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Cuadernos de Economía

Print version ISSN 0121-4772On-line version ISSN 2248-4337

Cuad. Econ. vol.22 no.38 Bogotá Jan./June 2003

 

LA VIOLENCIA LATINOAMERICANA VISTA POR LOS ECONOMISTAS

Pierre Salama*

El autor es Profesor de la Université de Paris XIII, CEPN-CNRS y GREITD. Debo agradecer a Mamadou Camara, del Centro de Economía de París–Norte (CEPN-CNRS) y del Grupo de Investigación sobre el Estado y la Internacionalización de las Técnicas (GREITD), así como a Jesús Mora, profesor de la Universidad de los Andes (Venezuela), por sus comentarios a la primera versión de este documento. Traducción de Germán Alberto Villamizar y revisión de José Guillermo García I. Universidad Pedagógica Nacional. Para comentarios y reproducción de este material comunicarse con el autor al correo: psalama@wanadoo.fr . Artículo recibido en noviembre de 2002 y aprobado por Consejo Editorial el 31 de marzo de 2003.


Resumen

Este artículo sintetiza los estudios económicos publicados recientemente sobre la violencia en América Latina y analiza las causas susceptibles de acrecentarla: pobreza, desigualdad de los ingresos en nivel y variación, impunidad, diferencia entre la probabilidad de ser arrestado y la severidad de la pena impuesta, y narcotráfico. Sin embargo, la explicación de la violencia no se limitará a factores económicos, puesto que el autor privilegia un enfoque inspirado en la antropología y la sociología.

Palabras clave: violencia, América Latina, comportamientos racionales, desigualdades sociales, guerrillas, tráfico de droga, equilibrios múltiples. JEL: O150

Abstract

This article synthesizes recently published economic studies regarding violence in Latin-América and analyses those causes tending to augment it: poverty, inequality of levels and variation of income, impunity, difference between the probability of being arrested and the severity of the imposed penalty and narcotrafficking. However, this explanation of violence is not limited to economic factors, as the author favours an approach inspired by anthropology and sociology.

Key words: violence, Latin America, rational behaviours, social inequalities, guerrilla, traffic of drugs, multiple equilibrium. JEL: O150

Résumé

Cet article a pour objectif de faire une courte synthèse des études économiques parues récemment sur la violence en Amérique latine et d´analyser les causes susceptibles de l´accroître: pauvreté, inégalités des revenus en niveau et en variation, impunité, arbitrage entre la probabilité d´être arrêté et la pénibilité de la peine encourue, narcotrafic. L´explication de la violence ne saurait toutefois être réduite à des facteurs exclusivement économiques, aussi l´auteur privilégie-t-il ici une approche inspirée de l´anthropologie et de la sociologie.

Mots-clefs: violence, Amérique latine, comportements rationnels, Inégalités sociales, guérilla, trafic de drogues, équilibres multiples. JEL: O150


En Colombia la violencia presenta niveles demasiado altos: la tasa de homicidios equivale a casi siete veces la de Estados Unidos, país particularmente violento (ver gráfica 1). El estudio de las causas profundas de esta violencia permitirá responder las siguientes preguntas: ¿es ella elevada a causa de la producción y comercialización de drogas ilícitas o de la existencia de grupos armados (guerrilla, pero también paramilitares y fuerzas armadas)? ¿Llega ella a semejantes índices debido a la pobreza, a las desigualdades notorias en el ingreso o a la evolución de ambas? ¿La violencia se desencadena debido al cambio de valores, a la falta de represión, a la escasez de efectivos de la policía o a una justicia ineficiente o laxa? ¿Ella se debe a las características culturales específicas de Colombia? ¿Se debe al conjunto de estas variables, que actúan según cierto orden: una causa "X" no actúa directamente sobre la violencia sino sobre otra variable "Y", y esta última actúa sobre el grado de violencia? ¿Estamos acaso en presencia de efectos circulares en que, por ejemplo, el aumento de la pobreza acentúa el grado de violencia y, la violencia creciente a su vez, incrementa la pobreza?

¿Se puede limitar el análisis de la violencia a comportamientos supuestamente racionales de los individuos que giran entre la ganancia obtenida por el homicidio y el costo deducido de la probabilidad de ser arrestado o, inversamente, se puede considerar que los individuos son víctimas de un contexto que no controlan? En el primer caso, bastaría con aumentar la posibilidad de ser arrestado para que la violencia disminuyera elevando el número de policías y de jueces; en el segundo, se debería prevenir modificando los parámetros del contexto macrosocial —menos desigualdad y desempleo, un ambiente más agradable, más espacios de socialización, etc.— para que la violencia disminuya con el tiempo. La primera postura privilegia el individuo, y pertenece al enfoque conocido como " individualismo metodológico" . Esta perspectiva es economicista y reduccionista por excelencia. Cuando es rechazada la hipótesis de la racionalidad mercantil, el análisis gana en profundidad si se basa en los estudios de antropólogos y psicoanalistas. La segunda posición es más holista, y la adoptan los economistas cuando atribuyen la violencia al aumento de la pobreza. Esta posición, aunque también la adoptan muchos sociólogos, adolece de la intención por reducir las causas de la violencia a factores económicos, y conduce a un "determinismo económico". La dificultad radica en rechazar al mismo tiempo el enfoque que privilegia el individualismo metodológico y el enfoque holista, sabiendo "que los individuos hacen libremente su historia en condiciones que no son libremente determinadas por ellos".

Cuando se estudia la violencia, es preferible considerar los crímenes de manera aislada antes que el conjunto de los actos delictivos. La medida de los homicidios es más confiable que la de los robos (declaración que varía según el país, distintas definiciones de estos actos delictivos), incluso si la precisión no es la regla (un hombre muerto en la calle no es necesariamente un homicidio), porque es extraño que las víctimas denuncien los robos ante la policía, sobre todo si la consideran ineficaz o corrupta. Es cierto que se podrían tener en cuenta las encuestas de victimización —mucho más confiables— que se multiplican en América Latina, pero que por definición excluyen los homicidios, aun siendo conscientes de que existen vínculos entre homicidios y robos o secuestros. Ahora bien, los homicidios alcanzan tal nivel que nos parece más interesante limitarnos a su estudio.

En consecuencia, nos centraremos en los homicidios aunque, a veces nos referiremos a los robos. A pesar de la expansión de la violencia, el análisis de estas causas es difícil por diversas razones. La búsqueda de las motivaciones no es pertinente por una razón muy sencilla: la probabilidad de ser arrestado y sometido a un proceso de inmediato es sólo 11% en Colombia, en contraste con 65% en Estados Unidos [ Martínez Ortiz, A. 2001] . La cantidad de asesinos arrestados no es representativa y, por tanto, no se pueden deducir los motivos de estas acciones criminales.

Este artículo sintetiza los estudios económicos publicados recientemente sobre la violencia en América Latina. Mientras algunos emplean la técnica estadística de panel, agrupando varios países en un periodo más o menos largo, otros se concentran en el estudio del caso colombiano. A pesar de que estos estudios económicos proporcionan diversas enseñanzas, la economía no basta y es grande el peligro de querer reducir todo a esta disciplina, sea por determinismo económico o subordinando las motivaciones de tipo antropológico o sociológico a lo económico. Es imposible presentar los diversos factores en una secuencia causal por cuanto el análisis de uno remite necesariamente a otros, susceptibles de influir en el grado de violencia. Seguiremos el método de encabalgamiento: los factores se analizarán uno después de otro, pero haciendo referencia cada vez a los demás factores. El narcotráfico, ausente como factor específico, estará presente en la mayor parte de los puntos. No discutiremos las técnicas estadísticas utilizadas por los diferentes autores, sino el razonamiento económico que subyace tras sus resultados.

PRESENTACIÓN DE LOS PRINCIPALES FACTORES DE VIOLENCIA

Organizaciones criminales más pequeñas y más efímeras, y disminución de la violencia...

Empecemos por una paradoja. Aunque no tenemos información muy precisa, tanto los investigadores como los encuestadores del Gobierno colombiano consideran que las organizaciones criminales de hoy son más pequeñas que a comienzos de los años noventa [ Rocha García, R. 2001] porque la competencia es más exacerbada y el tiempo de vida de estas organizaciones más efímero. Esta situación debería ser generadora de una violencia más acentuada que cuando las organizaciones eran más importantes y más estables. Esta relación no está documentada. La observación de las curvas que miden la tasa de homicidio invalida esta relación en las grandes ciudades de Colombia (ver gráfica 2) donde se aprecia una reducción por momentos sensible de la tasa de homicidio. Sin embargo, ella se confirma en las grandes ciudades brasileñas y en las ciudades intermedias colombianas.

Precisamente la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes alcanzó un pico a comienzos de los años noventa, mucho más elevado que en los demás países de América, excepto El Salvador. Esta tasa fue casi siete veces más alta que la de Estados Unidos y veinte veces más alta que la de Canadá o Chile. Sin embargo, después de 1991 ha bajado 20%, este descenso es atribuible, en gran parte, a las grandes ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, reconocidas por su extrema violencia, a las que se contabiliza 38% de los homicidios en Colombia: la tasa de homicidios en estas ciudades pasó de 120 por cada cien mil habitantes en 1991 a poco menos de 80 en 1997. Ver gráfica 3. Aun manteniéndose en un nivel superior a la media colombiana, esta notable reducción ayuda a disminuir la parte correspondiente a las tres ciudades en el conjunto de homicidios, que pasa de 38 a 30% en 1997 [ Levitt y Rubio 2000, 8] .

El descenso de la tasa media de homicidios en Colombia es más leve que la observada en las tres principales ciudades porque ha aumentado en numerosas ciudades intermedias. Igualmente, cambió la distribución de la violencia: el 20% de la población, en los municipios menos violentos eran responsables del 5% de los homicidios en 1990, y de casi 10% en 1997. Aunque la distribución de la violencia aún es muy heterogénea, se observa el comienzo de una convergencia, pues la violencia se manifiesta más homogénea que antes al extenderse al conjunto de las ciudades, pero disminuir en las que estaban más afectadas, como Medellín y Bogotá.

Estas cifras muestran que es difícil establecer una relación entre la multiplicación de organizaciones criminales de tamaño más modesto que las precedentes y el grado de violencia, indicado aquí por la tasa de homicidio. En efecto, la tasa es alta en extremo, especialmente en Medellín donde, según parece, las organizaciones criminales y el tráfico de drogas parecen ser los factores más importantes, pero la evolución de estas organizaciones no conduce a un incremento de la tasa de homicidios, sino a lo contrario. Factores como la separación de las familias (uno de los padres o los dos ausentes), el subempleo (porcentaje en el umbral sin empleo por familia), el tamaño de las ciudades, la importancia de la migración reciente (medida a partir de una norma de un número mínimo de personas que haya migrado durante los últimos cinco años en el seno de los hogares), la importancia de los ingresos de la droga (calculada mediante el porcentaje de personas de una comunidad que recibe ingresos provenientes de la droga) [ Gaviria, A. y Pagés, C. 1999] .1 No obstante, los márgenes de error son importantes ya que es difícil establecer criterios sobre los criminales cuando se sabe que la muestra no es representativa, por cuanto en Colombia, sólo en 38% de los homicidios se abren investigaciones y en 11% se siguen procesos, mientras que en Estados Unidos estas cifras son 100% y 65%, respectivamente [ Levitt, S. y Rubio, M. 2000, 8] .

La guerrilla

En muchos países, la guerra civil es probablemente la causa principal que desencadena la violencia. En América Latina, El Salvador presenta la tasa de homicidios más elevada, que incluso supera la de Colombia. Se puede atribuir a la guerra civil este elevado grado de violencia desde hace varios años. Lo paradójico es que, en Colombia, muchos autores consideran que la guerrilla tiene poca incidencia en la violencia. Según C.M. Gómez [ 2001] , quien se remite a varios trabajos de A. Vargas et al. [ 1995] , sólo se puede atribuir 5% de los homicidios a la guerrilla y a las fuerzas armadas, y 10% al narcotráfico. Estos estudios pueden controvertirse y han sido controvertidos.2 Se puede considerar que las relaciones entre las guerrillas y los narcotraficantes han sido turbulentas. Por ejemplo, los tributos impuestos condujeron al cartel de Medellín a desarrollar los grupos paramilitares encargados también de asegurar el tráfico sin el pago de tributos, de proteger las grandes propiedades de los narcotraficantes, de intimidar mediante masacres a los campesinos que podrían ser simpatizantes de la guerrilla y, en fin, comprometerse de manera directa en el narcotráfico.3 Según Echandía Castilla citado por A. Sarmiento [ 1999, 295 y ss.] , de 342 municipios caracterizados por tener elevada tasa de homicidios, en 284 hay presencia de la guerrilla y en 152, de los paramilitares en algún momento. Por lo tanto, no se puede establecer de la existencia de grupos armados y de un grado de violencia elevado, una relación de causalidad directa. Como destaca el autor, esta presencia crea tal contexto de intimidación y de congestión en los juzgados que la violencia puede aumentar. Por esta razón se puede considerar que el desarrollo del narcotráfico crea una nueva situación generadora de una escalada de homicidios, como se aprecia en los trabajos de A. Gaviria.

La corrupción no es el sustituto de la violencia, como suele creerse, sino su complemento. Por tanto, se puede considerar que los efectos indirectos del tráfico de drogas generan violencia, como se verá a continuación.

Pobreza y desigualdades

Según algunos investigadores, no se puede establecer una relación entre la pobreza (o las desigualdades sociales) y la violencia.4 A. Peralva, por ejemplo, especialista de la violencia en Brasil, escribió: "Cualquiera sea la importancia de las desigualdades sociales [ ...] no es posible ignorar que las tasas de delincuencia crecen aún donde las desigualdades decrecen".5 Es cierto que cuando la economía de Brasil ha vuelto a crecer y la inflación se ha disparado, la criminalidad se ha incrementado con fuerza en muchas grandes ciudades brasileñas. La tasa de homicidios pasó de 40 por cada cien mil habitantes, a finales de 1992 en la región metropolitana de Río, a 70 a finales de 1995, es decir, un nivel cercano al de algunas ciudades colombianas. En Sao Pablo pasó de 43 por cada cien mil a 52 en el mismo periodo [ Viegas, M y De Barros, M. 2000, 387] . Sin embargo, este periodo se caracteriza por el mejoramiento del nivel de vida, la reducción importante del índice de pobreza y la disminución leve de las desigualdades, sobre todo a partir de 1994.

Para evitar confusión o ambigüedad, es necesario distinguir los niveles de evolución de estos factores. Por ejemplo, se puede considerar que el nivel de pobreza puede tener un efecto leve sobre el grado de violencia cuando se compara la situación de dos países cuyos índices de pobreza son diferentes. Los efectos potenciales de una acentuada pobreza sobre el grado de violencia pueden contrarrestarse manteniendo códigos de valores sólidos,6 cuyo origen puede ser la religión o la ética republicana, por ejemplo, o —de manera inversa—desencadenar la violencia cuando se cuestionan estos últimos. Se entiende que pobreza y desigualdades no pueden desligarse. Aunque la pobreza sea definida de manera absoluta en los países subdesarrollados, la referencia a la distribución de los ingresos es constante, de modo que una fuerte desigualdad puede asociarse a la injusticia, fuente de cuestionamiento posible de los códigos de valores y, por tanto, de violencia. Pero se comprende, sobre todo, —siguiendo con estos planteamientos— que el verdadero problema debe abordarse de manera dinámica, y que las variables susceptibles de constituir elementos que explican la evolución de la violencia deben considerarse en sus variantes. La pobreza no sería fuente de violencia si no se incrementara y, sobre todo, si ella no estuviera acompañada de la acentuación de las desigualdades ni causara la escalada de la violencia. Por el contrario, si las desigualdades varían, si las solidaridades desaparecen con la "entronización creciente del mercado", la violencia puede aumentar y generar más pobreza y desigualdades crecientes. La violencia, como se verá, no tiene necesariamente un fundamento político.

A. Sarmiento [ 1999] intenta establecer una relación entre la violencia (tasa de homicidios), por una parte, las "condiciones de vida" (la pobreza medida por las necesidades básicas no satisfechas), las desigualdades en la distribución del ingreso (medidas por el coeficiente de Gini), la escolarización que ha beneficiado a los adultos7 y la participación electoral, por otra parte. La originalidad radica en buscar esta relación en los municipios que muestran un aumento de homicidios y, de manera inversa, en los que experimentan una reducción de la violencia. Según el autor, el aumento de la violencia se explica esencialmente por el incremento de las desigualdades, la participación electoral y la escolarización crecientes, que influyen negativamente en la violencia. En consecuencia, no es tanto la pobreza como el crecimiento de las desigualdades, lo que explicaría el aumento de los homicidios. No obstante, esta relación no se encuentra en las pruebas econométricas realizadas por F. Sánchez y J. Núñez [ 2001] . Estos autores buscan establecer una relación entre la tasa de homicidio de las siete principales ciudades colombianas y una serie de variables:8 el coeficiente de Gini, la pobreza (medida aquí como el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza), la población urbana, la densidad del narcotráfico (medido por el ingreso obtenido de la droga en un departamento dividido entre el número de personas involucradas en esta actividad), la ineficiencia de la lucha contra el narcotráfico (medida por la razón entre el ingreso del narcotráfico y la captura de narcotraficantes) y, sobre todo, la tasa anterior de homicidios. La pobreza tiene un leve efecto sobre la tasa de homicidios (-0,02%), aunque el coeficiente no es significativo. La distribución de los ingresos actúa negativamente sobre la tasa de homicidios (-1,03%). Este resultado indica que cuando la distribución aumenta en 1%, la tasa de homicidio baja en un 1%. Las variables más importantes están relacionadas con el narcotráfico y la ineficiencia de la represión contra el narcotráfico. Cuando los ingresos derivados del narcotráfico aumentan 1%, la tasa de homicidios aumenta en 0,19% y cuando la ineficiencia (medida por los ingresos de la droga divididos entre el número de arrestos) aumenta 1%, la tasa de homicidio se incrementa levemente (0,03%). La variable que más influye es la que caracteriza la tasa de homicidio anterior. Ante un crecimiento de un 1% de esta variable, la tasa de homicidio se incrementa en 0,77%.9 La constante de la ecuación de regresión es —1,64. Es importante observar que, en el periodo 1991-1998, los determinantes de la tasa de homicidio municipal (769)10 no son exactamente los mismos que cuando se consideran las desigualdades de patrimonio en vez de las de ingreso. Al aumento de un punto del coeficiente de Gini en la propiedad urbana corresponde un incremento de 4,3% en la tasa de homicidios (este aumento es sólo 2,6 para la propiedad rural). La concentración de la riqueza y su aumento favorecen el incremento de la violencia. La influencia de la guerrilla (medida por el número de ataques armados por cada 10.000 habitantes) es muy importante. Por un aumento de 1% de la variable "guerrilla" , la tasa de homicidios crece —según este estimativo— en 3,4%, y por un aumento de 1% de la ineficiencia de la lucha contra el narcotráfico, el incremento de la tasa de homicidios es todavía mayor (6,7%). Igual le ocurre a la tasa de homicidios anterior (0,8%). Inversamente, la influencia de la densidad del narcotráfico es relativamente débil (0,284), así como la de la pobreza medida por las necesidades insatisfechas (1,6)11. Sin embargo, la relación pobreza–homicidio es no lineal del tipo U invertida: la tasa de homicidios crece a medida que la tasa de pobreza aumenta hasta cierto umbral de pobreza. En adelante, la tasa de homicidios disminuye cuando la pobreza continúa creciendo.

P. Fajnzilber et al. [ 2001] , a partir de una encuesta más amplia y una técnica econométrica distinta,12 obtuvieron resultados que difieren ligeramente. Según estos autores, el hecho de que el ingreso per cápita no tenga efectos sobre el grado de violencia cuando las desigualdades no varían, podría justificar la interpretación según la cual el nivel de pobreza no sería un factor constitutivo de la violencia. Incluso si el ingreso per cápita crece menos rápido y las desigualdades se amplían, se podría considerar que el crecimiento probable de la pobreza que se deriva, es un factor constitutivo del incremento de los homicidios.

Paso de un grado de violencia a otro

La violencia, aunque había alcanzado un nivel elevado, creció con fuerza y de manera súbita durante los años ochenta, para decrecer posteriormente; y de manera significativa en las grandes ciudades colombianas. A. Gaviria [ 2001] propone una explicación a esta evolución en términos de equilibrios múltiples.

La explicación del paso de un equilibrio a otro superior se hallaría en la congestión creciente de los juzgados y, por lo tanto, la baja probabilidad de ser castigado. El aumento de las tasas de homicidio reduce así la probabilidad de ser sancionado y provoca un aumento de esta tasa, debido a los gastos constantes asignados en los servicios de policía y de justicia. Este razonamiento beckeriano [ Becker, G. 1968] implica que existe un choque exógeno que puede permitir el desencadenamiento del "proceso". Según Gaviria, este choque sería el impulso del narcotráfico. A. Gaviria observa, en efecto, que existe coincidencia entre la aceleración en el aumento de homicidios y la consolidación de Colombia como principal exportador de cocaína [ Gaviria, A. 2001, 167] . El impulso del narcotráfico, sin que haya simultáneamente en esta época un incremento sustancial de los gastos públicos para reprimirlo, habría conducido a investigaciones cada vez más limitadas debido a la falta de medios suficientes, a la congestión de los juzgados y, en consecuencia, a la disminución de la probabilidad de ser arrestado y castigado. La probabilidad de ser acusado de homicidio pasó de 48% en 1980 a 40% en 1981, para aumentar luego a la cifra de 46% en 1983. La caída de esta tasa es particularmente fuerte de 1983 (46%) a 1986 (38%), hasta llegar en 1992 a un nivel de 16 a 17%. El " detonador" —el impulso del narcotráfico— según la expresión de A. Gaviria, permite comprender que la inercia relativa de las tasas de criminalidad (un equilibrio) se ha roto y se pasa a un equilibrio superior porque no sólo ha conducido a un aumento de la violencia, sino sobre todo ella se ha traducido en un descenso de la probabilidad de ser apresado.13

El sentimiento creciente de impunidad condujo al incremento de la tasa de homicidios. En palabras de A. Gaviria:

    Los narcotraficantes jugaron papeles diferentes en el surgimiento de la violencia en Colombia. Por una parte, han generado directamente la violencia a través de sus actividades y, por otra parte, han producido indirectamente la violencia a través de diferentes externalidades criminales: congestión del sistema jurídico, trasferencia de conocimientos criminales (por ejemplo, aprendizaje), aumento de la disponibilidad de armas y creación de una "cultura" que favorece el dinero fácil y la resolución violenta de los conflictos [ Gaviria, A. 2001, 179-180] .

De manera inversa, tras haber descendido considerablemente desde finales de los años setenta, el incremento de la tasa de captura por homicidio en las grandes ciudades, desde 1996, aumenta la probabilidad de ser arrestado y castigado, y llevó a la disminución de la tasa de criminalidad [ Sánchez, F. y Núñez, J. 2001, 317].14

La cita anterior es interesante porque acude a la "cultura". Es bastante extraño encontrar la cultura en los trabajos de los economistas y en particular de los econometristas. Se encuentran ciertas referencias a normas aceptadas y rechazadas en las obras de los neoinstitucionalistas como North. Para esta escuela, la violencia elevada podría interpretarse como la imposibilidad manifiesta de los actores para establecer acuerdos en el cuadro institucional existente en un momento dado. La violencia se convertiría en cierta forma en un instrumento legítimo para resolver los conflictos y alcanzar los objetivos de enriquecimiento propuestos. Esta legitimidad explicaría el efecto de contagio. Pero se comprende, sobre todo, que las herramientas de análisis de los economistas son limitadas cuando permanecen aferrados a una supuesta racionalidad económica de los agentes y buscando encerrar lo no económico en lo económico o explicar todo por esta lógica. La violencia y su impulso tienen con frecuencia raíces económicas, pero es suficiente limitar la explicación de este fenómeno a un determinismo económico.

INTERPRETACIÓN PLURIDISCIPLINAR DE LA VIOLENCIA

La violencia no es inherente al capitalismo: los pueblos llamados primitivos la conocieron y se ha podido interpretar el juego del don y el contra don como una manifestación del temor, una manera de conjurar la violencia, "producir la fe, engendrar la confianza" [ Geffray, Ch. 2001, 61] . Los modos de propagación de las relaciones mercantiles en los países subdesarrollados se han dado en un espacio-tiempo estrecho: algunas décadas, mientras que en las economías desarrolladas esta difusión tomó varios siglos, y tuvo fases de aceleración y desaceleración. Este desarrollo de las relaciones mercantiles y las tentativas de su generalización a los hombres creando así el asalariado ha sido acompañado de violencia, que ha sido aún más fuerte en los países subdesarrollados porque la difusión ha sido rápida y, precisamente, porque ella ha sido demasiado rápida, los modos de dominación del capital adquieren modalidades específicas y la salarización toma aspectos particulares (importancia de los empleos informales, influencia de formas paternalistas tradicionales, salario comprendido como un intercambio de valor y de favor). La difusión de las relaciones mercantiles no es semejante en estos países puesto que depende de las riquezas existentes de que dispongan para explotar y, sobre todo, de los modos de organización de los hombres, de sus creencias y de las modalidades de su cohesión, de los intentos por desestructurar las relaciones establecidas entre estos hombres y reestructurarlas, como relaciones mercantiles. La "mercantilización" de los hombres y de los nuevos territorios conquistados, enmarcados en otras tradiciones y valores, se lleva a cabo según modalidades diferentes de adaptación–rechazo y de combinación conflictiva entre los dos, y se acompaña de la violencia del dominante sobre aquel que se busca dominar. El arrasamiento de las antiguas culturas del dominado y, en ocasiones, la incapacidad de reestructurar los códigos agrietados y destruidos por esta propagación dejan el campo más o menos libre al desencadenamiento de la violencia. Por el contrario, la reestructuración de los códigos puede dar lugar al surgimiento de un conjunto coherente de valores debido a la fetichización de las relaciones sociales de producción, que pueden llegar a frenar el ascenso de la violencia. Al no ser completa la fetichización, debido a la especificidad de los modos de propagación de las relaciones mercantiles, la violencia permanece latente. La migración de los campos a las ciudades, a causa de la "mercantilización" del territorio, lleva a los campesinos (víctimas de una monetarización de la que no pueden obtener beneficios para lograr más competitividad) a buscar empleo en las ciudades, cuyo grado de monetarización es mayor que el del campo de donde han sido excluidos. La solidaridad tiende a romperse, y basta que las posibilidades de empleo escaseen y que se multipliquen las actividades informales de mera supervivencia para que la violencia tenga más posibilidad de desencadenarse. Si el Estado, inmerso en la crisis de los años ochenta o en la restricción neoliberal de los años noventa, reduce sus funciones (infraestructuras, escuelas, salud, etc.) o las atiende menos que en el pasado, el territorio se hace poroso, el Estado controla menos la nación y se facilita que el poder mafioso y también el de la guerrilla en algunos países puedan ejercer autoridad de hecho en barrios de ciudades y regiones de los departamentos. El abandono del poder de jure del Estado en sus territorios y su incapacidad para mantener el orden dejan la puerta abierta al desencadenamiento de la violencia, única manera de resolver los conflictos y, también, medio privilegiado para adquirir fondos, es decir, para enriquecerse sin trabajar cuando falta el trabajo o cuando es menos protegido.

En Colombia, el paso de la violencia de los años cincuenta a la violencia reciente revela las especificidades de cada uno de estos periodos, destacadas por numerosos sociólogos, pero esta última no puede explicarse sin referirse a la precedente, incluso si las causas son diferentes. El incremento de la violencia está íntimamente ligado al narcotráfico, a las relaciones conflictivas sostenidas entre la guerrilla y el narcotráfico (paramilitares), al ejército y a los paramilitares.15

La corrupción no ha sustituido la violencia como en ocasiones tiende a creerse, sino que ha creado un contexto de debilitamiento de los valores que permite el desencadenamiento de la violencia. En consecuencia, no se limita al no cumplimiento del contrato establecido entre el corruptor y el corrompido. Es necesario realizar algunas observaciones sobre la relación entre droga y corrupción. Dos conceptos, renta y maná permiten comprender la naturaleza de las relaciones que se establecen a raíz de las actividades ilícitas. Aquí utilizamos el término renta en su acepción más simple: ingresos ligados a la explotación de recursos naturales, en este caso las drogas. Por tanto, estos ingresos no dependen de las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo, sino de la disponibilidad de estos recursos. Por eso esta expresión se utiliza con frecuencia para designar los ingresos obtenidos de la explotación de materias primas, lo mismo que —en general— de los productos de la tierra. En el caso particular de los productos ilícitos, los ingresos dependen de la disponibilidad de esos recursos naturales y también del grado de represión. En consecuencia, están poco asociados a los costos de producción. El maná tiene un sentido diferente, como lo destacó Ch. Geffray [ 2000] : se trata de una redistribución de parte de esta renta para lograr favores de la gente que se obliga de esta manera. Geffray pone el ejemplo de numerosas operaciones no rentables desde el punto de vista de los economistas, pero que sobreviven: su función no es producir plusvalía, sino lavar el dinero sucio, obligar a las personas que se benefician del maná (clientelismo) sin que puedan expresar reciprocidad porque este dinero origina "una deuda moralmente insolvente" [ Geffray 2000, 19] ; de corrupción al fin y al cabo ("compran al funcionario un servicio preciso: la renuncia a ejercer su autoridad contra ellos, continuando con su función porque de nada les serviría renunciar")16. Se trata, en efecto, de dinero ilícito, más exactamente del uso de dinero ilícito, pero el maná se diferencia de la renta por los servicios que obliga él a prestar y que hacen el conjunto del tráfico posible. La violación del contrato así anudado implica la violencia porque el poder no es de jure sino de hecho, y la deuda contraída es eterna de cierta manera. Ella no puede deshacerse sino mediante la violencia.

La violencia así liberada, generalizada, "no se deja asociar ni a una guerra política ni a un conflicto social... sólo un débil porcentaje puede ser imputado directamente a causas políticas o a la acción de grupos organizados de narcotraficantes; los mayores porcentajes están ligados al ajuste de cuentas o a disputas rutinarias" [ Pécaut, D. 1994] . Esta violencia despolitizada, trivializada y generalizada, en la cual el Estado no tiene el monopolio de la fuerza legítima, se convierte en terror según D. Pécaut.17 Considerar que la violencia es producto de una elección racional es, por tanto, una interpretación limitada de ese fenómeno. La disminución de la probabilidad de ser castigado puede influir en el grado de violencia, pero los mecanismos que deben privilegiarse no son los de una elección racional. La impunidad creciente observada en esta configuración es apropiada para destruir los valores y permitir que se desarrolle la violencia latente. Se puede hacer una observación similar con el incremento rápido de las desigualdades, no tanto en el nivel de pobreza generador de violencia, sino en la impresión de profunda injusticia, de una injusticia que no puede recurrir a un Estado sometido a las restricciones neoliberales y que resienten los pobres cuando observan el enriquecimiento "sin causa" de algunos y las desigualdades crecientes. Los pobres no son en sí "una clase peligrosa", como ciertos estudios pueden hacer creer, sino que las políticas económicas de exclusión pueden volverla "peligrosa", como se puede observar en ciertas favelas de Brasil donde los pobres liberan su violencia contra otros pobres.

La frontera entre el hombre y el mendigo es difusa, y el mundo de la mendicidad no es agradable [ Chalamov, V. 1993] . El aumento de la probabilidad de ser arrestado y castigado puede disminuir la tasa de homicidios a corto plazo —la prisión es una excelente escuela del crimen— , pero si ese aumento no va acompañado de medidas preventivas, sus efectos serán leves a mediano plazo. Por el contrario, los programas sociales pertinentes y el combate a la impunidad, de la que se benefician con frecuencia los dirigentes políticos y económicos, pueden conducir a una disminución de la violencia a mediano plazo.

A MODO DE CONCLUSIÓN: LO ECONÓMICO DEBE NUTRIRSE DE OTRAS DISCIPLINAS

El aporte de la economía a la explicación de la evolución de la violencia no se puede dejar de lado, aunque sea limitado y modesto. Sin embargo, agrupar un conjunto grande de países en una muestra,18 e investigar la influencia de diversos factores económicos sobre el grado de violencia sin referirse a las culturas y a la manera en que éstas evolucionan en cada uno de estos países o grupos de países es, desde el comienzo, condenar ese aporte a una interpretación sino determinista de la violencia y de sus causas, por lo menos simplista. La comprensión de la violencia que afecta particularmente tal o cual país debe remitirse a la historia de ese país.

NOTAS AL PIE

1 Se podrían añadir los factores de inercia, analizados específicamente por Viegas, M. y De Barros, M. [ 2000] . Este factor de inercia (el hecho de haber cometido un crimen en el pasado presagiaría una gran potencialidad para cometer de nuevo un crimen) representa un papel importante. El enfoque utilizado por estos dos autores consiste en establecer las tasas de homicidio por grupo de edad con el fin de tratar de medir su influencia en los grupos de edad siguientes.

2 Los estudios recientes sobre el cultivo de la amapola en Colombia revelan, por ejemplo, que más de 70% de las comunidades productoras estaban controladas por la guerrilla a comienzos de los años noventa y un cuarto bajo el control de las fuerzas paramilitares. El 40% de las comunidades experimentan altos niveles de violencia [ Echandía Castilla, C. 1995].

3 Ver, por ejemplo, los importantes artículos de Pécault, D. [ 1991; 1994 y 1998] .

4 Es interesante destacar que en los saqueos del 13 y 14 de abril de 2002 en Caracas, sólo dos almacenes de los 153 censados eran panaderías, y 151 vendían electrodomésticos. Ver El Nacional, 15 de abril de 2002.

5 A. Peralva destaca que en el Brasil, a los altos índices de desarrollo humano (IDH) regionales corresponden tasas de criminalidad fuertes e inversamente [ Peralva, A. 2001, 8] .

6 En Egipto la pobreza es acentuada; sin embargo, a diferencia de Brasil, la distribución de los ingresos es menos desigual. La religión representa un papel importante en cuanto solidaridad, de modo que la exclusión está menos marcada que en Brasil, y los índices de violencia alcanzan niveles muy inferiores.

7 Fajnzilber, P. et al. [ 2001] retoman esta relación bajo la forma de desigualdades frente a la escolarización.

8 La técnica econométrica utilizada es la del Mco. El R2 es relativamente elevado (0,8) en 105 observaciones.

9 Este enfoque es diferente del que hemos reseñado en los trabajos de Viegas, M. y De Barros, M. [ 2000] . Aunque representa el mismo fenómeno de autorreproducción.

10 Exceptuando los de Antioquia, excepcionalmente violentos, por razones de información insuficiente sobre ciertas variables.

11 El R2 es 0,8 y el número de observaciones es 6.152. Se utilizó la técnica del panel y de Mco en dos etapas para corregir los efectos posibles de simultaneidad.

12 La muestra está conformada por 45 países, y el periodo considerado va de 1970 a 1994. Se empleó el estimador GMM (método generalizado de momentos) aplicado a los modelos dinámicos de panel de datos. No hay efectos fijos. Se puede considerar que la heterogeneidad de la muestra, considerada sobre todo desde el punto de vista de las características culturales de cada uno de estos países, disminuye la pertinencia de los resultados conseguidos.

13 Gaviria, A. [ 2001, 167] verifica esta evolución hacia una distribución multimodal. En 1970, por ejemplo, la densidad alcanzó el máximo: una tasa de homicidios de 4/10.000 habitantes y la distribución fue monomodal. La curva de densidad evolucionó, en especial, a partir de 1985 y, desde 1990, es multimodal. En 1992, por ejemplo, se pueden observar tres modos: uno de 6/10.000, otro de 12/10.000 y el último de 23/10.000.

14 A un ritmo cercano al que bajó la tasa de homicidio, en las grandes ciudades (en 1991 en Medellín, 1994 en Bogotá y 1993 en Cali) algunos años antes del incremento de la tasa de captura. La comparación de los gastos públicos destinados a la seguridad (4% a 2% del Pib), a la defensa y la justicia y la evolución de la tasa de homicidios muestra que hubo un corte importante en la primera mitad de los años setenta, sin que hubiera en esa época un ascenso importante de la violencia [ Posada y González 2001, 134] . Esta aumenta sensiblemente en la segunda mitad de los años ochenta, periodo caracterizado por la "bonanza" de la cocaína, y de la estabilidad relativa de los gastos de seguridad, hasta alcanzar una cifra superior en 50% a la de los años de 1975 a 1983. También es cierto que el aumento de la eficacia de estos gastos a partir de 1992 (en 1998 este aumento alcanzó 4,6% del PIB) es simultáneo con la caída de la tasa de homicidios en las grandes ciudades.

15 Los paramilitares, cuyos lazos con el narcotráfico son conocidos, son autores de numerosas masacres de campesinos y matan más que la guerrilla. Las guerrillas, que matan más individual que colectivamente, realizan secuestros y extorsiones, e imponen tributo sobre los cultivos ilícitos, su producción y trasporte cuando estas operaciones se ejecutan en los territorios que controlan.

16 Ch. Geffray [ 2000, 20].

17 "El paso al terror corresponde a un momento en que sus protagonistas recurren a medios que buscan romper los lazos sociales que definían la particularidad de sectores determinados de la población, sectores en adelante que se encuentran sometidos a una fuerza contra la cual no pueden recurrir a ningún tercero ni a ninguna institucionalidad reconocida" [ Pécaut, D. 1998].

18 Recordemos que las conclusiones de los trabajos presentados de Fajnzilber, P. et al. [ 2001] , se basan en una muestra de 45 países situados en niveles diferentes de desarrollo.


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