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Análisis Político

Print version ISSN 0121-4705

anal.polit. vol.38 no.111 Bogotá July/Dec. 2025  Epub Dec 31, 2025

https://doi.org/10.15446/anpol.v38n111.125128 

Dossier

LA VALORACIÓN EXPERTA Y LA MIRADA CIUDADANA SOBRE LA DEMOCRACIA COLOMBIANA

EXPERT ASSESSMENT AND THE PUBLIC PERSPECTIVE ON COLOMBIAN DEMOCRACY

Clara Rocío Rodríguez Pico1 

Harold Andrés Guzmán Sierra2 

1PhD. en Estudios Políticos. Profesora e investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), de la Universidad Nacional de Colombia. Correo electrónico: crrodriguez@unal.edu.co

2Magíster en Estudios Políticos. Filósofo Universidad Nacional de Colombia. Correo electrónico: haguzmans@unal.edu.co


RESUMEN

En un contexto global caracterizado por el declive de la democracia, el presente artículo reflexiona sobre el caso colombiano, preguntándose hasta dónde las evaluaciones de académicos y expertos, reflejadas en cuatro importantes índices internacionales (Varieties of Democracy, V-Dem; Freedom House, FH; The Economic Intelligence Unit´s Democracy index (EIU) y The Global State of Democracy of International IDEA, IDEA), se alinean o contrastan con la mirada que los propios colombianos han expresado en diversas encuestas de opinión. Como viene registrándose en otras latitudes, el resultado muestra una brecha entre ambas valoraciones, según la cual la mirada de la gente plantea un mayor escepticismo que la de los expertos frente a la calidad, el desempeño y el funcionamiento del régimen político.

Palabras clave: Democracia; Representación política; Colombia

ABSTRACT

In a global context characterized by the decline of democracy, this article reflects on the Colombian case, asking to what extent the assessments of academics and experts, reflected in four important international indices (Varieties of Democracy, V-Dem; Freedom House, FH; The Economic Intelligence Unit’s Democracy Index (EIU) and The Global State of Democracy of International IDEA, IDEA), align or contrast with the views that Colombians themselves have expressed in various opinion polls. As has been observed in other countries, the results show a gap between the two assessments, with the public expressing greater skepticism than experts regarding the quality, performance, and functioning of the political regime.

Keywords: Democracy; Political representation; Colombia

INTRODUCCIÓN

Diversos índices internacionales han registrado un declive sostenido en el avance de la democracia en el mundo. Ha desaparecido el optimismo de la denominada por Huntington (1991) “tercera ola de democratización”, según el cual se esperaba que diversas modalidades de autocracia seleccionaran sus autoridades mediante elecciones libres y competitivas y, sobre todo, adoptaran reglas, procedimientos, instituciones, principios y valores de la democracia liberal representativa. Muy por el contrario, la denominada tercera ola de autocratización “sigue en aumento después de 25 años”, existiendo en la actualidad y por primera vez en dos décadas, más autocracias (N=91) que democracias electorales o liberales (N=88) (V-DEM, 2025, p. 6). Los casos de erosión abarcan desde países tradicionalmente clasificados como democracias hasta otros que, desde fines de los años setenta del siglo pasado, retornaron o iniciaron su vida democrática. Así, por ejemplo, el último reporte de V-Dem (2025) registra descensos, tendencias preocupantes o incertidumbres para casos tan variados como Estados Unidos, Portugal, Países Bajos, Italia, Grecia, Argentina, México, Perú, Hungría, Rumania, Serbia, Chipre, Israel y Eslovenia, sin contar otros ya clasificados como autocracias (El Salvador, Hungría, India, Rusia, Venezuela, etc.).

A la par de estas tendencias autoritarias, es posible observar una profunda y generalizada insatisfacción ciudadana con la democracia. Más aún, es evidente la distancia entre la medición efectuada por los índices comparados como expresión práctica de lo que el modelo prescribe (lo que acá llamaremos la valoración experta), por un lado, y la forma como la ciudadanía percibe el desempeño democrático y lo que el régimen político les ofrece, por otro (la mirada ciudadana en este artículo). Como lo ha señalado el estudio “Perceptions of Democracy: A survey about how People Asses Democracy around the World” (IDEA, 2024), el hecho de que las valoraciones de los académicos no se alineen con las percepciones populares, y que estas últimas sean generalmente más escépticas que las que ofrecen los estudios comparados y las que promueven organismos internacionales interesados en expandirla o fortalecerla, pone un reflector en los problemas de legitimidad que sufre la democracia en el mundo y sobre hacia dónde deberían orientarse los esfuerzos por subsanarlos.

En este contexto es de interés analizar cómo se da esta distancia en casos concretos con trayectorias históricas particulares, pero sujetos a las transformaciones y presiones que sufre globalmente la democracia. El caso colombiano resulta relevante a este respecto en tanto, por un período históricamente largo, ha mantenido ambigüedades similares a las que, guardadas las proporciones y con énfasis diferentes, atraviesan muchos regímenes políticos en el mundo; ambigüedades que se encuentran ligadas, principalmente, a ostentar unas características esenciales de la democracia liberal representativa que se dan simultáneas al deterioro de otras condiciones y requerimientos fundamentales de esta aproximación al entendimiento de la democracia.

Partiendo entonces de considerar que el estudio de contextos particulares y localizados se enmarca en una reflexión más global, en el presente artículo interesa abordar la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto la mirada experta del caso colombiano, compartida por diversos índices internacionales, se ha alineado o ha contrastado con las percepciones que los propios colombianos han tenido sobre la calidad y el funcionamiento de su régimen político? De manera hipotética, planteamos que ha existido una divergencia entre ambos acercamientos, que puede enmarcarse en las tendencias que viene viviendo el fenómeno democrático a nivel mundial y que, por tanto, la reflexión entre el caso y las tendencias de orden global es pertinente.

Metodológicamente, se asume una doble estrategia. De un lado, se utilizan los índices comparados más reconocidos en la actualidad, a saber,Varieties of Democracy (V-Dem), Freedom House (FH), el índice de democracia de The Economic Intelligence Unit (EIU) y The Global State of Democracy - International IDEA (IDEA), para identificar la clasificación y la ubicación del país de cara a las tendencias globales. Aunque por limitaciones de espacio no es posible detallar las características de estos ejercicios académicos, ni precisar sus concepciones, alcances y diferencias, ni la forma como cuantifican y definen diverso tipo de regímenes políticos o la clasificación que hacen del conjunto de países estudiados, sí es posible señalar que todos ellos constituyen esfuerzos de medición de lo que puede considerarse una valoración experta del fenómeno estudiado.1 De otro lado, para verificar la opinión de los colombianos, se analizaron los resultados de estudios realizados por el DANE (Encuesta de Cultura Política), LAPOP (La Cultura Política de la Democracia en Colombia y el Barómetro de las Américas: Colombia), así como las encuestas de Invamer y Gallup Poll (Estado de ánimo total cinco grandes ciudades: Colombia), CEDAE (Calidad de la democracia y Calidad de la ciudadanía en Colombia) y la Encuesta Mundial de Valores: Colombia.

Por separado, cada una de estas aproximaciones metodológicas permite acercarse al fenómeno que se quiere valorar e interpretar (la democracia colombiana), a pesar de la diferencia de fuentes utilizadas y de su temporalidad y comparabilidad. Obviamos estas limitaciones de la siguiente forma: sin omitir algunas referencias históricas, en términos de temporalidad fue necesario restringir la reflexión principalmente a los últimos veinte años debido a que la información correspondiente a la mirada interna (las encuestas de opinión pública) cubre solamente este período. De otro lado, para garantizar la comparabilidad, nos centramos exclusivamente en variables que no tienen discusión en cuanto a su consideración teórica dentro del modelo de democracia liberal representativa en los términos que señalamos en el primero de los apartados incluidos en la estructura narrativa del artículo. Los siguientes dos apartados describen, respectivamente, la democracia colombiana en la perspectiva experta comparada, de un lado, y en las percepciones internas, de otro, lo que sirve como soporte empírico para ofrecer, en un apartado final conclusivo, una interpretación preliminar de la evidencia encontrada.

1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA

Conceptualmente y como experiencia práctica, la democracia suele asociarse a la Grecia de los siglos VI y V antes de nuestra era. No obstante, algunas investigaciones han encontrado que ideas e instituciones atribuidas a los griegos provenían de las civilizaciones fenicia y egipcia (Del Águila, 1998). Esta breve digresión histórica muestra cómo el “gobierno del pueblo” (etimológicamente “kratos” y “demos”, en el griego antiguo) tiene implícito como concepto una trayectoria histórica de larga data, de tal forma que en su abordaje es posible aludir a diversos referentes, no solo en la historia del pensamiento político, sino en cuanto a su aplicación misma en realidades concretas. Adicionalmente, la idea de democracia ha guiado la acción de individuos, colectivos, instituciones y países, involucrando también percepciones, deseos y valores sobre diversas concepciones del mundo y sobre el funcionamiento del orden social, que se privilegian en momentos históricos determinados.

En este sentido, el referente conceptual del presente artículo considera la existencia de variados modelos de democracia, en los términos propuestos por Held (1996), como forma de aproximación al entendimiento de un concepto polisémico y que refleja una situación empírica y normativa caracterizada por la diversidad, la complejidad y la multiplicidad de aproximaciones. Dentro de estos modelos y por su carácter globalizante, se destacan las conceptualizaciones sobre la democracia participativa y la democracia representativa. Mientras en el primer caso se pone el peso en la participación y la deliberación directa del pueblo, quien se considera no solo el titular del poder, sino también quien lo ejerce (Cortina, 1993), desde el segundo se concibe su participación en los asuntos de gobierno y en la toma de decisiones públicas, pero mediante representantes electos. Mientras uno ha estado nutrido principalmente por aportes científicos derivados de la filosofía o la sociología política, en donde la pregunta por el “deber ser” y los postulados normativos resultan relevantes, el otro ha sido desarrollado más desde la ciencia política, centrándose en el examen y la reflexión sobre la realidad misma. Parafraseando la elaboración de Robert Dahl (1971) sobre poliarquía, en esta última concepción de democracia se busca evidenciar “la distinción entre la democracia, como sistema ideal, y los convenios institucionales, que deben verse como una especie de aproximación imperfecta al ideal” (p. 19).

Precisamente es en el marco de este último modelo, el que Santos y Avritzer (2004) designaron como hegemónico, desde donde se realizarán las lecturas sobre la valoración experta y sobre la mirada del pueblo en torno a la democracia colombiana y su encuadre en el contexto global. Como estos autores señalaron, en la disputa por la cuestión democrática desarrollada a lo largo del siglo XX, resultó vencedora una forma de entenderla principalmente como un procedimiento para la toma de decisiones políticas y para formar gobierno a través de mecanismos de representación por autorización a gran escala, todo lo cual se dio en detrimento de una visión ampliada de la participación y la soberanía popular (Santos y Avritzer, 2004).

Ahora bien, antes de profundizar en la caracterización de la democracia hegemónica, vale la pena destacar dos aspectos. En primer término, pese a su restricción a dimensiones institucionales o procedimentales, el modelo incluye multiplicidad de componentes, por lo que las posibilidades de aproximación al mismo y a su operacionalización son amplias y ricas, de tal forma que Collier y Levitski (1997) identificaron al menos 550 adjetivos ligados a sendos tipos de democracia liberal representativa, lo que da cuenta de las dificultades no solo para la definición del término en una concepción unívoca, sino, por supuesto, para su medición, como lo refleja también la discriminación en indicadores, variables y atributos considerados en los ejercicios destinados a valorar y comparar a nivel mundial los regímenes políticos existentes. De esta forma, a pesar de que el referente conceptual que enmarca la reflexión acá presentada se restringe a un solo modelo de democracia, el rango de fenómenos a valorar dentro del mismo no es menor, eso sin dejar de considerar que la inexistencia de la democracia representativa y la adopción de regímenes autocráticos inhibe el desarrollo de la democracia participativa.

En segundo lugar, es de mencionar que con el paso del tiempo el concepto de la democracia liberal representativa ha ido enriqueciéndose y sufriendo una ampliación de los límites conceptuales, de tal forma que variables relacionadas con la participación y la deliberación han sido también incluidas, con lo cual no se plantea una exclusión o choque, sino una complementariedad entre ambas aproximaciones. En este sentido, propuestas contrahegemónicas que abogan por una nueva gramática social para regular las relaciones sociales, el reconocimiento de la identidad y de la diversidad de actores sociales que transfieren prácticas, informaciones e innovaciones al plano administrativo y la exigencia de rendición de cuentas al gobierno representativo, entre otras, han permeado las fronteras entre uno y otro modelo. Existen, sin embargo, debates en torno a las distinciones entre lo que se entiende propiamente como el régimen democrático y los resultados de la gestión pública o el rendimiento del sistema, así como entre la separación de temas puramente políticos implícitos en el concepto de democracia de otros, como el económico o la desigualdad, que la afectan (Levine y Molina, 2014; Katz y Morlino, 2014; Pachano, 2014). Al respecto, en este artículo, adoptamos la perspectiva que vincula a la democracia con aspectos puramente políticos ligados a la participación del pueblo y que la desliga de dinámicas que, aunque relacionadas, se vinculan más a la gobernanza, a los resultados de los procesos políticos o las políticas públicas, que a los procedimientos requeridos para garantizar esos procesos.2

1.1 La democracia liberal representativa: componentes y enfoques

Existe consenso en que una condición indispensable, aunque no suficiente para caracterizar la democracia representativa, es la realización de elecciones bajo determinadas condiciones (sufragio universal, competencia entre diversas opciones, elecciones libres y justas, etc.) como mecanismo privilegiado para elegir gobernantes. Economistas estudiosos de los sistemas políticos como Schumpeter (1947) o Downs (2001) fueron pioneros en apuntar a uno de los elementos formales mínimos que desde entonces ha sido central en la consideración de si un régimen político puede considerarse o no como democracia y que muchos autores y análisis expertos han venido utilizando desde entonces en la medida en que su uso proporciona elementos empíricos básicos que permiten la cuantificación y sirven como base para la realización de investigaciones de carácter comparado.

Al componente electoral, se suma el componente liberal de la democracia, dentro del cual Robert Dahl (1971) y su concepción de poliarquía constituyen pilar fundamental. Componente indispensable de esta concepción liberal son no sólo una serie de derechos y garantías de carácter político (competencia, pluralismo político, libertad de voto, oposición) y civil (respeto a las minorías y a la diferencia, existencia de canales de expresión y representación de intereses más allá de los partidos y las elecciones, fuentes de información alternativa, libertad de creencia, opinión, discusión, palabra, publicación, reunión, asociación, demostración, petición, etc.), sino aspectos relacionados con el Estado de derecho como son la seguridad individual y el orden civil, la división de poderes y la existencia de un poder judicial independiente, el reinado de la ley y el constitucionalismo, la existencia de un Estado soberano con suficiente autonomía de acción a lo largo del territorio, entre otros (Diamond, 1997, Katz y Morlino, 2014; Levine y Molina, 2014; Katz y Morlino, 2014; Pachano, 2014). A diferencia de la democracia electoral que se restringe a los momentos concretos de realización de contiendas electorales, la democracia liberal valora lo que ocurre entre elección y elección en cada una de las materias mencionadas.

Sin dejar de contemplar las aproximaciones a la democracia electoral y a la democracia liberal, las conceptualizaciones sobre la calidad democrática han contribuido a profundizar en el entendimiento y la medición del fenómeno, abarcando otras dimensiones que ponen énfasis adicional en el funcionamiento mismo de la democracia. Siguiendo a Katz y Morlino (2014), muchos de los aspectos ya señalados corresponden a un entendimiento de la calidad democrática como “procedimiento” y como “contenido”. Sin embargo, en el presente artículo interesa destacar también componentes relacionados directamente con la forma como “los ciudadanos reaccionan ante la democracia, es decir, su satisfacción con la misma” (CEDAE, 2019, p. 13).

Si bien existen matices y diferentes aproximaciones, destacamos tres elementos clave que aportan las conceptualizaciones sobre la calidad democrática en el enriquecimiento del concepto de democracia liberal representativa. En primer lugar, la participación, entendida en una visión amplia que va más allá del voto y la actividad propiamente política para extenderse a otras formas de acción colectivas convencionales y no convencionales. En segundo término, la rendición de cuentas y el control ciudadano a los gobernantes, que autores como Levine y Molina (2014) categorizan en niveles horizontal, vertical y social, incluyendo el tema de la corrupción como parte de rendición de cuentas vertical.3 Katz y Morlino (2014), por su parte, consideran que la rendición de cuentas puede verificarse tanto en el plano electoral (de los elegidos frente a sus ciudadanos) como interinstitucional, definida esta última modalidad como “la responsabilidad que los gobernantes tienen de responder a otras instituciones o a actores colectivos que tienen el expertise y el poder de controlar el comportamiento de los gobernantes” (Katz y Morlino, 2014, p. 124). Finalmente, el término “responsiveness, proveniente del idioma inglés, se ha adaptado al español como "responsividad", entendido como "la medida en que los gobernantes hacen lo que la gente quiere que hagan” (Powell, 2004, citado por Levine y Molina, 2014) o como “la capacidad del gobierno de satisfacer a los gobernados, mediante la ejecución de políticas en una forma que corresponda a sus demandas” (Katz y Morlino, 2014, p. 129).

Es de señalar, por último, que, ante el declive de la democracia en el mundo debido sobre todo al ascenso de líderes electos pero con un alto componente autoritario que afectan la dimensión liberal del régimen político, Merkel y Lührmann (2021) han acuñado el concepto de resiliencia democrática, entendiéndolo como “la capacidad de un sistema democrático, sus instituciones, actores políticos y los ciudadanos para prevenir o reaccionar ante retos, tensiones y agresiones externas e internas mediante una o más de tres posibles reacciones potenciales: resistir sin cambios, adaptarse mediante cambios internos y recuperarse sin perder el carácter democrático de su régimen y de sus instituciones, organizaciones y procesos constitutivos” (Merkel y Lührmann, 2021, p. 874). La resiliencia democrática incluiría, en este sentido y de acuerdo con los autores citados, aspectos relacionados con cuatro niveles del sistema político: la comunidad política, las instituciones, los actores y los ciudadanos, así como con la forma como ellos se interrelacionan a través de ciertas reglas e instituciones formales e informales.

1.2 Las concepciones de la democracia liberal representativa en la valoración experta y en la mirada ciudadana

Los índices de democracia son esfuerzos de medición empírica, realizados por académicos y expertos, de las conceptualizaciones teóricas sintetizadas; su propósito es comparar fenómenos sociales que por sus propias características son de naturaleza abstracta, de tal manera que, partiendo de una conceptualización clara, se logre su operacionalización y posterior estandarización.4 Así, como podrá ser verificado en el siguiente apartado, existen variadas aproximaciones que, desde un marco epistemológico y metodológico específico, coincidente con el paradigma predominante, se han orientado a valorar numéricamente concepciones ligadas a la democracia electoral, la poliarquía, la democracia liberal, la calidad democrática e incluso la capacidad de resiliencia de los regímenes políticos.

Sin embargo, estos ejercicios son siempre simplificaciones de la realidad (Katz y Morlino, 2014) y, como lo señala Gerring (2014), en la medida en que las ciencias sociales tienen como objeto de estudio la acción humana, no se pueden descartar “significados y motivaciones definidos por el actor” (2014, p. 175), que pueden o no coincidir con las valoraciones efectuadas desde el ámbito científico. A falta de un mejor mecanismo de medición de estos significados y motivaciones en un agregado, las encuestas ofrecen la posibilidad de contar con información sobre las opiniones y percepciones de la ciudadanía en determinado momento. Pese a centrarse en preguntas sobre temas específicos, estas pueden ser equiparadas a variables e indicadores contenidos en los índices expertos. No obstante, como lo señala Pachano (2014), en ambos casos pueden presentarse sesgos, derivados de la particularidad de juicios propios tanto de los expertos (aún bajo el mismo paradigma) y de los criterios de agregación utilizados en los ejercicios académicos, como de la imposibilidad de controlar en las encuestas “aspectos tan fundamentales como es el de conocer si las personas consultadas se están refiriendo al desempeño de un gobierno específico o si, en efecto, están valorando al régimen democrático como tal. (...) La manera en que cada persona entiende la democracia es una caja oscura que no logra ser iluminada aún con la amplia batería de preguntas al respecto” (p.189-190).

Sin desconocer estas limitaciones metodológicas, a continuación, se analizarán por separado los resultados de esas dos formas de valoración de la democracia para el caso colombiano, no sin dejar de señalar que diversos estudios realizan una combinación de estas para aproximarse a resolver los problemas implícitos en sus investigaciones.5

2. LA DEMOCRACIA COLOMBIANA EN PERSPECTIVA COMPARADA Y DESDE LA MIRADA EXPERTA

Mediciones y valoraciones expertas nacionales e internacionales ubican la democracia colombiana en la primera ola de democratización. Constatan, igualmente, que el régimen ha mantenido ininterrumpidamente su condición democrática desde 1958, cuando, con la adopción del pacto del Frente Nacional, el país transitó a la democracia después de un período de quiebre institucional que, para estándares internacionales, fue bastante breve. Con ciertas irregularidades y matices, los índices coinciden en identificar una mejora progresiva en la calidad democrática del régimen político y una discrepancia entre las dimensiones relacionadas con el componente electoral, que resultan mejor calificadas, y aquellas vinculadas al componente liberal de la democracia, siempre con peores puntajes.

V-Dem, cuya base de datos recopila información tan antigua que en ciertos casos puede llegar hasta el siglo XVIII, refleja adecuadamente la situación planteada (gráficas 1 y 2). En una mirada de largo plazo, Colombia ha estado por encima del mínimo requerido para ser considerada democracia, con la única excepción del período comprendido entre 1950 y 1957, signado por La Violencia y por gobiernos autoritarios de carácter civil y militar. Adicionalmente, las gráficas muestran cómo, exceptuando ese período de quiebre democrático, Colombia ha sido clasificada siempre por encima del promedio mundial del conjunto de países valorados cada año en el índice.

Fuente: V-Dem https://v-dem.net/data_analysis/VariableGraph/

Gráfico 1 Comparación entre Colombia y el mundo en el índice de democracia electoral de V-Dem (1905 - 2024). 

Fuente: V-Dem https://v-dem.net/data_analysis/VariableGraph/

Gráfico 2 Comparación entre Colombia y el mundo en el índice de democracia liberal de V-Dem (1905 - 2024). 

En la trayectoria política colombiana se destaca el peso de la Constitución política de 1991, que produjo una modernización institucional de amplio espectro: ensanchó el catálogo de derechos, aumentó las posibilidades de competencia política, elevó el control constitucional, fortaleció la descentralización y abrió un repertorio para la participación ciudadana. Como puede observarse en los gráficos 1 y 2, la mejora en el desempeño democrático tuvo un salto cualitativo en ese momento, que ha logrado ser mantenido hasta el fin del período. Una conclusión que salta a la vista es que, en ningún momento desde el Frente Nacional, Colombia ha sido considerada como una autocracia, en lo cual coinciden los datos agregados presentados por V-Dem y por todos los otros índices que serán analizados a continuación.

2.1 La clasificación de la democracia colombiana en los diferentes índices

A pesar del reconocimiento de la condición democrática del régimen político colombiano, muy excepcionalmente este entra en las categorías “top” de las clasificaciones establecidas en las diferentes tipologías. Tal y como se muestra en la tabla 1, para el período de estudio definido (2004-2024), fue clasificado como “democracia electoral” (V-Dem), “parcialmente libre” (Freedom House) o democracia defectuosa” (The Economist Intelligence Unit).6 El acceso al poder del presidente Gustavo Petro Urrego y de un bloque político de izquierda al Congreso en 2022 generó una valoración positiva en todos los índices, pero solo en el caso de Freedom House representó una mejora en la clasificación del país al pasar a la categoría de “libre”, lo que en el reporte respectivo se atribuye, entre otros factores, a la realización de elecciones más abiertas y competitivas. Adicionalmente, Freedom House (2023) valora como positiva la despenalización del aborto que se efectuó en ese mismo año.

Tabla 1 Ubicación de Colombia en las clasificaciones de la democracia definidas por los índices estudiados (2004-2024). 

Tipo de régimen político V-Dem Freedom House The Economist Intelligence Unit
Categorías Colombia Período Categorías Colombia Período Categorías Colombia Período
Democracias Democracias liberales NA Libre 2023 - 2024 Democracias plenas NA
Democracias electorales 2004 -2024 Parcialmente libre 2004 - 2022 Democracias defectuosas 2006 - 2024
Autocracias o autoritarismos Autocracias electorales NA No libre NA Regímenes híbridos NA
Autocracias cerradas NA NA NA Regímenes autoritarios NA

Fuente: elaboración propia.

Llama la atención que, en el período estudiado, no siempre hay coincidencias en las tendencias de evolución de la democracia colombiana, tal y como se muestra en los gráficos 3, 4 y 5 para los tres ejercicios expertos que consolidan un índice agregado, (V-Dem, Freedom House y The Economist Intelligence Unit), según sus particulares escalas de medición.

Fuente: V-Dem https://v-dem.net/data_analysis/VariableGraph/

Gráfico 3: Tendencias en las valoraciones de la democracia en Colombia, según V-Dem (2004-2024). 

Gráfico 4: Tendencias en las valoraciones de la democracia en Colombia, según Freedom House (2016-2024). 

Gráfico 5: Tendencias en las valoraciones de la democracia en Colombia, según The Economist (2006-2024). 

En el caso de V-Dem (gráfico 3), se observa una línea más o menos continua, sin grandes alteraciones ni para el índice de democracia electoral ni para el de democracia liberal, aunque, como se mencionó, esta última obtiene siempre valoraciones inferiores, dando cuenta de la discrepancia existente en el país al respecto.7 Para ambos índices, los puntajes obtenidos al inicio del período (0.43 en el Índice de Democracia Liberal y 0.55 en el Índice de Democracia Electoral para 2004) son inferiores a los del final (0.56 y 0.7 en 2024, respectivamente), lo que muestra la tendencia progresiva de mejora de la democracia colombiana y una coincidencia con la ya mencionada calificación positiva dada por Freedom House en ocasión del acceso por primera vez al poder por parte de la oposición de izquierda en 2022.

Freedom House, por su parte, presenta informes anuales del país, por lo que es posible sustentar con sus narrativas las calificaciones otorgadas. Acorde con la tendencia observada (gráfico 4), se percibe un ascenso sostenido entre 2004 y 2017, destacándose la firma del acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno en 2016 y el descenso en la reducción de la violencia que ello implicó, a pesar de la negativa ciudadana a refrendar el acuerdo. Pese a lo anterior, año tras año, a lo largo de todo el período, se enfatiza en los ataques letales contra líderes, activistas sociales y defensores de derechos humanos y en la impunidad reinante frente a ellos. Así mismo, en 2016 y 2017 se presentaron varios escándalos, como el que envolvió al director de la policía nacional -conocido como la comunidad del anillo-, y actos de corrupción relacionados, entre otros, con sobornos generalizados a figuras políticas por parte de la empresa brasileña Odebrecht y la detención del fiscal jefe anticorrupción del país por manipulación de procesos judiciales.

Entre 2019 y 2021 se observa una caída en la valoración obtenida por el país que se vincula con el manejo represivo dado por el gobierno del presidente Iván Duque y los organismos de seguridad a los movimientos de protesta originados en varias ciudades que, para 2021, generaron “la muerte de decenas de manifestantes, daños materiales generalizados y numerosas acusaciones de abusos contra los derechos humanos, incluso por parte de las autoridades” (Freedom House, 2022). Se rescata que durante este período el acuerdo de paz logró mantenerse, pero con demoras en su implementación por falta de recursos y de voluntad política, a la vez que se evidencia el rearme de grupos de desmovilizados. Hacia el final del período y, como se mencionó, el triunfo del primer presidente de izquierda en la larga historia republicana en Colombia, de la vicepresidenta Francia Márquez, afrocolombiana, ecologista y líder de la sociedad civil, llevaron a ubicar al país en la categoría de “libre”, si bien en la parte más baja o en el límite inferior de este rango, que para FH está valorado en 70 puntos, los cuales se mantienen en 2023 y 2024. El paso a esta categoría se atribuye a la existencia de un panorama político plural que ha enriquecido el debate público, evidenciando claramente la divergencia entre gobierno y oposición (Freedom House, 2023). A pesar de ello, se siguen registrando vulnerabilidades en corrupción (como, por ejemplo, los escándalos que involucraron al candidato presidencial Rodolfo Hernández o al hijo y al hermano del presidente), impunidad y riesgos para periodistas y defensores de derechos humanos, así como la persistencia de debilidades institucionales (Freedom House, 2025).

Los puntajes alcanzados por Colombia en el índice de The Economist Intelligence Unit se mueven en un rango de entre 6 y 7 puntos (sobre 10) y en ellos se observan algunos contrastes con lo planteado previamente (gráfico 5). Desde 2006, cuando se inicia la medición, y hasta 2015, se registran crecimientos relativamente constantes, pero leves. A partir de 2016, tras la firma del acuerdo de paz, se evidencia una segunda etapa caracterizada por un crecimiento mucho más acelerado, alcanzando su máximo histórico en 2019 (7.13) y 2020 (7.04), precisamente los años en los que, según las tendencias de Freedom House -y en menor medida de V-Dem- se presenta un leve retroceso. Finalmente, desde 2021 The Economist Intelligence Unit evidencia una caída significativa, con la calificación más baja de todo el período en el último año considerado (6,35 en 2024). Estos resultados se explican desagregando las cinco categorías utilizadas en este índice; la primera, denominada “proceso electoral y pluralismo”, se mantiene constante a lo largo del período, seguida por “libertades civiles” y “participación ciudadana”, que no presentan retrocesos considerables en los últimos años. Mientras tanto, “funcionamiento del gobierno” con una calificación de 5,71 para 2024 y, sobre todo, “cultura política”, con tan solo un 3,13, son las categorías que explican el descenso en la puntuación obtenida. En “cultura política” se incluye la evaluación del apoyo popular a la democracia y la cohesión social, identificándolas como unas de las principales causas del estancamiento de Colombia (Economist Intelligence Unit, 2023 y 2024). Así, en el reporte del 2024, se sostiene que un 89% de ciudadanos colombianos encuestados expresaron su insatisfacción con la democracia (p. 52); a su vez, se destaca que la seguridad es otro aspecto negativo para el conjunto de la región, indicándose que Colombia se clasifica como el décimo país más peligroso en el mundo, según el Armed Conflict Location & Event Data Project (citado por Economist Intelligence Unit, 2024, p. 44).

A diferencia de las mediciones presentadas anteriormente, Idea Internacional no ofrece un índice agregado, sino que agrupa diversos indicadores y variables dentro de un marco jerárquico organizado en cuatro categorías de nivel principal, que se consideran de manera individual para cada uno de los 173 países estudiados. Estas categorías son la representación, los derechos, el reinado de la ley y la participación. Para el caso colombiano durante el período estudiado, los resultados pueden verse en el gráfico 6.

Fuente: https://www.idea.int/democracytracker/gsod-indices

Gráfico 6 Tendencias en las valoraciones de la democracia en Colombia, según los índices del Global State of Democracy (2004 - 2024). 

Al respecto, pueden realizarse varias observaciones, que son consistentes con los resultados de los otros índices examinados. En primer término, puede observarse que el comportamiento del país en cada uno de los índices se ubica en la parte media de la escala. En segundo lugar, no se observan picos o caídas abruptos en ningún momento del período. Finalmente, “representación” y “participación” son las categorías mejor evaluadas, mientras que el reinado de la ley y, sobre todo, los derechos, tienen el desempeño más bajo. Tal y como IDEA Internacional incluye en el informe del país: “Colombia presenta un desempeño medio en todas las categorías (…) Se sitúa entre el 25 % superior a nivel mundial en materia de libertad de los partidos políticos, democracia local e independencia judicial, y entre el 25 % inferior en materia de igualdad económica. En los últimos cinco años, su desempeño democrático se ha mantenido estable, sin cambios significativos. (https://www.idea.int/democracytracker/country/colombia).

3. LAS PERCEPCIONES INTERNAS SOBRE LA DEMOCRACIA EN COLOMBIA

¿Se alinean o contrastan estas mediciones y valoraciones expertas con las opiniones ciudadanas sobre la democracia colombiana? Según las cifras de la Encuesta de Cultura Política del DANE (2023), desde el inicio de la medición en 2007, más del 50 % de los ciudadanos encuestados han considerado que Colombia es un país medianamente democrático, seguido por quienes lo perciben como un país democrático y, en menor proporción, por los que consideraron que no lo es (gráfico 7).

Fuente: Tomado del gráfico histórico “Consideración sobre qué tan democrático es el país” del DANE (DANE, 2023, p. 11).

Gráfico 7 Consideración ciudadana sobre el régimen político en Colombia, 2007-2023. 

Llama la atención cómo, entre 2015 y 2021, aumentó considerablemente el número de quienes consideraban que el país no es democrático, a pesar del proceso de paz, lo que puede estar relacionado con la polarización tras el plebiscito por la paz, el manejo dado a la pandemia del covid-19 y las protestas sociales, incluida la del ‘estallido social’ del 2021. Sin embargo, en coincidencia con lo resaltado en algunos de los índices expertos, después de las elecciones del 2022 se percibe un aumento de quienes consideran que el país es democrático y una disminución de quienes creen que no lo es.

Por otra parte, acorde a LAPOP (Cfr. LAPOP, 2021, p. 79; Cfr. 2023, p. 11), el apoyo a la democracia tuvo una consistente estabilidad desde el año 2004 (74 %) hasta el año 2014 (69 %), antes de que los niveles tuvieran un quiebre desde el 2016 (53 %) hasta el 2021 (53 %), como lo muestra el gráfico 8. Para el año 2023, el apoyo estuvo entre el 52 % en las personas mayores de 29 años, y el 49 % en personas entre 18 y 29 años (Cfr. LAPOP, 2023, p. 18). Estos datos son consistentes con los que refleja la Encuesta de Cultura Política del DANE (2021), en la que se muestra un deteriorado apoyo a la democracia de un 87.87 % en 2007 a un 76.6 % en 2021 (Cfr. DANE, 2007, p. 8; Cfr. 2021, p. 15).

Fuente: Tomado del Gráfico 4.1 “Aún no se han logrado recuperar los niveles de apoyo a la democracia registrados hace una década en Colombia”, de LAPOP (LAPOP, 2021, p. 79).

Gráfico 8 Apoyo a la democracia en Colombia por parte de la ciudadanía, 2004-2021. 

No obstante, la satisfacción que los colombianos han mostrado con el funcionamiento del sistema democrático ha venido deteriorándose desde el año 2012, lo que puede tener relación con la ruptura entre los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos por el proceso de paz con las FARC, o con los niveles de desaprobación de la gestión del presidente Iván Duque.8 Según la investigación de LAPOP (2021), “a pesar de que los colombianos están de acuerdo con que la democracia es la mejor forma de gobierno, puede ser que no estén satisfechos con el funcionamiento de la democracia en el país” (LAPOP, 2021, p. 83). La satisfacción con el funcionamiento de la democracia pasó del 58 % al 26 % en el periodo 2004-2021 (gráfico 8), llegando a niveles del 34 % para personas entre 18 y 29 años y del 28 % entre personas mayores de 29 años en el año 2023 (Cfr. LAPOP, 2023, p. 17).

Fuente: Tomado del Gráfico 4.5 “Los colombianos cada vez están menos satisfechos con el funcionamiento de la democracia en el país”, de LAPOP (LAPOP, 2021, p. 84).

Gráfico 9 Satisfacción con el funcionamiento de la democracia en Colombia, 2004-2021. 

Según los datos de la última Encuesta de Cultura Política del DANE (2023), aunque el nivel de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en Colombia tuvo un leve incremento a partir del 2021, lo cierto es que son más los ciudadanos que están insatisfechos con el funcionamiento de la democracia en Colombia. Si bien el nivel de satisfacción (muy satisfecho) pasó del 15.7 % en 2015 al 18.1 % en 2023, el nivel de insatisfacción (muy insatisfecho) se mantuvo en niveles superiores al 33 % con un promedio de insatisfacción del 45.4 % en el periodo 2015-2023 (Cfr. DANE, 2023, p. 9).

Este nivel de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en Colombia ha estado relacionado con la percepción ciudadana sobre la transparencia en las elecciones, las garantías para hacer oposición, las instituciones democráticas y la corrupción, tal y como se evidencia a continuación. En primer lugar, según la investigación Cultura Política de la Democracia en Colombia de LAPOP (2021), “una parte significativa de los colombianos ha considerado que los votos nunca se cuentan correctamente (31 %), que los ricos siempre compran las elecciones (50 %) o que los políticos siempre pueden averiguar por quienes votaron los ciudadanos (40 %)” (LAPOP, 2021, p. 38). Estos datos son consistentes con las investigaciones Calidad de la Ciudadanía en Colombia del CEDAE (2018) y con la Evaluación de Elecciones de IDEA (2024), en los que se consideró que el proceso electoral en Colombia (i) no es nada transparente9 y (ii) presenta un alto grado de desconfianza por parte de la ciudadanía.10 Como se muestra en el gráfico 10, el tema de las elecciones ha sufrido una pérdida de credibilidad: el nivel de credibilidad en las elecciones disminuyó 21.6 puntos porcentuales, al pasar de 45.6 % en el 2004 al 24 % en el 2016.

Fuente: Tomado del Gráfico 2.4 “Porcentaje anual de colombianos que confían en las elecciones, 2004 -2016”, de LAPOP (Cfr. LAPOP, 2016, p. 266).

Gráfico 10 Confianza en las elecciones de Colombia, 2004-2016. 

En cuanto a las garantías para hacer oposición en Colombia, con excepción de algunos períodos, desde que se hace la medición (2007-2024), la mayor parte de los ciudadanos encuestados percibieron que en el país no existen garantías para hacer oposición democrática, como lo refleja el gráfico 11, la investigación Estado de Ánimo Total de Invamer Poll (2024), en el periodo 2019-2024 (Invamer Poll, 2024, p. 124).

Fuente: Tomado del gráfico de la pregunta “En Colombia existen garantías para hacer oposición democrática”, en el periodo 2007-2024 de Invamer Poll (Cfr. Invamer, 2024, p. 124).

Gráfico 11 ¿Existen garantías para hacer oposición democrática en Colombia?, 2019-2024. 

Por otro lado, según los datos de Invamer Poll (2024), las instituciones que han contado con menos favorabilidad dentro de la ciudadanía han sido los partidos políticos, el sistema judicial y el Congreso. Según los datos de Invamer Poll (2024), la desfavorabilidad de los partidos políticos alcanzó niveles superiores al 75 % desde el 2015; el sistema judicial ha tenido una opinión desfavorable generalizada de más del 70 % (2014-2024); el Congreso ha contado con una desfavorabilidad por encima del 65 %, con niveles de desaprobación superiores al 80 % (2017-2022) (Cfr. Invamer Poll, 2024).11 Asimismo, instituciones como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General, los medios de comunicación, la Corte Constitucional, los sindicatos y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han tenido una percepción negativa dentro de la ciudadanía. La tabla 2 muestra los niveles de desfavorabilidad de cada institución desde septiembre del 2007, al final de cada período presidencial (entre junio y julio del 2010, 2014, 2018, 2022), hasta diciembre del 2024 (Cfr. Invamer Poll, 2024).

Tabla 3 Porcentajes de desfavorabilidad de algunas instituciones en Colombia, 2007-2024. 

Año / Institución 2007 2010 2014 2018 2022 2024
Partidos políticos 56 % 48 % 78 % 80 % 81 % 80 %
Sistema judicial 48 % 53 % 79 % 79 % 80 % 73 %
Congreso 54 % 44 % 62 % 72 % 73 % 71 %
Corte Suprema de Justicia - 28 % 49 % 60 % 65 % 58 %
Fiscalía General 26 % 26 % 42 % 51 % 63 % 59 %
Medios de comunicación 20 % 23 % 37 % 47 % 62 % 50 %
Sindicatos 46 % 44% 38 % 43 % 52 % 50 %
Corte Constitucional 22 % 22 % 37 % 53 % 54 % 46 %
JEP NA NA NA 43 % 42 % 56 %

Fuente: Tomado de los datos históricos de las encuestas de Invamer Poll (Cfr. Invamer, 2024).

Finalmente, según los datos de Invamer Poll (2024), la corrupción ha sido vista como uno de los principales problemas en Colombia. Para el periodo 2017-2021, la corrupción fue la principal causa de preocupación de los ciudadanos, por encima de las necesidades básicas y otras problemáticas (Cfr. 2024, p. 2).12

Fuente: Tomado de los datos históricos de la pregunta “Considera usted que la corrupción en Colombia está mejorando o está empeorando” de Invamer Poll (Cfr. Invamer Poll, 2024, p. 12).

Gráfico 12 Percepción de la corrupción en Colombia, 2017-2022. 

Prácticamente, desde que se hace la medición (2008-2024) los colombianos han considerado que la corrupción ha ido empeorando, con porcentajes superiores al 70 % en el periodo 2017-2021, y ubicándose en 72 % en febrero del 2024, como se puede apreciar en el gráfico 12 (Cfr. Invamer Poll, 2024, p. 12).

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN, A MANERA DE CONCLUSIONES

El ejercicio realizado ofrece evidencias de dos formas de evaluar la democracia colombiana: por una parte, la proveniente de concepciones académicas y expertas, a través de la cual se han establecido criterios y categorías que permiten la comparación internacional y la ubicación del conjunto de países en escalas acordes con el cumplimiento de diversos criterios de valoración en períodos largos de tiempo. De otra parte, la que se deriva de la mirada ciudadana recopilada a través de encuestas sistemáticamente ejecutadas, pero en una temporalidad más corta. Si bien no corresponden a fuentes totalmente comparables, ambas dan cuenta de características o componentes del modelo liberal representativo de la democracia, y la información obtenida y los análisis realizados permiten hacer algunas consideraciones interpretativas sobre las dos visiones y sobre la forma como estas coinciden en algunos aspectos, pero, sobre todo, se separan en otros.

Acorde con la valoración académica, Colombia no clasifica como democracia liberal, país libre o democracia plena. Ha constituido a lo largo del período una “democracia electoral”, un “país parcialmente libre” o una “democracia defectuosa” en los ejercicios comparados. Sin embargo, al analizar su ubicación en los rankings ofrecidos por los diferentes índices, se encuentra que suele estar ubicada en el segundo cuartil después del 25% de los países considerados las mejores democracias del planeta. Adicional a esta coincidencia de la ubicación en los puestos obtenidos en los diferentes rankings, es posible resaltar otras dos características interrelacionadas de cara a la denominada recesión democrática que viene ocurriendo en el contexto mundial: 1) la estabilidad en los puntajes obtenidos, de tal forma que el régimen político colombiano no aparece en las tablas o mediciones que muestran retrocesos hacia diferentes formas de autocratización; 2) las mejores clasificaciones que presenta en comparación con los índices de democracia electoral y liberal en el mundo.13

Si bien al analizar la mirada interna es imposible conocer la “caja oscura” (Pachano, 2014, p. 190) de lo que los encuestados entienden por democracia, el ejercicio efectuado evidencia un contraste frente a lo planteado por los expertos, en tanto en la percepción mayoritaria de la ciudadanía se considera al país como “medianamente democrático” o “no democrático”, evidenciándose que un 12% en promedio de los ciudadanos lleva cerca de dos décadas considerando que el régimen político colombiano es autoritario. Ciertamente, esto se encuentra relacionado con el hecho de que, aunque las encuestas reflejan que una parte significativa de la población continúa respaldando la democracia como el mejor sistema de gobierno, los niveles de apoyo y satisfacción con su funcionamiento han disminuido dramáticamente en los últimos años.

En consideración a lo anterior y acorde con lo que viene siendo demostrado a nivel global (IDEA, 2024, The Economist Intelligence Unit Democracy Index, 2024), en el caso colombiano también es posible constatar una brecha entre la evaluación que hacen los dos actores analizados. Criterios académicos definidos para medir y comparar el fenómeno ubican al país en posiciones intermedias en el contexto global y con tendencias regulares que, dependiendo del índice considerado y de la forma en que conceptualizan, operacionalizan y categorizan el concepto, muestran retrocesos o avances leves, pero en todo caso, mejorías en relación con el inicio del período. Mientras tanto, la percepción ciudadana refleja una compleja mezcla de apoyo, escepticismo y preocupación, según la cual la democracia colombiana parecería estar desmejorando a la vista de los encuestados.14

El reconocimiento del carácter electoral de la democracia colombiana que, en general, avalan los cuatro índices analizados, choca con las opiniones de la gente relacionadas con la falta de transparencia de los procesos electorales, las limitaciones en materia de garantías para ejercer la oposición política y la alta desconfianza en las instituciones democráticas, especialmente aquellas ligadas a los procesos electorales y a la democracia representativa, como los partidos políticos o el Congreso de la República. Sin embargo, el análisis no da cuenta de otros aspectos relacionados con el rendimiento del sistema, los resultados de la gestión pública, las desigualdades económicas u otros aspectos que pudieran estar afectando la valoración y que no son captados por las encuestas, aspectos que han estado presentes en la discusión sobre el concepto mismo de democracia y sus alcances y que deberían ser considerados al analizar la pérdida de legitimidad del régimen político y la forma de aproximarse a entender la brecha existente entre la lectura académica y de organismos internacionales y la que hace la gente en su vida cotidiana.

Ahora bien, no se desconoce que hay elementos que coinciden en ambas valoraciones. Entre ellos se encuentra la identificación de la corrupción como uno de los principales obstáculos para el fortalecimiento democrático del país y la falta de confianza y cohesión social. Otros aspectos, como las graves violaciones a los derechos humanos de periodistas, líderes y activistas, no pueden derivarse directamente de las encuestas, aunque las opiniones sobre la falta de garantías para la oposición que registran las encuestas podrían estar dando cuenta de ese fenómeno.

Resulta interesante mencionar hitos presentes en el período analizado que explican las valoraciones dadas desde ambas perspectivas. En general, tanto el acuerdo de paz suscrito en 2016, con todas las vicisitudes que el proceso de refrendación suscitó, como el acceso del primer gobierno de izquierda al poder en el 2022, son eventos destacados en la trayectoria colombiana reciente que han incidido en las evaluaciones internacionales y que probablemente también lo hayan hecho en las encuestas nacionales. Lo ocurrido en el entretanto, la pandemia y las protestas sociales de 2019 y 2021, también tuvieron un efecto sobre la evaluación de la democracia presente en ambas aproximaciones.

Finalmente, es de señalar que el caso estudiado fue concebido en este artículo en una perspectiva comparada y haciendo notar que la ambigüedad que ha presentado históricamente es similar a la que sufren hoy otros regímenes políticos que cuentan con elementos básicos de la democracia electoral, pero que no logran mantener un régimen político de calidad. En este sentido, el país no ha sido ajeno a fenómenos de orden global como la polarización o el populismo, acentuados por las redes sociales y el manejo de la información, que permitirían comparaciones fructíferas, para las cuales la literatura en torno a la resiliencia democrática puede ser pertinente. Sin embargo, estos eventuales estudios no pueden dejar de contemplar la anomalía teórica o la paradoja que representa el caso colombiano (Safford & Palacios, 2011; García Sánchez, 2016; Gutiérrez, 2015; Taylor, 2018; Fergusson & Vargas, 2022), al combinar una institucionalidad y unas prácticas democráticas de larga data con la presencia constante y sostenida de altos niveles de violencia. Ahora bien, en la medida en que el declive democrático viene acompañado en diversos países de fenómenos de violencia, las comparaciones de casos de este tipo podrían enriquecer futuras investigaciones.

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1 V-Dem, la base de datos más grande del mundo en materia de democracia cuenta con una red global de cerca de 4.200 expertos (Nord y otros, 2025). Freedom House, por su parte involucra a 128 analistas para publicar sus reportes anuales por país en materia de derechos políticos y libertades civiles (Freedom House, 2023), mientras que The Economic Intelligence Unitreporta calificaciones que provienen de un panel de cerca de 400 analistas. De igual forma IDEA Internacional, señala que sus valoraciones provienen de encuestas a expertos, codificación basada en estándares por parte de grupos de investigación y analistas, y datos observacionales.

2Esta última consideración incidió en que se excluyera el Bertelsmann Transformation Index (BTI), inicialmente contemplado dentro de los índices que sirvieron como fuente para el análisis de la mirada experta. Ello porque adicional a las dimensiones vinculadas con las elecciones, examina transformaciones en materia de economía de mercado, así como variables relacionadas con la labor gubernamental, las cuales no son objeto de análisis en este artículo (Bertelsmann Stiftung, s. f.).

3De diversas formas, la corrupción ha sido asociada al concepto de democracia. Por ejemplo, a diferencia de Levine y Molina (2014) que la incluyen como indicador de la rendición de cuentas, Katz y Morlino (2014) la consideran un subdimensión del Estado de derecho.

4La medición en ciencias sociales ha sido definida como “la asignación de números a objetos o eventos de acuerdo con unas reglas determinadas” o “el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos” (Stevens, 1951, p. 22; y Carmines y Meller, 1979, p. 10, ambos citados por Gerring, 2014, p. 174).

5Es el caso, por ejemplo, del índice de calidad de la democracia propuesto por Levine y Molina (2014) que para operacionalizar algunas de las cinco dimensiones definidas por los autores (decisión electoral, participación, rendición de cuentas respuesta a la voluntad popular y soberanía), utiliza tanto información secundaria (estadísticas de la Unesco, índices de corrupción de Transparencia Internacional, etc.) como información derivada de encuestas como el Latinobarómetro que indagan sobre aspectos tales como limpieza de las elecciones, eficacia del voto o trabajo o no de la población en temas comunitarios que propendan por la rendición de cuentas social. De igual forma, otro ejemplo lo constituye la encuesta del IDEA (2024), que contrasta la valoración ciudadana de la democracia en diversos países obtenida mediante encuestas, con resultados ofrecidos en los indicadores de V-Dem. Este último estudio incluye a Colombia dentro de los 19 países analizados.

6IDEA internacional se excluye en este análisis debido a que no consolida un índice único, sino que efectúa una multicategorización con cuatro índices parciales, cuyos resultados para Colombia serán presentados más adelante.

7Mediante el índice de democracia electoral V-Dem mide la calidad y periodicidad de las elecciones en función de lo esbozado por Robert Dahl en su concepto de poliarquía, incluyendo aspectos tales como la calidad de las elecciones, derechos individuales y libertades de expresión, media y asociación. Mientras tanto el índice de democracia liberal captura aspectos tales como pesos y contrapesos en el ejecutivo, respeto por libertades civiles, reinado de la ley e independencia del poder legislativo y judicial (V-Dem, 2024).

8Como lo señala Duque (2024) “La imagen de favorabilidad del presidente Duque siempre fue muy baja y solo en una de las encuestas supero el 50%. Comenzó con un 40% y término con el 20% de opinión a favor (p.251)

9El 46 % de los encuestados consideró que las elecciones en Colombia no son nada transparentes, seguido del 40 % que afirmó que son medianamente transparentes y el 13 % que opinó que son muy transparentes (CEDAE, 2018. p. 105).

10El 38 % de la ciudadanía consultada opinó que las elecciones en Colombia no son libres ni justas o no lo son en absoluto, mientras que el 30 % afirmó que es difícil asegurar tal cosa. Sólo un 11 % consideró que sí lo son, seguido de un 19 % que cree que lo son solo en parte (Cfr. IDEA, 2024, p. 23).

11La Encuesta Mundial de Valores (EMV) ha señalado que los partidos políticos (5 %), el Congreso (5 %) y los sindicatos (10 %) son las instituciones que registran los niveles más bajos de confianza entre la ciudadanía (Cfr. EMV, 2005, p. 75; 2015, p. 51; 2020, p. 21). Asimismo, la Encuesta de Cultura Política identifica a los partidos políticos (6,6 %), al Congreso (10,7 %) y al sistema judicial (12,8 %) como las instituciones que generan menor confianza entre la ciudadanía (Cfr. DANE, 2023, p. 38).

12La investigación Pulso de la Democracia en Colombia de LAPOP (2023), registró que la corrupción fue una de las principales preocupaciones por parte de la ciudadanía (Cfr. LAPOP, 2023, p. 09). Asimismo, según la Encuesta Mundial de Valores (2020), nueve de cada diez colombianos afirmaron que existe mucha corrupción en Colombia (Cfr. EMV, 2020, p. 23).

13Puede verse al respecto las tendencias de largo plazo ofrecidas por V-Dem y que fueron presentadas en los gráficos 1 y 2. Otros índices también presentan evidencia similar. Por ejemplo, la puntuación de Colombia según Freedom House fue de 70 para 2023 y 2024, mientras que el promedio para América Latina fue de 58.5%. Situación similar a la que se deriva del índice de The Economist Intelligence Unit según la cual la tendencia a la baja presentada por el país, es coherente con el deterioro generalizado que ha tenido en mayor medida toda la región de América Latina y el Caribe en los últimos nueve años.

14Aunque no se incluyó dentro de la metodología, el debate sobre las afectaciones y los riesgos de la democracia hace parte permanentemente de la agenda pública y podría ser rastreado en los medios y redes sociales. La misma ha sido expresada tanto por la izquierda como por la derecha y por sectores del gobierno y de la oposición.

Recibido: 01 de Septiembre de 2025; Aprobado: 28 de Noviembre de 2025

Los autores agradecen al politólogo Juan Pablo Villalobos el apoyo en la recolección y sistematización de la información derivada de los índices internacionales.

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