (CNMH, 2018, pp. 48-49).

Al igual que los “liberales limpios” y los “pájaros conservadores”, los emprendimientos paramilitares localistas continuaron existiendo en el tiempo; sobre todo, aglutinados en tres tipologías: por una parte, los dedicados a los asesinatos de líderes sociales y políticos de la Unión Patriótica (UP) (CINEP, 2007, p. 321); por otro, las mal llamadas “limpiezas sociales”, y finalmente, las alianzas entre militares y paramilitares. Sin embargo, cuantitativamente hablando, estas formas de violencia no son tan significativas como el fenómeno paramilitar del Sumapaz para el periodo 2001-2004. Aun así, en efecto, pueden ubicarse como los antecedentes de la base social paramilitar en la provincia; si se quiere, estos pueden entenderse como la prehistoria de las AUC y las ACC en el Sumapaz.

La forma como se desarrolló esta violencia paramilitar -y lo hizo con mucha intensidad- fue dirigida hacia el ataque a los militantes de izquierda y de la UP; sobre todo, por medio de amenazas y de asesinatos selectivos de militantes y de simpatizantes en los municipios de Cabrera, Cunday, Venecia y Fusagasugá, y en la localidad 20 de Bogotá; todo ello, entre 1985 y 1991 (^{Romero, 2011}, p. 79; Semanario Voz, 1988; 1985a; 1985b; CINEP, 1989, p. 45; W. Riveros, entrevistado por Jorge Baquero, 18 de octubre de 2021). De igual modo, las alianzas entre militares y paramilitares en la provincia del Sumapaz iban, en teoría, dirigidas contra militantes y simpatizantes de las FARC-EP; sin embargo para estos ejércitos contrainsurgentes no había una clara diferenciación entre la guerrilla y la simpatía con la izquierda política. Buen ejemplo de lo anterior es el caso de la masacre de la familia Palacios, ocurrida en 1991, en la vereda El Cafetalito, del municipio de Fusagasugá. Allí, miembros del EJC asesinaron a toda una familia de moradores (El Tiempo, 1991). Según las FF. MM., esto se produjo a raíz del auxilio que esta familia proporcionaba a la guerrilla, pero en realidad solo se comprobó que esta familia fue simpatizante de la UP (El Tiempo, 1993b).

Finalmente, las mal llamadas “limpiezas sociales” fueron un tipo de violencia que se desarrolló en la región entre 1989 y 1993, desde sectores paramilitares no identificados y, en muchos casos, atribuidos a los ocupantes de camionetas de color blanco con vidrios polarizados, que asesinaban a habitantes de la calle, a expendedores y a consumidores de sustancias sicoactivas, junto con algunas personas -identificadas o sin identificar- que eran marcadas en sus cuerpos torturados como “auxiliadores de la guerrilla” o “guerrilleros”. Cabe decir que dichos asesinatos eran realizados principalmente en el municipio de Fusagasugá, pero los cuerpos de las víctimas eran arrojados a la vía que conecta al municipio con el de Sibaté (CINEP, 1993, pp. 71, 105, 118, 139; 1992a, p. 109; 1992b, p. 107).

De este modo, el municipio de Fusagasugá se convirtió en un lugar propicio para la concurrencia de “limpiezas sociales”, asesinatos y masacres cometidas en contra de personas habitantes de la calle, y las cuales, presuntamente, eran asesinadas por agentes de la PONAL y de la “policía cívica”, creada esta última, sin requisitos legales, por Leonor Serrano de Camargo, alcaldesa municipal (Consejo de Estado, 2017). Es necesario decir que el fenómeno de las “limpiezas sociales” fue retomado de manera tenue al final del siglo XX, en el municipio de Fusagasugá; varios de esos casos combinaban las motivaciones de exterminio del “habitante de la calle” y las motivaciones antisubversivas: por ejemplo, en los momentos en que la división de inteligencia del EJC cometió asesinatos extrajudiciales en el territorio (Consejo de Estado, 2017, p. 322; CINEP, 2013, pp. 20 y 297).

Todas las características históricas de la provincia del Sumapaz ya descritas son aspectos que propiciaron la llegada de las estructuras paramilitares “de segunda generación”, al mando de la Casa Castaño, en 2001; específicamente, las ACC, bajo el mando de Héctor German Buitrago, alias Martín Llanos, y más tarde, el Bloque Tolima, de las AUC, bajo el mando de Miguel Arroyabe, alias Arcángel.

Haciendo énfasis en las ACC, a órdenes de alias Martín Llanos, estas hicieron presencia desde 2001 en la cabecera de la provincia del Sumapaz; específicamente, en el municipio de Fusagasugá, donde tenían tres motivaciones para arribar a la zona: primeramente, evacuar el dinero de sus actividades delictivas en los Llanos Orientales, y ponerlo en un territorio cercano a la ciudad de Bogotá, donde estuviera seguro de sus “enemigos de guerra”; en segundo lugar, expandirse militarmente desde los Llanos Orientales hasta el centro del país -sobre todo, hacia las provincias de Tequendama y Sumapaz-, y en tercer lugar, ofrecer violencia privada para ser subcontratada por algunas élites de la provincia del Sumapaz con las que habían tenido buenas relaciones en el pasado.

El arribo de las ACC al municipio de Fusagasugá se generó en un momento de bastante “madurez” de la organización paramilitar, pues el origen de dicha organización se ubica en 1979, desde el momento en que el padre de alias Martín Llanos organizó una fuerza paramilitar localista para fungir como garante de la seguridad física y patrimonial de los colonos y los terratenientes en el departamento de Casanare. Estas fuerzas paramilitares del padre de alias Martín Llanos se llamaron en su momento Los Buitragueños, y más tarde se unieron con Los Carranceros y lograron extender sus propiedades -sobre todo, tierras- y el control de sus economías de la coca; mientras ello ocurría, algunas instituciones del Estado no perseguían a dichas estructuras a raíz del asedio ilegal de Los Buitragueños hacia las organizaciones guerrilleras en los Llanos Orientales (El Espectador, 2014).

Con el paso del tiempo, alias Martín Llanos se convirtió en el principal enlace de las estructuras nacionales paramilitares con las élites regionales de los Llanos Orientales (Rutas del Conflicto, s.f.); incluso, la primera incursión paramilitar de la Casa Castaño en los Llanos Orientales fue apoyada logísticamente por alias Martín Llanos; es decir, las 50 personas asesinadas en la masacre de Mapiripán, en el departamento del Meta, son producto de la alianza entre Carlos Castaño, Hernán Buitrago y parte de las FF. MM. (Verdad Abierta, 2009a).

A pesar de lo anterior, la entrada de la Casa Castaño a los Llanos Orientales hizo que Buitrago sintiera amenazado su poderío. La violencia de Buitrago hacia la población civil se intensificó, hasta el punto, incluso, de asesinar a los antiguos colegas paramilitares de sus primeros años de vida criminal. En efecto, Buitrago asesinó a personas muy cercanas a la familia Feliciano y a algunos trabajadores de grupos paramilitares aliados en los departamentos de Casanare y Meta. Estas paranoias, junto con la intención de Castaño de direccionar el proyecto paramilitar hacia mandos más obedientes a la Casa Castaño, hizo que se desplazara a Buitrago del poder paramilitar de los Llanos Orientales. A comienzos de 2002, las AUC le vendieron el Bloque Centauros al narcotraficante Miguel Arroyabe alias Arcángel, y el Bloque Vencedores de Arauca, a alias Los Mellizos; es decir, Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Munera.

Las decisiones de Castaño y la “rebelión” de Buitrago hicieron que la guerra por los Llanos Orientales fuera desbordada (Revista Semana, 2012), sin embargo, algunos registros hablan de que para los años 2003 y 2004 la guerra entre las ACC de Buitrago y el Bloque Centauros de Arroyabe dejó más de 3.000 víctimas (Verdad Abierta, 2009b). A pesar de lo anterior, uno de los escenarios de guerra intraparamilitar entre las mencionadas estructuras no fue la provincia del Sumapaz: los dominios de Buitrago estaban centrados en los municipios de Viotá, Silvania y Fusagasugá, mientras que sus “enemigos de guerra” dominaron tardíamente los municipios de Pandi, Cunday e Icononzo.

A propósito de las ACC en el Sumapaz, su “comisario” fue Rafael Antonio Sáenz, alias El Diablo, el cual tenía buenas relaciones con una parte de las FF. MM., pues tenían un intercambio de bienes y servicios violentos (Verdad Abierta, 2012); por un lado, parte de las FF. MM. no perseguían a las estructuras de las ACC, mientras que, por otro, las ACC asesinaban personas para ser presentadas como muertos en combate por parte del EJC. Buen ejemplo de lo anterior son los casos de algunos “falsos positivos” en la vereda La Vega, del municipio de Viotá (JIPCEADC, 2012, p. 11), o los “falsos positivos” en Fusagasugá, por los cuales condenaron al capitán Edgar Arbeláez Sánchez (El Tiempo, 2008).

El asidero social más sólido que sostuvieron los grupos paramilitares en la provincia del Sumapaz fue el asesinato de “habitantes de la calle”, pues entre 1999 y 2000 se fueron consolidando lugares de expendio de sustancias sicoactivas por los diferentes sectores del municipio; adicionalmente, se incrementó de forma considerable el número de habitantes de la calle, ladrones, prostitutas y otras personas “indeseables” para algunos sectores sociales del municipio (ACF, 2001b). De ese modo, el problema social en cuestión se convirtió en el tema central del municipio, tanto en términos administrativos, por parte de las agencias locales del Estado, como en los medios locales de comunicación (ACF, 2001c).

En consecuencia, desde 2001 hasta 2004, en diferentes lugares de la ciudad, empezaron a surgir panfletos amenazadores hacia los diferentes grupos de “indeseables” del municipio de Fusagasugá. Estos panfletos eran firmados por el comandante alias Albeiro, de las ACC (ACF, 2003). En efecto, se fue desarrollando un número de masacres y asesinatos, con un patrón de comportamiento concentrado en asesinatos hacia “habitantes de la calle”, ejecutados en las noches, y desde camionetas de alta gama con vidrios polarizados y sin placas (ACF, 2001d).

Al igual que los asesinatos y las masacres en contra de habitantes de la calle, la violencia paramilitar fue aplicada de forma certera hacia el sindicalismo y el liderazgo social en el municipio de Fusagasugá. En primer lugar, los líderes de la izquierda política fueron amenazados y asesinados por los grupos paramilitares. En segundo lugar, algunos de los trabajadores sindicalizados y con actividad pública fueron asesinados. Y finalmente, algunos liderazgos sociales y estudiantiles sufrieron desplazamientos forzados a causa de amenazas, y muchos de ellos terminaron en el exilio (ACF, 2002).

Los líderes políticos de “izquierda” sufrieron un grado de persecución muy elevado por parte de los grupos paramilitares; sobre todo, los militantes de la UP, el PC y los pobladores de los barrios populares, donde Cenaprov había consolidado un impor­tante grado de simpatía hacia los líderes políticos de izquierda (CINEP, 2000, p. 146 y p. 184; J. Moncada, entrevistado por Jorge Baquero, 23 de noviembre de 2021). De igual forma, veredas del sur de Fusagasugá como Bochica, La Trinidad, Mesitas y Sardinas habían sido de tránsito por parte de las FARC-EP para conectar con las veredas de El Carmen, en el municipio de Pasca; por ello, fueron constantemente estigmatizados los territorios y sus pobladores, hasta cuando los panfletos amenazadores y las llamadas telefónicas realizadas por las ACC generaron varios desplazamientos forzados (CINEP, 2001a, p. 93; ^{Tinjacá & Usaquén, 2019}, p. 315).

Siguiendo la línea argumentativa anterior, un caso emblemático de la violencia paramilitar hacia el sindicalismo y liderazgo social fue el asesinato de Jorge Darío Hoyos (3 de marzo de 2001), un sindicalista de la provincia que fungía como una de las caras más visibles de los liderazgos sociales de Fusagasugá (CAJAR, 2021). Entre otras cosas, el asesinato de Hoyos develó que un grupo de comerciantes vinculados a tabernas y apuestas ilegales en Fusagasugá actuaban en complicidad con las ACC, y que en el asesinato de Hoyos se contó con la participación un miembro activo del EJC (Juzgado Décimo Penal, 2020). Hoyos hacía parte de un grupo de personas que en el pasado habían sido objeto de constantes allanamientos por parte de la Fuerza Pública. Años más tarde, estas personas fueron amenazadas por los paramilitares con sufragios, coronas fúnebres y amenazas telefónicas (G. Moreno, entrevistado por Brayan Origua, 22 de octubre de 2017).

El asesinato de Hoyos fue parte de una sistemática persecución violenta al sindicalismo de la provincia; diferentes líderes sociales y sindicales fueron desplazados con violencia por parte de grupos paramilitares; además, las familias de las personas más visibles del municipio de Fusagasugá tuvieron que abandonar el municipio, a raíz de una “lista negra” que estaba circulando en la cabecera de la provincia antes del asesinato de Hoyos (CINEP, 2001a, p. 148; CAJAR, 2017); en otras palabras, el asesinato de Hoyos al parecer fue el aviso de que las amenazas terminarían en los asesinatos del resto de los líderes que estaban en la “lista negra”.

De la misma forma, el asesinato de Doris Núñez Lozano y el atentado sicarial en contra de Omar García Angulo -ambos, miembros del sindicato de Trabajadores de Telecomunicaciones Colombia (Telecom)- hizo que se desmovilizara por completo el movimiento sindical en la provincia (El Tiempo, 2021; CINEP, 2001b, pp. 120-121); entre otras cosas, este hecho generó una alerta temprana por parte de la Defensoría del Pueblo y una investigación por parte de las Fiscalía General de la Nación, que alertaba sobre la “permisividad” de las FF. MM. con tal situación (ACF, 2001a).

La violencia en contra del sindicato de Telecom liquidó cualquier oportunidad de movilización y protesta en Fusagasugá, por lo que el miedo fue una tendencia anímica en el movimiento Sindical de educadores aglutinados en la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) (CAJAR, 2021). De forma idéntica, las constantes amenazas contra el movimiento sindical por la salud en Fusagasugá, su militancia y sus simpatizantes hicieron que numerosos médicos, enfermeras, trabajadores del Hospital San Rafael y población civil prefirieran abandonar el municipio y finalizar cualquier actividad sindical (^{Contreras, 2021}, pp. 98-99).

Es posible decir que la población más renuente a la violencia paramilitar fueron los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca (CINEP, 2005, p.98), pues tenían sus propias reivindicaciones por la educación pública, y persistieron en la movilización ciudadana, a pesar de la desaparición de los sindicatos, de los líderes sociales y de los líderes políticos en el escenario provincial. En noviembre de 2004, algunos estudiantes de la Universidad de Cundinamarca realizaron protestas que terminaron en un despliegue sin precedentes por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), cuestión que decantó en detenciones arbitrarias, abuso de autoridad, torturas y la agresión a una estudiante, que perdió varios dedos de sus manos (CINEP, 2004a, p. 220). Acto seguido a esta gran movilización y protesta estudiantil, continuaron las amenazas por parte de los grupos paramilitares hacia los estudiantes, como lo enuncia un testigo:

Después de la movilización empezaron las amenazas, los paramilitares comenzaron a seguirnos de la universidad a la casa, inclusive se escuchaba que varios paramilitares entraban a la universidad como pedro por su casa […] después de eso yo me exilié en Venezuela, también supe de compañeros que abandonaron sus estudios para irse al Ecuador”. (O. Durango, entrevista realizada por Jorge Baquero 13 de diciembre de 2021)

Por otro lado, en parte de los municipios de Arbeláez, Granada, Silvania, Fusagasugá, Viotá y Tibacuy, las ACC tenían fuerte presencia (El Tiempo, 2003a). Eso les permitió agenciar durante estos años toda una serie de repertorios violentos sobre la población civil de las regiones del Sumapaz y el Tequendama; buen ejemplo de ello fueron las 2.800 personas desplazadas en quince veredas de Viotá (El Tiempo, 2003b); acciones de paramilitares que, presuntamente, habrían sido planeadas desde la inspección de Cumaca (vereda San José). Según algunos pobladores de los mencionados municipios, el asesinato del señor José Ochoa Pérez, registrador municipal de Viotá (El Tiempo, 2003c), se ejecutó a la par con intimidaciones y amenazas hacia los funcionarios y los concejales en Silvania, por parte del capitán del Batallón Colombia (CPDH, 2003). En síntesis, la violencia paramilitar de Viotá estuvo orgánicamente vinculada a las acciones militares en las veredas de San José y las Brisas, de Tibacuy, y de Panamá Bajo, San José, Yayata y Loma Alta, de Silvania; es decir, todo era parte del mismo universo de hechos violentos.

Las claves para comprender el fenómeno paramilitar en la provincia del Sumapaz se encuentran, al parecer, en el municipio de Silvania: por su cercanía con la ciudad de Bogotá, dicho municipio se convirtió, a finales del decenio de 1990 e inicios del de 2000, en una zona de veraneo para las élites bogotanas, las cuales arribaron al territorio con la intención de invertir en la zona del municipio conocida como sector Condominios, lo cual, con el tiempo, se tradujo en una valorización de los predios aledaños. Adicionalmente, este fenómeno generó un cambio en las dinámicas laborales, pues las personas del sector rural empezaron a trabajar en la zona de Condominios; especialmente, en el club campestre El Bosque, el cual generaba empleo en diferentes áreas, servicios generales, jardinería y atención al cliente, entre otros; “yo trabajé en la casona del club durante 3 años más o menos, como mesero y con eso podía solventar mis gastos, se ganaba bueno” (I. Cortés, entrevistado por Brayan Origua, 15 de enero de 2018).

El crecimiento económico del municipio de Silvania era plausible, y tenía en el centro de su propio desarrollo local el sector de Condominios. Con el paso del tiempo, ciertos notablatos locales y regionales, y algunos miembros de la política tradicional, fueron desarrollando en Condominios un buen número de inversiones económicas; a su vez, este era su sitio de recreación y de encuentro los fines de semana. Lo anterior motivó que las FARC-EP dirigieran hacia ese sector la gran mayoría de sus repertorios violentos, como secuestros, amenazas, extorsiones, asesinatos y atentados, en un intento por capturar rentas de los visitantes de Condominios y del club El Bosque. Ante la intensificación de la violencia contra estas élites, las FF. MM. no podían contener la fortaleza militar de la guerrilla en el territorio, ni las lealtades que las FARC-EP habían construido en Silvania, lo cual les permitía huir ante cualquier intento de captura o combate.

Por supuesto, la legitimidad de las FARC-EP no era total en el municipio de Silvania: entre 1998 y 2001, el Frente 42 disciplinó a la población por medio de la violencia, impuso estrictos horarios de tránsito y la pena capital se utilizó de manera intensa; de igual modo, la captura de rentas hacia personas del común fue constante, lo cual causó un impacto negativo en las relaciones que en el pasado se habían construido con la población civil. Algunos casos relevantes fueron los robos y los asesinatos en las fincas de las veredas Loma Alta y San José (G. Moreno, entrevistado por Brayan Origua, 22 de octubre de 2017).

El casco urbano del municipio de Silvania también fue afectado por los repertorios violentos del Frente 42 de las FARC-EP, pues, en sucesivas ocasiones, los almacenes eran saqueados, con la excusa de ser un requerimiento de remesa por parte de la guerrilla; de igual forma, en las vías rurales se cometieron hurtos; personas que transportaban productos hacia las veredas eran detenidas y despojadas de sus vehículos, y los secuestros, las “pescas milagrosas” y las extorsiones eran mucho más intensos en el casco urbano, pues la guerrilla consideraba que en este lugar vivían los “ricos del pueblo” (G. Moreno, entrevistado por Brayan Origua, 22 de octubre de 2017).

Como consecuencia de tales hechos, las personas que asistían regularmente al club El Bosque y que tenían propiedades en Condominios dejaron de frecuentar Silvania, las personas que trabajan en estos sitios de recreo perdieron sus empleos, los campesinos que producían en el sector rural y los transportadores que iban a recoger la cosecha no volvieron. Todo eso llevó al municipio a un decrecimiento económico y a una desvalorización considerable del suelo; Condominios fue la zona más afectada.

Ante la intensidad del poder militar de la guerrilla en el municipio de Silvania, las FF. MM. desarrollaron toda una campaña de estigmatización de las veredas que limitaban con el municipio de Viotá (CINEP, 2011, p. 30, 35); zonas, que en efecto, eran transitadas por la guerrilla, y cuya población civil era relacionada con la insurgencia. Buen ejemplo de lo anterior transcurrió en el sector conocido como Casa Verde, donde se encontraba establecida una célula guerrillera del Frente 42 de las FARC-EP. Era muy común que las FF. MM. trataran de guerrilleros a los moradores de dichas veredas, y que, a su vez, realizaran allanamientos ilegales, acompañados de violencia y malos tratos (Personería Municipal de Silvania, 2017a).

De la misma forma, los docentes de la vereda Loma Alta fueron señalados de “marxistas” y de practicar la enseñanza de ideologías revolucionarias o de formación política de izquierda en sus estudiantes, mientras que las madres de familia eran acusadas de ser las comadres de alias El Negro Antonio (Personería Municipal de Silvania, 2017a). Todo lo anterior dio pie para que en 2001 los desplazamientos forzados fueran constantes en las veredas de Loma Alta, San José, La Pradera, Panamá Alto y Bajo, el Uval y Yayata; por ende, esos territorios se convirtieron en los más estigmatizados por parte de las FF. MM. y la población civil (Personería Municipal de Silvania, 2017b).

En este escenario de estigmatización y de violencia, las ACC arribaron al municipio de Silvania en 2003. Sus acciones militares contra la población civil fueron indiscriminadas (CINEP, 2003, pp. 123-124.). En efecto, los asesinatos selectivos se dispararon en las veredas Panamá Alto, El Retiro, Los Puentes, Santa Anita, El Silencio, El Uval, Yayata, Subia, Santa Rita, La Victoria y Quebrada Honda, y en algunos lugares dentro del casco urbano, como los barrios Kennedy, Centro, y el matadero municipal (Personería Municipal de Silvania, 2017a). Así, en el municipio de Silvania se desarrollaron, de manera sucesiva, fenómenos de estigmatización, amenazas, asesinatos y masacres; todo ello, en un entorno de amplia convivencia con las FF. MM.

Con el paso de los meses, la desconfianza entre la población civil iba creciendo; así mismo, las personas no confiaban en las instituciones estatales: ni en los notablatos locales ni, sobre todo, en las FF. MM. Tal cuestión se profundizó con las acciones delatoras por parte de antiguos guerrilleros de las FARC-EP, que en 2003 y 2004 terminaron apoyando con información a los paramilitares, y así lograron que en el municipio fuera disminuyendo la presencia de la guerrilla, pero también, la de personas de izquierda, ambientalistas, defensores de derechos humanos (DD. HH.), líderes sociales y cualquier persona que mostrara el menor asomo de pensamiento crítico (G. Moreno, entrevistado por Brayan Origua, 22 de octubre de 2017).

Fuente: elaboración propia, con base en datos del Registro Único de Víctimas de la UARIV

Figura 3 Víctimas en el municipio de Silvania (1985-2018). 

Veredas de Silvania como San José, Panamá Bajo, Loma Alta, Yayata, Subia y Azafranal están conectadas con las veredas El Palmar, Ceilán, Buena Vista, Calandaima, Glasgow, Argelia y La Argentina, del municipio de Viotá; por ello, la violencia se expandió de forma indiscriminada a lado y lado del límite municipal; masacres, asesinatos selectivos, amenazas, desapariciones, desplazamientos forzados y violencia política fueron los repertorios violentos que más se utilizaron en este territorio, el cual se convirtió en “tierra arrasada” por el paramilitarismo (Arévalo, 2018).

El caso de la violencia paramilitar de Viotá tuvo varias particularidades similares a las desarrolladas en la provincia del Sumapaz: en primer lugar, Viotá fue una zona de colonización espontánea en los primeros años del siglo XX. En segundo lugar, tuvo bastante militancia del sindicalismo campesino en haciendas cafeteras. En tercer lugar, desarrolló una fuerte militancia y una fuerte simpatía por el PC durante la segunda mitad del siglo XX. En cuarto lugar, finalmente, fue un lugar de “buenas relaciones” entre la población civil y las FARC-EP (^{Cepeda, 2018}). A pesar de lo anterior, estas “buenas relaciones” con la población civil fueron rotas por el uso de repertorios violentos como la extorsión y el secuestro por parte del Frente 42 de las FARC-EP; entre otras cosas, esta fue una importante razón para que en el municipio de Viotá floreciera el paramilitarismo (^{Vásquez, 2005}; 2002).

Si bien la violencia paramilitar se desarrolló desde finales de los años noventa del siglo XX en el municipio de Viotá, en 2003 se desbordaron, además, los asesinatos de comerciantes, militantes de la izquierda política y campesinos (El Tiempo, 2007a); tal fue la dimensión de esta violencia que el 20 de mayo hubo el desplazamiento forzado de más de 2.000 personas, que huyeron de quince veredas del municipio (Consejo de Redacción, 2021); todo lo anterior, con la anuencia del Batallón de Infantería N.° 28 (El Espectador, 2020), al no perseguir este a los hombres armados, que se paseaban en automóviles de alta gama y empuñando armas automáticas (El Tiempo, 2000b). Esos hombres se hallaban bajo el mando del comandante alias Albeiro, de las ACC (Semanario Voz, 2003).

Si bien la utilización de repertorios violentos por parte de los grupos paramilitares en el municipio de Viotá se desarrolló con mucha intensidad durante 2003 (El Tiempo, 2007b), la situación se extendió, en realidad, hasta 2005, pues, tras varias masacres, se intensificaron las amenazas hacia líderes sociales y agrarios, con el fin que estos últimos abandonaran el territorio (Agencia Prensa Rural, 2008). De esta manera se pueden comprender las razones por las cuales desde 2007 en adelante la ley del silencio y la desconfianza mutua fueron una tendencia en el municipio.

Nadie sabía nada, nadie hablaba de nada […] cuando en la escuela propuse hacer una actividad con la comunidad y hablé con los vecinos para que se vincularon a ella, una señora casi temblando me dijo: “Profe, no se quedé aquí, váyase esta noche, no se espere a mañana”, esa noche me fui del pueblo. (M. Ocampo, entrevista realizada por Brayan Origua, 18 de diciembre de 2021)

Efectivamente, las incursiones paramilitares en Viotá llevaron a que fueran asesinados varios auxiliadores de la guerrilla y varios guerrilleros; otros se volvieron los “delatores” de sus antiguos camaradas de guerra y, por ende, la persecución legal e ilegal hacia las FARC-EP fue intensa para esos años. A pesar de lo anterior, decenas de personas asesinadas eran inocentes, solo que en algún momento, por miedo, les hicieron algún favor a los hombres de las FARC-EP comandados por alias El Negro Antonio. Las víctimas no eran ultimadas de inmediato, sino que primero eran raptadas en camionetas Toyota, y luego, torturadas hasta cuando confesaran, sin que tal cosa fuera cierta, las relaciones de muchos de sus vecinos con las FARC-EP (S. Arana, entrevista realizada Brayan Origua, 8 de octubre de 2021).

Para algunos testigos de la incursión paramilitar en el municipio de Viotá son irrefutables las relaciones entre las FF. MM. y las ACC; como narraba uno de ellos,

[…] después del desplazamiento paramilitar del 2003, la comunidad se movilizó al casco urbano, todos los líderes comunales y concejales que movilizaron a las personas fueron amenazados o asesinados [...] mientras tanto la guerrilla tuvo combates con el Ejército (Nacional), casualmente paramilitares y Ejército (Nacional) estaban para el mismo lado. (P. Contreras, entrevista realizada Brayan Origua, 8 de octubre de 2020)

Por otro lado, los grupos paramilitares controlaron la vida política del municipio de Viotá en la medida en que exterminaron a la izquierda política y los liderazgos sociales, así como asesinaron a funcionarios públicos, incluyendo al registrador municipal. Dicho funcionario fue señalado por las ACC de emitir cédulas a miembros de la guerrilla; como decía un testigo, “cualquier joven del municipio era sospechoso de ser miliciano de las FARC (EP), por tanto, tener cédula de Viotá era ser (miembro) de las FARC (EP)” (P. Contreras, entrevista realizada Brayan Origua, 8 de octubre de 2020).

En resumen, las dinámicas paramilitares en el municipio de Viotá generaron un contexto de “tierra arrasada”; según las fuentes de la Unidad de Víctimas, allí se generaron 4.712 sujetos de reparación y 5.432 víctimas (^{Mellizo et al., 2020}, p. 306); cuestión más que preocupante para un municipio tan cerca de Bogotá, y donde la fortaleza de las instituciones defensoras de los DD. HH. debería, por ende, ser amplia. Finalmente, es posible señalar, a la luz de algunos testimonios, que el dominio paramilitar de las ACC en el municipio de Viotá llevó a que después de 2003 y 2004 se financiaran los grupos paramilitares por cuenta de algunas élites económicas locales dedicadas a la industria avícola, la ganadería y el comercio de víveres (P. Contreras, entrevista realizada Brayan Origua, 8 de octubre de 2020).

Fuente: elaboración propia, con base en datos del Registro Único de Víctimas, de la UARIV

Figura 4 Hechos violentos desarrollados en el municipio de Viotá (2000-2005). 

Al intentar ingresar con tanta violencia en la región del Tequendama y en la del Sumapaz, alias Martín Llanos hizo que sus territorios de dominio se fueran acercando a los lugares de control de Eduardo Cifuentes, alias El Águila, amo y señor del paramilitarismo en los territorios de Yacopí, Villeta, La Palma, La Peña, Topaipí y Pacho; también, incluso, en los municipios dominados por Jhon Fredy Gallo Bedoya, alias El Pájaro: es decir, los municipios de Nariño, Guataquí, San Juan de Rioseco, Chaguaní, Guaduas y Nimaima (^{Pérez & Torres, 2006}). Si bien el epicentro de esta investigación no son las guerras intraparamilitares de las mencionadas estructuras, este sí es uno de los eslabones perdidos en esa historia paramilitar; desde allí pueden develarse las relaciones causales entre otras élites provinciales y el fenómeno del paramilitarismo en el departamento de Cundinamarca.

Al parecer, la aplicación de la violencia indiscriminada en la provincia del Sumapaz permitió una suerte de “tierra arrasada” de militantes y simpatizantes de las FARC-EP, del sindicalismo, de los liderazgos sociales, y de personas “habitantes de la calle”. De igual modo, algunas élites locales y regionales se consolidaron por medio de un dominio indirecto sobre la población civil; es decir, los medios violentos exterminaron a sus contradictores políticos, y finalmente los paramilitares, se presume, lograron “blanquear” parte del dinero que provenía de los Llanos Orientales por medio Rafael Antonio Sáenz, alias El Diablo. Entre otras cosas, este paramilitar era el encargado de las finanzas y las relaciones con autoridades oficiales en los municipios de Viotá y Fusagasugá (El Espectador, 2020).

Fuente: Archivo personal de Brayan Origua

Figura 5 Panfleto de las ACC en la región del Sumapaz. 

Otra estructura paramilitar con presencia e incidencia en la provincia del Sumapaz fue el Bloque Tolima, de las AUC. Dicha estructura tuvo sus antecedentes en el decenio de 1960, con los “liberales limpios” y el paramilitarismo de primera generación del Rojo Atá (Voz Proletaria, 1960b). A partir de entonces, tuvo una compleja trayectoria organizacional en municipios tolimenses como Ortega, Honda, Mariquita, Guamo y Saldaña, entre otros; sin embargo, para el caso de los municipios del Sumapaz, como Icononzo y Cunday, su influencia fue tardía y poco sostenida en el tiempo; muy letal, eso sí, pero con poca adhesión social en el territorio: efectivamente para 2000 y 2001 el paramilitarismo del Bloque Tolima, bastante consolidado en el municipio de Prado (Tolima), logró extenderse hacia los municipios del Sumapaz (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017, pp. 233-246); de allí en adelante, y hasta 2004, la responsabilidad de la violencia paramilitar en los municipios de Icononzo, Pandi y Cunday corrió por cuenta de los técnicos de la violencia que venían del antiguo Bloque Tolima, en combinación con estructuras que respondían a las órdenes del comandante del Bloque Centauros: Miguel Arroyabe, alias Arcángel.

Miguel Arroyabe fue un narcotraficante de entera confianza de la Casa Castaño. A él le entregaron el Bloque Centauros por 7 millones de dólares, a finales de 2001 (Verdad Abierta, 2009c); El Bloque Centauros fue una organización paramilitar que en sus inicios estuvo bajo el mando de Jorge Humberto Victoria, alias Raúl (Verdad Abierta, 2010). Dicha estructura tenía el objetivo de controlar el sur del país de 1997 en adelante; gran parte de ello se inspiraba en el control que tenían las AUC sobre el Urabá, y por ende, la idea era expandir a todo el país lo que acontecía en el Urabá. El Bloque Centauros tuvo presencia y fuerte influencia en los departamentos de Meta, Guaviare, Casanare, Vichada, Cundinamarca y Tolima, y en Bogotá (Verdad Abierta, 2009d); con el paso del tiempo, quedó en manos de Miguel Arroyabe, alias Arcángel y sus fieles violentos: Pedro Olivero Guerrero, alias Cuchillo y Manuel de Jesús Piraban, alias Pirata.

En años posteriores, las estructuras lideradas por Miguel Arroyave comenzaron a tener importante presencia en la ciudad de Bogotá; particularmente, en centros de movilidad de economías legales e ilegales, como el centro de abastecimiento de alimentos Corabastos (^{Torres, 2011}) y la cárcel nacional La Modelo. Estos lugares, en su momento controlados por las FARC-EP, eran estratégicos para el flujo de armas, el pago de secuestros (Torres, 2011, p. 9) y la emisión de boletas extorsivas, al mismo tiempo que facilitaban la conexión hacia diferentes ciudades intermedias y colindantes con Bogotá, como los municipios de Silvania, Fusagasugá y Granada (El Espectador, 2016).

A su vez, el Bloque Centauros constituyó, desde finales de 2000 y hasta inicios de 2001, el Frente Campesino del Sumapaz, de las AUC (FCS) (Corporación Nuevo Arco Iris, 2005), por medio de las orientaciones militares de Pedro Olivero Guerrero, alias Cuchillo, al igual que bajo las órdenes de Manuel de Jesús Piraban, alias Pirata. Dichos profesionales de la violencia fueron esenciales para el manejo logístico de la organización paramilitar fiel a la Casa Castaño en el Sumapaz (Verdad Abierta, 2008a; 2008b). De ese modo, cada vez más se acercaban las estructuras paramilitares de las ACC y el Bloque Centauros en el Sumapaz, compartiendo al municipio de Fusagasugá como su nave “nodriza” regional, en medio de una escalada violenta en los Llanos Orientales.

El mayor lugar de reclutamiento de las Autodefensas Campesinas del Sumapaz del Bloque Centauros (ACS) fue el municipio de Fusagasugá. Allí hubo numerosos casos de campesinos desempleados, pequeños delincuentes y “habitantes de la calle” que terminaron engrosando las filas del personal del Bloque Centauros:

[…] yo tenía un primo, él consumía (droga) y casi era indigente, él vivía en el barrio La Cabaña de Fusagasugá, para esos años se perdió, y lo buscamos por meses, un día él se comunicó con nosotros y nos contó que ahora era paramilitar, que estaba en los Llanos. (O. Durango, entrevista realizada por Jorge Baquero, 13 de diciembre de 2021)

A pesar que el FCS del Bloque Centauros ejercía varias operaciones logísticas y de reclutamiento en el municipio de Fusagasugá, la mayoría de sus repertorios violentos, como asesinatos, masacres y amenazas, eran perpetradas en la localidad de Ciudad Bolívar y en el municipio de Soacha, al sur de Bogotá (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015); en efecto, el objetivo militar de esta organización paramilitar fue perseguir y exterminar a las milicias urbanas de las FARC-EP que tenían presencia e incidencia en los barrios bogotanos Luis Carlos Galán II, Villa Mercedes, Terreros, La Isla, Perdomo, Jerusalén, Potosí, Santa Viviana y Sierra Morena, y en el barrio suachuno Vista Hermosa (Corporación Nuevo Arco Iris, 2005).

Fuente: Archivo personal de Jorge Baquero

Figura 6 Panfleto del Frente Campesino del Sumapaz, de las AUC. 

Si bien la guerra entre Arroyabe y Buitrago por los Llanos Orientales era bastante intensa para esos años, tanto las ACC como el FCS del Bloque Centauros se estaban consolidando en la provincia del Sumapaz; por eso, para el momento no contaban con la acumulación de recursos necesarios para iniciar otro frente de guerra; entre otras cosas, el interés de Arroyabe no era desterrar del Sumapaz a las ACC: por el contrario, su interés se concentraba en el exterminio de las FARC-EP de los barrios marginales en el municipio de Soacha y en la ciudad de Bogotá, siguiendo las órdenes de Carlos Castaño, y de paso, controlar las rentas ilegales que producían Bogotá y las periferias de Soacha.

En todo caso, en toda la provincia del Sumapaz había una especie de tenaza sobre los simpatizantes y los militantes de izquierda, los sindicalistas, los líderes sociales y las FARC-EP. La guerrilla, mayoritariamente, era exterminada de las “zonas bajas”; es decir, en los municipios de Fusagasugá, Viotá, Silvania, Arbeláez e Icononzo (CINEP, 2004a, p. 101, 105, 202, 266, 303, 305, 307, 312, 313, 315, 317, 319, 322; anexo p. 27), Pandi (Verdad Abierta, 2011a) y Cunday (CINEP, 2004a, p. 148). Las ACC y el FCS del Bloque Centauros actuaban por su cuenta, respetándose territorios, dominios y alianzas locales, pero no se descarta que el personal de uno y otro bando cambiara su lealtad a la luz de las ofertas de dinero y según el grado de intensidad de la guerra.

El mencionado exterminio de las FARC-EP en las “zonas bajas” de la provincia del Sumapaz se desarrolló por medio del uso indiscriminado de la violencia. Se incrementaron el boleteo (El Tiempo, 2004; 2009), la amenaza (CINEP, 2005, pp. 121, 199 y 200), el asesinato (CINEP, 2004a, pp. 245 y 148) y las masacres (CINEP, 2010, pp. 175-176; 2004b, p. 165); sobre todo, contra las personas reconocidas de la región como abiertamente de izquierda política, y estigmatizados de manera recurrente en el territorio.

A la luz de algunas fuentes, al parecer, en el Municipio de Pandi operaban los grupos paramilitares con un alto grado de complicidad de las FF. MM. entre 2001 y 2003 (F. Ochoa, entrevistada por Jorge Baquero, 2 de diciembre de 2021; Verdad Abierta, 2011a); si se quiere, el centro de operaciones se hallaba dentro de un hostal en el casco urbano del municipio (Verdad Abierta, 2011a). Así mismo, en el municipio de Icononzo los asesinatos cometidos por los paramilitares fueron selectivos; al parecer, su motivación era exterminar simpatizantes y militantes de las FARC-EP, mientras que arrasaban también con adversarios políticos locales. En cualquier caso, la violencia en Icononzo fue intensa y pública, al punto de que, cuantitativamente, las masacres superaban con creces al caso de la violencia ejercida en el municipio de Pandi.

Finalmente, es posible señalar que antes y durante la comandancia de Miguel Arroyabe en el departamento del Tolima, la violencia en el municipio de Cunday vio una intensiva aplicación. Es decir, para 2001 y hasta 2004 es posible observar desplazamientos masivos y el exterminio de las poblaciones y lugares estigmatizados de Cunday; sobre todo, en los casos de las veredas Tres Esquinas y Valencia, donde el Bloque Tolima aplicó la violencia con mucho más rigor que en el resto del municipio (B. Caicedo, entrevistado por Jorge Baquero, 3 de diciembre de 2021). En suma, estas veredas son otro caso de “tierra arrasada”, como lo fueron las ya mencionadas veredas que se ubicaban entre Silvania y Viotá.

Siguiendo la línea de discusión anterior, Arroyabe tuvo el control pleno de las estructuras del Bloque Tolima desde 2004; por ende, el uso de repertorios violentos que se desarrollaron en los municipios de Icononzo, Pandi y Cunday (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017, pp. 235-244) son atribuibles a Juan Alfredo Quenz, alias Elías el Antiguo, jefe máximo de esa organización entre 2001 y 2002 (Verdad Abierta, 2014), al igual que algunos emprendimientos localistas direccionados desde las Autodefensas del Magdalena Medio, de Ramón Isaza (Verdad Abierta, 2014). Después de 2002, el Bloque Tolima estuvo al mando de José Martínez Goyeneche, alias Daniel, y de Oscar Oviedo Rodríguez, alias Fabián, para después, en 2002, pasar al mando de Atanael Matajudíos Buitrago, alias Juancho, y en 2004, volver al mando de alias Fabián (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017, p. 154).

Por otro lado, la muerte de Carlos Castaño Gil, jefe máximo de las AUC, sucedida el 16 de abril de 2004, causó bastantes implicaciones a escala nacional en la organización paramilitar; en este caso, hizo que Miguel Arroyabe controlara de forma independiente al Bloque Tolima (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017, p. 240), lo cual dejó en un segundo plano el exterminio de las milicias de las FARC-EP en Bogotá, y que se concentrara en controlar las rentas ilegales que se producían en epicentros del crimen bogotano (Verdad Abierta, 2009e; 2008c).

A pesar de lo anterior, en septiembre de 2004 Miguel Arroyabe fue asesinado por órdenes de sus “leales”, quienes se repartieron sus territorios, su ejército de “señores de la guerra” y sus rentas del narcotráfico. De este modo, los Llanos Orientales y el departamento de Guaviare vivieron un nuevo ciclo de guerra, debido a la anarquía criminal que se generó entre los alias Cuchillo y Pirata y otras pequeñas estructuras paramilitares del antiguo Bloque Centauros, que de esa forma se disolvió. Algunas estructuras menos sólidas, como el FCS, se convirtieron en una organización criminal sin mayor proyección antisubversiva ni relacionada con las AUC. Por el contrario, se limitó al control de rentas ilegales del microtráfico en la ciudad de Bogotá, el municipio de Soacha y las oficinas de cobro (Alias Roland, entrevista realizada por Jorge ^{Baquero, 14 de febrero de 2022}).

Las muertes de Miguel Arroyabe y de Carlos Castaño y la desmovilización de las AUC generaron que el Bloque Tolima parcialmente desapareciera, para después ser reciclado por las estructuras posteriores a la desmovilización; sobre todo, las estructuras más jóvenes y con lealtades indeterminadas. En otras palabras, el Bloque Tolima y el Bloque Centauros, que atenazaba la ciudad de Bogotá, se desarticularon en la provincia del Sumapaz. De la misma forma, las ACC fueron influenciadas por los fenómenos ya descritos; por tanto, Buitrago se dedicó a reconstruir su poderío en los departamentos de Casanare y Arauca, a la luz de una guerra intraparamilitar desgastante en recursos.

Uno de los grandes eslabones perdidos sobre el fenómeno paramilitar en Colombia son el número y el curso de las guerras intraparamilitares (Gutiérrez, 2016), pero en la actualidad no hay evidencia sobre una guerra en el Sumapaz entre el Bloque Tolima, de las AUC, a cargo de Miguel Arroyabe, y las ACC, a cargo de Héctor Buitrago. Pese a lo anterior, sí es posible plantear que antes de la muerte de Miguel Arroyabe, en la provincia del Sumapaz ya se estaban consolidando las estructuras militares del FCS en Pandi e Icononzo, al mismo tiempo que, a pocos kilómetros, ya estaban consolidadas las estructuras de Buitrago en los municipios de Fusagasugá y Silvania; en otras palabras, un enfrentamiento de dichas estructuras en la provincia era solo cuestión de tiempo. Vale aclarar que con la muerte de Arroyabe, en 2004, las estructuras del FCS quedaron acéfalas y desfinanciadas, y que ante el mayoritario exterminio de las FARC-EP del Sumapaz no había mayores motivaciones para continuar la guerra.

Fuente: elaboración propia

Figura 7 Distribución territorial de grupos paramilitares en el Sumapaz (2001-2004). 

Fuente: elaboración propia, con base en datos del Registro Único de Víctimas, de la UARIV

Figura 8 Hechos violentos de algunos municipios del Sumapaz con influencia paramilitar (2001-2004). 

CONCLUSIONES

Como se ha evidenciado a lo largo del texto, el conflicto armado en la provincia del Sumapaz tuvo un componente explicativo centrado en el papel protagónico de las élites políticas, pues, en primer lugar, algunas estaban emergiendo localmente en Fusagasugá y Silvania, y querían consolidarse en la escena departamental. En segundo lugar, otras, también en el contexto departamental, estaban fuertemente posicionadas y se negaban a perder su protagonismo en Cundinamarca y a escala nacional a manos de fuerzas políticas alternativas; en otras palabras, preocupados por la pérdida de control y de dominación legal del Estado, parte de las élites políticas de los municipios de Fusagasugá y Silvania utilizaron métodos ilegales y extrajudiciales para aumentar su dominio⁵.

Así mismo, a algunas élites económicas en la provincia, y que estaban relacionadas con las élites políticas, se les dificultaba proteger su patrimonio de la extorsión y los secuestros; sobre todo, en el terreno conocido como la vereda Novillero-club El Bosque, pues dicho territorio, sumamente valorado, se convirtió con el tiempo en un sector de “fincas de recreo” desvalorizadas, donde los notablatos locales no podían estar seguros. En consecuencia, algunas élites políticas y económicas locales exterminaron a la guerrilla mediante la contratación de violencia privada; en este caso, grupos paramilitares relacionados con las ACC.

Por otro lado, a una parte de las FF. MM. de la provincia se le dificultaba controlar a la población civil para que esta última no tuviese simpatía y militancia con las FARC-EP; sobre todo, en la parte baja de la provincia. Por ende, utilizaron a los grupos paramilitares en una suerte de dominación indirecta (^{Mann, 1986}) que coaccionaba a la población civil, mientras perseguían legal e ilegalmente a las FARC-EP. Si bien parte de las FF. MM. participaron en algunos crímenes paramilitares, no es posible afirmar que allí hubo una accionar sistemático y con plena responsabilidad por parte de los militares; sin embargo, salta a la vista que las FF. MM. en la provincia no persiguieron, ni siquiera de forma moderada, a los grupos paramilitares del Sumapaz.

Por otro lado, la ciudad de Fusagasugá, como centro de la provincia, fue convirtiéndose desde 1998 en un lugar atractivo para los microtraficantes y los consumidores de droga, que muchas veces eran habitantes de la calle; por ende, esta situación incrementó la inseguridad del municipio, a tal punto que las mal llamadas “limpiezas sociales” fueron la forma de legitimación que aprovecharon los grupos paramilitares. Hilvanando lo anterior, desde 2001 los paramilitares, por medio de violencia indiscriminada, disminuyeron las extorsiones y los secuestros que realizaban las FARC-EP, a la par que se encargaban del exterminio de habitantes de la calle. Tanto la primera violencia como la segunda les fueron dando legitimidad y simpatía sociales.

Finalmente, el impacto del paramilitarismo en los municipios de Viotá, Silvania, Fusagasugá, Pandi, Cunday e Icononzo no es un producto estrictamente local ni regional, pues el momento político que el país vivía hizo que convergieran las motivaciones de, por un lado, la organización paramilitar nacional -es decir, las AUC- y, por otro, las motivaciones locales de algunos militares, algunos notablatos locales y parte de la sociedad civil. Dicha convergencia construyó enlaces logísticos que permitieron la emergencia y la persistencia del paramilitarismo en la provincia.

Como resultado de lo anterior, y de manera rápida e indiscriminada, los grupos paramilitares aplicaron violencia contra la población sumapaceña; sobre todo, en la “zona baja”, en los municipios de Viotá, Silvania, Fusagasugá, Icononzo, Cunday y Pandi; mientras, las FF. MM., la PONAL y otras organizaciones de “inteligencia militar” del Estado combatieron a las FARC-EP en la “zona alta”, o bosque alto andino, colindante con el páramo de Sumapaz. En consecuencia, y suponiendo que algunos sectores de las FF. MM. y algunos notablatos locales no apoyaron la entrada de los grupos paramilitares a la provincia del Sumapaz, como dice Francisco Gutiérrez (2016), sí es posible afirmar que “por lo menos este era un amor no correspondido”, pues, de modo muy conveniente, los grupos paramilitares estaban exterminando a todos los enemigos y los contrincantes de los notablatos locales y de las FF. MM. de la provincia del Sumapaz.

Se les agradece infinitamente a todas las personas que apoyaron esta investigación en calidad de testimoniantes. En el documento sus nombres han sido cambiados para proteger su seguridad, pues muchos de ellos fueron víctimas, responsables y testigos de la violencia paramilitar en el Sumapaz.