Al momento de cerrar la edición de este número de la revista Análisis Político, dedicado al tema de la educación, se publicaron los resultados de las pruebas Pisa¹. Colombia, como la mayoría de los países que participaron en este ejercicio, obtuvo resultados inferiores a los de la última medición, hecha en 2018². El país perdió diecisiete puntos en matemáticas, once puntos en lectura y cuatro en ciencia. La pandemia tuvo, sin duda, una incidencia importante en estos resultados desfavorables y sus efectos negativos aquejarán a toda una generación de estudiantes.

Según los resultados de esta prueba, el 71 % de los estudiantes colombianos no alcanza el nivel básico de competencias en matemáticas; es decir, no es capaz de interpretar ni de resolver una operación simple sin instrucciones adicionales. En el caso de la OCDE, solo el 31 % de los estudiantes están en esta situación. En la prueba de lectura, la mitad de los estudiantes no puede entender un texto de un nivel mínimo de complejidad (26 % para la OCDE) y lo mismo pasa en ciencias: la mitad de la población estudiantil no entiende lo que ocurre en fenómenos físicos relativamente simples (24 % para la OCDE). Resulta aún más sorprendente que ningún estudiante obtuvo un resultado superior en matemáticas (nivel 6). En el caso de lectura o ciencias, solo el 1 % alcanzó ese nivel, mientras que en la OCDE entre el 7 % y el 9 % de los estudiantes de cada área logró ese resultado.

En el país hay unos diez millones de estudiantes en educación básica y media, y el 80 % estudia en colegios públicos. En las últimas décadas se ha avanzado significativamente en cobertura, pero todavía persiste un rezago evidente en términos de calidad. La baja calidad de la educación pública tiene, para empezar, una respuesta en la educación privada. Ante la mala prestación del servicio público la clase alta se las arregla para obtener, de manera privada y pagando un alto precio, una educación de buena calidad para sus hijos. Las clases menos pudientes, en cambio, no pueden hacer nada al respecto. El hecho de que los ricos no dependan del Estado para la educación de sus hijos determina en ellos una actitud de indiferencia, cuando no de rechazo, a la educación pública, lo cual incide en la falta de conciencia nacional sobre la gravedad del problema, empeorando aún más las cosas³.

Pero lo más preocupante de la deficiente calidad de la educación pública, y de esta salida del sistema que las familias de clases alta encuentran, está en que viola el principio constitucional de la igualdad de oportunidades y, más concretamente, configura un sistema en el que los estudiantes de las familias ricas estudian por aparte y reciben una educación de buena calidad y los estudiantes de familias pobres estudian por su lado y reciben una educación deficiente. Claro, este esquema tiene excepciones y una de ellas es la de los colegios públicos de muy buena calidad, sobre todo en algunas ciudades intermedias del país. A esta separación la hemos denominado “apartheid educativo”⁴. Se calcula que un estudiante que se gradúa de un colegio público tiene en promedio entre dos y tres años de retraso en comparación con un estudiante que se gradúa de un colegio privado de buena calidad. El sistema de segregación se acentúa si tenemos en cuenta factores adicionales a la clase social, como el género, la geografía (la educación rural está en peores condiciones), la etnia (los indígenas y los negros reciben una educación más precaria), etcétera. De todo esto resulta una división entre cuatro grupos: 1) los privilegiados, con capacidad económica para pagar por una educación privada de alta calidad; 2) los de bajos recursos, principalmente en las ciudades, que logran acceder a la educación pública primaria y secundaria desmejorada, razón por la cual difícilmente avanzan hacia la educación superior; 3) los de clase media y media baja que, haciendo un gran esfuerzo económico, logran ingresar a instituciones privadas de baja calidad pero que, una vez egresa, no supera los niveles intermedios del mercado laboral y 4) los excluidos, por no haber podido ingresar o por desertar. Entre el grupo uno y los restantes está la gran brecha entre privilegiados y segregados.

Incluso en las grandes ciudades del país, con más recursos, mejor infraestructura y conectividad, el problema de la segregación es de grandes magnitudes. En las capitales de departamentos, o incluso en Bogotá, los resultados globales son mejores que en ciudades pequeñas, poblados y zonas rurales, pero eso se debe en buena medida al hecho de que en las capitales están los mejores colegios privados del país, lo cual eleva el promedio del desempeño global.

¿Qué hacer ante semejante panorama? Dado que el principal problema de la educación en Colombia es la segregación, el desafío fundamental debe ser el de construir un sistema de educación pública incluyente y de calidad en el que confluyan los hijos de todas las clases sociales. Esto desembocaría, como ocurre en todos los países desarrollados (e incluso en muchos que aún no lo son), en una educación pluriclasista en la que los hijos de las familias pobres conviven y se educan con los hijos de las familias ricas o de clase media. Este es un objetivo de mediano y largo plazo de gran importancia, no solo para el desarrollo económico, sino también para el logro de una sociedad más justa y democrática que debe comenzar desde los primeros años en una convivencia de niños de diferentes clases sociales.

No hay, desde luego, una receta única para lograr este gran objetivo de calidad. Resolver un problema tan complejo y enquistado durante tanto tiempo en la sociedad colombiana no es algo que se logre de la noche a la mañana, ni en un solo gobierno; es un asunto generacional que requiere de una política de Estado.

Hay, sin embargo, algunos componentes de esa política en los que todos (o casi todos) los expertos están de acuerdo; aquí destacamos solamente dos. El primero de ellos se refiere a la necesidad de mejorar la calidad de los profesores. En el país hay unos 500.000 profesores (66 % de ellos mujeres) en el sector público. El 49 % cuenta con un diploma de licenciatura obtenido en una facultad de educación y el 31 % tiene un diploma de posgrado. Según un artículo reciente del profesor Julián de Zubiría Samper, uno de los expertos nacionales en educación

los docentes tienen los menores niveles de razonamiento numérico, lectura crítica y competencias ciudadanas. Desde 2012, ¡solo el 3 % de los egresados de las facultades de educación leen de manera crítica! Esto explica en buena medida por qué solo el 1 % de los estudiantes de grado noveno lee de manera crítica. En matemáticas el problema es más grave porque el 79 % de los docentes se ubica en los dos niveles más bajos en razonamiento numérico. Sabiendo esto, no sorprende que el 71 % de los jóvenes no logren pensar matemáticamente.

Se ha intentado resolver este problema otorgando becas a los profesores para que estudien programas de maestría. Sin embargo, los resultados obtenidos son desalentadores, en parte porque esas mismas maestrías son deficientes. Todo indica que lo que hay que hacer es, por un lado, transformar las facultades de educación en verdaderas escuelas profesionales para la formación de maestros y, por el otro, crear verdaderas evaluaciones periódicas del desempeño de los docentes.

En segundo lugar, es necesario fortalecer significativamente los programas de primera infancia. Este es uno de los consensos más fuertes que existen en la literatura global sobre educación (Heckman, 2006; Katz et al., 2014)⁵, consenso que lleva décadas confrontando experiencias y, según el cual, las inversiones en primera infancia tienen un retorno superior a cualquier otra inversión en ese campo.

***

En este número de Análisis Político publicamos seis artículos sobre educación. El primero de ellos se titula “Movilidad social en la educación” y se refiere a un estudio hecho en la Universidad de los Andes, una de las más prestigiosas del país, sobre movilidad social. En este trabajo se calculan coeficientes de movilidad intergeneracional para apellidos étnicos y de élite, a partir de estimaciones basadas en apellidos poco frecuentes y su representación relativa en las personas graduadas de la Universidad de los Andes desde 1949 hasta 2018.

El segundo artículo se titula “Toma de decisiones en la educación” y fue escrito por los directivos de la Fundación Empresarios por la educación (FExE), liderada por Andrea Escobar Villa. En este estudio se parte de los avances logrados en el sistema educativo nacional, en materias tales como acceso y cobertura, para luego identificar los principales retos de la educación y sus posibles alternativas de solución. En este análisis se utilizan algunas de las herramientas disponibles en la actualidad para fundamentar la construcción de políticas públicas de manera informada, considerando los hechos estilizados del sector.

El artículo siguiente se titula “Los beneficiarios de Ser Pilo Paga en el mercado laboral”. En este trabajo, Paula Pinzón y Maria José Alvarez comienzan por plantear la pregunta ¿logra la educación superior de alta calidad nivelar las desigualdades de base que existen entre estudiantes de distintos orígenes socioeconómicos? Para responder al interrogante, las autoras comparan la inserción al mercado laboral de los beneficiarios del programa Ser Pilo Paga y sus compañeros de clase alta que se graduaron de Derecho e Ingeniería de Sistemas en una universidad de élite. Una de las conclusiones del estudio es que la mayoría de los pilos experimentan movilidad social, pero tienen en promedio salarios más bajos que sus colegas de clase alta. Adicionalmente, los estudiantes de Ser Pilo Paga experimentan incertidumbre e inseguridad, mientras que los egresados de ingresos altos sienten confianza y tranquilidad.

Después, tenemos el artículo “Hacia un nuevo lugar de enunciación”, escrito por Juan Diego Hernández, María D. Ramírez y Antonio José Bravo, en el que se da cuenta de un proyecto de investigación sobre la calidad de la educación en el Departamento de Norte de Santander, hecho a partir de talleres participativos con diversos actores del sistema educativo. De dichos talleres se extraen conceptos como “integración compleja de dimensiones”, “proceso dialógico”, “educación como derecho”, “gestión socioemocional”, “inclusión de la diversidad” y “lenguaje inclusivo”. El artículo muestra la importancia del diálogo en la construcción de estos conceptos considerados esenciales en la calidad de la educación.

“Análisis crítico de competencias ciudadanas” es el título del siguiente artículo. En él se analiza el programa de formación en competencias ciudadanas propuesto por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) bajo el criterio de si contribuyen o no a la emancipación de los jóvenes estudiantes. Los autores se basan en la crítica hecha por Wendy Brown al neoliberalismo y la categoría de currículo emancipador de Shirley Grundy, lo cual les permite sostener que dicho programa de formación concibe la ciudadanía y la democracia como asuntos abstractos que competen a los individuos y no cuestiona las estructuras hegemónicas de poder que limitan su ejercicio activo. Por esas razones, dicen los autores, carece del potencial para alcanzar la transformación social que dice buscar.

Finalmente, está el artículo “Reflexiones sobre equidad en la educación colombiana”, en el que Jesús David Pardo Mercado y Darling Jeaneth Orjuela Albarracín analizan la relación entre los resultados de las pruebas Saber 11 y algunas variables sociodemográficas. Los autores parten de conceptos elaborados por el sociólogo francés Pierre Bourdieu, tales como capital cultural, habitus, capital económico y campo, para estudiar los resultados de este tipo de pruebas estandarizadas. La investigación busca dar luces sobre la manera en la que ciertos factores ajenos a lo estrictamente escolar podrían estar asociados al rendimiento en tales pruebas y a la forma como estas podrían contribuir en la reproducción y perpetuación de las desigualdades sociales.